Esta mañana, y tras las gestiones realizadas por el Intendente Marcelo Orazi, comenzaron los trabajos que lleva adelante Vialidad Nacional Distrito Río Negro en el sector de ruta nacional 22 y Pioneros, donde está ubicado el semáforo.
Las tareas, de acuerdo a lo explicado desde el organismo nacional, consisten en el fresado sobre la autovía, quitando las ‘crestas’ que se forman por el ahuellamiento o deformación en la cinta asfáltica, y se extenderán hasta el sábado.
Se indicó que se trata de un trabajo provisorio para mejorar las condiciones de transitabilidad, hasta que se concrete la obra mejorativa que va desde Chelforo hasta Godoy y que incluye en ese lugar una losa de hormigón, además de bacheo superficiales y profundos y sellado de fisuras.
Esta obra se encuentra en el proceso previo a la licitación.
Recordemos que días atrás el Intendente Orazi había elevado una nota al Jefe de Distrito Gustavo Casas en la que solicitó el mantenimiento y/o reparación de la cinta asfáltica que presenta desniveles y ondulaciones, fundamentalmente en la intersección de ruta 22 y Pioneros. “Le menciono que dado el importante deterioro que presenta ha causado accidentes en ese punto estratégico de la ciudad”, indicó el jefe comunal en la nota.
Estos temas también habían sido planteados por Orazi en diciembre pasado en la audiencia que mantuvo con Casas en Viedma.
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La decisión del gobierno de Milei de avanzar sobre las históricas unidades turísticas de Chapadmalal volvió a encender un fuerte conflicto político con la provincia de Buenos Aires. Esta vez fue el gobernador Axel Kicillof quien acusó directamente a la administración libertaria de esconder un “negocio inmobiliario” detrás del plan para concesionar el complejo durante las próximas décadas.
Por Roque Pérez para NLI
El conflicto gira alrededor de uno de los símbolos más reconocibles del turismo social argentino. Construidos durante el primer peronismo, los hoteles de Chapadmalal fueron pensados para que trabajadores, jubilados, estudiantes y familias de bajos recursos pudieran acceder a vacaciones a precios populares. Hoy, ese modelo histórico aparece amenazado por la intención oficial de entregar la explotación del predio a operadores privados por un plazo de hasta 30 años.
El choque entre la Provincia y la Casa Rosada
Desde el gobierno bonaerense aseguran que la administración nacional no busca únicamente reducir gastos del Estado, como sostiene oficialmente, sino avanzar sobre tierras de enorme valor económico. Kicillof sostuvo que detrás de la iniciativa existe un proyecto de carácter inmobiliario que podría modificar definitivamente el destino de uno de los complejos turísticos más emblemáticos del país.
La Provincia volvió a reclamar formalmente que la gestión de Chapadmalal sea transferida a Buenos Aires para garantizar la continuidad de los programas de turismo social y preservar las fuentes laborales vinculadas al complejo. El planteo no es nuevo, pero cobró fuerza luego de que el Gobierno nacional avanzara con medidas administrativas y cambios en el funcionamiento de las unidades turísticas.
En la misma línea, el ministro bonaerense de Producción, Augusto Costa, había advertido días atrás que no permitirán que “rematen nuestra historia” ni que un derecho social termine convertido en un negocio para sectores privados. Las declaraciones reflejan una disputa que ya excede el plano administrativo y se transformó en un nuevo capítulo de la confrontación política entre la gestión provincial y la Casa Rosada.
Lo que está en juego
La discusión sobre Chapadmalal va mucho más allá de unos hoteles. Para amplios sectores del peronismo, el complejo representa una de las expresiones más concretas del concepto de justicia social impulsado durante los gobiernos de Juan Domingo Perón y Eva Perón. Durante décadas, miles de familias argentinas pudieron conocer el mar gracias a un sistema de turismo accesible financiado por el Estado.
La administración de Milei, en cambio, sostiene que el esquema actual resulta deficitario y que la participación privada permitiría atraer inversiones y reducir costos de mantenimiento. Sin embargo, las críticas apuntan a que una concesión de semejante magnitud podría terminar restringiendo el acceso popular y transformando un patrimonio histórico en un emprendimiento orientado al mercado.
Mientras continúan los reclamos por despidos, pases a disponibilidad y la incertidumbre sobre el futuro del predio, la disputa por Chapadmalal comienza a convertirse en un símbolo más amplio del choque entre dos modelos de país: uno que concibe determinados servicios como derechos sociales y otro que busca trasladarlos al ámbito de los negocios privados. Y en ese escenario, la pelea recién empieza.
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