Esta mañana, y tras las gestiones realizadas por el Intendente Marcelo Orazi, comenzaron los trabajos que lleva adelante Vialidad Nacional Distrito Río Negro en el sector de ruta nacional 22 y Pioneros, donde está ubicado el semáforo.
Las tareas, de acuerdo a lo explicado desde el organismo nacional, consisten en el fresado sobre la autovía, quitando las ‘crestas’ que se forman por el ahuellamiento o deformación en la cinta asfáltica, y se extenderán hasta el sábado.
Se indicó que se trata de un trabajo provisorio para mejorar las condiciones de transitabilidad, hasta que se concrete la obra mejorativa que va desde Chelforo hasta Godoy y que incluye en ese lugar una losa de hormigón, además de bacheo superficiales y profundos y sellado de fisuras.
Esta obra se encuentra en el proceso previo a la licitación.
Recordemos que días atrás el Intendente Orazi había elevado una nota al Jefe de Distrito Gustavo Casas en la que solicitó el mantenimiento y/o reparación de la cinta asfáltica que presenta desniveles y ondulaciones, fundamentalmente en la intersección de ruta 22 y Pioneros. “Le menciono que dado el importante deterioro que presenta ha causado accidentes en ese punto estratégico de la ciudad”, indicó el jefe comunal en la nota.
Estos temas también habían sido planteados por Orazi en diciembre pasado en la audiencia que mantuvo con Casas en Viedma.
El ministro de Agricultura bonaerense, Javier Rodríguez, planteó la necesidad de avanzar hacia un esquema de retenciones segmentadas para pequeños y medianos productores, el viejo esquema que proponía la Federación Agraria en 2008 durante el conflicto con el campo.
En su paso por Rosario, el funcionario de Axel Kicillof consideró que las políticas para el campo deben analizarse de forma integral y no únicamente a partir de los derechos de exportación y planteó que los productores de menor escala deberían afrontar una carga tributaria más baja que los grandes establecimientos.
«Las retenciones tiene que estar bien diferenciadas, segmentadas. Un productor más chico tiene que terminar pagando proporcionalmente menos que uno grande», señaló el ministro como mecanismo para evitar equiparar la carga impositiva a todo el sector.
Las retenciones tiene que estar bien diferenciadas, segmentadas. Un productor más chico tiene que terminar pagando proporcionalmente menos que uno grande
En ese sentido, Rodríguez explicó que la rentabilidad agropecuaria depende de múltiples variables y cuestionó que el debate público se concentre exclusivamente en las retenciones. Entre los factores que inciden en la ecuación económica mencionó los precios internacionales de los granos, el costo de los insumos, el tipo de cambio, las tasas de interés, el combustible y la estructura tributaria.
Como ejemplo, sostuvo que mientras el gobierno nacional redujo dos puntos los derechos de exportación para el trigo, el combustible aumentó más de un 25 por ciento. «Si sólo se mira el porcentaje de retenciones se corre el riesgo de quedar entrampados», afirmó.
El ministro recordó que la sequía de 2023 provocó pérdidas estimadas en más de 20 mil millones de dólares, mientras que la mejora de las condiciones climáticas durante 2024 y 2025 permitió una fuerte recuperación de los rindes y de los volúmenes de producción.
En ese contexto, Rodríguez rechazó que el sector agropecuario tenga una mirada homogénea: existen realidades muy diferentes según la región, la actividad y la escala de cada productor. «Cuando uno habla del campo hay distintos productores, distintas escalas, distintas producciones y distintas regiones», dijo y destacó que las políticas públicas también deben contemplar esas diferencias.
El funcionario participó esta semana en Rosario de la asamblea anual de Agricultores Federados Argentinos, donde expuso sobre cooperativismo y desarrollo agrario. Allí defendió el rol de las cooperativas para impulsar la producción, generar empleo y fortalecer el arraigo en las localidades del interior.
En cuanto a la relación turbulenta entre el peronismo y el empresariado, Rodríguez sostuvo que en los últimos años el gobierno bonaerense logró reducir parte de la desconfianza que existía entre algunos productores a partir de medidas concretas vinculadas a la producción y la sanidad animal.
«Muchos productores pueden tener diferencias políticas, pero valoran determinadas políticas de gestión orientadas al desarrollo productivo», señaló.
En cuanto a la eliminación de las retenciones como proponen los gobernadores de la Región Centro, cerca de Kicillof aclararon a LPO que el gobernador bonaerense no es candidato, «ahora estamos construyendo un proyecto», dijeron.
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Eduardo Casal habría decidido dar la pelea para conservar su sillón en la Procuración General de la Nación, pese a que lo ocupa como interino desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó por las presiones del gobierno de Mauricio Macri.
Ante los insistentes rumores sobre las intenciones de quedarse con ese cargo que tiene el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, al igual que el juez Ariel Lijo, el jefe de los fiscales agitaba este lunes un borrador de decreto para que los funcionarios del Ministerio Público puedan intervenir ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de la Ciudad, algo que empezó a producirse de facto por el fallo de la Corte en el caso Levinas, a fines de 2024.
En medio de esa pulseada, Casal asistirá este martes a la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público en el Congreso para presentar el proyecto de DNU que debería sacar el Poder Ejecutivo para subsanar que el tribunal de alzada de los juzgados nacionales en territorio porteño termine siendo el TSJ de Capital Federal, sin una ley orgánica que regule la situación.
Fuentes judiciales dijeron a LPO que la iniciativa ya fue notificada a Mahiques, por la procuradora ante la Corte, Laura Monto. «Es un pedido para que el gobierno le habilite la competencia para presentarse ante al TSJ de CABA en todas las causas relacionadas a las Cámaras Nacionales, porque la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal no le da legitimación para intervenir ante el máximo tribunal porteño», explicaron.
El proyecto revela el malestar de los fiscales por el limbo donde quedaron tras el fallo firmado por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, un día antes de jubilarse. El caso Levinas era el que atendía a la demanda de la familia del artista León Ferrari, que acusaba al periodista Gabriel Levinas de haber vendido 11 dibujos suyos sin permiso del hombre fallecido ni sus herederos.
Los Ferrari llevaron la demanda hasta el máximo tribunal en plena pandemia del Covid pero el 29 de diciembre de 2024 los cortesanos dispusieron que la decisión final, como tribunal de alzada ante trámites de la justicia nacional en jurisdicción porteña, correspondía al TSJ. Ese fallo fue celebrado por Mauricio Macri, que pretendía el mismo destino en la causa Correo.
Ahora, la tensión llega a los defensores del Ministerio Público. Según dos legisladores consultados por LPO, desde la Procuración «mandaron una nota con preocupación por la situación irregular que genera el fallo Levinas, que hace que defensores, fiscales y abogados estén dando vueltas entre la Justicia federal y la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y eso requiere de una solución».
Sebastián Galmarini.
El presidente de la Bicameral es el diputado peronista Sebastián Galmarini. En la citación formal de la Cámara Baja se detalla que, además de Casal, estarán presentes el titular de la Secretaría Disciplinaria y Técnica, Juan Manuel Casanovas, y su par de la Secretaría de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel.
Un camarista deslizó que Olima «es el nexo clave del organismo con otros poderes», y adelantó que abordaría «cómo articular una solución legislativa frente a las trabas operativas que dejó el fallo Levinas».
Desde la Procuración mandaron una nota con preocupación por la situación irregular que genera el fallo Levinas, que hace que defensores, fiscales y abogados estén dando vueltas entre la Justicia federal y la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y eso requiere de una solución.
El desembarco de los funcionarios de la Procuración parece un desafío a los planes del gobierno para designar un nuevo procurador, a raíz del entusiasmo que habría generado en Mahiques y diversos actores del Poder Judicial la holgura con la que se aprobó la prórroga del pliego del padre del ministro, Carlos «Coco» Mahiques, como camarista de la Casación y el avance a paso firme de más de 70 pliegos desde marzo pasado.
Casal habría apelado a esta maniobra justo cuando en el Senado empiezan a circular proyectos parlamentarios para modificar la duración del procurador en su cargo. La peronista jujeña Carolina Moisés elaboró una iniciativa para establecer en 5 años el mandato del jefe de los fiscales, con posibilidad de una reelección consecutiva y el impedimento de postularse en años de elecciones presidenciales.
Ya en 2020, un grupo de senadores de la por entonces alianza Juntos por el Cambio había presentado también una propuesta para modificar la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, algo que podría reflotarse en los próximos meses. Entre los legisladores que firmaron aquel expediente se encontraban desde los radicales Martín Lousteau, Víctor Zimmermann, Pablo Blanco y Pamela Verasay hasta los macristas Alfredo De Angeli y Humberto Schiavonni, pasando por los ex senadores Juan Carlos Romero y Guadalupe Tagliaferri.
Más allá de la puja por la Procuración, Casal remitió esta semana al Congreso el informe de gestión 2025 del Ministerio Público Fiscal, un texto de más de 700 páginas.
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