Esta mañana, y tras las gestiones realizadas por el Intendente Marcelo Orazi, comenzaron los trabajos que lleva adelante Vialidad Nacional Distrito Río Negro en el sector de ruta nacional 22 y Pioneros, donde está ubicado el semáforo.
Las tareas, de acuerdo a lo explicado desde el organismo nacional, consisten en el fresado sobre la autovía, quitando las ‘crestas’ que se forman por el ahuellamiento o deformación en la cinta asfáltica, y se extenderán hasta el sábado.
Se indicó que se trata de un trabajo provisorio para mejorar las condiciones de transitabilidad, hasta que se concrete la obra mejorativa que va desde Chelforo hasta Godoy y que incluye en ese lugar una losa de hormigón, además de bacheo superficiales y profundos y sellado de fisuras.
Esta obra se encuentra en el proceso previo a la licitación.
Recordemos que días atrás el Intendente Orazi había elevado una nota al Jefe de Distrito Gustavo Casas en la que solicitó el mantenimiento y/o reparación de la cinta asfáltica que presenta desniveles y ondulaciones, fundamentalmente en la intersección de ruta 22 y Pioneros. “Le menciono que dado el importante deterioro que presenta ha causado accidentes en ese punto estratégico de la ciudad”, indicó el jefe comunal en la nota.
Estos temas también habían sido planteados por Orazi en diciembre pasado en la audiencia que mantuvo con Casas en Viedma.
En el día de ayer, se llevó a cabo el encuentro en dónde se evaluaron distintas políticas sociales y programas que ya están en agenda y de los cuáles Regina va a participar durante el 2022. Una reunión muy positiva, con la idea de seguir articulando con provincia, políticas sociales para los sectores más vulnerables….
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El exministro de Economía y ex titular del Banco Central, Alfonso Prat-Gay, cuestionó la falta de rumbo del programa económico y se desmarcó fuerte de dos funcionarios que lo acompañaron durante el macrismo: Toto Caputo y Santiago Bausili.
«No hay ningún programa económico que enamore si no genera empleo, más producción y exportación», afirmó en un almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires y agregó: «Falta esto en el vocabulario de los que están a cargo de la gestión del Gobierno».
Las críticas de Prat-Gay no parecen casuales. Coinciden con una profunda molestia de buena parte del establishment con Milei y el rumbo económico que motivo que numerosos economistas salgan a advertir que el dólar está atrasado, lo que desequilibró emocionalmente al ministro Caputo.
Prat-Gay también apuntó contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus escándalos de corrupción. «Es obvio que estamos en una transición en la que murieron prácticas viejas, como financiar planes sociales sin presupuesto. Lo que no sabemos es si nació lo nuevo. El Gobierno vino a terminar con la casta y lo prebendario, pero el jefe de Gabinete quedó enfrascado en lo que decía que venía a cambiar. Para llevarnos a lo nuevo, los que nos conducen realmente tienen que ser probos y absolutamente éticos», sostuvo.
En relación con la economía, marcó una tensión entre los indicadores macro y la situación cotidiana. «No puede estar bien la macro si la micro está mal. Si el resultado del programa económico es que la micro está mal, entonces está mal el programa», afirmó. También advirtió que el clima social tiende a deteriorarse, con sectores que mejoran y otros que enfrentan un cuadro más complejo.
El Gobierno subestimó la inercia inflacionaria en un país de alta inflación y sigue sin interpretarlo bien. No solo hay que mirar el equilibrio fiscal y la emisión cero. También se intentó esto con el gobierno de Macri y no funcionó.
Sobre la sostenibilidad del esquema, identificó dos puntos críticos. El primero es la imposibilidad de acceder al financiamiento externo. «Es paradójico que un gobierno libertario que cumplió todo lo que le pidió Wall Street no logró acceder al mercado internacional de deuda», señaló.
En ese contexto, remarcó que el país enfrenta compromisos en moneda extranjera por unos USD 20.000 millones anuales, sin acceso al refinanciamiento y con reservas internacionales netas negativas.
Frente a ese escenario, fue categórico: «No es sostenible», y aclaró que el superávit comercial de bienes no compensa el resultado negativo cuando se incluyen servicios en la balanza de pagos.
El segundo eje que destacó es la falta de confianza en la moneda local. «La gente no quiere pesos», sintetizó. A partir de allí, describió un mecanismo que se retroalimenta: sin demanda de dinero no hay crédito, sin crédito no hay reactivación, y sin reactivación no se acumulan reservas. «Es el perro que se come la cola», graficó.
En ese marco, planteó una duda central sobre el programa económico: «¿Qué pasa que los argentinos no terminan de confiar en el peso y qué pasa que los acreedores externos no terminan de confiar en el programa? Mientras no se resuelva esto, vamos a estar en una situación muy frágil».
También cuestionó la dinámica inflacionaria. Señaló que, a casi 30 meses de gestión, la inflación mensual se ubica en torno al 3%, por encima de otras experiencias comparables. «El Gobierno subestimó la inercia inflacionaria en un país de alta inflación y sigue sin interpretarlo bien. No solo hay que mirar el equilibrio fiscal y la emisión cero. También se intentó esto con el gobierno de Macri y no funcionó», afirmó.
A su vez, observó una falta de coordinación en la estrategia económica. «Los programas tienen que ir sincronizados. Si es shock en lo fiscal, debería ser shock en lo monetario, y viceversa», indicó.
En defensa de su propia gestión, explicó: «No había ningún margen para hacer un shock fiscal cuando yo era ministro. Teníamos a la expresidente [Cristina Kirchner] vivita y coleando, compitiendo por una banca, no estaba presa. Además, lo que pedía el soberano en ese momento es distinto a lo que pide ahora. La audacia de Milei fue leer bien lo que pedían y avanzar rápido en lo fiscal».
Finalmente, si bien no descartó que el programa pueda consolidarse, advirtió que hoy faltan condiciones clave para lograrlo, como crecimiento sostenido y una mejora en la distribución territorial del desarrollo. Cerró con una advertencia: «Que Dios no permita que resucite lo viejo, pero en primer lugar el Gobierno tiene que lograr que no pase.»
El Intendente Marcelo Orazi firmó con la Gobernadora Arabela Carreras el convenio para la implementación del programa ‘Suelo Urbano’ que contempla la obra de infraestructura básica para 107 terrenos del loteo Barazzutti con una inversión $21.615.872,05. De esta manera se dotará de los servicios de red de agua, eléctrica y alumbrado público a este sector…
Conocí la historia de María Magdalena en enero de 2012, cuando volví de mis vacaciones. Llegué a mi casa, abrí mi casilla de correo y allí estaba el mail de Fernanda Mónaco, una psicóloga del Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de Las Mercedes de Tucumán.
Todavía faltaban tres años para el histórico Ni Una Menos, pero ya habían pasado otros tres de la aprobación de la Ley 26.485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esa ley reconoció por primera vez a la violencia obstétrica como una de las formas de violencia. 2012 también fue el año del fallo conocido como F.A.L, en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que el aborto de un embarazo producto de cualquier violación no es punible, independientemente de la salud mental de la persona gestante. Para que el aborto sea legal aún nos quedaba casi una década de armar redes, encuentros y luchas.
Un año antes de que me llegara ese mail de Fernanda, yo había empezado a estudiar secreto profesional y denuncias de aborto. En una capacitación sobre el “Programa de Salud Sexual y Reproductiva” que el ministerio de Salud de la Nación vino a hacer a Tucumán, conocí a las psicólogas del Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de Las Mercedes (la Maternidad, como le decimos en Tucumán). A propósito de que yo cuestioné que Tucumán fuera una de las dos provincias que no había adherido a la ley 25.673, que asegura el acceso a métodos anticonceptivos gratuitos, se me acercó Silvia Landaburu, la jefa del Servicio de Salud Mental de la Maternidad y nos pusimos a charlar sobre confidencialidad, derechos y violencias de género dentro de la estructura hospitalaria.
Esa primera conversación derivó en encuentros con mates en el sexto piso de la Maternidad junto a otras psicólogas que también querían saber cuáles eran los derechos que tenían sus pacientes. Ellas veían situaciones injustas, malos tratos y a veces objeciones de conciencia violentas que estaban naturalizadas en la atención de aborto. Ellas querían saber y yo quería que supieran de los fallos de “Natividad Frías” (un plenario de Cámaras Penales de 1966 que declaró la nulidad de una investigación de aborto iniciada con la denuncia médica) y “Baldivieso” (cuando la Corte Suprema de la Nación anuló una condena de narcotráfico en una causa también iniciada con la violación del secreto médico). Quería contarles de la Recomendación N° 24 de la CEDAW, “La mujer y la salud” (1999) que, entre otras muchas cosas pide “dar prioridad a la prevención del embarazo no deseado mediante la planificación de la familia y la educación sexual” y que “debería enmendarse la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos”. Y, sobre todo, quería que pensemos juntas por qué si había una ley, la 26.529, que reconocía los derechos de las pacientes a la confidencialidad, la intimidad, el trato digno, la información y el respeto por la autonomía, no se estaba cumpliendo con las mujeres que abortaban. Nos juntamos varios viernes, intercambiamos opiniones, risas, pero también angustias: ellas me contaron de las pacientes «fundidas», así les llamaban a las mujeres que llegaban con abortos sépticos, con miedo a ser denunciadas y cómo eso les podía costar la vida. Hablábamos de la angustia de ser pobre, porque las muertas por complicaciones por aborto siempre fueron las pobres. En esa artesanía feminista de saberes supimos encontrarnos para mejorar las prácticas, para repeler los daños de quienes tienen poderes biomédicos para castigar y, sobre todo, supimos encontrarnos para no perder a otras: las pacientes que abortaban.
Volviendo a aquel enero de 2012, el mail de Fernanda me contaba la historia de una joven de 26 años, con 3 hijos que, al llegar a la Maternidad de Tucumán con dolores abdominales y una ginecorragia, había sido denunciada por las dos médicas que la atendieron: la jefa de Guardia, Claudia Callejas, y la residente Alejandra Berenguer. Además, le habían practicado un legrado sin anestesia, quizás como una forma sanitaria de castigo. Por suerte estaban ahí Fernanda, Daniela y Lourdes, las psicólogas que la atendieron. Ellas hicieron ese mismo día una nota escrita a la Dirección denunciando la violencia obstétrica y como la abogada, Daniela De Francesco, dijo en su dictamen que «era legal» lo que había pasado, ellas le dieron mi contacto porque temían que fuera procesada. Fue muy importante la intervención del Servicio de Salud Mental en este caso para evitar que se silenciaran estas prácticas, no sólo para acercarle un derecho a la paciente.
En esa artesanía feminista de saberes supimos encontrarnos para mejorar las prácticas, para repeler los daños de quienes tienen poderes biomédicos para castigar y, sobre todo, supimos encontrarnos para no perder a otras: las pacientes que abortaban.
Al día siguiente me contactó ella, María Magdalena. Nos encontramos en mi estudio. Ella estaba aterrada: temía ir presa, temía morir, temía por sus familiares. Como pudo y a borbotones me explicó que ella no sabía que estaba embarazada, que “se cuidaba” y que cuando empezó a sangrar fue con su mamá y su esposo a la Maternidad para que la ayudaran. No comprendía por qué la habían acusado y mucho menos por qué los policías la habían interrogado en la sala de partos. Tampoco comprendía por qué razones le habían dicho, en medio de su legrado, que si moría de una infección su marido “no le llevaría ni flores a la tumba”. No comprendía por qué quienes debían atenderla, la maltrataron.
Tomé su defensa al mes siguiente, en febrero de 2012 y conseguí su absolución recién en septiembre de 2015. Si: ella estuvo procesada por “aborto provocado” en Tucumán, pero no estuvo presa porque, a diferencia de Belén, ella tuvo una abogada feminista.
Por supuesto que María Magdalena no es el nombre real. Elegí llamarla así porque la María Magdalena de la Biblia fue estigmatizada por puta. Quisieron apedrearla y al final de la historia estuvo al pie de la crucifixión de Jesús y hasta se le atribuye un evangelio gnóstico. Es fácil pensar que incomodaba porque era una mujer con poder.
Yo estaba terminando de cursar mi Maestría en Género, Sociedad y Políticas Públicas en Flacso y nunca había defendido a una mujer criminalizada por aborto. Podía imaginar que no sería fácil. Lo que no imaginé es que sería tan difícil encontrar justicia para ella.
Junto a mi equipo, denunciamos la violación del secreto profesional y las violencias obstétricas institucionales que sufrió María Magdalena. El Fiscal Arnoldo Suasnábar archivó la causa 2 meses después: sostuvo que “frente a maniobras abortivas es correcto hacer la denuncia” y remató su misoginia con clasismo al afirmar que “en el ámbito público, la relación médico-paciente es no formal”. De esta forma, el racismo judicial desbloqueaba otro nivel de discriminación y daño: el de habilitar que quienes reciben atención médica en sanatorios privados gozaran de todos los derechos que la Ley 26.529 le reconocía a los pacientes, y quienes iban al hospital –esas “menesterosas” de las que en 1966 hablaba el Plenario “Natividad Frías”- no tenían ninguno. Palabras más, palabras menos, el Poder Judicial de Tucumán legitimaba una atención sanitaria para ricas y otra para pobres. Para las primeras, atención clínica conforme a derechos. Para las segundas, limosna sanitaria.
Esa decisión del Ministerio Público Fiscal fue confirmada por el Juez de Garantías, la Cámara de Apelaciones Penal —que ya no existe— y la Corte Suprema de Justicia tucumana. Este último Tribunal incluso me mandó a estudiar considerando que la perspectiva de género no decide nada en estos casos, sino que es el derecho penal el que manda. Esa sentencia me hizo saltar las lágrimas porque podía leerse como intertexto: lo que le pasó a María Magdalena no le interesaba a nadie.
El Poder Judicial de Tucumán legitimaba una atención sanitaria para ricas y otra para pobres. Para las primeras, atención clínica conforme a derechos. Para las segundas, limosna sanitaria.
Impugné esa decisión judicial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 27 de febrero de 2020 esta corte ordenó el desarchivo para que se investiguen las violencias de género que había sufrido María Magdalena y que el silencio judicial quería mantener en secreto. Ordenó además que se investigue por violación de secreto profesional y violencias a Claudia Callejas y Alejandra Berenguer.
En el medio conocí a la periodista Mariana Carbajal, quien escribió todas y cada una de las notas que no dejaron morir el caso. También fundamos una ONG feminista, Mujeres X Mujeres, desde donde defendemos los derechos de todas las mujeres, también los de las mujeres que abortan. Y escribí, junto a Mariana Álvarez y Alejandra Iriarte el libro “Jaque a la Reina” (2014) donde contamos la historia de María Magdalena y revelamos que muchas de las 532 causas de aborto que tenía Tucumán entre 1992 y 2012 eran producto de la violación de la confidencialidad y el secreto profesional, pero ambos estaban naturalizados en casos de emergencias obstétricas. Un libro que, al parecer, nadie leyó, porque sino, Belén no hubiera estado presa ni un día.
El 5 de Abril de 2020, después de 11 años, el fiscal regional de Tucumán Mariano Fernández pidió la elevación a juicio oral de Claudia Callejas por el delito de violación de secreto, y el sobreseimiento de la residente Alejandra Berenguer por considerar que actuó bajo las órdenes de Callejas.
Hoy María Magdalena tiene 40 años y no es la misma. Yo tampoco soy la misma porque, a diferencia de lo que pasaba entonces, ya no me señalan de modo juicioso, ni me tildan de militante y, aunque lo hicieran, lo que antes me despertaba temor, hoy es un motivo de orgullo. Esta es una causa que antes del juicio ya tiene cuatro sentencias de la Corte local. Una clara expresión de las resistencias judiciales para investigar las violencias que denuncian las mujeres. En este contexto, no es un dato menor que esclarecer la verdad en un caso de violencia de género te lleve 14 años de litigio.
María Magdalena fue el principio de mi segunda vida como litigante: antes fui abogada de Bancos y me dedicaba, en un estudio muy reconocido de Tucumán, al derecho privado.
Catorce años después, no sé a ciencia cierta si los operadores de la salud comprenden del todo cómo funciona su obligación de guardar secreto, ni sus compromisos legales y éticos con la intimidad de sus pacientes, porque además del juicio que comienza esta semana, el 13 de mayo próximo defenderé en Tribunales a Eva, una joven de 18 años que fue acusada de “homicidio agravado” luego de un parto en avalancha dentro del Hospital de Famaillá, después de que le diagnosticaran una “lumbalgia” y mientras la medicaban. La duda sobre cuánto de crueldad y cuánto de ignorancia tiene el personal de salud que la denunció y la Fiscalía que le pidió la prisión preventiva siempre está dando vueltas. Cuesta digerir el uso del poder más descarnado, con tanta obscenidad. La Campaña por el Aborto Legal, el Socorrismo, el Niunamenos, la Red de Profesionales y las distintas redes que los feminismos supirmos construir estos últimos años sacaron del closet la decisión de abortar. Porque abortar se abortó siempre, la injusticia es en qué condiciones. Y son esas redes feministas que se hilvanan con equipos de salud recargados de trabajo, pero respetuosos de sus pacientes, con quienes continuamos defendiendo el derecho a decidir. Hoy, frente al desguace de los recursos y las políticas, más que nunca.
Son esas redes feministas que se hilvanan con equipos de salud recargados de trabajo, pero respetuosos de sus pacientes, con quienes continuamos defendiendo el derecho a decidir.
Lo que si sé y no me deja ninguna duda, es que este 27 de abril existe una oportunidad histórica para que el Poder Judicial de Tucumán cierre un capítulo funesto para las mujeres y condene la denuncia de aborto como lo que verdaderamente es: un delito imperdonable que sólo se comete contra mujeres pobres.
