Esta mañana, y tras las gestiones realizadas por el Intendente Marcelo Orazi, comenzaron los trabajos que lleva adelante Vialidad Nacional Distrito Río Negro en el sector de ruta nacional 22 y Pioneros, donde está ubicado el semáforo.
Las tareas, de acuerdo a lo explicado desde el organismo nacional, consisten en el fresado sobre la autovía, quitando las ‘crestas’ que se forman por el ahuellamiento o deformación en la cinta asfáltica, y se extenderán hasta el sábado.
Se indicó que se trata de un trabajo provisorio para mejorar las condiciones de transitabilidad, hasta que se concrete la obra mejorativa que va desde Chelforo hasta Godoy y que incluye en ese lugar una losa de hormigón, además de bacheo superficiales y profundos y sellado de fisuras.
Esta obra se encuentra en el proceso previo a la licitación.
Recordemos que días atrás el Intendente Orazi había elevado una nota al Jefe de Distrito Gustavo Casas en la que solicitó el mantenimiento y/o reparación de la cinta asfáltica que presenta desniveles y ondulaciones, fundamentalmente en la intersección de ruta 22 y Pioneros. “Le menciono que dado el importante deterioro que presenta ha causado accidentes en ese punto estratégico de la ciudad”, indicó el jefe comunal en la nota.
Estos temas también habían sido planteados por Orazi en diciembre pasado en la audiencia que mantuvo con Casas en Viedma.
En apenas tres días, dos resoluciones del INCUCAI dejaron al descubierto un cambio profundo: mientras el financiamiento público de la ciencia y la salud cae de manera sostenida, el propio Estado empieza a cobrarle más caro —y sin excepciones— a sus propias instituciones. El giro no es aislado: se inscribe en una lógica más amplia que atraviesa organismos regulatorios, sistema científico y hospitales públicos.
Por Amparo Lestienne para NLI
El caso INCUCAI: de la excepción al cobro universal
El punto de partida es la Resolución INCUCAI 84/2026, publicada el 27 de marzo. La norma actualiza los aranceles para la evaluación de protocolos de investigación clínica vinculados a trasplantes y uso de órganos, tejidos y células, con el objetivo explícito de “asegurar los recursos operativos y técnicos” del organismo.
Pero el dato clave estaba en su artículo 2°: mantenía la lógica histórica del sistema argentino al eximir del pago a hospitales públicos, universidades nacionales y Fuerzas Armadas.
Esa excepción no era un detalle menor, sino la continuidad de un principio consolidado en normativas previas. Por ejemplo, ya en la Resolución 128/2019 del propio INCUCAI se establecía exactamente la misma exención para el sector público, en línea con la idea de que la investigación sanitaria estatal no debía ser tratada como una actividad comercial.
Sin embargo, apenas tres días después, el 30 de marzo, llegó la Resolución INCUCAI 95/2026, que directamente eliminó esa excepción. El resultado es contundente: el Estado empezó a cobrarle a sus propios hospitales y universidades por investigar.
Un cambio de lógica: del financiamiento a la autofinanciación
El argumento oficial es técnico: los protocolos requieren financiamiento y, por lo tanto, deben cubrir los costos regulatorios. Pero detrás de esa justificación aparece una transformación más profunda.
Históricamente, el sistema funcionaba bajo una premisa clara: la investigación pública en salud es parte del sistema sanitario y, por lo tanto, es financiada por el Estado. Eso implicaba que los organismos regulatorios podían cobrar aranceles, pero hacían excepciones cuando el actor era público.
Hoy esa lógica se invierte: todos los actores —incluso los públicos— deben pagar por el servicio estatal. Este cambio no surge en el vacío. Está directamente vinculado con el deterioro del financiamiento general del sistema científico.
El telón de fondo: caída del presupuesto científico
Según distintos informes y análisis del sistema nacional de ciencia y tecnología, el financiamiento público del sector atraviesa una contracción sostenida. Entre 2023 y 2026, la inversión estatal acumula una caída real estimada entre el 30% y el 40%, como resultado de la combinación entre recortes presupuestarios y el efecto de la inflación. En paralelo, la participación de la ciencia en el producto bruto interno se redujo a niveles por debajo del 0,3%, cuando en años anteriores se ubicaba en torno al 0,5%.
En términos concretos, el deterioro no es homogéneo sino que golpea con mayor intensidad en áreas clave del sistema. Las transferencias a universidades nacionales y organismos públicos muestran recortes que, en términos reales, se ubican entre el 25% y el 35%, afectando el funcionamiento cotidiano de institutos, laboratorios y proyectos en curso. A esto se suma el deterioro sostenido de los ingresos del personal científico y técnico, cuyos salarios perdieron aproximadamente entre un 20% y un 30% de su poder adquisitivo, mientras que la inversión en equipamiento —fundamental para sostener la capacidad experimental— registra caídas aún más pronunciadas, que en algunos casos superan el 50% en términos reales.
En este escenario, organismos como el CONICET ven afectada su capacidad de sostener proyectos, becas y estructuras de investigación, lo que introduce tensiones crecientes en todo el sistema científico.
ANMAT y el modelo de tasas: el antecedente silencioso
Este viraje tampoco es nuevo en la administración pública. La ANMAT funciona desde hace años con un sistema de aranceles para trámites regulatorios, donde cada procedimiento tiene un costo asociado.
Lo que cambia ahora no es la existencia de aranceles, sino su alcance: antes aplicaban principalmente a actores privados; ahora tienden a universalizarse. Es decir, el modelo basado en tasas por servicio empieza a expandirse a otros organismos, pero sin las protecciones históricas para el sector público.
La tensión central: menos presupuesto, más costos
La combinación de estas dos dinámicas —menor financiamiento y mayor carga arancelaria— configura una tensión estructural difícil de sostener en el tiempo. Por un lado, el Estado reduce su inversión directa en ciencia y salud; por otro, incrementa los costos que deben afrontar sus propias instituciones para desarrollar investigaciones.
Esto implica que universidades públicas, hospitales y centros de investigación no sólo cuentan con menos recursos, sino que además deben destinar parte de esos fondos a cubrir aranceles regulatorios que antes no existían para ellos. La consecuencia es una presión creciente sobre estructuras ya debilitadas.
El resultado es una paradoja evidente: el Estado se retrae como financiador, pero se consolida como cobrador.
Especialistas y debate: el riesgo de mercantilización
En el ámbito científico y sanitario, este tipo de transformaciones suele encender señales de alerta. Diversos análisis en políticas públicas advierten que, cuando se reducen los recursos estatales y se trasladan costos a los propios actores del sistema, tienden a producirse efectos previsibles: disminución en la cantidad de proyectos, mayor dependencia de financiamiento externo y desplazamiento de investigaciones hacia áreas con retorno económico más inmediato.
La investigación clínica en hospitales públicos suele estar orientada a necesidades sanitarias concretas de la población y no a intereses de mercado
En el caso de la salud, el impacto puede ser aún más sensible, porque la investigación clínica en hospitales públicos suele estar orientada a necesidades sanitarias concretas de la población y no a intereses de mercado. Buena parte de la producción científica argentina en salud se genera en estos ámbitos, donde la práctica asistencial se articula con la investigación sobre pacientes reales y problemáticas locales.
Ese rasgo tiene antecedentes históricos claros. La Misión de Estudios de Patología Regional Argentina, impulsada por Salvador Mazza, desarrolló en el siglo XX investigaciones clave sobre enfermedades como el Chagas, a partir del trabajo territorial en regiones postergadas del país. Difícilmente ese tipo de investigación hubiera sido financiado por el sector privado, dado que su lógica no era la rentabilidad sino la respuesta a una problemática sanitaria concreta.
Ese mismo patrón se replica, con otras formas, en la actualidad. Hospitales públicos de referencia como el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas combinan atención médica, formación profesional e investigación clínica orientada a enfermedades prevalentes en su población, muchas veces vinculadas a sectores sociales vulnerables y sin atractivo comercial para la industria.
El problema es que este tipo de investigación —centrada en necesidades reales y no en retornos económicos— depende estructuralmente del financiamiento público. Cuando ese financiamiento se reduce y, al mismo tiempo, se introducen costos adicionales para investigar, el riesgo no es sólo cuantitativo sino cualitativo: no sólo se investiga menos, sino que se empieza a investigar otra cosa.
Conclusión: un cambio silencioso pero estructural
Lo ocurrido entre el 27 y el 30 de marzo con el INCUCAI no es un episodio aislado ni meramente administrativo. Es la expresión concreta de un cambio más amplio en la forma en que el Estado se vincula con la ciencia y la salud: menos financiamiento directo, eliminación de excepciones históricas y expansión de esquemas de arancelamiento.
En ese nuevo escenario, el sistema deja de apoyarse en la lógica de política pública para acercarse a un modelo de servicios, donde investigar ya no sólo depende del conocimiento y la capacidad técnica, sino también de la disponibilidad de recursos para pagar por ello.
La incógnita que queda abierta es tan estructural como urgente: hasta qué punto puede sostenerse un sistema científico y sanitario público cuando se le exige autofinanciarse en un contexto de retracción presupuestaria.
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Esta nota es una coproducción de Revista Anfibia y elDiarioAR
El pueblo santafesino de San Cristóbal está en el foco de los medios nacionales desde que G., un adolescente de 15 años, mató a Ian Cabrera, de 13, e hirió a otros ocho con una escopeta. “Si el portero no se le tiraba encima cuando vio que recargaba el arma, esto era una masacre”, asegura la tía segunda de Ian. ¿Cómo es que un pibe de tercer año decide transformar la escuela en un espacio en el que se puede matar y morir?
San Cristobal parece haberse detenido. El intento de buscar respuestas, de asomar la cabeza al mundo de G., es como arrimarse a un abismo. Ayer, los compañeros de G. empezaron a revisar sus contenidos en las redes sociales y los comentarios que recibía. En Instagram, solo hay un posteo de 2021 con una imagen del manga “Aku no Hana” (las flores del mal). El personaje grita, transpira y llora con el ceño fruncido mientras dice “te amo”. El lunes, un usuario comentó: “no pudiste llegar a tu meta de 5 tremendo fracaso”.
En la cuenta de TikTok que los amigos le atribuyen a G. aparecen los contenidos más alarmantes (ya sea publicados o compartidos): videos y fotos tributo a tiradores como Eric Harris, uno de los autores de la masacre de la escuela Columbine en 1999, en Estados Unidos. Hay decenas de comentarios en sus posteos. La mayoría le dice “héroe” a G.
Los adolescentes se contactaron con algunos de estos usuarios —de otros países— que dicen haber conocido a G. a través de Discord. Algunos, hasta tenían fotos del joven frente al espejo. “Él mencionó que las chicas de su colegio lo molestaban por su físico, que estaba harto de sentirse inferior y que no se esforzaría más por ser guapo o ser aceptado. Mandaba fotos con armas que mencionó que eran de su abuelo, en sí nunca notamos que fuera a hacer algo”.
Según este usuario o usuaria, G. decía que la mayor parte del acoso venía de las “foids”, un término despectivo hacia las mujeres. Una de las fotos que recibió del adolescente de San Cristóbal fue una donde se apuntaba con un arma a él mismo.
Otro joven de TikTok dijo que G. pertenecía a la True Crime Community (TCC), un lugar donde se admira a todo tipo de asesinos en serie: “él, yo y unas amigas estábamos en el mismo grupo, días antes como el 18 o 22 de marzo estaba activo y hablaba. Se lo notaba serio a la hora de escribir y, desde mi punto de vista, como todo chico que está en esta comunidad, lo que quieren hacer siempre es cometer tiroteos, matar a cuantos puedan y después acabar con su propia vida”.
El último comentario de G. que le llamó la atención fue que su mamá no creía que él podía matarse en su pieza con ese arma.
Revista Anfibia y elDiarioAr consultaron hoy a Mariana Oroño, abogada defensora de G., sobre estas hipótesis y la posible línea de investigación: “Por el momento no estamos hablando más con medios para proteger el transcurso normal de la causa”.
Como aún no entró en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil aprobado por el Congreso, los hechos no serán juzgados penalmente.
***
La Escuela Nº40 Mariano Moreno tiene 1500 estudiantes en cuatro niveles educativos. Es una institución con un gran patio al aire libre, verde y arbolado en el que dos días después del tiroteo quedaron cincuenta bicicletas de distintos tamaños y colores. Los adolescentes tuvieron que dejarlas. Al escuchar el primer disparo, salieron corriendo y se refugiaron en la plaza San Martín, a unos 150 metros.
A la mañana siguiente, el establecimiento amaneció bordeado por una cinta roja y blanca que señalaba “PELIGRO”. El aviso llegó tarde. ¿Pero quién o qué podría haber anticipado lo que pasó? Andres Giménez, presidente del Club Atlético Independiente San Cristóbal, donde entrenaba Ian, insiste en que hay que averiguar qué le ocurrió a G. 24 horas antes. ¿Por qué decidió agarrar el arma “de defensa” de su abuelo?
El domingo, a las siete de la tarde, G. jugaba a un videojuego de fútbol con un compañero de curso a la distancia: Matías.* Se despidieron. Al otro día, Matías estaba en el patio interno de la escuela, frente al baño, minutos antes de ir a izar la bandera. De golpe, escuchó un estruendo y pensó que era un “rompeportones”. Unos segundos después se dio vuelta y lo vio a G. salir del baño con la escopeta. Corrió hacia la calle, y en el camino llegó a ver a Ian desplomado en el piso.
Sofía, de cuarto año, también esperaba sentada en el patio interno porque tenía el pie fracturado. Sus seis amigas lograron escapar de la escuela, y lo primero que hicieron, desde fuera, fue una videollamada grupal. Recién cuando atendió Sofía se tranquilizaron. “No puede hablar con nadie todavía. Está muy shockeada. Así están los chicos que escucharon los tiros que podrían haber sido para ellos, imaginate verlo todo”, cuenta María José, mamá de una compañera de Sofía.
Ella recibió el llamado de su hija pidiendo que la fuera a buscar, cerca de las 7.20, y salió eyectada. Son siete cuadras desde su casa hasta la escuela. Tres minutos en moto. “Una duda sobre si dejarla ir a un boliche y el mayor riesgo de su vida lo termina corriendo en la escuela”, dice María José.
Mientras apretaba el acelerador, veía un montón de adolescentes corriendo sobre la avenida Hipólito Irigoyen a contramano de ella. Buscaba y buscaba entre las jóvenes de chomba blanca y cuello azul. Nada.
Su hija la que la vio. Y se abalanzó sobre ella.
María José no entiende. Nadie entiende. La tarde anterior, Matías no había notado nada raro. Todo el pueblo repite, como si fuese un guión coordinado, que G. “era un buen chico”, tenía notas altas, era deportista. El año pasado lo eligieron mejor compañero. “Es mentira que sufría bullying”, repiten madres, estudiantes y docentes. La Defensa también lo desmintió.
¿Qué pasó?
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—Esto nos terminó de matar —lamenta en voz baja y trémula una trabajadora de unos 60 años, rubia, pelo lacio y atado, del Club Independiente.
—¿Terminó? ¿Y cómo empezó?
—La droga, hija. Se los lleva a todos.
La hipótesis de que los padres de G. tenían consumos problemáticos circula con fuerza entre vecinos. El joven vive con su madre, maestra de nivel inicial que había estado de licencia por motivos psiquiátricos, mientras que su padre, transportista, se mudó hace unos años a Entre Ríos. Es una familia conocida: el abuelo materno de G. tiene una forrajería histórica en la ciudad.
En el pueblo preocupa el crecimiento del consumo de drogas, y en particular, entre los chicos y las chicas. “Venimos pidiendo ayuda a la Provincia hace mucho. Cada vez se consume más joven, sustancias mucho más baratas y más basura, que te comen la cabeza rápidamente”, dijo a la prensa el intendente local, el peronista Marcelo Andreychuk, a partir del caso.
La Defensa reconoció «problemas de salud mental» en G. y “conflictos en la casa”. Hasta describen autolesiones y un intento previo de suicidio. Según informó la abogada Mariana Oroño, el joven les manifestó que comprendía lo que hizo y que no fue un ataque dirigido a nadie en particular: “él siempre supo que era un bicho raro, que no encajaba en la sociedad y que quería morir, pero no sabía cómo hacerlo”.
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La identidad de San Cristóbal – 180 kilómetros de la capital santafesina, 15 mil habitantes – está marcada por el desarrollo ferroviario, que abarcó desde principios del siglo XX hasta los noventa. Hoy, las vías abandonadas, salvo por trenes de carga, dividen San Cristóbal en dos. “Del otro lado del pueblo” significa “del otro lado de las vías”. Lejos. Aunque la distancia sea diez cuadras. De un lado, la Escuela Mariano Moreno, sobre la calle Bullo al 1400, a 100 metros del hospital local y cerca de la Ruta Provincial 2. El primer homenaje a Ian comenzó allí el lunes a la noche. Los estudiantes y sus familias se acercaron a prender velas en las escalinatas y en la vereda. “Justicia por Ian” se leía en tiras de papel cortadas por estos adolescentes y atadas a las rejas de entrada. También en un cartel A4, con marcador rojo.
¿Qué podría hacerle justicia a Ian?
Lateral izquierdo, antes arquero, buen cabeceador en los córners a pesar de ser bajito, fanático de River. Entrenaba todos los días en el Club Independiente de San Cristóbal desde sus cinco años. Su papá, Hugo Leandro Cabrera, de 40, tiene tatuado el nombre de su hijo y la fecha de nacimiento en el brazo. Es empleado municipal. El lunes, mientras le disparaban a su hijo, estaba trabajando con licencias de conducir. El presidente del club dijo que se enteró de la muerte del niño antes que Hugo. “Cuando lo abracé, no supe qué decirle. Me quedé sin diccionario”, dice.
La madre de Ian, Mirian Gabriela Núñez, de 44 años, se enteró en medio del caos en la puerta de la escuela. Fue sin saber bien qué había pasado.
Nadie manda a la escuela a su hijo pensando que será la última vez.
“Ian era lo que se dice una persona querible: tranquilo y buen compañero”, relata Pablo, entrenador de arqueros de San Cristóbal. Sus papás lo acompañaban en todos los partidos con el mate en la mano. Si jugaban de visitante, podían seguir al micro en auto hasta 100 kilómetros. Como el sábado, el último enfrentamiento de la categoría 2013 contra el Club Atlético Unión de Sunchales.
Este iba a ser el primer año del niño en las inferiores después de muchos en la escuelita.
“A partir del miércoles volvemos a abrir las puertas del club y ya pedimos atención de profesionales para trabajar con los pibes de la 2013. El año pasado tuvimos un drama porque la mamá de uno de los chicos se suicidó. Necesitamos entrenar lo físico, pero también lo mental”, afirmó Giménez.
***
El velatorio a cajón abierto comenzó en Sepelios San Cristóbal durante la madrugada del martes. A las seis y media, todavía era de noche. No había ni una estrella ni una nube. En la entrada, de un lado de la vereda, sobre la calle Sarmiento, unas 15 personas se abrazaban en un profundo silencio. “Una vida por delante”, dijo un hombre y suspiró. Las mujeres, más jóvenes, estaban en su mayoría sentadas sobre dos bancos. Cada tanto miraban enfrente, se tapaban los labios con la mano y hablaban entre ellas en voz baja. En la otra vereda, se encontraban las cámaras de televisión.
Cerca de las diez, bajo un sol tremendo y con 35 grados de calor, decenas de familias, estudiantes y docentes de distintas escuelas se acercaron a acompañar a los Cabrera. Un grupo de maestras con guardapolvo de la Escuela N° 408 “Bernardino Rivadavia” miraba desde lejos, en el cruce entre Alvear y Sarmiento.
—Ahí los tenés a los responsables —dijo una docente mientras apuntaba con la cabeza hacia un grupo de autoridades municipales y provinciales—. Venimos diciendo que en el pueblo está aumentando la violencia y no hacen nada. Basta de echarle la culpa a la escuela.
Media hora después, inició el cortejo fúnebre que lo trasladaría al cementerio. La familia cargó el cajón hacia un coche que tenía pegado en la ventana una hoja con el nombre y apellido del niño en letras mayúsculas. “Ese nombre sólo debería estar en una lista de asistencia de la escuela o del club, no en un lugar así”, lamentó una vecina de unos 50 años.
***
¿Cuándo empieza una despedida? ¿Cuando uno se entera de la muerte? ¿Y cuándo termina? ¿Es posible decir ‘ya está, descansá’? Para los padres de Ian, el momento en el que se cerró la puerta del baúl fue un instante de derrumbe. Para la tía también, que no podía permanecer parada. Ya en el cementerio municipal, fue asistida por personal médico. Al igual que el abuelo paterno de Ian, que en medio de su tristeza se encargaba, también, de consolar a los suyos.
En la esquina de la Iglesia, donde se celebró una breve misa en su memoria, un grupo de 20 niños y niñas de primaria con guardapolvo blanco salía de la escuela y miraba en silencio la caravana de motos, autos, bicicletas y transeúntes rumbo al cementerio. Todo el ritual de este pueblo que cruje, de estos vecinos que se preguntan cómo se sigue después de esto que les pasó a todos, fue en silencio. A excepción del momento en que pararon en la esquina del Club Independiente, en medio de banderas rojas y blancas. Giménez comenzó el canto y de a poco se fueron sumando los aplausos de los adolescentes para homenajearlo:
—Dale campeón, dale campeón.
La caminata estaba llena de pibes y pibas de primer año y de chicos con la camiseta que Ian amó. Cuando llegó la hora de sepultarlo en el cementerio, muchos se llevaron las manos a la cara, se encogieron y buscaron los brazos de sus madres.
Ningún pibe de 13 años está listo para enterrar a un amigo.
Nadie puede estarlo.
*Salvo el de Ian, el nombre de los adolescentes que figuran en este artículo fue alterado para proteger sus identidades.
En la localidad de Cervantes está ubicada La Antigua Bodega Patagónica, histórica ex Bodega Glanz, que es un emprendimiento de la familia Banacloy quienes se propusieron reactivar la Bodega cerrada por mas de 20 años y donde vinifican las uvas provenientes de una chacra que la familia posee en la zona. El proyecto está coordinado…
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