Tras las falsedades de Milei, habrá paro de 24 horas en el Garrahan, festival en apoyo al hospital y «ñoqueada a lo Adorni»

Tras las falsedades de Milei, habrá paro de 24 horas en el Garrahan, festival en apoyo al hospital y «ñoqueada a lo Adorni»

 

Este miércoles 25 las y los trabajadores de la salud del Hospital Garrahan realizarán un nuevo paro de actividades por 24 horas en reclamo de salario igual a la canasta familiar. También realizarán un festival solidario desde las 9.30 en la sede del principal hospital pediátrico del país (Combate de los Pozos 1881, CABA), del que participarán Peteco Carabajal, Baila La Chola, Camionero, Koufequín, Las Manos de Filippi, Mundo Arlequín y Divertrap, entre otros artistas. Al mediodía habrá una «ñoqueada a lo Adorni», en respuesta al vocero presidencial, Manuel Adorni, que acusó de «vagos» y «ñoquis» al personal en lucha. Mientras, el domingo 29 realizarán un paro parcial de 7 a 14 y habrá una bicicleteada desde el Obelisco organizada por madres y padres de pacientes. En este marco, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan desmintió y repudió las falsedades dichas por Javier Milei al operador oficialista Esteban Trebucq, que ya habían sido difundidas por Adorni, el ministro de Salud, Mario Lugones, y su viceministra, Cecilia Loccisano. «No aceptaremos más campañas de estigmatización ni el intento de debilitar el reclamo legítimo por condiciones dignas de trabajo, financiamiento real y respeto institucional», remarcan. Por ANRed.


Continúa con fuerza el conflicto que mantienen las y los trabajadores de la salud del Hospital Garrahan, el principal hospital pediátrico del país, que luchan por condiciones dignas de trabajo, salario igual a la canasta familiar, contra el desfinanciamiento de la salud pública y el intento de cierre de la institución.

En ese marco, realizarán un nuevo paro de actividades por 24 horas y un festival solidario desde las 9.30 en la sede del hospital (Combate de los Pozos 1881, CABA), para buscar visibilizar el apoyo social al Garrahan y denunciar los recortes presupuestarios y el plan de ajuste del gobierno.

«El Hospital Garrahan se defiende con el corazón del pueblo y el arte en cada rincón. El Garrahan es más que un hospital: es símbolo de cuidado, de comunidad y de esperanza. Y vamos a dejar la piel por él», remarca la convocatoria, que también anuncia la participación en el festival de Peteco Carabajal, Baila La Chola, Rayo aka Big Buda + DJ Pato Smith + Villa Diamante, Camionero, Koufequín, Las Manos de Filippi, Mundo Arlequín y Divertrap entre otros artistas.

 

 

En ese marco, al mediodía realizarán una «ñoqueada a lo Adorni«, en respuesta al vocero presidencial, Manuel Adorni, que acusó de «vagos» y «ñoquis» al personal en lucha. Mientras, el domingo 29 habrá un paro parcial de 7 a 14 y una bicicleteada desde el Obelisco organizada por madres y padres de pacientes.

 

 

La medida de fuerza fue votada en asamblea por las y los trabajadores luego de que el presidente Javier Milei difundiera falsedades sobre el presupuesto del hospital pediátrico el pasado jueves 19 de junio de 2025 en el canal LN+, en una entrevista con el periodista Esteban Trebucq. «En sus declaraciones, el presidente repitió falsedades que ya habían sido difundidas por su vocero presidencial, Manuel Adorni, por el ministro de Salud nacional, Mario Lugones, por su viceministra Cecilia Loccisano, y en comunicados de la red social X (ex Twitter) del Ministerio de Salud nacional y del Hospital Garrahan, que son mentira y que pueden verificarse con los mismos datos oficiales del propio Hospital Garrahan en https://www.garrahan.gov.ar/PDFS/Estadistica/Anuario_2024.pdf«, denunció en un comunicado la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT).

Milei había sostenido que su gobierno «aumentó 240% el presupuesto del Garrahan», que «el 70% del personal es administrativo» y que el hospital «fue usado para esconder militantes políticos». Además, negó la crisis salarial de la institución, cuestionó el régimen de residencias médicas y calificó de «basuras» a periodistas por cubrir el conflicto del hospital.

Foto: Nicolas Solo ((i))

«No aceptaremos más campañas de estigmatización ni el intento de debilitar el reclamo legítimo por condiciones dignas de trabajo, financiamiento real y respeto institucional – expresaron desde la APyT – Por lo que exigimos una retractación inmediata del presidente de la Nación; que se transparente el presupuesto del hospital y se abran canales de diálogo reales; que se detengan las campañas de difamación contra el personal del Garrahan y los medios que informan con datos; y que se restituya el respeto por el trabajo de quienes día a día cuidan la salud de las niñas, niños y adolescentes de todo el país. El Hospital Garrahan no se vacía en silencio. Se defiende con datos, con trabajo, con verdad y con la comunidad. El Garrahan ya es una causa nacional», sentencia la asociación.

En la misma línea que la APyT, Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan, expresó: «el propio Javier Milei ratificó las barbaridades que vienen diciendo sus funcionarios, incluidas flagrantes mentiras. Por ejemplo, que el personal administrativo es mayoría, cuando representa solo al 10% del total, según las estadísticas oficiales de una institución que está controlada en su gestión por el gobierno desde diciembre de 2023. El presidente llegó a sostener la aberración de que un salario superior a los $380.000 superaría la línea de pobreza. Como si todo esto fuera poco, planteó que las residencias deberían ser sin salario, lo cual desmantelaría por completo el sistema público de salud», declaró.

Foto: Nicolas Solo ((i))

Lipcovich también denunció: «mientras el personal del Garrahan protagoniza hitos de la salud pública con salarios de hambre, el consejero nombrado por el gobierno a dedo (Jorge Menehem) acaba de dejar de estar nombrado ad honorem para pasar a percibir un salario bruto cercano a los 6 millones de pesos. Son la peor casta, y encima al servicio de destruir la salud pública», sentenció.

En tanto, Diego Saavedra, delegado de ATE Garrahan, relató: «seguimos peleando por un urgente aumento de salarios para todas y todos y para frenar el vaciamiento que el gobierno está llevando adelante. Hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo donde ni las autoridades del hospital ni del ministerio se presentaron. No hubo ninguna propuesta. Una verdadera burla. Justo cuando se acaba de dar otro hito en el hospital, donde nuestros profesionales acaban de hacer una cirugía inédita a pesar de los salarios de pobreza de Milei».

«También, creamos un fondo de lucha para poder amortiguar los descuentos que nos hace el gobierno y poder seguir la pelea«, agregó, en referencia al alias: garrahanenlucha.25

Las mentiras de Milei, desmentidas punto por punto

Compartimos la respuesta, punto por punto, de la APyT a cada una de las afirmaciones de Milei:

▶ 1. Sobre la composición del personal:

Las cifras que utiliza el presidente son falsas, contradicen el anuario estadístico oficial del Hospital Garrahan de 2024, elaborado bajo la gestión del propio gobierno nacional. Según ese informe, el 68% de los trabajadores del hospital (3.190 de 4.728) se desempeñan en funciones asistenciales, es decir, en contacto directo con los pacientes. El personal administrativo es de 473 personas, no 953 como afirmó anteriormente el vocero Adorni. De los datos oficiales también vemos que el personal asistencial incluye médicos, enfermeros, técnicos, bioquímicos, farmacéuticos, kinesiólogos, trabajadores de salud mental, entre muchos otros.

▶ 2. Sobre el presupuesto:

El gobierno nacional asegura que hubo un aumento presupuestario del 240%, sin transparentar los datos reales ni considerar que ese número no se tradujo en una mejora salarial ni en un aumento equitativo a la inflación para el funcionamiento del hospital. Por el contrario, desde diciembre de 2023 se registra una caída real del presupuesto del Garrahan, en un contexto de inflación acumulada en pesos del 310% (datos INDEC) de diciembre de 2023 a hoy, acompañado de una inédita inflación en dólares que golpea a todo insumo o maquinaria importada, que es muy significativo en el sector salud y sin actualización acorde al costo de funcionamiento de una institución de alta complejidad pediátrica nacional como es el Garrahan.

▶ 3. Sobre los salarios:

El presidente cuestionó las comparaciones salariales realizadas por trabajadores del Garrahan, diciendo que “mintieron”. La realidad es que un profesional del hospital cobra en promedio por debajo de la canasta familiar actual de 1.800.000 pesos, muy por debajo de lo que se paga por hora en el sector privado (entre 11.000 y 27.000 pesos en el sector privado frente a los 6.000 del Garrahan). Este deterioro ha provocado más de 200 renuncias de profesionales en lo que va del año.

▶ 4. Sobre las residencias:

Las declaraciones del presidente sobre el régimen de residencias médicas en Argentina y su comparación con otros países son, como mínimo, inexactas y estigmatizantes. Las residencias en el Garrahan son parte central del funcionamiento cotidiano del hospital. Las y los residentes no son empleados del hospital, sino que dependen del Ministerio de Salud de la Nación, y trabajan a jornada completa con ingresos muy por debajo de lo necesario para cubrir el costo de vida. Cuando comenzó el conflicto salarial de las y los residentes hace unas semanas, cobraban casi 800 mil pesos. Vale recordar que son médicos y médicas de los mejores promedios, y que no pueden vivir con eso. Luego, gracias a la gran repercusión nacional, recibieron una recomposición mínima e insuficiente, pero abandonaron las medidas de fuerza debido a amenazas del Gobierno, que hemos ya denunciado públicamente. Pero en la planta del Garrahan las medidas de fuerza siguen, nosotros no dependemos del Ministerio de Salud sino que somos empleados del hospital. Sí nos alcanzan los dictados de conciliación obligatoria, y la última fue declarada nula por los canales formales correspondientes, al llevarla adelante de manera totalmente irregular el gobierno nacional.

▶ 5. Sobre los ataques a la prensa:

El periodismo en un 95% o más defendió y defiende la lucha por la subsistencia del Garrahan, tanto en medios chicos, medianos y grandes, los llamados “medios hegemónicos”.

En LN+ este 19/6/2025 el presidente insultó a periodistas que informaron sobre este conflicto, llamándolos “basuras”, “delincuentes” e “impresentables”. Esta violencia verbal institucional es inadmisible y atenta contra la libertad de prensa. Rechazamos de forma categórica esta actitud, que intenta criminalizar la cobertura de una protesta legítima y basada en datos verificables.

 

▶ 6. Sobre la conducción del Hospital Garrahan:

Desde el 10 de diciembre de 2023, el Hospital Garrahan es administrado por un Consejo de Administración designado por el gobierno nacional, así como lo hace cada gobierno “de turno”. Al día de hoy, la gestión Milei ya designó dos ministros de Salud de la Nación, dos Consejos de Administración del Garrahan diferentes, y tres presidentes/as distintos, la última hace unos días. Y los datos oficiales que contradicen las declaraciones hace horas del presidente y antes de sus funcionarios, provienen de este mismo hospital, bajo la administración del propio gobierno nacional. Insólito, indignante, repudiable, denunciable.

▶ 7. 600 mil consultas por año.

Nuestro hospital atiende 600 mil consultas por año, de las cuales 400 mil son de alta complejidad. El 40% de los niños con cáncer del país se atienden en el Garrahan. Es un centro de referencia también en trasplantes de órganos.

▶ 8. Autofinanciación (ley SAMIC)

El Hospital Garrahan, además de su financiamiento estatal —80 % nacional y 20 % porteño—, cuenta con un importante componente de autofinanciamiento amparado por su régimen jurídico como hospital descentralizado bajo la Ley SAMIC (Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad). A través de este mecanismo, el Garrahan cobra prestaciones a obras sociales, prepagas y mutuales por los servicios que presta a pacientes con cobertura privada. Este ingreso no es menor: refleja el reconocimiento que tiene la institución en todo el sistema de salud argentino, incluso entre prestadores privados. Gracias a la excelencia profesional y científica de su equipo de salud, integrado por médicos y médicas que han recibido premios nacionales e internacionales, el Garrahan se ha transformado en un centro de derivación incluso para clínicas privadas. Muchos casos complejos que no encuentran respuesta en los principales sanatorios del país terminan siendo atendidos en el Garrahan, lo que habla de su prestigio como institución de referencia en pediatría de alta complejidad. Este rol estratégico, sostenido por el compromiso del personal y la inversión en formación e infraestructura, es también una fuente genuina de ingresos que se reinvierte en el funcionamiento del hospital.

 

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    Convocatoria

    Llegan los primeros fríos, mucha gente en la calle, mucha población nueva, y mucha que va a llegar, sabemos que te importa, siempre lo dijiste, estamos por hacer el 3er Censo Popular de Personas en situación de Calle, desde PROYECTO7 te queremos pedir 3 cosas:1 – que te sumes como voluntarie para ser parte.2- que difundan esto y el link de inscripción para poder sumarse.3 – que tomes conciencia de que es indispensable que sepamos qué cantidad de personas está padeciendo esta realidad y cómo está compuesta cualitativamente la población para mejorar nuestro trabajo y también para exigirle al Estado en su conjunto que aplique las leyes conseguidas y les adjudique el presupuesto que corresponda, conforme a las cifras actualizados y reales.Nos vemos en las capacitaciones y el Censo.

    Aquí enlace al forms para que puedas inscribirte para participar como censista, con toda la seguridad de una red comunitaria y de contención.

    Se convoca a todas las organizaciones sociales, culturales, religiosas, estudiantiles, gremiales y comunitarias que compartan esta preocupación a sumarse aportando voluntarios, difusión y trabajo territorial.

    El censo no solo busca contar, sino también reconocer, acompañar y organizar.

    Detrás de cada número hay una historia, una vida y un derecho vulnerado.Nuestro compromiso es transformar la realidad.

    Si formás parte de alguna organización y querés sumarte, contactanos por:

    Correo electrónico: [email protected]

    Cuenta de Instagram: @CensoPopularCaba

    O cuenta de X: @3erCensoPopular

     

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  • Banfield: escrache al genocida Julio Yessi de la Triple A

     

    Hace alrededor de un año, mi compañera Gabriela Del Pino descubrió con perplejidad que uno de los responsables del fusilamiento de su tío Oscar Meza (dirigente metalúrgico delegado de astilleros Astarsa), Mario Zida (ex dirigente estudiantil de Tigre) y Antonio Moses (obrero metalúrgico y responsable del cuidado de los locales del PST), no sólo estaba libre sino que seguía desarrollando su vida política en el PJ de su distrito, Lanús, viviendo en un caserón en la zona lujosa del barrio de Banfield. El genocida Julio Yessi había sido puesto en libertad a costa de descalificar a la testigo clave de la Masacre de Pacheco, Silvia Ferraté. Las adhesiones para escrachar a Yessi ya están siendo institucionales. La Secretaría de DD.HH. de Avellaneda adhirió, así como el Espacio de Memoria ex-Infierno, sentando una posición política que habla de las internas del PJ. Y es imposible no hablar de las mismas cuando el propio Yessi se está posicionando a sí mismo en la misma como dirigente del PJ. Como si un sicario de la triple A pudiera ser un dirigente vigente del PJ hoy. Podemos mirar el piso y mascullar “que el mapa político se corrió a la derecha” o podemos levantar la cabeza y repudiarlo. Una cosa es hacer una alianza electoral, otra cosa es dejar que revivan los dinosaurios en tiempos donde el Poder Ejecutivo de Milei y Bullrich va dejando entrever su ideología fascista. ¿Somos capaces de mirar para un costado? Por Gabriela Domínguez.


    Hace alrededor de un año, mi compañera Gabriela Del Pino descubrió con perplejidad que uno de los responsables del asesinato de su tío Oscar Meza no sólo estaba libre sino que seguía desarrollando su vida política en el PJ de su distrito, Lanús, viviendo en un caserón en la zona lujosa del barrio de Banfield. La búsqueda en redes no dejaba duda, el genocida había sido puesto en libertad a costa de descalificar a la testigo clave de la Masacre de Pacheco, Silvia Ferraté.  La compañera fue tratada por la justicia patriarcal como una piba confundida por ser altas horas de madrugada, cuando fue ella una de las tres militantes del PST secuestradas por la banda fascista y llevadas a un baldío tras secuestrar  a Oscar “Hijitus” Meza (dirigente metalúrgico delegado de astilleros Astarsa), Mario “Tano” Zida (ex dirigente estudiantil de Tigre) y Antonio “Tony” Moses (obrero metalúrgico y responsable del cuidado de los locales del PST) para posteriormente fusilarlos. A la media hora de soltarlas, el destacamento de la triple A se dio cuenta de su error machista de subestimarlas y volvió al lugar para rematarlas, pero no las encontró porque se habían escondido (1). En esa banda Silvia reconoció a Julio Yessi, no sólo por su rostro, inconfundible, sino por su estatura y cuerpo ampuloso. Además, en los subsiguientes días continuaron las amenazas a militantes del PST: Por ejemplo, secuestrando a tres militantes que se movían en auto por Lanús y diciéndoles los matones de la triple A  “les matamos a 3 y ahora van a ser 6”, torturándolos por unas horas y jactándose de estar “con la gobernación” y “con la policía de Lanús” (2).

    Para esa época, Julio Yessi, militante fascista de Lanús (o de la ultraderecha como se dice para esconder en los medios), había sido ungido dentro de la triple A como líder de la JPRA (Juventud Peronista República Argentina, conocida entre la militancia como Jota Perra). Esta fachada política fue creada por “El Brujo” López Rega como extensión de la política comenzada en la Masacre de Ezeiza que habían preparado estos sectores apuntando a las masas que, acompañadas de las organizaciones armadas, festejaban como propia la vuelta de Perón. Esta política sería además ratificada con la expulsión de la plaza el 1ro de mayo de 1974 de Montoneros y que daría ya rienda suelta al accionar de la triple A (La Masacre de Pacheco ocurre el 29 de mayo de 1974).

    Julio Yessi y José López Rega, “El Brujo”. La ultraderecha o fascismo gusta aun de los apodos, como cuando Milei llama “el mago del Kremlin” a Caputo.

    Julio Yessi, por si caben dudas sobre su responsabilidad política, tiene comprobada la compra de diez ametralladoras bajo su firma en nombre del Ministerio de Bienestar Social de López Rega, lo que llevó a la jueza María Servini de Cubría a condenarlo no sólo por la Masacre de Pacheco, sino por asociación ilícita en la triple A a condena perpetua (3). Condena en primera instancia que los jueces Llorens, Bruglia y Bertuzzi levantaron livianamente en 2020.

    Cabe destacar que los tres jueces son relacionados ampliamente con el macrismo: Mariano Llorens denunciado penalmente por visitar frecuentemente a Macri como presidente al mismo tiempo que no se apartaba de la causa a éste por espionaje ilegal; Bruglia y Bertuzzi declarados inconstitucionales sus nombramientos realizados durante el macrismo, ese mismo año, por la mismísima Corte Suprema (5).

    Así que los jueces son macristas… ¿y por qué ayudarían a un dinosaurio peronista de derecha? Pues resulta que Julio Yessi es tío de Juliana Awada (6). A veces nos olvidamos que los ricachones son todos de una misma clase social más allá que ensayen diferentes identidades políticas para intervenir en el Estado.

    Captura de la causa de asociación ilícita contra Julio Yessi.

    Decía al principio que la cercanía de Julio Yessi a nuestra militancia cotidiana fue un cimbronazo. Sobre todo viendo en su Facebook (ahora cerrado) que la mismísima hija de López Rega lo felicitaba por la excarcelación comentando sardónicamente que si lo hubiera hecho “bien hecho estaría” (el asesinato de nuestros compañeros). Y también viendo que este matón, es ampliamente conocido por decenas de militantes de más de 40 años de la zona sur: los menos, militantes del PJ de mayor edad, custodiando con vergüenza o impotencia el secreto oscuro de su origen o resignados por no haberlo podido echar de tal o cual acto cuando reapareció en la escena pública de la mano del menemismo (6). Se sabe que en su trayectoria de matón se hizo con campos, panaderías, bazares, joyerías, hasta una casa de apuestas, y que es hincha del club Lanús. Sus 5 hijos viven en la zona, algunos desarrollando vida política. ¿Cuáles son los vínculos actuales de este oscuro personaje? ¿Existen impedimentos institucionales por parte de funcionarios públicos para posicionarse en su repudio?

    La noticia de que Julio Yessi circulaba por nuestros barrios nos hizo resonar aquella vieja consigna coreada en los ´90 por los HIJOS, familiares y sobrevivientes de la dictadura: “Si no hay justicia, hay escrache”. Y comenzamos las reuniones para organizarlo, primero sotto voce pero invitando a todo el mundo.

    No vino todo el mundo.

    En Lomas de Zamora se pudo ver la buena predisposición y solidaridad de un verdadero movimiento de Derechos Humanos diverso y plural, curtido en las luchas por recuperar el Pozo de Banfield, y sobre todo, político. Capaz de debatir política. Un movimiento que entiende que el hecho que el propio Duhalde haya asumido la intendencia en el ´74 tras ser destituido Pedro Turner por meterse con el negocio de la basura, siendo al año siguiente secuestrados, fusilados y dinamitados los cuerpos de sus seguidores y desaparecido el propio Turner más tarde, no es algo para ocultar, sino para repudiar. Se repudia la Masacre de Pasco, por qué no, atribuible también a Julio Yessi, ya que fueron 40 los matones de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) esa noche del 21 de marzo de 1975 operando en zona liberada por la policía. Por ende, hablamos en Lomas de un movimiento que se puede hermanar en esta propuesta con los familiares y amigues de Darío y Maxi, nuestras víctimas mucho más recientes de la represión, también bajo responsabilidad política de la derecha del PJ, del propio Duhalde.

    La solidaridad fluyó así fácilmente a través de los gremios de zona sur:   Sur nos abrió cálidamente las puertas de su local de Lomas de Zamora, y se sumó ATE Brown, Suteba Lomas, SITRAIC y eventualmente adhirió también Suteba Lanús y por supuesto las seccionales multicolor del Suteba. También la Mesa por los DDHH de Lanús adhirió, aunque sin especificar la amplia y diversa cantidad de organizaciones en general peronistas que la conforman. Es un trago amargo, aún no superado quizás por los dirigentes del distrito, el que los proyectos de obras del ex intendente Darío Díaz Perez sobre el predio del ex-CCD Campomar (aun no investigado exhaustivamente por la justicia) los haya encontrado acusándonos de “gorilas” por tener que recurrir a todos los medios, incluso a Lanata, y a expensas que queden expuestos los intereses políticos en juego, para lograr frenar la demolición de ese Centro Clandestino en el que se pretendía hacer torres de lujo con la constructora estrella de la década ganada: Electroingeniería. “No hablen de Campomar” nos han dicho altos dirigentes de DDHH provinciales, y van a poder avanzar sobre el Espacio de Memoria en la Comisaría 3ra. Llamativo ejercicio de memoria selectiva.

    Pero nuestra historia duele desde la conquista para acá. Genocidio originario, exterminio de agitadores anarquistas, comunistas y peronistas, genocidio de los setenta, terrorismo de Estado. No nos podemos callar, sólo la claridad política nos puede defender de las tentativas de avance fascista de este gobierno.

    Las adhesiones para escrachar a Yessi ya están siendo institucionales. La Secretaría de DD.HH. de Avellaneda adhirió, así como el Espacio de Memoria ex-Infierno, sentando una posición política que habla de las internas del PJ. Y es imposible no hablar de las mismas cuando el propio Yessi se está posicionando a sí mismo en la misma como dirigente del PJ (7). Como si un sicario de la triple A pudiera ser un dirigente vigente del PJ hoy. Podemos mirar el piso y mascullar “que el mapa político se corrió a la derecha” o podemos levantar la cabeza y repudiarlo. De hecho, esto debería suscitar el repudio unánime de toda aquella militancia que reivindica a les compañerxs detenidxs desaparecidxs, especialmente a las incontables familias peronistas rotas por el terrorismo de Estado, del que la Triple A fue precursora.

    Quizás la militancia más joven o más de base no conozca la historia de Yessi, pero así como nuestros compañeros jubilades recuerdan la casa de este siniestro personaje en cuyo estacionamiento provocativamente se dejaba ver una ametralladora de pie instalada lista para disparar, no se puede seguir fingiendo demencia sobre aquello que nuestrxs compañerxs en los setenta hasta en el humor trataban (ver recuadro).

    Una cosa es hacer una alianza electoral, otra cosa es dejar que revivan los dinosaurios en tiempos donde el Poder Ejecutivo de Milei y Bullrich va dejando entrever su ideología fascista: dictaminan detenciones por fuera de la ley cada miércoles a quienes acompañan a les jubilades, señalan dirigentes como Grabois para encarcelarlos, operan entre circo mediático y Justicia vendida para proscribir a Cristina y sobre todo se humilla al pueblo entero. Día tras día. Desarmando las patas no represivas del Estado, la salud, la educación, la asistencia social, mientras se reendeuda al país y se rifan los bienes comunes para EEUU. El programa de la dictadura, y el del menemismo, reactualizado. Y los dinosaurios trasladados al pabellón de lujo en Campo de Mayo o en sus casas, viviendo la vejez tranquila de la que no disfrutan o no disfrutaron nuestros compañerxs setentistas, ni nuestrxs abuelxs.

    ¿Qué duda puede haber de que Julio Yessi debería estar encarcelado y que la justicia le ha garantizado la impunidad? ¿Importa su pertenencia política al PJ? Porque todos estos años este mafioso tuvo en su página de Wikipedia la referencia a ser ex-PJ, sin embargo al ser apurado por lo pronto de este escrache decidió posicionarse públicamente como PJ. ¿Será que supo que sus lazos con la derecha peronista y las lealtades impuestas entre una generación de dirigentes que hace décadas peinan canas y que vieron pasar la dictadura le iban a garantizar cierto margen de impunidad? ¿Fantasea Quizás Yessi no sólo con que falten oportunamente las firmas de muchísimos espacios de DDHH vinculados al PJ, sino incluso con contar con la protección policial del Municipio de Lomas de Zamora o mejor aún, de la provincia de Buenos Aires que tiene jurisdicción sobre la avenida Pavón? ¿Qué es central en este momento,  el ataque personal a Cristina por el fascismo o derrotar en todos y cada uno de sus reductos a los fascistas que perfeccionaron el programa económico de la dictadura a Menem, de Menem a Macri y de Macri a Milei?

    En el curso de los próximos días sabremos qué son chochadas de un viejo fascista y qué son tentáculos que nos falta cortar del terrorismo de Estado que se extienden hasta la actualidad. Lo sabremos a medida que aquellos militantes orgullosamente antifascistas den los debates pertinentes con sus direcciones políticas y empujen el repudio a este genocida, responsable probado de la Masacre de Pacheco y responsable político de la Masacre de Pasco, de la desaparición del intendente Turner, del asesinato del estudiante de la JUP Pedro Hansen y decenas de otros asesinatos de la triple A en la zona.

    Al fascismo no se le discute, se lo combate, en la más amplia unidad de clase.

    El peronismo ya había señalado a Julio Yessi

    Una viñeta popular en “Militancia Peronista para la Liberación”, revista dirigida en los setenta por Eduardo Luis Duhalde (quien más tarde acuñaría el concepto de “Estado terrorista” para referirse a la última dictadura) y Rodolfo Ortega Peña (asesinado en la vía pública por la triple A) era la de “Tendencio”.

    En uno de los capítulos, Tendencio refiere a Julio Yessi,

    “La referencia a Julio Yessi se replicaba en la sección Cárcel del Pueblo, dónde la revista encarcelaba editorialmente a personajes, medios o conceptos considerados contrarios a la voluntad revolucionaria del pueblo y de la clase obrera. En la cárcel de este número el prisionero era Yessi quien, como integrante del Consejo Superior de la rama Juvenil del Movimiento, era acusado de “asesor del brujo José López Rega, convirtiéndose en la plomada de la “F.J.P” (Falsa Juventud Peronista), instrumentada desde Bienestar Social para destruir a la auténtica juventud” (8)

    La revista “El caudillo de la tercera posición”, que entrevistó pormenorizadamente a Duhalde al asumir acompañado por la destitución y posterior desaparición de su predecesor y por la  Masacre de Pasco, tuvo su propia viñeta en la que polarizaba a Ortodoxio con Tendencio, a veces disuasoriamente, la más de las veces amenazadoramente:


    Bibliografía

    (1)    PdI (29/5/21)  A 47 años de la Masacre de Pacheco. Testimonios. Disponible en: https://periodismodeizquierda.com/a-47-anos-de-la-masacre-de-pacheco-testimonios/

    (2) PST (junio, 1974) Avanzada Socialista N 104, p.4. Disponible en: https://mega.nz/folder/1U0DHTYA#oGyqCg0Xy-g3k3sNaXIwPg/folder/1ddVFZ4b

    (3) Gonzalez, J. L. (31/3/2018) Julio Yessi, uno de los líderes de la Triple A, rompe el silencio. Noticias. Disponible en: https://noticias.perfil.com/noticias/politica/2018-03-31-julio-yessi-uno-de-los-lideres-de-la-triple-a-rompe-el-silencio.phtml 

    (4) Mizrahi, F.; Lijalad, A. (24/9/2021) Operación Olivos: denuncian penalmente al camarista Mariano Llorens por sus visitas a Macri. El Destape Web Disponible en: https://www.eldestapeweb.com/politica/justicia/operacion-olivos-denuncian-penalmente-al-juez-llorens-por-visitas-a-macri-20219245056

    (5) Hauser, I. (10/11/2020) La estrategia de los jueces designados a dedo por el macrismo. Bruglia y Bertuzzi no renuncian y hasta quieren concursar sus cargos. Página 12 Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/304841-bruglia-y-bertuzzi-no-renuncian-y-hasta-quieren-concursar-su 

    (6) Noticias (29/3/2018) El insólito parentesco entre Juliana Awada y uno de los líderes de la Triple A: Julio Yessi, acusado de asesinar a tres jóvenes militantes durante los turbulentos setenta, es de familia siriolibanesa y familiar directo de la Primera Dama. Disponible en: https://noticias.perfil.com/noticias/politica/2018-03-29-el-insolito-parentesco-entre-juliana-awada-y-uno-de-los-lideres-de-la-triple-a.phtml 

    (7) NOVA Bonaerense (18/5/2025) Cumbre peronista en Avellaneda: ¿nueva esperanza o más de lo mismo? Disponible en: https://www.novabonaerense.com/nota.asp?n=2025_5_19&id=55617&id_tiponota=51

    (8) Stavale, M. (2017). “Las aventuras de Tendencio” en la revista Militancia Peronista para la Liberación: humor gráfico para la disputa peronista de los años 70. Izquierdas, (35), 1-30.

    Fuente: https://argentina.indymedia.org/2025/06/11/escrache-al-genocida-julio-yessi-de-la-triple-a/

     

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  • Milei desfinancia la vivienda social

     

    Milei agrava la crisis habitacional. El Ministerio de Economía reglamentó el fin del plan de primera vivienda propia (PROCREAR) y disolvió el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Por Mario Hernández.


    El gobierno de Javier Milei oficializó el lunes 9 la eliminación del plan PROCREAR de primera vivienda propia, que había ordenado por decreto en noviembre de 2024, y estableció la transferencia a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) de algunos de los inmuebles construidos en su marco. Según denunciaron, algunas de ellas serán adjudicadas a Fuerzas Federales de Seguridad.

    Así lo hizo mediante la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial, por la cual dio nuevos pasos en la liquidación del Fondo Fiduciario Público del programa PROCREAR, creado en 2012 y disuelto por el decreto 1018/24 en noviembre de 2024. La norma encomienda a la Secretaría de Obras Públicas la administración y disposición de los bienes involucrados, tanto muebles como inmuebles.

    La cartera económica, conducida por Luis Caputo, también aprobó un modelo de contrato para la gestión de los créditos individuales aún vigentes, que será firmado con el Banco Hipotecario S.A., que históricamente ofició como fiduciario del programa. Este contrato permitirá al banco seguir cobrando cuotas de los préstamos otorgados, con una retribución establecida, y transferir el resto de los fondos a la Cuenta Recaudación del Tesoro Nacional.

    Además, la Secretaría Legal y Administrativa del ministerio quedó facultada para instruir al banco a vender las carteras de créditos con bajo nivel de cobrabilidad, es decir, aquellas cuyo recupero sea inferior al 40% del monto total. En cuanto a los aspectos judiciales, la Subsecretaría Legal del Ministerio asumirá la representación del Estado Nacional en las causas originadas en el marco del PROCREAR.

    La medida entra en vigencia desde su publicación y se enmarca en lo dispuesto por el Decreto 1018/2024, que estableció la disolución del fideicomiso original y ordenó al Ministerio de Economía su liquidación total, incluyendo la transferencia, venta o restitución de bienes a provincias o municipios.

    En lo referido a los inmuebles no afectados a obras, estos serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), determinó la resolución de este lunes. Para ello, se celebrarán convenios entre el Banco Hipotecario, la AABE y la Secretaría de Obras Públicas.

    En este marco, surgieron denuncias sobre la adjudicación a Fuerzas Federales de Seguridad de algunas viviendas construidas en el marco del PROCREAR. Se trata, concretamente, de 160 viviendas del edificio Sagol, ubicado en el barrio de Avellaneda, que ya estaban adjudicadas a vecinos de la zona.

    Así lo denunció Armando Bertolotto, dirigente del Frente Renovador en ese partido bonaerense. «Como en las épocas más oscuras las fuerzas militares les roban las viviendas a los civiles. Esto es lo que se va a hacer este martes en un pomposo acto oficial con el edificio Sagol y sus 160 viviendas construidas por medio del plan PROCREAR y adjudicadas», afirmó. Y agregó que «se trata de un edificio terminado y con sus departamentos a estrenar que se les arrebatan a quienes fueron sorteados legítimamente en su momento».

    Bullrich regaló las viviendas del Procrear de Avellaneda a las Fuerzas Federales

    Por Manuela Tobia

    En medio de la crisis habitacional por los altos costos de los alquileres, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la jugó de callada y se apropió de las llaves de los 160 departamentos del edificio Sagol, una de las últimas obras que se construyeron en el tercer cordón del Conurbano bonaerense con los fondos del programa Procrear -el cual fue eliminado recientemente por el Ministerio de Economía.

    En tanto, los damnificados acudieron a las autoridades de la provincia de Buenos Aires y de Avellaneda, quienes respondieron que tampoco tenían novedades desde la gestión de Javier Milei sobre la continuidad del Procrear. Presentaron siete amparos, de los cuales la Justicia no expidió ninguno.

    No obstante, el silencio se rompió el último viernes, cuando el Municipio recibió un pedido de autorización del Ministerio de Seguridad Nacional para hacer un acto fugaz en su distrito, con un operativo policial que cortaría las calles principales, para hacer la entrega de las llaves de al menos 25 departamentos a las Fuerzas Federales.

    El aviso del Municipio cayó como un piano de cola desde un quinto piso a los damnificados que, incrédulos, acudieron ese día para exigir respuestas al Gobierno. “Nos enteramos de carambola, podríamos haber seguido esperando y no haber sabido nada”, cuestionó Daniela, una de las ganadoras del último sorteo Procrear. A sus 45 años, como trabajadora social de un hospital público, “entre otros laburos”, y con un hijo menor de edad a su cargo, dejar de pagar un alquiler costoso (en el que deja más del 50% de su sueldo) y pasar a invertir en su propia vivienda con un crédito económico, era una salvación.

    “El gobierno de Milei me cagó por todos lados. No esperaba que nos sacaran así del juego. Nos borraron un plumazo como si no hubiésemos tenido nada que ver con ese edificioTodas las familias esperamos habitar ese lugar con mucha ilusión“, sostuvo.

    El robo blindado

    El acto tuvo lugar en la entrada del complejo urbanístico, en la intersección de las calles Luis Raúl Sagol, Mariano Acosta y Díaz Vélez. Por estricta decisión del Ministerio de Seguridad, no hubo convocatoria pública ni cobertura mediática: solo participaron integrantes de las Fuerzas Federales y algunas figuras políticas del oficialismo y del macrismo, como los diputados José Luis Espert y Gerardo Milman, respectivamente.

    Mientras se entregaban las llaves entre aplausos de oficiales y discursos, el operativo de seguridad impedía el ingreso de quienes alguna vez fueron adjudicatarios legítimos de esas viviendas. La policía los interceptó y acorraló contra la estación de trenes, apenas a unas cuadras del edificio que algún día creyeron que habitarían. Nadie los recibió. Nadie les dio explicaciones. Solo pudieron mirar desde lejos cómo sus casas eran entregadas a otros.

    Daniela contó que, antes del comienzo del acto, logró entablar una conversación con un policía del operativo. “Me dijo que a ellos se los regalaban (los departamentos)“. De pronto, tras revelarle que era una de las damnificadas, el agente le habría respondido que desconocía del procedimiento de entrega de las viviendas, y la corrió con los demás hacia la estación de trenes.

    “Para mí es el sueldo indirecto (del Ministerio de Seguridad), porque son los únicos ‘trabajadores’ a los que ellos necesitan tener bien atendidos, porque son los que necesitan mientras viven ajustando y volviendo una situación cada vez más conflictiva en las calles. Además, es bien milico usurparse las cosas de otros”, criticó.

    “Me encantaría que el Ministerio de Seguridad explique cómo hizo y cuáles son las características de esta entrega. Cómo, a quién, y por qué. Si lo van a pagar, si es gratis. Porque esto, como dice la gente, se hizo con la tuya contribuyente, guita del Estado. Y nosotros íbamos a devolver esa plata“, espetó.

    Por otra parte, Silvia, otra de las ganadoras del sorteo del Procrear y denunciante del accionar de Bullrich, aseguró que la semana próxima tendrán una reunión con el defensor del pueblo de Avellaneda, Daniel García, con la intención de “abrir un amparo colectivo“.

    Nosotros somos los legítimos ganadores del sorteo y esto que se hizo fue un robo, una usurpación“, denunció. Es jubilada y alquila un departamento con su hermana mayor, también dependiente del sistema previsional.

    “Sobrevivimos con lo que tenemos. Todo esto nos perjudica en que nosotras estamos alquilando, y el monto se duplicó, pasamos de 400.000 a 800.000 pesos por mes. Nos vamos a tener que achicar y pasar de un tres ambientes a un dos ambientes”, lamentó.

    A través de la cuenta de Instagram “sagolenlucha”, los damnificados buscan ampliar el reclamo y encontrar al resto de los sorteados del Procrear para llevar adelante el reclamo colectivo.

    La motosierra de Milei y el “plan” de Bullrich

    El acto fue conducido por Bullrich y su secretario de Coordinación Administrativa, Martín Siracusa. Éste celebró la entrega de las 160 viviendas como parte de “un plan más ambicioso” para mejorar el acceso habitacional de los agentes federales. Con su alocución, explicó que “hay otras viviendas en otras partes del país” construidas con los fondos de Procrear que serán destinadas “a la operatividad de las fuerzas federales”.

    Asimismo, Siracusa ponderó el edificio Sagol como uno que dará “vida a la comunidad” local, y lo comparó con el célebre Elefante Blanco de Avellaneda, la mole de cemento y hormigón que una vez fue idea del Grupo Provincia Estrella del Sur y que hoy funciona en la provincia como monumento a la especulación inmobiliaria y al fraude financiero.

    Hace 28 años que está acá sin que nadie que viva ahíEso es un emprendimiento privado que nunca se pudo terminarcomo tantos otros en Argentina”, contempló irónicamente el funcionario del partido que dice defender al sector privado.

    Por su parte, Patricia Bullrich defendió la presunta usurpación de las viviendas como una decisión “trascendente” y necesaria. Lejos de explicar qué pasaría con los propietarios originales que esperan una solución habitacional desde hace más de un año, justificó el traspaso con críticas al programa Procrearal que acusó de haber sido utilizado para beneficiar “a amigos de la política” y de fomentar alquileres turísticos a través de plataformas como Airbnb.

    Pero el cuestionamiento al programa promulgado en 2012 por la gestión de Cristina Fenrández no terminó ahí. También criticó que el Estado terminó financiando viviendas cuyos costos no eran cubiertos por las cuotas del programa, y consideró más legítimo entregarlas a las fuerzas federales como “una devolución” de la ciudadanía a quienes garantizan la seguridad.

    Bullrich culminó anunciando que esos departamentos “serán administrados directamente por las fuerzas, sin intermediariosbajo reglamentos internos ya establecidos“. El evento se transmitió en vivo por el canal oficial de YouTube del Ministerio de Seguridad de la Nación.

    La semana pasada, El ministro de Economía, Luis Caputo, aprovechó las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley Bases para liquidar lo que quedaba del Procrear. Ordenó el cierre del Fondo Fiduciario, dejó en manos del Banco Hipotecario los créditos en ejecución y dispuso devolver a la AABE las tierras que habían sido destinadas a vivienda social.

    El Gobierno complica la construcción de viviendas sociales

    El gobierno de Javier Milei terminó por disolver a comienzos de mayo el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que financiaba la construcción de viviendas sociales en todo el país. En paralelo, también disolvió el Fondo Fiduciario para la Promoción Científica.

    Así lo dispuso mediante el Decreto 312/2025, que lleva la firma de Milei, del ministro de Economía Luis Caputo y del jefe de Gabinete Guillermo Francos, el cual determinó: “Disuélvase el fideicomiso de administración y financiero denominado ‘FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA’ (FISU), creado por el Decreto N° 819 del 5 de diciembre de 2019”.

    En los considerandos, el decreto señaló que “la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) elaboró un informe en el cual formuló varias observaciones sobre el funcionamiento del fideicomiso de administración y financiero denominado ‘FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA’ (FISU), entre las cuales se destaca la generalizada falta de cumplimiento en los plazos previstos en la ejecución de obras, evidenciando la existencia de falencias en la planificación de los tiempos previstos para la ejecución de los proyectos, generando, en consecuencia, mayores costos adicionales y administrativos”.

    Y agregó que “se han evidenciado retrasos en las rendiciones de cuentas e incumplimientos a lo dispuesto en los diferentes contratos, así como la ausencia de comunicación de los proyectos de pliegos y de actos administrativos de los procesos de contratación al fiduciario”.

    En febrero pasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, ya había adelantado en una entrevista televisiva que disolvería el FISU próximamente, lo que se terminó de concretar tres meses después.

    Por otra parte, el Decreto 312/2025 también dispuso la disolución del “Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica”, que había sido creado en 1996 con el objetivo de “financiar proyectos de investigación y desarrollo, la transmisión de tecnología, la asistencia técnica y todos aquellos hechos innovadores que redunden en lograr un mayor bienestar del pueblo y la grandeza de la Nación, jerarquizando socialmente la tarea del científico, del tecnólogo y del empresario innovador”, detalló el propio decreto.

    ¿Qué era el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU)?

    El FISU, que era administrado por el Ministerio de Capital Humano, tenía por objetivo financiar proyectos de integración socio urbana para barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) para crear lotes con servicios.

    Durante 2023, el monto que se destinó a ese fondo fue de casi $6.000 millones. Los movimientos sociales beneficiados por los recursos estuvieron nucleados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), cuyos máximos referentes son Juan Grabois, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez.

    En febrero de 2024, Milei había dispuesto por decreto la reducción al mínimo del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), administrado por movimientos sociales y dedicado a proyectos de integración urbana de los barrios populares, al achicar del 9% al 0,3% los fondos destinados al mismo a partir de la recaudación del impuesto PAIS, el cual fue finalmente eliminado a fines del año pasado. La medida se dio luego de acusaciones del Gobierno a Juan Grabois por supuestos manejos oscuros de este dinero.

    Según detalló un informe de la fundación Techo de diciembre de 2024, la falta de financiamiento a la política de integración social y urbana durante 2024, debido entre otros puntos a la reducción del FISU, “traza un panorama crítico de no ser revertido”.

    Esta herramienta, clave para la implementación de la Ley 27.453, había sido “pionera en la región y reconocida por organismos internacionales como el BID”, consignó el informe. Su desfinanciamiento “paraliza más de 1.000 obras de integración sociourbana, poniendo en riesgo cerca de 25.000 empleos y privando a miles de familias de garantías básicas como vivienda digna, agua potable, cloacas y electricidad”, remarcó el documento. Además, este “vacío estatal abre espacio a actores como el narcotráfico, incrementando la vulnerabilidad social”, añadió.

    La justicia frena el cierre del FISU

    El 7 de mayo pasado el gobierno nacional había publicado en el Boletín Oficial el decreto 312 que ordenaba cerrar el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) a través del cual el Estado buscaba mejorar la vida de más de 5 millones de personas que viven en 6.467 barrios populares. El final de este programa puso en crisis a centenares de barrios de todo el país que estaban en proceso de construcción o de mejoramiento. Ahora, el Juzgado Federal de la localidad bonaerense de Pehuajó hizo lugar a la medida cautelar presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que patrocina a vecinos de barrios populares, y suspendió los efectos y aplicación de varios artículos del decreto en cuestión y le dio tres al gobierno nacional para que informe el saldo existente de este programa. Es más, el Estado debe tomar las medidas necesarias para darle continuidad a esta política pública.

    Sin embargo, en julio de 2024 se conoció el resultado de la auditoría que realizó la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) donde no se detectó ningún tipo de delito ni violación del objetivo del fondo. Es más, las observaciones que hubo fueron exclusivamente administrativas. Incluso el titular de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana de la Nación, Sebastián Pareja llegó a reconocer que “si no fue la única Secretaría que funcionó durante el Gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo. Porque la verdad es que lo que estoy viendo es, al momento de hoy, 1.200 obras en ejecución, un presupuesto con más del 80 % ejecutado”.

    Transcurrido casi un año de aquello, ahora el funcionario fue multado por el juez Heim y deberá pagar 200.000 pesos por día de demora en el cumplimiento de lo exigido por la Justicia, esto es que presente un plan de urbanización de barrios populares y continuidad de la política paralizada.

    La decisión del juez federal de Pehuajó se dictó a partir de la presentación de un amparo colectivo que fue promovido por el CELS, una vecina de un barrio Renabap de esa localidad bonaerense y Lorenzo De Vedia, cura de Opción por los Pobres.

    Estos pidieron que se declare inconstitucional el decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 193/24 por ser incompatible con las disposiciones de las leyes N° 27.453 y 27.541, toda vez que modificó los porcentajes de asignación de fondos recaudados por el denominado como impuesto PAIS, conforme previsiones del artículo 42 de la última de las leyes mencionadas. Denunciaron que, de esa manera, se eliminó la principal fuente de financiamiento del FISU. Por caso, este fondo recibía el 30 % del impuesto PAIS y con este decreto pasó a recibir solo el 1 %. Sin duda una decisión que buscaba desmantelar el funcionamiento del FISU.

    Incluso el juez Heim le había encargado al Congreso la tarea de arbitrar los medios necesarios “para contemplar y/o establecer mecanismos de financiamiento para la continuidad de la referida política pública”. Ahora, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que se había jactado de haber impulsado el cierre del FISU por supuestas fallas en la gestión, deberá responder a lo que ordena la justicia y reactivar la política pública.

    Fuentes: Resumen Latinoamericano, Página/12, El Destape

    Fuente: https://argentina.indymedia.org/2025/06/18/milei-desfinancia-la-vivienda-social/

     

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  • El Gobierno busca postergar el debate del Presupuesto 2026 y tratarlo en sesiones extraordinarias

     

    El bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA) buscará acuerdos con los bloques dialoguistas para postergar el debate del proyecto de Presupuesto 2026 a fin de tratar esa iniciativa en sesiones extraordinarias y luego de que asuman los diputados electos el domingo último, con lo que el oficialismo tendrá, junto a sus aliados, la primera minoría.

    Los bloques opositores aprobaron el 8 de octubre un emplazamiento donde se estableció el cronograma de audiencias, que establecía que el 11 de noviembre se trate en el recinto para que pueda discutirse en el Senado antes de la finalización de las sesiones ordinarias.

    El peronismo quiere mantener la fecha del dictamen pero reconoce que hay bloques dialoguistas que están dispuestos a acordar una nueva citación para que se trate con la nueva composición el cuerpo, indicaron fuentes parlamentarias.

    El Gobierno tendrá a partir del 10 de diciembre 107 legisladores entre la LLA, PRO y la UCR, y podrá contar con otros 6 diputados radicales cercanos al oficialismo, con lo cual necesitará solo 13 legisladores para aprobar el Presupuesto 2026.

    Voceros parlamentarios de bloques provinciales señalaron que estas negociaciones se realizarán entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo, que acordarán una postergación del debate de la ley de gastos y recursos.

    En este escenario será crucial la posición que adopte el bloque de Encuentro Federal, ya que uno de sus diputados, Nicolas Massot, había adelantado que presentará un dictamen de minoría donde mantiene un superávit inferior al proyectado por el Gobierno para incluir las leyes de Discapacidad, Universidades y Garrahan.

    También habrá que esperar la posición que asumirá Democracia para Siempre, que también había votado el emplazamiento en la sesión del 8 de octubre. En cambio, el oficialismo tendría el aval de los bloques del PRO, la UCR y bancadas provinciales para postergar el tratamiento.

    Por lo tanto, resultarán claves las conversaciones que puedan existir en los próximos días entre el oficialismo y los bloques dialoguistas para establecer un nuevo cronograma de dictamen y avanzar así con las negociaciones para consensuar la ley de gastos y recursos para 2026.

    Por lo pronto, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto Benegas Lynch, continuará esta semana con la ronda de consultas y para mañana está previsto que terminen de responder las preguntas de los legisladores el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, además funcionarios del Ministerio de Defensa y Hacienda. Para mañana a las 14.30 también está prevista la visita del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

    El proyecto de Presupuesto que está en discusión plantea un aumento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,1%; un dólar de 1423 a diciembre de 2026 y proyecta incrementos del 10,6 % de las exportaciones y 11 % de importaciones. También fija que los gastos totales serán de 148 billones de pesos, con recursos de 148,2 billones de pesos, con lo cual proyecta un superávit primario de 2 billones de pesos.

    En el proyecto girado en 2024, el Gobierno contemplaba recursos por 3,6 billones de pesos pero las universidades solicitaron 7,2 billones de pesos, y en ese punto no hubo acuerdo entre oficialismo y oposición.

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  • Río Negro: ratifican condena contra cinco prefectos por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel

     

    La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina acusados de haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años Rafael Nahuel cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017. La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa». Tras el fallo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal», en referencia a quien fuera en esos años la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich. Por ANRed.


    El fallo de Sala III de la Cámara Federal de Casación confirmó la condena dictada en diciembre de 2023 por el Tribunal Oral Federal de General Roca contra Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco prefectos del Grupo Albatros acusados por haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años cuando escapaba de una brutal represión en la Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi (Bariloche), el 25 de noviembre de 2017, en el marco de un operativo para desalojar un predio de Parques Nacionales recuperado por la comunidad mapuche.

    La cámara consideró que «cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa«. La condena también implicó la inhabilitación de los cinco condenados para ejercer cargos públicos.

    Rafael Nahuel en una manifestación el jueves 23 de noviembre en Bariloche. Foto: Eugenia Neme, Colectivo al Margen.

     

    El asesinato de Rafael Nahuel había sido juzgado en debate oral y público a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca – con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava – durante los últimos meses de 2023.

    Según su grado de participación en el crimen, todos recibieron la máxima pena para el delito imputado, pero ninguno fue condenado a penas superiores a cinco años y ocho meses de prisión, ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado con exceso de legítima defensa.

    La causa estuvo plagada de irregularidades y manipulaciones de parte de los propios prefectos y los medios comerciales masivos, que intentaron plantar pruebas y culpar a los/as manifestantes, incluso a quienes asistieron a Rafael Nahuel cuando fue herido con las balas de plomo de los prefectos, como Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca.

    «La sentencia no alcanzó a las autoridades políticas»

    Tras la noticia, en un comunicado la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa, afirmó que si bien «aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces, claramente involucradas en el hecho y, por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal«, en referencia a Patricia Bullrich, en ese momento también ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

    Foto: Roxana Sposaro.

    En la misma línea, señaló que el fallo de la Cámara «estableció inequívocamente el obrar delictivo de esa fuerza de seguridad al mando de Bullrich» y «desmiente las afirmaciones que al momento de los hechos formulasen Patricia Bullrich y Mauricio Macri para encubrir y justificar la brutal acción represiva del Grupo Albatros», que fue realizada el 25 de noviembre de 2017, le costó la vida a Rafael Nahuel y dejó heridas de gravedad a Johana Micaela Colhuan y Gonzalo Coña.

    «Bullrich sigue incitando a quienes integran las fuerzas a su mando a que mantengan conductas violentas, violatorias del orden jurídico vigente, a sabiendas de que son ellos los únicos que terminan respondiendo ante los jueces por hechos execrables, que parecen desconocer que delinque no sólo quien cumple órdenes inmorales e ilegales sino también quien las ordena», agregó la APDH.

    En tanto, en declaraciones a ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la APDH agregó: «hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados».

    «Lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse. El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del Estado», consideró.

     

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  • Megacausa en Rosario: caen 14 ex policías por una presunta asociación ilícita

     

    La causa judicial que investiga una presunta asociación ilícita dentro de la Unidad Regional II de Rosario sumó un nuevo capítulo con la decisión de imponer prisión preventiva a 14 ex policías acusados de integrar una trama destinada a desviar fondos públicos. La maniobra habría funcionado durante al menos dos años mediante la adulteración en las cargas de combustible destinadas a los patrulleros.

    Con estas nuevas medidas, ya son 28 los involucrados en el expediente, entre ellos varios civiles y personal policial que permanecía detenido desde etapas anteriores de la investigación. Las prisiones preventivas para ese primer grupo fueron extendidas hasta mediados de mayo de 2026, lo que refleja la complejidad y el volumen del caso.

    La investigación avanza sobre una estructura que, según los elementos reunidos, habría operado desde el interior mismo de la fuerza. Entre los acusados aparecen ex jefes de áreas estratégicas de la Policía provincial, señalados como parte del entramado que facilitaba y supervisaba el desvío sistemático de recursos.

    Los cargos que pesan sobre ellos incluyen cohecho pasivo, peculado y participación primaria en defraudación agravada por perjuicio al Estado. En varios casos, se sumó además una imputación por falsedad ideológica, vinculada a la manipulación de documentación utilizada para encubrir las maniobras.

    La hipótesis fiscal sostiene que la organización logró consolidarse dentro de las secciones operativas de la Unidad Regional y que, mediante ese esquema, habría provocado una malversación cercana a los 45 millones de pesos. El mecanismo se apoyaba en registros adulterados, declaraciones fraguadas y un circuito interno que permitía sostener las maniobras sin levantar alertas inmediatas.

     

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