Figueroa detalló a los diputados el plan de obras del presupuesto 2026

 

En la madrugada de este jueves un fuerte operativo de la Policía de la provincia junto a Gendarmería Nacional rodeó los predios de Fasinpat (ex Zanon) y Cerámica Neuquén, las emblemáticas fábricas recuperadas. Ambas están en conflicto ante los ataques del Gobierno y los tarifazos en la energía. Por La Izquierda Diario.

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Las gestiones obreras de Neuquén están atravesando una dura crisis, producto de los tarifazos, los ataques de los gobiernos y la negativa a otorgar créditos y financiamientos para la inversión en tecnología. En enero se sumó el corte de energía eléctrica en Cerámica Neuquén y este lunes el corte de gas en es misma fábrica y también en la ceramista Zanon .

Están reclamando que el Gobierno cumpla el compromiso de conseguir una reunión con un proveedor de gas para normalizar la situación y que Camuzzi restituya el servicio. Por eso el mismo lunes movilizaron a Casa de Gobierno, donde no recibieron respuestas, por lo que el martes cortaron la ruta.

Como el martes tampoco hubo noticias del Gobierno, el miércoles decidieron volver a la ruta. Pero un operativo de la Policía provincial y Gendarmería Nacional, que saturó la ruta y alrededores de las fábricas de efectivos y móviles, impidió el corte, aunque las y los obreros, acompañados por organizaciones solidarias, sostuvieron la protesta a la vera de la ruta, recibiendo el apoyo de la gente.

Ambas fábricas se encuentran sobre la Ruta 7, divididas por una calle, en lo que se conoce como “la ruta del petróleo”, camino a Vaca Muerta. Paradójicamente, en la provincia de Vaca Muerta, el Gobierno no puede garantizar el servicio de gas para dos gestiones obreras, al igual que para miles de familias que no acceden a ese servicio elemental. Como denunciaron los obreros, “no creemos que un gobierno que está más tiempo en Houston visitando petroleras que en Neuquén, no pueda conseguir en treinta días una reunión con una proveedora de gas”.

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Como en la dictadura

Si ese accionar ya revestía gravedad, lo de esta madrugada es un salto. Sin tener programada ninguna acción, igualmente la zona del Parque Industrial donde se encuentran las cerámicas amanecieron nuevamente rodeadas de policías y gendarmes. Claramente un accionar intimidatorio que tiene como principal responsable al gobernador Rolando Figueroa, que copia los métodos de Patricia Bullrich.

Como denunció el diputado del PTS-Frente de Izquierda, obrero de Zanon y secretario adjunto del Sindicato Ceramista, Andrés Blanco, “hoy Zanon y Cerámica Neuquén amanecieron rodeadas de policías, como en la dictadura. Así actúa Figueroa, igual que Bullrich. Queremos respuestas, no represión”.

Blanco aseguró que “por más que nos quieran intimidar con este despliegue policial, no nos van a amedrentar, porque acá está en juego el plato de comida de nuestras familias. Nosotros queremos trabajar, y vamos a defender nuestras fábricas. En 24 años de gestión obrera pasamos por represiones, intentos de desalojos, crisis económicas y montón de adversidades, pero acá estamos de pie y no nos vamos a quedar quietos”.

Por su parte Alejandro López, secretario general del Sindicato Ceramista aseguró que “ahora discutiremos en la asamblea nuestro plan de lucha, pero lo que sí está resuelto, lo que sí está definido, es que vamos a seguir en nuestro plan de lucha defendiendo nuestra fuente de trabajo, y para exigir que nos larguen la luz, el gas y poder seguir produciendo. Eso ya es una decisión tomada, más allá que ahora al frente de la fábrica hay un impresionante el despliegue policial, que no nos van a amedrentar”.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/El-gobernador-Figueroa-militariza-fabricas-recuperadas-en-Neuquen

 

 

Una brutal agresión en Catriel ocurrida en abril de este año derivó en la imputación de tres efectivos policiales y un vecino por el delito de vejaciones y lesiones graves.

La jueza de Garantías formuló cargos contra un sargento, un cabo primero y un agente de la Comisaría Novena, además de un joven de 25 años, vecino de la víctima.

El hecho fue investigado por el Ministerio Público Fiscal, que determinó que los acusados golpearon violentamente al hombre durante un procedimiento policial, dejándolo inconsciente y con fracturas múltiples en el rostro.

Según la reconstrucción fiscal, el incidente ocurrió el 2 de abril, minutos antes de las 19, sobre la calle Bahamas de Catriel.

El hombre de 59 años llegó a su domicilio en aparente estado de ebriedad y chocó el auto de su vecina, lo que provocó una discusión con el joven de 25 años, pareja de la mujer.

Alertados por el conflicto, tres policías llegaron al lugar y le solicitaron al conductor la documentación del vehículo. Sin embargo, el hombre intentó escapar en su camioneta, chocando nuevamente el mismo automóvil. La reacción de los presentes fue inmediata: los efectivos y el vecino lo redujeron y comenzaron a golpearlo.

“Lo golpearon hasta dejarlo inconsciente”

Durante la audiencia judicial, la parte acusadora relató que los uniformados abusaron de su autoridad y lo agredieron con puños y patadas mientras lo mantenían en el suelo.
“La víctima perdió el conocimiento y despertó dentro de un calabozo”, se detalló en la denuncia.

El informe médico forense confirmó que el hombre sufrió traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, fracturas en los huesos nasales, el arco cigomático y la órbita izquierda, además de múltiples lesiones contusas en el cuerpo.
Todas fueron catalogadas como de carácter grave.

La magistrada ordenó medidas de protección para la víctima, prohibiendo todo tipo de contacto de los acusados durante los próximos cuatro meses que durará la investigación.

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Javier Milei recibió esta semana un llamado desde Estados Unidos para coordinar un nuevo viaje a Washington, donde se espera la firma del acuerdo comercial con el presidente Donald Trump.

Milei podría viajar nuevamente a Estados Unidos para encontrarse con Trump durante el sorteo del Mundial 2026, previsto para diciembre. Ambos mandatarios fueron invitados al evento y aprovecharían la ocasión para firmar el convenio comercial que reduce aranceles y profundiza la alianza estratégica entre ambos países. Desde el Gobierno destacan que esta política exterior ya generó anuncios de inversión por US$100.000 millones en el último año.

El contacto se dio en paralelo a la exposición de Luis “Toto” Caputo en la Conferencia Anual de la UIA, donde el ministro sorprendió al afirmar que el Gobierno “acumulará más reservas de las que imaginan”. El mensaje económico generó entusiasmo en algunos sectores, aunque otros empresarios mantuvieron su cautela. En el ámbito industrial, la UIA vivió una jornada de catarsis marcada por dudas sobre la apertura importadora y el impacto en la producción local. Algunos ejecutivos señalaron que empresas están frenando líneas completas a la espera de insumos del exterior. Aun así, el titular de la UIA, Martín Rappallini, insistió en que la industria argentina tiene futuro y que el desarrollo nacional no puede depender únicamente de los recursos naturales.

Mientras tanto, en la trastienda de la conferencia, dirigentes de la nueva CGT reclamaron participar en las negociaciones por la reforma laboral. Sectores como el textil alertaron que la capacidad instalada está operando a la mitad. Paralelamente, gobernadores y funcionarios nacionales discutieron el avance de las reformas económicas y políticas que el Gobierno prevé enviar al Congreso.

El ministro del Interior, Diego Santilli, ocupó un rol clave en esas conversaciones tras haber mantenido reuniones con la mayoría de los gobernadores aliados. Desde su entorno aseguran que busca consolidar un bloque legislativo con mandatarios del norte y la Patagonia, dejando fuera a figuras como Axel Kicillof. Su objetivo, afirman cerca suyo, es avanzar con acuerdos que debiliten al peronismo en el Congreso y garanticen apoyo al Presupuesto 2026.

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En medio de tantas pálidas para lxs trabajadorxs, y en un contexto social y político donde el sueño de tener la casa propia —o incluso poder alquilar— se vuelve un espejismo cada vez más etéreo, ilusorio e inalcanzable, el pasado domingo familias y vecinxs del Barrio Comunitario Norita Cortiñas se reunieron para conmemorar dos años desde que un largo proceso de lucha y organización les llevó a conseguir su propio barrio.  Por Franco Tabares para ANRed

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El proceso de buscar un nuevo lugar comenzó en la oscura mañana del 28 de octubre de 2020, cuando fueron desalojadxs violentamente por Berni y Kicillof de las tierras ociosas que habían recuperado como tierra para vivir. Desde entonces, y con mucho esfuerzo, han ido levantando un espacio donde refugiarse de un mundo cada vez más hostil. Un barrio con viviendas de material, agua, electricidad, donde buscan retomar eso que el capitalismo insiste en dejar atrás: lo comunitario, los lazos solidarios entre familias que comparten un territorio y la coordinación multisectorial para fortalecer la lucha, la organización y la posibilidad de una planificación urbana desde abajo.

En una tarde que no acompañó del todo, con un cielo que pasó de estar despejado al mediodía a parcial y totalmente nublado para las primeras horas de la siesta y con un frío ya invernal, intenso, que calaba los huesos y que no dio tregua, los vecinos igualmente se juntaron a festejar.

Todo comenzó con una muy acorde ambientación musical (en los parlantes del escenario sonaban las oportunas letras de las canciones de “Les Ñeris”), siguió con bandas como la local “Feliz entierro”, y después “Oye Changx”, tocando temas en vivo, muy aplaudidos y por momentos incitando al baile bajo los árboles de la plaza central del barrio. Entre banda y banda, se anunció que la rifa solidaria con una vecina había cumplido su objetivo de ventas y se procedió a hacer el sorteo en el que alguien ganó el primer premio del tatuaje gratuito, alguien ganó dieciocho fotos Polaroid y otros se llevaron el tercer premio, el más codiciado: 2 kilos de patys caseros.

Mientras tanto se iban fritando chicarrones, tortas fritas, se asaban choris y se calentaban las hamburguesas de lenteja para los que preferían opción sin carne. Circulaban algunas latas de cerveza y botellas de vino, aunque el clima se prestara más para el mate. Al final se cerró el festejo con la tradicional torta de cumpleaños que se repartió entre los asistentes. Todo frente al SUM que de a poco van construyendo tanto quienes viven ahí como quienes se acercan a colaborar. Al fondo de la plaza, en la escuela de ajedrez Nona Gaprindashvili, organizada por la CNJ (Casa de la Niñez y la Juventud), lxs más peques y algúnx que otrx adultx jugaron al ajedrez como todos los domingos.

El barrio, que todavía está en construcción, no sólo es fruto de la lucha y la organización de los vecinos del barrio si no también del trabajo solidario y coordinado de distintas organizaciones sociales, cooperativas locales y docentes y activistas sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Específicamente acá coexisten organizaciones como el FOL (Frente de Organizaciones en Lucha), el mencionado Centro de Niñez y Juventud, cooperativas locales como la Co.P.A. (Cooperativa de Producción Agroecológica de Guernica), la cooperativa de vivienda del barrio, Tierra y Vivienda Zona Sur, y docentes de cátedras de la UBA de Arquitectura y Geografía (algunos de los cuales integran el G.E.G.U., Grupo de Estudios de Geografía Urbana). Y como dice Yamila Rodriguez (30), vecina y militante del FOL, se apunta a la multisectorialidad: “que no solamente seamos compañeros de organizaciones sociales piqueteras, sino más bien que se promueva (la participación de) otros compañeros que son activistas en este sentido, que son militantes, pero que quizá militan otros espacios, quizás sindicales, que son docentes, compañeros que son abogados, compañeros que somos trabajadores sociales, arquitectos y demás”. Además no se trata de construir casas individuales: como dice Vanesa (47), vecina del barrio, “con los arquitectos que están acompañando el proyecto se pudo hacer la división y el lugar de la plaza, y pensar todos los lugares estratégicos también como para estar, (…) se pensó en el espacio de atrás como el espacio educativo y recreativo. Ahí justo estaba charlando con unas compañeras que son profes de fútbol y demás, como también para ir… Que sean parte también de esto con las tareas que ellas van haciendo en otros lados, que las puedan traer también acá.”

 

Para dar un poco de contexto a la situación habitacional en la zona, podemos citar a Juan Pablo Venturini (35), doctor en geografía, especializado en estudios urbanos que asesora y colabora con el barrio, cuando dice que “(en) las zonas de expansión del municipio de la zona sur, San Vicente, Echeverría, Almirante Brown, Presidente Perón y Ezeiza, de los últimos 20 años, el 60% de la nueva superficie residencial de vivienda es de barrios cerrados. (…) Y después una superficie mucho menor, que no llega al 20% de esa nueva superficie, es para urbanización popular, y en muchos casos en forma precaria, (generada) mediante tomas o loteos truchos, o sea: no es parte de la política, sino parte simplemente de la necesidad de la gente.”

En medio de los festejos por estos dos años del barrio Norita Cortiñas, y mientras las bandas tocaban, tuvimos la impertinencia de sacar a un costado a 3 de los numerosos protagonistas de todo este proceso de lucha y recuperación, y pedirles que nos hablen sobre lo que es y lo que rodea la historia de este emblemático barrio comunitario.  A continuación les compartimos sus palabras:

Entrevista completa 

También les dejamos las redes sociales y datos de contacto del barrio, para quienes quieran contactarse y acercar alguna ayuda o proponer algún tipo de colaboración:

Instagram: https://www.instagram.com/barriocomunitarioc

Facebook:

https://www.facebook.com/profile.phpid=100080052091846

Mail: [email protected]

Ubicación: https://maps.app.goo.gl/YQT1yEYUzuxZ9PRD7

 

 

Mónica Mego había quedado parapléjica estando detenida en la Unidad Penal 32 de Florencio Varela, como consecuencia de la falta de atención médica. Por las secuelas irreversibles que le dejó su problema de salud desatendido había quedado sobreseída pero nunca mejoró del todo y murió en 2022. Ahora el fiscal pidió que se enjuicie a siete integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense, un jefe y seis médicos por abandono de persona agravado, vejaciones, severidades y lesiones culposas. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) interviene como particular damnificado institucional en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Por Agencia Andar/CPM.

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El fiscal Christian A. Granados, a cargo de la Fiscalía de Instrucción y Juicio Nº 9 Descentralizada de Florencio Varela, solicitó que se eleve a juicio la causa contra siete integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense por abandono de persona, severidades, vejaciones y lesiones culposas en el caso de Mónica Mego. Mónica era una mujer trans que estaba detenida en la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela cuando quedó parapléjica por no recibir tratamiento médico a tiempo. Las secuelas de su desatención fueron fatales.

A inicios del 2019 Juan Manuel González, jefe de la Sección de Control perteneciente al área de asistencia y tratamiento de esa unidad, retrasó la atención médica de Mónica Mego a pesar de conocer su delicado estado de salud. Aunque era evidente que necesitaba atención de forma inmediata en un centro de salud extra muros por la complejidad el cuadro, demoró su traslado y la derivó a otra Unidad en el mismo complejo. A su regreso la alojó en un buzón o celda de contención y la atacó de forma reiterada mediante tratos humillantes. Quedó imputado por los delitos de abandono de persona calificado por las lesiones y severidades y vejaciones.

Ese abandono concurrió con la negligencia del personal médico de la Unidad, y la víctima sufrió como consecuencia la pérdida total de movilidad en sus miembros inferiores, quedó postrada y con imposibilidad de valerse por sus propios medios. Por esto quedaron acusados los médicos que la atendieron en las unidades del complejo Florencio Varela, Matías Pérez Núñez, Walter Raúl Piñón, Elvira Tucto, Francisco Artola, Claudio Piccin y María Guzmán por el delito de lesiones culposas.

El fiscal considera “que los médicos de las unidades que la atendieron actuaron de modo imprudente sin agotar los medios para dar con un diagnóstico y tratamiento en la Unidad, lugar en el que comenzaron a manifestarse de forma progresiva los signos y síntomas característicos de lo que se denomina síndrome medular”. Para esto se apoya, entre otras pruebas, en los peritajes de una junta médica especialmente constituida para analizar el caso que señaló que “los profesionales de esta Unidad Penitenciaria […] [efectuaron] una subvaloración del cuadro clínico” y calificaron de “desaprensiva” su conducta concluyendo que “violando el deber de cuidado, contribuyeron a aumentar el riesgo para la paciente Mego, circunstancia que pudo haber sido evitada”.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) entrevistó a Mónica Mego en 2019 cuando estaba internada en el Hospital San Martín de La Plata, derivada desde la Unidad Penitenciaria hospital de Lisando Olmos; desde ese momento, coordinó acciones junto a su defensa e hizo presentaciones ante la justicia y otras dependencias del Estado, e impulsó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En ese primer momento, la investigación penal tuvo una demora importante por el planteo de competencia entre los departamentos judiciales de Quilmes y La Plata. Luego de ese derrotero, la instrucción recobró impulso con la intervención de la UFI N° 3 de la Plata, a cargo de Gonzalo Petit Bosnic y la Ayudantía Fiscal de delitos ocurridos en cárceles de ese departamento judicial, quienes llamaron a los funcionarios penitenciarios a declarar en condición de imputados. En esa instancia, y ante la constatación de que la mayor parte de los hechos habían ocurrido en las cárceles de Florencio Varela, el juez de garantías se declaró incompetente y remitió la causa al departamento judicial de Quilmes, que recayó en la Fiscalía de Instrucción y Juicio Nº 9 Descentralizada de Florencio Varela. El fiscal Granados actuó rápidamente, tomó una declaración que estaba pendiente y solicito la elevación a juicio por abandono de persona, lesiones, severidades y vejaciones.

A fines del 2021, Mego fue sobreseída mediante la aplicación de la doctrina y jurisprudencia de la pena natural entendiendo que los padecimientos que sufrió la mujer permitían prescindir de la pena que se le pudiera imponer. Pocos meses después, en marzo de 2022, la mujer trans murió a los 36 años. Luego de su muerte, la CPM acompañó a su familia oriunda de Perú y se presentó como particular damnificado institucional a fin de lograr la condena de los responsables de su muerte. Ahora, casi 6 años después del hecho, la causa está cerca de elevarse a juicio.

Fuente: https://www.andaragencia.org/solicitan-elevar-a-juicio-la-causa-de-la-mujer-trans-que-murio-por-no-recibir-atencion-medica-en-la-carcel/

 

 

Distintos grupos proteccionistas —entre ellos la agrupación Ranhu— advirtieron sobre el riesgo que representa el Canal Principal de Riego para los animales que circulan por la ciudad, especialmente perros, y denunciaron la falta de medidas de seguridad básicas para prevenir nuevas caídas. Las organizaciones señalaron que, a pesar de los reiterados reclamos y reuniones previas con autoridades municipales y del Consorcio de Riego, las respuestas han sido insuficientes y los incidentes continúan en aumento.

La problemática se agravó durante las últimas semanas de noviembre en General Roca, cuando la llegada anticipada del calor y el incremento del caudal por la temporada de riego coincidieron con una seguidilla de animales que cayeron al Canal Grande sin poder salir por sus propios medios.

Rescates improvisados y pocas respuestas

Según los registros de Ranhu, más de 23 perros terminaron dentro del cauce desde que comenzó la temporada —10 de ellos fallecidos por ahogamiento—, en sectores donde no se colocaron cercos, escaleras, carteles de advertencia ni dispositivos de sujeción. En ese contexto, los rescates dependen de la intervención espontánea de vecinos, mientras que los cambios en la conducción del Consorcio de Riego y la falta de continuidad en las acciones oficiales dificultan avanzar en soluciones efectivas.

En un comunicado difundido en redes sociales, Ranhu recordó que solo mantuvieron dos reuniones con las autoridades, una en 2023 y otra en 2024, y señalaron que, a pesar de las promesas, las medidas mínimas acordadas no se cumplieron.

“Nunca tuvimos respuesta ni siquiera a lo mínimo que habíamos logrado, y era poner más elementos de sujeción dentro del canal. Olvídense del cercado y escaleritas porque parece ser un trabajo muy costoso”, expresaron.

Sin embargo, la agrupación reconoció que alcanzaron a ver “alguna rampa nueva cerca de la Mendoza”, pero remarcaron que esto es insuficiente frente al número creciente de incidentes.

Falta de cartelería y sanciones

En ese mismo sentido, denunciaron que no se colocaron más carteles visibles que alerten sobre el peligro ni se emitieron las multas correspondientes, algo que – aseguran – ayudaría a generar mayor conciencia.

La organización también indicó que, al intentar retomar el diálogo en los últimos meses, se encontraron con que la conducción del Consorcio de Riego había cambiado. “Volvimos a insistir hace meses y nos enteramos que la comisión del Consorcio había cambiado, y su presidente estaría en Cipolletti”, señalaron, cuestionando la falta de continuidad y seguimiento sobre un tema que afecta tanto a animales como a personas que transitan cerca del canal.

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