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Tras 5 años, familias recibieron las actas de toma de posesión de sus terrenos

El Intendente Marcelo Orazi encabezó la entrega de las actas de toma de posesión de los terrenos a cuatro familias que hace más de 5 años habían sido evacuadas por riesgo de derrumbe de un sector de la barda norte.

Los lotes están ubicados en el barrio ARA San Juan, sector que cuenta con los servicios de electricidad domiciliaria y agua potable. La solución a la problemática de tantos años que venían atravesando estas familias llegó tras la propuesta del Ejecutivo que luego recibió el acompañamiento del Concejo Deliberante.

De esta manera, la gestión del Intendente Orazi materializa con la entrega de este documento el sueño de los vecinos de contar con su terreno para así avanzar y concretar la construcción de sus viviendas.

Durante la entrega de las carpetas Orazi estuvo acompañado por el Presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega, el Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur, el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros y el responsable del Departamento de Catastro y Tierras del municipio Javier Triviño.

En la oportunidad, el jefe comunal manifestó que “este es un momento de gran satisfacción, principalmente para ustedes que durante más de 5 años han vivido con incertidumbre. Primero con la incertidumbre que significaba estar en un lugar donde existía un peligro cierto de derrumbe y luego por vivir con sus familias en una vivienda alquilada”.

“Hoy con la entrega de las actas de toma de posesión de sus terrenos esta incertidumbre comienza a tener fin: es el comienzo de su sueño de contar con su propio hogar”, dijo.

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    Del protocolo antipiquetes a Tribuna Segura: el Gobierno consolida un modelo de control permanente

     

    El gobierno libertario pone cada vez más restricciones.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El paquete de resoluciones publicado este miércoles por el Ministerio de Seguridad Nacional en el Boletín Oficial volvió a dejar expuesta una orientación política cada vez más definida del gobierno de Javier Milei: ampliar mecanismos de vigilancia, reforzar restricciones administrativas y consolidar herramientas de control preventivo sobre la vida social. Detrás de medidas que en apariencia aparecen fragmentadas —estadios, bases de datos, restricciones de concurrencia y sistemas federales de información— se perfila una arquitectura estatal donde el concepto de “seguridad” empieza a extenderse mucho más allá del delito consumado.

    La resolución más significativa del día fue la ampliación del programa Tribuna Segura, un sistema que originalmente había sido presentado para controlar el ingreso de barras bravas y personas con antecedentes violentos en espectáculos deportivos. La nueva normativa incorpora ahora la posibilidad de aplicar restricciones vinculadas a incumplimientos civiles, como los registros de deudores alimentarios, y profundiza el uso de mecanismos administrativos para impedir accesos sin necesidad de condenas penales firmes.

    Detrás de la narrativa oficial sobre “orden” y “protección”, lo que aparece es otra cosa: el avance de un esquema de prevención estatal basado en el monitoreo permanente y la ampliación de facultades discrecionales del Ejecutivo. El cambio no es solamente operativo. Es político.

    De la protesta social al control de conductas

    Desde la implementación del protocolo antipiquetes, el Gobierno viene construyendo una lógica donde la protesta social dejó de ser tratada como un fenómeno político para pasar a encuadrarse dentro de la órbita de la seguridad interior. El corrimiento conceptual fue gradual, pero constante.

    Las resoluciones publicadas este 13 de mayo profundizan ese camino. En los fundamentos administrativos del nuevo esquema de Tribuna Segura aparecen referencias a controles preventivos sobre manifestaciones y concentraciones públicas, consolidando la idea de que el Estado debe intervenir antes de que exista delito alguno.

    No se trata solamente de impedir hechos violentos en una cancha. Se trata de construir herramientas permanentes de identificación, seguimiento y restricción de circulación aplicables a distintos ámbitos de la vida pública.

    Ese punto es central porque modifica el paradigma histórico de actuación estatal. El foco ya no está únicamente en castigar delitos comprobados, sino en administrar riesgos potenciales mediante bases de datos, controles cruzados y sanciones preventivas.

    Bases de datos, vigilancia y centralización

    Otra de las resoluciones relevantes del día fue la vinculada al SIFCOP, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. Aunque presentada como una actualización técnica y administrativa, la medida refuerza la centralización de información criminal, pedidos de captura, secuestros y alertas judiciales entre fuerzas federales y provinciales.

    En términos prácticos, el Ministerio sigue avanzando en la integración nacional de sistemas de vigilancia e identificación. La interoperabilidad de datos permite acelerar operativos y controles, pero también incrementa el poder estatal sobre la circulación de información sensible de millones de personas.

    El argumento oficial es la eficiencia. La discusión política, en cambio, pasa por otro lado: qué controles institucionales existen sobre estas herramientas y hasta dónde puede expandirse su utilización.

    La preocupación no es abstracta. En los últimos meses el Gobierno ya había endurecido políticas sobre protestas, operativos callejeros y control de movilizaciones, en un contexto social marcado por despidos, ajuste económico y creciente conflictividad.

    El orden como narrativa de gobierno

    Las medidas difundidas este miércoles también revelan otro aspecto central del modelo Milei: el uso político de la seguridad como construcción discursiva. Deudores alimentarios impedidos de ingresar a estadios, barrabravas bloqueados, presos sin celulares y sistemas federales de monitoreo son decisiones diseñadas para generar impacto mediático inmediato y construir una narrativa de autoridad estatal.

    La lógica es clara: instalar la idea de un Gobierno que “pone orden” frente a una sociedad presentada como caótica o fuera de control.

    Pero detrás de esa construcción comunicacional aparece una tendencia más profunda y persistente: la expansión de mecanismos administrativos que permiten restringir derechos y movimientos sin intervención judicial plena ni condena firme.

    La discusión de fondo recién empieza. Porque mientras el Gobierno presenta estas herramientas como medidas de seguridad modernas y eficientes, crecen las advertencias sobre el riesgo de consolidar un modelo de vigilancia permanente donde cada vez más aspectos de la vida social quedan bajo monitoreo estatal.

     

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    Muy activa, Bullrich mantuvo diálogos de alto voltaje político con senadores de los distintos bloques aliados y opositores en el Senado, detrás del recinto, mientras se desarrollaba la sesión por el pliego del juez Carlos «Coco» Mahiques. 

    «Todos sabemos que Adorni está sucio», dijo la jefa del bloque libertario y admitió: «no entiendo por qué Milei lo defiende», según confiaron a LPO dos senadores que presenciaron el diálogo.

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    Todos sabemos que Adorni está sucio, no entiendo por qué Milei lo defiende. Si ustedes lo quieren matar, mátenlo, no es mi problema.

    Pero Bullrich no se detuvo en la queja. Sin titubear, invitó a los opositores a ir por Adorni: «Si ustedes lo quieren matar, mátenlo, no es mi problema», habría dicho.

    Patricia conversa este jueves con los senadores radicales Losada y Vischi.

    El tenor de sus palabras está en la misma sintonía que los comentarios que hizo en la jornada de Jonagro, a la que asistió esta semana. Un legislador que participó del evento reveló a LPO que en ese encuentro empresario la senadora conversó con integrantes del círculo rojo y gobernadores sobre la posibilidad de que la figura de Adorni hunda definitivamente a Milei. Según testigos de algunos de sus diálogos, Bullrich llegó a decir que «Milei va a perder por Adorni». 

    Salvar el proyecto, soltar a Milei

    No es una lectura aventurada la de Bullrich. El impacto del escándalo Adorni en el gobierno y la reelección de Milei es tan evidente que el gobierno de Donald Trump convocó de urgencia a Santiago Caputo a Washington a analizar la situación, como reveló en exclusiva LPO.

    Bullrich parece entusiasmada con la posibilidad de volver a ser candidata presidencial y va enhebrando un juego complejo en el que busca ser el Plan A del establishment y el Plan B de los libertarios.

    Todas las últimas encuestas revelan un desplome brutal de la imagen presidencial desde que estallaron los escándalos de corrupción de Adorni. Los brasileños de Atlas, que vaticinaron el triunfo libertario del 2023 y de las legislativas de octubre pasado, lo tienen con una negativa que supera el 60% y Zuban-Córdoba así como Managment & Fit lo ubican entre el quinto y séptimo lugar de intención de voto, bien abajo de la propia Bullrich y hasta de Kicillof.

    De hecho, desde que Bullrich lidera las encuestas de intención de voto una parte importante del establishment que está en conflicto con Milei, encabezada por Paolo Rocca, empezó a empujar la opción presidencial de la ex ministra para el 2027, mientras que otros actores del poder permanente proponen una candidatura del banquero Jorge Brito, como reveló LPO.

    Patricia habla en la sesión de este jueves con el senador peronista Marcelo Lewandowski.

    La ministra parece entusiasmada con la posibilidad de volver a ser candidata presidencial y va enhebrando un juego complejo en el que busca ser el Plan A del establishment y el Plan B de los libertarios, si se termina de hundir Milei. Y con esa posición consolidada ir a buscar el apoyo de Macri, a cambio de liberarle la Ciudad, como reveló este medio.

    A tal punto está avanzada esa línea de acción que en los últimos días pasó de la diferencia puntual por la corrupción de los Milei y su entorno a meterse directamente con el planteo económico, como deja entrever su reunión con Domingo Cavallo, un crítico del plan de Milei y Caputo.

     

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