El Intendente Marcelo Orazi encabezó la entrega de las actas de toma de posesión de los terrenos a cuatro familias que hace más de 5 años habían sido evacuadas por riesgo de derrumbe de un sector de la barda norte.
Los lotes están ubicados en el barrio ARA San Juan, sector que cuenta con los servicios de electricidad domiciliaria y agua potable. La solución a la problemática de tantos años que venían atravesando estas familias llegó tras la propuesta del Ejecutivo que luego recibió el acompañamiento del Concejo Deliberante.
De esta manera, la gestión del Intendente Orazi materializa con la entrega de este documento el sueño de los vecinos de contar con su terreno para así avanzar y concretar la construcción de sus viviendas.
Durante la entrega de las carpetas Orazi estuvo acompañado por el Presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega, el Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur, el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros y el responsable del Departamento de Catastro y Tierras del municipio Javier Triviño.
En la oportunidad, el jefe comunal manifestó que “este es un momento de gran satisfacción, principalmente para ustedes que durante más de 5 años han vivido con incertidumbre. Primero con la incertidumbre que significaba estar en un lugar donde existía un peligro cierto de derrumbe y luego por vivir con sus familias en una vivienda alquilada”.
“Hoy con la entrega de las actas de toma de posesión de sus terrenos esta incertidumbre comienza a tener fin: es el comienzo de su sueño de contar con su propio hogar”, dijo.
Un relevamiento reciente de la Cámara Empresaria del Parque Industrial de Pilar (Cepip) expuso el fuerte impacto que la crisis productiva generó en las empresas de este entramado clave del conurbano norte, donde, en solo seis meses, se despidieron a 7 mil trabajadores.
Esa cifra implica el 20% del total de empleados que existía a septiembre de 2025 en las 200 empresas que operan en este parque industrial, uno de los más grandes del país, que pasó de contar con 35 mil a 28 mil empleados.
Dentro de este cataclismo aparecen casos paradigmáticos como Whirlpool que, a tres años de inaugurar su mega planta, cerró en noviembre último, afectando a 300 trabajadores y generando un efecto dominó en empresas del mismo parque que fabricaban partes para los lavarropas de la planta que cerró.
Más reciente es el caso de la empresa Moura, que cerró dos líneas de producción y ahora importará baterías de Brasil.
«No se puede competir cuando los costos internos, son mucho más altos que los valores de ingreso de los productos importados», dijo el presidente de la Cámara empresarial del Parque, Néstor Dolera, en referencia a los resultados del censo reciente realizado por la entidad en sus 200 empresas asociadas.
«Argentina no puede sostenerse sin producción; necesitamos que el cambio de escenario económico se concrete antes de que la rueda se frene por completo «, agregó el industrial.
En la cámara explicaron que, más allá de casos masivos como el de Whirlpool o Berry, muchos despidos se dieron por goteo, a razón de entre 10 y 30 trabajadores, como parte de un proceso de reducción de personal que va en sintonía con el derrumbe del consumo y de la producción, y la apertura importadora que habilitó el gobierno de Javier Milei.
Con ese cuadro, en el Pilar estiman que 2026 puede exponer una foto más dura que la del último semestre.
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Patricia Bullrich quiso que la empresa de ciberespionaje Palantir ingrese al país a través de un contrato con el gobierno argentino pero chocó de frente con Karina Milei.
El plan de la exministra era que Diego Valenzuela asumiera al frente de la Dirección de la Agencia de Seguridad Migratoria para firmar un convenio elaborado por ella misma y su pareja, Guillermo Yanco, con Peter Thiel, el dueño de la firma que procesa macrodatos a nivel mundial. Sin embargo, fuentes del Congreso dijeron a LPO que «Bullrich armó un contrato extralarge» con el objetivo de «hacer caja con Palantir», algo que habría despertado la curiosidad de la hermana del Presidente y los primos Martín y Lule Menem.
Por eso, dicen en el Senado, Valenzuela se quedó sin cargo. «Bullrich y Yanco solo pensaron en ellos y los bajaron», comentaron.
Pero la empresa de Thiel, manejada por Alex Karp y fondeada por la CIA, acecha la Argentina. Dedicada al análisis de macrodatos en Estados Unidos, también procesa la información del sistema de salud británico y trabaja en articulación con la inteligencia israelí.
Thiel se reunió con Javier Milei en noviembre de 2024 y elogió el rumbo del gobierno libertario. Ahora la oposición sospecha que la Casa Rosada le abriría sus puertas para reunir, sistematizar y aprovechar toda la información disponible sobre la ciudadanía en diversos organismos del Estado.
El fundamento para esa tremenda cesión de soberanía sería la de perseguir el terrorismo, uno de los objetivos contemplados en el decreto que empodera a la SIDE transgrediendo límites elementales de la Constitución nacional y que fue publicado el 2 de enero pasado.
En el artículo 15 de ese texto, se dispone la creación de la Comunidad Informativa Nacional (CIN), que concentra los datos guardados por las dependencias de la propia SIDE, la Cancillería, los ministerios de Justicia y Seguridad, el Renaper, la Dirección Nacional de Migraciones, el Centro Nacional de Ciberseguridad, la CONAE, la Autoridad Regulatoria Nuclear, la CNEA, el Renar, la Aduana y ARCA, entre otros.
Alex Karp, CEO de Palantir
El decreto, denunciado por la oposición como violatorio de las garantías constitucionales, no fue tratado por la Comisión de Trámite Legislativo durante el período de sesiones extraordinarias, pero ya podría ser debatido en recinto. Por el momento, el peronismo cree que no tiene los votos suficientes para voltearlo.
Por su parte, el diputado socialista Esteban Paulón le adelantó a LPO que la oposición reclamará información sobre los acuerdos que firmaron Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti, para adherir al Escudo de las Américas promovido por Donald Trump el fin de semana pasado. Los legisladores creen que el gobierno argentino puede estar a punto de habilitar el ingreso de Palantir al país, con la afectación de derechos civiles que eso implica.
De hecho, el software de la compañía de Thiel compila datos personales al instante, extrayéndolos de los teléfonos celulares, el contenido de las redes sociales y la información disponible en las carteras estatales que le abren.
La exministra de Seguridad quería a Diego Valenzuela en la Dirección de la Agencia de Seguridad Migratoria para ‘hacer caja con Palantir’, algo que habría despertado la curiosidad de la hermana del Presidente y los primos Martín y Lule Menem. Por eso, dicen en el Senado, Valenzuela se quedó sin cargo.
En Estados Unidos, el ICE se vale del flujo de datos que concentra Palantir para secuestrar y deportar inmigrantes. Además, Thiel tiene en su portfolio a la CIA, al Departamento de Seguridad Nacional, la NSA, el FBI, el cuerpo de Marines y la Fuerza Aérea.
Palantir también sirvió en el Reino Unido para detener opositores por «delitos de opinión», a partir de comentarios en redes sociales contra las incursiones del Ejército israelí en Gaza. La alarma crece.
Baviera, Hesse y Renania del Norte, tres de los 16 estados federales de Alemania, recurrieron a Palantir pero un grupo de ONG defensoras de los derechos civiles presentaron un recurso de inconstitucionalidad. «La evaluación ilimitada de datos vulnera el derecho fundamental a la autodeterminación informativa y el secreto de las telecomunicaciones garantizado por la Constitución alemana. Quien aparezca en el radar policial a través del llamado data mining, no será informado de ello. Según la legislación vigente, la policía bávara puede utilizar Palantir incluso si no existe una amenaza concreta», fue el argumento de las entidades que resisten a la corporación de Thiel.
La coalición gobernante en Alemania, por lo demás, comprende que «la política digital es política de poder». El portal DW señaló que el gobierno defiende «una Alemania digitalmente soberana», pero advirtió que «el ministro del Interior, Alexander Dobrindt (CSU), parece mantener una puerta abierta, ya que hasta ahora no ha descartado explícitamente la compra del Palantir para la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) ni para la Policía Federal».
Como sea, el eventual ingreso de la plataforma de Palantir a la Argentina trasciende las internas palaciegas del gobierno. Un diputado libertario admitió con suma preocupación: «Si viene Palantir, todo lo demás no importa porque cambia la forma de gobernarnos».
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