El Intendente Marcelo Orazi encabezó la entrega de las actas de toma de posesión de los terrenos a cuatro familias que hace más de 5 años habían sido evacuadas por riesgo de derrumbe de un sector de la barda norte.
Los lotes están ubicados en el barrio ARA San Juan, sector que cuenta con los servicios de electricidad domiciliaria y agua potable. La solución a la problemática de tantos años que venían atravesando estas familias llegó tras la propuesta del Ejecutivo que luego recibió el acompañamiento del Concejo Deliberante.
De esta manera, la gestión del Intendente Orazi materializa con la entrega de este documento el sueño de los vecinos de contar con su terreno para así avanzar y concretar la construcción de sus viviendas.
Durante la entrega de las carpetas Orazi estuvo acompañado por el Presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega, el Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur, el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros y el responsable del Departamento de Catastro y Tierras del municipio Javier Triviño.
En la oportunidad, el jefe comunal manifestó que “este es un momento de gran satisfacción, principalmente para ustedes que durante más de 5 años han vivido con incertidumbre. Primero con la incertidumbre que significaba estar en un lugar donde existía un peligro cierto de derrumbe y luego por vivir con sus familias en una vivienda alquilada”.
“Hoy con la entrega de las actas de toma de posesión de sus terrenos esta incertidumbre comienza a tener fin: es el comienzo de su sueño de contar con su propio hogar”, dijo.
El Gobierno prepara el anuncio para que Argentina ingrese al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TTP) conocido como TTP-11, un acuerdo comercial de gran alcance que vincula a Japón y Nueva Zelanda, junto con otros 10 países de la región Asia-Pacífico.
Este espacio comercial fue impulsado por Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama para potenciar el comercio en el Pacifico como forma de contención ante el avance de China. Mauricio Macri quiso sumarse pero no prosperó. Fue en el mismo momento del nacimiento de la Alianza del Pacífico que busca dividir lo que en ese momento era el bloque progresista.
El Tratado Transpacífico es un acuerdo de libre comercio entre países de la cuenca del Pacífico que busca reducir aranceles, facilitar inversiones y establecer reglas comunes sobre comercio, servicios, propiedad intelectual, medio ambiente y normas laborales.
Actualmente participan países como Japón, Canadá, Australia, México, Chile, Perú, Nueva Zelanda, Singapur, Vietnam, Malasia y Brunéi. El acuerdo original era el TPP (Trans-Pacific Partnership) e incluía a Estados Unidos pero en 2017, durante la presidencia de Donald Trump, Washington se retiró del pacto en el marco de su retirada a la estrategia globalista de parte del líder republicano.
Fuentes de cancillería explicaron a LPO que «el anuncio está bajo siete llaves» y «tiene como objetivos principales eliminar o reducir aranceles, facilitar exportaciones e importaciones, atraer inversiones, establecer reglas comunes para empresas, regular comercio digital y propiedad intelectual».
Fuentes de cancillería explicaron a LPO que «el anuncio está bajo siete llaves» y «tiene como objetivos principales eliminar o reducir aranceles, facilitar exportaciones e importaciones, atraer inversiones, establecer reglas comunes para empresas, regular comercio digital y propiedad intelectual
También, continúa este diplomático, «busca incluir compromisos laborales y ambientales Importancia geopolítica Además del aspecto económico, funciona como una herramienta de influencia estratégica en Asia-Pacífico, especialmente frente al peso creciente de China en el comercio global».
«China incluso mostró interés en sumarse, lo que podría cambiar el equilibrio regional. Para países como Chile, Perú y México, abre mercados y mejora acceso comercial a Asia.
Para Argentina y Brasil, que no participan, representa un desafío competitivo y también una referencia para futuras negociaciones comerciales. En síntesis: es uno de los acuerdos comerciales más importantes del mundo sin Estados Unidos, pero con fuerte impacto geopolítico global», agregó.
Uruguay, a través del canciller, Mario Lubetkin, anunció que su país fue aceptado por los países que integran el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico sin objeciones por parte de sus integrantes, para comenzar las negociaciones para ingresar al bloque.
El TTP reúne el 15% del producto bruto interno (PBI) mundial y a más de 595 millones de personas, lo que lo convierte en una de las mayores zonas de libre comercio del mundo; entre 2022 y 2024 representó cerca del 9% del total de las exportaciones de mercancías nacionales, es decir, unos 1.100 millones de dólares.
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La secretaria de Energía, María Tettamanti, intentó defender en el Congreso uno de los capítulos más sensibles del proyecto de «medidas energéticas» del gobierno. El texto combina dos decisiones explosivas: eliminar beneficios tarifarios para provincias con temperaturas extremas y avanzar con un esquema de perdón de deuda para las distribuidoras eléctricas privadas.
El corazón de la discusión pasa por Cammesa. Según informó la Jefatura de Gabinete al Congreso, las distribuidoras eléctricas acumulan una deuda total de USD 1.842 millones con la administradora del mercado eléctrico mayorista. Y el 69% de ese monto se concentra en Edenor, Edesur y el Grupo DESA.
La lista la encabeza Edenor con USD 438 millones. Le sigue Edesur, de la italiana Enel, con USD 345 millones. En tercer lugar aparecen Eden, Edes, Edelap, Edea y Edesa, todas pertenecientes al Grupo DESA con USD 474 millones acumulados entre todas.
El proyecto oficial busca permitir que esas empresas descuenten de sus deudas con Cammesa los supuestos ingresos que dejaron de percibir durante años de congelamiento tarifario. Es decir: el Estado dejaría de reclamar parte de la deuda a cambio de que las empresas renuncien a futuros juicios por «activos regulatorios».
La discusión tiene una carga política enorme porque el gobierno ya había intentado introducir una medida similar dentro del frustrado Presupuesto 2026, específicamente en el capítulo XI. En aquel momento no consiguió respaldo legislativo. Muchos diputados resistieron la idea de perdonar deuda multimillonaria a empresas privadas mientras se avanzaba con recortes de subsidios sobre usuarios residenciales.
El reclamo empresario viene atravesando todos los gobiernos desde hace dos décadas. Edenor y Edesur se lo reclamaron a Macri, incluso después de aumentos tarifarios que en algunos casos superaron el 2000% entre 2016 y 2019. Lo volvieron a plantear durante el congelamiento del gobierno de Alberto Fernández y ahora reaparece con Milei.
Además, el diseño del mecanismo volvió a encender suspicacias dentro del sector energético. La implementación quedaría bajo la órbita de Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica muy cercano a los hermanos Neuss, los grandes ganadores del dector durante el gobierno libertario.
En su exposición ante el plenario de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Tettamanti defendió el proyecto asegurando que durante las últimas dos décadas las distribuidoras operaron bajo emergencia tarifaria, con tarifas pesificadas y congeladas que les impidieron cubrir costos operativos, pagar energía a Cammesa e invertir para sostener la calidad del servicio.
La funcionaria argumentó que, frente a esa situación, las compañías sólo tuvieron una alternativa: endeudarse con Cammesa. «Se acumularon deudas millonarias», sostuvo. También recordó que el año pasado se firmaron acuerdos de refinanciación a 72 cuotas con períodos de gracia, pero advirtió que las tarifas actuales todavía «no permiten reconocer costos no recuperados del pasado».
El ex secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.
El problema es que ese reclamo empresario viene atravesando prácticamente todos los gobiernos desde hace dos décadas. Edenor y Edesur se lo reclamaron a Macri incluso después de aumentos tarifarios que en algunos casos superaron el 2000% entre 2016 y 2019. Lo volvieron a plantear durante el congelamiento del gobierno de Alberto Fernández y ahora reaparece con Milei, justamente después de que esta gestión impulsara una nueva revisión tarifaria que en teoría buscaba «normalizar» definitivamente el esquema de ingresos.
La escena tiene algo de rueda infinita. Cada revisión tarifaria promete cerrar el conflicto histórico. Pero el expediente vuelve siempre al mismo lugar: las empresas sostienen que las tarifas no alcanzan y reclaman compensaciones adicionales, mientras la deuda con Cammesa sigue creciendo como una bola de nieve que el propio Estado termina financiando.
Esa discusión además quedó golpeada por antecedentes incómodos. Durante la intervención del ENRE encabezada por Federico Basualdo, una auditoría sobre los acuerdos firmados en tiempos de Gustavo Lopetegui argumentó irregularidades en el cálculo de los «activos regulatorios». Según esa investigación, las valuaciones favorecían artificialmente a las distribuidoras, al punto de transformar empresas deudoras en acreedoras del Estado.
Como sea, en el sector energético muchos interpretan que el nuevo proyecto barre incluso con el argumento político que justificó la última revisión tarifaria impulsada por Milei. Si aquella recomposición extraordinaria de ingresos no alcanzó para cerrar el reclamo histórico de las distribuidoras, entonces la discusión ya no parece tener punto final.
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