El Intendente Marcelo Orazi encabezó la entrega de las actas de toma de posesión de los terrenos a cuatro familias que hace más de 5 años habían sido evacuadas por riesgo de derrumbe de un sector de la barda norte.
Los lotes están ubicados en el barrio ARA San Juan, sector que cuenta con los servicios de electricidad domiciliaria y agua potable. La solución a la problemática de tantos años que venían atravesando estas familias llegó tras la propuesta del Ejecutivo que luego recibió el acompañamiento del Concejo Deliberante.
De esta manera, la gestión del Intendente Orazi materializa con la entrega de este documento el sueño de los vecinos de contar con su terreno para así avanzar y concretar la construcción de sus viviendas.
Durante la entrega de las carpetas Orazi estuvo acompañado por el Presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega, el Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur, el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros y el responsable del Departamento de Catastro y Tierras del municipio Javier Triviño.
En la oportunidad, el jefe comunal manifestó que “este es un momento de gran satisfacción, principalmente para ustedes que durante más de 5 años han vivido con incertidumbre. Primero con la incertidumbre que significaba estar en un lugar donde existía un peligro cierto de derrumbe y luego por vivir con sus familias en una vivienda alquilada”.
“Hoy con la entrega de las actas de toma de posesión de sus terrenos esta incertidumbre comienza a tener fin: es el comienzo de su sueño de contar con su propio hogar”, dijo.
En un duro revés político para Donald Trump, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles una resolución que busca restringir la capacidad de la Casa Blanca para continuar las operaciones militares contra Irán sin autorización expresa del Congreso.
La medida fue aprobada por 215 votos a favor y 208 en contra, convirtiéndose en la primera iniciativa legislativa exitosa contra la estrategia bélica de Trump desde el inicio del conflicto hace más de tres meses.
La resolución, impulsada por legisladores demócratas y respaldada por un pequeño grupo de republicanos, invoca la War Powers Resolution de 1973, una ley diseñada para limitar el poder presidencial de involucrar al país en conflictos armados sin la aprobación del Congreso.
El texto exige que Estados Unidos cese las hostilidades contra Irán salvo que exista una declaración formal de guerra o una autorización específica del Poder Legislativo. La votación representa un cambio significativo respecto de intentos anteriores que habían fracasado por estrecho margen. En marzo, una iniciativa similar fue derrotada por 219 a 212 votos, mientras que en mayo otra propuesta terminó empatada 212 a 212.
Esto confirma el creciente desgaste político del capital de Trump por una guerra que dijo que duraría 4 o 5 semanas y ya lleva tres meses sin indicios de resolución. Además, generó un aumento de los costos de combustibles y un repunte de la inflación.
La resolución, impulsada por legisladores demócratas y respaldada por un pequeño grupo de republicanos, invoca la War Powers Resolution de 1973, una ley diseñada para limitar el poder presidencial de involucrar al país en conflictos armados sin la aprobación del Congreso
El presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, había postergado previamente el debate para evitar una derrota de la Casa Blanca. Sin embargo, la presión bipartidista y el deterioro del apoyo al conflicto hicieron inevitable la votación.
Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes.
El secretario de Estado, Marco Rubio, cuestionó la iniciativa y advirtió que podría ser interpretada por Teherán como una señal de debilidad estadounidense. Rubio sostuvo ante el Congreso que limitar las opciones militares de Washington podría fortalecer la posición negociadora iraní en medio de las conversaciones diplomáticas que continúan paralelamente al conflicto.
Pese al impacto político de la votación, el futuro de la resolución sigue siendo incierto. La medida deberá ser considerada por el Senado, donde ya existen señales de creciente descontento con la guerra, aunque todavía no está garantizada su aprobación definitiva. Incluso si superara ese obstáculo, enfrentaría la probable oposición de Trump mediante un veto presidencial.
Más allá de sus efectos prácticos inmediatos, la votación marca uno de los mayores cuestionamientos institucionales a la política exterior de Trump en su segundo mandato y reabre el histórico debate sobre quién debe tener la última palabra cuando Estados Unidos entra en una guerra: el presidente o el Congreso.
Una encuesta de Carlos Sicchar, uno de los consultores que suele trabajar para el oficialismo cordobés, encendió luces amarillas en El Panal: Martín Llaryora conserva un núcleo duro, pero una eventual unificación opositora pondría a la reelección del gobernador en un escenario de máxima tensión política.
El trabajo, realizado entre el 16 y el 18 de mayo sobre 1.000 casos en toda la provincia, muestra un dato que inquieta al Gobierno: aunque Llaryora sigue siendo el dirigente con mayor intención de voto individual, la fragmentación opositora es hoy su principal aliada.
En el escenario de «todos contra todos», el gobernador alcanza 31% de intención de voto, mientras que Luis Juez aparece con 14%, Rodrigo de Loredo con 9% y Gabriel Bornoroni con 4%. Más atrás quedan la izquierda y García Elorrio, ambos con 3%. Pero el dato central está en otro lado: el 13% todavía no sabe a quién votar y otro 9% asegura que votaría en blanco.
En otras palabras, si Juez, De Loredo y La Libertad Avanza lograran confluir en un armado común, la suma opositora quedaría prácticamente en línea con el gobernador y abriría una pelea completamente distinta hacia 2027.
Llaryora tiene piso, pero la gran duda es cuál es su techo. Sicchar lo plantea de manera explícita en las conclusiones preliminares del informe: «Martín Llaryora logra retener su núcleo duro, estableciendo un piso competitivo sólido».
Ese dato explica buena parte de la estrategia política que viene desplegando el gobernador desde comienzos de año. Mientras el Gobierno de Milei profundiza el ajuste, Llaryora aceleró las recorridas por el interior provincial, reforzó el vínculo con intendentes y volvió a poner el eje en la gestión territorial.
En El Panal, se baraja como principal hipótesis adelantar las elecciones provinciales para abril o mayo de 2027. Pese al poco tiempo, consideran que todavía hay tiempo para reconstruir una mayoría electoral más amplia. Pero admiten que el desafío ya no pasa solamente por conservar el aparato político que construyó el peronismo cordobés en más de dos décadas de poder. Ahora necesitan reconectar con sectores medios que comenzaron a tomar distancia.
La encuesta ofrece una pista precisa sobre dónde está ese problema.
El segmento de indecisos aparece concentrado principalmente en mujeres, menores de 30 años y hogares de ingresos medio-bajos. El 57% de los indecisos son mujeres y el 31% tiene entre 16 y 30 años. Además, la mayor parte pertenece a hogares que no logran superar cómodamente la línea de pobreza.
Ese universo es justamente el que más sufrió el deterioro económico de los últimos meses.
El informe también registra un cambio importante en el clima político general de Córdoba. Javier Milei, que había alcanzado niveles de aprobación cercanos al 61% a comienzos de año, cayó al 48%, mientras que la desaprobación subió al 46%.
En cambio, Llaryora logró sostener su evaluación positiva pese a las crisis con docentes, jubilados y las altas tarifas de luz y agua. Según el estudio, el gobernador tiene 49% de aprobación y 42% de desaprobación, mejorando incluso cuatro puntos su imagen negativa respecto de la medición anterior.
Ese diferencial es el principal activo político del cordobesismo: la percepción de gestión provincial todavía resiste mejor que la evaluación nacional.
Pero el problema para el oficialismo es que la oposición, aun desordenada, empieza a detectar que existe una oportunidad real de disputar el poder.
Luis Juez conserva volumen político después de haber quedado a apenas tres puntos de derrotar al PJ en 2023. Rodrigo de Loredo sigue siendo el radical con mejor instalación provincial y apuesta a un perfil menos confrontativo. Y Gabriel Bornoroni intenta capitalizar el peso electoral que todavía mantiene Milei en Córdoba y convertirse en el armador de una coalición libertaria-pro. La pelota está en esa cancha.
La encuesta de Sicchar deja otro mensaje para Llaryora: el gobernador deberá seducir a ese electorado independiente, joven y golpeado económicamente que hoy mira la política con distancia y todavía no decidió su voto.
El peronismo salvó el pliego de Emilio Rosatti para convertirlo en juez del tribunal federal de Santa Fe, cuando la sesión se les iba de las manos a Bartolomé Abdala y Patricia Bullrich por haber aceptado que Juan Bautista Mahiques colara 23 dictámenes que no habían sido conversados en Labor Parlamentaria. La suerte del hijo de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, estuvo a punto de ser arrasada cuando José Mayans y Juliana di Tullio detonaron la lista de magistrados que el ministro de Justicia había metido por la ventana.
Sin embargo, el plan requirió muñeca política para no irritar a Cristina Kirchner, que cumple prisión domiciliaria por la decisión del máximo tribunal de no revisar la sentencia confirmada en su contra por la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad.
La aprobación del ascenso de Rosatti constituyó este jueves el segundo gesto de distanciamiento de un sector del peronismo contra la narrativa del kirchnerismo sobre la proscripción de la ex Presidenta, después de la votación en la que se partió la bancada para respaldar mayoritariamente la prórroga de Carlos «Coco» Mahiques, padre del ministro de Justicia.
Si bien a Mahiques lo apoyaron 14 de los 25 integrantes del interbloque de Mayans, a Rosatti lo respaldaron tres, entre el voto favorable de la fueguina Cándida Cristina López y las oportunas ausencias del santafecino Marcelo Lewandowski, y el entrerriano Adán Bahl, que se retiraron del recinto antes de la votación. Los otros dos que no estuvieron presentes, aunque durante toda la jornada, fueron la riojana Florencia López y Mariano Recalde, alto dirigente de La Cámpora y miembro del Consejo de la Magistratura.
Para salvar a Rosatti, los legisladores del interbloque liderado por el formoseño contribuyeron para juntar dos tercios y modificar el orden del día, la hoja de ruta de la sesión. Patricia Bullrich se vio obligada a pedir un cuarto intermedio para organizar la maniobra, con el objetivo de negociar con Mayans y los aliados del gobierno cómo seguiría la jornada pero, al mismo tiempo, debió convencer a Karina de incluir el pliego de María Michelli, la cuñada de Alconada Mon.
La jugada se concretó porque Mayans reflotó la idea de votar por dos tercios que le había propuesto a Bullrich en la reunión que mantuvieron este miércoles, junto a todos los presidentes de bloque. «Si son tan guapos, juntemos los dos tercios y votemos todos los pliegos», les gritó a los legisladores de LLA en medio del revuelo.
Mariano Recalde.
Esa frase, que profirió como si estuviera jugando al truco, escondía en realidad que sin el respaldo de los peronistas, ninguna iniciativa llega a dos tercios. El formoseño lidera un grupo de 25 sobre 72 integrantes de la Cámara Alta.
Por eso, el resultado de la votación del dictamen de Rosatti fue de 44 por la afirmativa y 20 por la negativa pero el verdadero propósito de los peronistas era causarle un daño a Javier Milei con la aprobación del pliego de Michelli, aún cuando su perfil no fuera de su agrado. Ya en la previa, un importante senador del kirchnerismo le dijo a LPO: «Estamos dando la discusión en el bloque, porque no estamos todos de acuerdo, pero somos muchos los que creemos que tenemos que votar a la jueza para perjudicar al gobierno en su interna».
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