El Intendente Marcelo Orazi encabezó la entrega de las actas de toma de posesión de los terrenos a cuatro familias que hace más de 5 años habían sido evacuadas por riesgo de derrumbe de un sector de la barda norte.
Los lotes están ubicados en el barrio ARA San Juan, sector que cuenta con los servicios de electricidad domiciliaria y agua potable. La solución a la problemática de tantos años que venían atravesando estas familias llegó tras la propuesta del Ejecutivo que luego recibió el acompañamiento del Concejo Deliberante.
De esta manera, la gestión del Intendente Orazi materializa con la entrega de este documento el sueño de los vecinos de contar con su terreno para así avanzar y concretar la construcción de sus viviendas.
Durante la entrega de las carpetas Orazi estuvo acompañado por el Presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega, el Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur, el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros y el responsable del Departamento de Catastro y Tierras del municipio Javier Triviño.
En la oportunidad, el jefe comunal manifestó que “este es un momento de gran satisfacción, principalmente para ustedes que durante más de 5 años han vivido con incertidumbre. Primero con la incertidumbre que significaba estar en un lugar donde existía un peligro cierto de derrumbe y luego por vivir con sus familias en una vivienda alquilada”.
“Hoy con la entrega de las actas de toma de posesión de sus terrenos esta incertidumbre comienza a tener fin: es el comienzo de su sueño de contar con su propio hogar”, dijo.
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina informa que comienza la preinscripción para el ‘Nivel 2: Bartender Avanzado’ del programa de capacitaciones ‘Sabores del Valle’. La información está disponible en la página web de la Municipalidad sección APRENDER en el siguiente link: https://aprender.villaregina.gob.ar/courses/sabores-del-valle-cocteleria-y-bartender/ La presente edición tiene una duración de 2 meses…
Justina le dijo a su papá: «Hagamos algo no solo por mí, ayudemos a todos los que podamos», era su misión, ella nos estaba abriendo a un mundo de generosidad impresionante sin saber cuál era el final. Ese final, duro e inexplicable, nos golpeó, nos hirió. Pero, de a poco, también nos está ayudando a…
Mario Ishii presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para declarar la emergencia alimentaria por un plazo de 18 meses. Su proyecto de ley surgió a partir de la decisión de Andrés Larroque de recortar el programa Mesa, una asistencia de módulos alimentarios que reciben familias de estudiantes en situación de vulnerabilidad.
El proyecto de Ishii no escapa a la interna. No apunta a la situación de ajuste que enfrenta la provincia de Buenos Aires por parte del gobierno de Javier Milei. De hecho, no menciona al presidente en ningún párrafo de los fundamentos.
«La provincia atraviesa un escenario de extrema gravedad social, caracterizado por el deterioro acelerado de las condiciones de vida y el aumento sostenido de la vulnerabilidad», dice el texto de Ishii. Además insta al gobierno de Kicillof a reasignar sus recursos «con criterios de estricta prioridad social» y pide que el acceso a la alimentación «prevalezca por sobre la ejecución de obras o erogaciones que no resultan esenciales o urgentes».
Mario Ishii.
Larroque respondió al proyecto de Ishii con un reclamo dirigido a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para que salde la deuda acumulada con la provincia, que, según afirmó, asciende a más de $ 220.000 millones.
El ministro bonaerense pidió esos recursos para el programa MESA como también la revisión y actualización de los montos propuestas para el financiamiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE) correspondientes a este año.
Larroque planteó que el contexto social actual presenta «niveles críticos» que requieren el fortalecimiento de las políticas alimentarias. Dijo que en la provincia reside el 38% de la población total del país, un dato que revela «la responsabilidad compartida que debe asumir el Estado Nacional».
Hemos presentado un reclamo formal a la ministra de Capital Humano de la Nación Sandra Pettovello, instando a saldar la deuda acumulada que mantiene el Estado nacional con la Provincia desde el 2024 por el Servicio Alimentario Escolar que asciende a más de $220.000 millones…. pic.twitter.com/ZcQERAw90P
En las últimas horas, los intendentes recibieron la noticia de recortes en el programa MESA, un dispositivo de asistencia alimentaria que se implementa en la provincia de Buenos Aires como complemento del SAE y que consiste en la entrega mensual de módulos con productos secos destinados a las familias de estudiantes que asisten a escuelas públicas.
La iniciativa surgió en el contexto de la pandemia, cuando la suspensión de la presencialidad obligó a reemplazar el esquema tradicional de comedores escolares por un sistema de entrega directa de alimentos. Con el regreso a las aulas, el programa se mantuvo como una herramienta adicional dentro de la política alimentaria bonaerense.
Actualmente, la distribución de los módulos se canaliza a través de las instituciones educativas y se articula con el ministerio de Desarrollo de la Comunidad, los municipios y los consejos escolares.
La sospecha de soja transgénica HB4 en un cargamento argentino encendió las alarmas del complejo agroexportador y expuso nuevamente las debilidades de los controles en argentina. El tema se está investigando en los Países Bajos donde llegó un barco con harina de soja que estaría contaminada con el grano patentado por Bioceres que está prohibido en el viejo continente.
El episodio generó temor entre exportadores por posibles rechazos y un endurecimiento de controles que termine afectando el acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE que después de décadas comenzaba a formalizarse.
En el sector agroexportador reconocen que desde hace semanas agricultores, acopios y terminales portuarias trabajan para aislar la soja HB4 del circuito destinado a Europa y evitar una contaminación cruzada que complique operaciones multimillonarias.
Sin embargo, detrás de la alarma aparece un tema recurrente que tiene que ver con el vaciamiento de los controles estatales en los puertos y la creciente privatización de las inspecciones sanitarias.
El problema salta en medio del desguace de los controles estatales impulsado por el ministro de desregulación Federico Sturzenegger. Por ello, el SENASA dejó de realizar los controles físicos en puertos y buques y las tareas fueron delegadas a empresas privadas sin ningún tipo de auditoría.
En rigor, desde el gobierno de Mauricio Macri que se comenzó con el plan de desregulación estatal se le fue reduciendo el campo de acción al SENASA. En ese momento aparecieron en la zona portuaria muchas empresas privadas que buscaban entrar en el jugoso negocio donde la tarifa por la inspección de cada bodega de barco supera los cuatro mil dólares.
Desde el gobierno de Mauricio Macri que se comenzó con el plan de desregulación estatal se le fue reduciendo el campo de acción al SENASA. En ese momento aparecieron en la zona portuaria muchas empresas privadas que buscaban entrar en el jugoso negocio donde la tarifa por la inspección de cada bodega de barco supera los cuatro mil dólares
En el gobierno de Alberto Fernández el SENASA recuperó las tareas de supervisión y se obligó a los privados a inscribirse en el RITE -Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades- dependiente de la Oficina Anticorrupción. El registro era obligatorio para todas las operadoras en puertos que realizaban tareas de control, certificación o asistencia sanitarias.
Pero con la panacea libertaria se profundizó el vaciamiento de organismos de controles y «el Estado terminó convertido en un convidado de piedra», resumió un especialista en comercio exterior que habló con LPO.
Previo al desguace, los inspectores del SENASA subían a las bodegas de los buques y verificaban las condiciones sanitarias de las bodegas, los olores, restos de mercadería, contaminación, limpieza y estado general del compartimiento. Todo quedaba asentado en actas oficiales y registrado en el sistema del organismo.
En caso de controversias entre el capitán del barco, exportadores y el inspector estatal, las diferencias se resolvían en instancias administrativas con documentación respaldatoria y trazabilidad de cada inspección: «Si una bodega estaba sucia, tenía restos o no cumplía condiciones, quedaba asentado. Hoy eso prácticamente desapareció», sostuvo una fuente del organismo.
Ahora, el problema es que el Estado emite certificados sobre controles que ya no realiza en un esquema donde los controladores son empresas privadas contratadas por quienes deben ser auditados.
En el complejo agroexportador temen que el episodio HB4 podría convertirse en un caso testigo sobre los riesgos de flexibilizar controles en un mercado internacional cada vez más exigente.
El propietario de la finca que Manuel Adorni utilizó en el exclusivo barrio Indio Cuá declaró ante la justicia que el funcionario pagó la totalidad del alquiler en billetes estadounidenses y sin rastro bancario. Un nuevo capítulo en la causa por enriquecimiento ilícito que acorrala al vocero convertido en Jefe de Gabinete.
Por Tomás Palazzo para NLI
Mientras el discurso oficial predica la austeridad y el «no hay plata», la realidad en los tribunales de Comodoro Py describe un escenario de billetes termo-sellados y transacciones a la sombra. José Luis Rodríguez, propietario de la vivienda que Manuel Adorni alquiló en el country Indio Cuá, declaró bajo juramento ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que el actual Jefe de Gabinete abonó la suma de 15.400 dólares en efectivo.
Contratos de palabra y «verdes» sobre la mesa
La declaración testimonial de Rodríguez se suma a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Según detalló el testigo, el contrato original se firmó por un año con un valor de 13.000 dólares, abonados íntegramente en «cash». Al finalizar dicho periodo, y debido a que las fastuosas reformas en la nueva propiedad de Adorni no habían concluido, se pactó una prórroga de tres meses mediante un «acuerdo de palabra» por otros 2.400 dólares (800 dólares mensuales), también entregados en mano.
Este movimiento de divisas se dio en paralelo a la remodelación que el contratista Matías Tabar realizó en la casa propia del funcionario dentro del mismo barrio, obra que —según declaró el propio Tabar— tuvo un costo de 245.000 dólares, también pagados en billetes y sin facturación alguna.
Los números que no cierran
La justicia federal intenta determinar si estos gastos suntuarios y el manejo de grandes sumas de moneda extranjera en efectivo se condicen con los ingresos declarados por Adorni ante la Oficina Anticorrupción.
Para la fiscalía, el patrón es repetitivo: pagos en dólares, ausencia de transferencias bancarias y acuerdos informales que esquivan cualquier control fiscal. Mientras la sociedad argentina se debate en una recesión histórica, el Jefe de Gabinete parece haber encontrado la fórmula de la abundancia, aunque sus explicaciones ante el fiscal Pollicita sigan siendo, por ahora, tan informales como sus contratos de alquiler.
La Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina informa que se encuentra vigente la Ordenanza N° 026/21 mediante la cual se prorroga de manera preventiva y con carácter excepcional por el término de 180 días corridos a partir de su fecha de vencimiento, las licencias de conducir nacionales y municipales,…
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