El Intendente Marcelo Orazi encabezó la entrega de las actas de toma de posesión de los terrenos a cuatro familias que hace más de 5 años habían sido evacuadas por riesgo de derrumbe de un sector de la barda norte.
Los lotes están ubicados en el barrio ARA San Juan, sector que cuenta con los servicios de electricidad domiciliaria y agua potable. La solución a la problemática de tantos años que venían atravesando estas familias llegó tras la propuesta del Ejecutivo que luego recibió el acompañamiento del Concejo Deliberante.
De esta manera, la gestión del Intendente Orazi materializa con la entrega de este documento el sueño de los vecinos de contar con su terreno para así avanzar y concretar la construcción de sus viviendas.
Durante la entrega de las carpetas Orazi estuvo acompañado por el Presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega, el Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur, el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros y el responsable del Departamento de Catastro y Tierras del municipio Javier Triviño.
En la oportunidad, el jefe comunal manifestó que “este es un momento de gran satisfacción, principalmente para ustedes que durante más de 5 años han vivido con incertidumbre. Primero con la incertidumbre que significaba estar en un lugar donde existía un peligro cierto de derrumbe y luego por vivir con sus familias en una vivienda alquilada”.
“Hoy con la entrega de las actas de toma de posesión de sus terrenos esta incertidumbre comienza a tener fin: es el comienzo de su sueño de contar con su propio hogar”, dijo.
Podrán circular las personas exceptuadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20. Por razones de salubridad general, el Gobierno Provincial dispuso la restricción temporal del ingreso de personas no residentes en Río Negro a través de los accesos habilitados con la provincia de Neuquén. La restricción, que tendrá vigencia entre las 00 horas…
El Gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial el Decreto 812/2025, que desmantela las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y libera completamente el mercado. La medida, presentada bajo el argumento de «modernización», abre un escenario crítico: favorece a los grandes molinos, deja a miles de pequeños productores sin protección y anticipa subas en góndola ante la concentración del negocio.
Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable
Un decreto que cambia todo
El flamante Decreto 812/2025, publicado esta mañana, modifica de raíz el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate. A partir de ahora, el INYM tiene prohibido intervenir en precios, cupos de plantación, regulaciones de oferta, normas que ordenen la cadena productiva o cualquier decisión que pueda “distorsionar el mercado”.
En criollo, se le quita al INYM su razón de ser desde 2002, que era equilibrar la relación entre productores, cooperativas e industrias, y evitar abusos en un sector históricamente marcado por asimetrías brutales.
La palabra prohibida: precios
El nuevo artículo 8 del Decreto 1240/2002 —reemplazado por esta norma— establece que el INYM no podrá dictar normas que afecten la libre interacción de oferta y demanda.
Esto implica que:
el INYM no podrá fijar el precio de la hoja verde ni de la yerba canchada;
tampoco podrá establecer precios mínimos para evitar que los molinos paguen valores de ruina;
desaparece el único mecanismo institucional que protegía el ingreso de los productores chicos.
Hasta hoy, la fijación semestral de precios era la herramienta que impedía que los grandes jugadores impusieran la tarifa a su conveniencia. Con el decreto, esa barrera desaparece.
El golpe silencioso: derogación masiva
El artículo 3 del decreto deroga los artículos 9, 11 al 19 del Decreto 1240/02. O sea:
controles sobre plantaciones,
facultades de ordenamiento del mercado,
mecanismos de transparencia,
atribuciones de control económico,
y los procedimientos con los que el INYM equilibraba la cadena productiva.
Se desarma toda la estructura pública que sostenía a los productores familiares.
La concentración que viene (o que ya llegó)
En la cadena yerbatera conviven:
más de 12.000 pequeños productores,
cooperativas y secaderos medianos,
y un puñado de grandes molinos que controlan buena parte del mercado.
Sin regulaciones:
los pequeños productores pierden poder de negociación,
los molinos podrán imponer precios cada vez más bajos en tranquera,
y se profundiza una tendencia estructural: concentración y desplazamiento de productores familiares.
El INYM nació precisamente para evitar este escenario después de la crisis del sector en los años 90, cuando la desregulación había generado valores de miseria y abandono de chacras. El decreto de Milei retrocede dos décadas de protección y devuelve al sector a esa lógica.
¿Bajarán los precios al consumidor? Todo lo contrario
Aunque el Gobierno promueve el decreto con la promesa de “libre competencia”, la evidencia histórica del mercado yerbatero muestra lo siguiente:
Cuando baja el precio que reciben los productores, no baja el precio en góndola.
Cuando los molinos concentran el negocio, los precios suben, no bajan.
En los 90 —última gran desregulación— se pagaba una miseria por la hoja verde y el paquete de yerba aumentaba igual.
La yerba es un bien cultural, de consumo masivo y con una estructura oligopólica. En mercados así, la desregulación no genera competencia: genera abuso de posición dominante.
Por eso, el decreto no solo perjudica a quienes producen: también amenaza con nuevas subas en la góndola.
Un organismo reducido a control de calidad
El decreto ordena además que, en 30 días, el INYM revise y derogue toda norma que contradiga el nuevo esquema. Es decir, en un mes el Instituto quedará reducido prácticamente a:
certificaciones de calidad,
registros administrativos,
y funciones técnicas menores.
La institución que equilibraba la cadena yerbatera durante más de 20 años queda convertida en un ente simbólico, sin herramientas para defender a los pequeños productores ni garantizar prácticas leales en un mercado hiperconcentrado.
Un tiro en el corazón de las economías regionales
La yerba mate es el motor económico de Misiones y parte de Corrientes. Miles de familias viven de chacras pequeñas que solo subsisten si existe un precio justo y reglas claras.
Con este decreto:
se debilita la economía familiar,
se favorece a los molinos más grandes,
se facilita la concentración,
se reduce la transparencia del mercado,
y se abre la puerta a aumentos en góndola que pagarán los consumidores de todo el país.
La “modernización” proclamada por Milei es, en los hechos, una desregulación feroz que profundiza desigualdades y rompe un equilibrio que llevó décadas construir.
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