El Intendente Marcelo Orazi encabezó la entrega de las actas de toma de posesión de los terrenos a cuatro familias que hace más de 5 años habían sido evacuadas por riesgo de derrumbe de un sector de la barda norte.
Los lotes están ubicados en el barrio ARA San Juan, sector que cuenta con los servicios de electricidad domiciliaria y agua potable. La solución a la problemática de tantos años que venían atravesando estas familias llegó tras la propuesta del Ejecutivo que luego recibió el acompañamiento del Concejo Deliberante.
De esta manera, la gestión del Intendente Orazi materializa con la entrega de este documento el sueño de los vecinos de contar con su terreno para así avanzar y concretar la construcción de sus viviendas.
Durante la entrega de las carpetas Orazi estuvo acompañado por el Presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega, el Secretario de Gobierno Guillermo Carricavur, el Secretario de Coordinación Ariel Oliveros y el responsable del Departamento de Catastro y Tierras del municipio Javier Triviño.
En la oportunidad, el jefe comunal manifestó que “este es un momento de gran satisfacción, principalmente para ustedes que durante más de 5 años han vivido con incertidumbre. Primero con la incertidumbre que significaba estar en un lugar donde existía un peligro cierto de derrumbe y luego por vivir con sus familias en una vivienda alquilada”.
“Hoy con la entrega de las actas de toma de posesión de sus terrenos esta incertidumbre comienza a tener fin: es el comienzo de su sueño de contar con su propio hogar”, dijo.
Las cinco fuerzas federales llevarán a cabo una inédita protesta el próximo 2 de abril en reclamo a los bajos salarios. Es la primera vez en la historia que miembros de Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal y Policía Federal convocan de manera conjunta a una protesta, que en este caso consistirá en un abrazo solidario en el edificio Centinela de Retiro, sede de la Gendarmería.
La situación de los efectivos de seguridad, exhibe una profunda contradicción con la narrativa del gobierno que, por un lado, dice «cuidar a quienes nos cuidan» y por el otro paga salarios por debajo de la línea de la pobreza a los efectivos, que tienen que buscar un trabajo alternativo para llegar a fin de mes, como manejar un Uber.
Si a esto se le suma la crisis de la obra social Iosfa, el combo es explosivo. Los integrantes d elas fuerzas de seguridad habían pasado a la obra social de los militares que vació el ex ministro Luis Petri, dejándola en una situación tan terminal que fue necesario liquidarla. Ahora el gobierno la dividió en dos: OSFFESEG para las fuerzas de seguridad y OSFA para los militares. Y prometió un plan muy básico de OSDE para gendarmes y prefectos. Pero todo está en el aire. La realidad es que los uniformados están casi sin prestación médica. «Los grupos de Whasapp están en llamas», confirmó a LPO un uniformado.
La ex ministra Patricia Bullrich benefició a los jefes de la Gendarmería por su relación personal con el jefe de la fuerza, Claudio Miguel Brilloni. Esto tuvo un doble efecto que está eclosionando ahora: generó un malestar en los rangos bajos que no fueron alcanzados por la mejora salarial, y bronca en el resto de las fuerzas que se sintieron discriminadas.
La situación de los efectivos de seguridad, exhibe una profunda contradicción con la narrativa del gobierno que, por un lado, dice «cuidar a quienes nos cuidan» y por el otro paga salarios por debajo de la línea de la pobreza a los efectivos, que tienen que buscar un trabajo alternativo para llegar a fin de mes, como manejar un Uber.
Pero la preocupación más fuerte que corre por estas horas en la Casa Rosada apunta a la cuestionada ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a quien señala como una «académica» sin capacidad de conducción de las fuerzas.
«Monteoliva no tiene don de mando y puso como segundo a un chico que no entiende donde está», explicó a LPO un experto en seguridad con paso por varias gestiones.
El volante convocando a la protesta que circula en los grupos de Whatsapp y las redes.
Existe además un antecedente que genera escalofríos en el Gobierno. Algunos funcionarios de primer nivel recuerdan que fue la misma Monteoliva la que conducía el ministerio de Seguridad de Córdoba cuando el 3 y 4 de diciembre de 2013, la Policía se acuarteló y la Capital provincial vivió horas dramáticas. Por este hecho, la ministra fue eyectada del cargo.
A la crisis de los salarios, hay que sumar la interna de la ministra de Seguridad con un su ex jefa Bullrich porque la ministra decidió cerrar filas con Karina Milei en su feroz interna con la actual senadora. En el marco de esta disputa es que Bullrich cuestionó la represión a un camarógrafo de A24 en una marcha contra la Ley de Glaciares. Como derivada de esa tensión, Monteoliva tiene un enfrentamiento durísimo con el jefe de la Gendarmería, Brilloni.
Otro ejemplo de la gestión errática de Alejandra Monteoliva se produjo semanas atrás cuando la ministra levantó o dejó que levanten la custodia de las fuerzas federales a 60 establecimientos vinculados a la colectividad judía en la Capital y encendió protestas -por ahora reservadas- de la DAIA.
El timing de Monteoliva no podía ser peor: la decisión se tomó justo cuando Irán catalogó a Javier Milei como enemigo y en la semana del aniversario del atentado a la embajada de Israel.
Lo más preocupante del caso es que la ministra, ante la revelación exclusiva de LPO, negó el hecho y una simple constatación personal en la sede de la DAIA le hubiera permitido confirmar su veracidad. «O miente o no le informan, que sería peor», afirmó a LPO un funcionario al tanto de las tensiones que levantó el caso.
Con mucho éxito se vivió la tercera Caminata Recreativa desarrollada por las direcciones de Deportes y Turismo de la Municipalidad de Villa Regina.En esta oportunidad nuevamente cerca de 30 reginenses y visitantes recorrieron un sendero particularmente diseñado para dicha actividad en la Isla 58.La misma consistió en una combinación de calentamiento previo, caminata guiada por…
En la licitación para la concesión por 20 años del corredor de la autopista Ricchieri, el Gobierno corrió de competencia a la estatal bonaerense Aubasa y, de las 11 ofertas en pugna, dejó en carrera a seis. Entre ellas, sorprendió la presencia de CPC, de Cristóbal López.
Dentro de las licitaciones de la Red Federal de Concesiones que Toto Caputo pretende tener adjudicadas antes de mitad de año, la constructora del empresario patagónico vinculado al kirchnerismo también pasó el filtro para el tramo de la Ruta Nacional 5 que conecta el oeste bonaerense con Santa Rosa, La Pampa.
Según se desprende del dictamen de preclasificación al que tuvo acceso LPO (ver abajo), las ofertas de CPC -que hizo de manera conjunta con Clear Petroleum- fueron admitidas pese a la medida cautelar informada respecto de esa firma. Para el aval, se citó la sentencia que declaró concluido el concurso preventivo.
Distinta fue la consideración que tuvieron en el Ministerio de Economía con Aubasa, a la que objetaron argumentando que la documentación de la estatal bonaerense «da cuenta de tareas de operación, pero no acredita la ejecución material de obras con recursos y estructura propia, en los términos exigidos por el pliego».
En el Gobierno aducen que ese requisito apunta a que se trate de una empresa que ejecute efectivamente las obras por sí misma y no de contratistas que las tercericen. También, acusaron que la oferta de Aubasa presentó un «incumplimiento de los requisitos económico-financieros».
Pero en la administración de Axel Kicillof hablan de una «exclusión arbitraria». La empresa estatal que comanda el massista José Arteaga refutaron los argumentos de la Secretaría de Transporte nacional y marcaron que Aubasa «viene ejecutando un plan de obras inédito en sus rutas de concesión actual»
Sobre el aspecto económico-financiero, en la Provincia acusaron «deficiencias metodológicas y omisiones relevantes en la evaluación», incluyendo la falta de consideración de documentación «presentada en tiempo y forma» por la empresa, así como «la ausencia de una fundamentación clara de los criterios utilizados».
En el sector miran con atención el avance en esta licitación de la constructora de Cristóbal López y lo leen como señales de un diálogo abierto entre el gobierno libertario y el dueño del Grupo Indalo.
«Se observa una posible afectación al principio de igualdad de trato, en tanto se habría aplicado a Aubasa un criterio más restrictivo que el utilizado respecto de otros oferentes», denunciaron en la empresa estatal bonaerense que presentó una impugnación que puede generar una dilación del proceso licitatorio de esta etapa.
En el sector miran con atención el avance en esta licitación de la constructora de Cristóbal López y lo leen como señales de un diálogo abierto entre el gobierno libertario y el dueño del Grupo Indalo.
En esa clave hay quienes también observan las negociaciones que encaran con Milei Ricardo Benedicto, Manuel Lao y Federico de Achával para traspasar por decreto los barcos casino y el Hipódromo de Palermo a la órbita nacional, como reveló LPO.
Sucede que Benedicto es quien le compró a Cristóbal López su participación en los casinos en una operación que aún no terminó de saldarse.
En el caso del corredor de la Ricchieri, la constructora del empresario patagónico competirá con las ofertas de Roggio-Chediack; Creditch-Ceosa; Panedile-Supercemento-Eleprint; Vial Agro-Fontana Nicastro y Concret Nor-Marcalba-Pose-Coarco. Entre las descartadas, además de Aubasa, figuró Sacde, de Marcelo Mindlin.
Con el objetivo de frenar el aumento de casos de COVID-19 durante el turismo, a partir de este lunes 3 de mayo entraron en vigencia los nuevos requisitos que deberán cumplir las personas que quieran ingresar o circular por Río Negro. Las medidas resueltas por el Ministerio de Salud de Río Negro (Resolución Nº 2996),…
Horacio Rosatti habilitó a los consejeros de la Magistratura en representación del Congreso y el estamento de los abogados para que hundan provisoriamente la acordada de la Corte Suprema, firmada por sus colegas Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, para cambiar el mecanismo de selección de los jueces.
Detrás de la decisión se juega una pelea estratégica sobre el formato que tendrá la justicia argentina. Un experimentado funcionario judicial explicó a LPO que el proyecto de Lorenzetti y Rosenkrantz es un paso en un limitación de la injerencia de la política en los tribunales, no en favor de la democratización del poder más elitista del Estado, sino en una acentuación de ese rasgo, propiciando detrás de la bandera de lo «técnico» un mayor peso de las grandes empresas y los grandes estudios que las asesoran en la selección de los jueces.
Por eso, un tema absolutamente críptico para el ciudadano de a pie, es tapa de los grandes diarios y por eso también las asociaciones de empresas más concentradas, como el G6, salieron a respaldar públicamente la movida de Lorenzetti y Rosenkrantz, que antes de sumarse a la Corte eran abogados de muchas de esas mismas empresas.
No se trata de teorías conspirativas. Luego de la decisión del Consejo de la Magistratura de postergar el tema, el establishment más concentrado hizo conocer su desagrado. El Grupo de los Seis (G6), integrado por la Sociedad Rural, la UIA, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción y la Asociación de Bancos, emitió un poco usual comunicado apoyando la acordada de Rosenkrantz y Lorenzetti.
«El G6 insta al Consejo de la Magistratura, en el marco de sus funciones y atribuciones, a aprobar con celeridad el reglamento propuesto, lo que constituiría un paso concreto hacia el fortalecimiento institucional del país», ordenaron las cámaras que reúnen a los grandes actores del poder económico.
Detrás de discusión se juega una pelea estratégica sobre el formato que tendrá la justicia argentina. El proyecto de Lorenzetti y Rosenkrantz es un paso en un limitación de la injerencia de la política en los tribunales, no en favor de la democratización del poder más elitista del Estado, sino en una acentuación de ese rasgo, propiciando un mayor peso de las grandes empresas y los grandes estudios en la selección de los jueces.
Estas tensiones quedaron en evidencia durante la reunión del Consejo de la Magistratura de este miércoles. Cuando se analizaron los temas que se tratarán en el plenario previsto del próximo 15 de abril, la iniciativa de Rosenkrantz fue postergada. Con los sofisticados modos de la justicia, el abogado César Grau, identificado con el kirchnerismo, planteó que se había emocionado con el discurso que dio Rosenkrantz este lunes cuando presentó la iniciativa y propuso que el expediente se incluyera en el orden del día pero «no para votarlo, sino para habilitar el pase a la comisión de Reglamentación». Un elogio para enterrarlo.
En ese momento, en lo que pareció un movimiento cordionado, Rosatti respondió que se trataba de un proyecto que debía ser analizado en detalle y profundidad, según relató a LPO uno de los consejeros presentes. Esta jugada enfrió el pedido de tratamiento perentorio formulado por Rosenkrantz y las empresas que representaba. La postura de Rosatti contó con el respaldo de los representantes de los académicos, que responden a Diego Molea, el juez Diego Barroetaveña y los abogados Jimena De la Torre y Alberto Maques, quienes responden a Mauricio Macri y Daniel Angelici, respectivamente.
El consejero de los abogados, César Grau.
Pero la discusión no terminó allí. Más tarde, al reunirse la comisión de Selección, presidida por Fernanda Vázquez, que accedió a su silla por la lista de la minoría de los abogados pero con el auspicio de Molea, se criticó el apuro de Lorenzetti y Rosenkrantz por modificar el reglamento vigente, bajo el argumento de eliminar la «partidización» y la «discrecionalidad».
De La Torre adelantó que está «absolutamente de acuerdo con todos los términos de la acordada» pero aclaró que el tema «deberá discutirse en la comisión de Selección y la de Reglamentación y, en todo caso, votarse en plenario». Una manera de alargar el debate. De La Torre agregó que ella es autora de uno de los 14 proyectos sobre el tema, otra manera de avisarle que son los consejeros los que discuten cómo mejorar los mecanismos de selección de jueces y son muchas las ideas en danza, no sólo las de Rosenkrantz y Lorenzetti.
Es una acordada que ha sido presentada para ser sometida a este consejo, no es un libro cerrado ni mucho menos pero entiendo que hay muchas cosas para modificar. Es un colectivo donde los abogados seguimos viajando de parados y nos gustaría también poder sentarnos.
Esa advertencia coincidió con una pregunta demoledora que un diputado le hizo en los últimos días a un juez de la Corte: «¿Nosotros podemos meternos con las sentencias?». La respuesta por la negativa solo ameritó una lacónica onomatopeya del legislador: «Ah».
En la misma sintonía, el consejero Maques objetó este miércoles la premura de Rosenkrantz y Lorenzetti. «Es una acordada que ha sido presentada para ser sometida a este consejo, no es un libro cerrado ni mucho menos», afirmó y agregó: «es un colectivo donde los abogados seguimos viajando de parados y nos gustaría también poder sentarnos».
Maques es hombre de Angelici y, por propiedad transitiva, pertenecería al mismo esquema que termina en la figura de Karina Milei, quien definió el ascenso de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia y detonó la aspiración de Ricardo Lorenzetti.
Santiago Viola, representante del Ejecutivo en el Consejo.
Lorenzetti quedó del lado perdedor en la discusión por el Ministerio de Justicia, ya que como reveló LPO, respaldaba junto a los principales jueces de Comodoro Py la designación de Guillermo Montenegro.
Que se instale el tema de la necesidad de «limitar» la intervención política en la selección de jueces, justo cuando el flamante ministro Juan Bautista Mahiques remite al Senado el pliego para que de manera excepcional se extienda por cinco años la calidad de juez de la Cámara de Casación Federal de su papá, Coco Mahiques, no parece casualidad.
Una impugnación a la que contribuye el ministro cuando de manera pública oficia como un abogado de los Milei en la causa por la criptoestafa $Libra, proponiendo cursos de acción para anular las pruebas contra el presidente y su hermana. En esa misma sintonía, parece inscribirse la decisión de Mahiques de promover el ascenso a jueza de Ana Juan, esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, que instruye la causa $Libra. Un verdadero escándalo.
Le sirve además el tema a Lorenzetti para raspar a su eterno rival por la postulación de su hijo, Emilio Rosatti, como juez federal de Santa Fe. En el Palacio Talcahuano podía percibirse este miércoles la bronca contenida contra la publicación de Clarín que reveló que el heredero del presidente de la Corte no había sacado la nota más alta para el orden de mérito, donde había quedado 9º, pero luego de la entrevista terminó más arriba. Precisamente el proyecto de Lorenzetti y Rosenkrantz busca limitar el peso de las entrevistas personales en la selección del orden de mérito de los que compiten por la calidad de juez.
Es por eso, que el deslizamiento más impactante es el que concretó Rosenkrantz, que de pasar los últimos tres años formando mayoría con Rosatti, pasó a alinearse con Lorenzetti. «Acaso ese cambio se explique por la confrontación de Milei con Clarín por las trabas para la fusión Telecom-Telefónica», analizó un consejero consultado por LPO. Rosenkrantz, antes de ser juez, fue abogado del grupo de medios al que Milei quiere imponer un draconiano pliego de condiciones para aprobarle la fusión, como reveló LPO en exclusiva.
Max Weber definió al Estado como el monopolio de la violencia legítima. Dicho de otra forma, el Estado tiene la facultad de ejercer la violencia simbólica, institucional o física que lo avala por su poder de autoreferencia legitimante. ¿Cómo se podría revertir esta conceptualización del Estado? Con actos, es evidente, porque el discurso no alcanza……
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