Continuando con las actividades de educación vial, la Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante la campaña ‘Regina respeta al peatón’ con el objetivo de que tanto conductores de vehículos como peatones tomen conocimiento de los derechos y obligaciones que tienen al transitar en la vía pública.
La actividad se enmarca en el ‘Día Internacional del Peatón’ que se celebra cada 17 de agosto en todo el mundo, con la finalidad de promover el respeto hacia los peatones, recordar los derechos y obligaciones que implica el circular de esta manera; reforzar el uso de los espacios peatonales y difundir una cultura vial que reconozca su prioridad.
La campaña se extenderá hasta mediados de agosto y consiste en la entrega de folletería a cargo del personal de Tránsito que cuenta con la colaboración de integrantes del Club Fortaleza y Perla del Valle del IAVRE.
“Destacamos y agradecemos la participación de los chicos que nos ayudan a transmitir esta información y nos acompañan para que entre todos podamos hacer una sociedad más consciente y con mayor seguridad vial”, manifestó el Director de Tránsito Mario Figueroa.
Agregó que “desde la Dirección hacemos hincapié en que si todos aportamos podemos tener un tránsito seguro y ordenando y, en este sentido, la educación vial en todos los ámbitos es fundamental”.
La campaña se lleva adelante en diferentes sectores de la ciudad. En la jornada de este viernes la actividad se traslada a barrio Villa Alberdi.
Figueroa recordó que “así como los conductores de vehículos tienen reglas a la hora de transitar por la vía pública, las personas de a pie también cuentan con normas que deben seguir cabalmente si no desean sufrir algún tipo de incidente”.
La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina informa que continúan abiertas las inscripciones a las siguientes Escuelas Deportivas: handball, vóley, básquet, patín, hockey, karate y newcom. Los interesados deben dirigirse a la Oficina de Deportes ubicada en las instalaciones del polideportivo Cumelen en el horario de 7,30 a 13,30. Difunde esta nota
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Con un decreto publicado a fin de año, el Gobierno modificó el régimen de Fondos Rotatorios: habilita ampliaciones automáticas cuando se transfieren programas, refuerza el poder de Hacienda y consolida un esquema de manejo cotidiano del dinero público por fuera de licitaciones.
Por Roque Pérez para NLI
Mientras el discurso oficial insiste en la “motosierra” y el ajuste permanente, el Decreto 926/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial introduce cambios clave en la administración diaria de fondos estatales que merecen una lectura política más allá del tecnicismo contable. La norma modifica el Decreto 1344/2007 —reglamentario de la Ley de Administración Financiera— y reordena el funcionamiento de los llamados Fondos Rotatorios, es decir, las cajas chicas de los organismos públicos.
Estos fondos permiten afrontar gastos corrientes y urgentes sin pasar por el régimen general de contrataciones. Justamente por eso, históricamente han sido un punto sensible en términos de control y discrecionalidad.
Más margen para los organismos que reciben programas
El eje central del decreto aparece cuando se habilita que, si durante el año el Poder Ejecutivo transfiere programas presupuestarios entre organismos, el área que recibe esas funciones pueda ampliar automáticamente su Fondo Rotatorio hasta un 3 % adicional del presupuesto transferido.
En paralelo, el organismo que cede el programa deberá reducir su propio fondo. En términos políticos, el decreto acompaña y lubrica la reconfiguración permanente del Estado que impulsa Milei, donde ministerios, secretarías y programas cambian de manos con frecuencia.
El resultado es claro: cada reorganización administrativa viene acompañada de una ampliación de la caja disponible para gastos inmediatos, sin licitación y con controles posteriores.
Hacienda concentra poder y regula discrecionalmente
El decreto también refuerza el rol de la Secretaría de Hacienda, que queda facultada para autorizar Fondos Rotatorios por debajo del tope legal del 3 % si considera que un organismo tuvo fondos “ociosos” el año anterior.
En los hechos, esto implica una herramienta política de premio y castigo: quien ejecuta como espera el Ministerio de Economía mantiene margen operativo; quien no, ve restringida su caja diaria. Centralización de decisiones financieras en un contexto de fuerte verticalismo presidencial.
Menos cuentas, más opacidad cotidiana
Otro cambio relevante es la eliminación de los Fondos Rotatorios Internos de menor cuantía, bajo el argumento de reducir cuentas bancarias y fomentar pagos electrónicos. El Gobierno lo presenta como modernización y transparencia, pero en la práctica concentra movimientos financieros en menos cuentas y menos áreas, algo que no necesariamente equivale a mayor control social o parlamentario.
Todo esto ocurre sin modificar un dato estructural: los gastos realizados por Fondos Rotatorios siguen excluidos del régimen de contrataciones del Estado. Es decir, continúan siendo un canal rápido, flexible y poco visible para el uso de recursos públicos.
En síntesis, el Decreto 926/2025 no contradice el relato de ajuste: lo complementa. Mientras se recortan políticas públicas, se afina el mecanismo que permite al Ejecutivo manejar con mayor libertad la caja cotidiana del Estado, especialmente en un escenario de reestructuraciones constantes. Menos Estado para la sociedad, pero más margen interno para decidir cómo y cuándo se gasta.
La oposición inició contactos en el Congreso con el objetivo de lograr el número para voltear el DNU que reconfigura la SIDE, publicado bajo el número 941/25. El primer paso fue reclamarles a Victoria Villarruel y Martín Menem que conformen la Bicameral de Inteligencia y la de Trámite Legislativo, que es la que rechaza o valida los decretos dentro de los 10 días hábiles desde su publicación en Boletín Oficial.
Un diputado del interbloque de Provincias Unidas le dijo a LPO que la apuesta es llevar la discusión al recinto, en una sesión. «Tenemos el número», aseguró.
En efecto, las bancadas de Miguel Pichetto, la Coalición Cívica y PU emitieron un comunicado de rechazo y plantearon que «no existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso, menos aún cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU».
La Bicameral de Inteligencia se compone de 14 miembros, siete por cada cámara, mientras que la de Trámite Legislativo admite nueve en total, cinco por el Senado y cuatro por Diputados.
El recambio parlamentario obliga a las autoridades del Congreso a nombrar a los nuevos integrantes, respetando la proporcionalidad de los bloques.
En la Cámara Alta, el líder de la bancada peronista, José Mayans, impugnó el criterio definido por Patricia Bullrich con el concurso de los presidentes de los bloques antikirchneristas, por asignarle a Fuerza Patria menos lugares de los que les corresponderían en la comisión de Trabajo y la de Presupuesto y Hacienda. De hecho, el formoseño dejó vacantes las sillas de su espacio, como el paso previo a la judicialización contra lo actuado si se llegara a sancionar la reforma laboral que el gobierno debió postergar hasta febrero.
Oscar Zago.
En Diputados, por otro lado, la discusión por la integración encuentra al peronismo en otra posición. Aún cuando en la bancada de Germán Martínez se quejan que Menem «cambia el criterio o no tiene criterio para conformar las comisiones», La Libertad Avanza cuenta con un bloque de 95 diputados y Fuerza Patria con uno de 93. Los dos interbloques que le siguen en cantidad de miembros acreditan 22 cada uno y, si se calcula por sistema D’Hont, sería difícil que puedan colar algún representante en las bicamerales.
De hecho, un legislador comentó a LPO que Unidos está tratando de juntarse en interbloque con algún otro espacio «para poder dontear (en referencia al D’Hont) y meter uno en la de Inteligencia y otro en la Bicameral de DNU».
El problema sería que casi no quedan bloques donde pescar más integrantes. «Insistimos con (Marcela) Pagano hasta último momento para sumar a los cuatro de Coherencia pero no hubo caso», admitieron en Provincias Unidas.
No existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso, menos aún cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU.
Por lo demás, la Bicameral de Inteligencia no dictamina sino que elabora informes y, por definición, son secretos. Ese detalle hace que la oposición tenga la mira puesta en la Bicameral de DNU, que el año pasado terminó siendo presidida por Oscar Zago tras el episodio de las trompadas con Lisandro Almirón en plena sesión. Premiado con ese cargo, Zago salvó el decreto de Milei y Toto Caputo para el acuerdo con el FMI una semana después de las piñas.
Si la composición de esa bicameral mantuviera cuatro lugares para la Cámara Baja, la lógica indicaría que se repartieran dos sillas para los libertarios y dos para los peronistas. Las cinco que quedarían en representación del Senado podrían distribuirse entre los bloques de Mayans, Bullrich y el radical Eduardo Vischi, que lidera la tercera minoría.
Sin embargo, la oposición recuerda el antecedente del decreto con el aumento de los fondos de la SIDE que el Congreso volteó en 2024. En aquella ocasión, Mauricio Macri fue determinante: horas antes de la sesión en Diputados, convocó a un zoom con los gobernadores de Juntos y los referentes parlamentarios para ordenar el voto en contra del DNU. Hasta Diego Santilli se agarraba la cabeza en los pasillos del Congreso, diciendo que ya había salido por las radios a decir que estaba a favor la misma mañana que Macri mandaba a hacer lo contrario.
Esta vez, el bloque PRO difundió un comunicado de tibio respaldo al DNU 941/25. «Conformamos un equipo especializado que se encuentra analizando el decreto», dice en su primera oración, y agrega: «consideramos que la temática abordada es central para la seguridad y la defensa del país, por lo que nuestra postura inicial es actuar con responsabilidad institucional: ser prudentes y aguardar el dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria, antes de fijar una posición definitiva».
Es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos, tanto para las tareas de contrainteligencia como para las facultades vinculadas a la aprehensión de personas, subrayando que esta última es de carácter restrictivo y excepcional.
Pese a que el texto afirma que «los cambios introducidos podrían resultar positivos», señala que «es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos, tanto para las tareas de contrainteligencia como para las facultades vinculadas a la aprehensión de personas, subrayando que esta última es de carácter restrictivo y excepcional, dado que el agente de inteligencia no puede revelar su identidad ni darse a conocer durante el ejercicio de su función».
El rechazo al decreto motivó, incluso, que la cordobesa Alejandra Vigo tuiteara. «Un tema tan relevante como es la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional debe ser discutido en el Congreso de la Nación», expresó.
Entre los peronistas, salieron al cruce del gobierno los diputados Agustín Rossi, ex titular de la AFI, y Jorge Taiana, ex ministro de Defensa, lo criticaron con dureza. El santafecino consideró que el DNU transforma a los agentes de la SIDE en una «policía secreta» y alertó que otorga «carácter encubierto» a todas las actividades del organismo, mientras que Taiana advirtió que «se autonomiza la inteligencia del control civil por parte del Ministerio de Defensa».
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