Continuando con las actividades de educación vial, la Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante la campaña ‘Regina respeta al peatón’ con el objetivo de que tanto conductores de vehículos como peatones tomen conocimiento de los derechos y obligaciones que tienen al transitar en la vía pública.
La actividad se enmarca en el ‘Día Internacional del Peatón’ que se celebra cada 17 de agosto en todo el mundo, con la finalidad de promover el respeto hacia los peatones, recordar los derechos y obligaciones que implica el circular de esta manera; reforzar el uso de los espacios peatonales y difundir una cultura vial que reconozca su prioridad.
La campaña se extenderá hasta mediados de agosto y consiste en la entrega de folletería a cargo del personal de Tránsito que cuenta con la colaboración de integrantes del Club Fortaleza y Perla del Valle del IAVRE.
“Destacamos y agradecemos la participación de los chicos que nos ayudan a transmitir esta información y nos acompañan para que entre todos podamos hacer una sociedad más consciente y con mayor seguridad vial”, manifestó el Director de Tránsito Mario Figueroa.
Agregó que “desde la Dirección hacemos hincapié en que si todos aportamos podemos tener un tránsito seguro y ordenando y, en este sentido, la educación vial en todos los ámbitos es fundamental”.
La campaña se lleva adelante en diferentes sectores de la ciudad. En la jornada de este viernes la actividad se traslada a barrio Villa Alberdi.
Figueroa recordó que “así como los conductores de vehículos tienen reglas a la hora de transitar por la vía pública, las personas de a pie también cuentan con normas que deben seguir cabalmente si no desean sufrir algún tipo de incidente”.
Tras la firma de un convenio por el traspaso del fuero nacional laboral a la órbita porteña, una maniobra de Villarruel podría dilatar la transferencia.
La intención del gobierno era que la modificación se resolviera en las bancas, pero el secretario parlamentario del Senado, que responde a Villarruel, decidió que siguiera el camino ordinario de cualquier ley propuesta por el Ejecutivo: tratamiento en comisiones y luego votación en el recinto. Las sesiones ordinarias comienzan en marzo y pueden pasar varias semanas antes de completar el ciclo.
El traspaso del fuero nacional es resistido por los propios jueces que perciben como un menoscabo a su investidura ser considerados jueces provinciales y también por los abogados laboralistas. Lo cierto es que, si la transferencia se efectiviza, pasarán a rendir cuentas ante el consejo de la magistratura porteño.
Hay quienes señalan a Villarruel como la responsable de la maniobra dilatoria, pero Agustín Giustinian también tiene buen vínculo con Patricia Bullrich y sospechan que la senadora, de excelente relación con los jueces laborales, estuvo detrás del ardid.
Por la mañana del martes el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, anunció que había firmado un convenio con Nación para traspasar el fuero laboral. Horas más tarde comenzaron los rumores de que el traspaso podía trabarse en el Senado.
El trámite habitual para los traspasos de competencias de Nación a La Ciudad es la firma de un convenio que luego debe ser ratificado por la Legislatura y por el Senado.
Hay sospechas de que Bullrich fue una de las artífices de la maniobra que demora el traspaso.
Por el momento los jueces nacionales trabaron la transferencia con una cautelar, pero la medida podría caerse. Hasta ahora la última instancia de apelaciones de la justicia Nacional es la Corte.
Si el fuero laboral pasa a la Ciudad, esos expedientes tendrán una instancia anterior, el Tribunal Superior de Justicia. Desde el fallo Levinas, donde el panelista Gabriel Levinas fue juzgado por el robo de obras del artista León Ferrari, el TSJ se convirtió en el tribunal de alzada de la Justicia Nacional.
La Corte tiene especial interés en que el fuero pase a la Ciudad: eso implicaría dejar de lidiar con miles de expedientes que ingresan al máximo tribunal año tras año.
Si el convenio es ratificado por el Senado y la Legislatura, el consejo de la magistratura porteño tendrá una oportunidad única: designará 17 de los 30 camaristas del fuero y al menos 30 de los 80 juzgados que están subrogados. Juan Manuel Olmos y Daniel Angelici serán quienes lideren ese proceso.
El traspaso es impulsado por los empresarios, que ven al fuero colonizado por una visión anti empresa que favorece la industria del juicio y falla siempre a favor de los trabajadores, en algunos casos con condenas tan exageradas que directamente provocan la quiebra de las empresas. Su traspaso fue uno de los caballitos de batalla de Mauricio Macri mientras fue jefe de gobierno porteño y presidente de la Nación. Como era de esperar, es resistido por representantes gremiales y abogados laboralistas.
El líder del PRO llegó a quejarse públicamente de la «mafia de los Recalde», en alusión al ex diputado y abogado de la CGT, Héctor Recalde, quien falleció hace poco más de un año, y Leandro Recalde, quien continúa al frente del estudio jurídico de la familia, con el acompañamiento del senador kirchnerista Mariano Recalde. Más allá de la chicana de Macri, lo cierto es que la familia Recalde tuvo una influencia determinante en el fuero.
Ante la presión de los empresarios, el gobierno busca volver atrás la maniobra de Giustinian y no pierden la esperanza de que el convenio se apruebe mañana. El acuerdo se firmó después de un largo debate del que participaron además de los ministerio de justicia nacional y porteño, ONGs y organismos internacionales como la OISS. Cerca de Milei saben que es difícil que un escenario tan favorable como el actual se repita en el Senado y por eso buscan ratificar el convenio lo antes posible.
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La Asociación Trabajadores del Estado encendió todas las alarmas al denunciar la desaparición de $3.863 millones que tenían destino específico para el pago de salarios en la Planta Industrial de Agua Pesada. Apuntan a la conducción de la Comisión Nacional de Energía Atómica y anuncian cortes de ruta.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) quedó en el centro de un grave escándalo político y financiero tras la denuncia pública de ATE por el presunto desvío de $3.863.026.100 que estaban destinados al pago de salarios y al funcionamiento de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), ubicada en la provincia de Neuquén.
La acusación fue realizada por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien sostuvo que en diciembre de 2025 ingresó una ampliación presupuestaria con destino específico a la Empresa Argentina de Servicios de Ingeniería (ENSI), responsable de la administración de la planta, pero el dinero nunca llegó a su destino y se desconoce qué se hizo con esos fondos.
Según detalló el sindicato, los recursos estaban destinados a garantizar el pago de los salarios de diciembre, además de cubrir costos operativos y de mantenimiento de una instalación estratégica para el sistema energético nacional. Sin embargo, los trabajadores pasaron las fiestas sin cobrar y continúan sin percibir sus ingresos, mientras la conducción del organismo guarda silencio.
NUEVO CASO DE CORRUPCIÓN?? ATE DENUNCIA UN MULTIMILLONARIO DESVÍO DE FONDOS EN LA CNEA!!
DESAPARECIERON MÁS DE 3.863 MILLONES DE PESOS!!
Estamos frente a una GRAVE IRREGULARIDAD. En diciembre ingresaron $3.863.026.100 a las arcas de la Comisión Nacional de Energía Atómica que… pic.twitter.com/YdNdcquLCQ
Aguiar fue categórico al afirmar que no se trata de un error administrativo sino de una irregularidad gravísima. Remarcó que los fondos tenían una asignación clara y que no podían ser malversados bajo ningún concepto, lo que abre la puerta a la hipótesis de un posible accionar delictivo.
Desde ATE señalaron que la responsabilidad política recae sobre el actual presidente de la CNEA, Martín Porro, a quien acusan de no dar explicaciones sobre el paradero del dinero. Para el sindicato, la situación no solo afecta a los trabajadores y sus familias, sino que pone en riesgo la provisión de insumos y la capacidad de garantizar energía, en un contexto nacional atravesado por recortes y ajuste sobre el Estado.
Salarios impagos, energía en riesgo y un Estado ausente
La Planta Industrial de Agua Pesada no es una dependencia menor: cumple un rol estratégico dentro del esquema energético argentino. La paralización de su funcionamiento por falta de salarios e insumos impacta directamente en la soberanía energética, un aspecto que el gobierno de Milei parece dispuesto a sacrificar en nombre del ajuste.
ATE advirtió que la desaparición de los fondos destinados a salarios no puede analizarse de manera aislada, sino como parte de una política de vaciamiento del Estado, donde se desfinancian áreas sensibles mientras se naturaliza que los trabajadores queden como variable de ajuste.
Cortes en la Ruta 22 y un conflicto que recién empieza
Frente a la falta de respuestas, ATE anunció medidas de fuerza inmediatas. En las próximas horas se llevarán adelante cortes en el puente Arroyito, sobre la Ruta Nacional 22, una vía clave para la región. Las protestas comenzaron el lunes 12 de enero y, en principio, se extenderán hasta el viernes 16, en el horario de 7.30 a 10 de la mañana.
Desde la Junta Interna de la PIAP explicaron que el plan de lucha continuará y que la próxima semana se evaluará profundizar las acciones en función de si la CNEA brinda o no explicaciones concretas y garantiza el pago total de los salarios adeudados.
Mientras tanto, la pregunta sigue sin respuesta: qué hicieron con los casi $4.000 millones que estaban destinados a los trabajadores. Para ATE, el dinero estaba, tenía destino y se esfumó. Y si no aparecen explicaciones, lo que hoy es una denuncia sindical podría convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción del área energética en los últimos años.
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