PorMunicipalidad Villa Regina
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La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina informa que hoy y mañana se estará trabajando con la máquina motoniveladora en los barrios Don Rodolfo y Mitre. Por esta razón se solicita a los vecinos no dejar los vehículos estacionados para posibilitar el paso de la máquina.
(Foto archivo)
La Justicia de Rosario le puso un freno al gobierno santafesino respecto de las condiciones de detención de presos de alto perfil, lo que es uno de los puntales de la política de seguridad adoptadas y pregonadas por Maximiliano Pullaro.
La resolución de la Cámara Penal revocó una medida fundamental de movimientos de reclusos porque indica que su implementación es inconsulta hacia el Poder Judicial, de quien dependen los detenidos, y que supone regímenes de aislamiento contrarios a la Constitución Nacional y a tratados internacionales que regulan la legislación argentina.
La determinación la adoptó el camarista penal Javier Beltramone en una causa por homicidio calificado seguida contra nueve presos implicados en el asesinato de otro recluso en noviembre pasado. Lo que hace el fallo es marcar un límite hacia las restricciones carcelarias que prevé el modificado artículo 220 bis del Código Procesal Penal, que el gobierno de Pullaro adopta como herramienta de la política penitenciaria.
Es un aspecto sensible para el gobierno de Pullaro que endureció las condiciones de detención y aislamiento de los detenidos llamados de alto perfil, que son los considerados de mayor riesgo, por sus implicancias en la violencia que azotó Rosario, y que a criterio de la gestión bajó en gran medida en los dos últimos años por el mayor control de las prisiones.
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Pero según diversos actores del sistema penal y también internacionales eso se hizo no sin controversia. A tal punto que el Comité de Tortura de la ONU en su último informe expresa advertencias y preocupación por el manejo de cárceles en Santa Fe. Lo que va de la mano con una tendencia marcada a dejar de lado, según lo que funcionarios de órganos de Justicia dicen a LPO, desde los mismos jueces las medidas que suponen dar beneficios en la ejecución penal, que en muchos casos impiden salidas legales hasta el cumplimiento total de la pena.
El fallo
El caso resuelto por el camarista Beltramone se refiere a una medida resuelta por el juez Fernando Sosa que en noviembre pasado formalizó la prisión preventiva contra nueve presos, acusados por distintos roles en el homicidio hace un año del interno Agustín de la Encina Capeletti, de 26 años, en la cárcel de Piñero, situada a 15 kilómetros de Rosario.
De la Encina Capeletti había sido apresado como dealer de cocaína de la banda de Yanina Alvarado, hermana del líder criminal Esteban Alvarado. El 13 de enero de 2025 un grupo de reclusos lo mataron a puñaladas y golpes un grupo de reclusos entre los que están Jorge González, Marcelo Andrés Chávez, Franco Darío Aguiar, Nahuel Yamir Clavero, Sebastián Gabriel Grondona, Adrián Candia Roldán, Darío Rodrigo Varela, Kevin Leandro Sosa y Jonatan Adrián Gauto. También fueron involucrados dos agentes penitenciarios por haber facilitado el crimen.
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Después de la resolución del juez Sosa las defensas apelaron cuestionando en especial el régimen de incomunicación adoptado para los reclusos. Lo que hizo Beltramone al analizar el trámite como camarista no objeta la prisión preventiva dictada por el magistrado inicial pero ordena que los distintos imputados permanezcan alojados en pabellones distintos, sin contacto entre ellos durante 30 días o hasta el momento de que el caso siga judicialmente con la acusación formal.
Y fue terminante en dos puntos. Primero en prohibir que la medida se ejecute en celdas de aislamiento, celdas de castigo o regímenes de confinamiento solitario. Igual de categórico fue al decirle al Poder Ejecutivo que la situación de los presos depende de lo que dispongan los jueces y no discrecionalmente autoridades administrativas que manejan las cárceles.
Desde el Servicio Penitenciario de Santa Fe habían indicado que disponer a los presos en aislamiento se explicaba en un pedido de la fiscalía, y en que resultaba materialmente imposible cumplir con otra variante por la falta de infraestructura adecuada para presos de alto perfil y porque era imposible garantizar de otra manera la investigación penal.
Beltamone replicó que la ejecución de la medida de prisión preventiva había desnaturalizado lo solicitado, que se había sostenido de forma ilegal y gravosa para los derechos de los detenidos. Y marca además que el Servicio Penitenciario no está habilitado para reinterpretar o modificar el contenido de órdenes judiciales.
Por eso obliga al cese inmediato de la vigencia de las medidas de encierro en aislamiento. Y le hace saber al Servicio Penitenciario que las medidas restrictivas de la libertad dependen exclusivamente del Poder Judicial.
Un contexto complejo
Toda esta significativa controversia se monta en una tensión muy compleja que afecta a lo institucional pero también a la seguridad pública. Desde 2013 en adelante, cuando Rosario duplicó sus tasas de violencia altamente lesiva, hubo un papel notorio en los hechos de sangre que provenían de directivas en las cárceles. Fue muy notorio en audiencias judiciales: organizaciones criminales robustas o marginales ordenaban homicidios, extorsiones y balaceras desde las prisiones.
Al asumir en 2023 Pullaro impuso un régimen de fortísimas restricciones en las cárceles que afectaron a la ubicación de presos, los regímenes de visitas, los ingresos de mercaderías. Junto a otras medidas variadas y modificaciones normativas el primer año la violencia más grave declinó de una manera asombrosa con un 65 por ciento de homicidios menos. En 2025 la tasa de homicidios repuntó un 25 por ciento interanual pero los números, igualmente, se equiparan actualmente a las épocas previas al estallido violento.
Pero las violaciones a los derechos humanos en prisiones santafesinas fueron motivo de anclaje internacional. Las observaciones periódicas del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas indican preocupación por «los casos documentados en el penal de Piñero, en Santa Fe, el 2 de marzo de 2024, que incluyeron simulacros de ahogamiento en tanques de agua o «al seco» con bolsas de plástico, descargas eléctricas y abusos sexuales, así como la falta de información sobre las investigaciones realizadas al respecto».
El gobierno de Pullaro tienen en su política penitenciaria uno de los activos más fuertes en sus apelaciones políticas y lo usa de modo permanente, incluso en la cartelería pública dentro y fuera de las temporadas proselitistas. Hace diez días el gobernador resaltó que en sus cuatro años de gobierno se harán más de las 3.500 celdas que se hicieron en Santa Fe en los últimos cien años. A la nueva cárcel para 1.150 reclusos de alto perfil a alojarse en celdas individuales la misma gestión la denominó «El infierno». En el mismo predio habrá dos prisiones más para totalizar 1.950 detenidos en cada una.
Todo esto vino acompañado de un ajuste de políticas muy fuertes hacia la población carcelaria de la que el fallo de Beltramone resulta expresivo. Ese rigor también se manifiesta en el sistema penal, que de modo muy manifiesto en los últimos dos años se caracteriza, por lo que se advierte en audiencias de ejecución, que no se otorgan salidas de ningún tipo.
La ley nacional 24660 de ejecución de penas tiene como criterio la progresividad que implica que la persona condenadas va cumpliendo fases cuando tiene conducta aceptable y adquiere por ello espacios de mayor autonomía y responsabilidad. Y parte de la pena final, con obligaciones y controles, se cumple en libertad.
«Hoy la inmensa mayoría de las personas presas salen con condena cumplida. Los fiscales piden el régimen más duro. Y los jueces habilitan todo inclusive en presos que no son de alto perfil. Los informes de los organismos carcelarios además suelen tener argumentos que desaconsejan la excepción de prisión efectiva a veces de manera pueril», indica un importante funcionario de la Defensa Pública, lo que también corrobora a LPO un magistrado penal ya jubilado. «Esto de Beltramone es una excepción que expresa un muy fuerte contraste. Hoy los jueces en generla van poco más allá de dictar medidas de detención y exclusiones de hogar. Sobre la ejecución de penas niegan todas las salidas o pasan de largo», sostuvo.
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El ajuste del gobierno de Milei y el alineamiento con Estados Unidos conspiraron contra la modernización del ejército y paralizaron el proceso de acceso del Tanque Argentino Mediano (TAM) que la gestión libertaria abandonó para comprar los usados Stryker de Estados Unidos.
El sitio Realpolitik adelantó que en mayo de 2025 las restricciones impuestas por el Banco Central impidió al Ejército adquirir insumos en el extranjero para el funcionamiento de los TAM. Este medio remarcó que la empresa israelí Elbit Systems se hizo con el concurso para la modernización de una parte de la flota de tanques TAM. Pero el cierre de la fábrica TAMSE y el desmantelamiento del entramado industrial generaron serios problemas de operatividad.
Puntualmente, perjudicó a los eslabones de las orugas, cuya importación directa tiene un costo de unos 700 dólares y comprarlo en el país rondaría los 2.000 dólares por pieza, dadas las modalidades de contratación, fluctuaciones de la moneda y los plazos extendidos de pago. Lo cierto es que toda la flota de TAM quedó afectada y, en su mayoría fuera de servicio.
Pero a la falta de inversión y el abandono de este proceso se le suma la decisión de comprar los tanques usados de Estados Unidos Stryker por una cuestión ideológica. LPO reveló en exclusivo en julio que el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, firmó una carta de intención para comprar los vehículos a rueda Stryker, en un anuncio que hizo durante el encuentro con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en el Pentágono.
Los tanques que Petri le compró a EEUU salen USD 32 millones más caros que los de Brasil
Los Stryker forman parte del catálogo militar estadounidense que fueron utilizados en Afganistán e Irak y están diseñados para el transporte ágil de tropas y equipamiento. Según versiones oficiales, la elección del modelo responde a una planificación que prioriza la movilidad, la protección y la capacidad de respuesta ante diversas situaciones operativas.
Sin embargo, fuentes del Ejército aseguran que había opciones mejores que estaban siendo barajadas. Una de ella era el Guaraní de Brasil que son vehículos muy similares a los que se usan en Argentina con el aditamento que los componentes mecánicos son argentinos como el motor y transmisión es argentino, de IVECO.
En efecto, la combinación de desfinanciamiento por el ajuste con el alineamiento con Estados Unidos en detrimento de los intereses nacionales atentaron contra las capacidades técnicas del Ejército y dejaron al país sin cadena regional de provisión y logística.
Un militar que estuvo cerca del proceso de modernización de los TAN explicó a LPO que «el TAN fue un desarrollo argentino con tecnología en su momento que había aportado Israel. Entonces, bueno, se hizo un contrato para la modernización. En la gestión de Oscar Aguad se hizo un viaje a Brasil pero no tenía ninguna autorización de Macri para pagar nada y los israelíes se enojaron».
El TAN fue un desarrollo argentino con tecnología en su momento que había aportado Israel. Entonces, bueno, se hizo un contrato para la modernización. En la gestión de Oscar Aguad se hizo un viaje a Brasil pero no tenía ninguna autorización de Macri para pagar nada y los israelíes se enojaron
Esta fuente detalla que «luego, en la época de Agustín Rossi comenzó actualizar cinco a nivel local de los cuales terminaron dos cuando fue el desfile del 9 de julio, que es el tanque al que se subió Milei con Villarruel. Ese diseño de actualización se hizo durante la gestión de César Milani como jefe del Ejército con la gente de ULON, que es donde se fabricó el TAM»
Por eso, agregó, «los TAM es tanque argentino mediano, porque es un desarrollo nacional, como lo es la industria automotriz. Es decir, un desarrollo nacional con todo comprado afuera, como lo es, por ejemplo, el Pampa, que el desarrollo es nacional, pero todos los componentes son extranjeros. Hay un 10% de industria nacional. Con los Stryker no hay nada».
En ese contexto, mientras se paralizaba la modernización de los TAM se avanzó con esta otra compra que además le salio más que caro que si se hubiera comprado a los brasileños, que tenían más consenso, todas las motorizaciones de Iveco con mantenimiento mucho más barato y podes priorizar a la industria nacional.
Milei y Villarruel arriba de un TAM.
De esta manera, de los 27 vehículos de Estados Unidos llegarían 5 en julio y el resto en diciembre y tiene un valor total de 100 millones de dólares, un precio más bajo que el del mercado porque se trata de una compra de gobierno a gobierno.
Pero el Ejército no los había recomendado porque la ventaja del Guaraní por sobre Striker es que no se impone límite de cantidad, son nuevos, se transfiere tecnología de fabricación de partes y es interoperable con Brasil.
Por el contrario, los de EEUU limitan la cantidad, se entrega un lote de usados que Chile descartó, no son anfibios, cuenta con un menor ciclo de vida útil y mayor costo de mantenimiento. Al no ser anfibios, no van a poder varear los ríos.
EEUU le vende a Polonia por 1 dólar los tanques que Petri compró a 100 millones de dólares
La propuesta de Brasil por los Guaraní era de 161 vehículos (156 + 5 de entrenamiento) por 400 millones de dólares, quedando cada unidad en valor de casi 2,5 millones de dólares cada uno contra los 3,7 de los Striker. Es decir, si se hubiesen comprado la misma cantidad a Brasil, hubiera gastado 67 millones, 32 millones menos que lo que gastó ahora.
En efecto, la decisión responde una alineamiento geopolítico de Argentina con Estados Unidos en materia de Defensa que sigue la línea de la compra de los F-16 y el proceso de adhesión a la OTAN.
Tanques Stryker.
