Todo esto fue mar y se puede recorrer en una travesía

Trabajadoras y trabajadores metalúrgicos de Tierra del Fuego mantienen el plan de lucha con paro por tiempo indeterminado en contra de la decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar los aranceles a la importación de celulares y en defensa de los puestos de trabajo.

En la mañana de este lunes volvieron a marchar por las calles de distintas localidades de la provincia. En Río Grande hubo movilización hacia la planta de la empresa Mirgor.

Durante la manifestación ratificaron la continuidad del plan de lucha “que cuenta con la participación activa de obreras y obreros metalúrgicos de toda la provincia”. Además, resaltaron el apoyo a nivel nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y de las 54 seccionales de todo el país.

También convocaron a “participar activamente de todas las medidas que garanticen el paro provincial del 21 de mayo convocando a estar en las calles para resistir los ataques de la política del Gobierno Nacional y sus cómplices de todos los colores”.

Fuente: https://agencia.farco.org.ar/home/la-uom-volvio-a-movilizarse-y-ratifico-el-paro-por-tiempo-indeterminado/

La entrada Tierra del Fuego: La UOM volvió a movilizarse y ratificó el paro por tiempo indeterminado se publicó primero en Indymedia Argentina Centro de Medios Independientes (( i )).

Imagen ilustrativa

El gobierno de Javier Milei oficializó el Decreto 366/2025, mediante el cual se implementa una profunda reforma a la Ley de Migraciones, la misma fue votada en el año 2004 por amplia mayoría por el Congreso de la Nación. La medida, publicada en el Boletín Oficial, introduce modificaciones significativas en las condiciones de ingreso, permanencia y acceso a servicios sociales como educación, salud, residencia y trabajo. Entre los principales cambios, se destacan nuevas exigencias para la regularidad migratoria, ciudadanía argentina y cambios en tiempos administrativos y judiciales para la ejecución de expulsiones. Por Pablo Cossio para ANRed. 

La nueva categorización para el acceso a derechos sociales abre un camino de división entre el propio sector migrante: los residentes permanentes con derechos y los residentes nuevos sin ningún piso de acceso a derechos básicos. El carácter social de la nueva política migratoria abre un paradigma de exclusión para cientos de miles de migrantes que se encuentran tramitando su residencia en el país. 

Salud y educación

Uno de los puntos más sensibles es la modificación en el acceso a los servicios públicos de salud. A partir de ahora, a través de una declaración jurada, los extranjeros no residentes que ingresen al país deberán contar con un seguro o abonar la atención en los hospitales públicos nacionales, excepto en casos de emergencia. Es decir, los únicos que podrán acceder de manera gratuita son los residentes permanentes. 

En el plano educativo, las universidades de gestión estatal establecerán aranceles para los estudiantes que no posean la categoría de residencia permanente. Aunque aún no se ha definido cómo se implementará esta medida, tampoco se conoce la adhesión, por sí o por no, de las instituciones educativas universitarias frente al decreto 366/2025. El cambio de fondo es claro: el acceso igualitario a salud y educación queda ahora supeditado a la categoría migratoria con carácter permanente. 

Cambios en residencia y ciudadanía

La validez inicial de la residencia precaria se reduce de 180 a 90 días y su renovación solo podrá realizarse mediante resolución fundada, es decir, presentando un criterio de radicación que valide la estadía en el país. Esta medida refuerza el rol de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), que mantiene la facultad de determinar el cambio de categoría migratoria.

El acceso a la residencia permanente será más restrictivo: ahora se exige acreditar medios económicos suficientes (tener un contrato de trabajo o ingresos comprobables). A su vez, imitando el modelo de EEUU, se crea la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, en el ámbito del Ministerio de Economía, que evaluará el otorgamiento de la nacionalidad argentina a extranjeros que realicen inversiones calificadas como “relevantes”. Esta medida, totalmente economicista, privilegia a quienes traen dinero al país transformando el derecho a la residencia en una cuestión meritocrática y sujeta al poder adquisitivo (un cipayismo de primera línea). 

Ingreso, permanencia y expulsiones

También se amplían los motivos de inadmisión y expulsión, incluyendo la posibilidad de expulsar del país sin necesidad de condena firme, violando el debido proceso y el acceso a un juicio justo. Como todo en este gobierno, la medida roza la inconstitucionalidad y el estado de derecho.

Además, se establece de forma expresa que quienes hayan ingresado con residencia temporaria o transitoria deberán abandonar el país al finalizar el plazo autorizado. El incumplimiento conlleva sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley, que incluyen la expulsión inmediata. 

El decreto prohíbe expresamente el trabajo remunerado para quienes estén en situación migratoria irregular. Esta medida apunta directamente contra el trabajador migrante que emprende en el espacio público.

Otro aspecto controvertido es la facultad de la DNM para suspender trámites de residencia en casos en que el migrante esté siendo investigado penalmente, pudiendo otorgar sólo una residencia precaria y restringida. También se incorpora la posibilidad de solicitar la retención preventiva mientras se revisa judicialmente una orden de expulsión.

En materia administrativa, se elimina la posibilidad de interponer recursos como el de alzada. El único camino será recurrir judicialmente a, por ejemplo, la decisión de expulsión dentro de un plazo de 15 días hábiles judiciales, lo que reduce sustancialmente las garantías procedimentales y el derecho a la defensa. 

Con la entrada en vigencia del decreto 366, la política migratoria argentina cambia de rumbo de manera drástica, se recortan derechos fundamentales para la población migrante y se avala, una vez más, la criminalización y discriminación. Un país que históricamente se definió como tierra de acogida, enfrenta ahora un paradigma más restrictivo y securitista, con consecuencias directas sobre la vida de miles de trabajadores migrantes que aportan con su fuerza de trabajo al desarrollo del país. Ayer el gobierno de Milei decidió desconocer estos aportes y recortar los pocos derechos sociales, económicos y políticos de miles de migrantes.

El Isauro Arancibia fue una de las instituciones que participó de «contar la calle», el censo popular que releva la cantidad de gente en situación de calle con la óptica de las organizaciones que acompañan estas vidas. Los resultados preliminares muestran que sólo en una comuna se superan ampliamente los números estimados para toda la Capital por el GCBA, en noviembre de 2024. Fernanda Quartieri, maestra de la primaria para adultos, fue entrevistada en Que Arda. En esta nota compartimos sus reflexiones sobre la humillación a la que es sometida la gente que duerme en la calle. Por ANRed.

En otoño, en las calles de la ciudad, hay quienes tienen que abrigarse con cartón. Foto: Andrés Manrique.

Se realizó un nuevo censo popular de  personas en situación de calle. Lo impulsa una red de organizaciones conformada por Abrigar Derechos, No Tan Distintxs,  Amigos en el Camino, Sopa de Letras, Misión Solidaria, La Colectiva, Sociabilidades por los Márgenes AMMAR- Casa Roja, Madres de Plaza de Mayo y tuvieron acompañamiento de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA

«Con la intención de arrojar números más reales que los que maneja el gobierno de la ciudad de Buenos Aires», dijo Fernanda.

«Solo en la comuna 1 (San Telmo, Constitución, Puerto Madero, Retiro, Montserrat y San Nicolás) el censo arrojó que hay 1483 personas en situación de calle. Sin contar el circuito más amplio de situación de calle que son los hoteles, los paradores, los centros de integración»

Según explicó Fernanda, solamente se censó a quienes estaban en calle ese jueves 8 de mayo entre las 8 y las 23hs.

O sea que este número todavía se queda corto.

Pero la diferencia que mostró en comparación con los cálculos del gobierno de la Ciudad es abrumadora. En 2023 la administración de Jorge Macri informó 1200 personas. «Lo que pasa es que ocultan el problema bajo la alfombra. Intentan esconderlo».

Fernanda aclaró que no socializan la fecha en la que van a salir a censar para que el gobierno no mande a limpiar a la gente «como lo hace siempre, pero en este caso, si saben cuándo se hace este censo, sacan a la gente».

Para Fernanda esto explica la brutalidad con que Espacios Públicos o la policía levanta a las personas. Las moja o les quita sus pertenencias. Las golpea: «además de toda la situación de humillación, ahora la nueva modalidad es que les tiran los perros. Llegan a los paradores mordidos, lastimados».

El 50% de lxs encuestadxs refirió haber sufrido violencia en los paradores. «A principio de año estuvimos recorriendo paradores para convocar a las personas que vengan a la primaria, a los talleres. Y había alrededor de 200 personas alojadas y sólo 4 trabajadores. Hay una alienación»

«La problemática es mucho más amplia. Incluye la salud, la educación, el trabajo. Los paradores no resuelven nada. No hay una mirada integral de abordaje. Es solo un lugar para dormir. Como un aguantadero. Es un circuito cruel, de violencia permanente. Sin ningún tipo de perspectiva, de proyección».

Este censo desagrega la cantidad de personas según su identidad sexo genérica. El 76,8% son varones, 18,5% mujeres, 2,3% mujeres trans, no binaries 0,5%, varones trans 0,3%. Lo que permite problematizar particularmente las violencias por odio a la identidad de género que reciben estas personas.

Otro dato impactante es que el número de personas en situación de calle creció un 31,5% solamente en el último año. Queda en evidencia la acelerada expulsión que promueven las políticas públicas del gobierno de la ciudad, pero también de Nación. La desregulación del mercado inmobiliario, es una variable más que explica este fenómeno.

«Un gran problema que fuimos escuchando es el subsidio habitacional.  Un monto de dinero que otorga el gobierno para alquilar.  Pero las piezas en hoteles,  que son tremendos porque no están en condiciones, son mucho más caras. Y como hay mucha persecución a los vendedores ambulantes, a los cartoneros que les quitan los carros, no llegan a cubrir el resto del valor de la pieza».

«Esta difícil acceder a los derechos básicos. Lo que no hay es intención política para resolver estas problemáticas y resolverlas de fondo desde lo integral», concluyó Fernanda.

Acá podes encontrar los datos publicados del censo.

Acá podes escuchar la entrevista completa.

Nación activó un fuerte operativo de seguridad en la frontera con Brasil ante el avance de organizaciones criminales brasileñas que amenazan con cruzar al país.

La medida fue anunciada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y tiene como objetivo principal frenar la expansión de bandas como el temido Primer Comando de la Capital (PCC), el Comando Vermelho y Bala Na Cara. Para eso, se puso en marcha el Plan Guaçurarí, un esquema que refuerza la vigilancia en la provincia de Misiones, una zona considerada crítica por el alto nivel de actividad delictiva transfronteriza.

El plan se enfoca en cinco frentes: proteger los puntos más vulnerables de la frontera, especialmente un tramo de 25 kilómetros conocido por el contrabando; mejorar la coordinación entre fuerzas nacionales y provinciales; aumentar los controles en pasos estratégicos como el de Bernardo de Irigoyen; establecer cooperación con autoridades brasileñas y actores locales; y fortalecer la presencia del Estado con apoyo de inteligencia criminal.

Desde hace varios meses, las fuerzas de seguridad vienen realizando operativos en la zona que derivaron en el decomiso de drogas y mercadería ilegal. Sin embargo, estos avances también provocaron represalias violentas, incluyendo amenazas, atentados y ataques armados contra efectivos de la Gendarmería.

El PCC, nacido en las cárceles de San Pablo, es hoy la banda criminal más grande y estructurada de Brasil, con miles de miembros y una red internacional que llega a Europa, Asia y Sudamérica. Su actual líder fue detenido recientemente en Bolivia y trasladado a Brasil.

Por su parte, el Comando Vermelho mantiene su poder en las favelas de Río de Janeiro y también opera fuera de Brasil, incluso con vínculos con disidentes colombianos. Bala Na Cara, aunque más pequeño, se distingue por su brutalidad y su especialización en explosivos, y ha extendido su influencia hacia Paraguay y zonas cercanas a Argentina.

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Imagen del fotógrafo Pablo Grillo y del cabo primero de Gendarmería Héctor Guerrero, que le disparó un proyectil de gas lacrimógeno directo a su cabeza, hiriéndolo de gravedad.

La querella de la familia de Pablo Grillo, representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), informó que tras visitar al joven fotógrafo, la médica forense de la Justicia Nacional, Claudia Zuñiga Teppa, y los médicos designados como peritos de parte, Ezequiel Amar, por la querella, y María Jimena Pérez Pelliser, por la defensa, confirmaron que las lesiones sufridas por Pablo son de carácter «graves y gravísimas», y «pusieron en peligro su vida». Asimismo, respondieron contundentemente que «la herida contuso cortante frontal asociada a fractura expuesta de cráneo se corresponde con lo informado de impacto directo de proyectil sobre la tabla frontal del cráneo», en referencia al disparo directo a su cabeza de una cápsula de gas lacrimógeno que efectuó el gendarme Héctor Jesús Guerrero. Por ANRed.

La querella de Pablo Grillo, representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), confirmó este lunes 2 de junio que el Cuerpo Médico Forense presentó el informe requerido en la causa que investiga el impacto de gas lacrimógeno en la cabeza que recibió Grillo durante la represión a una movilización de jubilados/as el 12 de marzo.

«El lunes 26 de mayo la médica forense de la Justicia Nacional, Claudia Zuñiga Teppa, y los médicos designados como peritos de parte, Ezequiel M. Amar por la querella y María Jimena Pérez Pelliser por la defensa, visitaron a Pablo Grillo en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramos Mejía. Luego de la visita y de analizar la historia clínica y partes médicos, presentaron su informe que responde una serie de preguntas formuladas, oportunamente, como puntos de pericia», detalla la querella.

Parte de la reconstrucción de los hechos que hace la presentación del CELS y la Liga, representantes legales de la familia de Grillo.

En ese sentido, la representación legal del joven indicó que «sobre el grado de las lesiones que presenta Pablo, su tiempo de curación y cualquier otro tipo de información médica que pueda ser de interés, la perito médica oficial y los dos peritos de parte respondieron: “a) Herida contuso compleja en rostro región mediofrontal; b) Fractura expuesta de cráneo fronto temporo parietal izquierda. Ambas producidas por golpe o choque con o contra objeto contuso que logra vencer la elasticidad de los tejidos (piel y tejido óseo) produciendo su rotura. Demandan un tiempo de curación de más de 30 días con igual tiempo de inutilidad laborativa. c) Hematoma subdural derecho con requerimiento de cirugía de descompresión, craniectomía y toilette quirúrgica (12/03/25) y Hematoma epidural izq. con requerimiento de cirugía craniectomía de descompresión (14/03/25). Los mecanismos de producción golpe o choque con o contra objeto contuso. Tiempo de curación de más de 30 días», detalla exhaustivamente el informe del cuerpo médico forense.

A partir de esta primera información, señala la querella, «los médicos establecieron que las lesiones sufridas por Pablo son de carácter ‘graves y gravísimas’, con tiempo de curación de más de 30 días e igual tiempo de inutilidad laboral y con respecto al peligro de «si las lesiones producidas por el disparo pusieron en peligro la vida» de Pablo Grillo, los tres médicos respondieron unánimemente: “Sí, real y concreto”.

Parte de la reconstrucción de los hechos que hace la presentación del CELS y la Liga, representantes legales de la familia de Grillo.

«En cuanto a la cuarta pregunta, vinculada a la existencia de secuelas neurológicas derivadas del hecho, si bien no pudo ser contestada, es de gran importancia y conecta directamente con la noción de que la conducta del gendarme Guerrero puso en serio riesgo la vida de Pablo y que su estado de salud permanece en estado crítico, concretamente, los médicos respondieron: ‘No puede apreciarse al presente momento siendo su pronóstico reservado, dado que al día de la fecha continúa internado en terapia intensiva’», informó la querella.

La quinta pregunta buscaba «establecer si para ocasionar las lesiones comprobadas se requiere del impacto o disparo directo sobre la superficie lesionada», y el grupo de médicos respondió contundentemente: ‘Sí, la herida contuso cortante frontal asociada a fractura expuesta de cráneo se corresponde con lo informado de impacto directo de proyectil sobre la tabla frontal del cráneo».

Finalmente, la sexta pregunta apuntaba a «establecer si las lesiones ocasionadas fueron producidas por un disparo con un proyectil de alta energía cinética sobre la superficie lesionada». A esto, los médicos respondieron: «No se puede establecer la energía cinética que albergaba el proyectil que podría haber causado la lesión, pero sí se puede decir que la apertura de la piel frontal y la fractura de la tabla interna y externa del hueso frontal del cráneo requiere de una importante fuerza de impacto para romper la elasticidad de los tejidos lesionados».

Gendarmería ya había reconocido que disparar armas lanzagases directo a personas podría «producir lesiones graves e, incluso, la muerte»

Cuando se cumplieron dos meses de la salvaje represión a la marcha de jubilados/as que dejó gravemente herido al fotógrafo Pablo Grillo, la querella del joven, además de denunciar que la investigación avanza lento y que todavía no se citó a declarar al gendarme Héctor Jesús Guerrero, había informado que, a partir de su pedido al Juzgado, a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubría, la Gendarmería Nacional reconoció que el uso de pistolas lanza gases, «en caso de impacto, podría producir lesiones graves e, incluso, la muerte», y que los reglamentos generales para el uso de esas armas no letales prohíbe dispararlas directamente contra las personas.

Gendarme Héctor Guerrero. Acusado de ser el autor del disparo que casi asesina a Pablo Grillo. Fotografía: Kaloian Santos, despedido por aportar sus fotografías a la reconstrucción de los hechos.

Asimismo, la querella también confirmó en ese momento que el protocolo de actuación de Gendarmería en manifestaciones «incluye un glosario de términos estigmatizantes vinculados a la protesta, los manifestantes y las organizaciones» y «establece las distintas formas de intervención frente a las multitudes, y en todas ellas el rol del jefe del operativo o supervisor es central ya que es quien da las órdenes a los gendarmes en terreno«.

Martina Giuliana Yas, de 32 años, oriunda de Río Gallegos y madre de dos niños, permanece desaparecida desde el pasado 21 de mayo. La joven viajó a Córdoba capital para realizar trámites personales y seguir un tratamiento, pero nunca regresó. Su familia, angustiada, pide ayuda para dar con su paradero. “Estamos en contacto permanente, pero la espera es desesperante”, expresó su hermana Dafne.

La última vez que fue vista fue cerca de las 14 en la calle Aviador Petirossi 3066, en el barrio Estación Flores, en el este de la ciudad. Ese día tenía previsto abordar un colectivo de regreso a su ciudad natal, pero nunca lo hizo. Las últimas personas que estuvieron con ella fueron identificadas como Mila Trinidad Rivero Collado y Fabricio Spadoni. La búsqueda, coordinada por la Policía de Córdoba y centrada actualmente en el barrio Villa Adela, se realiza bajo intensa vigilancia debido a la peligrosidad de la zona.

Según sus familiares, “tenía un pasaje para regresar a Río Gallegos esa misma tarde, pero nunca llegó a abordar el colectivo. En la ciudad cordobesa, además, no tenía conocidos y por eso, la preocupación es mucho mayor”.

Crece la angustia por Martina Yas

A una semana de la desaparición de la joven en Córdoba, su familia continúa con una búsqueda desesperada. “No tenemos ninguna novedad concreta y necesitamos la ayuda de todos”, expresó Dafne, su hermana, en diálogo con Nuevo Día.

La investigación, que cuenta con el acompañamiento de la Policía de Córdoba, se centra actualmente en Villa Adela, un barrio considerado de alta peligrosidad, según fuentes policiales. “Estamos en contacto permanente, pero la espera es desesperante”, agregó Dafne.

Al momento de su desaparición, Martina llevaba una maleta celeste con verde manzana, una mochila con diseño de mándalas en azul y rosa, y otra mochila de cuerina gris. Vestía un pantalón claro ajustado, una camiseta verde militar de mangas tres cuartos y un pañuelo con flores verdes y marrones.

Características físicas de la joven

Martina mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura delgada, tez trigueña y cabello marrón oscuro, con un rapado en el costado derecho y flequillo corto sobre las cejas. Entre sus rasgos más distintivos se destacan un tatuaje de un ojo en la frente y otro de una hoja de cannabis debajo del mentón.

Dónde reportar información sobre su paradero

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba, a través de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 2, Turno 3, difundió un comunicado oficial solicitando la colaboración ciudadana. Quienes puedan aportar información deben comunicarse con la Unidad Judicial 6 al (0351) 4481016 interno 34101, o acercarse a su sede en Lagunilla 3179, barrio Matienzo, Córdoba capital.

En paralelo, la familia solicitó el análisis de las cámaras de seguridad de la Terminal de Ómnibus para determinar si la joven fue vista en las inmediaciones el día que debía tomar el colectivo hacia Río Gallegos.

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