Durante la mañana de este sábado se terminaron los trabajos de empalme de cañería en el marco de la obra que debió realizarse para solucionar la rotura del caño de impulsión de líquidos cloacales.
La obra consistió en la realización de un by pass para no romper la cinta asfáltica teniendo en cuenta que el caño que sufrió la rotura pasa por debajo de la ruta nacional 22 a una profundidad de 2,5 metros.
Además se colocó hormigón elaborado en las curvas, razón por la cual ahora habrá que esperar su fraguado. Por lo tanto, se prevé que el servicio se normalice durante el día lunes.
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Juan Bautista le hizo un guiño importantísimo a Mauricio Macri. El ministro de Justicia de Javier Milei envío al Senado el pliego de Jorge Djivaris, para que integre la Sala B de la Cámara Comercial que tiene que tratar la causa del vaciamiento del Correo, la que más preocupa y en la que está mas comprometido, el ex presidente.
Djivaris es un cuadro importante en la estructura judicial del macrismo. Secretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires durante distintas gestiones, también integró la Procuración de la Ciudad de la que proviene Mahiques y hasta tuvo una posición clave en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño.
La movida de Mahiques, que forma parte de una jugada más amplia para rediseñar la Sala B de la Cámara Comercial del fuero ordinario, abona la teoría que su desembarco en el Ministerio de Justicia es parte de un buen nivel de diálogo entre Karina Milei y el Tanto Angelici, el principal operador en la justicia del macrismo.
Un entendimiento que coincide con la cercanía de Mahiques a los capos de la AFA, Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, este último muy cercano a Angelici. De hecho, en esta misma Sala que quiere colonizar Mahiques podrían recaer litigios por la discusión de las SAD en la AFA.
Bajo esos cálculos, el titular de la cartera de Justicia mandó la semana pasada la prórroga de la jueza Matilde Evangelina Ballerini, que cumplirá 75 años en septiembre, para que continúe en ese juzgado. Ese expediente se suma al envío del pliego de Djivaris
Ballerini, además de ocupar una butaca en la Sala B, está subrogando en la Sala C del mismo fuero, donde podría desembocar un recurso de apelación de la causa «World Eleven/ Tofoni» contra la AFA, relacionada al presunto desvío de fondos millonarios a través de sociedades fantasma en el exterior, con foco en Estados Unidos.
Djivaris es un cuadro importante en la estructura judicial del macrismo. Secretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires durante distintas gestiones, también integró la Procuración de la Ciudad de la que proviene Mahiques y hasta tuvo una posición clave en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño.
Guillermo Tofoni es el empresario que se encargaba de organizar los partidos amistosos de la Selección Argentina y denunció que la AFA utilizó un esquema de intermediarios para desviar dinero proveniente de contratos de patrocinio y derechos de TV. Por eso, pidió el embargo del 30% de los fondos que la asociación percibe por los compromisos deportivos y la intervención de la entidad.
La investigación se centra en el supuesto desvío de U$S 42 millones hacia firmas sin actividad aparente en Estados Unidos y Tofoni tramitó una medida cautelar ante el tribunal de Javier Cosentino, que rechazó esos reclamos pero concedió la queja.
Curiosamente, Cosentino estuvo ternado para la Sala C, a partir del Concurso 374 del Poder Judicial. Su pliego, incluso, había llegado al Senado pero fue retirado. Acaso el fallo más rimbombante de este magistrado fue el que decretó la quiebra de Oil Combustibles, la empresa de Cristóbal López, en 2018.
El ex secretario de Justicia porteño, Jorge Djivaris junto al actuam ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia.
Como sea, la pelea de Tofoni podría escalar hasta el juzgado que subroga Ballerini y tendría que pronunciarse, lo cual alimenta la sospechas en los pasillos judiciales acerca de una eventual inclinación suya para favorecer a la AFA con el objetivo de conseguir la prórroga en la Sala B.
Además, la jueza es cercana a María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, la madre de Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura y mano derecha en el organismode Horacio Rosatti. Durante la presidencia de Mauricio Macri, Díaz Cordero y Mahiques trabajaron juntos en el Ministerio de Justicia.
En mayo de 2022, Ballerini fue fundamental para que la defensa de los Macri lograra la suspensión del proceso judical en la causa Correo hasta que la Corte Suprema se expidiera acerca de la competencia bajo la órbita del TSJ o la Justicia nacional, fallo que se produjo recién el 29 de diciembre de 2024 con un guiño al líder del PRO y los votos favorables de Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, que al día siguiente se jubiló.
Djivaris había quedado rankeado en el puesto 12°, con 156 puntos, pero escaló al 4° lugar en el orden de mérito definitivo, gracias a las entrevistas personales.
El pliego de Djivaris, por su parte, fue remitido al Senado el último 30 de marzo. Hasta el año pasado, el postulante ocupó un cargo administrativo en el TSJ y antes fue secretario de Justicia de Horacio Rodríguez Larreta.
Además de Ballerini, la Sala B está integrada por María Guadalupe Vásquez y se completaría con Djivaris.
Paradójicamente, Mahiques habría contribuido a reforzar los argumentos de Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz con la acordada 4/26 para la selección de jueces. En el Concurso 478, Djivaris había quedado rankeado en el puesto 12°, con 156 puntos, pero escaló una posición después de las impugnaciones. Finalmente, trepó del 11° lugar al 4° en el orden de mérito definitivo, gracias a las entrevistas personales. Todo un prodigio en el mano a mano.
La vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Agustina Díaz Cordero.
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Mientras el Gobierno avanza con su agenda de privatizaciones, crecen las críticas por el caso Intercargo: una firma estatal superavitaria que, lejos de ser una carga fiscal, genera ingresos propios y hoy queda en la mira del ajuste. Especialistas advierten inconsistencias económicas y políticas detrás de la decisión.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La ofensiva privatizadora de Milei sumó un nuevo capítulo con Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa en aeropuertos y que, paradójicamente, no solo no da pérdidas sino que registra superávit operativo. En ese contexto, empiezan a multiplicarse las voces que cuestionan el sentido económico —y también político— de desprenderse de una firma rentable.
El punto más contundente lo sintetizó el periodista económico Andrés Lerner, quien señaló que la compañía “podría comprarse a sí misma”, en alusión a su capacidad financiera y a la inconsistencia de vender un activo que genera recursos genuinos.
Una privatización difícil de justificar
El caso Intercargo expone una de las principales contradicciones del modelo económico actual: no se trata de una empresa deficitaria ni de un “agujero negro” del Estado, como suele argumentarse para justificar privatizaciones. Por el contrario, es una firma que funciona, que presta un servicio estratégico en el sistema aerocomercial y que además deja saldo positivo.
Esa realidad abre una pregunta incómoda: si el objetivo es reducir el déficit, ¿por qué vender una empresa que aporta ingresos? La respuesta, para muchos analistas, no está en la eficiencia sino en la lógica ideológica del Gobierno, que busca achicar el Estado incluso en áreas donde su presencia es rentable.
El negocio detrás del desguace
La discusión no es menor. Intercargo opera en un sector clave: el manejo de equipajes, asistencia en tierra y logística aeroportuaria, un servicio esencial para el funcionamiento del transporte aéreo. En ese marco, su eventual privatización implicaría transferir a manos privadas un negocio ya consolidado y con rentabilidad asegurada.
Además, la apertura del mercado aerocomercial y la desregulación impulsada por Milei ya venían anticipando este escenario: menos Estado, más competencia privada y un corrimiento deliberado de empresas públicas del centro de la actividad.
Superávit, pero igual en venta
El dato central que incomoda al relato oficial es que Intercargo no encaja en el discurso clásico de “empresa pública ineficiente”. Muy por el contrario, su condición de superavitaria la convierte en una rareza dentro del universo estatal… y al mismo tiempo en un botín atractivo.
De ahí surge la frase que resume la polémica: “podría comprarse a sí misma”, una forma de señalar que la operación no responde a una necesidad económica sino a una decisión política.
Privatizar por definición, no por necesidad
Lo que está en juego, entonces, es más profundo que una simple venta. Es un modelo de país. La decisión de avanzar sobre Intercargo revela que el criterio no es corregir desequilibrios sino reconfigurar el rol del Estado, incluso cuando eso implique desprenderse de activos rentables.
En ese marco, la privatización deja de ser una herramienta puntual para convertirse en un fin en sí mismo. Y allí es donde aparecen las mayores resistencias: no solo por lo que se pierde en términos económicos, sino por lo que significa en términos de soberanía y control de sectores estratégicos.
Porque cuando una empresa que funciona, gana plata y cumple un rol clave entra en la lista de venta, la discusión ya no es contable. Es política.
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