Durante la mañana de este sábado se terminaron los trabajos de empalme de cañería en el marco de la obra que debió realizarse para solucionar la rotura del caño de impulsión de líquidos cloacales.
La obra consistió en la realización de un by pass para no romper la cinta asfáltica teniendo en cuenta que el caño que sufrió la rotura pasa por debajo de la ruta nacional 22 a una profundidad de 2,5 metros.
Además se colocó hormigón elaborado en las curvas, razón por la cual ahora habrá que esperar su fraguado. Por lo tanto, se prevé que el servicio se normalice durante el día lunes.
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“Aquí no volverá a haber elecciones, para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”. Así fue como Daniel Ortega anuló los comicios programados para noviembre de este año. Para ello, contó el presidente de Nicaragua, va a trabajar con la Asamblea Nacional con el objetivo de aprobar leyes que sirvan de “muro” para que la oposición no llegue al poder. Estas palabras se pronunciaron en el acto de conmemoración del 47° aniversario de la Revolución Sandinista. En la lengua de Daniel Ortega, la palabra revolución hace convivir dos estrategias prácticas: mantener y conservar el poder para sí (a cualquier precio) y perpetuar una dinastía política y económica.
Ante la novedad, se impone una pregunta: ¿por qué el sandinismo —que cuenta con el apoyo de partidos que legitiman su proyecto, con empresarios que intentan adecuarse con recelo y temor a la dinámica económica, y con un marco donde los disidentes están presos o exiliados— decide clausurar las elecciones?
Para responder esta pregunta es necesario revisar lo ocurrido durante las últimas décadas. En primer lugar, este experimento político no es novedoso. Ya lo hizo Anastasio Somoza García, quien construyó un sistema de poder autoritario que le permitió a su familia controlar Nicaragua desde 1933 a 1979. Daniel Ortega se le parece a “Tacho” Somoza en dos aspectos: ambos provienen del mundo de las armas (uno del Frente Sandinista de Liberación Nacional; el otro de la Guardia Nacional) y comparten una mirada sobre la centralización autoritaria para mantenerse en el poder.
En la lengua de Daniel Ortega, la palabra revolución hace convivir dos estrategias prácticas: mantener y conservar el poder para sí (a cualquier precio) y perpetuar una dinastía política y económica.
El sandinismo —que había tomado el poder en 1979— perdió las elecciones de 1990 y comenzó el tiempo de su reconfiguración en un proceso cruento en el que Ortega desplazó a los disidentes sandinistas y fortaleció su jefatura. Entre 1994 y 1995 se afianzó el punto cero de su liderazgo y empezó la carrera por llegar al poder. En 2006 ganó las elecciones y asumió la presidencia acordando con partidos tradicionales, con la Iglesia católica y con empresarios para construir un gobierno estable hasta 2018. En esos doce años consolidó su poder, lo amplificó con el apoyo de las fuerzas armadas y policiales, y logró expandirse hacia territorios electorales que ocupaban otros partidos. También se vio beneficiado por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, un acuerdo con la Venezuela chavista a partir del cual Nicaragua obtuvo petróleo barato y subsidios para los sectores populares.
Este sistema —que gozaba de legitimidad, estabilidad y crecimiento sostenido (en promedio, un 4% anual desde 2006)— se quiebra en 2018 desatando una rebelión civil, a partir de un decreto que modificaba el sistema de pensiones, algo percibido por la ciudadanía como un gesto autoritario. Dos años antes, en las elecciones de 2016, hubo un punto de quiebre: la esposa de Ortega, Rosario Murillo, se convirtió en vicepresidenta y empezaron ciertas tensiones con un sistema de poder que la miraba de reojo.
A partir de ese entonces, no solo se alejan los empresarios del acuerdo con el gobierno sandinista, sino que se erosiona la sostenibilidad del Estado. Los subsidios y el petróleo barato venían cayendo desde 2014 (con el derrumbe del precio internacional del barril) y para 2018 se desplomó la cooperación financiera entre Venezuela y Nicaragua en un 73 por ciento. El desgaste presupuestario del Estado nicaragüense y la caída del crecimiento implicaron ajustes que empujaron a gran parte de la sociedad a la calle. La desigualdad social y la pobreza empezaron a crecer en 2017 en una sociedad que ya tenía entre el 78 y 82 por ciento de informalidad laboral. La protesta anti autoritaria de las calles se combinó con el agotamiento de un sistema de poder que tenía más de diez años.
¿Por qué el sandinismo —que cuenta con el apoyo de partidos que legitiman su proyecto, con empresarios que intentan adecuarse con recelo y temor a la dinámica económica, y con un marco donde los disidentes están presos o exiliados— decide clausurar las elecciones?
Como indica Elvira Cuadra, socióloga e investigadora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, el autoritarismo de Ortega y Murillo se radicalizó a partir de 2018. El camino para recuperar el control del liderazgo y acallar esas protestas —como ya había pasado entre 1994 y 1995— fue a partir de una fuerte y capilar represión: 355 personas asesinadas y la persecución de opositores provocaron el miedo social y un masivo exilio político. Entre 2019 y 2024, la pareja presidencial logró que la Asamblea Nacional vote una serie de leyes para aumentar la capacidad represiva, el control ideológico y la clausura del sistema democrático: más persecución, menos garantías. Se clausuró la libertad de expresión y se sometió a opositores al despojo de la nacionalidad y a ser considerados traidores a la patria.
En cuanto a la política social, el gobierno sandinista se alejó de la atención de los problemas sociales y descansó, paradojalmente, en las remesas que recibían las familias nicaragüenses de quienes habían emprendido el exilio provocado por las represiones del sandinismo y por su propio modelo económico. Hoy, entre el 25 y el 30 por ciento del PBI lo representan las remesas. La política social está en manos de exiliados que se han escapado del régimen sandinista.
La disputa al liderazgo de Ortega desde las protestas opositoras de 2018 tuvo como resultado el rediseño del sistema político: el sandinismo compitió en las elecciones de 2021 contra partidos que colaboraban con el gobierno. El FSLN ganó unos comicios controlados y obtuvo, con el 75,2 por ciento, el control mayoritario del parlamento.
La política social de Nicaragua está en manos de exiliados que se han escapado del régimen sandinista.
Ahora bien, volviendo a la pregunta sobre por qué clausurar las elecciones, modificar la constitución y la ley electoral, podríamos responder que Ortega busca asegurar el poder más allá de su propia biología y, como indica Cuadra, resolver el problema de la sucesión. La primera propuesta para definir al sucesor fue la reforma constitucional de 2024 que estableció la copresidencia, cargo asumido por Rosario Murillo. Esta nueva posición en el Ejecutivo le permitió acceder a todas las instituciones del Estado y poner en cuestión la división de poderes. A la radicalización del autoritarismo le siguió la aceleración de la concentración de poder. La segunda propuesta se pronunció el pasado 19 de julio: Ortega, en el proyecto que enviará a la Asamblea, desea extender el mandato presidencial a siete años y que la continuidad, en vez de ser decidida en las urnas, pueda renovarse por el mismo parlamento en el que tiene mayoría. De esta manera, intenta constitucionalizar el fin de la alternancia política, blindar a Rosario Murillo —quien no cuenta en el sandinismo con los apoyos que sí tiene su esposo— y perpetuar una dinastía que se piensa más allá de la actual dupla presidencial. Algunos de los hijos de Ortega ya han asumido roles políticos y económicos relevantes. Entre ellos, Laureano Ortega Murillo, a quien nombraron Asesor Presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional y hace las veces de canciller paralelo, tejiendo alianzas con China, Rusia y Bielorrusia mediante acuerdos de inversión en infraestructuras. Esto también lo posiciona, en caso de que las tensiones con Estados Unidos aumenten, en un lugar relevante para futuras negociaciones.
Esta propuesta de clausurar la alternancia política y de radicalizar la concentración de poder bicéfalo no llega en momentos de bienestar económico. Si bien las remesas ayudan a muchas familias y sostienen la demanda social, la informalidad superó al 80 por ciento, cayó el poder de compra y empeoró la situación de aquellos hogares que no reciben remesas. El deterioro de las prestaciones públicas y de los programas de transferencia directa van en aumento, al igual que los costos de la energía y el transporte. A esto se agrega el temor a que la política migratoria estadounidense afecte el envío de dinero a Nicaragua.
El sandinismo tendrá que gestionar los próximos años con una situación económica muy precaria, en la que se impone el refuerzo de los “comités sandinistas”, que persiguen el control y asistencia barrio por barrio.
La clausura de la alternancia política generó el rechazo del gobierno de Estados Unidos, de Costa Rica —que cobijó a una importante cantidad de exiliados y emigrantes—, de la Unión Europea, entre otros. Si bien Venezuela apeló al principio de autodeterminación de los pueblos, su apoyo es retórico. Desde el secuestro de Nicolás Maduro y de la presión sobre Cuba, Ortega sabe que está solo. Nicaragua no tiene petróleo y ha sido un aliado eficiente de Estados Unidos a la hora de contener los flujos migratorios y el surgimiento de pandillas. Entiende que puede tener una vía de negociación con la Casa Blanca y más si Donald Trump pierde las elecciones de medio término en noviembre.
En estos días, la Asamblea y Rosario Murillo abrieron el proceso de consultas para una nueva reforma constitucional. Convocaron a los funcionarios estatales, al ejército, a la policía, a los empresarios y grupos sociales cercanos al gobierno. La mayoría de los analistas entienden que se abre la posibilidad de constitucionalizar el partido único acompañado de medidas que profundicen aún más la clausura de la vida democrática y de derechos fundamentales.
Daniel Ortega busca asegurar el poder más allá de su propia biología y, como indica Cuadra, resolver el problema de la sucesión.
Daniel Ortega, desde su llegada al poder en 2006, tuvo como meta concentrar el poder y quedarse. Provocar una simbiosis entre el sandinismo, el Estado y su propia persona. Actualmente está en marcha un laboratorio político que lo perpetúa más allá de la biología. Ortega busca afianzar una dinastía bicéfala, combinando, desde su regreso al poder, juego democrático, prácticas autoritarias, negación de derechos y garantías, represión y asesinato, tortura a manifestantes y acceso al poder estatal de algunos de sus hijos. Ha esgrimido distintos fundamentos narrativos: un mandato providencial para gobernar Nicaragua y el influjo del “poder popular” que les permite diseñar una constitución a medida.
El cierre de la alternancia democrática es un momento más de una estrategia donde en el centro de la escena está la estructura de poder construida sobre su propia figura. Ese guerrillero que le arrebató el poder a los Somoza, que nunca tuvo el carisma de otros guerrilleros y que pervive con algo de mesianismo entendió que ese hilo rojo de la historia nicaragüense vinculado a la concentración del poder (autoritaria o democrática) era un legado a rescatar para mantenerse a flote, gobernando y mandando a una sociedad cada vez más atemorizada, precarizada y con poco entusiasmo por la política.
La presencia de Gastón Salmain entre el público durante una audiencia de un juicio en Comodoro Py donde se desempeñan dos de los fiscales que lo están acusando dejó flotando en el Ministerio Público Fiscal la idea de un mensaje de parte del magistrado. En efecto, el juez federal de Rosario afronta un pedido de juicio político por causas de corrupción que pueden llevar a su destitución y, en ese caso, a la activación de un pedido de prisión preventiva ya concedido.
Salmain, que en los dos años que lleva en Rosario acumula tres causas penales -y dos son por pedir sobornos-, asistió la semana pasada en Buenos Aires a una de las audiencias de la causa conocida como «Sueños compartidos», donde están acusados entre otros los hermanos Sergio y Pablo Schocklender. Los fiscales federales allí son dos funcionarios de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac): su titular, Diego Velasco, y Juan Argibay Molina, que tiene asiento en Rosario.
Ambos participaron de la acusación contra Salmain en la causa conocida como Attila, donde el magistrado bajo sospecha está acusado de haber admitido un amparo del dueño de un fideicomiso y ordenado al BCRA que le vendiera 10 millones de dólares al precio oficial, durante la vigencia del cepo cambiario, para que el empresario pagara una deuda. Según la imputación, Salmain accedió ante la propuesta de recibir una coima del 10 por ciento de la diferencia de cambio, entre la cotización de la divisa en el mercado de cambios y en el circuito blue.
El abogado que asiste a acusados en Sueños Compartidos, Yamil Castro Bianchi, es uno de los abogados de Salmain en el pleito por el cual el juez ya está camino a juicio, y por el que eludió la prisión preventiva por la inmunidad que le otorgan sus fueros. En la audiencia celebrada por el desvío de dinero para la construcción de viviendas sociales que tiene imputados a los Schoklender, el juez federal bajo reproche apareció llamativamente entre el público.
Y fue sugestivo cómo, en medio de la audiencia, el abogado de Salmain le señalaba al fiscal del caso que terminaría preso. Fue durante su intervención en la que defendió a Daniel Nasif y Silvia Nasif, ex funcionarios para los cuales la fiscalía pide penas de prisión efectiva en el marco de la causa Sueños Compartidos.
Fue sugestivo cómo, en medio de la audiencia, el abogado de Salmain le señalaba al fiscal del caso que terminaría preso.
Al cuestionar el monto de la pena que pedían los fiscales a sus asistidos, Castro Bianchi dijo: «Tendría que haber menos doctores Velasco porque la acusación fiscal no es ni más ni menos que la crítica a una política de Estado que era darles a los que menos tienen. Pero para poder diferenciarme del acusador, el día que a mi me toque pedirle pena al señor Salmain en la causa que tienen con el presidente de la Corte Suprema yo sí voy a empezar por el mínimo porque ahí nos tenemos que diferenciar sobre determinados principios que tenemos al momento de ejercer nuestra profesión».
¿A qué se refería el abogado cuando dijo que le pediría pena a Velasco en relación a «la causa que tienen con el presidente de la Corte Suprema»? Esto es por una idea defensiva de Salmain, al menos hasta ahora sin demostración en evidencia, que plantea reiteradamente en su juicio.
Lo dijo Salmain cuando fue imputado de un nuevo pedido de coima, esta vez destinado hacia el ex director regional de la AFIP Santa Fe Carlos Vaudagna. Salmain sostuvo entonces que sus causas eran un armado que atribuyó de modo manifiesto al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
«Esta persecución guarda estrecha relación por una investigación que tramita en Comodoro Py, y que examina la posible existencia de una asociación ilícita que involucraría al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, a su secretario, Silvio Robles, y a fiscales de la jurisdicción de Rosario, presuntamente vinculados con ellos», planteó Salmain cuando lo imputaban de gestionar un soborno de 100 mil dólares para quedarse con el control de las causas penales de Vaudagna.
La intención de Salmain es radicar sus causas en Comodoro Py, pero la jueza federal María Romilda Servini lo rechazó. Luego el polémico magistrado pidió que se investigara a Rosatti por los contenidos de una carta en que otro imputado en las mismas causas, el escribano santafesino Santiago Busaniche, anunciaba que se quitaría la vida por un complot que atribuye al titular del máximo tribunal, que tramita en el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, y que tiene como fiscal actuante a Ramiro González.
Fue algo muy inhabitual y muy extraño. También un poco bizarro. El defensor Castro Bianchi diciendo que le va a tocar pedirle pena a los fiscales que acusan a su defendido, que es un juez federal en funciones implicado en dos causas de sobornos.
Para Salmain, parece recurrente el hábito de mandar mensajes en plena audiencia en donde resulta acusado. Cuando lo imputaban de haber ordenado vender dólares durante el cepo al empresario dueño de Attila, el ahora imputado Fernando Whpei, el magistrado aludió a que había hecho lo mismo con empresarios de medios de Rosario.
En la audiencia de hace diez días, no solamente aludió a Rosatti. También pareció mandar un mensaje al ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti, a quien aludió explícitamente, incluso mostrando una publicación periodística que lo mencionaba. Lorenzetti participó personalmente de la ceremonia en la que Salmain, oriundo de Buenos Aires, asumió como juez federal de Rosario en julio de 2024.
Ahora, de manera inesperada y en otro juicio, el abogado de Salmain apuntó contra los fiscales que acusan a su cliente, en un juicio donde estos funcionarios participan. «Fue algo muy inhabitual y muy extraño», comentaron a LPO desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación. «También un poco bizarro. El defensor Castro Bianchi diciendo que le va a tocar pedirle pena a los fiscales que acusan a su defendido, que es un juez federal en funciones implicado en dos causas de sobornos», resumió el funcionario que habló con este medio, y agregó: «un mensaje más».
El proyecto presentado por el Intendente Marcelo Orazi ante el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) para la ejecución de la obra de nexo cloacal del sector suroeste recibió la aprobación técnica. Resta ahora la aprobación presupuestaria por parte del organismo nacional, cuya última actualización fue de $87.706.894. En ocasión de su viaje…
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