Durante la mañana de este sábado se terminaron los trabajos de empalme de cañería en el marco de la obra que debió realizarse para solucionar la rotura del caño de impulsión de líquidos cloacales.
La obra consistió en la realización de un by pass para no romper la cinta asfáltica teniendo en cuenta que el caño que sufrió la rotura pasa por debajo de la ruta nacional 22 a una profundidad de 2,5 metros.
Además se colocó hormigón elaborado en las curvas, razón por la cual ahora habrá que esperar su fraguado. Por lo tanto, se prevé que el servicio se normalice durante el día lunes.
Toto Caputo está desesperado para conseguir los dólares que le faltan para pagar el vencimiento de deuda del próximo viernes 9 de enero y, entre otras maniobras, está presionando a Maximiliano Pullaro para que liquide los 800 millones de dólares que Santa Fe tomó para obras.
«Quisieron que vendamos de forma urgente los dólares», dijeron a LPO desde el gobierno santafesino, donde remarcaron que el pedido se hizo tres días antes del nuevo esquema de actualización por inflación de las bandas de flotación. En el mercado descuentan que eso empujará el precio del dólar, por lo que para Santa Fe la liquidación en este momento podría ser desventajosa.
Las fuentes del gobierno de Pullaro agregaron que tienen 180 días para liquidar esos dólares y que la idea es ingresando esas divisas a medida que avance el plan de obras para el que fue tomada esa deuda.
El próximo viernes 9 de enero Caputo tiene que pagar el vencimiento de bonos por 4.324 millones de dólares. Según estimaciones del mercado, el ministro tiene entre 2000 y 2600 millones de dólares, aunque hay otros más pesimistas como la consultora 1816 que sostienen que tiene algo más de 1800 millones de dólares.
Un factor clave respecto de las dudas que hay en el mercado sobre con cuántos dólares cuenta Caputo es que hasta la semana pasada estuvo reventando divisas para que no se vaya el precio. La semana previa a Navidad quemó USD 241 millones en dos días y, aunque no hay datos certeros, se estima que la pérdida fue peor la semana pasada.
La exigencia a Pullaro no fue la única maniobra desesperada de Caputo. Este fin de semana salió a decir por la red social X que los bancos «no rompan las pelotas» a sus clientes con exigencias legales para que puedan sacar los dólares del colchón amparados en la nueva ley de inocencia fiscal.
Quisieron que vendamos de forma urgente los dólares, dijeron a LPO desde el gobierno santafesino, donde remarcaron que el pedido se hizo tres días antes del nuevo esquema de actualización por inflación de las bandas de flotación
Al mismo tiempo, Caputo le pidió al Banco Nación que salga a pedir a la gente que vayan a depositar los dólares. «El Banco Nación está preparado para satisfacer la demanda de sus clientes y de toda aquella persona interesada a la hora de hacer consultas o solicitar nuestro servicio para disponer de sus ahorros», informó la entidad.
Por otro lado, en Economía se enojaron con el diario Clarín por una nota que sostiene que Caputo quiere evitar el default. «En tema deuda, no hemos hecho otra cosa que pagarla», tuiteó el canciller Quirno. «No hay ninguna duda que se van a pagar los vencimientos», dijo el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Lo mismo hicieron otros funcionarios y dirigentes libertarios que atacaron al medio por utilizar la palabra default.
El sábado, Javier Milei aseguró en una entrevista que «Argentina va a pagar», pero se escapó cuando le consultaron cómo. «Eso lo va a resolver el ministro Caputo, que entiende como nadie el valor de pagar», respondió.
El problema es que justamente Caputo no sabe todavía como conseguir los dólares que le faltan. Semanas atrás el ministro aseguró que tenía un préstamo repo con bancos internacionales por hasta 7 mil millones de dólares, pero no hay novedades. Tampoco está claro que pueda activar el swap con el Tesoro de Estados Unidos.
Otra maniobra desesperada de Caputo fue la publicación de una resolución para apurar el pago del canon de los nuevos concesionarios de las represas hidroeléctricas de la Patagonia, por 706 millones de dólares. Según la consultora 1816, todavía no ingresaron.
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La oposición inició contactos en el Congreso con el objetivo de lograr el número para voltear el DNU que reconfigura la SIDE, publicado bajo el número 941/25. El primer paso fue reclamarles a Victoria Villarruel y Martín Menem que conformen la Bicameral de Inteligencia y la de Trámite Legislativo, que es la que rechaza o valida los decretos dentro de los 10 días hábiles desde su publicación en Boletín Oficial.
Un diputado del interbloque de Provincias Unidas le dijo a LPO que la apuesta es llevar la discusión al recinto, en una sesión. «Tenemos el número», aseguró.
En efecto, las bancadas de Miguel Pichetto, la Coalición Cívica y PU emitieron un comunicado de rechazo y plantearon que «no existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso, menos aún cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU».
La Bicameral de Inteligencia se compone de 14 miembros, siete por cada cámara, mientras que la de Trámite Legislativo admite nueve en total, cinco por el Senado y cuatro por Diputados.
El recambio parlamentario obliga a las autoridades del Congreso a nombrar a los nuevos integrantes, respetando la proporcionalidad de los bloques.
En la Cámara Alta, el líder de la bancada peronista, José Mayans, impugnó el criterio definido por Patricia Bullrich con el concurso de los presidentes de los bloques antikirchneristas, por asignarle a Fuerza Patria menos lugares de los que les corresponderían en la comisión de Trabajo y la de Presupuesto y Hacienda. De hecho, el formoseño dejó vacantes las sillas de su espacio, como el paso previo a la judicialización contra lo actuado si se llegara a sancionar la reforma laboral que el gobierno debió postergar hasta febrero.
Oscar Zago.
En Diputados, por otro lado, la discusión por la integración encuentra al peronismo en otra posición. Aún cuando en la bancada de Germán Martínez se quejan que Menem «cambia el criterio o no tiene criterio para conformar las comisiones», La Libertad Avanza cuenta con un bloque de 95 diputados y Fuerza Patria con uno de 93. Los dos interbloques que le siguen en cantidad de miembros acreditan 22 cada uno y, si se calcula por sistema D’Hont, sería difícil que puedan colar algún representante en las bicamerales.
De hecho, un legislador comentó a LPO que Unidos está tratando de juntarse en interbloque con algún otro espacio «para poder dontear (en referencia al D’Hont) y meter uno en la de Inteligencia y otro en la Bicameral de DNU».
El problema sería que casi no quedan bloques donde pescar más integrantes. «Insistimos con (Marcela) Pagano hasta último momento para sumar a los cuatro de Coherencia pero no hubo caso», admitieron en Provincias Unidas.
No existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso, menos aún cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU.
Por lo demás, la Bicameral de Inteligencia no dictamina sino que elabora informes y, por definición, son secretos. Ese detalle hace que la oposición tenga la mira puesta en la Bicameral de DNU, que el año pasado terminó siendo presidida por Oscar Zago tras el episodio de las trompadas con Lisandro Almirón en plena sesión. Premiado con ese cargo, Zago salvó el decreto de Milei y Toto Caputo para el acuerdo con el FMI una semana después de las piñas.
Si la composición de esa bicameral mantuviera cuatro lugares para la Cámara Baja, la lógica indicaría que se repartieran dos sillas para los libertarios y dos para los peronistas. Las cinco que quedarían en representación del Senado podrían distribuirse entre los bloques de Mayans, Bullrich y el radical Eduardo Vischi, que lidera la tercera minoría.
Sin embargo, la oposición recuerda el antecedente del decreto con el aumento de los fondos de la SIDE que el Congreso volteó en 2024. En aquella ocasión, Mauricio Macri fue determinante: horas antes de la sesión en Diputados, convocó a un zoom con los gobernadores de Juntos y los referentes parlamentarios para ordenar el voto en contra del DNU. Hasta Diego Santilli se agarraba la cabeza en los pasillos del Congreso, diciendo que ya había salido por las radios a decir que estaba a favor la misma mañana que Macri mandaba a hacer lo contrario.
Esta vez, el bloque PRO difundió un comunicado de tibio respaldo al DNU 941/25. «Conformamos un equipo especializado que se encuentra analizando el decreto», dice en su primera oración, y agrega: «consideramos que la temática abordada es central para la seguridad y la defensa del país, por lo que nuestra postura inicial es actuar con responsabilidad institucional: ser prudentes y aguardar el dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria, antes de fijar una posición definitiva».
Es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos, tanto para las tareas de contrainteligencia como para las facultades vinculadas a la aprehensión de personas, subrayando que esta última es de carácter restrictivo y excepcional.
Pese a que el texto afirma que «los cambios introducidos podrían resultar positivos», señala que «es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos, tanto para las tareas de contrainteligencia como para las facultades vinculadas a la aprehensión de personas, subrayando que esta última es de carácter restrictivo y excepcional, dado que el agente de inteligencia no puede revelar su identidad ni darse a conocer durante el ejercicio de su función».
El rechazo al decreto motivó, incluso, que la cordobesa Alejandra Vigo tuiteara. «Un tema tan relevante como es la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional debe ser discutido en el Congreso de la Nación», expresó.
Entre los peronistas, salieron al cruce del gobierno los diputados Agustín Rossi, ex titular de la AFI, y Jorge Taiana, ex ministro de Defensa, lo criticaron con dureza. El santafecino consideró que el DNU transforma a los agentes de la SIDE en una «policía secreta» y alertó que otorga «carácter encubierto» a todas las actividades del organismo, mientras que Taiana advirtió que «se autonomiza la inteligencia del control civil por parte del Ministerio de Defensa».
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