Durante la mañana de este sábado se terminaron los trabajos de empalme de cañería en el marco de la obra que debió realizarse para solucionar la rotura del caño de impulsión de líquidos cloacales.
La obra consistió en la realización de un by pass para no romper la cinta asfáltica teniendo en cuenta que el caño que sufrió la rotura pasa por debajo de la ruta nacional 22 a una profundidad de 2,5 metros.
Además se colocó hormigón elaborado en las curvas, razón por la cual ahora habrá que esperar su fraguado. Por lo tanto, se prevé que el servicio se normalice durante el día lunes.
Después de varias decisiones y apelaciones, con las campañas ya iniciadas y a dos semanas de la fecha de los comicios (7 de abril); se dio por finalizada la telenovela de Alberto y su re-re elección. Con tres votos contra dos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CJSN) dio por finalizada la historieta….
La Municipalidad de Villa Regina, a través de la Dirección de Tránsito y Protección Civil, solicita a los vecinos tener en cuenta las siguientes recomendaciones por la realización del Rally Ciudad de Villa Regina. En principio, el día viernes mantener liberado el estacionamiento de la Avenida 9 de Julio margen norte desde calle Irigoyen hasta…
El ministro Toto Caputo volvió a demorar la aplicación de uno de los capítulos más sensibles de la reforma laboral. La reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el nuevo sistema pensado para reemplazar parcialmente el esquema tradicional de indemnizaciones, quedó postergada hasta 2027 y agravó la interna con Federico Sturzenegger, que hizo de la reforma laboral uno de los capítulos más importantes de su proyecto desrregulador.
Caputo adujo razones fiscales para pisar la reforma. La reforma establece que los empleadores deriven una parte de las contribuciones patronales hacia los FAL. Las grandes empresas debían aportar el equivalente al 1% de los salarios y las medianas, pequeñas y microempresas un 2,5%. Ese dinero ya no iría a la Anses, sino a fondos privados destinados a cubrir indemnizaciones futuras.
Economía adujo que el nuevo sistema generaba un bache fiscal superior a los 4,5 billones de pesos anuales. Equivale aproximadamente al 0,46% del PBI. Unos 2.500 millones de dólares por año. Pero quienes defienden el sistema afirman que el cálculo es una exageración mal intencionada de Economía, ya que la constitución de los FAL, en el mejor de los casos, será un proceso gradual que llevará años.
Pero Caputo encontró la excusa para trabarle a su rival interno su reforma estrella. El gobierno enfrenta una caída persistente de la recaudación y una discusión interna cada vez más áspera por la dificultad de seguir avanzando con el ajuste. La baja real del IVA y Ganancias golpeó fuerte los ingresos nacionales. En Economía sostienen que no hay margen para resignar más recursos destinados al sistema previsional.
Por eso, aunque el plazo original fijaba la puesta en marcha para el próximo 1 de junio, funcionarios del equipo económico ya les comunicaron informalmente a bancos y administradoras privadas que los tiempos se estiran. La nueva fecha quedó corrida, al menos, hasta 2027.
La expectativa era enorme. Las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión y los fiduciarios autorizados por la Comisión Nacional de Valores ya imaginaban un flujo constante de aportes mensuales. En el sector hablan de una masa de dinero capaz de modificar la escala de la industria local de fondos.
Aunque el plazo original fijaba la puesta en marcha para el próximo 1 de junio, funcionarios del equipo económico ya les comunicaron informalmente a bancos y administradoras privadas que los tiempos se estiran. La nueva fecha quedó corrida, al menos, hasta 2027.
«Estamos hablando de más de 500 mil empleadores. Es una revolución de números y de tamaño brutal», dijo esta semana el titular de la CNV, Roberto Silva. Pero, por ahora, el proyecto quedó guardado en un cajón, víctima de la interna entre Caputo y Sturzenegger, que excede este tema y abarca el rumbo de la política económica.
Caputo prioriza sostener el dólar quieto. Sturzenegger empuja otra lógica. Como Domingo Cavallo, cree que el Gobierno demora demasiado la apertura total del cepo y que el actual esquema posterga el programa libertario original de liberar completamente el mercado cambiario.
La tensión también atraviesa al FMI. Sturzenegger conserva una relación aceitada con cuadros técnicos del organismo gracias a su perfil académico y su paso por el MIT. En Economía molesta especialmente que el ministro sugiera en privado que tuvo un rol clave para destrabar desembolsos y mejorar el diálogo con Washington.
La pelea ya impacta sobre áreas concretas del Estado. El caso del INTI fue uno de los episodios más visibles. Sturzenegger impulsó recortes mucho más agresivos y una poda casi total de funciones. Caputo frenó parte de esa avanzada.
Algo parecido ocurre con la llamada Ley Hojarasca. Mientras Sturzenegger celebra la derogación masiva de regulaciones y normas viejas como una victoria política propia, en Economía observan con desconfianza el impacto que una desregulación acelerada puede tener sobre la recaudación y sobre actividades sensibles para el comercio y la producción.
En el Gobierno incluso circula otra hipótesis. Algunos sectores de la Casa Rosada imaginan a Sturzenegger ocupando más adelante un rol superior de coordinación política y económica, algo parecido a una Jefatura de Gabinete con poder sobre las áreas presupuestarias. Cerca de Caputo responden que el ministro seguirá mientras logre estabilizar el frente cambiario y cerrar definitivamente el esquema de financiamiento internacional. La reforma laboral quedó atrapada en esa disputa, el nuevo negocio financiero deberá esperar.
María Luz Bambaci, una senadora que responde a Sebastián Pareja, no pudo asumir al frente de la comisión de Asuntos Constitucionales porque no logró conectarse a tiempo al zoom con los senadores. El cargo quedó para Sergio Vargas, un senador aliado al peronismo.
Bambaci había llegado a un acuerdo con Verónica Magario para ser vice de la poderosa comisión por la que circulan todos los pliegos judiciales. Sin embargo, cuando llegó la hora de constituir la comisión, la senadora no estaba conectada. Según algunas versiones, los senadores esperaron unos minutos, y como Bambaci no aparecía decidieron constituir la comisión con Vargas como vice.
Desde el lado de la senadora libertaria aseguran que la historia fue otra. Dicen que Bambaci siempre estuvo conectada, pero que al momento de conformar la comisión le informaron que ese cargo quedaría para Vargas. «Fue una maniobra del peronismo», dicen.
Pese a que el Senado no sesionó en lo que va del año, los senadores evitan llegar hasta sus despachos de La Plata y participan de las reuniones de comisión a través de videollamadas, un formato que se utilizó en la pandemia, pero que hoy deja lugar a la controversia.
Desde el entorno de la senadora sostienen que Bambaci siempre estuvo conectada a la sesión y remarcan que en todo caso la vicepresidencia de la comisión debería haber quedado para el senador libertario Gonzalo Cabezas. Eso explica -dicen- que fue un acuerdo dentro del peronismo.
El Senado difundió una foto de la pantalla donde se puede ver a tres senadores conectados. Allí están Guillermo Montenegro, Juan Manuel Rico Zini y María Luz, que aparece con la cámara apagada. Fuentes de la Cámara Alta desestiman esa foto como prueba toda vez que aseguran que no fue del momento en que se constituyó la comisión.
Bambaci tiene un armado libertario en el sur de la provincia. Es muy cercana a Sebastián Pareja a quien conoció cuando ambos trabajaban para Emilio Monzó y Sebastián García de Luca. A pesar de que responde a Pareja mantiene puentes abiertos con Patricia Bullrich con quien trabajó durante los primeros años del gobierno libertario.
El gobierno de Milei avanzó en un nuevo acuerdo militar con Estados Unidos para el patrullaje y la vigilancia del Atlántico Sur, una región estratégica para la Argentina por sus recursos naturales, la cercanía con la Antártida y la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas. El convenio, presentado bajo el nombre de “Protecting Global Commons Program”, fue anunciado primero por el Comando Sur y la Embajada estadounidense antes que por el propio Ministerio de Defensa argentino, y despertó fuertes críticas políticas por el alcance de la presencia norteamericana en aguas argentinas.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La iniciativa contempla cooperación militar, provisión de equipamiento, entrenamiento especializado y tareas de vigilancia marítima durante los próximos cinco años. Según trascendió, el acuerdo comenzó con la entrega de tecnología para aeronaves destinadas al patrullaje del mar argentino, pero prevé una expansión progresiva con “equipamiento avanzado” y apoyo operativo para interceptar amenazas marítimas. Para sectores críticos, el problema excede cualquier cuestión técnica: el gobierno vuelve a colocar áreas estratégicas argentinas bajo tutela extranjera.
El concepto que encendió todas las alarmas
Uno de los puntos más cuestionados fue el lenguaje utilizado por Washington para justificar el despliegue. El Atlántico Sur fue definido como un “bien común global”, una expresión que para especialistas en soberanía y defensa implica relativizar el control argentino sobre una de las zonas geopolíticas más importantes del planeta.
No se trata de un territorio cualquiera. Allí confluyen las mayores reservas pesqueras del hemisferio sur, corredores marítimos estratégicos, recursos energéticos offshore y la puerta de entrada a la Antártida. Además, el Reino Unido mantiene en las Islas Malvinas una poderosa base militar con capacidad de proyección sobre toda la región.
Por eso, la decisión de Milei de profundizar acuerdos militares con el principal aliado estratégico de Londres dentro de la OTAN generó un fuerte rechazo en ámbitos diplomáticos y académicos. Para muchos analistas, el gobierno argentino termina validando indirectamente una arquitectura militar internacional que históricamente fue funcional a los intereses británicos y estadounidenses en el Atlántico Sur.
La polémica también escaló por el hermetismo oficial. El anuncio original no fue realizado por el Ministerio de Defensa argentino sino por organismos estadounidenses, algo que para la oposición refleja el nivel de subordinación política del gobierno libertario frente a Washington.
Una región bajo disputa geopolítica
El acuerdo se inscribe además en un contexto internacional de creciente militarización del Atlántico Sur. Estados Unidos busca consolidar presencia sobre corredores marítimos y recursos estratégicos, mientras el Reino Unido fortalece sus capacidades militares en Malvinas y otras potencias incrementan operaciones vinculadas a la Antártida.
En ese tablero global, la Argentina aparece cada vez más alineada con la agenda norteamericana. Durante los últimos meses, el gobierno de Milei multiplicó ejercicios conjuntos, reuniones con altos mandos militares estadounidenses y acuerdos de interoperabilidad. La intención parece evidente: convertir al país en el principal socio regional de Washington en materia de defensa y seguridad.
Pero esa estrategia tiene costos políticos y diplomáticos. Diversos especialistas advierten que una dependencia creciente de equipamiento, financiamiento y entrenamiento extranjero reduce márgenes de autonomía y condiciona futuras decisiones soberanas. La discusión no es solamente militar: también involucra pesca ilegal, explotación de hidrocarburos, rutas comerciales y control territorial.
Incluso dentro de las propias Fuerzas Armadas existen sectores que observan con preocupación el reemplazo de una política de desarrollo nacional de capacidades por un esquema de dependencia tecnológica externa. El problema, sostienen, es que la Argentina termina actuando como plataforma subordinada dentro de intereses estratégicos ajenos.
El atlántico sur, otra vez en el centro de la disputa
El trasfondo del conflicto vuelve a colocar en escena una pregunta histórica: quién controla realmente el Atlántico Sur. Mientras Milei profundiza vínculos militares con Estados Unidos, crecen las dudas sobre el impacto de esos acuerdos en la soberanía argentina y en el reclamo histórico sobre Malvinas.
Para el gobierno libertario, la alianza representa cooperación estratégica y modernización militar. Para sus críticos, en cambio, constituye un nuevo avance de Washington sobre áreas sensibles del país y una peligrosa cesión de autonomía en una de las regiones más codiciadas del siglo XXI.
Porque detrás del discurso de “seguridad marítima” y “cooperación internacional”, lo que está en juego es mucho más profundo: el control de los recursos naturales, las rutas oceánicas y la proyección geopolítica sobre el extremo sur del planeta.
Maristella Svampa es socióloga, investigadora del CONICET y escritora. Nacida en el Alto Valle de Río Negro, en la ciudad de Allen. Desde hace muchos años trabaja en cuestiones ligadas a movimientos sociales y problemáticas socio ambientales, no solo acá en Argentina, sino también en perspectivas comparativas con otros países de América Latina. Visitó la…
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