PorEmiliano Piccinini
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El acceso a la vivienda es un derecho y como tal, debe respetarse y cumplirse. Nuestros representantes deben trabajar en pos de un desarrollo integral y una organización comunitaria de los sectores más humildes y necesitados de la ciudad. La casa propia con servicios básicos es la base de una vida digna y saludable.
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Luego del rechazo a la tasa vial en lo que sería la primera derrota política del intendente Albrieu frente a una oposición que venía en modo light pero se fortaleció ante la demanda de la gente, el oficialismo salió a los medios en una suerte de operativo de comunicación para desvalorizar la movida generada por…
El caso de corrupción en el que está implicado el juez rosarino Marcelo Bailaque iluminará en los próximos días una región secreta del poder donde se mezclan la política, el escalón más alto de la Justicia Nacional y los servicios de inteligencia. Es la historia del escribano santafesino Santiago Busaniche. Un hombre que se movió en las penumbras durante 25 años, conocido para todo Comodoro Py decisivo en las designaciones de la Justicia Federal y en el tráfico de favores para construir influencia.
Ex rugbier de la ciudad de Santa Fe, hijo de un médico clínico prestigioso, hermano de un camarista federal de Paraná. Casado con una hija del ex diputado nacional Julio Gutiérrez que es a su vez primo político de Carlos Reutemann, de sagacidad intelectual aguda e históricamente en segundo plano. Estas son algunas contraseñas iniciales de Busaniche, de 50 años, que aparecerá imputado en una causa de extorsión que se investiga en Rosario.
Este trámite penal es el que llevó a que Bailaque esté actualmente en prisión domiciliaria y presentara su renuncia como juez federal hace dos meses. En ella están implicados también el ex director regional de la AFIP Carlos Vaudagna, que se convirtió en arrepentido, y el financista Fernando Whpei.
Los acusan de haber montado a través de un anónimo una causa penal por lavado de activos contra un directivo en Rosario de la aseguradora San Cristóbal, el agente de bolsa Claudio Iglesias. El propósito fue, según el fiscal del caso y el testimonio del damnificado, cobrarle 200 mil dólares al operador bursátil para luego paralizar ese trámite.
Santiago Busaniche será requerido en este caso porque aparece en el teléfono de Vaudagna, que es una delirante caja de pandora de hechos de corrupción. Surge o es aludido por tener intereses en el caso del directivo de San Cristóbal. Eso ocurre en un momento en 2019 cuando dice que habla con “Marcelo” por el caso de Iglesias y pide que aceleren los allanamientos en su contra. Y posteriormente en 2021 cuando a Iglesias le dan la llamativa falta de mérito tras imputarlo. Para que eso pase Busaniche gestiona, con sus influencias, que en la AFIP tramiten un informe desincriminante en favor del imputado.
En el momento que se inició la causa penal contra Iglesias había un proceso electoral en San Cristóbal. La presunción es que había algo por lo que querían sacar de carrera a Iglesias quien se presentaba como candidato a presidir la aseguradora. No está claro por qué motivos o por directiva de quién. Sí que se tramó con ese propósito un proceso de total apariencia dolosa.
Por estos hechos el fiscal Juan Argibay Molina, de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac), solicitó en febrero pasado el secuestro del teléfono de Busaniche. El juez federal de garantías Eduardo Rodrígues da Cruz lo negó y le solicitó que amplíe la fundamentación de la medida para habilitarla.
El ex juez Marcelo Bailaque
La de Busaniche es la historia de un hombre culto que con encanto y carisma se edificó como un operador free lance en la cumbre nacional de la administración de Justicia. Su suegro Julio Gutiérrez lo ubicó en la Defensoría del Pueblo de Santa Fe en los años 90, cuando en la provincia gobernaba su primo Carlos Reutemann. Julio Gutiérrez era mano derecha en la Legislatura de Lole.
Desde allí Busaniche empezó a viajar a Buenos Aires para recaudar fondos para las campañas políticas del peronismo santafesino. Para ello cuentan en la capital de la provincia que fue crucial para él un apoderado de ferrocarriles vinculado a la embajada británica. Este hombre, Arturo Arrizabalaga, como lobista le abrió la puerta de empresarios poderosos a los que invitaba a cenas para obtener ingresos para las campañas.
Busaniche será requerido en el caso Bailaque porque aparece en el teléfono de Carlos Vaudagna, que es una delirante caja de pandora de hechos de corrupción
A fines de los 90, cuando Jorge Obeid habilitó registros para escribanos, obtuvo uno y empezó a hacer trabajos notariales para bancos. Renunció entonces a la Defensoría del Pueblo. Se acrecentó su relación con el PJ y el mundo judicial a través de Carlos Carranza que era ministro de Gobierno de Reutemann.
Cuando pusieron preso a Menem merced a esas relaciones políticas lo empezó a visitar en Buenos Aires durante su detención. Sin levantar notoriedad generó relaciones públicas copiosas. Pero fue concluyente para su influencia en la Justicia Federal haber conocido a Héctor Daniel Marchi. Este era un ex concejal de Rafaela a quien el también oriundo de esa ciudad Ricardo Lorenzetti eligió e impulsó como administrador general de la Corte Suprema de la Nación. Marchi fue desplazado en 2023 de ese cargo por decisión de la Corte con la única resistencia de Lorenzetti que con vehemencia y en soledad defendió su continuidad.
El caso Vaudagna ahora agita la pista Lorenzetti
Busaniche y Marchi fueron presentados a su vez por el abogado rafaelino Guillermo Zenklusen que está imputado en la causa junto a Bailaque. En los tribunales federales de Santa Fe, en Rosario y en Comodoro Py señalan que a partir de esa relación privilegiada con Marchi, Busaniche fue gravitante para colonizar con nombramientos sin concursos el Poder Judicial y también para gestionar ascensos. Tanto de jueces, secretarios, o de familiares o allegados de estos.
En su carrera vertiginosa también armó su entrada con Javier Fernández que fue operador judicial del kirchnerismo y al que se reconocen vínculos estables con el mundo de los servicios.
Carlos Vaudagna
En esos sótanos Busaniche ganó también de modo inorgánico conocimiento y protagonismo. Los profundizo porque su capacidad de moverse fue transversal a la política. Se hizo lugar con otros operadores del macrismo como Daniel Angelici y César Martucci.
“Santiago es el número uno de la agrupación. Le hacemos caso en todo”, le atribuyen haber dicho al último. Su capacidad venía de prevalecer en designaciones, ascensos pero también en la orientación de decisiones judiciales para lograr resoluciones, gestiones que no eran gratuitas.
El negocio de los juicios previsionales complica al juez Salmain
En Rosario muchas veces influyó a jueces históricos. Y le adjudican una relación con el polémico juez federal Gastón Salmain, ahora con un proceso disciplinario en el Consejo de la Magistratura, órgano donde también gestó colocaciones. “Ubica, vende y cobra por lugares en la estructura judicial”, dicen a LPO abogados y funcionarios que transitan claustros judiciales.
En los tribunales de Retiro es conocido por muchos magistrados con los cuales ha mantenido relaciones personales, en encuentros en Happening en Puerto Madero o en el Florida Garden con alguno de ellos, junto a dirigentes políticos de Santa Fe y de escalones nacionales.
La posible debacle de este abogado y escribano produce incertidumbre y temor en un amplio círculo de personas a las que favoreció. También la estela de relaciones que pueden ventilarse en los Tribunales Federales de Rosario cuando se den a conocer las escuchas que sacarán a Busaniche de su cuidado lugar en las sombras.
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El gobierno obligó a José Luis Espert a ir a dar explicaciones a la televisión en la noche de este miércoles para tratar de frenar el escándalo del financiamiento narco que dinamitó la campaña electoral de La Libertad Avanza.
Espert ahora confirmaría la transacción que había tildado hasta ahora de “operación kuka”, pero diría que no sabía que Fred Machado estaba sospechado de narco cuando le hizo la transferencia. De este modo aceptaría que cualquiera le podía hacer transferencias y que no sabía quién le hacía aportes de campaña.
La explicación que daría Espert al admitir la transferencia chocaría con sus primeras declaraciones al respecto, cuando dijo que era víctima de una operación como la que sufrió Enrique Olivera, cuando tres días antes de las elecciones de 2005 lo acusaron de tener cuentas en el exterior.
Las explicaciones se las venía pidiendo Sebastián Pareja, el jefe de campaña bonaerense, además de sus compañeros de lista y Pilar Ramírez, la jefe de la campaña nacional de los libertarios.
Espert se venía haciendo el distraído y les decía que ya iría a algún canal en los próximos días. Pero tras una reunión de este miércoles le exigieron que lo haga este mismo miércoles. Patricia Bullrich fue la más brutal: “No podemos aceptar personas aliadas al narco”, dijo a radio La Red.
Es tan inconsistente manejo de los fondos de Espert, que la Justicia rechazó el balance de su campaña presidencial en 2019, cuando se presentó con el frente Unite. Luego de esa campaña Espert aumentó su patrimonio en más de 230 millones de pesos en solo dos ejercicios fiscales, pasando de $29.489.019 en 2022 a $261.965.406 en 2024. Se trata de un aumento patrimonial del 789%, que se reflejó en la compra de un BMW y la compra de una mansión en San Isidro.
El diputado que está a cargo de la aprobación del Presupuesto no puede explicar su propio incremento patrimonial y enchastró la campaña del gobierno en la provincia. El martes, en su visita a Olavarría, se cruzó con cinco periodistas locales que le preguntaron por sus vínculos con Fred Machado.
Por eso Pareja le dijo que así sería imposible hacer campaña si no daba explicaciones concretas. Espert se defendía diciendo que el escándalo iba a pasar y usó como ejemplo el caso de Cristian Ritondo y sus departamentos. “Eso pasó”, dijo Espert para evitar dar la cara y le dijeron que no sólo que no pasó, sino que es el primer candidato del gobierno en el distrito más importante.
Con más de 3 millones de hectáreas afectadas por las inundaciones en la provincia, las entidades del campo profundizan la presión a Javier Milei para que reactive las obras en la cuenca del río Salado que su gobierno paralizó apenas asumió.
La bronca del sector con el Gobierno por este tema creció tras la visita del secretario de Agricultura Sergio Iraeta a Nueve de Julio, uno de los puntos más afectados. Ahí, el funcionario no dio respuestas a los reclamos de obras y dijo estar al tanto del drama del agua por parientes.
Ahora, hay alerta máxima en el noroeste bonaerense frente al colapso latente de puentes que cruzan el crecido río Salado. Ya colapsó un puente ferroviario en desuso en Chivilcoy y hay temor de que suceda lo mismo con otro que es central en la región: el puente de la Ruta Nacional N°5.
Por eso, en las últimas horas, Carbap envió una nota al secretario de Coordinación de Infraestructura de la Nación, Martín Maccarone, para reclamarle al Gobierno “su urgente intervención y eventual adopción de medidas preventivas”.
Las alarmas dan cuenta del riesgo de socavamiento anterior y retrógrado de las estructuras de sostén del puente sobre el río Salado de la Ruta Nacional N° 5. Carbap expuso “muestras de alarma y preocupación” de las rurales de Bragado y Alberti.
Frente a la crecida del río, colapsó un puente ferroviario en la zona de Chivilcoy (Foto: Bichos de Campo).
En la zona de Bragado, incluso, hay productores que temen quedar incomunicados frente a la ausencia de las obras y la destrucción del agua.
“¿Van a esperar que se derrumbe la Ruta Nacional 5? ¿Que el interior bonaerense literalmente colapse mientras retienen recursos de afectación específica? Las pruebas del riesgo están a la vista”, dijo la productora tambera y dirigente de Carbap, Andrea Passerini.
Todo eso se da en un contexto donde, desde hace meses, las entidades vienen reclamando la reactivación de las obras de dragado de la Cuenca del Salado.
¿Van a esperar que se derrumbe la Ruta Nacional 5? ¿Que el interior bonaerense literalmente colapse mientras retienen recursos de afectación específica?
LPO contó que el reclamo se focaliza en un tramo de dragado de 30 kilómetros que comprende los municipios de Lobos, 25 de Mayo y Roque Pérez, sin el cual se complica el avance del resto de las obras que hacen al Plan Maestro del río Salado, proyecto que en el campo consideran central para mitigar el impacto de las inundaciones en la provincia.
“Al día de la fecha no tenemos respuestas ciertas respecto de lo que estamos reclamando que es la reactivación de estas obras”, dijo a LPO el titular del Consejo del Salado y coordinador de la comisión de aguas de Carbap, Alberto Larrañaga.
Frente a esa falta de respuestas, Larrañaga dijo que las entidades están desarrollando una serie de acciones de caracter gremial que implican reuniones itinerantes para llevar el reclamo por distintas localidades.
“Si bien es un tramo de 30 kilómetros, su paralización en el tiempo significa que se atrasa todo. El freno del conjunto porque el dragado debe continuar unos años más para poder completarse”, dijo el dirigente ruralista.
Un grupo de adolescentes y jóvenes mujeres sale al escenario. Delante de ellas, miles de personas. La voz del presentador retumba por doquier, halaga la belleza de las chicas. Nervios, sonrisas y postura firme, siguiendo el protocolo. Espectadores atentos y otros no tanto. La mirada de los atentos va desde lo tierno hasta lo perverso….
