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Ahora reconocen que existieron los allanamientos que Weretilneck negó y se sospecha que hizo inteligencia ilegal
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, desplegó este miércoles un intenso operativo de prensa (tuit, nota radial, comunicado y finalmente conferencia de prensa) para denunciar que era falsa la información que daba cuenta de un allanamiento en la gobernación por parte de la Policía Federal y el secuestro de una computadora, en el marco de la causa que investiga sus vínculos con Juan Pablo Beacon, el arrepentido de la AFA.
«Quiero desmentir, no hubo ningún allanamiento ni en la gobernación, ni en ninguna dependencia oficial, ni a mi como particular, como tampoco hubo ningún pedido de información, no hubo absolutamente nada, es todo mentira», afirmó tajante Weretilneck.
Apenas 24 horas después la palabra del gobernador empezó a aguarse. El gobierno de Río Negro no tuvo más remedio que aceptar que efectivamente hubo un procedimiento judicial en dependencias provinciales. La respuesta surgió ante la insistencia del periodismo que empezó a confirmar que efectivamente se habían realizado operativos judiciales.
Presión a la que se sumaron diferentes bloques de la oposición, que realizaron un pedido de informes al gobierno de Weretilneck para que aclare si hubo allanamientos y qué dependencias incluyeron.
Finalmente, en un comunicado difundido este jueves, Weretilneck aceptó la existencia de los procedimientos judiciales en dependencias públicas, pero los vinculó a una denuncia que hizo el propio Gobierno por un supuesto hackeo.
En Río Negro ya se había desatado un escándalo por la filtración de los contratos que reparte la Legislatura local. En la Casa de Gobierno entraron en pánico por la posibilidad de que hubiera una segunda oleada de filtraciones, pero ahora con los recibos de sueldos millonarios que cobra el propio gobernador y sus funcionarios, además de otra información sensible.
El gobierno de Weretilneck, entonces, primero dijo que no y luego dijo que si, pero por una causa distinta a la investigación sobre sus vínculos con los negocios de la AFA y los qataríes.
El enredo comenzó el martes por la noche cuando distintos medios nacionales y provinciales publicaron que la Policía Federal había allanado la Casa de Gobierno. Fuentes de la Policía Federal, la Justicia y hasta del gobierno nacional, confirmaban la noticia.
Lo extraño es que al ser consultados, los voceros de Weretilneck negaban el hecho, pero se rechazaba emitir un comunicado oficial bajo el argumento que «no se puede desmentir una mentira». En ese momento, el procedimiento ya se había realizado y no podían desconocerlo, pero eligieron no aclarar que sí había ocurrido, pero -supuestamente- correspondía a una denuncia de la propia administración, como hicieron un día después.
La mala fe quedó en evidencia el miércoles por la mañana cuando Weretilneck buscó victimizarse y hasta se comparó con el padre de Messi. Calificó la información como una «fake news» y denunció una operación política montada desde el peronismo que lidera el senador Martín Soria.
Pero atrás del escándalo aparece otro escándalo. Antes de los allanamientos que incluyeron las oficinas de Altec, la firma del estado provincial que provee de servicios informáticos al gobierno de Weretilneck, hubo una «investigación» de la propia administración que incluyó la manipulación de elementos de prueba, sin resguardo ni permiso judicial.
Según la versión de Weretilneck el procedimiento judicial en Altec y otras dependencias, fue para identificar la computadora desde donde supuestamente accedieron a los recibos de sueldo de los funcionarios.
El problema es que en el comunicado, la propia gobernación reconoce que antes que intervenga la justicia se realizó una «investigación interna» sobre la computadora de los empleados para detectar el origen de la filtración. Fuentes con conocimiento del expediente confirmaron a LPO que antes que la Fiscalía de Estado formulará la denuncia penal, ya se había desarrollado la investigación interna y se habría secuestrado la computadora asignada al empleado señalado como presunto responsable de la filtración, sin intervención judicial.
El detalle que le agrega morbo a toda la secuencia, que acaso explica el nerviosismo y la furia con la que salió el gobernador a atacar a LPO, es que la computadora en cuestión sería la de su propio despacho. Como no quedaba bien que allanaran el despacho del gobernador, la computadora fue «trasladada» por empleados a oficinas de Altec, lo que podría suponer que se rompió la cadena de prueba.
El comunicado del gobierno provincial afirma que «la investigación se inició a raíz de un posible acceso indebido, por parte de un empleado, a documentación reservada alojada en los sistemas de la administración pública. Frente a esa situación, el Gobierno solicitó la asistencia técnica de ALTEC para colaborar en el esclarecimiento de los hechos».
«Durante la investigación se logró determinar cuál fue el equipo informático desde el que se habría producido el acceso indebido. Ese equipo fue puesto a resguardo por ALTEC y posteriormente entregado a la Justicia para su peritaje», agrega.
Y en el paso más sugestivo se aclara: «ALTEC colaboró exclusivamente en la investigación del caso a pedido del Gobierno de la Provincia. Una vez detectado el origen de la filtración de información, la situación fue denunciada ante la Justicia provincial, que resguardó el equipo para su análisis pericial», y acaso en un lapsus el último parrafo considera necesario aclarar que «toda actuación se desarrolló dentro del marco legal vigente».
«¿Cómo llegó el Gobierno a identificar al supuesto responsable de la filtración antes de la apertura formal de la causa judicial? ¿Qué herramientas utilizó para reconstruir el acceso a los sistemas informáticos? ¿Existió un procedimiento administrativo formal o una auditoría informática? ¿El trabajador acusado fue notificado de esa investigación? ¿Qué tipo de controles se realizaron sobre la manipulación de los equipos y registros informáticos?», se preguntó en diálogo con LPO un abogado penalista.
En efecto, este accionar deja flotando un interrogante complejo sobre el gobierno de Weretilneck: ¿Realizó tareas de inteligencia ilegal?, ¿Violó la normativa sobre protección de datos personales y los derechos de sus propios trabajadores?
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Chubut suma USD 680 millones en inversiones a través del RIGI
El gobernador del Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, mantuvo una reunión con autoridades de Pan American Energy en el marco de la inversión de USD 680 millones prevista por la empresa para desarrollar un nuevo esquema de recuperación terciaria en Cerro Dragón, a través de la construcción de 22 plantas de inyección de polímeros, y perforaciones adicionales, destinadas a incrementar la producción convencional y contrarrestar el declino del área.
El anuncio fue realizado de manera conjunta por el mandatario provincial; el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge «Loma» Ávila; y el Group CEO de PAE, Marcos Bulgheroni; ante el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, junto a funcionarios nacionales y provinciales.
Al respecto, Torres destacó la importancia de las inversiones que Pan American Energy viene realizando en la provincia y aseguró que «son una señal concreta de confianza en el potencial productivo de Chubut y en el futuro de una industria clave para la economía provincial».
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«El crecimiento y sostenimiento de la actividad demuestra que, cuando hay previsibilidad y compromiso entre el sector público y privado, se generan oportunidades de desarrollo, empleo y fortalecimiento de las economías regionales», expresó el mandatario, agregando además que el plan de inversiones «permitirá modernizar la producción, incorporar tecnología y sostener miles de puestos de trabajo directos e indirectos en toda la Cuenca».
«Chubut tiene un enorme potencial y necesita continuar consolidando políticas que incentiven nuevas inversiones, impulsen la competitividad y acompañen el crecimiento de la industria hidrocarburífera, generando un impacto positivo y sostenible a largo plazo», concluyó Torres.
Pan American Energy anunció que presentará la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para avanzar con un nuevo desarrollo en el área de Cerro Dragón, basado en un proyecto de recuperación terciaria que contempla la construcción de 22 plantas de inyección de polímeros.
La iniciativa prevé inversiones por casi USD 680 millones para extender la vida útil de una cuenca madura como la del Golfo San Jorge, incorporando nuevas tecnologías orientadas a incrementar la producción y mejorar la eficiencia operativa del yacimiento.
El proyecto contempla además la preparación de cerca de 220 pozos inyectores y alrededor de 650 pozos productores, que durante su vida útil podrán generar una producción incremental acumulada de 24 millones de barriles de petróleo, equivalentes a más de 11.300 barriles diarios en su pico de producción.
Asimismo, el desarrollo permitirá incrementar los ingresos provinciales a través de regalías asociadas a la producción incremental y generará una mayor actividad en la cuenca, habilitando el desarrollo de nuevas zonas que anteriormente no resultaban económicamente viables.
La recuperación terciaria es una técnica que se aplica luego de las etapas de recuperación primaria y secundaria, con el objetivo de movilizar el petróleo remanente atrapado en el yacimiento y maximizar su aprovechamiento. En este caso, el sistema incorpora polímeros que permiten aumentar la viscosidad del fluido inyectado y mejorar el desplazamiento del petróleo hacia los pozos productores.
El anuncio, realizado en el Palacio de Hacienda, fue encabezado por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; el Group CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni; y el gobernador del Chubut, Ignacio Torres; junto al secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González; el ministro de Hidrocarburos del Chubut, Federico Ponce; el secretario general del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables del Chubut, Jorge «Loma» Ávila; y el secretario general del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, José Lludgar.
Por parte de PAE también estuvieron presentes el Upstream Managing Director, Fausto Caretta; el vicepresidente corporativo de Relaciones Institucionales, Daniel Felici; el vicepresidente de Relaciones Laborales, Sergio Faraudo; y el vicepresidente de Operaciones en Golfo San Jorge, Tomás Catzman.
