SUEÑO JAGUAR / EL GRITO DESDE AMERICA

La libertaria Juliana Santillán anunció este martes, durante el plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria, que el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por su sigla en inglés) alcanzaba 57 firmas y se convertía en dictamen de mayoría para ser tratado en recinto en la próxima sesión. Con este trámite, Federico Sturzenegger avanzó un paso más en su pelea contra Hugo Sigman y los laboratorios locales.

La Libertad Avanza obtuvo los apoyos de la UCR, Provincias Unidas, los tucumanos de Independencia, el santacruceño José Garrido, Karina Banfi e Innovación Federal, representado en la reunión por el misionero Alberto Arrúa. Los integrantes de las comisiones por el PRO, Emmanuel Bianchetti, Martín Yeza, Florencia de Sensi, Daiana Fernández Molero y Antonela Giampieri, respaldaron pero en disidencia, acaso influidos por la directiva de Mauricio Macri quien mandó a su bloque a votar contra Manuel Adorni si llega la ocasión de removerlo de su cargo.

LPO informó el mes pasado que el gobierno no llegaría a darle sanción al PCT antes del 30 de abril, tal como se había comprometido con Estados Unidos. Incluso, los laboratorios llevaron de viaje a un evento del MIT a los legisladores que integran la RAP, una excursión que las empresas, los funcionarios del gobierno y los diputados aprovecharon para ponerse de acuerdo en la reserva -o apartamiento- del título II del proyecto para mitigar la resistencia de la industria farmacéutica local.

En efecto, esa parte del articulado regula «el examen de patentabilidad» a nivel internacional antes de habilitar la producción en el plano nacional, algo que conspiraría contra la producción de genéricos en el ámbito local.

El secretario de Modernización y ex diputado radical, Alejandro Cacace, uno de los que viajó con la RAP y los laboratorios el mes pasado, dijo en pleno debate que la iniciativa «implica cooperación y no resigna la soberanía en patentes». «Le estamos dando (la oportunidad) a los inventores argentinos que no tengan que andar peregrinando y hagan una sola solicitud», argumentó.

Sturzenegger se impuso a Sigman y desreguló las patentes de medicamentos 

El diputado Maximiliano Ferraro le salió al cruce en seguida. «Le diría que estamos frente al episodio de los desreguladores más locos del mundo, que se brindan a los pies del lobby de la industria farmacéutica con nombre y apellido», expresó en referencia a los laboratorios argentinos.

Aunque el legislador lilito admitió que comparte con el oficialismo la intención de «bajar el precio de los laboratorios de la Argentina», objetó «la reserva del título II» e impugnó que se la comparase con la decisión que tomó el parlamento uruguayo en 2024. «No es comparable en la escala con respecto a Uruguay, la adhesión parcial representaría una señal totalmente negativa», sostuvo Ferraro al fundamentar la presentación de su propio dictamen, sin tachar el título II.

Alejandro Cacace, secretario de Modernización.

El ex canciller Santiago Cafiero y el ex jefe de Gabinete Agustín Rossi, actualmente diputados de UP, fueron los encargados de informar sobre el dictamen de rechazo del peronismo. Cafiero consideró que el gobierno se movía con «urgencia» para sostener el acuerdo de Javier Milei con Scott Bessent: «para nosotros es un acuerdo que ya se cayó porque la Corte Suprema de Estados Unidos le dijo a Donald Trump que no podía negociar sobre las bases que había negociado con Argentina», indicó.

Además, objetó el argumento de Cacace acerca de «la cantidad de investigadores y centros universitarios que solicitaron durante 20 años patentes bajo este paraguas del tratado internacional». «¿Saben dónde están hoy todas esos centros universitarios? No están presentando patentes, están reclamando en la plaza el presupuesto que ustedes les chorean», dijo.

Le diría que estamos frente al episodio de los desreguladores más locos del mundo, que se brindan a los pies del lobby de la industria farmacéutica con nombre y apellido.

Rossi, por su parte, recordó que la versión original del PCT se produjo en 1970, durante el apogeo de la dictadura de Juan Carlos Onganía, y recordó que su objetivo fue desmontar las regulaciones que diseñó Arturo Oñativia, el ministro de Salud de Arturo Illia entre 1963 y 1966. «La historia cuenta que las decisiones que tomó Illia en materia de medicamentos y laboratorios fueron una de las causantes del golpe de 1966. La ley trataba de no generar que las empresas multinacionales tuvieran posiciones dominantes y reconocía procesos de producción», expuso.

También apuntó que el 29 de diciembre de 1997 se terminó votando en el Senado, por unanimidad, la media sanción del PCT. El defensor del proyecto por el oficialismo fue en aquel momento Eduardo Menem, padre del actual presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y el líder opositor era José Genoud, presidente de la UCR.

¿Van a bajar los precios de los medicamentos o no van a bajar? Porque ese es el debate central que hoy deberíamos tener. Este apuro corresponde a una exigencia para ver si alguna vez podrá el gobierno tener el acuerdo con Estados Unidos.

Sin embargo, Rossi repuso que en 2001 el PCT tuvo una adenda. «¿Qué es lo que estamos tratando? ¿El PCT de Menem y Genoud o el PCT con la adenda de 2001? Si estamos tratando la versión con la adenda, no estamos tratando la media sanción y esta sería la cámara de origen. Y si estamos tratando la media sanción, no estamos tratando el tratado vigente», explicó.

El santafecino consideró que se asistía a «una enorme irregularidad parlamentaria» pero señaló que lo más preocupante era que nadie aclaraba si los precios de los medicamentos bajarían. «¿Van a bajar los precios de los medicamentos o no van a bajar? Porque ese es el debate central que hoy deberíamos tener. Este apuro corresponde a una exigencia para ver si alguna vez podrá el gobierno tener el acuerdo con Estados Unidos», concluyó.

 La crisis financiera de Granja Tres Arroyos ya suma varios meses y ahora derivó en el cierre por tiempo indeterminado de la planta La China, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. La empresa venía atravesando problemas graves, como anticipó LPO, y terminó pagando salarios cuotas. Los últimos acuerdos con los trabajadores preveían 10 cuotas para completar la quincena.

Joaquín de Grazia es el dueño de Granja Tres Arroyos y una de las espadas empresarias que defiende el modelo de Javier Milei y fue un acérrimo defensor de la reforma laboral que impulsó en gobierno y que está frenada en la justicia.

 El grupo avícola le atribuyó la decisión de cerrar la fábrica a los «continuos conflictos sindicales» y a medidas de fuerza que, según denunciaron, paralizaron la operación y rompieron la cadena productiva de la región.

[El mayor frigorífico avícola del país quedó al borde del cierre por la importación de pollo brasileño]

Sin embargo, la compañía venía arrastrando desde hacía meses una fuerte crisis financiera que afectó a todas sus plantas, con deudas a proveedores, criadores de pollos y trabajadores. La situación llegó a un punto crítico cuando las quincenas comenzaron a pagarse primero en dos cuotas, luego en cinco y finalmente en 10 veces y con incumplimientos permanentes en los cronogramas acordados.

«Se pactaba una fecha de pago y cuando llegaba el día la plata no aparecía», contó un trabajador del grupo que habló con LPO. La crisis también obligó a reducir jornadas laborales en distintas plantas de manera rotativa y los días que estaban parados, esa jornada se pagaba al 60% del convenio.

 La crisis también obligó a reducir jornadas laborales en distintas plantas de manera rotativa y los días que estaban parados, esa jornada se pagaba al 60% del convenio. 

El deterioro financiero de Tres Arroyos arrastró también a las plantas de la ex Cresta Roja que integran el grupo. La empresa ya había cerrado y desmantelado la Planta 1 de Ezeiza para concentrar toda la producción en Esteban Echeverría.

 [La crisis en Granja Tres Arroyos arrastra a la ex Cresta Roja, que bajó 30% su producción]

Cresta Roja llegó a tener unos 3500 trabajadores cuando comenzó su crisis en 2015. Hoy, en toda la cadena productiva que incluye producción de huevos, incubación, granjas de cría, molinos y frigoríficos, no llegan a 800 empleados.

En el sector atribuyen buena parte de la crisis a la apertura de importaciones de pollo brasileño, que golpeó con fuerza el mercado interno en un contexto de caída del consumo y pérdida de competitividad para la industria local, como adelantó LPO.

  A eso se sumaron las restricciones para exportar a principios de año por los problemas derivados por un brote de gripe aviar, que afectó a la producción destinada al mercado internacional. Ahora, el tema sanitario está resuelto, pero continúa el problema financiero que generó, dijeron a LPO fuentes que conocen bien la estructura productiva del grupo.  

 En el sector atribuyen buena parte de la crisis a la apertura de importaciones de pollo brasileño, que golpeó con fuerza el mercado interno en un contexto de caída del consumo y pérdida de competitividad para la industria local 

En el comunicado difundido este miércoles, la empresa admitió además atravesar una «delicada situación financiera» producto de la caída exportadora, la pérdida de competitividad y el deterioro económico del sector.

En el comunicado, la empresa sostuvo que debió ingresar en un proceso preventivo de crisis, implementar retiros voluntarios y afrontar pagos salariales «de manera escalonada y en cuotas».

De todos modos, la compañía responsabilizó principalmente al gremio por el cierre de la planta de Concepción del Uruguay y denunció «paros constantes», «trabajo a desgano», ausentismo y situaciones de bloqueo contra empleados que querían continuar trabajando.

«Luego de agotar todas las instancias posibles de diálogo y ante la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad para operar, la compañía se vio forzada a tomar la difícil decisión de cerrar la planta por tiempo indeterminado», señaló la firma.

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