El sábado pasado la franquicia Argentina «Jaguares» vivió su primera GRAN FINAL de Super Rugby contra el mejor equipo en tierra «Kiwi». Los «Crusaders», hoy últimos Tri-Campeones (Diez veces campeón de la misma y junto a los demás equipos de origen Neozelandés de esta liga configuran un sistema de jugadores desde el cual se conforma la selección nacional los All Black´s).
El reconocimento de los Crusaders, que luego del partido expresaron su admiración por este equipo «Es algo increíble que estén en una final con una campaña muy sólida a cuarto años de la incorporación de la franquicia a la liga«.
Photo: Dave Lintott / lintottphoto.co.nz
Este partido tiene una importancia fundamental para todo el Rugby Argentino y sienta un nuevo presedente. Una nueva forma de organizar las estructuras internas dieron resultados superlativos y estos objetivos deben tender a ser nuestro nuevo piso colectivo.
El camino comienza a verse más claro si podemos mirar un poco hacia atrás. Desde que Jaguares se incorporó a esta ligaSANZAAR (por sus siglas en inglés, South African, New Zealand, Australia and Argentina Rugby. Un consorcio conformado por las federaciones de rugby XV de esos países cuyo origen se remonta al año 1996), lleva jugadas 4 temporadas y en un análisis rápido, superficial y obvio deja observar un crecimiento de menor a mayor.
En esta temporada llegan a una Super Final con un nivel muy sólido de juego y el aspecto anímico intacto luego de una gran campaña en este 2019.
El plantel de Jaguares esta mañana en Christchurch. foto: @JaguaresARG
Las opiniones de ex-jugadores internacionales de renombre como Bryan Habana y Sean Fidzpatrick son de gran aliento y de muy buenas expectativas. Ambos opinan sobre la gran importancia de este encuentro, «incluso viajando a Nueva Zelanda, la experiencia que van a ganar por jugar esta final es buena para el rugby argentino» y que los Jaguares «han aprendido cómo ganar de visitantes y cómo ganar de local, eso es seguro. Porque la tierra «Kiwi» es un lugar muy duro para ir. Es grandioso para Jaguares y para el rugby».
A menos de 24 horas para el inicio del partido, todo el ambiente involucrado en el Rugby está armando sus planes para despertarse (o llegar despierto) para ver en vivo el encuentro.
El aspecto MENTAL hoy es clave y uno de los pilares para haber podido llegar en su cuarta temporada a una Final de este calibre. Hoy se ve a los jugadores de la franquicia nacional que sostienen un juego intenso, de mucho contacto y agresividad por 80 minutos continuos sin que baje el nivel de concentración en el sistema de juego y esto se refleja en los buenos resultados obtenidos.
Para entender un poco las prioridades y urgencias en el tipo de juego plantea Jaguares
En nuestro país la plataforma de desarrollo sigue siendo y estando en el espíritu amateur de todos los equipos que conforman las ligas nacionales. Su formación y desarrollo generó, desde sus inicios, un semillero con muy buenas condiciones de juego que alcanzó el respeto y renombre mundial con el equipo de los Pumas.
La creación de la franquicia responde a una necesidad del Rugby Argentino de incorporarse a las ligas de mejores equipos desde donde crecer y aprender para así lograr una plataforma mejorando cualitativamente su sistema de juego. El origen de estos equipos puede remontarse al año 2010 con el equipo Pampas XV ( Seleccionado argentino de rugby que compitió internacionalmente desde 2010 hasta 2015. ) con muy buenas campañas siendo campeón de la Vodacom Cup de Sudáfrica 2011 y la Pacific Rugby Cup en 2014 y 2015.
El sueño Jaguar es posible, hoy se escucha el rugido desde América y lo escucha todo el Rugby Internacional. VAMOS JAGUARES!!!!
El lunes aterrizó Kristalina Georgieva en Buenos Aires para reunirse con Javier Milei en Casa Rosada. Fue el primer encuentro entre la directora del FMI y el Presidente argentino en diez meses. Hoy voló a Neuquén con el presidente de YPF, Horacio Marín, para recorrer Vaca Muerta. La escena es elocuente por lo que muestra y por lo que oculta: la autoridad del mayor acreedor de la Argentina caminando sobre el yacimiento que el Gobierno exhibe como prueba de que la restricción externa ya tiene solución. Pero detrás de la imagen hay una pregunta que ninguna recorrida oficial va a responder: ¿alcanza la renta de Vaca Muerta para pagar una deuda de esta escala con el Fondo, o se está usando ese activo estratégico para financiar, otra vez, el corto plazo político a costa de la soberanía sobre los recursos que lo generan?
La visita no ocurre en el vacío: coincide con la discusión de un nuevo proyecto para derogar los límites a la propiedad extranjera de tierras rurales —hoy sostenida solo por una cautelar judicial mientras la Corte Suprema decide su suerte— y con la aplicación de una versión ampliada del RIGI —el Súper RIGI— que extiende a nuevas industrias los mismos treinta años de estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria que ya rigen para los proyectos de Vaca Muerta. No son dos agendas paralelas: es la misma agenda. Mientras se discute quién puede ser dueño de la tierra sobre la que se asientan los yacimientos, se profundiza el régimen que blinda por tres décadas la renta que esos yacimientos producen.
El resultado combinado de ambas reformas parte de un mismo diseño: condiciones cada vez más favorables para que capitales extranjeros se apropien de recursos naturales estratégicos y extraigan de ellos rentas extraordinarias.
Esa continuidad se vuelve todavía más nítida en la agenda privada de Georgieva. Además de sus encuentros con Milei, Luis Caputo y Santiago Bausili, la directora del Fondo cenó el lunes por la noche con la cúpula empresarial argentina en el Palacio Duhau. Estuvieron Jorge Brito (Banco Macro), Eduardo Elsztain (IRSA), Marcos Bulgheroni (Pan American Energy), Pierpaolo Barbieri (Ualá), Juan Martín de la Serna (Mercado Libre), Daniel Novegil (Ternium), Martín Pérez de Solay (Glencore), Mariana Schoua (AmCham), Isela Costantini (Strategic Advisor) y Catalina Cascio (Ferrosider).
No es un detalle protocolar: se trata de la cúpula corporativa a la que el propio Banco Central señaló como contraparte directa de la fuga de capitales financiada por el FMI en 2018.
Durante la cena, Georgieva puso hincapié en profundizar las reformas destinadas a expandir el crédito privado, impulsar el desarrollo del mercado de capitales, avanzar en las concesiones de infraestructura y mantener el rumbo del proceso de desregulación económica. También tuvo tiempo para repasar un poco de historia: les consultó a los contertulios sobre los motivos detrás de la caída del régimen de convertibilidad. Los empresarios dieron sus interpretaciones: la devaluación brasileña de 1999, el empeoramiento del escenario internacional y los desequilibrios macroeconómicos que terminaron derivando en la crisis de 2001.
Tocata y fuga
Según el informe del BCRA de 2020, la formación de activos externos del sector privado entre mayo de 2018 y octubre de 2019 alcanzó 45.100 millones de dólares —una cifra casi calcada a los 44.500 millones que el Fondo desembolsó en ese mismo período—, y en el ciclo completo 2015-2019 esa fuga superó los USD 86 mil millones. El BCRA documentó, además, su grado de concentración: apenas cien agentes económicos explicaron 24.679 millones de esa salida, y el 1% de las empresas concentró la mayor parte de la formación de activos externos de personas jurídicas. Estos números dan cuenta de que la deuda que hoy asfixia al Estado no financió, en 2018, una expansión de la economía real: financió, dólar por dólar, una fuga de capitales de un puñado de grandes actores privados.
Que Georgieva se siente a cenar, ocho años después, con figuras clave que pertenecen al mismo universo corporativo que se benefició de manera directa de aquella fuga financiada con crédito del organismo que ella dirige, cierra el círculo de un mismo patrón: el Fondo presta, una porción sustancial de ese crédito termina afuera del país en manos de un puñado de grandes actores privados, y la cuenta de la deuda queda en las manos del pueblo argentino.
La escala del problema no es un detalle retórico: es lo que separa una discusión de política económica de un simple episodio protocolar. En setenta años de vínculo bilateral, un director gerente del FMI pisó suelo argentino cuatro veces, y las tres visitas anteriores comparten un patrón inequívoco. Horst Köhler llegó en 2003, en plena crisis de deuda, para presionar a un Kirchner recién asumido. Rodrigo Rato aterrizó en agosto de 2004 por apenas diez horas, custodiado por la policía, para exigir un acuerdo que la Argentina terminó rechazando. Christine Lagarde estuvo en marzo de 2018, en el marco del G20, semanas antes de que el país cerrará el mayor préstamo de la historia del organismo —el mismo episodio en el que Macri, para instalar confianza sobre la negociación en curso, invitó a los argentinos a «enamorarse» de la titular del Fondo—. Ese romance terminó en la exposición más alta jamás sostenida por un país miembro del FMI. Que Georgieva repita hoy ese mismo gesto, con un gobierno otra vez alineado, siendo un acreedor seniority por representar un 34% de la deuda del FMI entre todos los países del mundo, no es protocolo: es la prueba de que el Fondo nunca visitó la Argentina para auditar cuentas, sino para bendecir gobiernos en medio de crisis de financiamiento.
La cuenta que no cierra: superávit energético versus stock de deuda
Vaca Muerta va a «pagar la deuda». Esa es la muletilla del discurso oficial. Los números, tomados de las fuentes oficiales, obligan a matizarlo. En 2025 la balanza energética argentina cerró con un superávit récord de 7.815 millones de dólares, el más alto de la historia impulsado por exportaciones de combustibles y energía por 11.086 millones. En el primer semestre de 2026 ese superávit ya alcanzó unos 6.987 millones, un salto interanual de casi 62%, y las proyecciones del sector para el año completo rondan los 12.500 millones.
Son cifras notables. Pero al compararlas con la exposición vigente, se ve que Argentina le debe hoy al FMI el equivalente al 1.311% de su cuota, unos 57 mil millones de dólares de capital. No el doble ni el triple del límite normal, sino más de seis veces el techo acumulado que rige en este mismo momento para cualquier otro país miembro.
Traducido a dólares, el tramo que excede los parámetros normales de acceso vigentes al momento de cada desembolso se ubica en 37.800 millones de dólares. No es un matiz menor: representa entre la mitad y las dos terceras partes de toda la deuda que la Argentina mantiene hoy con el organismo.
Si se destinara la totalidad del superávit energético anual —sin un solo dólar para importaciones, salarios, inversión o cualquier otro uso— a cancelar exclusivamente ese stock, con las proyecciones más optimistas de YPF para 2026 se necesitarían más de cuatro años solo para cubrir el capital, sin contar intereses, sobrecargos, ni el resto de los vencimientos de deuda pública que la Argentina también enfrenta en dólares. Y esa cuenta ni siquiera contempla que buena parte de esa renta energética no queda enteramente disponible para el fisco: una porción se destina a las regalías provinciales, otra a la rentabilidad de las empresas —muchas de ellas extranjeras— que operan bajo el régimen de estabilidad de treinta años.
Vaca Muerta puede ser, con el tiempo, una fuente relevante de divisas. Lo que no puede ser, con esta escala de deuda, es la solución por sí sola. Confundir un superávit sectorial —por más récord que sea— con la capacidad de repago de una exposición trece veces superior a la cuota es, en el mejor de los casos, una simplificación; en el peor, una forma de demorar la discusión de fondo: qué parte de esa deuda es técnica, qué parte es un excedente de naturaleza política y qué instrumentos legales existen para tratarla como corresponde.
Un gesto político, no un dictamen técnico
En abril de 2025, durante las Reuniones de Primavera del FMI en Washington, la directora gerente advirtió que resultaba «importante» que la Argentina no «descarrilara» su rumbo de cambio de cara a las elecciones legislativas de octubre, sugiriendo que un resultado favorable a la oposición peronista implicaría, de manera casi automática, un salto en el tipo de cambio o una corrida sobre las reservas. El episodio no quedó en la declaración: minutos después, en el mismo panel, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, le obsequió un prendedor con forma de motosierra, que Georgieva aceptó y se colocó en la solapa ante las cámaras. La oposición calificó la intervención de Georgieva de intromisión electoral y el propio organismo debió aclarar al día siguiente, que el mensaje estaba dirigido al Gobierno y no al electorado.
Ayer, al mismo tiempo que Georgieva aterrizaba en Buenos Aires, Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley del bloque de diputados de Unión por la Patria para que los acuerdos con el FMI deban ser aprobados por el Congreso. La propuesta, avalada por quince diputados del principal bloque opositor, hace foco además en las asimetrías institucionales y contradicciones como las que se presentan entre la directora que interviene políticamente en un proceso electoral doméstico y el propio staff técnico que viene señalando el incumplimiento de la meta de superávit primario y la insuficiencia de reservas. La alerta es clara: el FMI opera, al mismo tiempo, como acreedor, como auditor de sus propios programas y como actor con intereses geopolíticos explícitos, cuya conducción no es ajena al resultado de los procesos electorales de sus principales deudores.
Se trata de la misma lógica de discrecionalidad política —aplicada ahora al plano de la comunicación y la campaña— que en 2018 permitió aprobar un programa por fuera de los criterios técnicos de sostenibilidad. La corresponsabilidad que reclama el proyecto no es sólo jurídica: es también política, y empieza por reconocer que las decisiones del Fondo sobre la Argentina nunca fueron, ni son hoy, puramente técnicas. Son profundamente políticas.
Un patrón que se repite: desembolsos que llegan cuando la política los necesita
El caso argentino ofrece, además, una serie temporal que resulta difícil de leer como pura coincidencia técnica. El préstamo de 2018 se cerró bajo un gobierno de Cambiemos en pleno año electoral legislativo, con Lagarde elogiando en Bali «la disciplina» fiscal de Macri semanas antes de los comicios de octubre. Siete años después, en 2025, el patrón se repitió: el Fondo desembolsó 14 mil millones de dólares en abril, en el tramo final de una negociación que incluyó un viaje de Milei y Caputo a Mar-a-Lago para conseguir el respaldo público de Donald Trump, y Georgieva llegó a declarar sobre un desembolso inicial más alto que el gobierno argentino se “había ganado” por su desempeño.
En 2025, previo a las elecciones legislativas, el Tesoro de Estados Unidos anunció un swap de monedas con el Banco Central por otros 20 mil millones, y el propio Trump condicionó públicamente ese respaldo al resultado electoral del oficialismo, en una frase que generó un desplome inmediato de los mercados argentinos. Bloomberg tituló, sin medias tintas, que el FMI respaldaba la ayuda de Washington a la Argentina antes de esos comicios.
La nueva arquitectura de endeudamiento: cuando el prestamista es también el padrino político
Lo que ocurrió en 2025 agrega, además, una capa novedosa y que vuelve más urgente su lógica: la aparición del Tesoro de Estados Unidos como actor de financiamiento directo, por fuera del propio FMI. El swap de 20 mil millones de dólares anunciado por la administración Trump no es un crédito del organismo multilateral: es una línea bilateral del Tesoro norteamericano, activada en medio de una corrida cambiaria y explícitamente atada, según las propias palabras del presidente estadounidense, al resultado electoral.
En apenas veinte meses de gestión, el Gobierno acumuló préstamos por 20 mil millones con el FMI, otros 12 mil millones con el Banco Mundial, USD 10 mil millones con el BID y montos adicionales con la Corporación Andina de Fomento, además de esa línea del Tesoro estadounidense.
Esta arquitectura combinada —FMI, banca multilateral y ahora también el Tesoro de un país miembro actuando directamente como prestamista de última instancia— desdibuja todavía más la frontera entre asistencia técnica y respaldo político-electoral. El propio FMI reconoció el peso de esa variable: su directora llegó a admitir que el respaldo de la Casa Blanca resulta clave para destrabar desembolsos, y la sintonía personal entre Milei y Trump se volvió, en los hechos, una variable tan relevante para el programa económico como el cumplimiento de las metas fiscales.
Es exactamente el escenario que la doctrina de corresponsabilidad busca nombrar y ordenar: si el financiamiento externo de la Argentina depende, en última instancia, de alineamientos geopolíticos y ciclos electorales antes que de criterios técnicos verificables, entonces la salida de esa dependencia no puede limitarse a pedirle prolijidad al Fondo.
Una deuda política necesita una solución política
La discusión que busca llevar al Congreso el bloque de Unión por la Patria apunta a darle un techo legal a la deuda, control parlamentario obligatorio y una negociación explícitamente política para la porción de deuda generada no por un cálculo técnico, sino por un que un ciclo político.
El planteo central del proyecto de ley puede resumirse en una sola idea, tan simple como incómoda: hay que distinguir lo que se debe pagar siempre —la cuota, el crédito ordinario— de aquello que fue una decisión política tomada por fuera de las reglas —el excedente que, en el caso argentino, representa la enorme mayoría de la deuda—.
Si el origen de ese excedente fue una decisión política —del Directorio del Fondo, que aprobó en 2018 el mayor préstamo de la historia del organismo pese a que la propia evaluación técnica dudaba de su sostenibilidad, y del gobierno argentino, que lo tramitó incumpliendo sus propios procedimientos institucionales—, entonces su resolución no puede ser exclusivamente técnica. Necesita una negociación política con objetivos políticos: un plan de pagos sostenible, atado al crecimiento de la economía argentina, que no descargue el ajuste sobre la distribución del ingreso de las y los argentinos.
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La fuerte caída del consumo profundiza la crisis de la ya castigada actividad industrial y se siente en los datos de la producción y el empleo a pesar de que el gobierno de Milei trata de maquillar el panorama con números de la macro.
Pero la crisis de consumo fue la principal conclusión a la que llegaron empresarios e intendentes del Gran Rosario que se reunieron en la localidad de Pérez para analizar el problema.
El vicepresidente de la Unión Industrial Región Rosario, Mariano Ferrazzini, advirtió a LPO que «hay una gran preocupación, no mejora el consumo, se pierden puestos de trabajo y los que se generan son de menor calidad, por lo tanto, pareciera un contrapunto pensar un cambio de tendencia». La preocupación de los industriales coincide con los datos del último informe de la entidad que muestran un deterioro generalizado de la industria y el comercio.
En una encuesta nacional elaborada por el Centro de Estudios de la UIA reveló que el 45,5% de las empresas registró una caída de las ventas internas, mientras que el 38% redujo su producción y el 22,4% achicó su plantilla de personal.
En una encuesta nacional elaborada por el Centro de Estudios de la UIA reveló que el 45,5% de las empresas registró una caída de las ventas internas, mientras que el 38% redujo su producción y el 22,4% achicó su plantilla de personal.
Además, casi la mitad de las firmas admitió haber tenido dificultades para afrontar alguno de sus pagos durante abril, ya sea impuestos, proveedores, salarios o compromisos financieros.
El informe también muestra que la caída de la demanda interna se consolidó como el principal problema para la industria: una de cada dos empresas la ubicó como su mayor preocupación, muy por encima del aumento de costos o de la competencia de los productos importados.
El Monitor de Desempeño Industrial (MDI), el indicador que anticipa la evolución de la actividad fabril, se ubicó en 43,5 puntos, por debajo del umbral que marca expansión, confirmando que el sector continúa en retroceso.
El encuentro se realizó en la planta de Sacchi Hnos., ubicada en el parque industrial de Pérez, y reunió además al secretario de Industria de Santa Fe, Guillermo Beccani; al intendente anfitrión, Pablo Corsalini; al intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci; al presidente comunal de Alvear, Carlos Pighin; y representantes de otras localidades del Gran Rosario. El objetivo fue comenzar a coordinar una agenda común para enfrentar el deterioro de la actividad y sostener el entramado productivo de la región.
El intendente de Pérez Pablo Corsalini
«Pérez es una ciudad con perfil industrial, hoy tiene 162 pymes que sostienen la actividad económica de la región», señaló Corsalini a LPO. El intendente sostuvo que «las pymes son el sostén del empleo en Santa Fe, el gobierno nacional está destruyéndolas y desde la provincia no se desarrollan políticas que las contengan».
En ese sentido, afirmó que son los gobiernos locales los que hoy acompañan a las empresas «en su reclamo para sostener uno de los sectores claves de nuestra provincia».
Como conclusión del encuentro, industriales e intendentes acordaron darle continuidad a la mesa de trabajo para monitorear la evolución de la actividad y coordinar acciones entre los municipios y el sector privado en un contexto que, según admiten los propios empresarios, sigue sin mostrar señales claras de recuperación.
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