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SPORT WASHING: LA CAMISETA NO SE MANCHA

Tras el peor derrame de crudo en Perú, Repsol sponsorea a la selección nacional de fútbol. El convenio entre la petrolera española y la federación de fútbol peruano pone en el ojo de la tormenta las metodologías fraudulentas de marketing.

La empresa de hidrocarburos que causó el mayor desastre ecológico de la historia en Lima y Callao a principios de 2022 está actualmente patrocinando al equipo nacional de Perú. Repsol fue la responsable de un derrame sobre el litoral marítimo que involucró casi 12 mil barriles de combustible tras la ruptura y el posterior colapso de tuberías marítimas deficientes.

La compañía, cuyo logo hoy está estampado en el lugar central de la camiseta peruana, causó la muerte de más de dos mil animales silvestres y dejó sin fuente laboral a unos 11.000 trabajadores, entre pescadores y comerciantes. 

Sport washing” es la práctica de un individuo, grupo, corporación o estado que usa el deporte para mejorar su reputación dañada, a través de la organización de un evento deportivo, la compra o el patrocinio de equipos, o mediante la participación en el deporte mismo. A nivel individual o corporativo se utiliza el sportswashing para encubrir y desviar la atención de los vicios, delitos o escándalos de una empresa.

El green washing se define como una comunicación abusiva y engañosa.

Este término y su modo engañoso de accionar crece de la mano del “green washing”, una práctica de marketing verde destinada a crear una imagen ilusoria de responsabilidad ecológica que incluye diferentes estrategias para engañar al consumidor o, por decirlo de otra forma, no decir toda la verdad o contar una mentira a medias. Las ONG utilizan con frecuencia el término greenwashing para denunciar a las empresas que se preocupan falsamente por el medio ambiente orientando la imagen de marketing hacia un posicionamiento ecológico mientras que sus actividades van en contra del medio ambiente.

@pandoramarketing Repsol intenta lavarse la cara como nuevo auspiciador de la selección Peruana de Fútbol 😡 ¿Qué opinas? #fyp #fypシ #noticiasperu #repsol #fpf #seleccionperuana #parati #viralperu #foryou #viral #sportwashing #paologuerrero #realidadnacionalperu #tiktokperu #noticiasperu #peru ♬ Disappear – Maniak-B

Saliendo del marco teórico conceptual y retomando el caso peruano, Repsol estampó su marca como protagonista en la camiseta nacional. El holding ibérico opera en Perú desde 1995, pero jamás su imagen pública fue tan pobre entre la ciudadanía local a causa del mayor derrame marítimo en el país, es por eso que se aplica el sportswashing. Desde el ministerio de ambiente local denunciaron hace un año que la empresa solo había pagado el 3% (780.000 dólares) de las multas que se le habían impuesto.

En un inicio, la empresa catalogó el derrame como un incidente menor y solo reportó el vertido de 0,16 barriles (unos 25 litros), de modo que las autoridades peruanas no conocieron la magnitud del desastre hasta que el día siguiente comenzó a llegar el crudo a las playas de Ventanilla.

El petróleo derramado se esparció a lo largo de unos 50 kilómetros de costa, desde Ventanilla, en el Callao, la región portuaria aledaña a Lima, hasta la población de Chancay, en el norte del departamento de Lima.

En superficie, el crudo se ha extendido por 11.9 kilómetros cuadrados entre playas y agua, según el último reporte ofrecido por las autoridades peruanas. Sobre las acciones llevadas adelante por Repsol para remediar las zonas afectadas, no se evidenciaron acciones claras de limpieza y de remediación.

La debilidad que tienen los estados latinoamericanos frente a las transnacionales es llamativamente vergonzosa, en nuestro país lo podemos ver a diario en los casos de extracción de litio en el norte y fracking en Rio Negro/Neuquén. Donde los gobiernos provinciales entregan los recursos naturales llevando a cabo proyectos netamente empresariales sin debate en legislaturas, sin participación de universidades y científicos, ni controles provinciales; con impuestos que son irrisorios y planes de contingencia que dan pena.

A nivel de Estado, el lavado deportivo se ha utilizado para desviar la atención de un historial deficiente de derechos humanos y escándalos de corrupción dentro del gobierno y para esto tenemos dos casos puntuales: El de Qatar 2022 y el de Argentina 1978.

El caso de Qatar y el último Mundial masculino de fútbol es uno de los ejemplos más evidentes de sportswashing, un país con un historial bastante controvertido en lo que respecta a garantizar la protección de los derechos humanos, la FIFA lo seleccionó para organizar una competición que pretendía ocultar ciertos temas (como, por ejemplo, la mano de obra esclava de los trabajadores migrantes, o sus políticas LGTBQ) bajo el encandilamiento de grandes estrellas del fútbol y un evento deportivo de alcance mundial.

En ese sentido, el blanqueamiento deportivo actual es comparable a, por ejemplo, el mundial de Futbol 1978 organizado en Argentina donde la dictadura militar ocultaba ante los ojos del mundo mediante el mundial las atrocidades cometidas sobre derechos humanos, sistemáticas y planificadas. El Mundial de Qatar pretendía en todo momento generar una imagen afable y turística. Es decir, distorsionar la realidad nacional a través de la magia del fútbol.

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    Cancillería aumentó casi 400% un contrato con la academia vinculada a la esposa de Federico Sturzenegger

     

    La Cancillería incrementó cerca de un 400% el contrato con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, dirigida por la esposa de Federico Sturzenegger. El aumento supera la inflación acumulada y abre un fuerte debate sobre transparencia, conflicto de interés y uso de fondos públicos.

    Por Roque Pérez para NLI

    La decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de incrementar en casi un 400% el contrato con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), dirigida por María Josefina Rouillet, la esposa del ministro Federico Sturzenegger, desató una controversia política y administrativa que excede la discusión presupuestaria. La actualización del monto, muy por encima de la inflación acumulada, reavivó las sospechas sobre conflicto de interés, transparencia en la contratación pública y doble vara en el ajuste estatal.

    El caso se inscribe en el clima de recortes, despidos y poda del gasto que impulsa Milei, mientras determinadas partidas parecen evolucionar a una velocidad muy superior a la del índice de precios.


    Contratación pública y aumento del 400%: los números bajo la lupa

    El contrato original había sido firmado por una cifra sensiblemente menor. La renovación elevó el monto a más de cinco veces el valor inicial. Si bien el Gobierno puede argumentar actualización por inflación o ampliación de servicios, los datos disponibles muestran que el incremento supera ampliamente la inflación acumulada del período, que ronda el 276%.

    La capacitación contempla cursos de idioma para personal diplomático y administrativo. Desde el punto de vista funcional, nadie discute la necesidad estratégica de que el cuerpo diplomático domine lenguas extranjeras. Lo que está en debate es si el Estado pagó un valor acorde a mercado y si se garantizó competencia real entre oferentes.

    Para un público especializado en administración pública y control del gasto, la pregunta central no es si la capacitación es necesaria, sino si:

    • Se evaluaron alternativas privadas con mejor relación costo-beneficio.
    • Hubo licitación efectiva o mecanismos de comparación de precios.
    • Se justificó técnicamente la magnitud del aumento.

    El diferencial porcentual es el dato político más fuerte del expediente.


    Conflicto de interés y mecanismos de integridad: ¿alcanzan los controles?

    El vínculo personal entre la conducción de la AACI y el ministro Sturzenegger obligó formalmente a activar mecanismos de control previstos para evitar incompatibilidades. Sin embargo, la discusión no es solamente jurídica sino política.

    En términos normativos, pueden haberse cumplido los pasos administrativos. Pero la cuestión de fondo es otra: ¿es razonable que un organismo del Estado incremente en casi 400% un contrato con una institución dirigida por la esposa de un ministro clave del gabinete?

    El estándar internacional en materia de ética pública no sólo exige legalidad, sino también apariencia de imparcialidad y prevención de beneficios indirectos. Incluso cuando no se pruebe irregularidad penal, el costo reputacional para la administración puede ser alto.

    En un gobierno que sostiene un discurso de “corte de privilegios”, este tipo de decisiones generan ruido político inmediato.


    Ajuste selectivo y doble vara en el gasto estatal

    Mientras el Ejecutivo impulsa recortes en áreas sensibles, despidos masivos y reducción de partidas sociales, la ampliación de este contrato aparece como un caso testigo. El mensaje que se proyecta hacia el interior del Estado es complejo: hay sectores donde el ajuste es implacable y otros donde el gasto crece muy por encima del promedio.

    Desde el análisis presupuestario, el monto total puede no representar una porción decisiva del gasto nacional. Pero en política, los símbolos pesan. Y este contrato se convirtió en un símbolo de:

    • Tensiones entre discurso y práctica.
    • Fragilidad en la gestión de conflictos de interés.
    • Falta de pedagogía pública sobre criterios de contratación.

    La situación también interpela a los organismos de control y a la oposición parlamentaria, que ya anticipan pedidos de informes y posibles presentaciones judiciales.

     

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