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SPORT WASHING: LA CAMISETA NO SE MANCHA

Tras el peor derrame de crudo en Perú, Repsol sponsorea a la selección nacional de fútbol. El convenio entre la petrolera española y la federación de fútbol peruano pone en el ojo de la tormenta las metodologías fraudulentas de marketing.

La empresa de hidrocarburos que causó el mayor desastre ecológico de la historia en Lima y Callao a principios de 2022 está actualmente patrocinando al equipo nacional de Perú. Repsol fue la responsable de un derrame sobre el litoral marítimo que involucró casi 12 mil barriles de combustible tras la ruptura y el posterior colapso de tuberías marítimas deficientes.

La compañía, cuyo logo hoy está estampado en el lugar central de la camiseta peruana, causó la muerte de más de dos mil animales silvestres y dejó sin fuente laboral a unos 11.000 trabajadores, entre pescadores y comerciantes. 

Sport washing” es la práctica de un individuo, grupo, corporación o estado que usa el deporte para mejorar su reputación dañada, a través de la organización de un evento deportivo, la compra o el patrocinio de equipos, o mediante la participación en el deporte mismo. A nivel individual o corporativo se utiliza el sportswashing para encubrir y desviar la atención de los vicios, delitos o escándalos de una empresa.

El green washing se define como una comunicación abusiva y engañosa.

Este término y su modo engañoso de accionar crece de la mano del “green washing”, una práctica de marketing verde destinada a crear una imagen ilusoria de responsabilidad ecológica que incluye diferentes estrategias para engañar al consumidor o, por decirlo de otra forma, no decir toda la verdad o contar una mentira a medias. Las ONG utilizan con frecuencia el término greenwashing para denunciar a las empresas que se preocupan falsamente por el medio ambiente orientando la imagen de marketing hacia un posicionamiento ecológico mientras que sus actividades van en contra del medio ambiente.

@pandoramarketing Repsol intenta lavarse la cara como nuevo auspiciador de la selección Peruana de Fútbol 😡 ¿Qué opinas? #fyp #fypシ #noticiasperu #repsol #fpf #seleccionperuana #parati #viralperu #foryou #viral #sportwashing #paologuerrero #realidadnacionalperu #tiktokperu #noticiasperu #peru ♬ Disappear – Maniak-B

Saliendo del marco teórico conceptual y retomando el caso peruano, Repsol estampó su marca como protagonista en la camiseta nacional. El holding ibérico opera en Perú desde 1995, pero jamás su imagen pública fue tan pobre entre la ciudadanía local a causa del mayor derrame marítimo en el país, es por eso que se aplica el sportswashing. Desde el ministerio de ambiente local denunciaron hace un año que la empresa solo había pagado el 3% (780.000 dólares) de las multas que se le habían impuesto.

En un inicio, la empresa catalogó el derrame como un incidente menor y solo reportó el vertido de 0,16 barriles (unos 25 litros), de modo que las autoridades peruanas no conocieron la magnitud del desastre hasta que el día siguiente comenzó a llegar el crudo a las playas de Ventanilla.

El petróleo derramado se esparció a lo largo de unos 50 kilómetros de costa, desde Ventanilla, en el Callao, la región portuaria aledaña a Lima, hasta la población de Chancay, en el norte del departamento de Lima.

En superficie, el crudo se ha extendido por 11.9 kilómetros cuadrados entre playas y agua, según el último reporte ofrecido por las autoridades peruanas. Sobre las acciones llevadas adelante por Repsol para remediar las zonas afectadas, no se evidenciaron acciones claras de limpieza y de remediación.

La debilidad que tienen los estados latinoamericanos frente a las transnacionales es llamativamente vergonzosa, en nuestro país lo podemos ver a diario en los casos de extracción de litio en el norte y fracking en Rio Negro/Neuquén. Donde los gobiernos provinciales entregan los recursos naturales llevando a cabo proyectos netamente empresariales sin debate en legislaturas, sin participación de universidades y científicos, ni controles provinciales; con impuestos que son irrisorios y planes de contingencia que dan pena.

A nivel de Estado, el lavado deportivo se ha utilizado para desviar la atención de un historial deficiente de derechos humanos y escándalos de corrupción dentro del gobierno y para esto tenemos dos casos puntuales: El de Qatar 2022 y el de Argentina 1978.

El caso de Qatar y el último Mundial masculino de fútbol es uno de los ejemplos más evidentes de sportswashing, un país con un historial bastante controvertido en lo que respecta a garantizar la protección de los derechos humanos, la FIFA lo seleccionó para organizar una competición que pretendía ocultar ciertos temas (como, por ejemplo, la mano de obra esclava de los trabajadores migrantes, o sus políticas LGTBQ) bajo el encandilamiento de grandes estrellas del fútbol y un evento deportivo de alcance mundial.

En ese sentido, el blanqueamiento deportivo actual es comparable a, por ejemplo, el mundial de Futbol 1978 organizado en Argentina donde la dictadura militar ocultaba ante los ojos del mundo mediante el mundial las atrocidades cometidas sobre derechos humanos, sistemáticas y planificadas. El Mundial de Qatar pretendía en todo momento generar una imagen afable y turística. Es decir, distorsionar la realidad nacional a través de la magia del fútbol.

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    Escándalo en Ushuaia: Milei le abre la puerta a un petrolero británico en un paso más a la entrega de nuestra soberanía en Malvinas

     

    Milei autorizó el amarre de un petrolero británico en Ushuaia, una decisión que genera polémica y cuestionamientos por su impacto sobre la soberanía y la causa Malvinas.

    Por Bruno A. Monteverde para NLI

    El Gobierno de Javier Milei acaba de quedar atrapado en una de esas contradicciones que ya no pueden explicarse como simples errores administrativos. Mientras la Argentina sostiene constitucionalmente que la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur constituye un objetivo permanente e irrenunciable, la administración nacional que interviene el puerto de Ushuaia autorizó allí el amarre y la operación de un buque petrolero de bandera británica, el VS Promise, en la capital de la provincia que incluye bajo su jurisdicción a los territorios australes usurpados por el Reino Unido.

    La decisión provocó el inmediato repudio del Gobierno de Tierra del Fuego, que calificó la situación como “inadmisible” y exigió explicaciones públicas sobre los criterios políticos, estratégicos y administrativos que permitieron la operación. El reclamo adquiere una dimensión todavía mayor porque el Puerto de Ushuaia se encuentra actualmente bajo intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, es decir, bajo una administración que depende directamente del Estado nacional. La misma Nación que decidió desplazar a la Provincia del manejo de una infraestructura estratégica del extremo austral es, por lo tanto, la que ahora debe explicar por qué habilitó el ingreso de una embarcación vinculada a la bandera de la potencia que ocupa las islas cuya soberanía reclama la Argentina.

    Un puerto intervenido en nombre de la soberanía

    Hay una contradicción política difícil de disimular. La intervención nacional del puerto fue presentada como una medida destinada a garantizar el funcionamiento de una terminal considerada estratégica para los intereses argentinos, ubicada en un punto fundamental del Atlántico Sur y vinculada directamente con la proyección hacia la Antártida. Sin embargo, meses después, esa administración nacional autorizó que un petrolero británico amarrara en Ushuaia, precisamente en un escenario geopolítico donde la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur no es una cuestión simbólica sino un conflicto territorial reconocido internacionalmente.

    La situación resulta todavía más llamativa porque la Provincia recordó la existencia de normas locales que restringen la permanencia, amarre, abastecimiento y operaciones logísticas de embarcaciones de bandera británica vinculadas con actividades relacionadas con los recursos naturales de Malvinas. Tierra del Fuego reclamó entonces que el Gobierno nacional explique bajo qué criterios se permitió la operación y cuestionó que una decisión de semejante sensibilidad estratégica haya sido tomada sin coordinación con las autoridades provinciales.

    El problema no es, entonces, solamente que un barco haya llegado a un puerto argentino. El problema es qué representa ese barco, dónde fue autorizado a operar y quién tomó la decisión. Ushuaia no es un puerto cualquiera: es la ciudad más austral del país, capital de la provincia que constitucionalmente comprende a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, y constituye además una pieza fundamental de la presencia argentina en el Atlántico Sur y de su proyección antártica.

    Malvinas no es una consigna para los actos oficiales

    La Constitución Nacional no deja margen para interpretaciones caprichosas sobre la cuestión. La Disposición Transitoria Primera establece que la Nación Argentina ratifica su “legítima e imprescriptible soberanía” sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y que la recuperación de esos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía constituyen un objetivo permanente e irrenunciable.

    Por eso resulta insuficiente que el Gobierno de Milei ratifique formalmente el reclamo argentino durante un acto del 2 de abril si, en la administración concreta del territorio, de los puertos, de los recursos naturales y de la infraestructura estratégica del Atlántico Sur, aparecen decisiones que parecen subordinar esa cuestión a una lógica puramente comercial. En abril de este mismo año, Milei volvió a reivindicar públicamente la soberanía argentina sobre las islas y habló de fortalecer las capacidades de defensa nacionales. Pero cuatro meses después, la noticia que llega desde Ushuaia es que un petrolero británico pudo operar en el puerto bajo administración nacional.

    La cuestión de fondo es precisamente esa distancia entre lo que se declara y lo que se hace. Defender Malvinas no consiste únicamente en pronunciar la palabra “soberanía” en un discurso presidencial, colocarla en un comunicado oficial o recordarla cada 2 de abril. Una política soberana implica también definir qué empresas, qué embarcaciones y qué intereses económicos participan en el desarrollo de los recursos estratégicos del Atlántico Sur, y hacerlo de acuerdo con una visión nacional de largo plazo.

    El propio Estado argentino ha reconocido históricamente el carácter estratégico de esa región por sus recursos pesqueros e hidrocarburíferos, su posición geográfica, las rutas comerciales y su condición de plataforma natural hacia la Antártida. En consecuencia, convertir al Atlántico Sur en un simple espacio de negocios donde prevalece la conveniencia inmediata sobre la dimensión geopolítica significa, como mínimo, vaciar de contenido práctico la defensa de la soberanía.

    El modelo Milei y una soberanía subordinada al negocio

    La polémica del VS Promise vuelve a instalar una pregunta que el Gobierno debería responder sin consignas ni evasivas: ¿qué significa soberanía para Javier Milei? Porque si soberanía significa solamente reivindicar formalmente las islas mientras se flexibilizan las condiciones para que intereses vinculados al Reino Unido participen de actividades económicas en el extremo austral argentino, entonces estamos ante una concepción profundamente limitada de la defensa nacional.

    Y allí aparece el problema político más profundo. La administración libertaria ha construido buena parte de su política exterior alrededor de una relación privilegiada con Estados Unidos y de una marcada cercanía ideológica con determinados sectores del mundo anglosajón. Esa orientación puede ser presentada como una elección diplomática, pero se vuelve problemática cuando comienza a chocar con intereses territoriales que la Argentina sostiene como política de Estado y no como patrimonio de un gobierno particular.

    La propia legislación argentina creó mecanismos institucionales destinados a sostener una política de Estado sobre Malvinas y a generar consensos políticos y sociales para avanzar en el ejercicio pleno de la soberanía. El reclamo argentino, además, no depende de una interpretación partidaria: está incorporado a la Constitución y forma parte de una posición histórica sostenida por gobiernos democráticos de distinto signo político.

    Por eso el episodio de Ushuaia merece algo más que una pelea circunstancial entre Nación y Provincia. Expone una concepción de país. De un lado está la idea de que el territorio, los puertos, los recursos naturales y el Atlántico Sur forman parte de una estrategia nacional que debe preservarse durante décadas. Del otro aparece una lógica en la que todo puede transformarse en una operación comercial mientras cumpla determinadas condiciones administrativas.

    Y Malvinas no puede ser reducida a una cuestión administrativa. Tampoco puede convertirse en una variable secundaria frente a los negocios. Mucho menos puede sostenerse una política exterior que reivindique la soberanía argentina en los discursos mientras, en la práctica, habilita situaciones que generan el interrogante inevitable sobre cuánto pesa realmente esa soberanía a la hora de tomar decisiones.

    El Gobierno de Tierra del Fuego pidió explicaciones y reclamó el fin de la intervención nacional sobre el puerto. También advirtió que la soberanía se ejerce “en todos los ámbitos posibles”, una definición que resume el núcleo de la controversia. Porque la soberanía no se defiende solamente frente a los organismos internacionales: se defiende en los puertos, en el mar, en los recursos naturales, en las decisiones económicas y en cada metro del territorio nacional.

    El amarre del petrolero británico en Ushuaia deja así una imagen política difícil de ignorar: mientras una parte del territorio argentino permanece bajo ocupación británica y la Constitución ordena sostener como objetivo irrenunciable la recuperación de la soberanía, en la ciudad que mira hacia ese territorio una administración dependiente de la Casa Rosada permite operar a una embarcación vinculada al Reino Unido. Puede haber una explicación administrativa para la autorización, pero todavía falta la explicación política. Y esa explicación es la que Milei le debe al país, porque Malvinas no es una bandera que se levanta en los discursos: es una causa nacional que se defiende también cuando están en juego los intereses económicos del presente.

     

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