Tras el peor derrame de crudo en Perú, Repsol sponsorea a la selección nacional de fútbol. El convenio entre la petrolera española y la federación de fútbol peruano pone en el ojo de la tormenta las metodologías fraudulentas de marketing.
La empresa de hidrocarburos que causó el mayor desastre ecológico de la historia en Lima y Callao a principios de 2022 está actualmente patrocinando al equipo nacional de Perú. Repsol fue la responsable de un derrame sobre el litoral marítimo que involucró casi 12 mil barriles de combustible tras la ruptura y el posterior colapso de tuberías marítimas deficientes.
La compañía, cuyo logo hoy está estampado en el lugar central de la camiseta peruana, causó la muerte de más de dos mil animales silvestres y dejó sin fuente laboral a unos 11.000 trabajadores, entre pescadores y comerciantes.
“Sport washing”es la práctica de un individuo, grupo, corporación o estado que usa el deporte para mejorar su reputación dañada, a través de la organización de un evento deportivo, la compra o el patrocinio de equipos, o mediante la participación en el deporte mismo. A nivel individual o corporativo se utiliza el sportswashing para encubrir y desviar la atención de los vicios, delitos o escándalos de una empresa.
El green washing se define como una comunicación abusiva y engañosa.
Este término y su modo engañoso de accionar crece de la mano del “green washing”, una práctica de marketing verde destinada a crear una imagen ilusoria de responsabilidad ecológica que incluye diferentes estrategias paraengañar al consumidor o, por decirlo de otra forma, no decir toda la verdad o contar una mentira a medias. Las ONG utilizan con frecuencia el término greenwashing para denunciar a las empresas que se preocupan falsamente por el medio ambiente orientando la imagen de marketing hacia un posicionamiento ecológico mientras que sus actividades van en contra del medio ambiente.
Saliendo del marco teórico conceptual y retomando el caso peruano, Repsol estampó su marca como protagonista en la camiseta nacional. El holding ibérico opera en Perú desde 1995, pero jamás su imagen pública fue tan pobre entre la ciudadanía local a causa del mayor derrame marítimo en el país, es por eso que se aplica el sportswashing. Desde el ministerio de ambiente local denunciaron hace un año que la empresa solo había pagado el 3% (780.000 dólares) de las multas que se le habían impuesto.
En un inicio, la empresa catalogó el derrame como un incidente menor y solo reportó el vertido de 0,16 barriles (unos 25 litros), de modo que las autoridades peruanas no conocieron la magnitud del desastre hasta que el día siguiente comenzó a llegar el crudo a las playas de Ventanilla.
El petróleo derramado se esparció a lo largo de unos 50 kilómetros de costa, desde Ventanilla, en el Callao, la región portuaria aledaña a Lima, hasta la población de Chancay, en el norte del departamento de Lima.
En superficie, el crudo se ha extendido por 11.9 kilómetros cuadrados entre playas y agua, según el último reporte ofrecido por las autoridades peruanas. Sobre las acciones llevadas adelante por Repsol para remediar las zonas afectadas, no se evidenciaron acciones claras de limpieza y de remediación.
La debilidad que tienen los estados latinoamericanos frente a las transnacionales es llamativamente vergonzosa, en nuestro país lo podemos ver a diario en los casos de extracción de litio en el norte y fracking en Rio Negro/Neuquén. Donde los gobiernos provinciales entregan los recursos naturales llevando a cabo proyectos netamente empresariales sin debate en legislaturas, sin participación de universidades y científicos, ni controles provinciales; con impuestos que son irrisorios y planes de contingencia que dan pena.
A nivel de Estado, el lavado deportivo se ha utilizado para desviar la atención de un historial deficiente de derechos humanos y escándalos de corrupción dentro del gobierno y para esto tenemos dos casos puntuales: El de Qatar 2022 y el de Argentina 1978.
El caso de Qatar y el último Mundial masculino de fútbol es uno de los ejemplos más evidentes de sportswashing, un país con un historial bastante controvertido en lo que respecta a garantizar la protección de los derechos humanos, la FIFA lo seleccionó para organizar una competición que pretendía ocultar ciertos temas (como, por ejemplo, la mano de obra esclava de los trabajadores migrantes, o sus políticas LGTBQ) bajo el encandilamiento de grandes estrellas del fútbol y un evento deportivo de alcance mundial.
En ese sentido, el blanqueamiento deportivo actual es comparable a, por ejemplo, el mundial de Futbol 1978 organizado en Argentina donde la dictadura militar ocultaba ante los ojos del mundo mediante el mundial las atrocidades cometidas sobre derechos humanos, sistemáticas y planificadas. El Mundial de Qatar pretendía en todo momento generar una imagen afable y turística. Es decir, distorsionar la realidad nacional a través de la magia del fútbol.
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Milei volvió a reivindicar Malvinas y anunció sanciones contra empresas que operen allí, mientras acelera la base naval de Ushuaia. La historia de 1816 plantea una pregunta incómoda sobre la soberanía.
Por Roque Pérez para NLI
Bandera de Estados Unidos flamenado en Ushuaia (2024)
En 1816, cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata decidieron romper formalmente con la monarquía española, había una cuestión que iba mucho más allá de la ruptura con Fernando VII. La independencia no podía significar simplemente dejar de obedecer a Madrid para comenzar a obedecer a otra capital. Por eso, diez días después de aquella declaración del 9 de julio, el Congreso de Tucumán incorporó una precisión que tiene una vigencia política sorprendente dos siglos más tarde: las Provincias Unidas serían una nación libre e independiente «del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli» y «de toda otra dominación extranjera». El agregado no fue decorativo ni una corrección de estilo. Pedro Medrano pidió incorporarlo expresamente para despejar los rumores sobre posibles proyectos destinados a colocar al nuevo país bajo la autoridad de otra potencia, en particular frente a las especulaciones relacionadas con Portugal.
Ese detalle histórico adquiere otra dimensión después del discurso que Javier Milei pronunció ayer en cadena nacional, en el que volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la escena política argentina. El Presidente anunció un endurecimiento de las sanciones contra las empresas que participen de proyectos de explotación de hidrocarburos en las islas sin autorización argentina y anticipó medidas destinadas a reforzar las capacidades defensivas en Tierra del Fuego, incluyendo la aceleración de la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia. Según explicó, esa infraestructura debería convertirse en un polo estratégico para la presencia argentina en el Atlántico Sur.
La reivindicación de la soberanía argentina sobre Malvinas, por supuesto, no constituye ninguna novedad ni pertenece a un gobierno determinado: es una política de Estado respaldada por décadas de diplomacia argentina y por la propia Constitución Nacional. Lo que vuelve políticamente particular el discurso de Milei es el contexto internacional en el que aparece y la arquitectura de alianzas que el Gobierno construyó desde su llegada al poder. Porque mientras el Presidente vuelve a confrontar discursivamente con el Reino Unido por la ocupación de las islas, su estrategia geopolítica ha colocado a Estados Unidos en un lugar privilegiado, precisamente en materia militar, logística y estratégica.
La frase de 1816 que vuelve como una pregunta incómoda
La historia del agregado del 19 de julio tiene una fuerza simbólica difícil de ignorar. El Congreso no se conformó con declarar la ruptura con la Corona española. Quiso dejar escrito que la emancipación no habilitaba el reemplazo de una dependencia por otra. La documentación histórica conservada por el propio Estado argentino señala que aquella fórmula adicional buscaba sofocar los rumores sobre una eventual dominación extranjera, mientras otras reconstrucciones históricas explican que existían especulaciones sobre un posible sometimiento al rey de Portugal.
La idea de fondo era mucho más profunda que la disputa circunstancial entre distintas facciones políticas. Ser independiente significaba conservar la capacidad de decidir el propio destino, incluso cuando el escenario internacional obligara a negociar, establecer alianzas o convivir con potencias mucho más poderosas. San Martín, Belgrano y buena parte de los dirigentes de aquel proceso entendían que la emancipación debía ser continental y que la supervivencia de las nuevas naciones dependía, en buena medida, de no quedar sometidas a los intereses de las grandes potencias de la época. El propio Estado argentino reconoce que el Congreso de 1816 rechazó fórmulas intermedias que pudieran desembocar en alguna forma de protectorado.
Dos siglos después, la pregunta puede formularse de otra manera: ¿se puede hablar de soberanía plena sobre Malvinas mientras la estrategia para defender esa soberanía queda estrechamente asociada a una potencia extranjera?
No se trata de equiparar automáticamente una base militar contemporánea con un protectorado colonial del siglo XIX. Sería históricamente incorrecto. Una cooperación militar no implica por sí misma pérdida de soberanía. Pero sí resulta legítimo discutir qué intereses estratégicos persigue esa cooperación, quién define sus objetivos y qué margen conserva la Argentina para establecer una política autónoma en el Atlántico Sur.
Y ahí aparece un antecedente que resulta particularmente incómodo para el relato actual.
En abril de 2024, Milei había dicho que la instalación de una base estadounidense en Ushuaia constituía «el primer paso» para recuperar las Malvinas. En aquella oportunidad sostuvo que Estados Unidos era su aliado y vinculó explícitamente la presencia militar norteamericana en Tierra del Fuego con el reclamo argentino sobre las islas y la Antártida. También había destacado la visita de la entonces jefa del Comando Sur estadounidense, Laura Richardson, y presentado la cooperación militar con Washington como parte de una estrategia de integración con Occidente.
La cuestión, entonces, no es solamente qué dijo Milei ayer sobre Malvinas. Es qué relación existe entre lo que dijo ayer y aquello que había dicho en 2024.
Malvinas, Trump y una oportunidad que no necesariamente es argentina
El otro elemento que vuelve especialmente significativo el discurso presidencial es Donald Trump. Apenas unos días antes, el mandatario estadounidense había dejado abierta la posibilidad de revisar la posición de Washington frente a la cuestión Malvinas. Consultado en el Salón Oval sobre si Estados Unidos podía modificar su postura histórica, Trump respondió que revisa todas las posiciones y que esa era «solo una» entre muchas. No anunció un cambio concreto de política, pero dejó deliberadamente abierta una puerta.
El contexto importa. La declaración de Trump apareció en medio de sus fuertes presiones sobre el Reino Unido para que aumente su gasto militar y acompañe más decididamente la estrategia internacional de Washington. Por eso, una parte importante del análisis internacional interpreta la carta Malvinas no como un repentino descubrimiento de la causa argentina por parte de la Casa Blanca, sino como una herramienta de presión de Trump sobre Londres.
Y esto modifica considerablemente la lectura. Porque si Trump utiliza Malvinas como una ficha en su negociación con el Reino Unido, la causa argentina corre el riesgo de convertirse nuevamente en una pieza dentro del tablero estratégico de una potencia que tiene sus propios intereses globales.
Milei, naturalmente, puede considerar que esa circunstancia representa una oportunidad histórica. Y desde una perspectiva diplomática, cualquier modificación de la posición de una potencia como Estados Unidos puede resultar relevante para la Argentina. Pero existe una diferencia sustancial entre aprovechar una oportunidad internacional desde una posición autónoma y hacerlo subordinando la estrategia nacional a los intereses de quien ofrece esa oportunidad.
El problema se vuelve todavía más evidente cuando la misma potencia que eventualmente podría modificar su postura sobre Malvinas es presentada por el Gobierno argentino como su principal aliado estratégico y cuando la presencia militar estadounidense en Tierra del Fuego fue reivindicada por el propio Milei como parte del camino para recuperar las islas.
¿Contra Inglaterra con una mano y abrazados a Estados Unidos con la otra?
El discurso presidencial tiene, entonces, una paradoja difícil de esquivar. Milei endurece su posición frente a las empresas que explotan recursos naturales en Malvinas, cuestiona al Reino Unido y reivindica la soberanía argentina, pero al mismo tiempo acelera una infraestructura militar en el extremo sur cuyo desarrollo está inserto en una relación de cooperación estratégica con Estados Unidos.
Incluso las sanciones anunciadas ayer tienen un componente concreto que merece atención: el Gobierno apunta al proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas, y pretende ampliar las herramientas para impedir que empresas vinculadas con esa explotación puedan operar en territorio argentino. La decisión coloca nuevamente los recursos naturales del Atlántico Sur en el centro de la disputa, justamente cuando el petróleo de Malvinas empieza a adquirir una importancia económica y geopolítica cada vez mayor.
Pero la soberanía no se reduce a quién puede o no perforar un pozo. Soberanía también significa decidir con quién se establecen alianzas militares, qué fuerzas extranjeras participan de la arquitectura estratégica del territorio nacional, qué intereses se protegen y cuál es el grado de autonomía con el que se toman esas decisiones.
Por eso la frase incorporada al Acta de Independencia en 1816 vuelve a resultar incómodamente actual. Aquellos congresales no escribieron solamente que querían dejar de pertenecer a España. Escribieron que no querían pertenecer a ninguna otra dominación extranjera. Y lo hicieron precisamente porque conocían el riesgo de que una revolución emancipadora pudiera terminar cambiando de dueño.
La Argentina del siglo XXI no es la Argentina de 1816 y Estados Unidos no es Portugal. Las circunstancias son completamente diferentes. Pero la pregunta de fondo conserva una vigencia extraordinaria: ¿para recuperar una parte de nuestro territorio nacional necesitamos apoyarnos militarmente en otra potencia extranjera?
Milei parece haber encontrado en Malvinas una causa capaz de recuperar una bandera política que durante buena parte de su gobierno había quedado relegada detrás de su alineamiento incondicional con Washington y de sus elogios a Margaret Thatcher. Ahora el Presidente habla de soberanía, sanciona empresas que explotan recursos en las islas y anuncia mayor presencia argentina en el Atlántico Sur.
Pero justamente por eso la discusión merece ser mucho más profunda que una consigna. Malvinas no puede convertirse en una bandera que se agita contra Londres mientras se entrega el mapa estratégico del Atlántico Sur a Washington. Defender la soberanía argentina sobre las islas implica, también, discutir la soberanía sobre el territorio continental, los recursos naturales, el mar, la Antártida y las decisiones estratégicas que afectan a toda la región.
En 1816, los hombres reunidos en Tucumán entendieron que la independencia no consistía en elegir cuál sería la próxima potencia a obedecer. La independencia consistía en no tener amo. Dos siglos después, esa diferencia sigue siendo demasiado importante como para dejarla flotando en una cadena nacional.
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