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SPORT WASHING: LA CAMISETA NO SE MANCHA

Tras el peor derrame de crudo en Perú, Repsol sponsorea a la selección nacional de fútbol. El convenio entre la petrolera española y la federación de fútbol peruano pone en el ojo de la tormenta las metodologías fraudulentas de marketing.

La empresa de hidrocarburos que causó el mayor desastre ecológico de la historia en Lima y Callao a principios de 2022 está actualmente patrocinando al equipo nacional de Perú. Repsol fue la responsable de un derrame sobre el litoral marítimo que involucró casi 12 mil barriles de combustible tras la ruptura y el posterior colapso de tuberías marítimas deficientes.

La compañía, cuyo logo hoy está estampado en el lugar central de la camiseta peruana, causó la muerte de más de dos mil animales silvestres y dejó sin fuente laboral a unos 11.000 trabajadores, entre pescadores y comerciantes. 

Sport washing” es la práctica de un individuo, grupo, corporación o estado que usa el deporte para mejorar su reputación dañada, a través de la organización de un evento deportivo, la compra o el patrocinio de equipos, o mediante la participación en el deporte mismo. A nivel individual o corporativo se utiliza el sportswashing para encubrir y desviar la atención de los vicios, delitos o escándalos de una empresa.

El green washing se define como una comunicación abusiva y engañosa.

Este término y su modo engañoso de accionar crece de la mano del “green washing”, una práctica de marketing verde destinada a crear una imagen ilusoria de responsabilidad ecológica que incluye diferentes estrategias para engañar al consumidor o, por decirlo de otra forma, no decir toda la verdad o contar una mentira a medias. Las ONG utilizan con frecuencia el término greenwashing para denunciar a las empresas que se preocupan falsamente por el medio ambiente orientando la imagen de marketing hacia un posicionamiento ecológico mientras que sus actividades van en contra del medio ambiente.

@pandoramarketing Repsol intenta lavarse la cara como nuevo auspiciador de la selección Peruana de Fútbol 😡 ¿Qué opinas? #fyp #fypシ #noticiasperu #repsol #fpf #seleccionperuana #parati #viralperu #foryou #viral #sportwashing #paologuerrero #realidadnacionalperu #tiktokperu #noticiasperu #peru ♬ Disappear – Maniak-B

Saliendo del marco teórico conceptual y retomando el caso peruano, Repsol estampó su marca como protagonista en la camiseta nacional. El holding ibérico opera en Perú desde 1995, pero jamás su imagen pública fue tan pobre entre la ciudadanía local a causa del mayor derrame marítimo en el país, es por eso que se aplica el sportswashing. Desde el ministerio de ambiente local denunciaron hace un año que la empresa solo había pagado el 3% (780.000 dólares) de las multas que se le habían impuesto.

En un inicio, la empresa catalogó el derrame como un incidente menor y solo reportó el vertido de 0,16 barriles (unos 25 litros), de modo que las autoridades peruanas no conocieron la magnitud del desastre hasta que el día siguiente comenzó a llegar el crudo a las playas de Ventanilla.

El petróleo derramado se esparció a lo largo de unos 50 kilómetros de costa, desde Ventanilla, en el Callao, la región portuaria aledaña a Lima, hasta la población de Chancay, en el norte del departamento de Lima.

En superficie, el crudo se ha extendido por 11.9 kilómetros cuadrados entre playas y agua, según el último reporte ofrecido por las autoridades peruanas. Sobre las acciones llevadas adelante por Repsol para remediar las zonas afectadas, no se evidenciaron acciones claras de limpieza y de remediación.

La debilidad que tienen los estados latinoamericanos frente a las transnacionales es llamativamente vergonzosa, en nuestro país lo podemos ver a diario en los casos de extracción de litio en el norte y fracking en Rio Negro/Neuquén. Donde los gobiernos provinciales entregan los recursos naturales llevando a cabo proyectos netamente empresariales sin debate en legislaturas, sin participación de universidades y científicos, ni controles provinciales; con impuestos que son irrisorios y planes de contingencia que dan pena.

A nivel de Estado, el lavado deportivo se ha utilizado para desviar la atención de un historial deficiente de derechos humanos y escándalos de corrupción dentro del gobierno y para esto tenemos dos casos puntuales: El de Qatar 2022 y el de Argentina 1978.

El caso de Qatar y el último Mundial masculino de fútbol es uno de los ejemplos más evidentes de sportswashing, un país con un historial bastante controvertido en lo que respecta a garantizar la protección de los derechos humanos, la FIFA lo seleccionó para organizar una competición que pretendía ocultar ciertos temas (como, por ejemplo, la mano de obra esclava de los trabajadores migrantes, o sus políticas LGTBQ) bajo el encandilamiento de grandes estrellas del fútbol y un evento deportivo de alcance mundial.

En ese sentido, el blanqueamiento deportivo actual es comparable a, por ejemplo, el mundial de Futbol 1978 organizado en Argentina donde la dictadura militar ocultaba ante los ojos del mundo mediante el mundial las atrocidades cometidas sobre derechos humanos, sistemáticas y planificadas. El Mundial de Qatar pretendía en todo momento generar una imagen afable y turística. Es decir, distorsionar la realidad nacional a través de la magia del fútbol.

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    El gobierno de Javier Milei apura la entrega de nuevos permisos para expandir la pesca del calamar, actualmente la especie más rentable. Busca hacerlo en tiempo récord, lo que desató sospechas de actores del sector sobre la transparencia del proceso y el rechazo del gobierno de Axel Kicillof, que acusa discriminación.

    En el Consejo Federal Pesquero (CFP) que integra con las provincias del litoral marítimo, Nación informó a mediados de mayo que estaba elaborando una propuesta para sumar nuevos buques poteros y expandir la explotación del calamar.

    Dos semanas más tarde ya tenía listo el texto de 21 artículos y seis anexos. Ahí, se estableció un plazo exprés de 20 días hábiles para la presentación de proyectos para obtener alguno de los 18 nuevos permisos de explotación por hasta 30 años.

    La celeridad fue tal que la resolución fue aprobada en votación directa en la misma sesión del CFP en la que se presentó. Eso, a pesar de no encontrarse en el orden del día previamente establecido.

     En el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas señalaron que el plazo exiguo que se determinó para presentar propuestas «solo determina que, no todas, sino algunas empresas que hayan tenido conocimiento de la medida implementada con anterioridad se encontrarán en condiciones de realizar la presentación». 

    Pero la aprobación no fue por unanimidad. El representante de la provincia de Buenos Aires, Carlos Liberman, advirtió sobre la inexistencia de instancias previas de análisis del proyecto, alertó sobre el impacto que esa expansión podría tener el stock de calamar y denunció una situación de «gravedad inusitada».

    Ahí, sostuvo que, en las condiciones que estableció Nación para la selección de propuestas, aquellos interesados que propongan descargar el calamar en la provincia de Buenos Aires tienen solo por esa razón un puntaje inferior al de aquellos que propongan hacer sus descargas en otro puerto del país.

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    «Esta discriminación es injustificada, choca con la Ley Federal de Pesca, es arbitraria e inconstitucional», denunció Liberman, según consta en las actas de la sesión del CFP donde se debatió el proyecto.

    En esa disparidad, el mayor perjuicio lo focalizan en Mar del Plata, donde este jueves el gremio Supa y la Federación de Cooperativas Portuarias presentaron una demanda contra la resolución que definieron como una «acción de gobierno que aparece deliberadamente en contra de los intereses marítimos de los marplatenses».

     El apuro por sacar los nuevos permisos fue tal que la resolución fue aprobada en votación directa en la misma sesión del CFP en la que se presentó. Eso, a pesar de no encontrarse en el orden del día previamente establecido. 

    Más directo fue el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), la entidad empresaria del sector más fuerte de Mar del Plata, que apuntó contra los tiempos acotados para presentarse por uno de los 18 permisos y reclamó modificar los plazos para llevarlo a un periodo no menor a los 180 días corridos.

    «El exiguo plazo contenido en esta normativa viola el principio de concurrencia y hace pensar que la misma podría estar dirigida», dijo la gerenta del Cepa, María Fernanda Grimaldi, en una nota dirigida al subsecretario de Pesca nacional y titular de CFP, Juan Antonio López Cazorla a la que tuvo acceso LPO.

    El subsecretario de Pesca y titular del Consejo Federal Pesquero, Juan López Cazorla.

    Y agregó: «Dicho plazo solo determina que, no todas, sino algunas empresas que hayan tenido conocimiento de la medida implementada con anterioridad se encontrarán en condiciones de realizar la presentación, mientras que el resto no».

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    Ahora, en el entramado portuario hay quienes señalan que este proceso habilitará una mayor presencia de intereses chinos en la pesca nacional, reforzando lo que ya sucede con la pesca de calamar.

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    Se trata de empresas constituidas en el país, que operan con buques de bandera argentina -como todos los que pescan en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA)- pero que tienen origen de capital chino.

    En el sector que advierten que lo correcto hubiese sido medir en sendos informes científicos el impacto de esta medida sobre las cuatro poblaciones de calamar que pueden ser capturados en el mar argentino y no la nota de dos carillas del Inidep.

    Para sumar 18 barcos a los 84 existentes, en Nación se ampararon en una nota de una página y media del Inidep, el Instituto de Desarrollo Pesquero que asesora en el uso racional de los recursos.

    En esas dos carillas, el Inidep expuso que la flota potera nacional llegó a tener 150 buques, por lo que sumar hasta 20 más no implicaría un riesgo para el recurso.

    Ese argumento fue tajantemente objetado por la Provincia de Buenos Aires, donde expusieron que los buques actuales tienen una capacidad promedio de 550 toneladas, mientras que los 18 que se sumarían pueden llegar a pescar hasta 900.

    En Nación argumentaron que el calamar que no se pesca en la ZEEA es capturado por buques extranjeros en la milla 201. Pero en el gobierno bonaerense señalaron que las dos poblaciones de calamar que más se pescan, no salen de la ZEEA.

     Los buques poteros que hoy operan tienen una capacidad promedio de 550 toneladas, mientras que los 18 que se sumarían pueden llegar a contener hasta 900 tn. 

    Hay actores del sector que advierten sobre el riesgo para el recurso y reclamaron que lo correcto hubiese sido medir en sendos informes científicos el impacto de esta medida sobre las cuatro poblaciones de calamar que pueden ser capturados por estos buques, y no la nota de dos carillas del Inidep.

    Por eso, el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense a cargo de Javier Rodríguez interpuso un recurso de reconsideración ante el CFP que entró en la sesión de este jueves. El planteo fue girado para su análisis, pero en la Provincia no se hacen demasiadas expectativas y, de ser rechazado el planteo, analizan ir a la Justicia.

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    La titular de la Legislatura dijo que la ESI «destruyó la cabeza» de los menores y agregó: «Estas cosas las empezamos a ver en los materiales que se dan en las ESI donde empieza a existir esta multidiversidad de géneros. Yo sostengo que hay dos sexos, el masculino y el femenino, y uno nace con eso».

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    «El tema nos tiene consternados a todos los legisladores», aseguró la radical Manuela Thourte antes de preguntarse si estaba volviendo el «oscurantismo» a la Ciudad.

    María Bielli de Fuerza por Buenos Aires.

    Vanina Biasi, del PO habló de un marketing reaccionario. «Usa la ESI para decir que un niño que juega con muñecas está en un cuerpo equivocado», sostuvo.

    Leandro Santoro también se sumó a las críticas y argumentó que «la ESI fue votada para poner fin a los abusos. El 80% de los niños, niñas o adolescentes que denunciaron abusos fue tras una clase de ESI en la escuela». Y planteó que para promover un aumento de la natalidad como pretende Muzzio hacen falta políticas públicas que faciliten el acceso a la vivienda y más alternativas de jardines maternales. 

     

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