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SPORT WASHING: LA CAMISETA NO SE MANCHA

Tras el peor derrame de crudo en Perú, Repsol sponsorea a la selección nacional de fútbol. El convenio entre la petrolera española y la federación de fútbol peruano pone en el ojo de la tormenta las metodologías fraudulentas de marketing.

La empresa de hidrocarburos que causó el mayor desastre ecológico de la historia en Lima y Callao a principios de 2022 está actualmente patrocinando al equipo nacional de Perú. Repsol fue la responsable de un derrame sobre el litoral marítimo que involucró casi 12 mil barriles de combustible tras la ruptura y el posterior colapso de tuberías marítimas deficientes.

La compañía, cuyo logo hoy está estampado en el lugar central de la camiseta peruana, causó la muerte de más de dos mil animales silvestres y dejó sin fuente laboral a unos 11.000 trabajadores, entre pescadores y comerciantes. 

Sport washing” es la práctica de un individuo, grupo, corporación o estado que usa el deporte para mejorar su reputación dañada, a través de la organización de un evento deportivo, la compra o el patrocinio de equipos, o mediante la participación en el deporte mismo. A nivel individual o corporativo se utiliza el sportswashing para encubrir y desviar la atención de los vicios, delitos o escándalos de una empresa.

El green washing se define como una comunicación abusiva y engañosa.

Este término y su modo engañoso de accionar crece de la mano del “green washing”, una práctica de marketing verde destinada a crear una imagen ilusoria de responsabilidad ecológica que incluye diferentes estrategias para engañar al consumidor o, por decirlo de otra forma, no decir toda la verdad o contar una mentira a medias. Las ONG utilizan con frecuencia el término greenwashing para denunciar a las empresas que se preocupan falsamente por el medio ambiente orientando la imagen de marketing hacia un posicionamiento ecológico mientras que sus actividades van en contra del medio ambiente.

@pandoramarketing Repsol intenta lavarse la cara como nuevo auspiciador de la selección Peruana de Fútbol 😡 ¿Qué opinas? #fyp #fypシ #noticiasperu #repsol #fpf #seleccionperuana #parati #viralperu #foryou #viral #sportwashing #paologuerrero #realidadnacionalperu #tiktokperu #noticiasperu #peru ♬ Disappear – Maniak-B

Saliendo del marco teórico conceptual y retomando el caso peruano, Repsol estampó su marca como protagonista en la camiseta nacional. El holding ibérico opera en Perú desde 1995, pero jamás su imagen pública fue tan pobre entre la ciudadanía local a causa del mayor derrame marítimo en el país, es por eso que se aplica el sportswashing. Desde el ministerio de ambiente local denunciaron hace un año que la empresa solo había pagado el 3% (780.000 dólares) de las multas que se le habían impuesto.

En un inicio, la empresa catalogó el derrame como un incidente menor y solo reportó el vertido de 0,16 barriles (unos 25 litros), de modo que las autoridades peruanas no conocieron la magnitud del desastre hasta que el día siguiente comenzó a llegar el crudo a las playas de Ventanilla.

El petróleo derramado se esparció a lo largo de unos 50 kilómetros de costa, desde Ventanilla, en el Callao, la región portuaria aledaña a Lima, hasta la población de Chancay, en el norte del departamento de Lima.

En superficie, el crudo se ha extendido por 11.9 kilómetros cuadrados entre playas y agua, según el último reporte ofrecido por las autoridades peruanas. Sobre las acciones llevadas adelante por Repsol para remediar las zonas afectadas, no se evidenciaron acciones claras de limpieza y de remediación.

La debilidad que tienen los estados latinoamericanos frente a las transnacionales es llamativamente vergonzosa, en nuestro país lo podemos ver a diario en los casos de extracción de litio en el norte y fracking en Rio Negro/Neuquén. Donde los gobiernos provinciales entregan los recursos naturales llevando a cabo proyectos netamente empresariales sin debate en legislaturas, sin participación de universidades y científicos, ni controles provinciales; con impuestos que son irrisorios y planes de contingencia que dan pena.

A nivel de Estado, el lavado deportivo se ha utilizado para desviar la atención de un historial deficiente de derechos humanos y escándalos de corrupción dentro del gobierno y para esto tenemos dos casos puntuales: El de Qatar 2022 y el de Argentina 1978.

El caso de Qatar y el último Mundial masculino de fútbol es uno de los ejemplos más evidentes de sportswashing, un país con un historial bastante controvertido en lo que respecta a garantizar la protección de los derechos humanos, la FIFA lo seleccionó para organizar una competición que pretendía ocultar ciertos temas (como, por ejemplo, la mano de obra esclava de los trabajadores migrantes, o sus políticas LGTBQ) bajo el encandilamiento de grandes estrellas del fútbol y un evento deportivo de alcance mundial.

En ese sentido, el blanqueamiento deportivo actual es comparable a, por ejemplo, el mundial de Futbol 1978 organizado en Argentina donde la dictadura militar ocultaba ante los ojos del mundo mediante el mundial las atrocidades cometidas sobre derechos humanos, sistemáticas y planificadas. El Mundial de Qatar pretendía en todo momento generar una imagen afable y turística. Es decir, distorsionar la realidad nacional a través de la magia del fútbol.

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  • Los trumpistas Mas Canosa del Inter de Miami le ganaron a Rocca y Mindlin la obra de un gasoducto de Vaca Muerta

     

    Los cubano-norteamericanos hermanos Mas Canosa le ganaron la pulseada a Paolo Rocca y Marcelo Mindlin y se quedaron con la licitación internacional de un nuevo gasoducto de Vaca Muerta. De aceitados vínculos con Trump, concretaron así su plan desembarcar en la Argentina de Milei, que había fracasado en un primer intento.

    Jorge Mas es el líder de la familia y es conocido por ser el presidente del Inter de Miami que sumó a estrellas como Lionel Messi, Rodrigo de Paul, a Javier Mascherano como entrenador y tiene como socio a David Beckhan. Muy cercano a Trump, el empresario llevó a todo el equipo del Inter a la Casa Blanca a compartir una foto con el presidente de Estados Unidos.

    Pumpco, la compañía de los hijos del histórico dirigente y empresario anti castrista Jorge Mas Canosa, triunfó asociada con la italiana Bonatti y Contreras Hermanos, una compañía argentina.

    Se trata de una obra clave de 1200 millones de dólares que permitirá la exportación de gas natural licuado que extraen YPF, ENI y XRG. El gasoducto se extenderá desde la Meseta Buena Esperanza en Vaca Muerta hasta Sierra Grande. La oferta ganadora fue 15% más barata que la de Techint-Sacde.

    Con lobbystas influyentes, ahora los hijos de Mas Canosa entran al mercado de la obra pública en el país de Messi

    Milei mantiene un enfrentamiento con Paolo Rocca, a quién apodó Don Chatarrín y lo acusa de haber querido desestabilizarlo tras la derrota en la Provincia en 2024. En los últimos meses trascendieron incluso contactos entre Rocca y Mauricio Macri con la idea de apoyar una candidatura alternativa al oficialismo.

    Pumpco, la compañía de los hijos del histórico dirigente y empresario anti castrista Jorge Mas Canosa, triunfó asociada con la italiana Bonatti y Contreras Hermanos, una compañía argentina.

    En 2025 hubo polémica con la licitación del gasoducto de Río Negro, cuando Techint intentó hacer una oferta más barata después de haber perdido la compulsa. Pese a la bronca, Techint se había quedado con el oleoducto Vaca Muerta Sur por 3000 millones de dólares.

    El nuevo gasoducto de Vaca Muerta tiene 527 kilómetros de extensión hasta la terminal de exportación. Correrán en paralelo dos ductos, uno de gas de 48 pulgadas de diámetro y otro para líquidos de 24 pulgadas, según informó La Nación.

    Pumpco, una empresa que pertenece a MasTec, la compañía fundada por Jorge Mas Canosa y que ahora lidera su hijo Jorge Mas, buscaba desde hace años desembarcar en la Argentina. José Mas es el CEO de MasTec.

    Como contó LPO, desde la época de Sergio Massa, los empresarios cubano norteamericanos querían hacer pie en el país. Con la reactivación de los proyectos vinculados a Vaca Muerta y el impulso de Donald Trump, los Mas Canosa comenzaron a competir en distintas licitaciones.

    Se presentaron en la reversión del gasoducto norte, en el oleoducto Vaca Muerta Sur y en el gasoducto de SESA, pero siempre perdieron ante Techint-Sacde.

    MasTec cuenta con 22 mil empleados. La información contable de la empresa está a la vista porque la compañía de los Mas cotiza en la Bolsa de Nueva York. La compañía construyó más de cinco mil gasoductos y oleoductos en EEUU.

    Si bien MasTec ganó la licitación, aún falta que se confirme el proyecto, algo que debería ocurrir entre fines de 2026 y principios de 2027. 

     

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    Cristina Kirchner denunció una “proscripción perpetua” y volvió a poner en debate el rol de la Justicia en la democracia argentina

     

    En una carta abierta difundida este miércoles, Cristina Fernández de Kirchner afirmó que la inhabilitación para ejercer cargos públicos constituye la verdadera pena que enfrenta y advirtió que el fallo judicial que la condenó tiene consecuencias que exceden su situación personal. La exmandataria volvió a plantear que existe una disputa política detrás de su condena y llevó el conflicto al terreno de los derechos democráticos.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    La carta de Cristina y la denuncia de una condena que trasciende la prisión

    Cristina Fernández de Kirchner volvió a instalar en el centro de la discusión política el concepto de proscripción política. En una carta abierta publicada este miércoles, la expresidenta sostuvo que la consecuencia más profunda de la condena judicial en su contra no es la restricción de su libertad ambulatoria, sino la imposibilidad permanente de competir electoralmente y ejercer cargos públicos, una sanción que definió como una “pena principal” y que, según su planteo, afecta el derecho colectivo de millones de ciudadanos a elegir a sus representantes.

    El planteo de Cristina se inscribe en una discusión que atraviesa a la política argentina desde la confirmación de la condena en la causa Vialidad. La Corte Suprema dejó firme la sentencia que estableció una pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una resolución que desde el peronismo fue interpretada como un mecanismo de exclusión política contra la principal dirigente opositora al gobierno de Javier Milei.

    En su escrito, la exmandataria apuntó al funcionamiento del sistema judicial y sostuvo que una democracia no puede reducirse únicamente al acto electoral, sino que requiere instituciones capaces de garantizar la participación política y el respeto de los derechos fundamentales. La crítica apunta así a una cuestión más amplia: qué ocurre cuando una decisión judicial tiene efectos directos sobre la competencia política y sobre la representación de un sector social determinado.

    Una disputa que excede el caso Vialidad

    El conflicto judicial alrededor de Cristina Kirchner se convirtió en uno de los principales ejes de la disputa política argentina. Para sus seguidores, la condena representa una forma moderna de persecución política mediante herramientas judiciales; para sus críticos, se trata de una consecuencia institucional derivada de una causa penal por corrupción que atravesó todas las instancias judiciales.

    La causa Vialidad, que investigó irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, terminó con una condena que no sólo afectó a la expresidenta sino que modificó el escenario político nacional al impedirle presentarse a elecciones. La inhabilitación perpetua se convirtió así en el punto central del debate, incluso por encima de la pena económica o de la modalidad de cumplimiento de la condena.

    Desde el kirchnerismo sostienen que la exclusión electoral de Cristina tiene un impacto institucional porque se trata de una dirigente que conserva un peso político significativo dentro del peronismo y que, aun fuera de un cargo formal, continúa funcionando como una referencia para una parte importante del electorado. La discusión ya no pasa solamente por la culpabilidad o inocencia en una causa judicial, sino por los límites entre la Justicia penal y la competencia democrática.

    El escenario internacional y el reclamo por las garantías judiciales

    La carta también volvió a colocar la mirada sobre los organismos internacionales de derechos humanos. Cristina Fernández de Kirchner sostiene que su situación debe ser analizada bajo el marco de las garantías previstas en tratados internacionales, argumentando que el derecho a elegir y ser elegido forma parte de los derechos políticos fundamentales.

    La estrategia jurídica y política de la exmandataria apunta a transformar la discusión desde una cuestión estrictamente penal hacia un debate sobre la calidad democrática. La tesis que plantea es que una condena judicial puede tener consecuencias que exceden a la persona involucrada cuando implica impedir que una dirigente pueda competir por el voto popular.

    Desde sectores opositores al kirchnerismo rechazan esa interpretación y sostienen que no existe una proscripción sino una consecuencia legal derivada de una sentencia firme. Allí se encuentra uno de los grandes puntos de tensión del debate argentino actual: si una condena judicial que impide ejercer cargos públicos debe ser considerada una aplicación legítima de la ley o si, por sus efectos políticos, constituye una limitación excepcional al principio democrático de representación.

    La pelea por el futuro político del peronismo

    Más allá del expediente judicial, la situación de Cristina Kirchner impacta directamente sobre la reorganización del peronismo. La imposibilidad de competir electoralmente modificó los equilibrios internos del espacio y abrió una discusión sobre liderazgo, renovación y estrategia frente al gobierno de Javier Milei.

    La exmandataria busca mantener vigente la idea de que su exclusión no es solamente un problema individual, sino una disputa por el rumbo político del país. En esa lectura, la condena judicial forma parte de una batalla más amplia por definir quiénes pueden participar plenamente del sistema democrático.

    La discusión sobre Cristina Kirchner, entonces, continúa ubicada en una zona donde se cruzan justicia, política y democracia. Mientras sus adversarios sostienen que las instituciones actuaron dentro de sus atribuciones, sus seguidores denuncian que una decisión judicial terminó produciendo un efecto político irreversible: sacar de la competencia electoral a una dirigente que, durante dos décadas, ocupó un lugar central en la vida pública argentina.

     

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    SIN DEBATE NO HAY LICENCIA

    El modelo extractivista se impone a la fuerza, Rio Negro no está exento de este tipo de políticas antidemocráticas. Las empresas demandan y los gobiernos cumplen. La sociedad defiende el medio ambiente. Para construir el oleoducto y el puerto exportador en Punta Colorada, el Estado provincial se vio obligado a derogar la Ley 3.308 que…

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