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«Somos órgano consultivo, dentro del organigrama municipal»

Sigue generando repudio la decisión de cerrar el Hogar Municipal La Esperanza para ubicar en ese edificio municipal la Casa de Abordaje Integral, como suele pasar en estos casos donde parte de la sociedad no está de acuerdo con una decisión del ejecutivo local, las redes sociales fueron el medio y el termómetro donde se canalizaron los reclamos y las expresiones contrarias a dicha decisión.

En este caso, nuevamente, el Consejo local de la mujer volvió a expresarse mediante un comunicado. Es válido recordar que ya emitieron uno en repudio donde principalmente planteaban que la decisión se abra a la sociedad misma y se debata, antes de decidir, teniendo en cuenta que se estaban vulnerando derechos adquiridos para el bien común de los adultos mayores en pos de beneficiar otro sector social vulnerado como lo son las mujeres que sufren violencia de género.

Expresa el comunicado que dicho consejo es un órgano consultivo, dentro del organigrama municipal, para todo lo referido a decisiones de carácter gubernamental que involucre a las mujeres, disidencias y sus problemáticas. A su vez remarca: “existimos dentro de la vida institucional como órgano específico para discutir y fijar políticas municipales en materia de género y diversidad desde el año 2013″.

No solo consideran desde el Consejo Local que debieron ser consultadas debido a su trayectoria que las avala sino también porque: “entendiendo que en diálogo y no en arbitrariedad se construyen las bases de un accionar político democrático que bregue por la ampliación de derechos y no por la anulación y/o sustitución de unos por sobre otros”.

Repudian abiertamente que el ejecutivo tome posturas tan alejadas de la buena convivencia institucional como no contestarles y no darles voz cuando se trata de un tema tan sustancial y significativo para su agenda. Y por, sobre todo, hoy, en el Día Mundial contra el Abuso y Maltrato en la Vejez repudian la falta de profesionalismo de las autoridades de Desarrollo Social que promueven, avalan y justifican el cierre del Hogar La Esperanza dejando a personas mayores en situación de abandono.

Además refuerzan su posicionamiento fundamentando que las instalaciones del Hogar no están aptas para el nuevo cometido: “las instalaciones del Hogar La Esperanza para recibir y contener a Mujeres en Situación de Violencias; a Infancias y Adolescencias. No entendemos cómo un espacio de fácil acceso al ojo público, sin protección de la entrada principal, sin patio para instalar juegos para las niñeces y expuesto hasta el hartazgo en los medios de comunicación pueda ofrecer confidencialidad y resguardo en las situaciones mencionadas. Y tampoco entendemos cómo este mismo inmueble quiere utilizarse para capacitaciones laborales y talleres, promoviendo la exposición aún más”.

Concluyen el documento insistiendo que la construcción de la Casa de Abordaje Integral debe realizarse sobre el terreno que se obtuvo el año 2019 y sentencian: “Como militantes feministas y ciudadanas reginenses no seremos cómplices de definiciones arbitrarias y unilaterales que van en desmedro de derechos adquiridos por lxs adultxs mayores, y claramente atentan contra su bienestar.”

COMUNICADO DEL CONSEJO LOCAL DE LAS MUJERES

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    Patricia Bullrich y el método del poder impune: seis casos, un mismo patrón

     

    Un tuit del abogado Gregorio Dalbón volvió a poner en foco un recorrido político atravesado por muertes, violencias, encubrimientos y relatos oficiales construidos antes de cualquier verdad judicial. Desde Nisman hasta el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, el nombre de Patricia Bullrich aparece siempre en el mismo lugar: el del poder que explica, señala y se desentiende.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    El planteo de Gregorio Dalbón no es una consigna suelta ni una reacción emocional. Es una enumeración precisa de seis hechos gravísimos de la historia reciente argentina en los que Patricia Bullrich tuvo un rol político directo o determinante, siempre desde lugares de poder estatal y siempre antes de que la Justicia pudiera hablar con pruebas y no con conferencias.

    No se trata de igualar causas ni de forzar comparaciones. Se trata de observar un patrón político reiterado: muertes o hechos violentos incómodos para el poder, una ministra que aparece rápido, un relato cerrado que exonera al Estado y una ausencia total de autocrítica cuando el tiempo demuestra que las explicaciones iniciales eran, como mínimo, falsas o incompletas.

    Seis casos, un mismo libreto

    En el caso Nisman, Bullrich fue una de las primeras dirigentes en instalar públicamente la hipótesis del asesinato, sin pruebas, empujando una operación política que convirtió una muerte aún no esclarecida en un arma contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Once años después, la causa sigue sin una sola evidencia firme que desmienta la hipótesis del suicidio, pero el daño político ya estaba hecho.

    En el caso Santiago Maldonado, como ministra de Seguridad, defendió a la Gendarmería desde el primer minuto, negó la desaparición forzada y acusó a la propia familia y a organismos de derechos humanos de “politizar” el hecho. La Justicia terminó estableciendo que Maldonado murió ahogado, pero Bullrich nunca explicó por qué encubrió el accionar represivo previo ni asumió responsabilidad política alguna.

    Con Facundo Molares, la escena se repitió: muerte en contexto de represión policial, relato inmediato de “descompensación”, respaldo automático a las fuerzas y ningún cuestionamiento interno. La violencia estatal se explicó sola y el poder se lavó las manos.

    El nombre de Fabrizia Pegoraro se suma a una lista menos mediática pero igual de inquietante: violencias institucionales minimizadas, responsabilidades diluidas y silencio político posterior. Cuando el caso deja de servir al discurso, desaparece del micrófono.

    En el caso de Pablo Grillo, nuevamente el esquema: intervención estatal, daños graves, justificaciones preventivas y una narrativa que corre el foco del rol del Estado hacia supuestos enemigos funcionales al orden que Bullrich dice garantizar.

    Y finalmente, el hecho más grave de todos: el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Allí Bullrich volvió a actuar como operadora política antes que como dirigente responsable: instaló la teoría del “loco suelto”, negó cualquier entramado político y mediático previo, y buscó clausurar de inmediato la pregunta central: cómo se construyó el clima de odio que habilitó el intento de magnicidio.

    Siempre antes, nunca después

    El hilo conductor es claro y demoledor: Bullrich siempre aparece antes del fallo, nunca después. Siempre con certezas anticipadas, nunca con dudas. Siempre señalando culpables ajenos, nunca haciéndose cargo del área que condujo.

    Cuando la verdad aprieta, el poder responde con fórmulas conocidas: alguien “se suicida”, alguien “se ahoga”, alguien “actuó solo”, alguien “se descompensó”. El Estado jamás falla, las fuerzas nunca se equivocan y la responsabilidad política queda sepultada bajo slogans de orden y seguridad.

    Esto no es una casualidad ni una suma de errores. Es un método político: construir autoridad desde el miedo, legitimar la violencia con discursos duros y garantizar impunidad desde el poder institucional.

    La responsabilidad que no prescribe

    La historia argentina demuestra algo que ningún marketing puede tapar: los funcionarios pasan, las víctimas quedan. Las conferencias se olvidan, los relatos se caen y las verdades, tarde o temprano, aparecen.

    Cuando ese momento llega, la pregunta no es quién dio la orden. La pregunta es quién estaba a cargo. Y en demasiados momentos oscuros de la Argentina reciente, la respuesta conduce al mismo nombre.

     

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