Sigue generando repudio la decisión de cerrar el Hogar Municipal La Esperanza para ubicar en ese edificio municipal la Casa de Abordaje Integral, como suele pasar en estos casos donde parte de la sociedad no está de acuerdo con una decisión del ejecutivo local, las redes sociales fueron el medio y el termómetro donde se canalizaron los reclamos y las expresiones contrarias a dicha decisión.
En este caso, nuevamente, el Consejo local de la mujer volvió a expresarse mediante un comunicado. Es válido recordar que ya emitieron uno en repudio donde principalmente planteaban que la decisión se abra a la sociedad misma y se debata, antes de decidir, teniendo en cuenta que se estaban vulnerando derechos adquiridos para el bien común de los adultos mayores en pos de beneficiar otro sector social vulnerado como lo son las mujeres que sufren violencia de género.
Expresa el comunicado que dicho consejo es un órgano consultivo, dentro del organigrama municipal, para todo lo referido a decisiones de carácter gubernamental que involucre a las mujeres, disidencias y sus problemáticas. A su vez remarca: “existimos dentro de la vida institucional como órgano específico para discutir y fijar políticas municipales en materia de género y diversidad desde el año 2013″.
No solo consideran desde el Consejo Local que debieron ser consultadas debido a su trayectoria que las avala sino también porque: “entendiendo que en diálogo y no en arbitrariedad se construyen las bases de un accionar político democrático que bregue por la ampliación de derechos y no por la anulación y/o sustitución de unos por sobre otros”.
Repudian abiertamente que el ejecutivo tome posturas tan alejadas de la buena convivencia institucional como no contestarles y no darles voz cuando se trata de un tema tan sustancial y significativo para su agenda. Y por, sobre todo, hoy, en el Día Mundial contra el Abuso y Maltrato en la Vejez repudian la falta de profesionalismo de las autoridades de Desarrollo Social que promueven, avalan y justifican el cierre del Hogar La Esperanza dejando a personas mayores en situación de abandono.
Además refuerzan su posicionamiento fundamentando que las instalaciones del Hogar no están aptas para el nuevo cometido: “las instalaciones del Hogar La Esperanza para recibir y contener a Mujeres en Situación de Violencias; a Infancias y Adolescencias. No entendemos cómo un espacio de fácil acceso al ojo público, sin protección de la entrada principal, sin patio para instalar juegos para las niñeces y expuesto hasta el hartazgo en los medios de comunicación pueda ofrecer confidencialidad y resguardo en las situaciones mencionadas. Y tampoco entendemos cómo este mismo inmueble quiere utilizarse para capacitaciones laborales y talleres, promoviendo la exposición aún más”.
Concluyen el documento insistiendo que la construcción de la Casa de Abordaje Integral debe realizarse sobre el terreno que se obtuvo el año 2019 y sentencian: “Como militantes feministas y ciudadanas reginenses no seremos cómplices de definiciones arbitrarias y unilaterales que van en desmedro de derechos adquiridos por lxs adultxs mayores, y claramente atentan contra su bienestar.”
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Mientras la Selección enfrenta a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial, el Gobierno de Milei publicó un decreto que impulsa una licitación petrolera en el Mar Argentino tras el interés de una empresa británica y habilita el arbitraje internacional en los futuros contratos.
Por Roque Pérez para NLI
Mientras millones de argentinos vuelven a vivir un nuevo capítulo de una de las rivalidades más cargadas de historia del deporte mundial, con la Selección enfrentando a Inglaterra por un lugar en la final de la Copa del Mundo, el Gobierno de Milei eligió este miércoles para publicar un decreto que abre un nuevo proceso para la exploración petrolera en el Mar Argentino a partir de la iniciativa presentada por una empresa británica y que, además, habilita que los futuros contratos contemplen la posibilidad de resolver controversias mediante tribunales arbitrales internacionales.
La coincidencia difícilmente pase inadvertida. Para la inmensa mayoría de los argentinos, Inglaterra nunca es un rival cualquiera. Malvinas, la guerra de 1982, los encuentros mundialistas de 1966 y 1986 y la permanente disputa diplomática por la soberanía de las islas convierten cada partido entre ambos países en un acontecimiento que trasciende largamente al fútbol. Sin embargo, mientras la atención pública se concentra en la semifinal del Mundial, el Poder Ejecutivo avanzó con una decisión que vuelve a colocar a empresas británicas en el centro de un proyecto estratégico vinculado a los recursos naturales argentinos.
Un decreto que abre la puerta a una licitación impulsada por una empresa británica
El Decreto 590/2026, publicado este 15 de julio en el Boletín Oficial, instruye a la Secretaría de Energía para convocar a un concurso público internacional destinado a adjudicar un permiso de exploración sobre el área CAN_200, un bloque de aproximadamente cinco mil kilómetros cuadrados ubicado en la Cuenca Argentina Norte, dentro de la plataforma continental argentina.
La decisión no implica una adjudicación directa. De hecho, la normativa establece que deberá realizarse una licitación abierta en la que podrán participar distintas compañías. Sin embargo, el propio decreto explica que el procedimiento se inicia luego de que la empresa Challenger Energy Group PLC, de origen británico, presentara formalmente una manifestación de interés para desarrollar actividades de exploración en ese bloque del Mar Argentino.
En otras palabras, el Gobierno pone en marcha un proceso administrativo cuyo punto de partida fue la iniciativa de una compañía británica interesada en explorar recursos hidrocarburíferos argentinos, una circunstancia que inevitablemente adquiere otra dimensión política cuando coincide con un nuevo enfrentamiento deportivo entre Argentina e Inglaterra.
El arbitraje internacional vuelve al centro del debate
El aspecto que probablemente genere mayor controversia no pasa únicamente por la futura participación de empresas extranjeras, sino por el régimen jurídico que acompañará esos contratos.
El decreto autoriza expresamente que los acuerdos que eventualmente se firmen con la empresa adjudicataria puedan incluir cláusulas de arbitraje internacional, permitiendo que eventuales controversias entre el Estado argentino y las compañías privadas sean resueltas fuera de la Justicia nacional, conforme a los mecanismos previstos por la Convención de Nueva York de 1958.
Si bien la norma aclara que la República Argentina no renuncia a la inmunidad de ejecución sobre determinados bienes estratégicos, entre ellos las reservas del Banco Central, los bienes del dominio público, el patrimonio cultural, los activos diplomáticos y militares o la potestad tributaria del Estado, la decisión vuelve a abrir un viejo debate político sobre hasta qué punto la resolución de conflictos vinculados con recursos naturales debe quedar bajo jurisdicción de tribunales internacionales.
La utilización de este tipo de mecanismos ha sido defendida históricamente por distintos gobiernos como una herramienta para atraer inversiones de gran escala, aunque también recibió fuertes cuestionamientos desde sectores políticos, académicos y jurídicos que consideran que esos esquemas terminan condicionando la capacidad soberana de los Estados para definir sus propias políticas energéticas.
De las tribunas a los negocios
La publicación del decreto también llega después de otra decisión que despertó críticas entre excombatientes y distintos sectores políticos: la aceptación por parte del Gobierno argentino de las disposiciones de la FIFA que impidieron el ingreso a los estadios de banderas y símbolos vinculados con la reivindicación argentina sobre las Islas Malvinas, bajo el argumento de evitar manifestaciones políticas durante el Mundial.
Aunque la FIFA sostiene desde hace años que los torneos deben desarrollarse sin expresiones de carácter político, la decisión fue interpretada por numerosos veteranos de guerra y organizaciones vinculadas a la causa Malvinas como una nueva muestra de la escasa voluntad del Gobierno nacional para defender esa reivindicación en los escenarios internacionales, especialmente frente a un rival como Inglaterra, cuya presencia inevitablemente reaviva un conflicto que continúa abierto en el plano diplomático.
En ese contexto, la publicación del Decreto 590/2026 termina reforzando una imagen que la oposición viene construyendo desde el inicio de la gestión libertaria: un Gobierno que evita confrontar con el Reino Unido cuando se trata de la cuestión Malvinas y que, al mismo tiempo, impulsa políticas de apertura para que empresas británicas puedan competir por la exploración de recursos estratégicos en el Mar Argentino bajo contratos que incluso prevén mecanismos de arbitraje internacional.
Mucho más que una coincidencia de calendario
Probablemente el decreto hubiera generado debate cualquier otro día. Sin embargo, su publicación mientras Argentina vuelve a enfrentarse con Inglaterra en un Mundial le agrega una carga simbólica imposible de ignorar.
Mientras en las tribunas y frente a los televisores resurgen los recuerdos de Rattín, la guerra de Malvinas, la Mano de Dios y el Gol del Siglo, el Boletín Oficial publica una norma que habilita el inicio de un proceso para explorar petróleo en el Mar Argentino impulsado originalmente por una empresa británica y que contempla la posibilidad de resolver futuras controversias mediante arbitraje internacional.
No se trata solamente de una coincidencia deportiva. Se trata del contraste entre dos formas muy distintas de entender la relación con el Reino Unido: una que mantiene viva la memoria histórica cada vez que rueda una pelota y otra que, desde la lógica económica del Gobierno de Milei, apuesta a profundizar la apertura a los capitales internacionales aun cuando ello implique que empresas británicas vuelvan a tener protagonismo en un área tan sensible como los recursos energéticos del Mar Argentino.
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