Sigue generando repudio la decisión de cerrar el Hogar Municipal La Esperanza para ubicar en ese edificio municipal la Casa de Abordaje Integral, como suele pasar en estos casos donde parte de la sociedad no está de acuerdo con una decisión del ejecutivo local, las redes sociales fueron el medio y el termómetro donde se canalizaron los reclamos y las expresiones contrarias a dicha decisión.
En este caso, nuevamente, el Consejo local de la mujer volvió a expresarse mediante un comunicado. Es válido recordar que ya emitieron uno en repudio donde principalmente planteaban que la decisión se abra a la sociedad misma y se debata, antes de decidir, teniendo en cuenta que se estaban vulnerando derechos adquiridos para el bien común de los adultos mayores en pos de beneficiar otro sector social vulnerado como lo son las mujeres que sufren violencia de género.
Expresa el comunicado que dicho consejo es un órgano consultivo, dentro del organigrama municipal, para todo lo referido a decisiones de carácter gubernamental que involucre a las mujeres, disidencias y sus problemáticas. A su vez remarca: “existimos dentro de la vida institucional como órgano específico para discutir y fijar políticas municipales en materia de género y diversidad desde el año 2013″.
No solo consideran desde el Consejo Local que debieron ser consultadas debido a su trayectoria que las avala sino también porque: “entendiendo que en diálogo y no en arbitrariedad se construyen las bases de un accionar político democrático que bregue por la ampliación de derechos y no por la anulación y/o sustitución de unos por sobre otros”.
Repudian abiertamente que el ejecutivo tome posturas tan alejadas de la buena convivencia institucional como no contestarles y no darles voz cuando se trata de un tema tan sustancial y significativo para su agenda. Y por, sobre todo, hoy, en el Día Mundial contra el Abuso y Maltrato en la Vejez repudian la falta de profesionalismo de las autoridades de Desarrollo Social que promueven, avalan y justifican el cierre del Hogar La Esperanza dejando a personas mayores en situación de abandono.
Además refuerzan su posicionamiento fundamentando que las instalaciones del Hogar no están aptas para el nuevo cometido: “las instalaciones del Hogar La Esperanza para recibir y contener a Mujeres en Situación de Violencias; a Infancias y Adolescencias. No entendemos cómo un espacio de fácil acceso al ojo público, sin protección de la entrada principal, sin patio para instalar juegos para las niñeces y expuesto hasta el hartazgo en los medios de comunicación pueda ofrecer confidencialidad y resguardo en las situaciones mencionadas. Y tampoco entendemos cómo este mismo inmueble quiere utilizarse para capacitaciones laborales y talleres, promoviendo la exposición aún más”.
Concluyen el documento insistiendo que la construcción de la Casa de Abordaje Integral debe realizarse sobre el terreno que se obtuvo el año 2019 y sentencian: “Como militantes feministas y ciudadanas reginenses no seremos cómplices de definiciones arbitrarias y unilaterales que van en desmedro de derechos adquiridos por lxs adultxs mayores, y claramente atentan contra su bienestar.”
Si algo le faltaba a este bendito país para estar un poco más cerca del apocalipsis era una final de copa libertadores entre los dos clubes más trascendentes del país. Y como es sudamérica (y Argentina) es lógico que lo programado por la entidad superior del fútbol se modifique. Que éste día no se juega,…
Los magistrados que evalúan el desempeño de los ejecutivos de Vicentín consideraron que hay apariencia de responsabilidad en las maniobras que les atribuyen. Las maniobras consisten en haber drenado fondos de la compañía en beneficio propio, ya en la etapa posterior al concurso de acreedores.
Los jueces también dieron por probado en esta etapa que los cuatro ejecutivos que llegaron presos a la audiencia son jefes de una asociación ilícita, que mantenían el control operativo de la agroexportadora y sus empresas vinculadas y que escamotearon los activos de la firma en detrimento de sus miles de acreedores.
“Los imputados ejercen el control de facto de la empresa”, dijo este sábado el juez Nicolás Foppiani, que atribuyó a Roberto Gazze, Omar Scarel, Daniel Buyatti y Alberto Macua de haber mantenido una “conducción en las sombras” de la compañía liderando un grupo conformado por diecinueve personas imputadas. Foppiani sostuvo que los cuatro, los directivos más encumbrados, habían desviado fondos por 890 millones de pesos en casi cinco años de manera ilícita. Por eso el tribunal que integra con otros dos magistrados aceptó el pedido de la fiscalía y les dictó a los ejecutivos prisión preventiva por cuatro meses. Estarán en una cárcel hasta el 29 de julio venidero cuando debe establecerse en una nueva audiencia el inicio del juicio.
Se trata de una medida poco habitual y de gran significación dado la posición de los ejecutivos que irán presos en forma preliminar, conductores de la mayor empresa agroexportadora de la Argentina. Junto a sus colegas de tribunal Valeria Pedrana y Gonzalo Fernández Bussy, el juez Foppiani sostuvo que varias cuestiones se cumplían para imponerles prisión a los directivos.
Una es la pena en expectativa ya que para todos hay un pedido de no menos de 14 años de cárcel lo que implica prisión efectiva en caso de condena. También se consideró que existe riesgo procesal que permite presumir fuga según la ley. Asimismo los jueces analizaron que existe posibilidad de entorpecimiento probatorio si los empresarios imputados quedaran en libertad.
“Es riesgo procesal que los directivos hayan ordenado pagos para cubrir gastos personales ajenos a los intereses propietarios. También que lo hayan hecho para escamotear el verdadero estado de cosas de la empresa con la finalidad de influir negativamente en resarcir a las víctimas y dificultar que investigara la fiscalía”, sostuvo Foppiani.
Los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja habían planteado este jueves que este agrupamiento criminal, como llamaron a sus 15 integrantes, persistió en maniobras de administración infiel entre diciembre de 2019 cuando se declaró el default de Vicentin y fines de 2024, con lo que desvió ilegalmente fondos de todas las empresas allegadas por algo más de 890 millones de pesos.
Las sociedades afectadas en su patrimonio o que fueron utilizadas con esta maniobra ilegal son Sir Cotton, Oleaginosa San Lorenzo, Vicentin, Algodonera Avellaneda y Sottano. La estafa según los fiscales fue para sostener gastos personales. Dijeron que se llevaron para eso el equivalente en ese tiempo a 20.946 salarios mínimos.
Los jueces remarcaron que para esta etapa del proceso en que no se requiere certeza los fiscales habían fundado adecuadamente en evidencia sus acusaciones. Habían señalado que los empresarios desviaron fondos de Vicentin para pagar sus abogados particulares. Mostraron incluso que crearon una sociedad para enajenar una avioneta Cessna de Vicentin a fin de no perderla.
“El ejemplo paradigmático de cómo intentaron escamotear el activo de la empresa es lo que hicieron con el avión”, dijo el juez Foppiani. Se mencionó que el valor relativo de tres millones de dólares de este holding era ínfimo. “Pero ese valor para un pequeño productor que resultó perjudicado por Vicentin lejos está de ser ínfimo. Como lejos están de ser ínfimos los autopagos que se hicieron las personas imputadas”, sostuvo el magistrado. “Estas operatorias tendientes a escamotear el destino de los bienes sobre el daño a resarcir es indicador de riesgo procesal”, estableció.
Foppiani sostuvo que la pena en expectativa es proporcional con el pedido que hicieron los fiscales de prisión preventiva. Habló de gravedad de los hechos atribuidos, de su pluralidad y de la sofisticación de las maniobras “con lo que no puede descartarse una pena de cumplimiento efectivo si son condenados”. Los fiscales pidieron en su momento para Macua 16 años de prisión, para Scarel 14, para Buyatti 16 y para Gazze 17.
El juez Foppiani no ahorró dureza en sus consideraciones pese a lo provisorio de esta etapa procesal. Habló de que “el principio de la realidad económica” de lo ocurrido es más importante que “el ropaje jurídico que se utilice para esconder u ocultar el movimiento de bienes”. Indicó que “esta asociación criminal a pesar de haber sido desplazada formalmente de la empresa Vicentin continuó ejerciendo el control de facto sobre el grupo económico”.
“Esto se evidencia según la fiscalía en el uso de empresas satélites, la confusión patrimonial entre empresas, el manejo de cuentas bancarias y la utilización de la estructura administrativa y recursos de Vicentin SAIC para beneficio propio”, planteó el magistrado.
La empresa declaró su default en 2019 y mantiene una deuda concursal de 1.340 millones de dólares, lo que se considera la mayor cesación de pagos de la historia argentina. Tiene miles de damnificados, la mayoría pequeños productores que cedieron sus granos y no cobraron.
Los descargos
Las audiencias que terminan este sábado con las prisiones preventivas duraron tres jornadas. Este sábado a la mañana el director de Vicentin Estanislao Bougain, ejecutivo de la empresa con funciones en la etapa posdefault, trazó una firme diferencia entre las compañías según su funcionamiento antes y después del concurso, remarcando que más allá de llevar el mismo nombre y compartir algunos directivos se trata de sociedades diferentes. Declaró ante los jueces que pese a eso la compañía agroexportadora en la actualidad requiere de manera decisiva a Daniel Buyatti, Omar Scarel y Alberto Macua para poder operar de manera regular. Son tres de los cuatro directivos, junto con Roberto Gazze, que fueron detenidos hace una semana.
“Ellos están en la primera línea de funcionamiento en el área industrial, comercial y de finanzas”, dijo Bougain, a fin de establecer la incidencia decisiva que tienen para la empresa estos directivos, a quienes los fiscales acusan de haber seguido detrayendo fondos de la empresa para propósitos personales aún en la etapa posconcursal.
Bougain rechazó la imputación de que se pagaron honorarios y fianzas con el flujo de la cerealera. Aseguró respecto de las cauciones que los directivos imputados reintegraron esos fondos a la empresa. Los fiscales Narvaja y Moreno habían señalado que los montos para depositar fianzas habían sido un ejemplo de desvío patrimonial de Vicentin a sus ejecutivos para compromisos personales.
“No cometí delito alguno”, dijo uno de los directivos que está preso hace una semana, Alberto Macua. Remarcó como había dicho Bougain que los fondos recibidos para pagar cauciones en 2021 los ejecutivos los habían devuelto a Vicentin. Sostuvo por último que no hubo venta ni enajenación de una aeronave Cessna como habían indicado los fiscales.
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Un muy conocido financista rosarino, también empresario de medios, fue allanado este viernes sospechado de participar del circuito extorsivo contra un agente de bolsa de la ciudad. El allanado es Fernando Whpei quien fue señalado por el empresario bursátil Claudio Iglesias por haber sido intermediario de un apriete de alto nivel, que incluyó que la apertura de una causa penal para sacarle plata, urdida por el entonces director de la AFIP (hoy ARCA) de Rosario, Carlos Vaudagna, y el juez federal Marcelo Bailaque.
El testimonio de Claudio Iglesias también dejó afectado a un abogado de la ciudad de la ciudad de Rafaela que tiene además estudio jurídico en Buenos Aires, una clientela selecta a la que atiende como tributarista y conexiones de nivel elevado. Se llama Guillermo Zenklusen.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria allanó su domicilio particular y también sus oficinas. Lo que más lo compromete es el permanente intercambio de mensajes que tiene con Vaudagna. Algo raro porque Vaudagna era la máxima jerarquía de la AFIP y Zenklusen litigaba permantemente contra le órgano tributario.
Ahora Zenklusen será investigado para definir si tiene algún tipo de integración con la trama del chantaje que, según el fiscal federal Juan Argibay Molina, orquestaron Vaudagna y Bailaque en contra del empresario Iglesias. Algo que Vaudagna ya reconoció al declarar como arrepentido hace menos de un mes.
En 2019 los empresarios bursátiles Iglesias y Jorge Oneto fueron mencionados en un anónimo que decían que lavaban fondos del delito en una mesa de dinero. Ese anónimo lo presentó Vaudagna como máxima autoridad de la AFIP en el juzgado a cargo de Bailaque. Este les abrió una causa a ambos pese a que el anónimo no ofrecía ningún dato. Además no delegó el expediente en la fiscalía sino que se dejó la investigación a sí mismo.
Iglesias contó el jueves que el financista Fernando Whpei fue el intermediario que le propuso que pagara para frenar la causa penal en su contra. “Esta causa es muy pesada, te va a complicar, hay gente de arriba de Buenos Aires interesada en avanzar. Te podemos dar una mano. Yo tengo llegada al juez y a la AFIP”, le dijo Whpei a Iglesias, según el testimonio que este último produjo el jueves.
También dijo que el despliegue de acciones para cerrar la extorsión incluía que los que armaron la tramoya le pusieran a Iglesias el abogado defensor. Ese es el abogado que fue allanado en Rafaela este viernes.
El que le sugirieron es Guillermo Zenklusen. Iglesias contó que cuando el juez Bailaque lo llamó a indagatoria él tomó como abogados a Jorge Ilharrescondo y Oscar Romera. Estos plantearon un fuerte descargo para cuestionar la forma en que lo imputaron: en base a un anónimo con vaguedades y con una investigación que el juez había omitido ceder al fiscal.
El grupo detrás de Whpei, dice Iglesias, quería que Zenklusen reemplazara a sus defensores y que ese descargo no se presentara. La presión era para no hacer nada que complicara a los que le pedían una coima. Los abogados que ya estaban designados le señalaron a Iglesias que renunciarían si no hacían el descargo. Iglesias optó por mantener el escrito pero al mismo tiempo, asustado según dijo por el perjuicio que se le venía encima, aceptaba mantener el canal de negociación que le ofrecía Whpei.
Según fuentes de la causa Zenklusen estuvo en una reunión en Rosario de la que participaron también Whpei, Iglesias y uno de sus abogados.
Hay una muy intensa secuencia de intercambio de mensajes y conversaciones entre Vaudagna y Zenklusen a lo largo del tiempo. Constan en dos pericias forenses al teléfono que los fiscales provinciales de Delitos Económicos de Rosario secuestraron al ex director de la AFIP en 2021. Es significativo que Zenklusen, refieren fuentes seguras, es generalmente litigante contra la AFIP. ¿Por qué habla tanto con el hombre que como jefe del organismo tributario está en la vereda opuesta de esos pleitos? Es parte de la nueva pesquisa. Lo que se sabía es que Vaudagna asesora contribuyentes para que eludan o evadan al organismo que él mismo dirige. Eso mismo confesó Vaudagna como arrepentido el 19 de marzo en un acta que ya está homologada para esta causa, es decir, que vale como prueba.
De 58 años, Zenklusen es una persona de bajo perfil, reconocido por su discreción y con buena valoración social en Rafaela. Se recibió de abogado en 1992 con el promedio más alto en la Facultad de Derecho de la UNR en Rosario lo que le valió un premio a la excelencia en la Corte Suprema de la Nación. Su esposa es empleada de la Justicia Federal. Es muy conocido por litigar de manera histórica por pleitos tributarios. “Si alguien en esta zona va contra la AFIP lo contrata a él”, dicen en esa ciudad.
Cuando los que armaban el apriete económico contra Iglesias le proponen a Zenklusen como abogado lo presentan como alguien muy ligado al ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y por eso influyente. Ambos no fueron socios en estudios jurídicos. Si compartieron clientes y se conocen como ocurre en ese nivel profesional con Lorenzetti que es de Rafaela y está permanentemente en la ciudad. En el teléfono de Vaudagna se verifican, según fuentes judiciales, alusiones a Lorenzetti.
El viernes la Policía de Seguridad Aeroportuaria allanó su casa frente a la Plaza 25 de Mayo en Rafaela y también su estudio jurídico. No hubo ninguna medida restrictiva contra él que estuvo presente. El procedimiento según fuentes de la Justicia Federal dio resultado positivo en relación al material incautado.
