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SOLUCIONES INTERNAS Y SIMBIÓTICAS

Durante la última asamblea general de la Federación de Productores, encabezada por el presidente Sebastián Hernández a la que asistieron más de 200 productores de la zona, los directivos a modo de carácter informativo pusieron sobre la mesa una propuesta que generó expectativas. La apertura de un canal comercial directo para abastecer comedores escolares y comunitarios de la provincia de Buenos Aires. Que no solo garantiza cubrir los costos de producción, sino también aseguraría excedente económico.  Suena comercialmente  irracional mencionar lo último, pero es válido hacerlo si hablamos de nuestra vapuleada economía regional.

El proyecto se trabaja en conjunto con el Ministerio de Agricultura Familiar de Bs As y Funbapa. Hasta el momento y a la espera de avanzar en la propuesta en una nueva reunión en los próximos días, se estima que por cada kilo de fruta se reciban 8 pesos. Precio cercano al reclamo del tercio de un dólar que se precisa para producir en chacras. Proyectando cubrir un volumen más que interesante, los productores están alertas a las próximas noticias. Si la propuesta es atractiva para los productores de la zona, es importante para nosotros. Si es viable trabajarlo afuera, en conjunto con provincia de Bs As, como no se visualiza la posibilidad de trabajarlo dentro de nuestra provincia.

En los colegios públicos de Río Negro, lo que llaman «refrigerio» (desayuno o merienda), no es más que un té o mate cocido con pan con queso o dulce (los días de fortuna), cualquier nutricionista profesional nos diría que es imprescindible agregar alimentos nutritivos a esta dieta, como por ejemplo frutas frescas.

Una de las mayores complejidades que encuentra el proyecto mencionado es que la distribución y logística depende de Bs As al igual que la propia decisión política porteña de sellar el acuerdo, esto deja maniatada a la Federación de Productores a la espera de una decisión externa. Con Río Negro “no se hace porque no se quiere, no está la decisión política para hacerlo”, cuentan desde la Federación. Porque no generar una simbiosis interna, sin tener que esperar coacciones externas que nos favorezcan y den solución a problemáticas regionales.  

Abrir un canal comercial de simbiosis mutualista entre la provincia y los productores resulta motivador. El gobierno provincial desde el consejo escolar, establecimientos hospitalarios o penitenciarías podría lograr un efecto neto con una aptitud inclusiva como hospedador en una supuesta relación bipartita con los productores. Siguiendo la línea simbiótica el máximo grado de integración y más radical es aquel en el que estas uniones desembocan en la transferencia de material genético, lo que aquí podríamos llamar «material laboral«. Esta nueva cadena de retroalimentación demandaría, además de la fruta, logística y distribución interna (empleo), no porteña. Permitiría a nuestros productores colocar fruta que tienen en el frío, suplantando fruta más barata (mandarina y banana) de otras zonas en la dieta pública provincial, dando soluciones algo más estructurales que temporales, si se proyectan de manera sostenida y con alcance de crecimiento.

EXPERIENCIA FALLIDA

Es cierto que experiencias  similares ya se hicieron años atrás en la zona y no resultaron como se esperaba, el consejo escolar negoció con industrias receptoras o vendedores particulares y éstos entregaron en colegios frutas que no garantizaban la calidad, sanidad e inocuidad para consumir. Pero claro, el negocio era de unos pocos, con licitaciones amigas y sin control alguno,  exponiendo la salud de los chicos, último y más débil eslabón en esta cadena. Por eso es importante trabajar el proyecto responsablemente desde la Federación misma, para que ésta se responsabilice de la fiscalización de la fruta a través de técnicos de Funbapa o Senasa que habiliten el consumo de la misma.

EMILIANO MARTÍN PICCININI-LA TAPA

PROPIEDADES DE LA MANZANA
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    El Ejecutivo aceptó la renuncia de Pablo Luis Santos, indagado en una causa por contratos sospechados de corrupción, y designó al abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux como nuevo titular del Registro Nacional de las Personas. El recambio, firmado por Milei, vuelve a exponer la lógica de reciclaje de cuadros del macrismo porteño en áreas sensibles del Estado.

    Por Roque Pérez para NLI

    El Gobierno nacional oficializó este lunes cambios en la conducción de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), un organismo clave para la identificación de millones de argentinos y argentinas. A través del Decreto 33/2026, Milei aceptó la renuncia de Pablo Luis Santos, que se hará efectiva a partir del 1° de febrero, y designó en su reemplazo a Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux.

    La salida de Santos no es un dato menor. El ahora ex director del RENAPER fue indagado en 2024 por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado en el marco de la causa conocida como Securitas, una investigación que analiza contratos de seguridad sospechados de encubrir el pago de coimas en distintos organismos del Estado, entre ellos el Ejército, el Senasa, la Anmac y Aeropuertos Argentina 2000. Pese a ese contexto, el decreto presidencial se limita a “agradecer los servicios prestados”.

    Santos no era un recién llegado al Estado: fue funcionario del Registro Nacional de las Personas durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, lo que grafica una continuidad administrativa que atravesó gobiernos de distinto signo político y que hoy vuelve a quedar bajo la lupa judicial.

    Un reemplazo con sello PRO

    El nuevo titular del RENAPER, Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, con especialización en Derecho Administrativo. Su carrera se desarrolló casi íntegramente en la estructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde comenzó a trabajar en 2005 y fue ocupando cargos de mayor jerarquía.

    Entre otros antecedentes, fue Gerente Operativo en el Ministerio de Ambiente y Espacios Públicos y luego Director General de Habilitaciones y Permisos en la Agencia Gubernamental de Control. En ese rol impulsó reformas normativas como la Ley 6.101, marco de regulación de actividades económicas en la Ciudad.

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