Durante la última asamblea general de la Federación de Productores, encabezada por el presidente Sebastián Hernández a la que asistieron más de 200 productores de la zona, los directivos a modo de carácter informativo pusieron sobre la mesa una propuesta que generó expectativas. La apertura de un canal comercial directo para abastecer comedores escolares y comunitarios de la provincia de Buenos Aires. Que no solo garantiza cubrir los costos de producción, sino también aseguraría excedente económico. Suena comercialmente irracional mencionar lo último, pero es válido hacerlo si hablamos de nuestra vapuleada economía regional.
El proyecto se trabaja en conjunto con el Ministerio de Agricultura Familiar de Bs As y Funbapa. Hasta el momento y a la espera de avanzar en la propuesta en una nueva reunión en los próximos días, se estima que por cada kilo de fruta se reciban 8 pesos. Precio cercano al reclamo del tercio de un dólar que se precisa para producir en chacras. Proyectando cubrir un volumen más que interesante, los productores están alertas a las próximas noticias. Si la propuesta es atractiva para los productores de la zona, es importante para nosotros. Si es viable trabajarlo afuera, en conjunto con provincia de Bs As, como no se visualiza la posibilidad de trabajarlo dentro de nuestra provincia.
En los colegios públicos de Río Negro, lo que llaman «refrigerio» (desayuno o merienda), no es más que un té o mate cocido con pan con queso o dulce (los días de fortuna), cualquier nutricionista profesional nos diría que es imprescindible agregar alimentos nutritivos a esta dieta, como por ejemplo frutas frescas.
Una de las mayores complejidades que encuentra el proyecto mencionado es que la distribución y logística depende de Bs As al igual que la propia decisión política porteña de sellar el acuerdo, esto deja maniatada a la Federación de Productores a la espera de una decisión externa. Con Río Negro “no se hace porque no se quiere, no está la decisión política para hacerlo”, cuentan desde la Federación. Porque no generar una simbiosis interna, sin tener que esperar coacciones externas que nos favorezcan y den solución a problemáticas regionales.
Abrir un canal comercial de simbiosis mutualista entre la provincia y los productores resulta motivador. El gobierno provincial desde el consejo escolar, establecimientos hospitalarios o penitenciarías podría lograr un efecto neto con una aptitud inclusiva como hospedador en una supuesta relación bipartita con los productores. Siguiendo la línea simbiótica el máximo grado de integración y más radical es aquel en el que estas uniones desembocan en la transferencia de material genético, lo que aquí podríamos llamar «material laboral«. Esta nueva cadena de retroalimentación demandaría, además de la fruta, logística y distribución interna (empleo), no porteña. Permitiría a nuestros productores colocar fruta que tienen en el frío, suplantando fruta más barata (mandarina y banana) de otras zonas en la dieta pública provincial, dando soluciones algo más estructurales que temporales, si se proyectan de manera sostenida y con alcance de crecimiento.
EXPERIENCIA FALLIDA
Es cierto que experiencias similares ya se hicieron años atrás en la zona y no resultaron como se esperaba, el consejo escolar negoció con industrias receptoras o vendedores particulares y éstos entregaron en colegios frutas que no garantizaban la calidad, sanidad e inocuidad para consumir. Pero claro, el negocio era de unos pocos, con licitaciones amigas y sin control alguno, exponiendo la salud de los chicos, último y más débil eslabón en esta cadena. Por eso es importante trabajar el proyecto responsablemente desde la Federación misma, para que ésta se responsabilice de la fiscalización de la fruta a través de técnicos de Funbapa o Senasa que habiliten el consumo de la misma.
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En 1813 Manuel Belgrano destinó los 40.000 pesos de su premio militar a dotar cuatro escuelas públicas. La historia de ese legado y su vigencia dos siglos después.
Por Alcides Blanco para NLI
Cada 11 de septiembre, cuando la Argentina recuerda a los maestros y vuelve sobre la figura de Domingo Faustino Sarmiento, existe una tentación comprensible pero históricamente incompleta: pensar que la educación pública argentina comenzó con el gran proyecto escolar de la segunda mitad del siglo XIX. Sarmiento tuvo, sin dudas, un papel decisivo en la expansión de la enseñanza primaria, la formación profesional de los docentes y la construcción de instituciones educativas. Pero mucho antes de aquella etapa, cuando las Provincias Unidas todavía estaban atravesadas por la guerra de la Independencia y ni siquiera existía el Estado nacional argentino tal como lo conocemos, Manuel Belgrano ya había pensado la educación como una responsabilidad pública y como una herramienta indispensable para construir la nueva sociedad. En 1813, después de recibir una importante recompensa por sus victorias militares, tomó una decisión que todavía sorprende por su dimensión: resolvió destinar los 40.000 pesos del premio a la dotación de cuatro escuelas públicas de primeras letras.
No se trata de una tradición transmitida únicamente por los manuales escolares. El Archivo General de la Nación conserva el documento mediante el cual el Gobierno aprobó el destino de esos fondos, y la documentación oficial identifica expresamente las cuatro ciudades: Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. El 27 de abril de 1813 quedó formalizada la decisión. Belgrano había recibido aquel premio por sus servicios a la causa revolucionaria y decidió que el dinero no se incorporara a su patrimonio personal, sino que se transformara en un fondo destinado a la educación.
La diferencia no es menor. El documento original del reglamento redactado por Belgrano el 25 de mayo de 1813 comienza señalando que había resuelto dotar las cuatro escuelas con los cuarenta mil pesos que le había concedido la Asamblea. El artículo primero establece que el capital debía distribuirse en 10.000 pesos para cada escuela, de manera que sus réditos permitieran sostenerlas. El reglamento incluso fija el destino de esos recursos: una parte debía utilizarse para el sueldo del maestro y otra para los gastos necesarios de funcionamiento. No estamos, entonces, frente a una declaración abstracta sobre la importancia de educar: Belgrano estaba diseñando un mecanismo concreto para financiar escuelas públicas.
Un reglamento para formar ciudadanos
El valor histórico del documento aumenta cuando se lo lee completo. Belgrano no se limitó a entregar dinero y dejar que otros decidieran qué hacer con él. Escribió personalmente el reglamento que debía organizar las cuatro escuelas, estableciendo criterios para la elección de los maestros, sus obligaciones, la enseñanza, la disciplina y hasta determinados gastos cotidianos.
Uno de los aspectos más significativos aparece en el artículo 18. Allí Belgrano sostiene que el maestro debía procurar con su conducta inspirar en sus alumnos “amor al orden”, respeto, moderación y dulzura en el trato, sentimientos de honor, amor a la virtud y a las ciencias, inclinación al trabajo y desapego del interés particular. También debía fomentar un espíritu que llevara a los alumnos a preferir el bien público al privado.
La formulación resulta extraordinariamente significativa para 1813. La escuela que imaginaba Belgrano no debía limitarse a enseñar a leer y escribir: debía formar ciudadanos. Y el maestro tenía que ser, por su propia conducta, parte de esa formación. El reglamento establecía además que el acceso al cargo docente debía realizarse mediante oposición, una forma temprana de pensar la selección y profesionalización de quienes estaban al frente de la enseñanza.
Belgrano también contemplaba a los sectores más pobres. El proyecto incluía recursos para materiales escolares y establecía previsiones para que los niños que no pudieran afrontarlos no quedaran excluidos. Esa concepción encaja con otras expresiones del propio Belgrano sobre la importancia de la educación para el desarrollo de los pueblos. En una de las formulaciones que el Estado argentino ha recuperado de su pensamiento sostuvo: “Un pueblo culto nunca puede ser esclavizado”.
Hay allí una concepción política de la educación que merece ser recuperada: la libertad conquistada por las armas necesitaba ser sostenida por ciudadanos capaces de ejercerla.
Las cuatro escuelas y una deuda que atravesó dos siglos
El destino posterior de aquellas cuatro escuelas fue mucho más complejo que lo que suele contar la efeméride.
La documentación del Instituto Nacional Belgraniano señala que las escuelas funcionaron de manera discontinua debido a las guerras de Independencia y a los enfrentamientos internos posteriores. También registra problemas con el envío del dinero y con las rentas destinadas a sostenerlas. Es decir, el proyecto educativo de Belgrano quedó atrapado en las mismas dificultades políticas y financieras que atravesaron a las Provincias Unidas durante aquellos años.
La primera en abrir fue la de Santiago del Estero. Según el Instituto Nacional Belgraniano, comenzó a funcionar en 1822, por iniciativa del gobernador Felipe Ibarra, y se estima que permaneció abierta hasta 1826. Belgrano ya había muerto cuando aquella escuela comenzó sus actividades, pero la apertura representaba el cumplimiento, aunque fuera parcial y tardío, de la voluntad expresada nueve años antes.
En Jujuy, la situación fue diferente. El Instituto Belgraniano registra la inauguración de la escuela en 1825, con funcionamiento hasta aproximadamente 1828. La historia posterior de aquel legado terminó dando lugar, casi dos siglos más tarde, a la Escuela N.º 452 “Legado Belgraniano”, inaugurada en San Salvador de Jujuy en 2004, después de una obra que había comenzado en 1999. La institución existe actualmente y continúa llevando ese nombre, aunque su edificio es, naturalmente, contemporáneo y no el establecimiento de 1813.
El caso de Tarija es todavía más extraordinario porque la ciudad pasó a formar parte de Bolivia después de la independencia. La escuela prevista por Belgrano no se concretó en el siglo XIX. Según los Anales del Instituto Nacional Belgraniano, el Poder Ejecutivo argentino creó formalmente la escuela mediante un decreto de abril de 1967 y Argentina financió el proyecto, la construcción y el equipamiento. El establecimiento fue entregado al Gobierno boliviano el 27 de agosto de 1974, bajo el nombre de Escuela Argentina Manuel Belgrano, es decir, 161 años después de la donación original.
Tucumán tuvo la historia más prolongada y problemática. El propio Estado argentino reconoció décadas después que allí quedaba una deuda pendiente. En 2022, el Ministerio de Educación de la Nación anunció la construcción de una nueva Escuela de la Patria Manuel Belgrano y habló explícitamente de la necesidad de “saldar definitivamente” esa deuda histórica. En mayo de 2023 comenzaron obras de ampliación y refacción del establecimiento, destinadas a los niveles inicial y primario, con nuevas aulas y espacios deportivos para una comunidad educativa de alrededor de 1.300 estudiantes.
Y la historia no terminó allí. La Escuela de la Patria Manuel Belgrano continúa funcionando en Tucumán: en julio de 2025 el Ministerio de Educación provincial informó que el establecimiento funcionaba normalmente y en 2026 alumnos de esa escuela participaron en los actos oficiales por el aniversario de la Independencia.
El recorrido de las cuatro escuelas permite comprender algo que suele perderse cuando se reduce la historia a una fecha y una estatua: el proyecto de Belgrano fue inmediato en su concepción, pero extraordinariamente lento en su concreción. Santiago del Estero y Jujuy tuvieron experiencias escolares tempranas pero discontinuas; Tarija necesitó 161 años para materializarse en la forma que conocemos; y Tucumán atravesó una larga historia institucional que todavía obligó al Estado argentino a realizar obras en el siglo XXI.
Belgrano murió pobre, pero dejó una idea de riqueza pública
El gesto adquiere todavía mayor dimensión cuando se observa qué ocurrió con el propio Belgrano.
No convirtió aquella recompensa militar en una fortuna personal. Y tampoco terminó su vida disfrutando de una posición económica acorde con el reconocimiento que había recibido. Murió el 20 de junio de 1820 en una situación de extrema precariedad económica, después de años de servicio, enfermedades, dificultades financieras y salarios que el Estado le adeudaba.
El contraste es poderoso, aunque debe ser contado sin convertirlo en una leyenda sentimental. No sería correcto afirmar que Belgrano quedó pobre exclusivamente porque donó los 40.000 pesos: su situación económica tuvo múltiples causas. Pero sí es un hecho que cuando tuvo la posibilidad de disponer de una importante recompensa personal decidió transformarla en un fondo destinado a escuelas.
En su respuesta al reconocimiento de la Asamblea aparece con claridad el principio que guiaba aquella decisión. Belgrano sostuvo que “ni la virtud ni los talentos tienen precio” y que resultaba despreciable para un hombre de bien convertir el servicio público en una búsqueda de riqueza. Por eso decidió destinar los 40.000 pesos a las cuatro escuelas.
No hace falta idealizarlo para reconocer la magnitud de esa elección.
Belgrano tuvo la oportunidad de convertir una recompensa por sus victorias en patrimonio propio y decidió convertirla en patrimonio educativo.
Antes de Sarmiento ya existía una idea de educación pública
Reconocer esto no significa quitarle importancia a Sarmiento. Todo lo contrario: permite ubicarlo correctamente.
Cuando Sarmiento impulsó décadas después la expansión de la enseñanza primaria, la formación de maestros y la creación de escuelas normales, trabajó sobre un problema mucho más amplio y con instrumentos estatales que Belgrano no tenía a su disposición. La posterior Ley 1420 de 1884 tampoco fue obra de Belgrano ni de Sarmiento en forma individual. La educación pública argentina fue el resultado de un proceso prolongado en el que participaron gobiernos, provincias, legisladores, maestros, educadores y comunidades.
Pero Belgrano fue uno de sus antecedentes fundamentales.
En 1813 ya había pensado en escuelas públicas de primeras letras; había previsto recursos para sostenerlas; había reglamentado su funcionamiento; había establecido criterios para seleccionar a los maestros; había definido obligaciones pedagógicas y morales para ellos y había pensado en la provisión de materiales para los alumnos.
Todo eso ocurrió antes de la independencia definitiva, antes de la Constitución de 1853 y más de setenta años antes de la Ley 1420.
Por eso el documento conservado por el Archivo General de la Nación merece ser leído no como una curiosidad de museo, sino como una pieza de la historia política argentina. El manuscrito de 1813 muestra a un dirigente revolucionario pensando que una patria nueva no podía sostenerse solamente con ejércitos, armas y declaraciones políticas. Necesitaba escuelas.
Y esa idea sobrevivió a las guerras, a la anarquía, a los incumplimientos administrativos y a los cambios territoriales.
Dos siglos después, algunas de aquellas escuelas siguen existiendo y otras fueron reconstruidas o refundadas bajo el nombre de Belgrano. La de Tarija quedó como una expresión concreta de un compromiso argentino que finalmente se materializó en Bolivia; la de Jujuy convirtió en edificio escolar contemporáneo una deuda histórica que había atravesado 191 años; la de Tucumán continúa funcionando y conserva el nombre de Escuela de la Patria; y Santiago del Estero fue la primera en poner en marcha, en 1822, una experiencia que duraría algunos años.
No todas las escuelas que Belgrano imaginó sobrevivieron. No todas se construyeron cuando él quiso. No todo el dinero llegó a cumplir el destino previsto. Pero la idea sobrevivió.
Y quizás allí esté el verdadero legado.
Manuel Belgrano no solamente dejó una bandera. Dejó una concepción de patria en la que el conocimiento debía ser un bien público y la educación una herramienta para que la libertad pudiera ser ejercida por el conjunto de la sociedad.
En 1813, en medio de una guerra y cuando la Argentina todavía estaba naciendo, recibió dinero por haber ganado batallas.
Eligió convertirlo en escuelas.
Ese gesto, más de dos siglos después, sigue siendo una de las mejores definiciones de lo que significa pensar la patria como algo que pertenece a las generaciones que vienen.
La investigación judicial por la estafa con la criptomoneda Libra marcha rumbo al olvido. La Cámara Federal confirmó el apartamiento de los querellantes y el único impulso que le queda a la causa es el fiscal Eduardo Taiano, que hasta ahora no ha mostrado interés en avanzar.
El pacto de impunidad entre el gobierno de los hermanos Milei y Comodoro Py sumó un nuevo capítulo, acaso el que más le interesaba a la Casa Rosada. La causa por la estafa cripto va rumbo a terminar cajoneada en los tribunales de Retiro.
En un fallo firmado por los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, al que el Senado le acaba de aprobar el pliego para continuar en ese cargo, quedó firma la exclusión de las querellas que representaban a los damnificados por la estafa. La decisión se tomó antes de la llegada a la Cámara del nuevo integrante, el juez Pablo Yadarola.
La Cámara intervino ante la apelación de los querellantes al fallo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, que en julio hizo lugar a un planteo del lobista Mauricio Novelli, amigo de Milei, y apartó a cinco querellas. Esta medida implica que se quedan sin acceso al expediente ni pueden pedir pedir medidas de prueba, con lo cual la investigación queda únicamente con impulso del fiscal.
El camarista Pablo Bertuzzi
En el fallo al que accedió LPO, Llorens y Bertuzzi dicen que está «diluida» la hipótesis de «un plan organizado desde las altas esferas gubernamentales» para llevar a cabo una estafa junto a un grupo de actores del mundo cripto. La realidad es que la pesquisa de Taiano y Martínez De Giorgi nunca avanzó seriamente con esa hipótesis, ni ninguna otra.
El texto de los camaristas parece centrar toda la culpa en los estafados, que dice «decidieron invertir fondos a través de instrumentos cuya volatilidad y riesgo es mayor». «Ninguno de los aquí apelantes ha logrado demostrar, a los fines de su legitimación, el ardid o la afirmación falsa concreta que los hubiera determinado a adquirir el token», sostienen. «Los apelantes solo se han limitado a describir una sucesión de eventos sin identificar la falsedad concreta que los impulsó a efectuar la compra», agregan para despegar a Milei por su tuit en el que promocionó Libra.
Como ya hizo Martínez De Giorgi, Bertuzzi y Llorens parecen establecer los argumentos para que la causa termine en la nulidad. Dicen que el lanzamiento de Libra fue en un contexto «de un negocio de por sí volátil, caracterizado por la ausencia de regulación financiera y una fuerte exposición al riesgo» y que quienes invirtieron sabían eso. Los camaristas dicen que los inversores «asumieron voluntariamente los riesgos inherentes a esa clase de compra» y el dinero que perdieron fue «consecuencia de ese riesgo».
Mariano Llorens
La causa Libra ha estado atravesada por la discusión entre la Casa Rosada, una pelea que se vio más descarnadamente en la investigación judicial contra Manuel Adorni y que quedó atrás cuando el ministro Juan Bautista Mahiques empezó a agilizar el envío de pliegos de jueces y fiscales.
El fallo de primera instancia de Martínez De Giorgi fue la primera señal del pacto de impunidad, concretado luego con una sucesión de fallos favorables para el gobierno como el que firmaron ahora Llorens y Bertuzzi. En el medio, la causa Adorni se ralentizó casi por completo.
Los pliegos de Bertuzzi y Yadarola para la Sala I de la Cámara Federal porteña fueron la garantía que Mahiques le ofreció a Karina Milei para garantizarse la impunidad en la causa Libra, aunque en este caso ni siquiera hizo falta la intervención de Yadarola. Esta sala también debe intervenir en la investigación de la corrupción en Andis.
Una nueva edición de la Feria ReEmprender se realizará el próximo domingo 7 a partir de las 19 horas. La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina invita a los vecinos a recorrer el sector de las casitas de los artesanos ubicado en la Plaza Primeros Pobladores. Allí podrán encontrar productos artesanales con…
