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SOCORRISTAS EN RED NO ENTRA EN CUARENTENA

Socorristas en Red es una red de activistas feministas que se viene organizando desde el año 2012 para dar información y acompañar a mujeres y personas con capacidad de gestar en su decisión de abortar para que lo hagan de manera segura, acompañada y cuidada. La Red forma parte de la campaña por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y como red viene activando en distintas geografías por la legalización de la práctica del aborto.

En este artículo nos comparten sus desafíos en esta cuarentena, las estrategias implementadas, los obstáculos, los lazos y redes de fortalecimiento, datos actuales y un poco de historia contextualizada.

Desafíos en cuarentena

Los desafíos que tenemos durante el aislamiento son, tal como lo plantea nuestra compañera Andrea Gonzalez en el informe sobre acompañamientos de interrupciones legales del embarazo editado en mayo en contexto pandemia, las barreras estructurales y sistemáticas que se multiplican y pueden contribuir a que muchas personas pierdan el acceso a los servicios de salud esenciales, es política de socorristas en red exigir y acompañar el reclamo para que se garanticen.

Nuestras estrategias no entran en cuarentena, el socorrismo tampoco, por el contrario redoblamos estrategias y seguimos armando redes de cuidado. Nos preguntamos cómo sostener acompañamientos en territorios que se presentan hostiles con múltiples trabas y obstáculos para garantizar la interrupción legal del embarazo. Con situaciones de maltrato, violencia, mujeres arrojadas a la clandestinidad sin respuestas, con vueltas, mujeres a quienes se las culpa de no registrar el contexto de pandemia.

No pasa en Villa Regina pero en otras ciudades de nuestra provincia esto está sucediendo. Frente a eso las preguntas que nos hacemos es como sostener acompañamientos  en una región cercada por los cordones sanitarios pero también cercada con anterioridad por el odio antiderecho y el desprecio por la vida de las mujeres.

Como desarrollar  el acto de acompañar amorosamente tragando la  rabia que nos producen  las malas prácticas en salud, nos respondemos a eso con mas acompañamiento  también hacia el interior de nuestras grupas. Trabajando con las afectaciones que se producen en este contexto, ayudando a las mujeres a visibilizar esas violencias y a denunciarlas. También estamos informando a las mujeres acerca de las denuncias al 0800-2223444 del Programa Nacional de Salud Sexual, en caso de que las interrupciones no se garanticen.

Con esto no buscamos sentidos punitivos, por el contrario defendemos como premisa que no contarán con nuestro silencio  para sostener su impunidad.

Las socorristas estamos realizando los talleres por videollamadas. Es tan importante para nosotras el encuentro, el cara a cara, las miradas, el sostenernos, que decidimos continuar los talleres por videollamadas Lo que implica poner en juego estrategias de seguridad, de confidencialidad y confianza en modos de hacernos presentes y reconocernos mutuamente en este contexto.

Fortalecer los vínculos con el sector de salud y construir nuevos en aquellos territorios donde aun no estaban. Poniendo a disposición saberes y estrategias que hemos construido a lo largo de todo este tiempo acompañando. Extender los horarios de atención telefónica llevando adelante  procesos de mayor  implicación y afectación en esas llamadas que duran más tiempo, que tienen mayor carga de angustia, que muchas veces el momento de atender esas llamadas es vivenciado como un momento de absoluta urgencia en este contexto de encierro donde parece no haber solución, donde parece no haber opciones.

Lazos, redes y la articulación con el sistema de salud

Con relación a las interrupciones legales del embarazo principios de este mes de mayo publicamos un informe donde analizamos puntualmente lo sucedido con las derivaciones de las interrupciones legales a lo largo de estos 5 años de acompañamiento que están sistematizados y pusimos foco en lo sucedido en el 2019. 

En cinco años registramos 1.508 a derivaciones, vale recordar que este acceso no estuvo exento de obstáculos que pese a la existencia del protocolo de atención integral para personas con derecho a la interrupción legal del embarazo del Ministerio de Salud que está vigente desde abril del 2015, a su vez actualizado el año pasado, se han presentado algunas barreras.

Es nuestro interés pensar y revisar que estas barreras de acceso han podido sortearse en mayor o menor medida, nos hemos encontrado con personal de salud que se compromete a garantizar derechos, que lo hace activamente creando lazos hacia el interior del sistema de salud y hacia el exterior estableciendo lazos con socorristas. Desde allí pensamos que las articulaciones que pudimos establecer tienen que ver con el fuerte trabajo territorial que cada grupa hace en su espacio, trabajo sostenido en el tiempo, trabajo que toma un tenor político pero a la vez pedagógico y que está situado a la condición y el contexto.

Puntualmente en Villa Regina venimos articulando con el comité de ILE que se creó en el Hospital, trabajando  en manera conjunta, tejiendo verdaderas redes y lazos  de confianza mutua de articulación genuina y siempre poniendo el foco tanto les profesionales como las socorristas. El poder hacer esos acompañamientos  que garanticen derechos que sean seguros y que puedan correr al aborto del sentido de la clandestinidad, el sufrimiento, el sentido negativo y poder ponerlo en el plano de la garantía de derechos para poder darle otros sentidos.

Entender que a pesar que el marco legislativo en Argentina establece que hay causales  de interrupción legal sucede que en muchos lugares de dificulta el acceso a la práctica, a veces hay discriminación y violencia, se vulnera el derecho y se las expone a riesgo. Eso es algo que pasa que sigue pasando, pero sobre lo que venimos trabajando sostenidamente para evitar que siga sucediendo

Por un proyecto estructural que excede la legalidad

Socorristas trabajamos y abogamos por un proyecto de ley que escuche a las mujeres, que represente  los deseos y las necesidades de las mujeres. Abogamos y trabajamos activamente como parte de la campaña  para que el aborto sea legal, seguro y gratuito  pero también ponemos nuestros esfuerzos, nuestra amorosidad, nuestra política  y nuestra pedagogía en conseguir correr el horizonte de lo posible así como nos han enseñado nuestras maestras poder pensar más allá, saber que los derechos se conquistan y que la ley no nos va a limitar en nuestras  posibilidades de conquistar los derechos en primera persona, colectivamente, amorosamente y de manera feminista en ese sentido abogamos por un aborto legal, seguro y gratuito, pero que sobre todo sea libre y feminista.

Estrategia de sistematización y producción de conocimiento

Estrategia fundamental es la sistematización de nuestros acompañamientos porque entendemos que nuestro activismo también tiene que ver con producir conocimiento, saberes, estadísticas que acompañen nuestros reclamos para la legalización y la despenalización, y que también sea información que pueda estar a disposición de los circuitos con quienes queremos construir vínculos y lazos. Como por ejemplo el sector de salud y sectores docentes porque nos parece que es un modo de pelear por la despenalización a nivel social.

Génesis y contexto…

Actualmente Socorristas en Red está conformada por un total de 54 colectivas en todo el país. Nosotras consideramos que nos podemos insertar en una genealogía y en una historicidad en estos 15 años de campaña nacional por el derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, porque de hecho cuando las compañeras de la colectiva feminista La Revuelta de Neuquén toman la decisión y asumen como dice nuestra compañera Ruth el deseo arriesgado de proyectar una necesidad y un acompañamiento a abortos, lo hacen en el marco de ciertas condiciones.

En principio, la presencia por el reclamo del aborto legal en los encuentros nacionales de mujeres específicamente a partir de lo que pasó en el encuentro del 2001. También por la existencia desde el año 2005 de dicha campaña nacional como un aspecto que es fundante para esta demanda y para que efectivamente pueda darse en el imaginario la posibilidad de pensar redes de acompañamiento.

La publicación del libro “Todo lo que querés que saber sobre cómo hacerse un aborto con pastillas”  de lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto que es del año 2010 y también el escenario abierto de un conjunto de leyes garantistas y avances legislativos que hicieron que en nuestro país; el escenario de alguna manera habilitara y haga posible la materialización de modos de hacer activismo, modos de hacer políticas feministas que tomaran el vacío o ausencia del Estado y pudiesen ofrecer a las mujeres posibilidades de resolver situaciones como lo es la del aborto pero no resolverla de cualquier manera sino teniendo como horizonte resolverlo de manera cuidada, segura, amorosa y feminista.

Grupas en Rio Negro y Neuquén

En algunas situaciones hay más de una grupa por provincia como es el caso de Rio Negro y Neuquén. Por ejemplo en Neuquén hay cuatro: Revuelta Colectiva Feminista en la capital, la grupa de Los Lagos en San Martín y Junín, la grupa de Villa La Angostura y Zapala. En el caso de Rio Negro somos siete: Viedma, Rio Colorado, Villa Regina, en Fiske hay dos (Mal Educadas y Revuelta Fiske) en Catriel y Comarca Andina que nuclea activistas de El Bolsón, Lago Puelo y el Paralelo 42.

Datos

  • De 2014 a 2019: A nivel nacional se encontraron en los talleres con un total de 38.116 mujeres y personas con capacidad de gestar. Acompañaron un total de 31.936 abortos y derivamos de ese total 1.508 interrupciones al sistema de salud.
  • En el 2018 Socorristas en Red acompañó un total de 7.280 abortos, derivando 301 al sistema de salud.
  • En el 2019 acompañaron 12.575 abortos derivando 802 acompañamientos al sistema de salud.
  • Durante la pandemia se han acompañado 3.832 mujeres y tres varones trans a abortar. En Rio Negro un total de 138 y en Neuquén un total de 329.
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    Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable

    Con el Decreto 787/2025, Milei eliminó el sistema de control que limitaba los aumentos y obligaba a los colegios privados subvencionados a rendir cuentas ante el Estado. Desde hoy, las instituciones podrán fijar libremente sus cuotas y matrículas, incluso en medio de la inflación más alta en décadas. En nombre de la “libertad de mercado”, el Gobierno deja a las familias a merced de precios sin techo.


    Una medida que favorece a los colegios, no a las familias

    El decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial deroga el Decreto 2417/1993, que durante más de treinta años reguló la fijación de aranceles y garantizaba cierta previsibilidad para las familias con hijos en escuelas privadas con aportes estatales. El nuevo texto, firmado por Milei, Manuel Adorni, Sandra Pettovello y Luis Caputo, sostiene que los controles estatales “distorsionan el mercado” y “restringen el derecho de propiedad” de las instituciones educativas.

    En la práctica, esto significa que los colegios podrán aumentar las cuotas cuando y como quieran, sin pedir autorización ni informar previamente al Estado. Tampoco estarán obligados a transparentar el uso de los subsidios públicos que continúan recibiendo. En nombre de la “libertad de contratación”, Milei deja sin resguardo el bolsillo de miles de familias que mes a mes hacen malabares para sostener la educación de sus hijos.


    Adiós a los topes, bienvenidos los aumentos

    Hasta ahora, los colegios incorporados a la enseñanza oficial estaban alcanzados por el régimen creado por el Decreto 2542/1991, que establecía la obligatoriedad de informar aranceles, topes y estructuras de costos, con supervisión estatal. Esa norma fue complementada por el Decreto 2417/1993, que ordenaba la comunicación de cuotas y matrículas antes del inicio de cada ciclo lectivo para evitar aumentos arbitrarios.

    Con el nuevo Decreto 787/2025, todo ese esquema desaparece. Desde hoy, los valores podrán modificarse según las “fluctuaciones del mercado”. En un contexto de inflación incontrolada, esto equivale a permitir incrementos mensuales sin intervención ni límite alguno. Los colegios, en lugar de prever sus costos anuales, podrán ajustar sus precios cada vez que lo consideren necesario, trasladando todos los aumentos directamente a las familias.


    Libertad para los colegios, incertidumbre para las familias

    El propio texto del decreto justifica la medida afirmando que la obligación de informar las cuotas con anticipación “genera incertidumbre” en los establecimientos y los lleva a fijar valores más altos de lo necesario. Lo que no menciona es que ese mismo mecanismo protegía a las familias frente a subas desmedidas y garantizaba un mínimo control sobre la utilización de fondos públicos.

    A partir de hoy, el Gobierno se desentiende completamente. Los colegios quedan habilitados para cobrar lo que quieran, mientras los padres deberán asumir el riesgo de una educación que puede volverse inaccesible de un mes a otro. La medida no mejora la calidad educativa: apenas asegura que los dueños de los colegios puedan trasladar todos los costos —y sus ganancias— sin rendir cuentas.


    El fin de los controles y el avance de la desregulación

    El Decreto 787/2025 encaja perfectamente en la lógica de desregulación general del gobierno de Milei, que en las últimas semanas avanzó con medidas como el traspaso de la Dirección Nacional de Migraciones al Ministerio de Seguridad o la supresión de la Secretaría de Comunicación. En todos los casos, el patrón es el mismo: desarmar estructuras de control y achicar la capacidad del Estado de regular la vida económica y social.

    En el caso educativo, el impacto será directo: las instituciones privadas —muchas de ellas confesionales— podrán mantener subsidios estatales, pero ahora sin obligación alguna de justificar sus aumentos o la distribución de esos fondos. Es decir, dinero público en manos privadas sin transparencia ni control.


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    El decreto instruye además al Ministerio de Capital Humano, encabezado por Pettovello, a revisar las pautas del Decreto 2542/1991 y elevar una propuesta de modificación. Esa revisión podría implicar un cambio de fondo: alterar o incluso eliminar el sistema de subsidios a la educación privada, o transformarlo en un esquema sin supervisión estatal.

    Cualquiera de las dos opciones consolida el mismo rumbo: la educación entendida como un negocio, no como un derecho. En nombre de la libertad de mercado, el Estado abandona su responsabilidad de garantizar igualdad de acceso y control sobre los fondos públicos.


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    El Decreto 787/2025 no es una modernización, como intenta presentarse: es un paso más en la destrucción del sistema público y en la mercantilización del derecho a aprender. Una libertad que, como tantas otras en este gobierno, solo sirve a quienes pueden pagarla.

     

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