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SIN SUELDOS, SIN OBRA SOCIAL, SIN RESPUESTAS… PERO CON PANDEMIA

TRABAJADORXS SIN TRABAJO, COOPERATIVA SIN PRODUCCIÓN, INTERVENCIÓN ¿PARA QUÉ?

Los trabajadorxs de la icónica Cooperativa La Reginense, nuevamente como hace menos de un año atrás, se encuentran reclamando nada más y nada menos lo que les pertenece: Sus sueldos, sus aportes, el pago de la obra social; y la reactivación de la empresa para poder continuar con sus fuentes de trabajo. De no existir la posibilidad de reactivar reclaman el pago de sus indemnizaciones.

El año pasado realizaron un acampe de casi 80 días en busca de soluciones, donde el sindicato se presentó durante los primeros días con predisposición positiva pero luego se empezó a percibir un abandono en la lucha por los derechos de sus afiliados, intentando esconder la protesta y presionar para que no se visibilice. El acompañamiento del los primeros días quedó desdibujado y evidenció ser una pantalla. Los trabajadores debieron movilizarse por su cuenta y dirigirse directamente al ejecutivo provincial.

De esa manera lograron que captar el interés del entonces gobernador Alberto Weretineck, entre una negociación con provincia, la empresa y los trabajadores; se propuso indemnizar a la gente con dinero de provincia para que los empleados puedan ser acreedores de sus años de trabajo, la provincia pondría el dinero a cambio de algún bien en garantía que presentara la cooperativa La Reginense.

A punto de cobrar sus indemnizaciones, se resolvió entre abogados de la empresa y el sindicato (sin participación de los trabajadores ya que no se les informó) realizar una intervención judicial, provincia intervino y se instaló en la empresa un interventor (José Esteban Pérez) el cual está a cargo de la administración desde el mes de noviembre. Un interventor que en funciones es más bien un poseedor de la empresa, ya que toma decisiones arbitrariamente sin dejar participar a ninguno de las partes intervinientes.

LOOP EN LA REGINENSE

Como un cuento de nunca acabar, dieron la vuelta entera en menos de 6 meses y se encuentran hoy en el mismo punto que antes, sin trabajo, sin sueldo y sin respuestas; pero ahora en medio de una pandemia donde la crisis económica golpea a más de la mitad de los argentinos.

Juan Caniupán trabajador de La Reginense explica que en las asambleas que se realizaron el año pasado se les dijo a los compañeros que la mejor opción era continuar con la fuente laboral que dejáramos de lado la indemnización, lo que a muchos nos generó dudas porque no creíamos que pudiera reactivarse como se estaba diciendo pero decidimos apostar por la fuente laboral ya que justamente creímos que era lo mejor para todos, siempre y cuando se confirmara un periodo de trabajo lo suficientemente estable como para mejorar las condiciones en las que estábamos”.

A su vez se enteraron este año durante una asamblea por medio de Máximo Santivañez (secretario de la seccional sindical de VR) que los socios habían ofrecido el 100% de las indemnizaciones pero que a ellos nunca  se les trasladó esta información, «de saberlo la hubiésemos aceptado porque realmente no queríamos perder los años de laburo y preferíamos estar libres para salir a buscar trabajo durante esta temporada» afirma Juan.

Lxs trabajadorxs de la cooperativa icónica de nuestra ciudad suelen trabajar entre 5 y 6 meses al año, unos 65 días de temporada asegurada pero luego continúan con la postemporada trabajando hasta junio e incluso algunos días de julio. Esto fue lo que exigieron para aceptar la reactivación y retornar a sus fuentes de trabajo, y aunque se les ofreció un caudal de fruta que no justificaba más de 80 días de trabajo se aceptó la decisión desechando la oferta indemnizatoria.

Sin embargo, afirma Caniupán que “nada de esto se respetó” y agrega que fueron hostigados frente a los reclamos “además de esto nosotros cobrábamos una productividad, la cual durante la temporada no se nos quiso reconocer hasta el día de hoy y a partir de los 40 días comenzaron amenazas de cortarnos cada vez que protestábamos por la productividad o pedíamos explicaciones, o preguntábamos por las audiencias o al menos saber que era lo que estábamos ganando, se nos amedrentaba o se nos amenazaba con que la temporada podía cortarse mucho antes. Finalmente llegando a los 65 días se decidió cortar la temporada donde todavía no hemos cobrado nuestro salario, ni la liquidación e inclusive no nos reconocen la productividad”.

CONTRA VIENTO Y MAREA… Y EL SINDICATO TAMBIÉN

Uno de los conflictos que tuvieron durante esta temporada tuvo que ver con la posición del Sindicato Obreros Empacadores de la Fruta ofreciendo un acompañamiento que dejó mucho que desear, “No se realizaron las audiencias a las que se habían comprometido a hacerse. El sindicato si bien hacía presencia constantemente, se mostraba más en una posición pasiva que como un representante de los trabajadores, incluso se llegó a pedir la elección a delegado intimando con una nota ya que no querían realizarla”, afirma Caniupán.

La elección de los delegados se terminó realizando durante la cuarentena, por cantidad de trabajadorxs corresponden dos delegadxs, sin embargo el interventor entregó una lista alterada con 48 trabajadores (faltaban 3, ya que son 51) correspondiendo de este modo un solo delegado. A su vez la votación se realizó ante la ausencia de 10 compañeros. Con un faltante del 20% de los empleadxs la elección terminó en un empate y el sindicato decidió escoger a una de las dos personas para que cumpla con las funciones argumentando mayor tiempo de antiguedad, siendo esta una norma inexistente.

“Por ese conflicto también hay un problema judicializado, ya que se enviaron las respectivas cartas documento donde se pide que se reconozca a los dos candidatos o que se vote de nuevo”, expresa Caniupán ya que según averiguaron lo que corresponde ante un empate es repetir las elecciones.

LA HISTORIA CONTINÚA…

“No nos han pagado el mes de marzo, nos hemos enterado en este último tiempo que no se nos hicieron los aportes, tampoco tenemos  paga la obra social y hay familias que la necesitan diariamente ya que hay compañeros que son enfermos oncológicos, otros tienen hijos con discapacidad, por lo que se encuentran en situaciones críticas. Se nos adeuda la productividad de febrero y marzo, ya que directamente no se reconoció. Y todo esto hablando solamente del empaque, porque hay 3 rubros: Frío, bodega y empaque. Los empleados de la bodega también estamos preocupados porque no sabemos qué va a pasar con la sidra ya que no se molió ni siquiera un solo bin de fruta lo cual deja en jaque la producción de la famosa sidra La Reginense y no sabemos qué va a pasar con nuestras fuentes laborales”, narra Caniupán la cruda realidad que vive medio centenar de familias de nuestra ciudad. 

Así y todo los trabajadorxs se siguen moviendo por sus propios medios, no les queda otra, “Nos presentamos frente al Concejo Deliberante hicimos una nota hace varias semanas, pedimos que se eleve  y que tomen intervención como legisladores que son de las leyes de Villa Regina, exijan al ejecutivo que junto con provincia solucionen esta situación de La Reginense ya que la intervención judicial se hizo a través de provincia y necesitamos que ellos nos ayuden a averiguar que pasó durante la temporada, que pidan explicaciones en el ministerio de trabajo y traten de buscar con provincia las condiciones para que se reactive la producción o bien terminen por indemnizar a los trabajadores para que puedan salir a buscar trabajo libremente y a su vez cuenten con lo que les corresponde”.

Para cerrar, lo obvio: “Ya son dos meses donde no generamos trabajo y las familias no tienen ningún tipo de ingreso y nos encontramos con la incertidumbre de saber que va a pasar hacia adelante”. Reafirmando lo que venimos planteando desde que llegó la pandemia a la Argentina, la cuarentena no es la misma para todxs.

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  • ¿Cómo enfrentar el “contragolpe cultural”?

     

    Así como las afirmaciones terraplanistas no modifican el hecho de que la Tierra sea redonda, así como los movimientos antivacunas no cambian la naturaleza contagiosa del Covid, el conservadurismo cultural, expresado hoy por fuerzas como las que lideran Javier Milei y Donald Trump, no modifica esta realidad: las sociedades humanas son constitutivamente diversas, heterogéneas y desiguales; en todas las comunidades humanas, pero aun más en aquellas donde existen el dinero y el Estado, hay multiplicidades y hay disparidades.

    Qué hacer con esta diversidad es un debate que viene concentrando la mayor parte de la historia ideológica, filosófica y política, y que por supuesto no está saldado. Dentro de estas controversias, uno de los capítulos centrales es el concepto de libertad, que ha sido utilizado por la extrema derecha como una de sus banderas. Para los conservadores, hoy llamados libertarios, la libertad se basa en la idea de que somos todos iguales: un rico y un pobre son consecuencia del modo distinto en que cada uno usó sus posibilidades. En esta mirada, la desigualdad fáctica es una consecuencia de una igualdad ontológica. Para las corrientes conservadoras, la libertad agiganta desigualdades. El rol del Estado, además de garantizar seguridad y justicia, debe ser restringir la diversidad: el Estado, que no debería cobrar impuestos, sí debe decretar que hay dos géneros, que la familia debe estar constituida de cierta manera y que las mujeres no pueden disponer de sus cuerpos.

    Desde una mirada democrática y progresista que asume que las sociedades son por naturaleza diversas, en cambio, la igualdad es algo a construir. Pero esa perspectiva hoy está a la defensiva. A través de una serie de subterfugios de ingenieros del caos, la posición histórica que conjuga liberalismo cultural, pluralismo político y justicia social ha sido estigmatizada como “woke” o “progresista”. La expresión “woke” surgió en Estados Unidos, un territorio de alta intensidad en la batalla cultural, en referencia a “despertar” (awake) ante la discriminación (“despierto” en el sentido de “concientizado”); pero hoy se usa de modo despectivo, que es la connotación que le dio Milei en su discurso en Davos. Como si las personas que descienden de esclavos o de pueblos originarios, como si las mujeres, que hasta hace setenta años no podían votar, hoy, justamente porque se reconocieron algunas de esas desigualdades, contaran con privilegios.

    La derecha conservadora está presente en distintas corrientes políticas, del mismo modo que la corriente que defiende las diversidades está presente –aunque no de modo uniforme– en partidos distintos. En Argentina, el peronismo, el radicalismo, el socialismo y la izquierda cuentan entre sus integrantes con personas que defienden este punto de vista. Se trata de una corriente que busca principalmente dos metas: que las personas y los grupos sean cada vez más libres, y que esa libertad se sostenga en formas igualitarias que la hagan real y no puramente declarativa o formal. Es una corriente de opinión que pone en escena grandes tradiciones culturales de la modernidad, heredadas de la Revolución Francesa y la Estadounidense, y que no tiene una única posición en materia de desarrollo económico, justicia distributiva o lucha por la igualdad. Ese “progresismo” no está en contra de ninguna religión, pero sí lucha por una separación completa de cualquier religión y del Estado. Ninguna ley puede sustentarse en creencias religiosas. Pero sí debe haber leyes que, por motivos universalistas, exijan el respeto de todas las religiones. Esta perspectiva, sometida hoy a una fuerte ofensiva, merece una reflexión autocrítica.

    Acerca de la autocrítica

    La hegemonía cultural de la extrema derecha impacta en el campo progresista. ¿Los movimientos por la libertad de las diversidades se “pasaron de rosca”? La ofensiva cultural de Milei y las derechas extremas, la derrota electoral del peronismo y los niveles de inflación y pobreza que dejó el gobierno de Alberto Fernández han planteado ese debate. ¿Hay una incidencia de la lucha por las diversidades en el oscurantismo que estamos viviendo hoy? ¿No habremos ido demasiado lejos? ¿Se puede seguir sosteniendo la defensa del colectivo LGTBQi+ en el contexto actual?

    Los procesos sociales y políticos siempre son imperfectos. Conocer esas imperfecciones, practicar la autorreflexión, es clave para mejorarlos. Por otro lado, se trata de movimientos profundos y de larga duración. En Argentina, por ejemplo, el movimiento masivo de mujeres de los últimos años comenzó en 2015 con el “Ni Una Menos”, una gigantesca movilización contra la violencia de género. ¿Frenar el reclamo contra los asesinatos de mujeres hubiera sido “menos radicalizado”? Y hoy, ¿qué está más vigente? ¿El reclamo de que no mueran más mujeres por el hecho de ser mujeres o la propuesta oficial de retirar del Código Penal el agravante por femicidio?

    La autocrítica no equivale a autoflagelación; debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican. Entre las múltiples causas que produjeron esta nueva etapa histórica global de las derechas extremas están, en efecto, los profundos déficits de la izquierda, la centroizquierda y los partidos tradicionales. Pero no coincido con quienes, subidos a la marea reaccionaria, afirman que la culpa es del progresismo, de un supuesto “wokismo” o de una “excesiva” ampliación de derechos civiles. Ese argumento puede terminar en diputados que voten con Milei regresiones culturales o puede llevar a un catolicismo de gobierno en contra de la libertad de las personas y los grupos. Empieza cuestionando el DNI no binario y termina aboliendo el divorcio.

    Pero entonces, ¿cuáles son esos errores de la izquierda? Si hubiera que elegir uno, diría lo siguiente: mientras las vocaciones igualitarias y de justicia social se tornaban cada vez más difíciles de lograr, en gran parte por no tener una alternativa concreta al capitalismo neoliberal, la izquierda avanzó con leyes y políticas tendientes a garantizar derechos civiles. Dependiendo de los países, se avanzó en materia de identidad de género, aborto, discriminación positiva, educación sexual, matrimonio igualitario, derechos de los pueblos originarios y los migrantes. Cuantas más dificultades aparecían en materia económica y social, cuanto más complicado se hacía sostener el horizonte de movilidad social, más se acentuaron estos derechos como compensación.

    La autocrítica no equivale a autoflagelación: debe ser una reflexión sobre prácticas y políticas que nos implican.

    Ese fue el gran problema. Las libertades civiles no pueden compensar el fracaso económico o social. Si son las únicas banderas que se agitan cuando se desfinancia el Estado de Bienestar, se retiran regulaciones públicas o se producen escaladas inflacionarias, como en el caso argentino, se corre el riesgo de que las fuerzas democráticas queden reducidas y debilitadas. Los límites para corregir o superar el neoliberalismo los terminan pagando los avances en materia de diversidad o pluralismo.

    Mi primera tesis es que, frente a quienes creen que la ampliación de libertades favoreció a la derecha extrema, creo que su causa es el fracaso económico.

    En segundo lugar, la cuestión de los particularismos. Mientras Martin Luther King buscó cambios que mejoraran la desigualdad estructural de la sociedad norteamericana, muchas políticas de la identidad del siglo XXI se concentraron en derechos particulares. Y es difícil pedirles algo más que simpatía pasiva o inactividad a quienes no están directamente involucrados en la conquista de un derecho. Esto no implica que movimientos como “Ni Una Menos”, “Black Lives Matter” o la “Marcha anti-fascista” de febrero de 2025 no hayan sido señales contundentes en la dirección correcta, sino simplemente llamar la atención sobre cuál puede ser el alcance de esas convocatorias.

    Algo similar ocurre con el “lenguaje inclusivo”. Se trata de un cambio cultural crucial, que busca ampliar libertades e incluir diversidades. Pero debe expandirse a partir de la posibilidad, no como imposición. Los mayores fracasos del cambio cultural ocurrieron cuando se pretendió imponer a través de prescripciones. El liberalismo cultural busca ampliar, no restringir, las posibilidades de las personas.

    El caso de las cuotas

    Muchas veces, en lugar de luchar por cambiar una legislación, una política o un presupuesto, las reivindicaciones progresistas se enfocaron en personas concretas: los varones blancos, incluyendo casos de punitivismo extra-judicial, como escraches a adolescentes, altamente polémicos. En aquellos casos, hubo voces feministas potentes que alertaron que el feminismo no surgió para cambiar al dueño del poder del patriarcado, sino para modificar un tipo de poder y de dominación. El punitivismo y la cultura de la cancelación fueron algunos de los errores más graves. Pero no es verdad que sean inherentes a los reclamos por la diversidad y la libertad: fueron casos minoritarios en causas justas.

    Detrás de este tipo de cuestiones aparece un problema que vale la pena debatir a futuro: la tensión entre lo particular y lo universal. Si cada uno de los grupos discriminados reclamara sólo para sí mismo, si todo se tradujera en una simple cuota por grupo, a largo plazo se terminarían socavando algunos de los consensos culturales necesarios para mantener las políticas de acción afirmativa. Un ejemplo es el de las universidades. En la mayoría de los países del mundo existe un sistema de examen de ingreso a la universidad y cupos por carrera. Al observar las universidades se hacía evidente que la abrumadora mayoría de los alumnos eran varones blancos. Eso llevó a reclamar políticas de cuotas raciales, étnicas y nacionales, como las que se terminaron concretando en Estados Unidos y Brasil. Este sistema garantizaba una mayor presencia de diversidades, restando lugares a los blancos. Pero, ¿qué quedaba, por ejemplo, para los blancos pobres? ¿Quién se preocupó de su situación? En muchos casos fueron los grandes olvidados, lo que contribuyó a que volcaran su respaldo a fuerzas políticas conservadoras que dicen defenderlos. ¿Qué hubiera ocurrido si se hubiera incluido una cuota general para los estudiantes de colegios públicos de bajos recursos en el ingreso a la universidad? Mientras en un terreno puramente cultural la especificidad por grupo es adecuada, en cuotas vinculadas a desigualdades puede no producir las consecuencias buscadas.

    En un mundo dominado por la incertidumbre económica, en el que se achican los recursos públicos, muchos países optaron por un modelo de cuotas para asegurar la presencia de los grupos discriminados no sólo en el acceso a la universidad sino también al empleo público –y en ocasiones al empleo privado–. Esto implica que los logros de la ampliación hacia los sectores discriminados se hicieron sobre la base de una reducción relevante de la participación de los sectores anteriormente privilegiados. Y esta estrategia, correcta desde un punto de vista filosófico, se topa con un problema político. Las personas de carne y hueso que se ven afectadas, que no logran ingresar a la universidad o no consiguen empleo, se van pasando en masa al ejército del “contragolpe cultural”, esperando el surgimiento de un Trump, un Milei o cualquier otro líder que proponga revertir la situación.

    Se trata de un error recurrente del progresismo: no percibir el dolor de las víctimas de sus políticas, y no elaborar una respuesta. Mi punto es sencillo: si se presuponen las restricciones económicas, como de hecho las aceptaron la mayoría de las fuerzas de centroizquierda en Europa y América, que los perdedores de la discriminación positiva pasen al otro lado es inexorable. Pero si se cuestiona un modelo que reduce los impuestos a la riqueza y desfinancia al Estado, y se usa ese dinero para ampliar el acceso a la universidad y el empleo, logrando mejorar la diversidad sin afectar drásticamente los espacios previos, la base política de la derecha extrema quedará reducida. Es cierto que esto no es posible para los varones privilegiados, que inexorablemente se verán afectados: será necesario pensar una política cultural específica para ellos.

    La defensa de la libertad

    Estamos ante un feroz ajuste a las libertades y es urgente emprender una fuerte defensa de políticas por la libertad basada en igualdades. La libertad, convertida en el eslogan hueco de la extrema derecha, no puede ser resignada por las fuerzas democráticas y progresistas. El principio básico de la lucha por la libertad es maravilloso: que las personas y los grupos puedan autorrealizarse en todas las dimensiones de la vida. Esto incluye su identidad de género, étnica, nacional, local, religiosa, así como su libertad de expresión, en la familia, en el trabajo…

    Esas libertades tienen un requisito: un piso de igualdad, porque quien sufre desnutrición no puede ser libre, quien no puede acceder a la escuela no puede ser libre. Una comunidad libre es aquella que garantiza un piso de igualdad para todos sus miembros.

    Los libertarios conservadores de la extrema derecha afirman que ser iguales es que cada uno se las arregle como pueda. Es una propaganda basada en la negación de la historia tal como sucedió. Los esclavos existieron hasta el siglo XIX bajo el imperio de la ley, y los afrodescendientes continúan siendo discriminados en prácticamente todos los países de América y Europa hasta hoy. La conquista colonial existió. El patriarcado y la desigualdad de géneros existieron… y todavía existen. En muchos países las mujeres votan recién desde hace algunas décadas. Y en la mayoría de los países europeos y americanos jamás hubo una presidenta o una primera ministra mujer. El capitalismo, por su parte, tiene mecanismos poderosos para reproducir la desigualdad de clases entre generaciones: a través de la herencia y también de la “herencia de clase”. La mayoría de los hijos de personas pobres son pobres. La movilidad social ascendente está en crisis en la mayoría de los países, y los mecanismos sociales que la hacían posible se están debilitando a un ritmo vertiginoso. Los libertarios conservadores quieren liquidar esos mecanismos, del mismo modo que se proponen atacar las leyes que tienden a asegurar libertades vinculadas a la diversidad y la disidencia. Esto implicará también contrarrestar su ofensiva individualista poniendo en valor la solidaridad, lo común y lo público. Enfrentar políticamente aquel proyecto exige autorreflexión y determinación.

     

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    MÁS CASTA: Milei y Santilli nombran en puesto clave a ex funcionario menemista y de la Alianza

     

    Javier Milei y Diego Santilli designaron como subsecretario de Proyectos Estratégicos a Guillermo Nicanor Toranzos Torino, un ex funcionario de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa con una extensa trayectoria en la Sociedad Rural Argentina.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    El Gobierno de Javier Milei continúa completando el organigrama de la nueva Jefatura de Gabinete encabezada por Diego Santilli. Esta vez lo hizo con la designación de Guillermo Nicanor Toranzos Torino como subsecretario de Proyectos Estratégicos, un cargo de fuerte peso político y técnico que dependerá de la Vicejefatura de Gabinete. Sin embargo, el dato que sobresale de su nombramiento no está en sus antecedentes académicos sino en su extensa trayectoria dentro del Estado: fue funcionario durante el menemismo y luego continuó ocupando responsabilidades durante el gobierno de la Alianza, una continuidad que vuelve a poner en evidencia el reciclaje de cuadros de los años noventa dentro de la administración libertaria.

    Un hombre de los ’90 vuelve al Gobierno

    La designación fue oficializada mediante el Decreto 647/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Diego Santilli. Toranzos Torino tendrá a su cargo la flamante Subsecretaría de Proyectos Estratégicos, un área creada para coordinar programas considerados prioritarios por la Casa Rosada, intervenir en proyectos con organismos internacionales y asistir técnicamente a la Jefatura de Gabinete en iniciativas de alcance nacional.

    Pero detrás de ese perfil técnico aparece una historia política que atraviesa distintos gobiernos. Entre 1995 y 1999, durante la segunda presidencia de Carlos Menem, se desempeñó como Coordinador General de la Subsecretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y también fue director ejecutivo de la Unidad Coordinadora de Política de Fomento de Exportaciones, formando parte del esquema económico que impulsó la apertura comercial y las reformas estructurales de aquella década.

    Lejos de finalizar allí su paso por el Estado, logró mantener presencia durante el cambio de signo político. Entre 2000 y 2001 trabajó como asesor de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación durante la presidencia de Fernando de la Rúa, consolidando una continuidad que atravesó tanto el menemismo como la gestión de la Alianza.

    Vínculos históricos con la Sociedad Rural

    Antes incluso de ingresar al Gobierno nacional, Toranzos Torino había construido una carrera ligada a uno de los sectores más tradicionales del poder económico argentino.

    Durante una década, entre 1984 y 1994, fue Jefe de Economistas del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina, una de las entidades históricamente enfrentadas con los gobiernos peronistas y protagonista de numerosos debates sobre política agropecuaria. Posteriormente desarrolló una extensa actividad como consultor para organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la FAO, además de desempeñarse como docente universitario en distintas instituciones.

    Su currículum también incluye participación como experto argentino en mecanismos de solución de controversias del Mercosur y cargos vinculados al comercio exterior y la economía forestal, conformando un perfil eminentemente técnico especializado en planificación económica y agronegocios.

    El regreso de los cuadros de los años noventa

    Toranzos Torino integró el equipo técnico que ejecutó la política de comercio exterior del menemismo, orientada a la apertura de mercados y la promoción de exportaciones durante la segunda presidencia de Carlos Menem. Desde la Subsecretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, donde se desempeñó entre 1995 y 1999, formó parte del entramado estatal que impulsó la inserción de la economía argentina en los mercados internacionales, en un período marcado por la reducción de barreras comerciales, la profundización del Mercosur y el modelo de apertura económica que caracterizó a la década del noventa.

    Aquel esquema económico, presentado entonces como una vía para modernizar la economía y aumentar la competitividad, también fue objeto de fuertes críticas por sus efectos sobre sectores industriales nacionales, que denunciaron dificultades para competir frente a la apertura importadora y la pérdida de capacidades productivas. Tres décadas después, uno de los cuadros técnicos de aquella etapa vuelve al Estado de la mano del gobierno de Javier Milei y Diego Santilli.

    La incorporación de Toranzos Torino se produce en plena reorganización del Gobierno tras el desembarco de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete. Aunque el oficialismo suele presentarse como una fuerza que busca romper con «la vieja política», la elección de un funcionario con responsabilidades durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa vuelve a mostrar una tendencia creciente dentro de la administración libertaria: la recuperación de cuadros técnicos formados durante las reformas económicas de los años noventa.

    En este caso, además, se trata de un funcionario que arriba a una dependencia encargada de coordinar proyectos estratégicos y la relación técnica con organismos internacionales, un área con capacidad de incidencia sobre algunas de las principales políticas públicas que impulsará la Jefatura de Gabinete en la nueva etapa de gestión.

     

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