SIN CONCIENCIA NO HAY DERECHOS

SIN CONCIENCIA NO HAY DERECHOS

SIN CONCIENCIA NO HAY DERECHOS

Escriben: Fernando Ramoa y Luciano Ramirez.

Proponemos empezar esta nota con la siguiente pregunta: ¿No les preocupa el hecho de que una sociedad no pueda asegurar su propio bienestar si no es a través de la implementación de políticas de Estado coercitivas o punitivas que potencialmente aumenten las posibilidades de que se cometan abusos de derechos fundamentales?

Mediante el decreto de necesidad de urgencia 297/2020, se nos ordena cumplir con cuarentena total y obligatoria (aislamiento social preventivo y obligatorio) como medida para prevenir la propagación del coronavirus; para asegurar y controlar el cumplimiento de estas medidas preventivas, quedan a cargo las fuerzas de seguridad de todos los órdenes y jurisdicciones (gendarmería, policía federal, policía provincial, entre otras).

Ahora bien, prestemos atención por qué -en este contexto- creemos necesario que hay que mantener bien presente cuáles son nuestros derechos y no olvidar que no pueden ser violados, sufriendo abusos bajo la  justificación de “facultades extraordinarias para actuar o prevenir” en el marco de emergencia sanitaria.

Tenemos que tener en cuenta que hay dos cuestiones que erróneamente chocan: la salud de todes nosotres (salud pública) y nuestras libertades individuales o, de otro modo, el interés general y la libre circulación. Ambas situaciones, en este momento, tienen algo en común pero, al mismo tiempo, son cosas muy distintas.

Actualmente somos testigos, por un lado, de los intentos del Estado en tomar medidas que, a pesar de impactar en la economía y en la sociedad, generen conciencia sobre nosotres para la prevención de contagios del coronavirus. Medidas las cuales se encuentran estrictamente protegidas -frente a su desobediencia- por un marco penal cuyos castigos y repercusiones pueden ser muy altos y perjudiciales. 

Dicen  los artículos del Código Penal Argentino: 

ARTICULO 202. – Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas.

ARTÍCULO 203. – Cuando alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores fuere cometido por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo, se impondrá multa de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) a PESOS CIEN MIL ($ 100.000); si tuviere como resultado enfermedad o muerte se aplicará prisión de SEIS (6) meses a CINCO (5) años.

ARTÍCULO 239. – Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal.

Por otro lado, tomar conciencia social sobre este tema nos autoexige cada vez más responsabilidad social. Pero esa creciente exigencia de responsabilidad social incrementa también la coerción de hecho no legitimada o no institucionalizada. Hablamos de la coerción privada que tiene iguales efectos nocivos para nuestra vida en comunidad y peor aún, en una situación como la actual, donde se manejan grandes sentimientos de paranoia, psicosis, etc. 

Hasta ahora, de lo que venimos mencionando, vemos que la emergencia sanitaria hace que dos situaciones similares se contrapongan, ¿imposibles de separar?

¿Es necesaria la salida punitiva o coercitiva como método para evitar la propagación? ¿Apelar a la responsabilidad social indefectiblemente tiene que resultar en coerción?

Quizás sea hora de dejar de subestimarnos (aunque sea difícil).

La conciencia social puede llevarnos a resultados positivos sin llegar a necesitar del punitivismo. A partir de este cambio de esquema creemos poder alcanzar resultados muy favorables.

Lo cierto es que estamos plenamente convencidos que, lo deseable para nuestra sociedad, es prevenir la transmisión del virus para evitar muertes y prevenir el punitivismo para evitar abusos y pisoteos de derechos fundamentales.

Portada: Germán Busín

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    En el marco de la cadena nacional anunciada para hablar de las Islas Malvinas, Javier Milei anunció la firma de un DNU para dotar de mayores recursos al Ministerio de Defensa para construir una base militar en Tierra del Fuego. 

    El anuncio se produce en medio de una profunda crisis en donde las Fuerzas Armadas no cuentan con salarios, equipamiento y presupuesto para cumplir con la misión que el Presidente le está encomendando. Además, cabe recordar que Milei eliminó la obra pública y compró unos aviones que, por una restricción de Inglaterra que él mismo aceptó, no tienen radar ni alcance para operar en el Atlántico Sur.

    LPO habló con el presidente de la Liga Naval, el marino Fernando Morales quien planteó que «si se analiza fuera del contexto que el que lo dice es Javier Milei, el discurso es correcto porque habla de usurpación, remarca la importancia de la Antártida y de la necesidad de una base naval fuerte en el sur, que no se pueden explotar recursos mientras dure el conflicto como plantea la ONU y que tenemos para penalizar administrativa y penalmente a los empresarios que lo hagan es cierto». 

    Sin embargo, Morales planteó que «o el señor Milei cambió 180 grados su pensamiento histórico o le cambiaron libreto. Ayer nomás, Federico Sturzenegger, seguía sosteniendo que las Fuerzas Armadas están sobredimensionadas, que tiene muchos hombres para los recursos que tienen, es decir, al sentido inverso: no faltan recursos, sobran». 

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    «El razonamiento es: ¿Para que queremos 21 aviadores si tenemos 10 aviones o para que queremos 24 mil marinos si hay cuatro barcos? Esto no solamente lo dice el ministro sino que lo sostiene todos los afiles mediáticos», agregó. 

    Por otro lado, Morales asegura que «difícilmente se pueda hablar de reequipamiento militar cuando lo primero que no estás reequipando es el salario y la salud. Ningún militar va a ir una guerra si no tiene garantizado que no tiene donde atenderse si le cortan un dedo o cobra un 1.300.000 pesos como gana un piloto de F-16». 

    Difícilmente se pueda hablar de reequipamiento militar cuando lo primero que no estás reequipando es el salario y la salud. Ningún militar va a ir una guerra si no tiene garantizado que no tiene donde atenderse si le cortan un dedo o cobra un 1.300.000 pesos como gana un piloto de F-16

    Otro militar en actividad consultado por LPO dijo que «el reequipamiento que necesitan las Fuerzas Armadas están totalmente fuera del alcance presupuestario. El gasto en Defensa es el 0,6 del PBI y debería pasar, por lo menos, al 2 por ciento para que sea un reequipamiento medianamente rápido». «Este gobierno quitó el Fondef, que garantizaba una suma importante de dinero para reequipamiento y lo sacaron». 

    «Podaron 40 mil millones de pesos en horas de entrenamiento. Esto es menos vuelos, menos navegación, menos inmersión para los buzos, tienen congelado los proyectos de submarinos y le ordenaron al jefe de la Armada cerrar la base de Punta Indio con el pretexto de una renovación de la doctrina aeronaval cuando no prevista ninguna compra de caza sino que solo de aviones de reconocimiento pesquero», continuó. 

    «La declaración de Trump sobre Malvinas es una presión al Reino Unido, no un gesto a Milei»

    Por último, un militar retirado remarcó que «tenemos en venta media base naval y ahora estas vendiendo los terreno de la base naval. Entre el discurso y la realidad y el futuro cercano hay una disociación muy grande». 

    «Lo que se sospecha es que es la antesala para anunciar una fuerte presencia militar en Estados Unidos para defender el Atlantico Sur y hacerse cargo de una base militar en Ushuaia para que sea como las bases estadounidenses, como la que tienen en Cadiz, en donde los norteamericanos se hacen cargo del mantenimiento, operan la base y los españoles manejan un pedacito», concluyó.

     

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