¡Si optás por el pago anual de tasas podés ganar una moto!

 

Conocí la historia de María Magdalena en enero de 2012, cuando volví de mis vacaciones. Llegué a mi casa, abrí mi casilla de correo y allí estaba el mail de Fernanda Mónaco, una psicóloga del Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de Las Mercedes de Tucumán. 

Todavía faltaban tres años para el histórico Ni Una Menos, pero ya habían pasado otros tres de la aprobación de la Ley 26.485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esa ley reconoció por primera vez a la violencia obstétrica como una de las formas de violencia. 2012 también fue el año del fallo conocido como F.A.L, en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que el aborto de un embarazo producto de cualquier violación no es punible, independientemente de la salud mental de la persona gestante. Para que el aborto sea legal aún nos quedaba casi una década de armar redes, encuentros y luchas. 

Un año antes de que me llegara ese mail de Fernanda, yo había empezado a estudiar secreto profesional y denuncias de aborto. En una capacitación sobre el “Programa de Salud Sexual y Reproductiva” que el ministerio de Salud de la Nación vino a hacer a Tucumán, conocí a las psicólogas del Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de Las Mercedes (la Maternidad, como le decimos en Tucumán). A propósito de que yo cuestioné que Tucumán fuera una de las dos provincias que no había adherido a la ley 25.673, que asegura el acceso a métodos anticonceptivos gratuitos, se me acercó Silvia Landaburu, la jefa del Servicio de Salud Mental de la Maternidad  y nos pusimos a charlar sobre confidencialidad, derechos y violencias de género dentro de la estructura hospitalaria. 

Esa primera conversación derivó en encuentros con mates en el sexto piso de la Maternidad junto a otras psicólogas que también querían saber cuáles eran los derechos que tenían sus pacientes. Ellas veían situaciones injustas, malos tratos y a veces objeciones de conciencia violentas que estaban naturalizadas en la atención de aborto. Ellas querían saber y yo quería que supieran de los fallos de “Natividad Frías” (un plenario de Cámaras Penales de 1966 que declaró la nulidad de una investigación de aborto iniciada con la denuncia médica)  y “Baldivieso” (cuando la Corte Suprema de la Nación anuló una condena de narcotráfico en una causa también iniciada con la violación del secreto médico). Quería contarles de la Recomendación N° 24 de la CEDAW, “La mujer y la salud” (1999) que, entre otras muchas cosas pide “dar prioridad a la prevención del embarazo no deseado mediante la planificación de la familia y la educación sexual” y que “debería enmendarse la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos”. Y, sobre todo, quería que pensemos juntas por qué si había una ley, la 26.529,  que reconocía los derechos de  las pacientes  a la confidencialidad, la intimidad, el trato digno, la información y el respeto por la autonomía, no se estaba cumpliendo con las mujeres que abortaban. Nos juntamos varios viernes, intercambiamos opiniones, risas, pero también angustias: ellas me contaron de las pacientes «fundidas», así les llamaban a las mujeres que llegaban con abortos sépticos, con miedo a ser denunciadas y cómo eso les podía costar la vida. Hablábamos de la angustia de ser pobre, porque las muertas por complicaciones por aborto siempre fueron las pobres. En esa artesanía feminista de saberes supimos encontrarnos para mejorar las prácticas, para repeler los daños de quienes tienen poderes biomédicos para castigar y, sobre todo, supimos encontrarnos para no perder a otras: las pacientes que abortaban. 

Volviendo a aquel enero de 2012, el mail de Fernanda me contaba la historia de una joven de 26 años, con 3 hijos que, al llegar a la Maternidad de Tucumán con dolores abdominales y una ginecorragia, había sido denunciada por las dos médicas que la atendieron: la jefa de Guardia, Claudia Callejas, y la residente Alejandra Berenguer. Además, le habían practicado un legrado sin anestesia, quizás como una forma sanitaria de castigo. Por suerte estaban ahí Fernanda, Daniela y Lourdes, las psicólogas que la atendieron. Ellas hicieron ese mismo día una nota escrita a la Dirección denunciando la violencia obstétrica y como la abogada, Daniela De Francesco, dijo en su dictamen que «era legal» lo que había pasado, ellas le dieron mi contacto porque temían que fuera procesada. Fue muy importante la intervención del Servicio de Salud Mental en este caso para evitar que se silenciaran estas prácticas, no sólo para acercarle un derecho a la paciente. 

En esa artesanía feminista de saberes supimos encontrarnos para mejorar las prácticas, para repeler los daños de quienes tienen poderes biomédicos para castigar y, sobre todo, supimos encontrarnos para no perder a otras: las pacientes que abortaban. 

Al día siguiente me contactó ella, María Magdalena. Nos encontramos en mi estudio. Ella estaba aterrada: temía ir presa, temía morir, temía por sus familiares. Como pudo y a borbotones me explicó que ella no sabía que estaba embarazada, que “se cuidaba” y que cuando empezó a sangrar fue con su mamá y su esposo a la Maternidad para que la ayudaran. No comprendía por qué la habían acusado y mucho menos por qué los policías la habían interrogado en la sala de partos. Tampoco comprendía por qué razones le habían dicho, en medio de su legrado, que si moría de una infección su marido “no le llevaría ni flores a la tumba”. No comprendía por qué quienes debían atenderla, la maltrataron. 

Tomé su defensa al mes siguiente, en febrero de 2012 y conseguí su absolución recién en septiembre de 2015. Si: ella estuvo procesada por “aborto provocado” en Tucumán, pero no estuvo presa porque, a diferencia de Belén, ella tuvo una abogada feminista. 

Por supuesto que María Magdalena no es el nombre real. Elegí llamarla así porque la María Magdalena de la Biblia fue estigmatizada por puta. Quisieron apedrearla y al final de la historia estuvo al pie de la crucifixión de Jesús y hasta se le atribuye un evangelio gnóstico. Es fácil pensar que incomodaba porque era una mujer con poder.

Yo estaba terminando de cursar mi Maestría en  Género, Sociedad y Políticas Públicas en Flacso y nunca había defendido a una mujer criminalizada por aborto. Podía imaginar que no sería fácil. Lo que no imaginé es que sería tan difícil encontrar justicia para ella. 

Junto a mi equipo, denunciamos la violación del secreto profesional y las violencias obstétricas institucionales que sufrió María Magdalena. El Fiscal Arnoldo Suasnábar archivó la causa 2 meses después: sostuvo que “frente a maniobras abortivas es correcto hacer la denuncia” y remató su misoginia con clasismo al afirmar que “en el ámbito público, la relación médico-paciente es no formal”. De esta forma, el racismo judicial desbloqueaba otro nivel de discriminación y daño: el de habilitar que quienes reciben atención médica en sanatorios privados gozaran de todos los derechos que la Ley 26.529 le reconocía a los pacientes, y quienes iban al hospital –esas “menesterosas” de las que en 1966 hablaba el Plenario “Natividad Frías”- no tenían ninguno. Palabras más, palabras menos, el Poder Judicial de Tucumán legitimaba una atención sanitaria para ricas y otra para pobres. Para las primeras, atención clínica conforme a derechos. Para las segundas, limosna sanitaria. 

Esa decisión del Ministerio Público Fiscal fue confirmada por el Juez de Garantías, la Cámara de Apelaciones Penal —que ya no existe— y la Corte Suprema de Justicia tucumana. Este último Tribunal incluso me mandó a estudiar considerando que la perspectiva de género no decide nada en estos casos, sino que es el derecho penal el que manda. Esa sentencia me hizo saltar las lágrimas porque podía leerse como intertexto: lo que le pasó a María Magdalena no le interesaba a nadie. 

El Poder Judicial de Tucumán legitimaba una atención sanitaria para ricas y otra para pobres. Para las primeras, atención clínica conforme a derechos. Para las segundas, limosna sanitaria. 

Impugné esa decisión judicial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 27 de febrero de 2020 esta corte ordenó el desarchivo para que se investiguen las violencias de género que había sufrido María Magdalena y que el silencio judicial quería mantener en secreto. Ordenó además que se investigue por violación de secreto profesional y violencias a Claudia Callejas y Alejandra Berenguer. 

En el medio conocí a la periodista Mariana Carbajal, quien escribió todas y cada una de las notas que no dejaron morir el caso. También fundamos una ONG feminista, Mujeres X Mujeres, desde donde defendemos los derechos de todas las mujeres, también los de las mujeres que abortan. Y escribí, junto a Mariana Álvarez y Alejandra Iriarte el libro “Jaque a la Reina” (2014) donde contamos la historia de María Magdalena y revelamos que muchas de las 532 causas de aborto que tenía Tucumán entre 1992 y 2012 eran producto de la violación de la confidencialidad y el secreto profesional, pero ambos estaban naturalizados en casos de emergencias obstétricas. Un libro que, al parecer, nadie leyó, porque sino, Belén no hubiera estado presa ni un día. 

El 5 de Abril de 2020, después de 11 años, el fiscal regional de Tucumán Mariano Fernández pidió la elevación a juicio oral de Claudia Callejas por el delito de violación de secreto, y el sobreseimiento de la residente Alejandra Berenguer por considerar que actuó bajo las órdenes de Callejas.

Hoy María Magdalena tiene 40 años y no es la misma. Yo tampoco soy la misma porque, a diferencia de lo que pasaba entonces, ya no me señalan de modo juicioso, ni me tildan de militante y, aunque lo hicieran, lo que antes me despertaba temor, hoy es un motivo de orgullo. Esta es una causa que antes del juicio ya tiene cuatro sentencias de la Corte local. Una clara expresión de las resistencias judiciales para investigar las violencias que denuncian las mujeres. En este contexto, no es un dato menor que esclarecer la verdad en un caso de violencia de género te lleve 14 años de litigio.

María Magdalena fue el principio de mi segunda vida como litigante: antes  fui abogada de Bancos y me dedicaba, en un estudio muy reconocido de Tucumán, al derecho privado. 

Catorce años después, no sé a ciencia cierta si los operadores de la salud comprenden del todo cómo funciona su obligación de guardar secreto, ni sus compromisos legales y éticos con la intimidad de sus pacientes, porque además del juicio que comienza esta semana, el 13 de mayo próximo defenderé en Tribunales a Eva, una joven de 18 años que fue acusada de “homicidio agravado” luego de un parto en avalancha dentro del Hospital de Famaillá, después de que le diagnosticaran una “lumbalgia” y mientras la medicaban. La duda sobre cuánto de crueldad y cuánto de ignorancia tiene el personal de salud que la denunció y la Fiscalía que le pidió la prisión preventiva siempre está dando vueltas. Cuesta digerir el uso del poder más descarnado, con tanta obscenidad. La Campaña por el Aborto Legal, el Socorrismo, el Niunamenos, la Red de Profesionales  y las distintas redes que los feminismos supirmos construir estos últimos años sacaron del closet la decisión de abortar. Porque abortar se abortó siempre, la injusticia es en qué condiciones. Y son esas redes feministas que se hilvanan con equipos de salud recargados de trabajo, pero respetuosos de sus  pacientes, con quienes continuamos defendiendo el derecho a decidir. Hoy, frente al desguace de los recursos y las políticas, más que nunca.  

Son esas redes feministas que se hilvanan con equipos de salud recargados de trabajo, pero respetuosos de sus  pacientes, con quienes continuamos defendiendo el derecho a decidir.

Lo que si sé y no me deja ninguna duda, es que este 27 de abril existe una oportunidad histórica para que el Poder Judicial de Tucumán cierre un capítulo funesto para las mujeres y condene la denuncia de aborto como lo que verdaderamente es: un delito imperdonable que sólo se comete contra mujeres pobres.  

La entrada Juicio al poder médico se publicó primero en Revista Anfibia.

 

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina informa que continúan abiertas las inscripciones a las siguientes Escuelas Deportivas: handball, vóley, básquet, patín, hockey, karate y newcom. Los interesados deben dirigirse a la Oficina de Deportes ubicada en las instalaciones del polideportivo Cumelen en el horario de 7,30 a 13,30. Difunde esta nota

La Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina comenzará a desarrollar los cursos para obtener ‘Mi primer licencia’ y la Renovación de licencias de conducir en distintos sectores de la ciudad para acercar este trámite a los vecinos. La iniciativa denomina ‘Curso de Educación Vial en mi barrio’ consistirá en…

 

El gobierno nacional deberá presentar en junio una propuesta concreta de pago a los reclamos del gobierno de Axel Kicillof por recortes de fondos por más de $2,3 billones. Así lo resolvió hoy la Corte Suprema tras una audiencia entre las dos partes y en la que participó el propio gobernador bonaerense.

El Máximo Tribunal había pautado para este martes la segunda audiencia por un reclamo de recortes de fondos por parte de la ANSES a la provincia. En el encuentro se acordó una nueva audiencia para el 10 de junio donde deberá plantearse una propuesta de pago por parte de la Casa Rosada.

Kicillof presentó ante la Corte ocho reclamo por recortes del gobierno nacional que suman más de 15 millones de millones, es decir 15 billones. «Tengan en cuenta que el presupuesto aprobado en la provincia es de 44 billones, o sea que estamos hablando de una deuda de prácticamente un tercio de los recursos de Buenos Aires», dijo el gobernador al salir de la audiencia.

Kicillof participará de la audiencia en la Corte por los fondos adeudados por Milei

La provincia de Buenos Aires es una de las 13 jurisdicciones que no transfirieron sus regímenes provisionales a Nación. Por lo que el Estado Nacional debe compensar los déficits. Eso se realiza a través de un sistema de simulaciones y auditorias que debe hacer el Estado Nacional sobre las cuentas provinciales.

«De esas 13 provincias hay 10 que ya llegaron a un acuerdo con Nación. Nosotros venimos solicitando esto hace tiempo, lo terminamos haciendo por sede judicial, a través de la Corte Suprema», dijo Kicillof.

Según la demanda del gobierno bonaerense, las deudas corresponden a anticipos recibidos y adeudados por la Nación; actualización de los anticipos 2023 (se recibieron con base 2018); fondos del anticipo 2024 más su actualización (base 2020) y diferencias entre el déficit de caja no transferida y los anticipos sin actualizar correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Pettovello acordó con Chubut el pago de fondos de la ANSES a días de una audiencia clave con funcionarios de Kicillof

Días atrás, el gobierno de Kicillof presentó su octava demanda ante la Corte. En este caso reclama más de 1,13 billones de pesos por el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y el convenio firmado en 2023.

Este último reclamo incluye el saldo impago correspondiente al acuerdo de 2023 y las diferencias proyectadas para el período 2023-2025 por el Fondo del Conurbano, según precisa la administración provincial. Con la presentación, también se solicita una medida cautelar que ordene al gobierno nacional la restauración del método de cálculo original, a fin de reparar los perjuicios futuros.

 

 

 La provincia de Buenos Aires a cargo de Axel Kicillof y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires liderada por Jorge Macri no sólo «compiten» en términos fiscales, turísticos y políticos, sino que también lo hacen en el ámbito de las inversiones: ambas gestiones emitieron bonos en dólares que hoy se pueden operar a través del mercado de capitales.

Actualmente, PBA cuenta con cuatro bonos (BB37D, BA37D, BA7DD y BB7DD) con vencimiento en septiembre de 2037 que pagan cupón de forma semestral y ofrecen una tasa interna de retorno (TIR) de alrededor del 12% en dólares.

Por su parte, CABA acaba de cerrar una de las emisiones internacionales más exitosas del año: colocó deuda por USD 500 millones con vencimiento en 2036 a una tasa de aproximadamente el 7,4%.

La Ciudad colocó bonos al 7,3%, la tasa más baja de su historia

Ante la situación, los inversores se preguntan qué deuda elegir, dado que la alternativa provincial brinda un retorno mucho mayor, pero la opción porteña se considera mucho más segura por la situación financiera de la ciudad.

«Las provincias en general vienen mostrando un deterioro marcado en sus cuentas: pasaron de superávit a déficit el año pasado, con fuerte suba del gasto, y este año arrancaron con caída importante de recursos automáticos, tanto que varias tuvieron que pedir adelantos de coparticipación a Nación. PBA está dentro de ese universo provincial. CABA, en cambio, mantuvo cuentas más ordenadas, con menor dependencia de transferencias nacionales, base tributaria propia robusta y no necesitó asistencia», comentó Justina Gedikian, estratega de bonos en Cohen Aliados Financieros.

 Para un perfil conservador, para quien quiera dolarizarse durmiendo quizás más tranquilo, los títulos de CABA son la elección sensata. Un perfil más agresivo puede ir por PBA donde las tasas están por encima de los soberanos y los de ciudad. Un 12% de TIR es un premio muy interesante.

«CABA presenta ventajas concretas. Su historial de pago es sólido, comparable al de otras provincias con reputación crediticia probada como Córdoba, Neuquén y Chubut. PBA, en cambio, acumula antecedentes más complejos. A eso se suma un factor que el mercado pondera cada vez más abiertamente: la variable política. Hoy, CABA y PBA están gobernadas por fuerzas de signo opuesto, con discursos muy distintos frente al mercado de capitales. Cuando un gobernador muestra poca afinidad con los acreedores o señales negativas hacia la deuda, el mercado responde con castigo en precios. Es decir, exige tasas más altas para compensar ese riesgo percibido», sostuvo Pedro Moreyra, director de Guardian Capital.

Por este motivo, los especialistas del mercado consideran que la elección entre los bonos de CABA y los de PBA dependerá, como suele suceder en este tipo de cuestiones, del perfil de riesgo del inversor.

«Para un perfil conservador, para quien quiera dolarizarse durmiendo quizás más tranquilo, los títulos de CABA son la elección sensata, priorizando previsibilidad por sobre rendimiento», concluyó el operador y asesor financiero independiente Germán Marin. «Un perfil más agresivo puede ir por PBA donde las tasas están por encima de los soberanos y los de ciudad. Un 12% de TIR es un premio muy interesante, asumiendo el riesgo de crédito provincial», añadió.

En esta línea, Gedikian coincidió en que «CABA es la elección natural dentro del universo subsoberano argentino» para inversores conservadores. Moreyra, por su parte, agregó que «PBA conviene para un perfil más arriesgado que apueste a normalización de cuentas o respaldo de Nación».