A partir de mañana 23 de diciembre, los contribuyentes reginenses podrán optar por el pago anual de tasas.
Además de aprovechar los importantes descuentos que se aplican durante enero y febrero, quienes elijan este mecanismo de pago participarán del sorteo de una moto de 110 cc.
Quienes adhieran al pago anual durante el mes de enero obtendrán un descuento del 22% mientras que quienes lo hagan en febrero accederán a un descuento del 20%.
El pago anual estará vigente hasta el 28 de febrero de 2022.
Los squatters versión criolla del movimiento contracultural europeo, son un colectivo interdisciplinario que recorren las calles buscando marquesinas publicitarias para transformar los mensajes corporativos, disputando sentido desde 2018. Se unen también a organizaciones sociales para intervenir en los debates públicos, desde la Ley de Humedales al etiquetado frontal y la soberanía alimentaria. Proyecto Squatters es…
Quería comenzar esta nota con dos preguntas que se hizo mi amigo Hernán: ¿ Porqué las vacunas no tienen campañas publicitarias como la coca cola?¿Porqué una campaña anti sistema puede afectar a la salud de la humanidad? Se conocen de más a lxs anti-vacunas, quienes, por lo general, sin fundamentos o con argumentos sin evidencia…
Las empresas navieras difundieron un informe en el que rechazan la intención de desregulación del gobierno en el cabotaje a través de las políticas que llevan a cabo el ministro Federico Sturzenegger.
De esta manera, el documento titulado «Cabotaje Marítimo y Fluvial en Argentina-Análisis de Desregulación» sostiene que una eventual apertura del transporte marítimo y fluvial de cabotaje a operadores extranjeros podría generar impactos significativos sobre la recaudación fiscal, el empleo, la industria naval y la capacidad estratégica del Estado argentino.
El documento recuerda que el régimen vigente, sustentado en la Ley de Navegación y en el Decreto-Ley 19.492/72, establece la reserva del cabotaje para buques de bandera argentina, un esquema que los autores comparan con la denominada Jones Act de Estados Unidos.
Según el análisis, este sistema responde no sólo a criterios económicos sino también a razones vinculadas con la seguridad nacional y el desarrollo industrial. Uno de los principales argumentos del informe es que la incorporación de operadores extranjeros bajo banderas de conveniencia podría reducir significativamente la recaudación tributaria.
Los autores sostienen que las empresas nacionales tributan impuestos, contribuciones patronales y diversas tasas vinculadas a la actividad marítima, mientras que compañías extranjeras podrían beneficiarse de regímenes de no residencia fiscal o convenios internacionales que disminuyan su carga impositiva.
El estudio estima que la diferencia tributaria podría superar el 40% de los costos operativos totales. El documento también advierte sobre posibles consecuencias laborales. Según el análisis, la apertura del cabotaje permitiría el ingreso de embarcaciones con tripulaciones extranjeras, lo que podría desplazar a trabajadores argentinos de la marina mercante.
El documento titulado «Cabotaje Marítimo y Fluvial en Argentina-Análisis de Desregulación» sostiene que una eventual apertura del transporte marítimo y fluvial de cabotaje a operadores extranjeros podría generar impactos significativos sobre la recaudación fiscal, el empleo, la industria naval y la capacidad estratégica del Estado argentino.
Entre los efectos señalados figuran la pérdida de empleo formal, una reducción de aportes previsionales y un debilitamiento de los sistemas de formación y renovación de personal marítimo. Además, sostiene que cada empleo directo en el sector genera entre tres y cinco puestos indirectos en actividades vinculadas, como logística portuaria, talleres navales, seguros y servicios especializados, por lo que el impacto se extendería a numerosas economías regionales.
Carlos Presti.
El informe afirma que las compañías argentinas enfrentan costos laborales, financieros y regulatorios superiores a los de operadores internacionales. En ese contexto, una competencia abierta podría derivar en la pérdida de mercado, dificultades para renovar flotas y, eventualmente, en la desaparición de armadores nacionales, reproduciendo fenómenos observados durante la década de 1990.
El estudio estima que la diferencia tributaria podría superar el 40% de los costos operativos totales. El documento también advierte sobre posibles consecuencias laborales. Según el análisis, la apertura del cabotaje permitiría el ingreso de embarcaciones con tripulaciones extranjeras, lo que podría desplazar a trabajadores argentinos de la marina mercante.
Otro de los ejes centrales del trabajo es la relevancia estratégica del Atlántico Sur. El documento destaca la posición argentina respecto del estrecho de Magallanes y el pasaje de Drake, considerados corredores alternativos ante eventuales interrupciones de los canales de Panamá o Suez. Desde esta perspectiva, la preservación de una marina mercante nacional es presentada como un componente de soberanía y presencia estatal en la región.
Los autores también plantean que una mayor presencia de operadores extranjeros podría incrementar la dependencia logística del país y reducir la capacidad de control sobre rutas, puertos e infraestructura estratégica. Asimismo, vinculan esta discusión con la cuestión de las Islas Malvinas y la proyección argentina en el Atlántico Sur. Industria naval y seguridad El estudio sostiene que una reducción de la flota nacional impactaría directamente sobre los astilleros argentinos, las escuelas de formación marítima y la cadena de proveedores vinculada al sector.
También advierte sobre posibles desafíos para los controles de seguridad, ambientales y aduaneros ante un aumento de embarcaciones bajo múltiples pabellones extranjeros.
Fuentes militares explicaron a LPO que «ka Cámara Naviera Argentina y otros armadores han cambiado radicalmente su postura respecto a un nuevo decreto/ley, que ahora es opuesto al decreto 340 que ayudaron a redactar».
Esta fuente detalla que «el cambio se debe a la advertencia de que la empresa china Cosco planea posicionar buques con bandera china de forma permanente en Argentina para operar en cabotaje, utilizando tripulaciones chinas y tarifas de dumping.
Inicialmente, buscaban evitar el desguace de la flota argentina y el uso de banderas de conveniencia, pero el nuevo escenario con Cosco los lleva a preferir negociar con sindicatos argentinos».
«La preocupación es que, si bien se busca sacar a los chinos de las 200 millas, la nueva política podría permitirles entrar en el cabotaje portuario.
Varias organizaciones marítimas intentarán reunirse con Lamela para explicar que las políticas de Sturzenegger van en contra de la política hemisférica», remarca.
Entre las propuestas finales, el informe recomienda mantener la reserva de cabotaje para buques de bandera argentina, revisar los mecanismos de habilitación de embarcaciones extranjeras, promover programas de financiamiento para la renovación de flota nacional y fortalecer los controles de la Prefectura Naval Argentina.
Según las conclusiones del trabajo, una desregulación sin salvaguardas podría provocar pérdidas fiscales, destrucción de empleo calificado, debilitamiento de la industria naval y una menor capacidad estratégica del país en el Atlántico Sur.
El Gobierno modificó el decreto para la designación de jueces en la Corte Sumprema, para barrera la mayoría de los controles de la sociedad civil que tenía el proceso. La modificación, que representa otro retroceso institucional del gobierno libertario, se instrumentó cuando el caso Adorni toca otro pico de indignación libertaria.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, fue el impulsor del cambio que contempla la eliminación de los tres artículos que garantizaban intervención de la sociedad civil en la designación de los jueces del máximo tribunal. Además, se suprime la publicación en diarios de circulación nacional y se incorporan plazos más cortos para el trámite.
El decreto agiliza el proceso a costa de eliminar toda la arquitectura de control ciudadano e institucional (ONG, colegios, academia, prensa) y el Presidente queda con el poder de designar con mayor velocidad y menor escrutinio público de la Corte Suprema de la Nación.
El telón de fondo de esta decisión está vinculada la reunión secreta que Milei tuvo con Ricardo Lorenzetti esta semana, revelada en exclusiva por LPO. En ese encuentro el magistrado y el presidente acordaron impulsar a dos nuevos jueces para completar la integración de la Corte Suprema, que en caso de concretarle le permitiría a Lorenzetti consolidar una nueva mayoría en el máximo tribunal.
El decreto firmado agiliza el proceso a costa de eliminar toda la arquitectura de control ciudadano e institucional (ONG, colegios, academia, prensa) y el Presidente queda con el poder de designar con mayor velocidad y menor escrutinio público de la Corte Suprema de la Nación
La reunión se realizó el martes en la Quinta de Olivos y no estuvieron ni Karina Milei ni Juan Bautista Mahiques. LPO reveló hace tiempo que el presidente tiene diálogo directo con el juez de la Corte, con quien chatea bastante seguido.
El juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
Lorenzetti se aprovechó de ese contacto directo y convenció a Milei de que hay que avanzar ahora con la integración de la Corte.
Mahiques dijo públicamente que la designación de los dos jueces que hay que nombrar para completar la Corte quedarían para el segundo mandato. Fue un gesto al actual presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, con quien el ministro estableció una alianza que favoreció su desembarco en el Ministerio de Justicia.
Pero Lorenzetti le hizo cambiar de idea a Milei, en una jugada extraña porque no incluye al peronismo que tiene los votos en el Senado para facilitar o voltear la designación de nuevos jueces en la Corte Suprema.
El otro dato extraño es que los dos jueces que le llevó Lorenzetti como candidatos son muy cercanos a él, pero no tienen mayor afinidad al Presidente. Es decir, Milei pondría la firma para que Lorenzetti consolide y amplíe su poder en el máximo tribunal del país.
Los candidatos son el camarista Mariano Borinsky, experimentado integrante de la Cámara de Casación Penal: y Karina Perilli, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, muy cercana a Lorenzetti.
En el marco de la campaña de forestación impulsada por la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina, se comenzó con la distribución de las estacas de sauce llorón y de podos de rosas a juntas vecinales e instituciones de la ciudad. En la mañana de este jueves, el Secretario…
El jefe del bloque de senadores del PRO, Martín Goerling Lara, confirmó que apoyarán la remoción de Manuel Adorni en el caso de que Javier Milei lo sostenga en el cargo.
«Espero que no lleguemos a esa instancia. Si llegamos a esa instancia el PRO va a acompañar la moción de censura o remoción», adelantó el senador misionero, en línea con el pedido que bajó la semana pasada Mauricio Macri.
«A esta altura mantener al jefe de Gabinete es un capricho», dijo Goerling en declaraciones a Infobae. «Yo pensé que a esta altura el Presidente habría tomado la decisión correrlo del cargo, es lo que estamos pidiendo», agregó el senador, que confirmó el adelanto de LPO de que el oficialismo quiere voltear la sesión del jueves.
LPO reveló que, antes de viajar a Estados Unidos para ver el Mundial, Macri le pidió a los diputados del PRO que voten la interpelación, pero la orden generó tensión porque el jefe de bloque Cristian Ritondo no quiere saber nada con pelearse con Milei. Este miércoles Fernando De Andreis, muy cercano al expresidente, dijo que no descartan acompañar la interpelación.
Los aliados del gobierno en el Congreso están reclamando a Milei que lo eche a Adorni porque de lo contrario no van a poder sesionar sobre ningún tema. De hecho, la interpelación de Adorni no figura en el temario de la sesión del Senado de este jueves, pero en el oficialismo saben que ni bien abra el debate, el peronismo irá por la cabeza del jefe de gabinete.
Maxi Abad
En ese sentido, desde el radicalismo en el Senado le salieron a pedir a Milei que eche a Adorni antes de tener que acompañar al kirchnerismo en el pedido de remoción. «Hay unanimidad en que Adorni no tiene que estar más en el gobierno», declaró el bonaerense Maxi Abad.
«Hay unanimidad en que Adorni no tiene que estar más. Incluso dentro del gobierno muchos lo piensan aunque no lo digan», afirmó el radical, que repitió que «el gobierno tiene la pelota» para evitar el daño que le generaría la remoción del jefe de Gabinete.
Abad explicó que en el bloque radical todavía no hay una postura definida sobre qué camino tomar, pero todos coinciden en que Adorni debe irse. «El gobierno tiene en sus manos terminar este tema porque esto le produce una profunda debilidad institucional. No hay que perder más tiempo», aconsejó Abad.
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