A partir de mañana 23 de diciembre, los contribuyentes reginenses podrán optar por el pago anual de tasas.
Además de aprovechar los importantes descuentos que se aplican durante enero y febrero, quienes elijan este mecanismo de pago participarán del sorteo de una moto de 110 cc.
Quienes adhieran al pago anual durante el mes de enero obtendrán un descuento del 22% mientras que quienes lo hagan en febrero accederán a un descuento del 20%.
El pago anual estará vigente hasta el 28 de febrero de 2022.
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Mauricio Macri le pidió a sus diputados que apoyen la interpelación de Manuel Adorni por el escándalo del enriquecimiento ilícito y le metió al jefe de bloque Cristian Ritondo que resiste la embestida del
expresidente
contra el gobierno nacional.
El líder del PRO ya había pedido el mes pasado que se apoye la avanzada contra Adorni en el Congreso, pero Ritondo se opuso porque no quiere romper con Milei y dejó aislados a los diputados más cercanos a Macri, que se terminaron bajando del pedido de interpelación.
Ahora el escándalo de Adorni explotó y el escenario parece más favorable a que la oposición consiga los 130 votos que necesita en la Cámara de Diputados, algo que intentará en una sesión especial que pidió para el martes 23 de junio.
Es por eso que Macri volvió a ordenarle a sus diputados que apoyen la interpelación, según contaron a LPO fuentes del PRO. El durísimo comunicado que sacó el partido el jueves por la tarde es una muestra de la línea que baja el expresidente.
En la oposición cuentan actualmente alrededor de 115 diputados dispuestos a votar la interpelación y con los 12 del PRO quedarían muy cerca del número necesaria para citar a Adorni. El problema es que Ritondo no quiere saber nada y buena parte del bloque le responde.
Macri también mandó a dirigentes de su entorno a pedirle la renuncia a Adorni. Lo hicieron con pocas horas de diferencia el diputado del PRO Fernando De Andreis, el legislador Darío Nieto y la diputada santafesina Gisela Scaglia, que es parte del bloque Provincias Unidas pero tiene un vínculo directo con el expresidente. Otro macrista histórico, pero con juego propio, que salió a pedir la cabeza del vocero fue Juan Schiaretti.
«Lo de Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso que no ocultó nada y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible», planteó De Andreis en Infobae. «Milei debería hacer renunciar a Adorni antes de la moción de censura», declaró por su parte Nieto en radio Rivadavia.
En la oposición cuentan actualmente alrededor de 115 diputados dispuestos a votar la interpelación y con los 12 del PRO quedarían muy cerca del número necesaria para citar a Adorni
Scaglia fue una de las pocas diputadas de Provincias Unidas que no firmó el pedido de sesión para tratar de la interpelación y dijo que no apoya esa vía, pero pidió que Milei eche al jefe de Gabinete y sugirió que debería estar detenido.
«Tendría que haber renunciado hace rato. Yo ya no espero la renuncia de Adorni, creo que no tiene intenciones de renunciar porque si no ya lo hubiera hecho. Es responsabilidad del presidente pedirle la renuncia», dijo la exvicegobernadora santafesina en Cadena 3 Rosario.
«Es muy difícil por el procedimiento (la moción de censura). Yo siempre dicho que no creo que ese sea el camino y lo sostengo. Creo que es la Justicia la que lo tiene que determinar», dijo Scaglia. «La Justicia es la que tiene que determinar cuál es el lugar de Adorni y yo creo que ya a esta altura no es la casa porque hay actos que son de corrupción y son inexplicables», afirmó.
«La mentira ya no tiene patas cortas, le cortaron las piernas» ¿Cómo comprender la realidad argentina? La palabra quilombo no alcanza, tampoco la palabra mentira o inclusive la llamada verdad. La posverdad ya pasó de moda, la distorsión de la realidad queda corta en el mundo emocional-económico-mediático-político. Cuando la justicia es sinónimo de injusticia…
La diputada Marcela Pagano denunció que Karina Milei firmó una licitación de $700 millones para el mantenimiento y la jardinería de Olivos, direccionada para que la gane Franco Castelli, de quien sospecha que acreditaría una relación de parentesco con Belén Agudiez, la mano derecha de la secretaria general de la Presidencia.
Según la información aportada por la legisladora, dos empresas se presentaron como oferentes para competir por el negocio, La Mantovana y Grub, pero ambas pertenecen al mismo empresario, Castelli. El procedimiento licitatorio está identificado como Licitación Pública N° 23-0005-LPU26 y fue convocado por Karina para la contratación del «mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes de la Residencia Presidencial de Olivos y Casa de Gobierno».
Sin embargo, Pagano precisa en su escrito que consta en un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia la pertenencia de ambas firmas al mismo grupo económico. «Es un hecho público, notorio y oponible frente a todos desde el 27 de septiembre de 2024», planteó.
Además, indicó que es responsabilidad de Karina «verificar la independencia económica y la efectiva concurrencia competitiva de los oferentes admitidos al certamen». «La admisión simultánea como oferentes formalmente independientes de dos firmas oficialmente reconocidas como integrantes del mismo grupo económico no puede explicarse, en este contexto, por simple ignorancia o negligencia: constituye, como mínimo a título de dolo eventual, la consagración de una ficción licitatoria destinada a aparentar competencia donde no la hay, con la previsible consecuencia de afectar el precio final y, por ende, el patrimonio del Estado Nacional», expresó.
Pero el problema de la hermana presidencial no se detiene ahí. En rigor, la funcionaria que supervisa todo lo que ocurre en la residencia de Olivos es María Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General y mano derecha de Karina, a quien dentro del Gobierno llaman «la sombra de El Jefe».
Tal como reveló LPO en exclusiva, Agudiez duplicó el presupuesto de su área en los primeros dos meses de gestión, ampliándolo a más de $50 millones solo para sueldos. También nombró a sus primos Osvaldo Javier Sosa, que es jardinero de oficio, como administrador general de Olivos, un cargo que se conoce como el de «intendente» del predio, y Agustín Expósito.
Belén Agudiez.
Fuentes del gobierno deslizaron hace más de dos años que, incluso, habría nombrado a su madre y a su hermana.
Ahora, Pagano reclama al juez de la causa que confirme, con las partidas de nacimiento, si Agudiez es prima hermana de Castelli, el dueño de las empresas que se presentaron a la licitación de Karina.
De comprobarse el lazo familiar, el escándalo sería que la hermana del Presidente contrató por $700 millones a la empresa cuyo dueño es pariente de su funcionaria de mayor confianza.
No es una licitación, es un negocio de familia montado dentro de Olivos, firmado por la hermana del Presidente.
La legisladora desliza, por otra parte, que existe la posibilidad que Castelli ya estuviera trabajando en Olivos pero sin contrato, lo que indicaría que la licitación sería el blanqueo para regularizar un servicio que se brindaba en la informalidad, sin registros fiscales. «No es una licitación, es un negocio de familia montado dentro de Olivos, firmado por la hermana del Presidente», conjetura la diputada.
La denuncia apunta que Karina podría haber incurrido en «los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público».
La admisión simultánea como oferentes formalmente independientes de dos firmas oficialmente reconocidas como integrantes del mismo grupo económico no puede explicarse, en este contexto, por simple ignorancia o negligencia: constituye, como mínimo a título de dolo eventual.
Por otro lado, Pagano advierte en su escrito que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó que, durante el ejercicio 2023, el Estado Nacional ejecutó cerca de 3.000 contratos vinculados a servicios de limpieza y mantenimiento por más de $88000 millones, de los cuales aproximadamente el 60% se concentró en apenas 10 empresas. «Entre los oferentes recurrentes en ese universo, LA MANTOVANA y firmas vinculadas a GRUB S.A. aparecen consistentemente identificadas. La propia SIGEN habría detectado irregularidades administrativas en el 72% de los contratos revisados (falta de documentación respaldatoria, adjudicaciones directas insuficientemente justificadas, controles débiles sobre asistencia, aportes previsionales y ART)», detalla antes de opinar que «ese antecedente no resulta accesorio» sino que «contextualiza el caso de autos dentro de un esquema más amplio cuya investigación corresponde».
Pagano reclama al juzgado que dicte una medida cautelar urgente para suspender el proceso de adjudicación de la licitación, que ordene el secuestro y resguardo del expediente administrativo completo de la licitación denunciada y que trabe las medidas cautelares patrimoniales que correspondan sobre los bienes de los eventuales imputados, en los términos del artículo 23 del Código Penal y normas procesales aplicables.
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