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¡Si optás por el pago anual de tasas podés ganar una moto!

A partir de mañana 23 de diciembre, los contribuyentes reginenses podrán optar por el pago anual de tasas.

Además de aprovechar los importantes descuentos que se aplican durante enero y febrero, quienes elijan este mecanismo de pago participarán del sorteo de una moto de 110 cc.

Quienes adhieran al pago anual durante el mes de enero obtendrán un descuento del 22% mientras que quienes lo hagan en febrero accederán a un descuento del 20%.

El pago anual estará vigente hasta el 28 de febrero de 2022.

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    Hernán Lombardi desempolvó un proyecto que había sido aprobado en medio de una enorme controversia en 2014. La Ley 4950 habilita cafés en plazas y parques siempre y cuando tengan más de 50 mil metros cuadrados.

    Sumando ítems como baños, espacio para elaboración de alimentos, sector de sillas cubierto, descubierto y bicicletero, los locales no pueden superar los 200 metros cuadrados. Están obligados a tener baños de uso público y gratuito.

    El espacio La Isla de la Paternal tiene uno de los cánones base más bajos, tan solo 1,1 millones de pesos, menos de 800 dólares por mes, mientras que, frente a los lagos de Palermo, en el Parque Ernesto Jaimovich, la base quedó en 2,38 millones de pesos.

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    Según publicó Tiempo, el espacio en Plaza Scicilia cotiza a 2,38 millones como base, en Parque Chacabuco 1,1 millones y en la Plaza Club Alemán de Equitación 2,10 millones.

    La licitación que lanzó Desarrollo Económico tiene algunos puntos llamativos: los concesionarios se ahorran de pagar el canon hasta que hayan recuperado su inversión en infraestructura.

    La ley prohíbe «la construcción de instalaciones para cocción de alimentos mediante el uso de gas leña o carbón» y admite la «venta de emparedados, golosinas, productos de confitería u otros alimentos, envasados en origen y que provengan de fábricas autorizadas».

    El lanzamiento de la licitación, cuya apertura de sobres está prevista para dentro de un mes, sorprendió a la oposición porteña. Si las concesiones son menores a cinco años, el proyecto no debería pasar por la Legislatura.

    Un aliado del PRO vaticinó que habrá presentaciones judiciales para frenar la licitación, mientras que desde el peronismo dijeron que están estudiando el proyecto, que se publicó pocas horas atrás.

     

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    Discapacidad sin respaldo: Milei elimina las compensaciones para pasajes gratuitos y pone en riesgo un derecho básico

     

    El Gobierno de Milei volvió a avanzar sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la administración libertaria decidió eliminar las compensaciones económicas que el Estado nacional pagaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantados y niños con cáncer.

    Aunque el texto intenta aclarar que el derecho al pasaje gratuito “sigue vigente”, la realidad material es otra: el Estado se retira del financiamiento del sistema y deja librado al mercado el sostenimiento de una política social esencial. En términos concretos, las empresas deberán absorber esos costos o trasladarlos de alguna manera. Y la experiencia argentina demuestra qué suele ocurrir cuando el Gobierno abandona este tipo de mecanismos: aparecen trabas, cupos limitados, negativas encubiertas y una creciente vulneración de derechos.

    Por Tomás Palazzo para NLI

    La resolución deroga el esquema que estaba vigente desde 2018 y que permitía compensar económicamente a las compañías de transporte por los boletos gratuitos entregados bajo el marco de la Ley 22.431 de discapacidad, la Ley 26.928 para personas trasplantadas y la Ley 27.674 de protección integral para niños y adolescentes con cáncer.

    El ajuste llega a quienes más dependen del Estado

    El argumento oficial es el mismo que Milei repite desde que asumió: “desregular”, “achicar el gasto” y dejar que el mercado resuelva lo que antes garantizaba el Estado. Según la resolución, como ahora las empresas tienen “libertad tarifaria” gracias al Decreto 883/2024, ya no corresponde que reciban subsidios compensatorios.

    Detrás de ese lenguaje técnico se esconde una definición política brutal: el Gobierno deja de financiar un derecho social y traslada la carga económica a empresas privadas que históricamente ya buscaron limitar este tipo de prestaciones.

    El problema es evidente. El derecho formal puede seguir escrito en la ley, pero sin financiamiento estatal su cumplimiento queda debilitado. No hace falta demasiada imaginación para prever el escenario que se viene: más dificultades para conseguir pasajes, cupos “agotados”, demoras administrativas interminables y judicialización permanente.

    La medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer

    En otras palabras, el derecho seguirá existiendo en los papeles mientras el acceso real se vuelve cada vez más difícil para quienes necesitan viajar por tratamientos médicos, controles de salud o rehabilitación.

    La lógica de Milei: derechos mínimos y Estado ausente

    La resolución es coherente con el modelo ideológico que Milei viene aplicando desde el inicio de su gestión. El Gobierno busca reducir toda intervención estatal incluso en áreas sensibles donde históricamente existió consenso social y protección jurídica reforzada.

    Lo llamativo es que la medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer: sectores cuya protección está reconocida no sólo por leyes nacionales sino también por tratados internacionales con jerarquía constitucional.

    Sin embargo, el Gobierno elige mirar exclusivamente la variable fiscal. El texto oficial habla de “internalizar costos” y de “eficiencia económica”, como si el acceso al transporte para personas vulnerables fuera simplemente una distorsión presupuestaria y no una obligación básica de un Estado democrático.

    La decisión también desnuda otra contradicción libertaria. Mientras Milei insiste en atacar supuestos “privilegios” sociales, el Estado sigue destinando enormes recursos a beneficios impositivos para grandes grupos económicos y al pago permanente de deuda financiera. El ajuste, otra vez, cae sobre quienes menos capacidad tienen de defenderse.

    Un escenario de conflicto y posibles demandas judiciales

    Especialistas en discapacidad ya advierten que la eliminación de las compensaciones podría derivar en una ola de conflictos judiciales. Si las empresas comienzan a restringir el acceso efectivo a los pasajes gratuitos, el Estado nacional podría enfrentar denuncias por incumplimiento de obligaciones legales y convencionales.

    Porque el punto central es simple: no alcanza con decir que el derecho existe si al mismo tiempo se desmantelan los mecanismos que permiten ejercerlo.

    La historia reciente argentina muestra que cada vez que el Estado se retira de políticas de protección social, quienes terminan pagando el costo son los sectores más vulnerables. Y esta resolución parece avanzar exactamente en esa dirección.

     

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