A partir de mañana 23 de diciembre, los contribuyentes reginenses podrán optar por el pago anual de tasas.
Además de aprovechar los importantes descuentos que se aplican durante enero y febrero, quienes elijan este mecanismo de pago participarán del sorteo de una moto de 110 cc.
Quienes adhieran al pago anual durante el mes de enero obtendrán un descuento del 22% mientras que quienes lo hagan en febrero accederán a un descuento del 20%.
El pago anual estará vigente hasta el 28 de febrero de 2022.
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La Procuración General de la Nación dictaminó a favor de la medida del gobierno de Javier Milei que prohibe a los municipios cobrar tasas municipales en las boletas de luz, resolución que está judicializada por varios intendentes desde 2024, cuando fue promovida por Toto Caputo.
Con múltiples disputas judiciales abiertas y fallos a favor de las comunas, la polémica escaló a la Corte Suprema, que pasó vista al organismo a cargo de Eduardo Casal.
Ahí, la Procuración sostuvo que la medida del Gobierno no ataca las autonomías municipales y advirtió que las comunas pueden cobrar las tasas por otra vía. Eso, a pesar de admitir que puede existir un impacto con esta modificación.
«En el caso no se ha demostrado que el actuar estatal cuestionado adolezca de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta», dice el dictamen de la Procuración firmado por Laura Monti, al que tuvo acceso LPO.
Ese dictamen refiere al expediente donde tramita la demanda de la Municipalidad de José C. Paz contra el Ministerio de Economía pero también la Procutación los aplicó a las demandas presentadas por los municipios de Hurlingham, San Martín, Pilar e Ituzaingó.
Como contó LPO, desde que Caputo dio a conocer esta prohibición los intendentes salieron en bloque con presentaciones judiciales, alertando sobre el impacto de la medida en la recaudación del tributo por Alumbrado Público, que en los distritos del conurbano mayoritariamente está integrado a la boleta de energía eléctrica para garantizarse una mayor cobrabilidad.
Si la Corte sigue la línea de la Procuración, en varios municipios advierten que está en riesgo el alumbrado publico.
«En los municipios primero vamos a pagar los remedios, segundo la guardia de los médicos, tercero los sueldos, cuarto el alimento que entrega Desarrollo Social y quinto el combustible. Lo último será la factura del alumbrado público. Hay prioridades. ¿Qué van a hacer las empresas? ¿Cortar la luz en las ciudades?», dijo un intendente a LPO apenas se disparó la polémica.
Además del caso de José C. Paz, la Procuración sacó un dictamen de similar tenor en el expediente donde tramite la demanda del municipio de Río Grande.
Ahí, sostuvo que la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo y descartó una afectación de la autonomía municipal.
En el caso de los municipios del Conurbano, la Procuración advirtió que existe legislación que establece que la factura de energía eléctrica «no podrá incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados».
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