A partir de mañana 23 de diciembre, los contribuyentes reginenses podrán optar por el pago anual de tasas.
Además de aprovechar los importantes descuentos que se aplican durante enero y febrero, quienes elijan este mecanismo de pago participarán del sorteo de una moto de 110 cc.
Quienes adhieran al pago anual durante el mes de enero obtendrán un descuento del 22% mientras que quienes lo hagan en febrero accederán a un descuento del 20%.
El pago anual estará vigente hasta el 28 de febrero de 2022.
El Gobierno de Milei volvió a avanzar sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. A través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la administración libertaria decidió eliminar las compensaciones económicas que el Estado nacional pagaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantados y niños con cáncer.
Aunque el texto intenta aclarar que el derecho al pasaje gratuito “sigue vigente”, la realidad material es otra: el Estado se retira del financiamiento del sistema y deja librado al mercado el sostenimiento de una política social esencial. En términos concretos, las empresas deberán absorber esos costos o trasladarlos de alguna manera. Y la experiencia argentina demuestra qué suele ocurrir cuando el Gobierno abandona este tipo de mecanismos: aparecen trabas, cupos limitados, negativas encubiertas y una creciente vulneración de derechos.
Por Tomás Palazzo para NLI
La resolución deroga el esquema que estaba vigente desde 2018 y que permitía compensar económicamente a las compañías de transporte por los boletos gratuitos entregados bajo el marco de la Ley 22.431 de discapacidad, la Ley 26.928 para personas trasplantadas y la Ley 27.674 de protección integral para niños y adolescentes con cáncer.
El ajuste llega a quienes más dependen del Estado
El argumento oficial es el mismo que Milei repite desde que asumió: “desregular”, “achicar el gasto” y dejar que el mercado resuelva lo que antes garantizaba el Estado. Según la resolución, como ahora las empresas tienen “libertad tarifaria” gracias al Decreto 883/2024, ya no corresponde que reciban subsidios compensatorios.
Detrás de ese lenguaje técnico se esconde una definición política brutal: el Gobierno deja de financiar un derecho social y traslada la carga económica a empresas privadas que históricamente ya buscaron limitar este tipo de prestaciones.
El problema es evidente. El derecho formal puede seguir escrito en la ley, pero sin financiamiento estatal su cumplimiento queda debilitado. No hace falta demasiada imaginación para prever el escenario que se viene: más dificultades para conseguir pasajes, cupos “agotados”, demoras administrativas interminables y judicialización permanente.
La medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer
En otras palabras, el derecho seguirá existiendo en los papeles mientras el acceso real se vuelve cada vez más difícil para quienes necesitan viajar por tratamientos médicos, controles de salud o rehabilitación.
La lógica de Milei: derechos mínimos y Estado ausente
La resolución es coherente con el modelo ideológico que Milei viene aplicando desde el inicio de su gestión. El Gobierno busca reducir toda intervención estatal incluso en áreas sensibles donde históricamente existió consenso social y protección jurídica reforzada.
Lo llamativo es que la medida impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y chicos con cáncer: sectores cuya protección está reconocida no sólo por leyes nacionales sino también por tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Sin embargo, el Gobierno elige mirar exclusivamente la variable fiscal. El texto oficial habla de “internalizar costos” y de “eficiencia económica”, como si el acceso al transporte para personas vulnerables fuera simplemente una distorsión presupuestaria y no una obligación básica de un Estado democrático.
La decisión también desnuda otra contradicción libertaria. Mientras Milei insiste en atacar supuestos “privilegios” sociales, el Estado sigue destinando enormes recursos a beneficios impositivos para grandes grupos económicos y al pago permanente de deuda financiera. El ajuste, otra vez, cae sobre quienes menos capacidad tienen de defenderse.
Un escenario de conflicto y posibles demandas judiciales
Especialistas en discapacidad ya advierten que la eliminación de las compensaciones podría derivar en una ola de conflictos judiciales. Si las empresas comienzan a restringir el acceso efectivo a los pasajes gratuitos, el Estado nacional podría enfrentar denuncias por incumplimiento de obligaciones legales y convencionales.
Porque el punto central es simple: no alcanza con decir que el derecho existe si al mismo tiempo se desmantelan los mecanismos que permiten ejercerlo.
La historia reciente argentina muestra que cada vez que el Estado se retira de políticas de protección social, quienes terminan pagando el costo son los sectores más vulnerables. Y esta resolución parece avanzar exactamente en esa dirección.
La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina informa a artesanos y emprendedores que quieran participar de la Feria ReEmprender del próximo domingo que tendrán tiempo hasta el viernes para inscribirse. Para ello, deberán acercarse a la Oficina de Turismo, ubicada en Florencio Sánchez 817. Esta nueva edición de la Feria se desarrollará…
Las Fuerzas Armadas atraviesan una situación crítica que combina la falta de cobertura por la crisis de la obra social, el ajuste salvaje que se oficializó con el último decreto del Gobierno para el Presupuesto, y los bajos salarios.
Este último ítem ha sido motivo de análisis tras un informe
interno
que revela que, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, los haberes del personal militar registraron una suba acumulada del 139,03%, muy por debajo del avance del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que alcanzó el 219,14% en el mismo período. Es decir, una caída del 80 por ciento.
El informe también muestra que el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 189,91%, mientras que vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles trepó un 417,41%, convirtiéndose en el componente de mayor presión sobre el poder adquisitivo de los uniformados.
Los datos reflejan una marcada pérdida del salario real del personal militar frente al costo de vida. Mientras en diciembre de 2023 los haberes partían de una base de 100 puntos -igual que el resto de los indicadores-, para marzo de 2026 alcanzaron 239,03 puntos. En contraste, el IPC llegó a 319,14 puntos; alimentos y bebidas no alcohólicas, a 289,91; y vivienda y servicios básicos, a 517,41 puntos.
El informe también muestra que el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 189,91%, mientras que vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles trepó un 417,41%, convirtiéndose en el componente de mayor presión sobre el poder adquisitivo de los uniformados
La mayor brecha se observa en el rubro de servicios esenciales. El costo de vivienda, agua, electricidad y gas más que quintuplicó su valor inicial, mientras que los ingresos militares apenas lograron duplicarse. Esta diferencia impacta de manera directa en la capacidad de sostener gastos fijos del hogar y en el acceso a bienes básicos. En alimentos, aunque la suba fue menor que en servicios, también superó ampliamente la recomposición salarial.
El exministro de Defensa Luis Petri
El índice pasó de 100 a 289,91 puntos, casi 51 puntos por encima de los haberes militares. Una fuente militar que sigue de cerca todo este proceso explicó a LPO que «este desfasaje profundiza el deterioro del poder adquisitivo y genera una situación de creciente vulnerabilidad económica en sectores de ingresos fijos, especialmente entre retirados y personal en actividad con menores escalas salariales».
Este desfasaje profundiza el deterioro del poder adquisitivo y genera una situación de creciente vulnerabilidad económica en sectores de ingresos fijos, especialmente entre retirados y personal en actividad con menores escalas salariales
«La comparación deja en evidencia que, pese a los incrementos otorgados en el período, la actualización de haberes no logró acompañar el ritmo de la inflación general ni el fuerte encarecimiento de los servicios básicos, consolidando una pérdida sostenida del ingreso real», agregó.
La situación salarial también aumenta el malestar con el ministro Carlos Presti que no pudo dar respuestas a las demandas de sus compañeros de armas desde que llegó al ministerio. Fuentes militares consultadas por LPO hablan de «desazón general» y afirman que «el 99 por ciento de las Fuerzas Armadas no tiene un concepto de Presti peor que el de Petri pero sí considera que no es la voz de las FFAA en el gobierno sino que es el gobierno de uniforme dando ordenes directamente».
La crisis salarial en las Fuerzas Armadas es un problema de arrastre. Durante el gobierno de Alberto Fernandez, con Sergio Massa en Economía y Jorge Taiana en Defensa, se empezó un plan de jerarquización de los haberes para que el personal militar cobre igual que las fuerzas de seguridad. Eso fue interrumpido tras la asunción de Javier Milei y la situación se agravó a punto tal que muchos militares activos tiene que buscar otro trabajo para sobrevivir.
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