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Weretilneck mete más de 4000 empleados en la planta permanente de la provincia
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció el envió de un proyecto de ley para el pase a planta permanente de 4.200 empleados públicos, tras un acuerdo con el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
El último pase masivo a planta había sido en el 2021. En el 2023, Weretilneck denunciaba que era un gasto para el Estado cuando Aguiar había hecho un acuerdo con la ex gobernadora Arabela Carreras, que luego fue descartado por el actual mandatario.
La polémica es más grande porque en las últimas semanas se conoció que el bloque legislativo del partido oficialista Juntos Somos Río Negro tiene asesores VIP donde figuran ex ministros nacionales y provinciales.
Todo muy lejos del discurso contra el empleo público y la casta política del gobierno libertario de Milei al que Weretilneck busca acercarse.
Los libertarios van por la gobernación de Río Negro y rechazan un acuerdo con Weretilneck
El anuncio de Weretilneck buscó mostrar una imagen de estabilidad en la administración provincial de cara a las próximas elecciones provinciales. La iniciativa será enviada a la Legislatura durante la primera semana de julio y, según el Ejecutivo, no implicará nuevas incorporaciones ni un incremento del gasto salarial.
La regularización alcanzará a trabajadores contratados hasta el 31 de diciembre de 2025 que continúen desempeñando tareas permanentes dentro del Estado. El Gobierno sostiene que se trata de un ordenamiento administrativo de personal que ya integra la estructura pública y que el proceso demandará entre seis y ocho meses para completar las evaluaciones de idoneidad, antecedentes y aptitud psicofísica previstas en el proyecto.
El anuncio llega bajo la sombra de investigaciones sobre contratos donde el oficialismo continúa enfrentando cuestionamientos derivados de investigaciones periodísticas sobre el funcionamiento de la Legislatura provincial, donde existen filtraciones que plantean presuntas irregularidades en contrataciones vinculadas al bloque oficialista de Juntos Somos Río Negro, encabezado por Facundo López, incluyendo la incorporación de familiares de funcionarios y dirigentes políticos, además de remuneraciones elevadas para algunos contratados.
Esas publicaciones también mencionaron casos de personas vinculadas al oficialismo que, según las investigaciones, integrarían la estructura legislativa sin que exista información pública detallada sobre las funciones que desempeñan. Entre los nombres citados aparecen dirigentes políticos, exfuncionarios y familiares de integrantes del Gobierno.
Hasta el momento, ni el Poder Ejecutivo ni la conducción de la Legislatura respondieron públicamente en detalle a esas publicaciones ni se pronunciaron sobre cada uno de los casos mencionados.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
El contexto alimentó las críticas de la oposición, que reclama mayor transparencia en las designaciones y un acceso más amplio a la información sobre la estructura de personal del Poder Legislativo. Desde el oficialismo, en tanto, evitan profundizar la discusión y sostienen que el funcionamiento administrativo de la Legislatura se ajusta a las normas vigentes.
Entre los contratados VIP figuran el radical Daniel «Fino» Sartor, quien fue ministro provincial y también nacional en el gobierno de Fernando de la Rúa en la cartera de Desarrollo Social, donde tuvo que renunciar por irregularidades. También entre los contratados por el bloque oficialista figuran hijos de funcionarios, como
Vera Lastra hija de la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
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También se encontraba hasta hace pocos meses Juan Accatino, ex ministro de Producción del gobierno radial de Miguel Saiz. Accatino, que figuraba como asesor de JSRN, hace unos días recibió un fuerte revés de la Corte Suprema que dejó firme una condena en su contra a 2 años y 6 meses en una causa por sobresueldos. También fueron condenados otros ex ministros como César Barbeito (Educación) -defendido por Mariano Cúneo Libarona- y Francisco González (Coordinación), que recibieron penas de 3 años y 6 meses.
El pase a planta también se anunció pocos días después de otro episodio que generó fuerte repercusión política. El gobierno de Weretilneck denunció un presunto hackeo y la filtración de documentación interna, entre ella información vinculada con legajos y recibos de sueldo de funcionarios provinciales. A partir de esa denuncia se inició una investigación judicial que derivó en procedimientos sobre equipos informáticos y abrió una nueva controversia pública.
El Ejecutivo sostuvo que la difusión de esa documentación formó parte de una maniobra destinada a instalar información sensible con fines políticos. La investigación continúa en la Justicia y el Gobierno insistió en que fue víctima de un acceso ilegítimo a sistemas oficiales, mientras distintos sectores opositores reclamaron precisiones sobre el alcance del caso y el manejo de la información pública.
En ese escenario, el anuncio del pase a planta permanente también puede leerse como un intento del oficialismo de recuperar la iniciativa política. Con el respaldo de ATE, un proyecto de fuerte impacto sobre el empleo público y una agenda orientada a la gestión, Weretilneck busca volver a colocar el foco sobre la administración provincial mientras procura dejar atrás una sucesión de controversias que, durante las últimas semanas, condicionaron el debate político en Río Negro.
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Los Neuss avanzan sobre la red eléctrica: una resolución oficial vuelve a exponer a los empresarios favorecidos por las privatizaciones de Milei
Una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial dejó plasmado en un documento del Estado el nombre de uno de los grupos empresarios que más creció al calor de las privatizaciones y desregulaciones impulsadas por Milei. La familia Neuss aparece vinculada a la operación para quedarse con el control de Transener, la principal transportadora de energía eléctrica de la Argentina.
Por Roque Pérez para NLI
Mientras el Gobierno insiste en que el mercado debe reemplazar al Estado en áreas estratégicas, una nueva resolución oficial volvió a poner bajo la lupa a uno de los grupos empresarios que más se expandieron desde la llegada de Milei a la Casa Rosada. Se trata de la familia Neuss, un poderoso conglomerado económico que ya consolidó posiciones en el negocio energético y ahora avanza sobre uno de los activos más sensibles del sistema eléctrico nacional.
La resolución difundida este lunes por el ente regulador del sector energético analiza la transferencia accionaria vinculada a CITELEC, la sociedad que controla Transener y Transba. Aunque el trámite tiene apariencia técnica, su importancia política es enorme: Transener administra la red troncal de alta tensión por donde circula gran parte de la electricidad que consumen hogares, industrias y comercios en todo el país.
El documento oficial identifica entre los interesados en la operación a Edison Transmisión, una firma perteneciente a Edison Holding. Dentro de esa estructura empresaria aparece Juan Jorge Neuss, integrante de una familia que en los últimos años multiplicó su presencia en sectores considerados estratégicos para la economía argentina.
Los nuevos ganadores del modelo libertario
La irrupción de los Neuss en el centro de los negocios energéticos no es un fenómeno aislado. Desde la asunción de Milei, distintos procesos de venta, concesión y reorganización de activos públicos fueron configurando un escenario en el que un reducido grupo de empresarios comenzó a concentrar posiciones de enorme relevancia económica.
La familia Neuss pasó de ser un actor importante dentro del mundo empresarial argentino a convertirse en protagonista de operaciones vinculadas con generación, distribución y transporte de energía. El avance sobre la estructura de control de Transener representa un nuevo salto en esa expansión.
Para la oposición, el proceso refleja una contradicción cada vez más evidente del discurso oficial. Mientras se habla de competencia y libre mercado, los activos estratégicos del Estado terminan concentrándose en manos de grupos con acceso privilegiado a los círculos de poder y capacidad financiera para participar de operaciones multimillonarias.
Una empresa clave para la soberanía energética
La importancia de Transener excede largamente cualquier análisis financiero. La compañía opera más de 15.000 kilómetros de líneas de alta tensión y constituye una pieza central del sistema eléctrico nacional. Cualquier modificación en su estructura de control tiene consecuencias directas sobre la planificación energética, las inversiones futuras y el funcionamiento de la red.
Por eso, la posibilidad de que el grupo de los Neuss termine consolidando una posición dominante en este segmento despierta interrogantes políticos que van mucho más allá de una simple compra empresaria.
La discusión también reabre un viejo debate argentino: si la infraestructura estratégica debe permanecer bajo control público o quedar sometida a la lógica de grupos privados cuyo objetivo principal es la rentabilidad.
El sello de una época
La resolución publicada hoy no adjudica formalmente la operación, pero sí constituye un paso fundamental dentro del procedimiento regulatorio necesario para concretarla. Y deja algo políticamente significativo: el propio Estado reconoce en documentos oficiales la participación de los Neuss en una de las principales disputas empresariales derivadas del proceso de privatización impulsado por Milei.
A medida que avanzan las ventas de activos públicos, los nombres de los potenciales beneficiarios comienzan a repetirse. En energía, infraestructura y servicios estratégicos aparecen cada vez con más frecuencia los mismos grupos económicos.
La pregunta que empieza a instalarse en distintos sectores políticos es si la Argentina está asistiendo a una verdadera apertura competitiva o a una nueva etapa de concentración económica donde un puñado de empresarios cercanos al poder termina quedándose con áreas decisivas del patrimonio nacional.
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