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Cinco mil millones bajo sospecha: la fundación de Agustín Laje que ahora debe rendir cuentas
La Fundación Faro, uno de los principales usinas ideológicas del mileísmo y conducida políticamente por Agustín Laje, quedó en el centro de una inesperada tormenta. La Inspección General de Justicia (IGJ) la intimó para que explique el origen de casi $5.000 millones recibidos durante 2024, identifique a sus aportantes y aclare una serie de inconsistencias contables que ponen bajo la lupa el financiamiento de la llamada “batalla cultural” libertaria.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La noticia cayó como una bomba en los círculos libertarios. La IGJ otorgó un plazo de diez días hábiles para que la Fundación Faro entregue información detallada sobre quienes realizaron los aportes que permitieron a la entidad declarar ingresos cercanos a los $4.957 millones durante 2024. Según la documentación observada por el organismo, los balances fueron presentados con retraso, sin identificar a los donantes y con diversos puntos que requieren aclaración.
No se trata de una organización cualquiera. Faro se convirtió en los últimos dos años en la principal plataforma de difusión ideológica del oficialismo, impulsando actividades, encuentros empresariales y campañas de comunicación alineadas con el proyecto político de Milei. La fundación tiene a Agustín Laje como figura emblemática y mantiene estrechos vínculos con sectores del gobierno nacional.
De una pequeña fundación a una maquinaria multimillonaria
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los organismos de control es la velocidad del crecimiento patrimonial. Hasta 2023 la entidad se llamaba Fundación Valorar y declaraba un patrimonio cercano a los $12 millones. Tras el cambio de autoridades y su transformación en Fundación Faro, el patrimonio informado superó los $4.300 millones y los ingresos rozaron los $5.000 millones.
Los números son impactantes incluso para los estándares de las organizaciones vinculadas a la política. La evolución representa un incremento patrimonial superior a las 350 veces en apenas un ejercicio contable. Esa expansión es precisamente uno de los elementos que motivaron el interés de la IGJ, que ahora exige conocer quiénes financiaron semejante crecimiento.
La intimación también apunta a préstamos sin explicación suficiente, libros contables sin actualizar y la ausencia de información que permita identificar con precisión el origen de los fondos declarados. Según trascendió, el organismo considera indispensable determinar quiénes realizaron las contribuciones más importantes y bajo qué modalidad se efectuaron.
Una interna libertaria que asoma detrás del expediente
La investigación administrativa también alimentó especulaciones sobre las tensiones internas que atraviesan al oficialismo. Distintos análisis periodísticos señalaron que la avanzada de la IGJ ocurre en medio de la creciente disputa entre los sectores alineados con Karina Milei y el espacio que responde políticamente a Santiago Caputo, uno de los dirigentes más influyentes del entorno presidencial.
La particularidad del caso es que Faro fue presentada desde su nacimiento como la herramienta destinada a sostener la denominada «batalla cultural» libertaria. El propio Milei participó de actos y actividades de la fundación, respaldando públicamente su papel dentro de la construcción política oficialista.
Ahora, sin embargo, la discusión ya no gira alrededor de las ideas sino del dinero. La pregunta que busca responder la IGJ es simple y al mismo tiempo explosiva: ¿quiénes aportaron los casi $5.000 millones que permitieron el despegue de la organización?
La respuesta podría convertirse en un problema político de magnitud para un gobierno que llegó al poder prometiendo transparencia y cuestionando los mecanismos de financiamiento que durante años criticó en otras fuerzas políticas. Mientras tanto, la Fundación Faro enfrenta el desafío de justificar el origen de recursos multimillonarios que hasta hoy permanecen envueltos en un manto de opacidad.
La inflación de mayo fue del 2,1% y se desaceleró por segundo mes
La inflación de mayo desaceleró al 2,1% y marcó el registro más bajo desde septiembre de 2025. El Gobierno leyó el dato como una confirmación de su estrategia económica. Pero detrás del promedio que publica el Indec, los rubros que pesan más en la vida cotidiana siguieron corriendo por arriba del índice general.
Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 2,5% en el mes. Según el Indec, el aumento estuvo explicado sobre todo por el salto de las verduras, con fuertes incrementos en distintas regiones del país. Es decir, la baja del índice general convivió con subas más fuertes en el gasto básico de las familias.
La Canasta Básica Alimentaria, que marca la línea de indigencia, aumentó 2,4%, también por encima del IPC. La Canasta Básica Total, que define el umbral de pobreza, avanzó 2%. Con esos valores, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.498.741 para no caer bajo la línea de pobreza.
El mayor aumento de mayo se registró en Comunicación, con una suba de 3,4%. Allí impactaron los ajustes en telefonía celular, internet y televisión por cable. Luego aparecieron Educación, con 2,9%; Salud, con 2,6%; y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, también con 2,6%.
En el AMBA, las boletas de electricidad y gas para los hogares sin subsidio aumentaron 5,6% y 5,1%, respectivamente. Esos ajustes forman parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional para avanzar en la desregulación energética.
En Salud, la suba respondió al incremento de las cuotas de medicina prepaga y a nuevas remarcaciones en medicamentos. En Vivienda, el golpe vino por los servicios públicos, con aumentos en electricidad, gas y agua.
Son rubros cada vez más relevantes dentro del presupuesto familiar. Además, tienen una particularidad: no se pueden recortar con facilidad. Una familia puede postergar una compra, pero no puede dejar de pagar la luz, el gas, el transporte, el alquiler, la prepaga o el colegio.
Por eso, más que mirar sólo el promedio de precios del Indec, la variable central para medir el impacto social del programa económico es el salario disponible. Es decir, cuánto dinero le queda efectivamente a un trabajador después de pagar los gastos fijos e inevitables.
Ese ingreso disponible acumuló una caída promedio del 12% durante la gestión de Javier Milei. A diferencia del salario real general, este indicador mide el ingreso neto que queda luego de cubrir tarifas de servicios públicos, alquileres, transporte, medicina prepaga y educación.
El deterioro se explica por varios factores. El primero es la quita de subsidios, que trasladó a los hogares una parte mayor del costo de la luz, el gas, el agua y el transporte. Esos aumentos neutralizaron buena parte de las recomposiciones salariales obtenidas en paritarias.
Otro factor es el peso creciente de la canasta de servicios. Los gastos de mantenimiento del hogar y los servicios esenciales ya absorben cerca de un cuarto de un sueldo promedio en Argentina.
La desaceleración de la inflación general, entonces, no alcanza para mejorar el ingreso disponible. Mientras el IPC muestra una baja, los precios regulados, las tarifas y los combustibles siguen avanzando por encima de los salarios corrientes. Ahí aparece la distancia entre el dato que celebra el Gobierno y la plata que queda en el bolsillo.
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