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Servicio de balsa

La Municipalidad de Villa Regina informa que a partir de mañana viernes 31 de diciembre y hasta el domingo 2 de enero no funcionará la balsa en la Isla 58.

El servicio se restablecerá el lunes 3 de enero en el horario habitual de 7 a 14 y de 17 a 20.

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  • La ley de zonas frías limpia el balance de las elécticas y podría dispararse la acción de Edenor y Edesur

     

    La votación sobre el régimen de Zona Fría incluyó un articulado que busca compensa las deudas que las compañías eléctricas arrastran con la mayorista Cammesa, desde la época en la que las tarifas estaban congeladas. El avance de este mecanismo podría disparar las cotizaciones de Edenor y Edesur, las dos eléctricas que cotizan en la Bolsa.

    La compensación es una idea de la secretaria de Energía, Martía Tettamanti, que entiende que los años de tarifas congeladas son un «activo regulatorio» de las distribuidoras que no tenían otra alternativa que dejar de pagarle a Cammesa, para no quebrar. «Las eléctricas no iba a pagar esa deuda y el Gobiero no se la iba a pagar, pero hacer esta compensación es importante porque le mejora el balance en los libros y ahora las compañías valen mucho más, si algún grupo las quiere comprar», explicó a LPO un directivo del sector.

    El corazón de la discusión está en el artículo 4 del proyecto 03/PE-2026 enviado por Javier Milei bajo el título «Autosuficiencia económico financiera del Mercado Eléctrico Mayorista». Detrás del lenguaje técnico, la iniciativa habilita al Estado a reconocerles a las distribuidoras eléctricas «ingresos no percibidos» durante los años de congelamiento tarifario entre 2002 y 2015.

    La idea es sencilla pero su implementación no tanto. La idea es que el Estado calculará cuánto dinero habrían dejado de ganar las empresas durante los años de tarifas pisadas y luego utilizaría ese monto para compensar las deudas que mantienen con Cammesa por compra de energía. Pero todavía no hay acuerdo sobre las cifras.

    El gobierno le quiere perdonar USD 1.842 millones de deuda con Cammesa a las eléctricas

    Según los balances de las propias compañías, Edenor mantiene una deuda con Cammesa de 395.698 millones de pesos al 31 de marzo de 2026. Pero la empresa reclama un «activo regulatorio» de 3,65 billones de pesos a valores de septiembre de 2024, presentado en la Revisión Quinquenal Tarifaria 2025. Es decir: el reclamo empresario supera más de diez veces la deuda que mantiene con Cammesa.

    Para el mercado esto es potencialmente enorme. Si el Estado reconoce aunque sea parte de esos activos regulatorios, Edenor y eventualmente Edesur mejoran fuertemente patrimonio y resultados. Eso después se traduce en valuación bursátil.

    Por eso, durante el tratamiento de la ley la oposición cuestionó que el articulado deja abierta una zona gris: qué ocurre con el excedente entre el «activo regulatorio» y la deuda con Cammesa. En efecto, el texto establece que el eventual crédito se utilizará «hasta el límite» de las obligaciones con Cammesa. Pero no aclara qué pasa con el saldo restante.

    Como sea, un operador del mercado que sigue de cerca a las energéticas explicó a LPO que la lectura en la City es muy clara: «Si el Gobierno termina validando la compensación, las distribuidoras podrían mostrar una mejora patrimonial muy importante en sus balances y esto debería empujar las acciones», afirmó.

    La secretaria de Energía, María Tettamanti.

    «Para el mercado esto es potencialmente enorme. Si el Estado reconoce aunque sea parte de esos activos regulatorios, Edenor y eventualmente Edesur mejoran fuertemente patrimonio y resultados», explicó.

    «El mercado interpreta que el Gobierno está dispuesto a ordenarles los balances a las distribuidoras y eso normalmente termina impactando en la cotización de las acciones», agregó.

    El proyecto también establece que las sumas resultantes quedarían exentas del Impuesto a las Ganancias para las distribuidoras y transportistas eléctricas de jurisdicción federal.

    Por eso, los críticos sostienen que el Gobierno está construyendo un privilegio fiscal y regulatorio para las distribuidoras, pero lo cierto es que en la City entienden que la combinación de reorganización tarifaria y compensación de deudas,  no sólo limpia el balance de las empresas, si no que además las deja en condiciones objetivas para que mejore de manera importante su cotización bursátil.

     

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    El modelo Milei profundiza la precarización: un informe de la UBA revela caída del empleo, derrumbe salarial y avance de la informalidad

     

    Se perdieron 300.000 empleos formales.

    Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

    La promesa libertaria de una supuesta “modernización” del mercado laboral empieza a mostrar sus verdaderos efectos sociales. Un informe elaborado por el área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires expuso un escenario alarmante: caída sostenida del empleo formal, destrucción del salario real y crecimiento de la informalidad laboral en toda la Argentina.

    El trabajo, coordinado por los investigadores Roxana Maurizio y Luis Beccaria, analiza datos oficiales del SIPA, la EPH y el INDEC y desarma uno de los principales relatos del gobierno libertario: que el “ajuste” generaría inversiones y empleo privado. Por el contrario, los números muestran un deterioro persistente del mercado laboral desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.

    Caída del empleo y salarios cada vez más bajos

    Según el informe, el empleo asalariado formal acumuló una pérdida cercana a los 300 mil puestos respecto de noviembre de 2023. El fenómeno afecta tanto al sector privado como al público y refleja una economía paralizada, con consumo deprimido y cierre constante de pequeñas y medianas empresas.

    Los datos muestran además que las remuneraciones continúan perdiendo frente a la inflación. El salario mínimo, vital y móvil sufrió un derrumbe histórico de poder adquisitivo durante la gestión libertaria. El propio informe sostiene que el deterioro ya ubica al salario mínimo por debajo de los niveles previos a la crisis de 2001.

    Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, el salario mínimo perdió cerca de un 38% de capacidad de compra. En paralelo, el salario promedio registrado también retrocedió en términos reales, especialmente en el sector público.

    El discurso oficial insiste en mostrar desaceleración inflacionaria como sinónimo de recuperación económica. Sin embargo, el informe de la UBA deja en evidencia que gran parte de esa desaceleración se explica por el desplome del consumo popular, producto directo de salarios pulverizados y destrucción del empleo.

    La Argentina de Milei: cuatro de cada diez trabajadores en la informalidad

    Otro de los puntos más graves del trabajo académico es el crecimiento de la informalidad laboral. El estudio determinó que el 43% de los trabajadores argentinos se desempeña en condiciones informales, es decir, sin cobertura previsional, derechos laborales ni protección social.

    Eso implica que más de cuatro de cada diez personas trabajan “en negro” en un contexto donde además aumentan la pobreza y la vulnerabilidad social. El informe remarca que el 32% de los trabajadores informales vive en hogares pobres.

    La situación golpea especialmente a los jóvenes. Entre quienes tienen entre 16 y 24 años, la informalidad alcanza niveles extremos: alrededor de siete de cada diez trabajadores jóvenes están fuera del sistema formal.

    Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, los investigadores advierten que el deterioro atraviesa a casi todas las provincias y ramas de actividad. Comercio, industria y servicios aparecen entre los sectores más afectados por la pérdida de puestos registrados.

    El fracaso del “derrame” libertario

    Mientras Milei insiste con una narrativa de recuperación macroeconómica, los indicadores laborales muestran otra realidad: menos empleo, peores salarios y mayor precarización. La lógica del ajuste permanente y la licuación de ingresos funcionan como mecanismo de transferencia de recursos hacia los sectores concentrados, pero destruyen el mercado interno y profundizan la desigualdad.

    El informe de la UBA también desmiente otra de las promesas libertarias: que la flexibilización laboral mejoraría el empleo. Hasta ahora, lo que se observa es exactamente lo contrario. La pérdida de derechos y el debilitamiento del salario no generaron crecimiento económico ni inversión productiva sostenida. Lo que sí avanzó fue la informalidad y la fragilidad social.

    En términos políticos, el deterioro del empleo empieza a convertirse en uno de los principales puntos débiles del gobierno. La caída del poder adquisitivo ya no afecta solamente a trabajadores informales o sectores vulnerables: también impacta sobre asalariados registrados y capas medias que durante 2024 y parte de 2025 acompañaron electoralmente a Milei esperando una mejora económica que nunca llegó.

     

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