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Kicillof anunció una inversión de USD 400 millones de Dreyfus para una mega planta en Bahía
Louis Dreyfus Company (LDC) invertirá USD 400 millones para levantar en Bahía Blanca una mega planta de molienda multisemillas con una capacidad de procesamiento de hasta 4.000 toneladas de semillas diarios, algo que, en el caso del girasol, la convertirá en una de las relevantes a escala mundial.
Por esa razón, autoridades de Dreyfus se reunieron con el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, para dar detalles de la obra que la multinacional cerealera tiene previsto comenzar en este mismo año.
La inversión tiene una fuerte gravitación en el mapa productivo bonaerense. Buenos Aires es, por lejos, la mayor productora de girasol y registró en los últimos años un crecimiento significativo, pasando 990 mil hectáreas sembradas hace cinco años, a 1.270.000 en la presente campaña, una expansión del 28%.
La planta de molienda procesará girasol, soja, colza y camelina y se desarrollará dentro del complejo industrial que la empresa posee en el puerto de Bahía Blanca
En Dreyfus destacaron que se trata de una de las mayores inversiones de la compañía en el sector agroindustrial argentino durante la última década, así como su primer desarrollo construido íntegramente desde cero en ese período.
La planta de molienda procesará girasol, soja, colza y camelina y se desarrollará dentro del complejo industrial que la empresa posee en el puerto de Bahía Blanca, integrando la infraestructura existente de almacenamiento y logística con el puerto.
Kicillof con autoridades de Dreyfus.
Para esta mega planta se prevé incorporar equipamiento de última generación para el procesamiento eficiente de oleaginosas, con infraestructura energética térmica basada en biomasa renovable proveniente de cáscaras de girasol, contribuyendo a optimizar el uso de energía y reducir las emisiones de carbono.
Según detallaron en la Provincia, durante la reunión se puso de relieve la importancia de la logística de cargas, el sistema portuario y la red vial como herramienta para potenciar la competitividad del aparato productivo bonaerense.}
En Bahía Blanca prevén que, durante la etapa de construcción, la obra generará más de 1.000 puestos de trabajo, en tanto que, una vez operativa, dará más de 70 empleos permanentes.
En esa línea, se destacó la necesidad de fortalecer la infraestructura que permite reducir costos y mejorar la inserción internacional de la producción provincial. Ahí, se abordaron diversas alternativas y proyectos.
Además se analizaron las oportunidades que ofrecen otras oleaginosas con alto contenido de aceite, particularmente la camelina y la carinata, materias primas destinadas a la producción de biocombustibles avanzados. Al respecto, la planta industrial sería no solo una oportunidad para la expansión del girasol, sino también de estos otros cultivos.
En Bahía Blanca destacaron la inversión también desde el punto de vista de la creación de empleo. En la comuna prevén que, durante la etapa de construcción, la obra generará más de 1.000 puestos de trabajo, en tanto que, una vez operativa, dará más de 70 empleos permanentes.
La Corte confirmó el decomiso de los bienes de Cristina y el kirchnerismo dice que es una «venganza»
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dejaron firme este jueves el cálculo de $685.000 millones para la ejecución del decomiso de los bienes de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados en la causa Vialidad.
El proceso incluye más de 100 inmuebles sujetos a embargo y subasta. Aunque todavía no se precisaron con exactitud cuáles serían esas propiedades, se calcula que alrededor de 20 pertenecerían a Máximo y Florencia Kirchner, incluyendo el Hotel Los Sauces.
Sin embargo, dirigentes del kirchnerismo cuestionaron el fallo de la Corte Suprema. «Es una vergüenza: por un lado la Justicia la sobreseyó en dos instancias por enriquecimiento por el tema de la DDJJ y, por otro, la misma Justicia la decomisa», dijo una legisladora cercana a Cristina.
En ese sentido, desde el entorno de la ex presidenta explicaron a LPO que «el decomiso debe probar que la cosa es producto del delito pero acá no hay prueba y además fue sobreseída por el tema bienes». En el kirchnerismo hablan de una «venganza» de la Corte a la que buscaron hacerle juicio político durante el gobierno de Alberto Fernández.
Fuentes judiciales dijeron a LPO que tanto Cristina como su hijo, el diputado Máximo Kirchner, intentaron sin éxito que la Corte Suprema no rechazara el recurso presentado por los abogados Carlos Beraldi y Ari Llernovoy, basándose en el artículo 280 del Código Procesal, la misma jugada a la que apelaron los supremos cuando dejaron firme su condena a prisión.
El kirchnerismo denuncia que Cristina tiene condiciones de detención más duras que genocidas
Allegados a la ex presidenta dijeron a LPO que «en la primera causa donde se analizó el patrimonio de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner se investigaron las declaraciones juradas del matrimonio entre 1994 y 2003 pero el juez federal Julián Ercolini sobreseyó al entonces presidente y a su esposa y el fiscal Eduardo Taiano no apeló la sentencia».
«La segunda oportunidad estuvo a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, la denuncia la realizó el presidente de la Asociación Anticorrupción, Ricardo Monner Sans, a raíz de investigaciones periodísticas que señalaban irregularidades en las declaraciones juradas de los Kirchner entre 2005 y 2007 pero, en 2008, el magistrado desestimó la denuncia por inexistencia de delito», agregaron.
Rosenkrantz, Rosatti y Lorenzetti.
Luego de eso, el fiscal Manuel Garrido apeló la resolución de Canicoba Corral por considerarlo un acto «infundado y prematuro» y porque halló «inconsistencias e incongruencias» en las presentaciones. «La Cámara declaró mal concedido el recurso de apelación, la causa dejó de mostrar avances y casi cuatro años más tarde, después de la muerte del ex presidente Kirchner, Canicoba Corral sobreseyó a Cristina, que ya había iniciado su segundo mandato», recordaron.
El Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2, presidido por Rodrigo Giménez Uriburu, había estipulado el decomiso por perjuicio al Estado en $84.835 millones pero habilitó la posibilidad de que el monto fuese ajustado cuando la sentencia quedara firme.
Para calcular la suma de dinero, intervinieron peritos de la Corte, las defensas y el Ministerio Público. La cifra final es resultado de la actualización por el IPC del Indec, entre noviembre de 2022 y mayo de 2025. Los abogados de Cristina trataron de desactivar esta resolución y rechazaron esa metodología pero no pudieron torcer la voluntad de la Corte.
El decomiso incluye más de 100 inmuebles sujetos a embargo y subasta. Se calcula que alrededor de 20 pertenecerían a Máximo y Florencia Kirchner, incluyendo el Hotel Los Sauces.
El fallo fue suscripto por los tres magistrados pero Rosatti y Rosenkrantz hicieron suyos los argumentos del voto de Lorenzetti. «El recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)», dice en los considerandos del pronunciamiento, y agrega: «se desestima la presentación directa».
El rafaelino incluyó en su voto una cita a una resolución tomada por él mismo, Rosatti y los ex jueces Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, en un fallo anterior. «Cabe poner de relieve -a fin de evitar interpretaciones erróneas acerca del alcance de los fallos de la Corte Suprema- que la desestimación de un recurso extraordinario mediante la aplicación de dicha norma no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida», argumentó.
Es una vergüenza: por un lado la Justicia la sobreseyó en dos instancias por enriquecimiento por el tema de las DDJJ y, por otro, la misma Justicia la decomisa.
Un camarista deslizó ante LPO que ahora se abre un período indeterminado para la concreción del decomiso de bienes, que supone el pasaje hacia «la ejecución integral» contra Cristina. La imposibilidad de fijar un plazo con precisión también se debe, según la fuente, a la intervención de la UIF en tanto la investigación buscó determinar la existencia de lavado.
Acaso por decoro, dirigentes del kirchnerismo no precisaban al cierre de esta nota cuáles eran los bienes que la Justicia le decomisaba a Cristina.
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