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La Corte Suprema de Brasil condenó a Eduardo Bolsonaro a cuatro años y dos meses por el delito de coacción en el curso del proceso, en una causa vinculada a las gestiones realizadas en Estados Unidos para presionar a las autoridades brasileñas que juzgaban a su padre, Jair Bolsonaro.

Durante la sesión de la Primera Sala del STF, Alexander de Moraes fue uno de los jueces que sostuvo que existían pruebas suficientes para concluir que Eduardo Bolsonaro «actuó con el objetivo de influir en el desarrollo de los procesos judiciales relacionados con la denominada «trama golpista». 

Según el magistrado, el propio exdiputado reconoció que se instaló en Estados Unidos para buscar apoyo político y promover sanciones contra jueces, fiscales y autoridades brasileñas involucradas en las investigaciones. 

En su voto, Moraes afirmó que las amenazas denunciadas terminaron materializándose mediante sanciones internacionales dirigidas contra miembros del STF, la Procuraduría General de la República y el propio Estado brasileño. También exhibió videos y declaraciones públicas en las que Eduardo Bolsonaro describía sus gestiones en Washington para impulsar medidas de presión contra Brasil. 

Lula logró defender a Pix de los ataques de Trump y la billetera es un ejemplo de soberanía monetaria

Antes de analizar el fondo del caso, el magistrado rechazó los pedidos de nulidad presentados por la Defensoría Pública de la Unión. La defensa había argumentado que Moraes debía apartarse del expediente por ser una de las supuestas víctimas de las acciones investigadas y cuestionó además la forma en que se notificó al acusado mientras residía en Estados Unidos. 

Moraes afirmó que las amenazas denunciadas terminaron materializándose mediante sanciones internacionales dirigidas contra miembros del STF, la Procuraduría General de la República y el propio Estado brasileño. También exhibió videos y declaraciones públicas en las que Eduardo Bolsonaro describía sus gestiones en Washington para impulsar medidas de presión contra Brasil.

Por su parte, el defensor público Esdras dos Santos Carvalho sostuvo que Eduardo Bolsonaro únicamente realizó actividades de «interlocución política» con autoridades estadounidenses y que no tenía capacidad de decisión sobre la política exterior de Washington. Asimismo, argumentó que el delito de coacción exige violencia o amenazas graves, elementos que -según la defensa- no están presentes en el caso. 

Alexander de Morales y Carmen Lucia. 

La decisión aún no está firme. Tras el voto de Moraes, los demás integrantes de la Primera Sala -Cristiano Zanin, Cármen Lúcia y Flávio Dino- deberán emitir sus posiciones para definir si el exdiputado es condenado. El delito investigado contempla penas de entre uno y cuatro años de prisión. 

Eduardo Bolsonaro se instaló en Washington en la previa de los aranceles impuestos por Donald Trump a la economía brasileña en agosto del año pasado. Desde entonces, se encargó de hacer lobby para que Trump profundice la ofensiva contra Lula pero se encontró con una buena relación entre ambos mandatarios que alivió la situación. 

Ahora, fue uno de los cerebros de la estrategia que hizo celebrar a Flavio Bolsonaro los nuevos aranceles que generó una crisis de imagen en las encuestas e hizo caer a su hermano y candidato a presidente cerca de 7 puntos. Inclusive, Eduardo sugirió que Brasil tiene que abandonar el sistema de transferencia bancaria estatal para adoptar el de Estados Unidos, tal como lo reclama Washington. 

 La Justicia rechazó la medida cautelar presentada por el bloque que lidera Juan Monteverde y dejó sin efecto la suspensión del Parque Acuático en la Costanera de Rosario, una obra que generó fuerte polémica en la ciudad. El intendente quedó habilitado para retomar el proyecto mientras continúa la discusión judicial sobre la legalidad del proyecto.

A principios de junio, a través de una medida cautelar, Ciudad Futura consiguió que se frene la ejecución de la obra mientras se definía qué juzgado debía intervenir en la causa. Ahora, el juez concluyó que no están reunidos los requisitos para mantener paralizado el proyecto.

En la resolución sostuvo que las presuntas irregularidades denunciadas por la oposición requieren un análisis profundo y no presentan, al menos en esta etapa del proceso, la evidencia suficiente para justificar la suspensión de la obra.

Juan Monteverde, líder de Ciudad Futura

Entre los cuestionamientos planteados por Monteverde subrayó la falta de intervención del Concejo Municipal para aprobar el emprendimiento que requería por un presunto cambio de uso del espacio público en la Plaza Antonio Berni y la eventual violación de normas urbanísticas.

Por su parte, el municipio sostuvo que se trata de una obra de recuperación integral de la Costanera Norte que incluye saneamiento, mejora de accesos y recuperación de espacios públicos, sin modificar el destino del predio.

En ese sentido, el magistrado admitió una controversia válida en la interpretación de distintas ordenanzas municipales, pero delega esa discusión a la instancia judicial definitiva y considera que la situación no puede detener preventivamente una obra pública que es una facultad del Ejecutivo muncipal.

Por lo tanto, la resolución no pone fin al conflicto. Monteverde cuestionó con dureza el fallo y anticipó que apelará la decisión: «En una medida insólita por lo arbitraria, sin argumentos ni fundamentos, el nuevo juez de la causa del parque acuático dejó sin efecto la cautelar que frenaba la obra», sostuvo el concejal en su cuenta de X.

El dirigente de Ciudad Futura señaló además que el propio magistrado reconoce en la resolución que «el tema es complejo y debe analizarse», pero aun así resolvió levantar la suspensión de la obra. «Vamos a apelar la resolución. Alguno de los poderes de la democracia tiene que escuchar a la gente», afirmó.

El que le salió a contestar fue el secretario de Gobierno de Javkin, Sebastián Chale: «Si la Justicia falla a favor es un avance de la democracia. Si falla en contra es arbitraria y no tiene fundamentos. Creen tener una superioridad moral para determinar lo justo y lo legítimo. Creen en la Justicia a lo Chávez o Maduro, para darles la razón porque ellos son la «real representación del Pueblo». Totalitarismo «de izquierda»», comentó el dirigente alfonsinista.