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Señaladores con obras de artistas plásticos reginenses

En el marco del Día del Libro, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina editó una serie de señaladores para obsequiar con obras de artistas plásticos reginenses que se encuentran disponibles en la sede de la Dirección y también en las bibliotecas barriales.

Los artistas que prestaron sus obras para realizar la producción fueron: Mariana Ormeño Belzagui, Natalia Nedbala, Marta Basabe, Karina Markic, Yanina Tinti, Mónica Camporrotondo, Daiana Faath, Pelusa Miño, Samanta Otta Vidal, Carlota Vivas, Valeria Lezaeta, Mariú Rayó, María Cristina Bay, Valeria Fasciglione y Martín Ydiart.

Se trata de una actividad de las bibliotecas de los barrios Villa Alberdi, Progreso, San Martín, Matadero, El Sauce, Malvinas, ‘Crecer Juntos’ y ‘Ricardo Rojas’.

“El resultado ha sido muy bello, con hermosas obras de nuestros artistas que siempre están dispuestos a colaborar y esto abre el camino para editar futuros materiales”, comentó la Directora de Cultura Silvia Alvarado.

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    Por Roque Pérez para NLI

    Mientras se presenta como periodista “crítico” del poder, Luis Majul volvió a quedar en el centro de la polémica por el cobro de cuantiosas sumas de dinero provenientes, en esta ocasión, de la pauta oficial del gobierno de Córdoba. Una investigación periodística reveló los montos millonarios que recibió su productora durante años y expuso una relación incómoda entre medios, negocios y poder político.

    La trama quedó al descubierto a partir de una investigación de Data 24, que reconstruyó el flujo de fondos públicos que terminaron en manos de La Cornisa Producciones S.A., la empresa ligada a Luis Majul, a través de contratos de pauta oficial con la provincia de Córdoba. Los datos surgen de registros oficiales y muestran que el vínculo económico con el Estado provincial se sostuvo tanto durante la gestión de Juan Schiaretti como en la actual administración de Martín Llaryora.

    Según la investigación, entre 2020 y 2023 la productora de Majul facturó decenas de millones de pesos bajo el concepto de “publicidad y difusión de actos de gobierno”. Al actualizar esas cifras por inflación, el volumen real del dinero recibido resulta todavía más impactante: más de 60 millones de pesos en los primeros años, cerca de 59 millones en 2022 y más de 100 millones de pesos ajustados en 2023, un año atravesado por la campaña electoral.

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    Uno de los datos que más llama la atención es que, tras no percibir fondos durante 2024, en 2025 la pauta volvió a fluir: el gobierno de Llaryora habría destinado 12 millones de pesos adicionales a la empresa de Majul. La secuencia refuerza la sospecha de que la pauta oficial funciona como herramienta de disciplinamiento, premio o negociación política, incluso con periodistas que en pantalla construyen un discurso de confrontación permanente.

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    La investigación también pone el foco en una decisión política concreta del oficialismo cordobés: la pauta oficial no se ajusta, incluso en contextos de recortes, crisis económica y deterioro social. Mientras se habla de austeridad, el presupuesto destinado a propaganda estatal se mantiene firme y beneficia a grandes actores mediáticos, muchos de ellos con llegada nacional.

    Este esquema no sólo distorsiona el sistema informativo, sino que erosiona la credibilidad del periodismo y refuerza la idea de que parte del discurso mediático está condicionado por intereses económicos antes que por convicciones editoriales reales.

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    El caso Majul vuelve a poner sobre la mesa un debate de fondo: ¿qué independencia puede tener un periodista que cobra millones del Estado al que dice cuestionar? La investigación no sólo aporta cifras, sino que desnuda una práctica estructural donde la pauta oficial opera como moneda de cambio y donde la supuesta neutralidad periodística queda seriamente en entredicho.

    En tiempos donde Milei agita el ajuste brutal y la demonización del Estado, estos vínculos entre gobiernos provinciales y comunicadores “opositores” muestran que el problema no es el Estado en sí, sino quién se queda con sus recursos y para qué.

     

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    El primer problema es el precio. El Estado quiere vender su participación por unos USD 200 millones. Eso implica valorar la acción en torno a los $3.000. Pero el balance de la compañía muestra un valor cercano a los $4.800 por acción. La diferencia es grande. Demasiado grande. Un 60% superior. 

     Transener no es una empresa más. Opera más de 12.000 kilómetros de líneas de alta tensión. Transporta cerca del 85% de la electricidad del país. Es el sistema nervioso del sector energético. Quien la controla, ordena el flujo eléctrico nacional. 

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    El Estado quiere vender su participación por unos USD 200 millones. Eso implica valorar la acción en torno a los $3.000. Pero el balance de la compañía muestra un valor cercano a los $4.800 por acción. La movida del gobierno afecto el valor del paquete que queda en manos de Mindlin.

    Antes del anuncio, el Gobierno cerró un acuerdo con Mindlin. No es un contrato de compra. Es un acuerdo de conducta. Pampa se comprometió voluntariamente a no bloquear la privatización. Renunció a usar su poder societario para frenar, judicializar o demorar la venta. Ese aval era clave. Sin él, la operación podía trabarse en conflictos societarios interminables. Con el acuerdo, el Gobierno despejó el camino. 

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