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Señaladores con obras de artistas plásticos reginenses

En el marco del Día del Libro, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina editó una serie de señaladores para obsequiar con obras de artistas plásticos reginenses que se encuentran disponibles en la sede de la Dirección y también en las bibliotecas barriales.

Los artistas que prestaron sus obras para realizar la producción fueron: Mariana Ormeño Belzagui, Natalia Nedbala, Marta Basabe, Karina Markic, Yanina Tinti, Mónica Camporrotondo, Daiana Faath, Pelusa Miño, Samanta Otta Vidal, Carlota Vivas, Valeria Lezaeta, Mariú Rayó, María Cristina Bay, Valeria Fasciglione y Martín Ydiart.

Se trata de una actividad de las bibliotecas de los barrios Villa Alberdi, Progreso, San Martín, Matadero, El Sauce, Malvinas, ‘Crecer Juntos’ y ‘Ricardo Rojas’.

“El resultado ha sido muy bello, con hermosas obras de nuestros artistas que siempre están dispuestos a colaborar y esto abre el camino para editar futuros materiales”, comentó la Directora de Cultura Silvia Alvarado.

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  • Ritondo presentó el amparo contra la designación de auditores que acordaron Máximo y Menem

     

    Cristian Ritondo presentó el amparo para impugnar el nombramiento de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti en la Auditoría General de la Nación (AGN), por haberse realizado por fuera del temario previsto para la sesión extraordinaria convocada por el gobierno. Tal como informó LPO, los macristas se retiraron furiosos del recinto antes que se concretara la votación y, desde ese momento, adelantaron que continuarían con su planteo en el Poder Judicial

    El jefe del bloque PRO pidió que se declare «la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución», que se votó en la madrugada del jueves después que se le diera media sanción al proyecto de presupuesto. LPO publicó que la designación de los auditores se produjo por un acuerdo parlamentario entre Máximo Kirchner, Martín Menem y los gobernadores del norte, desplazando al macrismo y su voluntad de colocar en el colegio de la AGN al ex ministro de Trabajo Jorge Triaca.

    Según el escrito presentado por el diputado, «a las 02:55 am del día 18 de diciembre, cuando todavía restaba el tratamiento del expediente 0011-PE-2025 correspondiente al Proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria (Orden del Día 2), en un horario de baja visibilidad pública y, a espaldas del debate público, tomó la palabra el Diputado Nacional Gabriel Bornoroni, Presidente del Bloque La Libertad Avanza, quien sorpresivamente formuló una moción, SIN ESPECIFICAR QUÉ MOCIÓN IBA A REALIZAR, SIN PEDIR APARTAMIENTO DE REGLAMENTO, para que la Cámara procediera a la designación de los Auditores Generales de la Nación».

    Escándalo en Diputados: Menem acordó con el kirchnerismo los lugares en la AGN y detonó la relación con el PRO

    Ritondo se opuso en ese instante a la designación que estaba a punto de producirse, apelando a la letra del artículo 63 y el inciso 9 del 99 de la Constitución Nacional. Su argumento fue que la Cámara había sido expresamente convocada por el Poder Ejecutivo para tratar un temario determinado.

    Por eso, solicita la suspensión de las designaciones realizadas en la escandalosa sesión del miércoles pasado. Fuentes del PRO comentaron a LPO que el lunes se realizaría el sorteo de la causa para saber en qué juzgado recaería, acaso un posible dolor de cabeza para el gobierno. Hasta el viernes, el oficialismo no creía que Ritondo tuviera la determinación de presentar su objeción en sede judicial.

    Martín Menem, en recinto.

    Además, en la presentación expresó: «Enfaticé que la Auditoría General de la Nación es un órgano extrapoder de rango constitucional, establecido en el artículo 85 de la Constitución Nacional, con autonomía funcional y de asistencia técnica del Congreso, y que la designación de sus autoridades no constituye ni un acto administrativo interno, ni una cuestión de privilegio parlamentario». «Agregué que durante las sesiones extraordinarias el Congreso carece de facultades para incorporar temas por su propia iniciativa, siendo el temario una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional que se establece en el Decreto de la convocatoria», sostuvo.

    La AGN es un órgano extrapoder de rango constitucional, con autonomía funcional y de asistencia técnica del Congreso, y la designación de sus autoridades no constituye ni un acto administrativo interno, ni una cuestión de privilegio parlamentario.

    Ritondo considera que «avanzar en la designación de autoridades de la AGN fuera de ese marco no fortalece el sistema de control, sino que lo debilita, al violentar las reglas constitucionales que lo sustentan». «La gravedad institucional del hecho se profundiza al advertir que la moción- voy a seguir hasta el cansancio, no sabemos qué moción- fueintroducida de manera sorpresiva, sin haber sido tratada en la reunión de Labor Parlamentaria, sin dictamen previo, sin debate alguno y completamente al margen del temario de sesiones extraordinarias», remarcó.

    Por otra parte, el diputado macrista acusa a los flamantes auditores de haber prestado juramento «procurando completar de facto un procedimiento cuya irregularidad fue objetada por legisladores, analistas y organizaciones especializadas en control institucional».

     

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  • La oposición exige a Menem y Villarruel que conformen la bicameral de Inteligencia por la reforma de la Side

     

    La oposición inició contactos en el Congreso con el objetivo de lograr el número para voltear el DNU que reconfigura la SIDE, publicado bajo el número 941/25. El primer paso fue reclamarles a Victoria Villarruel y Martín Menem que conformen la Bicameral de Inteligencia y la de Trámite Legislativo, que es la que rechaza o valida los decretos dentro de los 10 días hábiles desde su publicación en Boletín Oficial.

    Un diputado del interbloque de Provincias Unidas le dijo a LPO que la apuesta es llevar la discusión al recinto, en una sesión. «Tenemos el número», aseguró.

    En efecto, las bancadas de Miguel Pichetto, la Coalición Cívica y PU emitieron un comunicado de rechazo y plantearon que «no existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso, menos aún cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU».

    La Bicameral de Inteligencia se compone de 14 miembros, siete por cada cámara, mientras que la de Trámite Legislativo admite nueve en total, cinco por el Senado y cuatro por Diputados.

    Macri manda al PRO a voltearle el DNU de fondos reservados a Santiago Caputo

    El recambio parlamentario obliga a las autoridades del Congreso a nombrar a los nuevos integrantes, respetando la proporcionalidad de los bloques.

    En la Cámara Alta, el líder de la bancada peronista, José Mayans, impugnó el criterio definido por Patricia Bullrich con el concurso de los presidentes de los bloques antikirchneristas, por asignarle a Fuerza Patria menos lugares de los que les corresponderían en la comisión de Trabajo y la de Presupuesto y Hacienda. De hecho, el formoseño dejó vacantes las sillas de su espacio, como el paso previo a la judicialización contra lo actuado si se llegara a sancionar la reforma laboral que el gobierno debió postergar hasta febrero.

    Oscar Zago.

    En Diputados, por otro lado, la discusión por la integración encuentra al peronismo en otra posición. Aún cuando en la bancada de Germán Martínez se quejan que Menem «cambia el criterio o no tiene criterio para conformar las comisiones», La Libertad Avanza cuenta con un bloque de 95 diputados y Fuerza Patria con uno de 93. Los dos interbloques que le siguen en cantidad de miembros acreditan 22 cada uno y, si se calcula por sistema D’Hont, sería difícil que puedan colar algún representante en las bicamerales.

    De hecho, un legislador comentó a LPO que Unidos está tratando de juntarse en interbloque con algún otro espacio «para poder dontear (en referencia al D’Hont) y meter uno en la de Inteligencia y otro en la Bicameral de DNU».

    El problema sería que casi no quedan bloques donde pescar más integrantes. «Insistimos con (Marcela) Pagano hasta último momento para sumar a los cuatro de Coherencia pero no hubo caso», admitieron en Provincias Unidas.

    No existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso, menos aún cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU.

    Por lo demás, la Bicameral de Inteligencia no dictamina sino que elabora informes y, por definición, son secretos. Ese detalle hace que la oposición tenga la mira puesta en la Bicameral de DNU, que el año pasado terminó siendo presidida por Oscar Zago tras el episodio de las trompadas con Lisandro Almirón en plena sesión. Premiado con ese cargo, Zago salvó el decreto de Milei y Toto Caputo para el acuerdo con el FMI una semana después de las piñas.

    Si la composición de esa bicameral mantuviera cuatro lugares para la Cámara Baja, la lógica indicaría que se repartieran dos sillas para los libertarios y dos para los peronistas. Las cinco que quedarían en representación del Senado podrían distribuirse entre los bloques de Mayans, Bullrich y el radical Eduardo Vischi, que lidera la tercera minoría.

    Otra derrota de Santiago Caputo: Con la ayuda de Macri, la oposición rechazó el DNU de los fondos para la SIDE

    Sin embargo, la oposición recuerda el antecedente del decreto con el aumento de los fondos de la SIDE que el Congreso volteó en 2024. En aquella ocasión, Mauricio Macri fue determinante: horas antes de la sesión en Diputados, convocó a un zoom con los gobernadores de Juntos y los referentes parlamentarios para ordenar el voto en contra del DNU. Hasta Diego Santilli se agarraba la cabeza en los pasillos del Congreso, diciendo que ya había salido por las radios a decir que estaba a favor la misma mañana que Macri mandaba a hacer lo contrario.

    Esta vez, el bloque PRO difundió un comunicado de tibio respaldo al DNU 941/25. «Conformamos un equipo especializado que se encuentra analizando el decreto», dice en su primera oración, y agrega: «consideramos que la temática abordada es central para la seguridad y la defensa del país, por lo que nuestra postura inicial es actuar con responsabilidad institucional: ser prudentes y aguardar el dictado de los protocolos de aplicación y normativa complementaria, antes de fijar una posición definitiva».

    Es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos, tanto para las tareas de contrainteligencia como para las facultades vinculadas a la aprehensión de personas, subrayando que esta última es de carácter restrictivo y excepcional.

    Pese a que el texto afirma que «los cambios introducidos podrían resultar positivos», señala que «es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos, tanto para las tareas de contrainteligencia como para las facultades vinculadas a la aprehensión de personas, subrayando que esta última es de carácter restrictivo y excepcional, dado que el agente de inteligencia no puede revelar su identidad ni darse a conocer durante el ejercicio de su función».

    El rechazo al decreto motivó, incluso, que la cordobesa Alejandra Vigo tuiteara. «Un tema tan relevante como es la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional debe ser discutido en el Congreso de la Nación», expresó.

    Entre los peronistas, salieron al cruce del gobierno los diputados Agustín Rossi, ex titular de la AFI, y Jorge Taiana, ex ministro de Defensa, lo criticaron con dureza. El santafecino consideró que el DNU transforma a los agentes de la SIDE en una «policía secreta» y alertó que otorga «carácter encubierto» a todas las actividades del organismo, mientras que Taiana advirtió que «se autonomiza la inteligencia del control civil por parte del Ministerio de Defensa».

     

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