Esta semana continúa la segunda etapa del plan de bacheo que la Municipalidad de Villa Regina puso en marcha la semana pasada.
Este martes 21 el personal de la Dirección de Obras Públicas trabajará en los siguientes sectores: Lisandro de la Torre entre San Lorenzo y Avenida Mitre (para finalizar la tarea iniciada días atrás), San Lorenzo y Alberdi hasta San Lorenzo y Mosconi, Arrayanes entre Avenida Cipolletti y 20 de Junio, Araucanos entre Juan XXIII y Pietrini y Onas entre Juan XXIII y Puelches.
Como se indicó, las tareas se llevan adelante con material asfáltico.
A pesar de la conmoción que generó en Bahía Blanca el veto de Javier Milei a la ley de emergencia que habilitaba 200 mil millones para reconstruir la ciudad y la región, Federico Susbielles extremó su moderación para con el libertario y evitó criticarlo.
“No me voy a apurar a hacer declaraciones sin tener certezas del caso, sin hablar con el Presidente”, dijo el intendente sobre el decreto de Milei que consideró “innecesario” el auxilio financiero tras la devastadora inundación del 7 de marzo que causó 16 víctimas fatales y produjo daños por alrededor de 500 mil millones.
Susbielles dijo que, durante el transcurso de este martes, intentaría comunicarse “directamente” con Milei. Pero, al momento, no se conocieron novedades desde la comuna, donde predomina el hermetismo y evitaron responder a las consultas de LPO.
En Bahía hay quienes analizan esta actitud de Susbielles como parte de una estrategia de no agresión del intendente con el fin de que no se caigan otros recursos que Milei prometió para reconstruir la ciudad y que aún no llegaron.
“Hay fondos comprometidos para infraestructura y no vino un centavo. Federico está tratando de rescatar esa guita, que la necesita porque, sino, va a ser muy complicado reconstruir la infraestructura hídrica y los puentes”, dijo a LPO un dirigente peronista local.
No me voy a apurar a hacer declaraciones sin tener certezas del caso, sin hablar con el Presidente
Tanto el Gobierno como los libertarios locales defendieron el veto al argumentar que Milei habilitó un desembolso por 200 mil millones para subsidios directos a los damnificados algo que, aún, no se entregó en su totalidad y hay cerca de 4.000 casos a la espera de una respuesta.
Mientras tanto, los comerciantes afectados tampoco recibieron ayuda de Nación, tal como había prometido Patricia Bullrich en sus visitas. Y el letargo en materia de infraestructura se evidencia en casos como la Ruta Nacional 35, donde Vialidad aún no habilitó algunos tramos.
Dentro del peronismo bahiense hay quienes hacen una lectura electoral de la moderación con Milei por parte de Susbielles que, además de reunirse con el Presidente en Olivos semanas atrás, ha recibido elogios recientes de Lilia Lemoine.
Me parece poco saludable la postura híbrida del jefe comunal hacia el Presidente. Lo mínimo que esperaba era un posicionamiento más firme
“El PRO y LLA juntos tienen un núcleo de votantes bastante amplio, hay que tratar de rescatar lo más posible de esos votantes con la idea de que, más allá de con quién haya que hablar, se pone por delante la ciudad”, dijo a LPO una voz con llegada al intendente.
Hay quienes aseguran que, si Milei no concreta los desembolsos que prometió para reconstruir la ciudad antes de las elecciones, Susbielles cambiará el tono y “va a salir al cruce enseguida”.
En tanto, sectores de la oposición local acusan un “pacto de gobernabilidad” entre el intendente y los libertarios que -aseguran- se reflejó en casos recientes como los votos en sintonía entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria para rechazar el tratamiento en el Concejo la rendición de cuentas 2024.
Cuando uno mira las decisiones del Gobierno, como hoy que salió publicado que van a destinar 2 billones para el pago de intereses de la deuda, queda claro cuál es la prioridad del Gobierno. No es el vecino de a pie, son los mercados
Una de las críticas al “acuerdo” entre libertarios y peronistas en Bahía proviene del radicalismo. Ahí, el concejal Pablo Daguerre también cuestionó “la postura híbrida” de Susbielles hacia Milei.
“Lo mínimo que esperaba era un posicionamiento más firme”, dijo Daguerre a FM Altos y consideró que el veto de Milei “es una muestra clara de insensibilidad política y desapego al drama humano que vivieron y viven miles de familias afectadas por la catástrofe climática”.
“Mientras la comunidad bahiense aún lucha por recuperarse, el Ejecutivo Nacional decide dar la espalda a una herramienta legal que fue aprobada democráticamente por el Congreso y que buscaba llevar alivio y respuestas concretas”, dijo el concejal radical.
También en la UCR, el senador Maxi Abad y la diputada Karina Banfi rechazaron el veto y adelantaron que van a sostener en el Congreso la ley de emergencia para Bahía que -resaltaron- fue “fruto de un gran acuerdo multipartidario”.
Esa ley también contemplaba que parte de ese auxilio financiero vaya a Punta Alta, también afectada por las inundaciones. Ahí, el intendente Rodrigo Aristimuño tuvo una actitud distinta a la de Susbielles y salió fuerte al cruce de Milei.
“Cuando uno mira las decisiones del Gobierno, como hoy que salió publicado que van a destinar 2 billones para el pago de intereses de la deuda, queda claro cuál es la prioridad del Gobierno. No es el vecino de a pie, son los mercados”, dijo Aristimuño a Radio Provincia.
Axel Kicillof salió a defenderse de las acusaciones de Javier Milei quien lo responsabilizó por el fallo adverso en el juicio por la expropiación de YPF. El gobernador acusó al Presidente de buscar entregar la petrolera a capitales externos y pidió que se investiguen sus vínculos con el fondo Burford Capital.
“Se sabe que Milei, como pasó con el caso Libra, tiene vínculos con representantes del fondo Burford. Esto no lo puedo afirmar pero lo vamos a investigar.
Kicillof mencionó sus permanentes viajes al extranjero y la situación del Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, quien tuvo que apartarse por haber trabajado para Burford Capital. “Todo es muy sospechoso a la vista de lo que estamos viviendo hoy”, dijo el gobernador
“Yo responsabilizo a Milei por cualquier decisión que tome y que ponga en riesgo a YPF y la soberanía energética”, dijo y alertó sobre la posibilidad de que abra la negociación con los fondos buitres cuando todavía no existe un fallo firme en la causa.
“Lo que tendría que hacer el Presidente es defender a YPF pero sabemos que entró como un topo a destruir el Estado y estas son las baterías de decisiones que ponen en riesgo el futuro de la Argentina”, dijo Kicillof desde el salón de conferencias de la Casa de Gobierno.
El lunes, la jueza neoyorkina Loretta Preska emitió un fallo impactante para la Argentina: ordenó que el país entregue el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo por la expropiación de la petrolera, liderado por el fondo buitre Buford que dice haber “comprado” los derechos del juicio a la familia Eskenazi.
Lo que tendría que hacer el Presidente es defender a YPF pero sabemos que entró como un topo a destruir el Estado y estas son las baterías de decisiones que ponen en riesgo el futuro de la Argentina.
La magistrada del segundo distrito de Nueva York accedió al pedido de Burford para cobrar los USD 16.000 millones de indemnización que dispuso hace casi dos años.
“Es absolutamente escandaloso que una jueza extranjera diga que nuestra Constitución nacional no vale nada, que vale menos que un estatuto de una empresa. Es una agresión a la soberanía argentina”, dijo Kicillof.
Axel Kicillof.
“El Congreso, por amplia mayoría, resolvió que las acciones de YPF no queden a disposición del Ejecutivo, y menos todavía de un país extranjero. Por eso, por más admirador que sea Milei de Donald Trump, no están las acciones de YPF al alcance de un país extranjero”, agregó.
Milei culpó a Kicillof por el fallo adverso en el caso YPF, mientras la defensa oficial de la Argentina afirma exactamente lo contrario. LPO contó que esta contradicción a cielo abierto puede alterar el recorrido del litigio.
“Lo que dice Milei al conocer el fallo es que se va a apelar, es decir que el gobierno está en contra de esto. Pero mientras tanto el Presidente sostiene que la culpa la tengo yo o quienes participamos de la decisión de la expropiación”, dijo el gobernador.
Kicillof defendió la legalidad y los resultados de la expropiación de la petrolera en 2012. Según mandatario provincial, el proceso de expropiación fue una reacción necesaria al escenario provocado durante la gestión privada de Repsol, que controló YPF entre 1999 y 2012.
“La historia muestra que privatizar YPF fue una verdadera desgracia para YPF, para Argentina y para las posibilidades de desarrollo de nuestro país”, expresó al recordar las consecuencias económicas que tuvo para el abastecimiento energético nacional el vaciamiento de la compañía.
A su vez, destacó que el principal objetivo de la nacionalización era recuperar la capacidad productiva y el autoabastecimiento de energía, situación que, según él, había desaparecido bajo la dirección de la petrolera española.
Durante la conferencia de prensa detalló que durante la gestión de Repsol “la producción de petróleo se redujo casi a la mitad” y “la producción de gas a partir de 2004 tuvo una caída del 42%”, lo que derivó en la necesidad de importar combustibles, generando números negativos en la balanza comercial energética argentina.
La Municipalidad de Villa Regina adhiere a la Resolución N° 4005 del Ministerio de Salud de Río Negro, por lo cual desde hoy lunes y hasta el domingo 13 de junio se prorrogan las medidas que se habían dispuesto para la semana pasada: *Circulación: Restricción de circulación entre las 20:00 horas y las 06:00 horas,…
La Municipalidad de Villa Regina informa que a partir de mañana y hasta el domingo inclusive no funcionará la balsa en la Isla 58. El servicio se retomará el lunes 27 en el horario habitual de 7 a 14 y de 17 a 20. Difunde esta nota
Con motivo de la celebración del 75° Aniversario de la República de Italia (02 de Junio), y del día del Inmigrante Italiano (03 de Junio) la Agencia Consular Honorario de Italia en Villa Regina y desde la representación del Comités Bahía Blanca, saludamos a todos los italianos e italianas y descendientes de Villa Regina y…
El Grupo de Puebla activó la campaña internacional para defender a Cristina ante un inminente fallo de la Corte Suprema que confirmará su condena en la Causa Vialidad y dispondrá en consecuencia su detención y la imposibilidad de presentarse como candidata a diputada bonaerense por el peronismo, como anticipó en exclusiva LPO.
El Grupo de Puebla tiene decidido además acompañar a la ex presidenta en su reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y empezar el camino internacional del reclamo.
A través de un comunicado firmado en conjunto con el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), el Grupo Puebla denunció “el riesgo de afectación del derecho a la defensa y a la participación política contra Cristina Fernández de Kirchner, en caso de que se consume la filtración interesada de una sentencia condenatoria en una causa viciada por la parcialidad y arbitrariedad del tribunal que la profirió, y en clara persecución política”.
“La denominada ¨Causa Vialidad¨ es una denuncia promovida por el gobierno de Mauricio Macri, para perseguir por razones políticas y condenar a una persona inocente, con ausencia total de pruebas directas, e incluso indiciarias, con una violación absoluta de los más elementales principios constitucionales como el que prohíbe juzgar el mismo hecho dos veces (ne bis in ídem), con peritajes forzados, mediando vínculos directos entre quienes debían dictar justicia y el propio ex presidente Macri”, agregaron en el texto.
Este espacio fundado por el chileno Marco Enriquez Ominani, denunció que “la formulación de teorías (como la de la imputación objetiva) en su construcción para poder responsabilizar a la presidenta por hechos decididos por inferiores jerárquicos en virtud de la delegación de funciones propia del derecho administrativo. Esta decisión supuso una peligrosa tendencia hacia el derecho penal de autor y de consumarse ahora un daño irreparable para la persona afectada y el sistema democrático”.
En efecto, en la Causa Vialidad la ex presidenta fue condenada pese a no haber firmado ninguna de las concesiones de obra pública impugnadas, en base a su responsabilidad “objetiva” por ser como Presidenta la responsable última de la administración pública, lo que sienta un peligroso antecedente para todos los presidentes argentinos.
La denominada ¨Causa Vialidad¨ es una denuncia promovida por el gobierno de Mauricio Macri, para perseguir por razones políticas y condenar a una persona inocente, con ausencia total de pruebas directas.
“Ningún tribunal y mucho menos la Corte Suprema puede guiarse por criterios políticos e ideológicos y de hacerlo, como puede acontecer en este caso, se eliminaría la separación de poderes y el derecho a ser elegido, tal como CFK ha anunciado para las próximas elecciones. Consideramos que el objetivo de expulsarla de la política obedece al miedo de determinados sectores a que ella ratifique su liderazgo en las urnas y siga protagonizando la vida política argentina”, agregó el comunicado, calcando la argumentación de Cristina en el acto que encabezó este jueves en Corrientes.
“La sentencia, caso de pronunciarse en el sentido publicado, no es solo contra CFK sino contra el peronismo en Argentina, buscando el disciplinamiento de los y las militantes y funcionarios/as que promuevan una mejora de la calidad de vida de los argentinos y puede determinar una alteración grave del equilibrio entre poderes y afectación de la democracia argentina”, apuntó el texto.
Grupo de Puebla en una de sus últimas reuniones en México.
LPO reveló en exclusivo en marzo que Cristina había activado sus contactos internacionales ante la posibilidad que la Corte Suprema confirmara su condena en la causa Vialidad y la justicia ordenara su detención. El primero de esos contactos fue con el Grupo Puebla, un grupo político que integran ex presidentes progresistas de la región como Dilma Rouseff, Rafael Correa y Ernesto Samper.
En ese momento, una fuente del Grupo Puebla explicó a LPO que es el Consejo Latinoamericano de la Justicia y Democracia, que conducen la abogada brasileña Carol Proner y el ex juez español Baltasar Garzón, quienes viene siguiendo el expediente contra Cristina desde sus inicios. Este grupo está en contacto permanente con el Instituto Patria.
El equipo jurídico del Grupo Puebla cree que “el avance de Donald Trump y Milei sobre Cristina es evidente, bochornoso e ilegal”.
Hay mucha preocupación internacional porque a lo de Cristina hay que agregarle la detención de Juan Grabois
La decisión de Cristina de empezar su campaña internacional por el Grupo Puebla tiene su lógica. Ante la falta de organismos políticos regionales como supo ser la Unasur, este grupo empezó a ocupar ese vacío. Coordinado por Ominani, ests grupo intervino en la crisis de Luis Arce y Evo Morales en Bolivia y formaron parte de la estrategia de Lula para elegir un candidato propio en la OEA.
La situación actual emparenta a Cristina con la de Lula en 2018, detenido en una prisión más de 500 días luego de un votación clave de la Corte Suprema. La diferencia es que la ex presidenta, si se confirma su condena, quedaría detenida en prisión domiciliaria.
No es la primera vez que Cristina busca respaldo internacional ante sus problemas judiciales. En 2022, tuvo un importante apoyo regional cuando los entonces presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, de Bolivia, Luis Arce, y de Colombia, Gustavo Petro, firmaron una declaración junto a Alberto Fernández en la que denunciaron “persecución judicial” a Cristina por la causa Vialidad.
Fuentes del Puebla afirmaron a LPO que “hay mucha preocupación internacional porque a lo de Cristina hay que agregarle la detención de Juan Grabois”.
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