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Se ultiman detalles del Rally Ciudad de Villa Regina

El Intendente Marcelo Orazi y el presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega se reunieron con los integrantes de la Asociación Volantes de General Roca y Federación 11 Jorge “Goyo” Martínez y Raúl Ginóbili con el fin de ultimar detalles del Rally Ciudad de Villa Regina a disputarse el 23, 24 y 25 del corriente mes.
La misma corresponde a la tercera fecha del Campeonato Regional de Rally FRAD 11 2021 premio Gobierno de Río Negro.
En los próximos días se darán detalles de la carrera y la fecha de la conferencia de prensa para la presentación de la prueba.

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    «Desde el Sindicato rechazamos categóricamente esta maniobra, por considerarla improcedente e injustificada, dado que la compañía no cesa sus actividades ni afronta una situación que le impida seguir produciendo», señalaron en el gremio de Empleados de Comercio, donde exigen el pago completo.

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    «No permitiremos que se utilicen falsas causales legales para perjudicar a quienes han sostenido el funcionamiento de la empresa durante años», agregaron.

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    En silencio, se publicó la Resolución que lleva al Ministerio de Seguridad a convertirse en «El Gran Hermano»

     

    Bajo el lenguaje técnico de la “interoperabilidad”, el Ministerio de Seguridad habilitó el acceso automático y en tiempo real a bases de datos sensibles. Sin debate público ni control parlamentario, la Resolución 1404/2025 profundiza una lógica de vigilancia permanente que concentra poder y erosiona garantías.

    Por Roque Pérez para NLI

    El backend del control

    La Resolución 1404/2025, firmada por el Ministerio de Seguridad Nacional y publicada hoy en el Boletín Oficial, no crea una nueva base de datos ni anuncia cámaras adicionales. Hace algo más eficaz: automatiza y normaliza el acceso de las fuerzas federales al SIFCOP mediante APIs y servicios web, integrándolo a sus sistemas internos en tiempo real. En términos políticos, reduce fricciones para mirar y acelera la capacidad de actuar.

    El SIFCOP reúne pedidos de captura, prohibiciones de salida del país, búsquedas de personas, secuestros vehiculares y datos sobre documentos y armas. Hasta ahora, ese acceso exigía pasos y tiempos. Desde ahora, la consulta puede ser constante, silenciosa y transversal, sin que el ciudadano sepa cuándo ni por qué fue consultado.

    De la excepción a la rutina

    El problema no está solo en qué datos existen, sino en cómo se usan. La resolución convierte lo excepcional en cotidiano: consultas automáticas, cruces en segundo plano, alertas internas. La vigilancia deja de ser un acto puntual para convertirse en una función permanente del sistema. Así, el control se vuelve burocrático, técnico y difícil de impugnar.

    Aunque el texto prohíbe usos ajenos a la seguridad pública y promete auditorías, la experiencia argentina demuestra que la trazabilidad no siempre implica sanción. Más usuarios, más credenciales y más integraciones significan más superficie de riesgo para filtraciones, abusos o “carpetazos” sin firma.

    Sin contrapesos democráticos

    Nada de esto pasó por el Congreso. No hubo debate público ni evaluación de impacto en derechos. La norma concentra poder informacional en la cartera de Seguridad, que decide quién accede, cómo y con qué límites, y además se reserva la facultad de dictar actos complementarios. El control judicial queda relegado a ver resultados (detenciones, procedimientos), no el uso cotidiano de los datos.

    En términos institucionales, la resolución ensancha la discrecionalidad de las fuerzas federales y profundiza asimetrías con provincias y CABA, que dependen del acceso autorizado a un backend centralizado.

    El Gran Hermano del siglo XXI

    No es el ojo visible de la pantalla gigante. Es el Gran Hermano del backend: legal, eficiente, permanente. Como en 1984, el control no necesita mostrarse; alcanza con que funcione todo el tiempo. La certeza de que el Estado puede mirar, cruzar y actuar en tiempo real disciplina conductas y desplaza derechos, sin necesidad de anuncios grandilocuentes.

    La Resolución 1404/2025 no es ilegal ni improvisada. Es peor: es prolija, técnica y silenciosa. Y en ese silencio administrativo se consolida una forma de vigilancia que avanza sin votos, sin debate y sin límites claros.

     

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