El Intendente Marcelo Orazi y el presidente del Concejo Deliberante Edgardo Vega se reunieron con los integrantes de la Asociación Volantes de General Roca y Federación 11 Jorge “Goyo” Martínez y Raúl Ginóbili con el fin de ultimar detalles del Rally Ciudad de Villa Regina a disputarse el 23, 24 y 25 del corriente mes. La misma corresponde a la tercera fecha del Campeonato Regional de Rally FRAD 11 2021 premio Gobierno de Río Negro. En los próximos días se darán detalles de la carrera y la fecha de la conferencia de prensa para la presentación de la prueba.
La semana que viene se pondrán en marcha los trabajos para dotar de los servicios de agua potable, red eléctrica y alumbrado público al loteo Barazzutti. Así se lo confirmó el responsable de la empresa INGOO SRL Ernesto Pasaron al Intendente Marcelo Orazi en una reunión que mantuvieron en la mañana de este martes. Las…
Manuel Adorni gastó más de 9 millones de pesos en una escapada familiar a Bariloche y no cierran sus cuentas personales.
En el gobierno estaban satisfechos con el desempeño de Adorni en el Congreso. Sin embargo, siguen saliendo a la luz gastos difíciles de justificar con un sueldo que hasta 2026 era de 3 millones de pesos mensuales.
Los libertarios se entusiasmaron con poder dar vuelta la página y retomar la iniciativa, pero las revelaciones sobre los lujosos consumos de Adorni no terminan. En el gabinete aseguran que el ex vocero mintió a los hermanos Milei sobre los gastos que no podía justificar.
Adorni tiene más de 70% de imagen negativa con una marcada caída desde que estalló el escándalo. Además de complicar la marcha económica, el costo de mantenerlo en el gabinete es altísimo y afecta la imagen del gobierno.
A los viajes a Punta del Este en un avión privado, el pasaje de su pareja a Nueva York en Business y las vacaciones en Aruba, se suma la estadía en el hotel Llao-Llao.
Se trata de uno de los hoteles más caros del país y pertenece a IRSA y a los dueños del Alvear. Y la familia Adorni eleigió para alojarse la nueva ala Moreno de super lujo donde las habitaciones van de los 700 a los 1.550 dólares por noche. Sólo para ricos.
Los Adorni gastaron, según publicó Clarín, 4,9 millones de pesos de alojamiento y 2,5 millones en excursiones, comidas y también en la peluquería del Llao-Llao, un servicio super exclusivo. Pero lo más irregular es que se fueron del hotel sin pagar y abonaron la factura cuatro meses después, algo que no está permitido a casi ningún huesped.
Culmina el receso del automovilismo regional con la vuelta del rugir de los motores en el kartódromo del Moto Club Reginense; que este fin de semana, con la realización de la primera fecha del Campeonato Nocturno 2020, iluminará las noches del verano. Aportando el color y calor que como es habitual imprime el tradicional y…
Los argentinos ya gastaron USD 14.687 millones con tarjeta en dólares desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada. El dato surge de las estadísticas del Banco Central y expone uno de los costados incómodos del esquema económico: mientras el gobierno se esfuerza por sumar reservas, los consumos en el exterior son una aspiradora de divisas.
La cifra corresponde al período comprendido entre diciembre de 2023 y abril de 2026. Sólo en el primer cuatrimestre de este año, los préstamos vinculados a pagos con tarjeta en moneda extranjera alcanzaron USD 2.588 millones, algo por encima de los USD 2.533 millones registrados en igual período del año pasado.
En el equipo económico relativizan el problema. Explican que cerca del 70 por ciento de esas operaciones se cancelan con dólar billete para evitar la percepción del 30 por ciento de ARCA, por lo que esas divisas no salen directamente de las reservas del Banco Central.
Pero en el mercado señalan que ese argumento es apenas una verdad a medias. Los dólares podrán salir del colchón y no del Central, pero después alguien vuelve a comprarlos. Y ahí aparece el verdadero problema: la demanda privada de divisas crece a una velocidad cada vez más difícil de financiar.
«Que el pago de la tarjeta se realice con fondos provenientes de la FAE no cambia mucho el problema ya que un pago sustituye a otro», explicó Martín Burgos, director de la consultora Lado B. «La cuestión es la dinámica que está teniendo la compra de divisas, sea para ahorro personal o para el pago de un servicio en el exterior».
Burgos advirtió además que el esquema empieza a mostrar similitudes peligrosas con el final del gobierno de Mauricio Macri. «Se está reproduciendo el mecanismo que llevó al macrismo al abismo, donde los egresos por formación de activos externos terminaron absorbiendo todo lo que ingresaba por deuda externa, ya sea del FMI o de préstamos financieros», sostuvo.
La preocupación no es solamente teórica. En el mercado ya hacen cuentas sobre el impacto que podría tener el Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá. Las estimaciones privadas hablan de un gasto potencial de entre USD 1000 y USD 2000 millones por parte de turistas argentinos, dependiendo de cuánto avance la Selección en el torneo.
El dato no es menor. El Mundial de Rusia 2018 coincidió con el estallido de la crisis cambiaria de Macri, cuando el Banco Central perdió reservas a un ritmo vertiginoso y terminó recurriendo al FMI. La diferencia es que ahora Estados Unidos aparece como un destino mucho más accesible para los sectores de ingresos altos argentinos gracias al dólar planchado.
En otras palabras: el Gobierno festeja que los argentinos vuelvan a viajar al exterior justo cuando la economía necesita que los dólares se queden adentro. El problema es que la discusión ya no pasa sólo por la salida de dólares. Empieza a aparecer otro riesgo más delicado: el crecimiento de la deuda en moneda extranjera dentro del sistema financiero.
Tras la flexibilización dispuesta por el Banco Central en 2025, algunas entidades comenzaron a explorar créditos en dólares para clientes que cobran en pesos. Aunque el sistema todavía se mueve con cautela, el tema ya encendió alarmas en varias mesas bancarias.
Los bancos recuerdan demasiado bien lo que ocurrió en otras experiencias argentinas donde familias o empresas tomaron deuda en dólares mientras sus ingresos seguían pesificados. El negocio funciona mientras el tipo de cambio permanece artificialmente tranquilo. El problema aparece cuando llega la corrección.
Ahí es donde el esquema de Milei empieza a mostrar su doble fragilidad. Por un lado, la economía necesita dólares para financiar turismo, ahorro y consumo externo. Por otro, empieza lentamente a recrear pasivos en moneda extranjera sobre actores que generan ingresos en pesos.
En el mercado financiero muchos creen que el verdadero test llegará cuando el Gobierno tenga que elegir entre sostener el atraso cambiario o acelerar una devaluación para evitar que las reservas vuelvan a drenarse. El problema es que cuanto más se expanda el crédito en dólares, más costosa será esa corrección.
El riesgo es terminar atrapados en la peor combinación posible: una economía que pierde dólares por turismo y fuga mientras acumula deuda dolarizada que explota apenas el tipo de cambio se mueve. Exactamente el cóctel que terminó detonando la crisis de 2018.
El discurso de la “casta” vuelve a quedar en entredicho. Mientras el gobierno de Javier Milei sostiene un ajuste feroz sobre jubilaciones, salarios y presupuesto público, un decreto firmado por el propio Ejecutivo habilitó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el resto de los ministros duplicaran —y en algunos casos superaran— sus ingresos en pocos meses.
Lejos de tratarse de un aumento menor, los números son contundentes: los ministros pasaron de cobrar alrededor de $3,5 millones en diciembre a más de $7 millones en enero, con una escalada que los llevó a superar los $8 millones en los meses siguientes.
Un decreto que desarma el relato
La suba fue posible gracias a un decreto firmado a comienzos de 2026 que terminó con el congelamiento salarial que regía desde el inicio de la gestión libertaria. La medida alcanzó a ministros, secretarios y subsecretarios, y también impactó directamente en el salario de Adorni, quien quedó equiparado a los ministros.
El incremento no fue simbólico: en apenas meses, los haberes crecieron más de un 100%, llegando en algunos casos al 123%.
La explicación oficial se apoyó en la necesidad de “recomponer” salarios que venían atrasados frente a la inflación. Sin embargo, el contexto político vuelve esa justificación difícil de sostener: el propio Milei construyó su identidad política denunciando a la “casta” por sus privilegios y sus ingresos.
Ajuste para la sociedad, beneficios para arriba
El contraste es evidente. Mientras los funcionarios de primera línea del gobierno veían duplicados sus ingresos, el promedio salarial de los trabajadores argentinos se mantiene muy por debajo, con fuertes pérdidas frente a la inflación.
El dato no es menor: la recomposición se dio en simultáneo con recortes en áreas sensibles como educación, salud y políticas sociales, lo que profundiza la percepción de una doble vara.
En otras palabras, el ajuste no fue “para todos”. Fue selectivo.
Adorni en el centro de la escena
La figura de Adorni aparece particularmente expuesta. No solo porque su salario creció al mismo ritmo que el de los ministros, sino porque su situación patrimonial ya estaba bajo la lupa judicial en paralelo a estos incrementos.
El jefe de Gabinete, que durante meses fue la cara del discurso oficial contra los privilegios de la política, hoy queda atrapado en una contradicción difícil de explicar: defender el ajuste mientras se beneficia de una mejora salarial extraordinaria.
La pregunta incómoda
El caso abre un interrogante político inevitable: si el gobierno justificó despidos, recortes y pérdida de ingresos en nombre de combatir a la “casta”, ¿cómo se explica que sus propios funcionarios dupliquen sus sueldos por decreto?
Y aún más: ¿por qué a Adorni no se le aplica la misma vara que el propio oficialismo exige hacia otros funcionarios cuando quedan envueltos en polémicas patrimoniales o privilegios?
La respuesta, por ahora, no aparece. Pero el contraste entre el discurso y los hechos empieza a ser cada vez más evidente.
A pocos meses de asumir la conducción de YPF, la administración libertaria anunció el Proyecto Andes – Oportunidad de inversión en gas y petróleo convencional. Se trata de uno de los pilares de una estrategia más amplia denominada Plan 4×4, que propone cuadruplicar el valor de la empresa en un periodo de 4 años y alcanzar exportaciones por 30.000 millones de dólares para 2031. Así, la nueva gestión anunció lo que sería el inicio de un proceso de profundas transformaciones hacia adentro de la empresa energética de bandera nacional, sin preguntarse a qué costo o qué implicancias tiene esta gran estrategia para los territorios que viven por y para el petróleo. Esos efectos están empezando a verse ahora.
La columna vertebral del plan es maximizar los recursos financieros destinados a exploración y extracción de hidrocarburos, y concentrarlos en los yacimientos más productivos de petróleo y gas no convencional de Vaca Muerta. El plan de racionalización y optimización de sus activos (Proyecto Andes) representa el primer paso; es decir, el abandono masivo de campos “maduros” de baja productividad ubicados en la región patagónica y Mendoza. El principal argumento de la empresa para llevar calma a los territorios afectados era que operadoras más pequeñas iban a apostar a nuevas tecnologías y ser más eficientes en procesos (con menor intensidad de mano de obra), para alcanzar niveles de productividad y rentabilidad acordes.
Este cambio abrupto dentro del sector petrolero tuvo una baja repercusión mediática. Sin embargo, para la zona de la Cuenca del Golfo San Jorge – que se extiende sobre 70.000 kilómetros cuadrados entre el sur de Chubut y el norte de Santa Cruz – fue como un baldazo de agua fría, en invierno. Nadie intuía que del día a la noche le estuvieran poniendo la tapa al cajón de la que fuera durante más de cien años la principal cuenca petrolífera del país y la segunda cuenca convencional más importante en la actualidad.
Este territorio semidesértico se caracteriza por un clima árido y ventoso, lo cual históricamente ha representado una barrera para el arraigo de las personas que migraron a estas zonas, atraídas por las oportunidades laborales en torno a la actividad hidrocarburífera.
El clima de incertidumbre y angustia generalizada que atraviesa la cuenca desde la retirada de YPF recuerda a los años de la privatización de la YPF estatal durante la década de los noventa.
A pesar de ser una de las zonas con menor densidad poblacional del país, en este amplio territorio habitan aproximadamente 375.764 habitantes. Cerca del 90% de la población se concentra en los dos principales aglomerados urbanos: Comodoro Rivadavia-Rada Tilly, Chubut (57%) y Caleta Olivia, Santa Cruz (33%). En estas ciudades, que están a menos de 70 kilómetros de distancia entre sí, se localizan los principales parques industriales y el entramado de empresas del sector hidrocarburífero. Son ciudades que viven por, para y del petróleo.
El clima de incertidumbre y angustia generalizada que atraviesa la cuenca desde la retirada de YPF recuerda a los años de la privatización de la YPF estatal durante la década de los noventa. Aquella vez no sólo se entregaron capacidades estatales estratégicas para regular, gestionar y planificar la explotación del principal recurso energético a manos extranjeras (de los pocos casos en el mundo); también se le quitó cualquier tipo de condicionamiento sobre los planes de acción de los nuevos propietarios o previsión sobre las consecuencias del impacto económico y social.
La reestructuración interna de la empresa significó en aquellos años la pérdida de miles de puestos de trabajo y un fuerte deterioro de la economía local en Comodoro Rivadavia, al igual que otras ciudades de la cuenca. La transformación del sector en dicho momento también se llevó gran parte de la identidad ypfeana, el conjunto de símbolos y valores que unían a los empleados de la empresa estatal y los distinguía. Tal como sostiene un informe reciente de FUNDAR, esto se explica en buena medida porque YPF además de empleo estable y bien remunerado, ofrecía a las “familias ypfeanas” protección social, servicios y un fuerte sentido de identidad compartida.
Mosconi, Repsol, y la recuperación
El descubrimiento de petróleo el 13 de diciembre de 1907 en la ciudad Comodoro Rivadavia marcó un quiebre significativo para este territorio, así como también para la historia política y económica del país. Argentina era el segundo país de América del Sur en superficie y dependía casi enteramente del combustible importado.
La futura “capital nacional del petróleo” también sería testigo de la creación de la primera empresa petrolera estatal de Latinoamérica, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), luego de arduas disputas entre legisladores y funcionarios del Estado que propugnaban por una política nacionalista y aquellos (en gran parte de las provincias) que apoyaban el desarrollo de la industria en manos de capitales privados y extranjeros.
Durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear, se impulsó una política petrolera extremadamente agresiva, restringiendo la operación de las compañías petroleras extranjeras. Al mismo tiempo, se delegó el mando de la compañía al coronel Enrique Mosconi, consagrado oficial que consideraba que el desarrollo de la industria petrolera estatal era un asunto que merecía la más alta prioridad nacional. El coronel Mosconi implementó un ambicioso plan para incrementar la producción de la empresa estatal, hacerla crecer aguas abajo, a partir de la compra de las estaciones de servicios, la construcción de refinerías, y la mejora en las condiciones de vida de los obreros petroleros en el territorio. Además, Mosconi sentó las bases para convertir YPF en un símbolo, al transmitir tanto a los empleados de la empresa, como al conjunto de la sociedad y diferentes países de la región, la importancia de una empresa petrolera estatal para alcanzar la soberanía energética y el desarrollo nacional.
La empresa supliría la presencia del Estado, que cubría pocas demandas en Comodoro Rivadavia. En este sentido, la identidad ypefiana también actuaba como un factor de diferenciación social importante, respecto del resto de los comodorenses (no-ypefeanos) que no gozaban de esa vasta red de instituciones prestadoras de beneficios sociales que sostenía la petrolera estatal.
Hasta fines de la década de 1980, la explotación petrolera en el país se expandió impulsada principalmente por la empresa nacional, como parte de una política estatal de autoabastecimiento del mercado interno y desarrollo de las economías regionales. En este marco, la estructura productiva de Comodoro Rivadavia y otras localidades de la Cuenca del Golfo San Jorge (Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras) se conformaron con un papel muy específico: proveedor de los recursos energéticos necesarios para el desarrollo industrial de los grandes centros urbanos del país. En Comodoro Rivadavia se gestó un denso entramado de empresas industriales, principalmente metalmecánicas, vinculadas al sector hidrocarburífero, el ferroviario y portuario.
Las necesidades de la industria favorecieron el desarrollo de capacidades científico-tecnológicas, en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco (privada y de origen confesional), que luego se fusionaría con la Universidad Nacional de la Patagonia (de carácter nacional y estatal) en 1980. Esta se orientó a la formación y capacitación de los recursos humanos demandados, como geólogos, biólogos e ingenieros. A su vez, se fue equipando y creando laboratorios para la provisión de servicios específicos para la industria. En este sentido, la historia de YPF, estuvo fuertemente asociada a ideales de autodeterminación e industrialización y sirvió de ejemplo para el modelo que adoptaron otras petroleras estatales en Sudamérica.
La privatización de los 90 generó cambios profundos en el territorio a partir de la desaparición de las economías regionales, pymes y minifundios, ligados a la empresa estatal. Cabe recordar que aquellos territorios petroleros serían la cuna de los primeros movimientos piqueteros de trabajadores excluidos.
Tras la privatización de YPF en los 90 menemistas, la empresa dejó de ser un actor central en la organización y planificación del desarrollo económico y social del territorio. Redujo sus capacidades técnicas y productivas a la mínima expresión, y su mandato se limitó a la coordinación de la producción petrolífera y las decisiones de inversión, con la premisa de maximizar la rentabilidad de corto plazo (en función de los intereses de los accionistas). Contrariamente, a través de contratos de explotación y de servicios creció la participación de empresas nacionales e internacionales en la explotación de los yacimientos mayoritariamente descubiertos por la inversión estatal. Emergieron nuevas empresas operadoras: concesionarias de los yacimientos, siendo su actividad núcleo la extracción de petróleo. Estas empresas, con la capacidad técnica para desarrollar los proyectos y actividades de explotación, eran mayormente empresas petroleras internacionalizadas (con control total o parcial de capitales extranjeros) y pasaron a regular el ritmo de explotación petrolera en la cuenca en función de variables de mercado (principalmente, el precio del barril de petróleo). Al mismo tiempo, aplicaron mecanismos de governance a la relación con los proveedores locales, bajo la lógica de una cadena de valor de tipo cautiva. Es decir, relaciones asimétricas entre pequeños y medianos proveedores con unos pocos compradores que detentaban gran poder para establecer las condiciones contractuales (tarifas, tareas, responsabilidades, etc.) y trasladar los riesgos económicos.
Esta transformación estructural dentro de la cadena de valor generó cambios profundos en el territorio a partir de la desaparición de las economías regionales, pymes y minifundios, ligados a la empresa estatal. Es bueno recordar también, que los territorios petroleros (destacándose la Cuenca Neuquina) serán la cuna de los primeros movimientos piqueteros de trabajadores excluidos.
Históricamente la cuenca se ha concentrado en las actividades de exploración y explotación (extracción y primer tratamiento) de petróleo y gas, que representan el primer anillo dentro de la cadena de valor del petróleo y gas, denominado Upstream. El siguiente anillo, Midstream, es el almacenamiento y transporte del petróleo como el gas extraído (por buques o gasoductos, respectivamente) hacia Buenos Aires o mercados de exportación. El último anillo es el Downstream, que corresponde a la refinación, comercialización y distribución de distintos productos finales, como naftas, gasoil, entre otros.
La YPF estatal contribuyó al desarrollo de capacidades científico-tecnológicas y actividades intensivas en conocimiento arraigadas en el territorio, como la prospección geológica, talleres mecánicos y otras. . Sin embargo, la cuenca no logró superar su perfil primario-exportador, es decir, los eslabones de mayor valor agregado se completan por fuera de la región, lo que la configura como un enclave energético y limita su articulación productiva interna.
En este sentido, a pesar de haber sido la principal cuenca productora de petróleo del país por más de 100 años, YPF no asentó allí destilerías como en otras localidades (Neuquén, Salta y Mendoza ), aún con niveles de producción significativamente menores.
La YPF estatal contribuyó al desarrollo de capacidades científico-tecnológicas y actividades intensivas en conocimiento arraigadas en el territorio, como la prospección geológica, talleres mecánicos y otras. Sin embargo, la cuenca no logró superar su perfil primario-exportador.
Ante la sostenida inacción de Repsol-YPF en términos de inversión y producción, en mayo de 2012 el Gobierno Nacional tomó la decisión, retomando el espíritu de Mosconi, de impulsar la sanción de la ley de Soberanía Hidrocarburífera, y expropiar el 51% del paquete accionario de la empresa Repsol. A partir de ese momento, el desarrollo masivo de los recursos no convencionales para convertir a Argentina en exportador neto de energía pasó a ser prácticamente una política de Estado para las sucesivas administraciones nacionales. Luego de la sanción de la Ley Nº 27.007, de fines de 2014, que regula las formas de operar los hidrocarburos no convencionales, YPF comenzó a buscar asociaciones con grandes firmas nacionales e internacionales (Pluspetrol, Pampa Energía, Chevron, Dow Chemical, Petronas, entre otras) para adquirir más rápidamente las tecnologías necesarias, disminuir los plazos de aprendizaje y conseguir el capital del que no disponía el país.
En una primera etapa, YPF se enfocó en los recursos no convencionales de la Cuenca Neuquina (Vaca Muerta y Los Molles) y los del Golfo San Jorge (D-129 y Aguada Bandera), en donde el conocimiento del subsuelo y la infraestructura instalada permitirían acelerar la puesta de la producción en el mercado. Sin embargo, con menores niveles de reservas potenciales y luego de algunas pruebas piloto fallidas, la Cuenca del GSJ perdería centralidad a medida que Vaca Muerta se transformaba en la promesa de la salvación nacional.
Crónica de una crisis anunciada
Las nuevas operadoras, aquellas que suceden a YPF en la cuenca del Golfo San Jorge, mantienen cierto hermetismo sobre sus planes de inversión y producción, y hasta el momento sólo han avanzado en un proceso de restructuración de contratos con los distintos anillos de proveedores, integrados por prestadoras de servicios internacionales, grandes empresas nacionales y un gran número de PYMES locales.
Entre las empresas locales resuena la consigna de que hay que tratar de reducir costos como sea, porque la capacidad financiera de las operadoras es significativamente menor que la de YPF. Sin embargo, todos son conscientes de que el boom productivo que atraviesa la Cuenca Neuquina, impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta, es el espejo invertido de lo que sucede en la Cuenca del Golfo San Jorge.
Según el estudio de FUNDAR, el auge productivo y de inversión sin precedentes que experimenta la Cuenca Neuquina (Vaca Muerta) y la crisis estructural de desinversión y pérdida de empleo que atraviesa la Cuenca del Golfo San Jorge (CGSJ) “son las dos caras de una misma moneda: un proceso de reasignación de capital y reconversión productiva que está redibujando el mapa socioeconómico de la Patagonia, con ganadores y perdedores claramente definidos”.
La magnitud de la transformación sectorial se verifica a través del aumento en la participación de los recursos no convencionales que se extraen en Vaca Muerta. En 2017, los recursos no convencionales representaban el 9% de la producción de petróleo y el 24% de la de gas natural; para los primeros nueve meses de 2025, su participación se había elevado al 61% y 64%, respectivamente. Tal como sostienen los autores del reciente estudio, “si bien la caída porcentual más pronunciada corresponde a la cuenca Noroeste, es la reducción del Golfo San Jorge la que representa el mayor impacto en términos absolutos, dado su rol como segunda cuenca más importante del país”.
Las reservas de Vaca Muerta posicionan al país como un player global y, sin dudas, tiene el potencial para contribuir al autoabastecimiento energético y la generación de un flujo de miles de millones de divisas genuinas que contribuyan a relajar la tan mentada restricción externa (aunque el gobierno liberal no comulgue con este concepto). Sin embargo, la forma de aprovechar esta ventana de oportunidad en el marco de la transición energética no es trivial, más aún sí queremos impulsar un bloque de desarrollo, con capacidad para generar una transformación estructural de la economía nacional. En términos del desarrollo económico, el riesgo pasa por quedar estancados en la producción de un bien commodity de tipo enclave, mientras contribuimos al desarrollo económico de otros países, que dispondrán de un insumo estratégico a bajo costo para ser competitivos en actividades de mayor agregado de valor.
La decisión de reorganizar de forma drástica el Upstream petrolero siguiendo exclusivamente metas financieras y señales de precios (o “de mercado”), puede ser contraproducente. En este sentido, la necesidad de generar recursos líquidos para maximizar las inversiones en Vaca Muerta condujo a YPF a desprenderse de yacimientos convencionales históricamente productivos, e incluso de otras unidades de negocios muy redituables como, por ejemplo, la venta de su participación accionaria en Profertil en diciembre de 2025. Esta empresa es de los productores de urea y amoníaco más eficientes del mundo, y cubre cerca del 60% del consumo de urea de Argentina. Un activo estratégico para un país productor de alimentos y, más aún, en un contexto global en el que la guerra disparó el precio de los fertilizantes a la par que generó restricciones de suministro.
La retirada de YPF de la Cuenca del GSJ fue acompañada por otras operadoras, como Tecpetrol (de Techint), que también habían empezado a redireccionar sus inversiones hacia Vaca Muerta unos años atrás. El panorama de una fuerte contracción del mercado local a corto plazo, desencadenó un efecto dominó sobre el resto de la cadena de valor local.
Además del impacto directo sobre las economías de cada hogar, la destrucción de estos puestos de trabajo formal con altos ingresos representa la pérdida de un motor importante de la demanda de consumo de bienes y servicios en los circuitos económicos provinciales.
Las empresas que componen el primer anillo de proveedores, mayoritariamente de capital extranjero, fueron de las primeras que impulsaron retiros voluntarios masivos, achicando drásticamente su nómina de empleados o, directamente, levantaron campamento (para concentrarse en Vaca Muerta). Estas empresas brindan servicios específicos fundamentalmente de perforación y puesta en producción de pozos a las empresas operadoras, como: perforación, cementación, construcción de las instalaciones de superficie, terminación, work over (intervención de pozos para repararlos o aumentar su producción), pulling (operaciones en el fondo del pozo) y mantenimiento. La retirada de estas compañías no sólo implica la pérdida de empleos, sino también de tecnología y conocimiento especializado, lo cual encarece las operaciones y obstruye las posibilidad de recuperar la producción.
La contracción del primer anillo de proveedores naturalmente impactó sobre el segundo anillo de proveedores, compuesto principalmente por pequeñas y medianas empresas (y algunas grandes) de capitales locales, que debieron reducir personal y ajustar estructuras de gastos, a costa de sobreendeudarse, para adaptarse a nuevas tarifas. Muchas de estas empresas son familiares, conducidas por las segundas o terceras generaciones, que durante décadas han hundido capital en tecnología y capacidades productivas locales. Contribuyendo a la formación de trabajadores calificados, con saberes específicos, y a la generación de nuevo conocimiento y soluciones tecnológicas exportables.
Hasta el momento el saldo de la salida de YPF de la Cuenca del GSJ se tradujo en una drástica destrucción de miles de puestos de trabajo, que incluso superan el boom de empleo en Vaca Muerta. Según estimaciones del municipio comodorense, sólo en la provincia de Chubut, entre diciembre de 2023 y el tercer trimestre de 2025, se destruyeron más de 6.700 empleos privados registrados, sin incluir otros sectores de la economía. Esta tendencia se profundizó en los últimos meses, aunque todavía no se dispone de estadísticas oficiales que cierren los números precisos.
Además del impacto directo sobre las economías de cada hogar, la destrucción de estos puestos de trabajo formal con altos ingresos representa la pérdida de un motor importante de la demanda de consumo de bienes y servicios en los circuitos económicos provinciales. Por otra parte, la contracción del nivel de actividad en la industria del petróleo y gas tiene un impacto relevante en los ingresos provinciales y de los municipios de la Cuenca del GSJ, provenientes de las regalías petroleras que tributan las operadoras. Este cuadro de situación se ve agravado en un contexto de fuerte contracción del gasto público nacional, que está reduciendo la masa de ingresos reales disponibles de los empleados públicos nacionales y, efecto multiplicador mediante, el nivel de actividad de la ciudad. Así, este encadenamiento de golpes pone en jaque la viabilidad económica de una provincia entera.
Visiones de futuro
El proceso de transición y traspaso de las áreas de la Cuenca del Golfo San Jorge deja al descubierto problemáticas institucionales estructurales, propias de un territorio periférico que históricamente se desarrolló a partir de una integración subordinada al sistema capitalista nacional. Esto ha generado sentimientos encontrados en la población comodorense. Algunos responsabilizan a las instituciones y actores locales (sindicatos, funcionarios y otros) por las ineficiencias y falta de competitividad sistémica del territorio. Otros, más optimistas, tienen esperanzas de que las nuevas operadoras puedan recuperar la producción (tras años de desinversión de YPF en la Cuenca), logrando reducir costos y mejorando la productividad media. Sin embargo, para una gran mayoría representa la estocada final desde las heridas abiertas por la privatización de YPF en la década de los noventa.
La transformación estructural dentro del sector de petróleo y gas (azuzada por la transición energética global) y la absoluta desconexión y retirada del gobierno nacional, desataron una crisis sin precedentes para la estructura socioeconómica de este territorio extractivista. Al mismo tiempo, cristalizó las debilidades y limitaciones institucionales y productivas de un territorio periférico que, tras años de bonanza, deberá aprender a navegar contra el viento. Esto implica un desafío enorme para Comodoro Rivadavia y cuenca del GSJ en general.
En la región existen otras actividades extractivas (minería) y/o energéticas (energía eólica, hidrógeno de bajas emisiones y derivados) que hace tiempo están en la agenda pública, por su potencialidad para movilizar capital e inversiones millonarias que logren compensar la caída de la inversión en el sector hidrocarburífero. Estos proyectos pueden tener un rol estructurante para el desarrollo local a mediano/largo plazo, en la medida que se desarrollen estrategias y hojas de ruta que realmente discutan dos aspectos centrales: 1) marcos regulatorios y de gobernanza que promuevan la agregación de valor local, dentro de las cadenas energéticos y/o otras industriales asociadas, y 2) férreos mecanismos de control y saneamiento socio-ambiental, consensuados políticamente y con licencia social. Un primer paso necesario, es migrar de la mirada de los recursos naturales como meros commodities (mercancías), a la de recursos naturales estratégicos y, al mismo tiempo, como bienes comunes, es decir recursos compartidos por una comunidad. Tal como sostiene el documento de FUNDAR, los reclamos por exigencias de “reparación” social, infraestructura y abordaje de pasivos ambientales tras la privatización de YPF y retirada del estado del territorio, “son antecedentes que muestran que la ausencia de planificación en contextos de declive extractivo suele traducirse en crisis multidimensionales difíciles de revertir”.
Sin embargo, el territorio tiene otras ventajas naturales y geográficas y capacidades creadas (productivas, científicas y tecnológicas), para recuperarse y comenzar a transitar nuevas trayectorias tecno-productivas que contribuyan a un proceso de diversificación productiva en base a la innovación y la agregación de valor. A corto plazo, existen oportunidades concretas en productos de alto valor agregado y con potencial exportador (olivos, vid, cerezas, productos biotecnológicos, acuicultura y economía circular en torno a los desechos de la pesca) así como servicios turísticos. La mayoría de estos productos y servicios, conforman líneas de investigación prolíficas en instituciones científicas locales, como el Instituto de Biociencias de la Patagonia (INBIOP) y son impulsadas desde la agencia municipal Comodoro Conocimiento, a partir de la articulación público-privada. Transformar estas experiencias “piloto” en proyectos de escala comercial y crear nuevos polos, clusters o distritos industriales, es un camino largo y sinuoso que no puede transitar el municipio sólo, sin una política industrial y científico-tecnológica coherente y federal detrás.
Como respuesta al abandono por parte de YPF, el municipio y, en particular, la Agencia Comodoro Conocimiento, están conduciendo un estudio de base para fortalecer el sistema regional de innovación (SRI), que incluye talleres participativos y espacios de intercambio con las fuerzas vivas locales. El objetivo de acercar los subsistemas responsables de la generación de conocimiento (universidades e instituciones de ciencia y técnica), de explotar ese conocimiento (fundamentalmente, las empresas), de apoyo a la innovación (centros tecnológicos y empresas de bienes de equipo y servicios avanzados) y de financiamiento de las actividades de innovación, es fundamental en un territorio aislado geográficamente y periférico en términos económicos y políticos. La planificación articulada y coordinada entre los actores institucionales que participan del SRI ya no es opcional. El conocimiento tácito acumulado localmente, las redes de conocimiento y aprendizaje colectivo y las capacidades específicas son bienes comunes indivisibles del territorio, claves para la transición y el desarrollo local.
