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Se trabaja para contar con un Centro Integral de contención para mujeres

La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina trabaja para conformar un Centro Integral de contención para adultas mayores, mujeres y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Funcionará como espacio de contención pero también brindará talleres que otorgarán herramientas para una salida laboral.

“Con este objetivo se firmarán convenios de asistencia y capacitación con el SENAF y la Secretaría de Igualdad y Género, de manera de que el Estado intervenga para dar respuesta a esta problemática”, manifestó la Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra.

Este espacio que se pondrá en marcha próximamente funcionará en las instalaciones del Hogar Municipal ‘La Esperanza’. En este sentido, Ibarra manifestó que “el Hogar Juan Pablo II es la alternativa para los adultos mayores varones que actualmente se encuentran en ‘La Esperanza’. Allí hay disponibilidad y disposición, recursos humanos, espacio y la atención que necesitan”.

En este sentido, recordó que la legislación nacional sobre los adultos mayores ha cambiado y apunta a que sean autónomos, que vivan en su ámbito familiar y que tengan su propio lugar de residencia. “La institucionalización del adulto mayor es el último recurso”, señaló y agregó: “Bajo ningún punto de vista quedarán sin un espacio de contención”.

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    Eso, tras una fiscalización del gobierno porteño a partir de la cual se denunció más de 5.000 raciones irregulares en 40 comedores cerrados recientemente, entre los que figuran personas fallecidas, dueños de inmuebles y jubilados millonarios.

    Entre las investigadas, la Ciudad detalló que se encuentra una organización vinculada al diputado nacional y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

    En la fiscalización del Ministerio de Desarrollo Humano, se expuso que en los listados de beneficiarios de los comedores había personas fallecidas, otras con ingresos de más de $5 millones y dueños de autos y de inmuebles.

    Dentro de los beneficiarios se encontró que figuraban como receptores de comida 454 personas fallecidas, 196 personas con dos o más inmuebles a su nombre, 1.517 personas con dos o más automóviles a su nombre y 476 personas con ingresos registrados superiores a $2 millones mensuales.

     Ya se suspendieron más de 5.000 raciones que no pudieron ser justificadas y se dispuso el cierre de 40 comedores «fantasma» que no entregaban comida a los beneficiarios declarados. 

    También, 18 personas con ingresos registrados superiores a $5 millones mensuales, 23 personas inscriptas en categorías altas de monotributo (F, G, H y J), con ingresos superiores a $2,5 millones mensuales, 40 jubilados con haberes superiores a $2 millones y cinco jubilados con haberes superiores a $5 millones.

    El cruce de datos -señalaron- permitió detectar situaciones particulares, por ejemplo un hombre registrado como beneficiario de comedores que tiene 13 inmuebles y dos autos.

    Otra persona que contaba con una embarcación y dos automóviles; un beneficiario con 11 autos registrados; y 18 personas con ingresos mensuales superiores a los $5 millones. Estas inconsistencias fueron detectadas gracias a una fiscalización integral que la Ciudad viene llevando adelante en los más de 500 comedores que forman parte de su red de cobertura alimentaria.

    Comedores fantasma y muertos anotados como beneficiarios. El negocio de la pobreza tiene nombre y apellido: Juan Grabois. Acá en la Ciudad se te terminaron los curros. Denuncia en curso.

    — Jorge Macri (@jorgemacri) February 2, 2026

    En la Ciudad señalaron que algunos de los espacios fiscalizados del Movimiento Popular La Dignidad que nunca funcionaron como comedores fueron los registrados como: «Los Amigos», en White 21 (Mataderos); «Caritas Felices», en Scappino 6846 (Mataderos); o «Pekes», en Bonorino 1851 (Flores).

    «Comedores fantasma y muertos anotados como beneficiarios. El negocio de la pobreza tiene nombre y apellido: Juan Grabois. Acá en la Ciudad se te terminaron los curros. Denuncia en curso», dijo en X Jorge Macri en alusión al Movimiento Popular La Dignidad, una de las organizaciones investigadas y que vinculan a Grabois.

    En la Ciudad informaron que, actualmente, más de 250.000 personas reciben cobertura alimentaria todos los días en la Ciudad, ya sea a través de comedores, espacios de primera infancia, centros de jubilados, paradores para personas en situación de calle o mediante la transferencia directa del programa Ciudadanía Porteña.

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    La implementación de tecnología, como la nueva App de registro de beneficiarios, permitió por primera vez identificar a cada persona asistida, seguir el recorrido de cada ración para que le llegue a quien lo necesita y detectar irregularidades en tiempo real.

    «Fiscalizar es clave para controlar que nadie juegue con el hambre de la gente, y también para conocer mejor y poder acompañar a las familias que hoy van a un comedor», dijo Gabriel Mraida, ministro de Desarrollo Humano de la Ciudad.

    Y agregó: «Así, además de cerrar comedores fantasma y terminar con las irregularidades, logramos que 35 chicos retomen la escuela y ya estén inscriptos en el ciclo lectivo 2026 y conectamos a 200 chicos con distintas colonias de verano de la Ciudad. Por otro lado, dos comedores que habían dejado de recibir sus raciones debido a las irregularidades detectadas con la organización social que los intermediaba fueron reabiertos de forma directa, sin intermediarios, y 50 familias volvieron a recibir su cobertura alimentaria». 

     

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    Las asociaciones patronales y la CGT llegaron a una coincidencia inesperada: lo ideal sería que la reforma laboral pase para marzo, para poder tratarla con tranquilidad en las sesiones ordinarias del Congreso. Son demasiados los puntos importantes que siguen en el aire.

    El titular de la CAME, Ricardo Diab, reclamó la semana pasada al gobierno modificaciones nada menos que en uno de los artículos que definen el espíritu del proyecto, el de la ultraactividad de los convenios colectivos.

    Explicó que la eliminación de esa cláusula implicaría «la caída de los convenios laborales y empezar de nuevo a reformularlos» para que «después, lógicamente, el Estado lo homologue o no». «Sabemos que hay muchos convenios que seguramente están muy desactualizados, pero en el caso nuestro lo actualizamos continuamente y no tenemos conflicto alguno, no vemos necesidad de tener que darle baja y empezar todo de nuevo», argumentó.

    Diab comentó en ese reportaje que también reclamaban cambios al gobierno en otros cinco artículos de la ley y que esperaban respuesta sobre esas solicitudes.

    Fuentes de la CGT deslizaron a LPO que esos pedidos de los empresarios podrían colocarlos en la misma senda, en la búsqueda de posponer el debate de la reforma para las sesiones ordinarias. Para las patronales, dicen en Azopardo, no sería confiable un tratamiento exprés de la reforma porque desataría una ola de litigios judiciales.

    Caputo le avisó a Patricia que no piensa quitar el capítulo de Ganancias de la reforma laboral

    En efecto, los sindicalistas y los opositores del Congreso ya se preparan para impugnar en la Justicia los aspectos más polémicos d ela reforma y por esto Patricia Bullrich se jactó ante los senadores que el Gobierno ya tenía el compromiso de «los camariatas» del fuero laboral, que rechazarán las impugnaciones a la norma.

    Para las asociaciones empresarias no sería confiable un tratamiento exprés de la reforma laboral porque desataría una ola de litigios judiciales.

    La opción de llevar la discusión a las sesiones ordinarias no es descabellada para los dirigentes gremiales porque, según deslizó un senador peronista, «admiten que hay cosas que se podrían conversar con el Gobierno». Pero, además, los senadores dialoguistas tampoco se sienten cómodos con el apresuramiento de Patricia Bullrich por darle media sanción al proyecto la semana que viene.

    El secretario de Trabajo, Julio Cordero.

    Una senadora dialoguista anticipó a LPO que no estará este martes en la reunión con la jefa de bloque libertario y los presidentes de las bancadas aliadas. «Ya hicimos nuestros planteos para los cambios y hasta que no nos respondan no vamos a ir», hizo saber a sus interlocutores.

    El itinerario que fijó Bullrich parece demasiado ajustado: este martes la esperan sus pares del Senado, a excepción de los líderes de los bloques peronistas, en las oficinas de la UCR para que conteste si Diego Santilli y Luis Toto Caputo aceptan las modificaciones formuladas. Y para el miércoles, la exministra de Seguridad deberá llevar el saldo de su conversación con los senadores a la mesa política del gobierno.

    Sabemos que hay muchos convenios que seguramente están muy desactualizados, pero en el caso nuestro lo actualizamos continuamente y no tenemos conflicto alguno, no vemos necesidad de tener que darle baja y empezar todo de nuevo.

    Los gobernadores, por su parte, tienen reservada la sala del CFI también el miércoles. El peronismo espera el resultado de ese encuentro para saber cuántas voluntades puede juntar en recinto para frenar la reforma o, en todo caso, si cuenta con fuerza suficiente para retacear el quórum.

    José Mayans cuenta con un piso de 28 legisladores, si todos están alineados en medio de tensiones y diferencias internas cada vez más agudas, y solo puede bloquear las intenciones del oficialismo si se pliegan los senadores que responden a los gobernadores.

    El formoseño habría sido claro con los enviados de los gobernadores que se acercaron para pedirle ayuda por la emergencia ígnea en la Patagonia. «Ustedes vienen a pedir solidaridad para conseguir 20 mil millones por los incendios pero le regalan a Milei 12 mil millones con la reforma laboral», habría respondido.

    Como sea, también hay legisladores del oficialismo que observan con preocupación la reforma laboral, por sus inconsistencias técnicas y la debilidad con que nacería si se promulga sin un debate profundo entre los sindicatos y las patronales. 

     

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