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Se trabaja para contar con un Centro Integral de contención para mujeres

La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Regina trabaja para conformar un Centro Integral de contención para adultas mayores, mujeres y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Funcionará como espacio de contención pero también brindará talleres que otorgarán herramientas para una salida laboral.

“Con este objetivo se firmarán convenios de asistencia y capacitación con el SENAF y la Secretaría de Igualdad y Género, de manera de que el Estado intervenga para dar respuesta a esta problemática”, manifestó la Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra.

Este espacio que se pondrá en marcha próximamente funcionará en las instalaciones del Hogar Municipal ‘La Esperanza’. En este sentido, Ibarra manifestó que “el Hogar Juan Pablo II es la alternativa para los adultos mayores varones que actualmente se encuentran en ‘La Esperanza’. Allí hay disponibilidad y disposición, recursos humanos, espacio y la atención que necesitan”.

En este sentido, recordó que la legislación nacional sobre los adultos mayores ha cambiado y apunta a que sean autónomos, que vivan en su ámbito familiar y que tengan su propio lugar de residencia. “La institucionalización del adulto mayor es el último recurso”, señaló y agregó: “Bajo ningún punto de vista quedarán sin un espacio de contención”.

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    A una semana de la publicación del decreto que debía poner en marcha el nuevo esquema, siguen vigentes los precios mayoristas de gas y electricidad del régimen anterior. No hay nuevos cuadros tarifarios. Tampoco hay precisiones operativas. Las categorías por ingresos N1, N2 y N3 continúan activas, pese a que el discurso oficial ya las dio por superadas. 

    A fines de diciembre, la Secretaría de Energía que conduce María Tettamanti ajustó el precio estacional de la energía (PEST) un 3% y el precio del gas en el ingreso al sistema de transporte (PIST) apenas un 0,53%. Ambos movimientos se hicieron bajo los parámetros del esquema anterior. 

    Esos dos precios no son un detalle técnico. Son la base sobre la cual los entes reguladores calculan los cuadros tarifarios que llegan a las facturas. El argumento oficial fue que faltaba la norma que ordenara la instrumentación del nuevo régimen. 

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    Esa norma llegó recién el 2 de enero, primer día hábil de 2025, cuando Javier Milei firmó el decreto 943/2025 de subsidios energéticos focalizados. Desde entonces pasaron seis días hábiles y Energía todavía no publicó los nuevos valores de PEST y PIST para usuarios residenciales, ni para los que recibirán subsidios ni para los que quedarán afuera. En la práctica, los hogares de mayores ingresos siguen percibiendo ayuda estatal en sus boletas de luz y gas, algo que el propio Gobierno dice querer eliminar. 

    Lo que están planteando es desarmar el Plan Gas como si fuera una resolución administrativa más, y no lo es. Son contratos firmados, con plazos, compromisos de inversión y garantías de abastecimiento. Romper eso sería romper contratos, así de simple.

    Las demoras no son inocuas. Las distribuidoras tienen cada vez menos margen para adaptar sus sistemas de facturación. Se elimina una categoría. Se incorpora una bonificación adicional del 25% que rige este año y se va reduciendo hasta desaparecer en diciembre. Si el esquema no entra en vigencia este mes, todo el cronograma se corre y el ahorro fiscal prometido también, tal como calculó el portal especializado El Post Energético. 

    Pero en la industria miran otro frente. Afirman que la indefinición sobre el costo de la energía está íntimamente ligada a las dificultades para desarmar el Plan Gas.

    La plata de Fortín de Piedra de Techint en Vaca Muerta.

    «Lo que están planteando es desarmar el Plan Gas como si fuera una resolución administrativa más, y no lo es. Son contratos firmados, con plazos, compromisos de inversión y garantías de abastecimiento. Romper eso sería romper contratos, así de simple. Y cuando un Estado rompe contratos, el mensaje al mercado es devastador. Si el Gobierno quiere modificar el esquema, debería sentarse a renegociar, buscar una transición ordenada, no avanzar de hecho. Desarmarlo de un día para otro es jurídicamente muy difícil y económicamente peligroso. No es una perilla que se apaga: atrás hay inversiones, financiamiento y producción en curso», afirmó a LPO un importante empresario petrolero. 

    En rigor, el nuevo diseño del precio del gas natural introduce un cambio estructural: el valor será el mismo todo el año, sin diferenciar invierno y verano. 

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    El nuevo esquema fija subsidios del 50% del costo del gas entre abril y septiembre, con volúmenes que dependen de la región, y suma la bonificación del 25% el primer año. Con esa lógica, el nuevo PIST debería ubicarse todo el año en 3,79 dólares por millón de BTU. El problema es que los cuadros hoy vigentes fijan 2,98 dólares para el verano. Mientras no se actualicen, los usuarios reciben un subsidio mayor al previsto. 

    Paolo Rocca, líder del grupo Techint que tiene en Vaca Muerta la operación de gas más importante en el área de Fortín de Piedra, fue y es un gran defensor de esa iniciativa del kirchnerismo.

    Ese precio plano obliga a reformular el Plan Gas, que fue diseñado justamente con precios diferenciados por estacionalidad. Y ahí aparece el nudo político y económico. El Plan Gas fue, para las empresas, un negocio redondo. Paolo Rocca, líder del grupo Techint que tiene en Vaca Muerta la operación de gas más importante en el área de Fortín de Piedra, fue y es un gran defensor de esa iniciativa del kirchnerismo.

    El Estado compró toda la producción hasta 2028, garantizando un precio dolarizado por encima de la referencia internacional. Además, el esquema incluye cláusulas de take or pay: aunque no necesite todo el gas contratado, el Estado debe pagar al menos el 75% del volumen acordado.  

    Para el Estado, el acuerdo también tenía una lógica. Le dio previsibilidad al sistema energético. El gas no es solo lo que llega por red o garrafa. Es el insumo clave de la generación térmica que explica buena parte de la electricidad del país. 

    Ahora el Gobierno busca desarmar ese andamiaje. Para eso, empezó a ofrecer «regalitos» a las petroleras para que acepten salir antes de los contratos. Eliminar el control sobre los planes de inversión. Quitar la obligación de destinar un 30% de la producción al sector industrial. Y pagar un 5% más de adelanto por los volúmenes inyectados, solo con declaración jurada y sin certificaciones. 

    En el sector deslizan que el «regalito» mayor todavía no se mostró. «Cuando aparezca, el costo no lo van a pagar las petroleras. Como casi siempre, va a terminar en la boleta», afirmó un especialista consultado.

     

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    El gobierno de Axel Kicillof promulgó esa ley en diciembre y de inmediato los abogados avanzaron con amparos.

    El presidente de la Caja de Previsión Social para Abogados de la provincia, Fabián Gerardo Portillo, presentó un amparo para seguir cobrando los viáticos y reponer la sobretasa. Ese amparo fue desestimado. Sin embargo, horas después fue la Asociación de Abogados Jubilados quien presentó otro amparo, que recayó en el Juzgado en lo Civil y Comercial 8 de La Plata, a cargo de Leonardo Villegas.

    El proyecto de ley fue impulsado en la Legislatura por Facundo Tignanelli, un diputado cercano a Máximo Kirchner. La iniciativa redujo la sobretasa de Justicia del 10% al 5%, y se le dio un fin específico a ese 5%.

    La Cámpora avanzó en la Legislatura con una ley que le quita millones a la Caja de Abogados de la provincia

    La tasa de Justicia supone el 2,2% que pagan los bonaerenses cuando requieren un servicio de Justicia. El 10% de esa tasa se giraba directo a la Caja de Abogados. Ahora pasó a ser el 5%. Esa tasa no la pagan los abogados, la pagan los bonaerenses que necesitan acceder al servicio de Justicia, incluso los sectores más humildes.

    Pero además, la ley derogó el sistema de viáticos que gastaban más de 2.000 millones al año en viáticos y refrigerios para los 40 directores de la caja. En 2025 esos directores tuvieron a disposición 756 millones para viáticos que les permiten hacer distintos gastos al momento de viajar a La Plata a sesionar.

    Pero además, cuentan con 78 millones de pesos para traslados, 72 millones para alojamiento y 42 millones para gastos de relaciones públicas.

    Facundo Tignanelli.

    Cuando el proyecto se trató en Diputados, Tignanelli citó un informe de la subgerencia financiera de la caja donde da cuenta de las inversiones de la entidad. Según el detalle, los abogados de la provincia tienen el 51% de las inversiones en títulos de Estados Unidos; el 40% en títulos nacionales en dólares y el 8% en títulos provinciales en dólares. El resto son distintas inversiones en pesos. Sólo por los servicios para administrar la inversión en el exterior la caja gasta en comisiones 1.400 millones de pesos.

    «Se acabó el champagne y las cenas para los directores que pagan todos los bonaerenses», dijo Tignanelli en noviembre de 2024 cuando se aprobó el proyecto en la Cámara Baja.

    El proyecto se aprobó en el Senado en los primeros días de diciembre en una sesión maratónica en la que se aprobaron los proyectos de endeudamiento y reforma de la Carta Orgánica del Banco Provincia. El proyecto del oficialismo consiguió más de dos tercios de los votos, es decir que contó con el aval de la oposición.

     

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