SE SUSPENDEN TORNEOS Y COMPETENCIAS DEPORTTIVAS EN RIO NEGRO

El equipo económico quiere usar parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para mover la economía. La implementación de la idea es incipiente, pero ya abrió otro conflicto en el gabinete: la ministra Sandra Pettovello que tomó el control del organismo, enfrenta cuestionamientos.

«Hay ruido con la Anses, hay ruido con Pettovello», reconoció un diputado libertario al tanto de las discusiones del equipo económico, que como reveló LPO, está preocupado por reactivar la economía.

El razonamiento es pragmático. Sin margen fiscal y con un mercado financiero todavía chico, el FGS aparece como uno de los pocos lugares con volumen para mover la economía real., por ejemplo, con créditos a tasas subsidiadas.

No sería la primera vez. La idea con aroma kirchnerista tiene antecedentes que van desde la Tarjeta Argenta de 2012 para jubilados, hasta su reconversión en préstamos en efectivo en 2017, cuando el dinero empezó a acreditarse en cuentas bancarias. Después vinieron los Créditos Anses, con montos más altos y plazos más largos. La pandemia frenó ese circuito y recién en 2021 se reactivó de forma más acotada.

Salvar el proyecto, soltar a Milei

El punto de quiebre fue 2023. En plena campaña, bajo la conducción de Sergio Massa, el crédito desde Anses se expandió de manera masiva. Se ampliaron montos, se bajaron tasas y se incorporaron trabajadores formales con líneas específicas. Los préstamos llegaron hasta un millón de pesos para asalariados y 600 mil para jubilados. Fue una política explícita de estímulo al consumo en clave electoral. Ese movimiento quedó instalado como parte del llamado «plan platita».

En plena campaña, bajo la conducción de Sergio Massa, el crédito desde Anses se expandió de manera masiva. Se ampliaron montos, se bajaron tasas y se incorporaron trabajadores formales con líneas específicas. Fue una política explícita de estímulo al consumo en clave electoral. Ese movimiento quedó instalado como parte del llamado «plan platita».

Ese antecedente explica por qué hoy todas las miradas apuntan a Sandra Pettovello. Bajo su órbita quedó la Anses que dirige Guillermo Arancibia, un técnico serio pero con margen acotado. Pettovello le restringió la comunicación con la prensa y supervisa cada una de sus decisiones.

Ahí aparece la tensión. La ministra tiene la llave del FGS. El recuerdo del uso electoral de esa herramienta pesa. En el oficialismo saben que abrir esa caja implica moverse en un terreno incómodo, donde la necesidad económica choca con el relato político.

Entre las opciones también se analiza utilizar parte de los fondos del FGS para dar créditos hipotecarios, una manera de mover la construcción, hoy entre los sectores hundidos. Pero hay un problema legal. El Decreto 1039 modificó la ley previsional y le quitó al FGS la posibilidad de otorgar préstamos directos. Se eliminaron los incisos que habilitaban invertir en hipotecas y financiar beneficiarios. También se cerró la puerta a créditos subsidiados. El argumento oficial fue preservar la rentabilidad del fondo y dejar el crédito en manos del sector privado.

El diputado Guillermo Michel presentó un proyecto para que la Anses financie la deuda de las familias.

Esa restricción obliga a buscar alternativas. Una de las que circula es el Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas del diputado peronista Guillermo Michel. El proyecto plantea usar el FGS para refinanciar deudas de tarjetas y prestamistas. Habla de préstamos de hasta 1,5 millones de pesos, con cuotas atadas a la tasa Tamar y un límite del 30% del ingreso. Convertir el proyecto en ley habilitaría a usar al FGS para aliviar la situación de mora de las familias y liberar capacidad de consumo.

Mientras tanto, la actual conducción de la Anses tomó un camino distinto, que incluso contradice el relato libertario. Mientras el discurso oficial planteaba reducir la presencia estatal en empresas, los números muestran lo contrario. El FGS aumentó su participación en varias compañías, en algunos casos mas que duplicando su posición, como reveló la periodista Florencia Donovan en su columna de este sábado en La Nación.

Los datos surgen de las presentaciones de las empresas que cotizan en Wall Street. Galicia informó que la Anses pasó de tener el 16,8% a 22,5% del grupo. La participación estatal en Loma Negra saltó de 5,33% a 9,2%. TGS pasó de 24% a 25,33%. En YPF la tenencia de acciones paso del 1,46% a 8% del paquete que está en manos del mercado. En Banco Macro avanzó de 28,8% a 29,75%. Y en Byma trepó de 3,34% a 8%.

En el mercado, esa dinámica se lee con doble lente. Por un lado, algunos operadores destacan que el FGS está comprando acciones a precios que consideran bajos. Una señal alcista para el Merval. Por otro, advierten un riesgo político: las empresas buscan recomprar esas participaciones para evitar que, en un eventual cambio de signo político, el Estado gane influencia en sus directorios. «Señal mixta», apuntó a LPO un analista del mercado, «bullish por valuaciones, más ruido por gobernanza» completó.

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Toto Caputo mandó al Congreso el proyecto para reducir los subsidios por zona fría en las tarifas de gas, una ley impulsada por Máximo Kirchner en 2021, y choca con los gobernadores de provincias aliadas que perderían el beneficio.

La movida del gobierno incluyó también la regularización del Mercado Eléctrico Mayorista y, en su mensaje, el ministro de Economía expresó que persigue el sostenimiento de «la política económica de reducción del déficit fiscal, normalización financiera del sistema energético, ordenamiento de las cuentas públicas y continuidad en las condiciones para el acceso y la utilización de fuentes de energías renovables».

Con el rediseño de Caputo, la cobertura de la ayuda estatal volvería al esquema histórico, que concentraba el alcance de la norma en la Región Patagónica, el Departamento de Malargüe de Mendoza y la Región de la Puna.

Esto implica que perderán el beneficio automático más de 50 municipios de la provincia de Buenos Aires, varias zonas del sur de Córdoba y Santa Fe, y localidades de provincias gobernadas por aliados de la Casa Rosada: Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Catamarca y Tucumán. También localidades de La Pampa y La Rioja perderían el subsidio.

 Actualmente, rige la ley 27637 y de su articulado se desprende que el subsidio equivale a una tarifa diferencial que impacta al mismo tiempo sobre el precio del gas, el transporte y su distribución. Con la propuesta de Caputo, el subsidio solo se aplica al precio del gas, el pago se hace a los productores y se rompe la concordancia entre el porcentaje de la tarifa cubierto y la factura final.

Fuentes parlamentarias dijeron a LPO que, además de achicar el alcance territorial, el proyecto del oficialismo establece que allí donde continúen los subsidios, «serán determinados por el Poder Ejecutivo Nacional con las modalidades que considere pertinentes».

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Además, los libertarios pretenden barrer la compatibilidad expresa del subsidio «con otros beneficios que pudieran corresponder a los usuarios».

Desde el bloque peronista comentaron que la iniciativa que ingresó este lunes a la Cámara de Diputados «vuelve a intentar lo del Presupuesto de 2026», cuando la oposición terminó abortando un capítulo entero de la ley de leyes. 

Al cierre de esta nota, los diputados de LLA y algunos de sus aliados carecían de «línea» para defender el proyecto, tal como admitió un importante legislador libertario.

Sergio Capozzi, Gisela Scaglia e Ignacio García Aresca.

De hecho, un opositor al gobierno graficó la situación con una paradoja: «los descuentos por Zona Fría en gas ya no son un tema que le importe a la enorme mayoría de las personas en Mar del Plata o Bahía Blanca porque, en octubre del año pasado, casi el 50% de los votantes marplatenses eligieron a diputados nacionales que promueven su eliminación, así como el 54,08% de los bahienses».

Aún así, advirtió que «es difícil que el gobierno tenga los votos para este tipo de leyes». «No creo que consiga el respaldo ni de los aliados para sacarle el subsidio a la gente a las puertas del invierno», dijo.

No creo que (el gobierno) consiga el respaldo ni de los aliados para sacarle el subsidio a la gente a las puertas del invierno.

La ex vicegobernadora Gisela Scaglia, actual diputada por Provincias Unidas, consideró de todas maneras que «no está mal que los subsidios los implementen a las personas y no directamente a las zonas, es interesante que el esquema sea por condición económica, no es justo que alguien con recursos sea subsidiado». 

La legisladora santafecina valoró que «a diferencia del régimen anterior, donde el subsidio era general para todos los residentes de estas zonas, el nuevo proyecto establece doble condición para recibir la bonificación adicional por Zona Fría». «Por un lado, el usuario debe residir en la localidades contempladas por el programa y estar registrado en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), y por otro, tiene que estar contemplado por criterio socioeconómico porque el beneficio ya no es puramente geográfico, sino que se destina a hogares con ingresos inferiores a 3 Canastas Básicas Totales o que cuenten con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP)», explicó. 

En cambio, el cordobés Carlos Gutiérrez, que responde a Llaryora y Schiaretti, dijo que el gobierno nacional «ya no sabe qué más sacarnos a los cordobeses». «Si Caputo quiere eliminar estos subsidios, que empiece por CABA», lo chicaneó.