SE SUSPENDEN TORNEOS Y COMPETENCIAS DEPORTTIVAS EN RIO NEGRO

La crisis industrial sigue golpeando duramente al interior del país. Tras la noticia de los 300 despidos de Mirgor en Tierra del Fuego, ahora la multinacional anunció el cierre de una histórica fábrica en Mendoza y la desvinculación de 60 trabajadores.

Se trata de una planta de vegetales deshidratados que funcionaba desde hace 62 años en la localidad de Corralitos, en Guaymallén. Desde 2005 era operada por Unilever y sus tres líneas de producción estaban dedicadas a proveer a la marca Knorr.

Según informó el diario Los Andes, la empresa informó el lunes a los empleados que no se presenten a trabajar, una decisión que sorprendió al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA). «A las 5 de la mañana empezaron a llamar a la gente para que no se presentara a trabajar», dijo el titular del gremio, Oscar Aciar.

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El gremio dice que la empresa se comprometió a pagar las indemnizaciones al 100% de los 60 empleados más algunas sumas adicionales, lo que revela que la decisión del cierre no obedece a problemas económicos de Unilever si no a la decisión de cambiar el modelo de negocio.

Todo indica que la marca Knorr se proveerá ahora con productos importados, una posibilidad que le abre la apertura total de las importaciones del gobierno de Milei que está detonando la producción local.

«La decisión no afecta la continuidad de las operaciones de Unilever en Argentina ni de la marca Knorr, que seguirá desarrollando y comercializando sus productos en el país», sostuvo la empresa en un comunicado.

La planta de Guaymallén era un símbolo de la industria alimenticia mendocina y una referencia nacional en la producción de vegetales deshidratados.

La Ciudad avanza con el traspaso de la justicia laboral y esperan que en febrero de 2027 ya estén en funcionamiento 10 juzgados y dos salas de cámara. Las causas colectivas seguirán en el fuero nacional. Los jueces y fiscales compartirán equipos para las tareas administrativas. Aún no está cerrado el monto que transferirá Nación.

La magistratura porteña envió a la Legislatura el listado de los primeros diez jueces y los primeros seis camaristas que tendrá el fuero laboral porteño, además de fiscales, fiscales de cámara y asesores tutelares. Allí irán a parar los nuevos casos expedientes vinculados al mundo del trabajo. Los viejos continuarán tramitándose con sus jueces naturales en el fuero nacional.

A diferencia de lo que ocurre en Nación, el Consejo no elabora ternas, sino listados que corresponden al orden de mérito. En los que elevó el jueves no hay casi diferencia con el puntaje del examen escrito y los antecedentes.

Entre los postulantes para jueces y camaristas del fuero laboral que debe votar la Legislatura hay abogados de empresas, de sindicatos, jueces y ex funcionarios como Horacio Pitrau. Durante 27 días fue subsecretario de Trabajo de Milei y viceministro de Jorge Triaca. Aparece en el listado de los camaristas.

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Sebastián Luis Caset y Agustina Bergonzelli son candidatos a jueces de primera instancia y vienen del mundo del derecho empresario. Silvia Inés Gutiérrez Garay, postulada para camarista, fue abogada del Suterh. Patricia Paola Ceriani, también candidata a camarista, es Coordinadora Técnico Legal y Jurídica de la Dirección General de Administración de Infracciones de la Ciudad.

En la Ciudad apuntan a tener al menos 40 juzgados y 5 salas con tres camaristas. 

Diego Javier Tula es juez laboral en la Provincia mientras que Martín Furchi pertenece al fuero contencioso administrativo de la Ciudad. Ambos están en la lista de camaristas.

El traspaso era resistido por los jueces nacionales y un amparo frenó por varios meses el concurso organizado por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Por eso la decisión fue que los juzgados nacionales continúen funcionando hasta que no tengan más tareas.

Las causas colectivas, aquellas que involucran a sindicatos, seguirán tramitándose en los juzgados nacionales.

En la Ciudad apuntan a tener al menos 40 juzgados y 5 salas con tres camaristas. En Nación buscan bajar ese número. «Todavía estamos discutiendo cuestiones del traspaso de la policía, esto viene para largo», bromeó un funcionario porteño.

El fuero podrá comenzar a funcionar 180 después de que la Legislatura y el Congreso aprueben el traspaso.

Para los nuevos juzgados, la Ciudad aplicará el modelo de gestión asociado. Implica la conformación de equipos administrativos especializados que trabajarán para varios juzgados en simultáneo. La intención es tener un servicio de justicia más rápido y eficiente.

«Vas a tener algunos que solo hagan notificaciones, otros que manejen las audiencias. Va a ser gente especializada que trabaja en una sola tarea», le dijo a LPO un funcionario judicial. El modelo ya se aplica en el fuero de relaciones de consumo y en ejecución penal.

Fue una innovación basada en los casos de Neuquén y Tucumán y también de España y Chile que tuvo su debut en las fiscalías de la Ciudad.

«Se bajan los costos, también se reduce el poder de los jueces. Y al final el servicio de Justicia es más rápido y efectivo», explicaron desde el gobierno porteño.