Presidido por la Gobernadora Arabela Carreras, se reunió este sábado el Comité de Crisis por COVID-19 en Río Negro, compuesto por autoridades de los tres Poderes del Estado.
Luego del análisis de la actual situación epidemiológica de la provincia, el Comité determinó como medidas la suspensión temporaria de todos los actos protocolares en territorio provincial, así como torneos y competencias deportivas profesionales y amateurs. Estas medidas se tomarán desde el lunes 17 y por 15 días.
Por otra parte, por disposición de la Gobernadora Carreras, los integrantes del Comité de Crisis se instalarán en el Alto Valle de la provincia, para mantener encuentros con Intendentes, Intendentas, autoridades de sectores económicos y sociales, entre otros, en la continuidad del diálogo permanente que lleva adelante la Provincia con los representantes de los distintos actores de la sociedad para el análisis de cada localidad en particular.
Estas medidas se tomaron tras el tratamiento de la actualidad en materia de casos, la disponibilidad de camas para pacientes de COVID-19, y el avance en el operativo de vacunación, especialmente en las zonas más afectadas por el crecimiento de los casos positivos, como los Departamentos de General Roca y Adolfo Alsina y las ciudades de San Carlos de Bariloche y Dina Huapi, entre otras.
Participaron del encuentro el Vicegobernador Alejandro Palmieri y el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Apcarián. También lo hicieron la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Mercedes Jara; sus pares de Salud, Fabián Zgaib; de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler; de Economía, Luis Vaisberg; de Desarrollo Humano, Juan José Deco; el Secretario General, Daniel Sanguinetti; la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia, Betiana Minor; el Presidente del Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López; la Secretaria de Salud, Mercedes Ibero; el Secretario Legal y Técnico, Guillermo Ceballos y el Secretario de Comunicación, Gustavo Glave.
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina recuerda a artistas y a grupo de artistas de la ciudad que se pueden inscribir en el Registro Municipal de Artistas Reginenses que concentra la información de todas las expresiones artísticas existentes. Deben hacerlo en la página web de la Municipalidad a través del siguiente…
El documento de 136 páginas en inglés que el FMI publicó el viernes a última hora dejó mucho más que la aprobación técnica del programa argentino. Entre gráficos, notas al pie y observaciones del staff, el organismo expuso una tensión profunda con la estrategia que Santiago Bausili viene ejecutando en el Banco Central.
La lectura que hacen en el mercado es contundente: Washington ya no discute sólo medidas puntuales. Está cuestionando toda la arquitectura monetaria. Detrás del lenguaje técnico hay un mensaje político claro: el Fondo quiere modificar la política cambiaria que hoy administra el Banco Central.
El propio documento plantea que «el marco monetario debería seguir evolucionando para apoyar la desinflación y una mayor flexibilidad cambiaria» y agrega que «la continuidad de la flexibilidad cambiaria» resulta «esencial para reconstruir de manera decisiva los colchones externos». O sea, piden la liberación total del cepo que Bausili se encargó de negar.
También sostiene el documento que «el tipo de cambio continuaría moviéndose de manera flexible dentro de la banda ampliada» y reclama «nuevas mejoras al esquema, incluidos esfuerzos para contener la volatilidad de las tasas de interés».
El informe funciona como una radiografía de las diferencias entre el manual clásico del Fondo y el esquema financiero que utilizó el Gobierno para estabilizar la economía sin detonar una crisis bancaria. El FMI avala el ajuste fiscal y la desaceleración inflacionaria, pero objeta casi todos los instrumentos utilizados para conseguirlos. Tasas negativas, atraso cambiario, controles de capitales y fusión operativa entre el Tesoro y el Banco Central aparecen bajo observación.
El documento remarca que «la política monetaria debería seguir enfocada en apoyar la desinflación» y que serán necesarias «medidas para contener aún más la volatilidad de las tasas de interés y mejorar la transmisión monetaria y la asignación del crédito». A la vez, advierte sobre «vulnerabilidades derivadas de descalces cambiarios y de plazos».
La primera crítica atraviesa la política de tasas. El staff técnico insiste en que una economía con inflación alta necesita tasas reales positivas para sostener la demanda de moneda local. Bausili hizo exactamente lo contrario durante buena parte del programa. Aplicó rendimientos negativos para licuar los pasivos remunerados heredados de las Leliqs y los Pases. La lógica oficial era desactivar la bomba cuasifiscal aunque el costo fuera castigar el ahorro en pesos.
El FMI avala el ajuste fiscal y la desaceleración inflacionaria, pero objeta casi todos los instrumentos utilizados para conseguirlos. Tasas negativas, atraso cambiario, controles de capitales y fusión operativa entre el Tesoro y el Banco Central aparecen bajo observación.
En el Fondo creen que esa estrategia resolvió un problema inmediato pero creó otro más delicado. Según el informe, las tasas negativas trasladan presión hacia el dólar y debilitan la demanda estructural de dinero. Por eso el staff viene reclamando desde hace meses una transición hacia retornos reales positivos y una política monetaria más ortodoxa.
El segundo foco de conflicto es el tipo de cambio. Tras la devaluación inicial de diciembre de 2023, el Banco Central utilizó el crawling peg como ancla antiinflacionaria. Primero al 2% mensual y luego todavía más retrasado frente a la inflación. Para Caputo y Bausili, esa estabilidad cambiaria era indispensable para frenar el pass through y evitar que el ajuste fiscal quedara pulverizado por una nueva escalada de precios. El FMI piensa distinto.
En Washington sostienen que el peso volvió a apreciarse de manera peligrosa y que el atraso cambiario complica la acumulación de reservas genuinas. El documento insiste varias veces con la necesidad de avanzar hacia un esquema más flexible y con menos intervención.
El staff afirma que «el peso se estabilizó, apreciándose alrededor de 13 por ciento en términos reales desde fines de 2025» y advierte que «el tipo de cambio debería actuar como amortiguador frente a shocks». De hecho, el propio Bausili reconoció en el último documento de política monetaria que el plan económico está expuesto a efectos muy graves si ocurre algún shock externo.
La tercera discusión toca un nervio todavía más sensible: la relación entre el Central y el Tesoro. El FMI históricamente defendió la independencia de los bancos centrales para evitar que funcionen como caja financiera de los gobiernos. Pero bajo la conducción de Bausili ocurrió exactamente lo contrario. Economía y el BCRA operan como una estructura integrada. La transferencia de deuda desde el Central hacia Lecaps y LeFi emitidas por el Tesoro fue la señal más evidente de esa fusión de balances.
En el Gobierno celebran esa ingeniería porque permitió limpiar el balance del Banco Central y eliminar emisión monetaria futura. En el Fondo creen que el riesgo simplemente se trasladó desde el BCRA hacia el Tesoro y los bancos comerciales, cada vez más cargados de deuda soberana. El problema no desapareció. Cambió de ventanilla.
En una nota al pie de la página 7, el organismo aclaró que el superávit financiero informado por el Gobierno excluye los intereses capitalizables de los bonos cupón cero, registrados «debajo de la línea». Y agregó un dato demoledor: si se incorpora ese componente, el resultado financiero de 2025 mostraría un déficit cercano al 0,8% del PBI.
El documento insiste en que «el balance del Banco Central y su marco de gobernanza deberían continuar fortaleciéndose». También reclama «fortalecer la independencia de las instituciones de supervisión» y mejorar «los marcos de gobernanza».
Por eso en la City algunos interpretan que el FMI está marcando límites a Bausili. No un pedido explícito de renuncia, pero sí un cuestionamiento integral al funcionamiento del Banco Central. «El Fondo les está diciendo que con este esquema llegaron hasta acá, pero que no quieren seguir así», comentó a LPO un analista del mercado.
El documento también dejó una bomba fiscal escondida en la letra chica. En una nota al pie de la página 7, el organismo aclaró que el superávit financiero informado por el Gobierno excluye los intereses capitalizables de los bonos cupón cero, registrados «debajo de la línea». Y agregó un dato demoledor: si se incorpora ese componente, el resultado financiero de 2025 mostraría un déficit cercano al 0,8% del PBI.
La nota al pie dice textualmente: «Esta medida excluye pagos de intereses de bonos cupón cero, que están registrados debajo de la línea. Incluyendo el componente real de los intereses capitalizados por encima de la línea, el déficit total ascendería a alrededor de 0,8 por ciento del PBI».
La observación cayó especialmente mal en Economía porque perfora el principal relato político de Milei. El Gobierno construyó toda su legitimidad económica alrededor del déficit cero. Pero el propio Fondo dejó asentado que parte de ese equilibrio fiscal se sostiene pateando intereses hacia adelante. El ejercicio de contabilidad creativa aparece escondido en una nota al pie mientras arriba en el textose celebra el superávit como si fuera verdad.
El documento sostiene que «el programa continúa sujeto a riesgos elevados» y reclama «planes de contingencia sólidos». También señala que «las vulnerabilidades siguen elevadas» y menciona específicamente «reservas débiles» y «la falta de acceso sostenido a los mercados internacionales».
Como sea, la publicación del staff report reveló algo más profundo que una discusión técnica. Milei llegó prometiendo destruir el Banco Central. Terminó dependiendo de un Banco Central hiperintervenido, coordinado con el Tesoro y sostenido financieramente por el FMI. Y ahora el organismo que mantiene vivo el programa empezó a exigir cambios justamente en el corazón de ese esquema.
La demora en la difusión completa del acuerdo alimentó todavía las sospechas sobre las diferencias internas. En el mercado recuerdan que Kristalina anunció el entendimiento el 14 de abril, mucho antes que apareciera la letra chica. En despachos oficiales reconocen que durante esas cinco semanas hubo discusiones ásperas sobre reservas, política cambiaria y velocidad de apertura financiera.
La demora en la difusión completa del acuerdo alimentó todavía más las sospechas sobre esas diferencias internas. En el mercado recuerdan que Kristalina Georgieva anunció políticamente el entendimiento el 14 de abril, mucho antes de que apareciera la letra chica técnica. En despachos oficiales reconocen que durante esas cinco semanas hubo discusiones ásperas sobre reservas, política cambiaria y velocidad de apertura financiera.
Ese desfasaje entre el respaldo político y las objeciones técnicas también fue leído como una señal de la tutela creciente de Estados Unidos y el Fondo sobre la política argentina. El propio texto refleja esa lógica, donde la democracia aparece reducida a una variable de riesgo que debe ser administrada para no alterar el plan económico.
El informe menciona «incertidumbres políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2027» que podrían «provocar salida de capitales y frenar o revertir el impulso reformista». Además señala que será clave «sostener la continuidad de las políticas y el apoyo social al programa de reformas».
En ese contexto, el documento del viernes funcionó casi como una advertencia. El Fondo avaló el programa, pero dejó asentado que quiere otra política monetaria, otra dinámica cambiaria y otro funcionamiento del Banco Central.
Cada vez que una familia argentina no puede pagar lo que debe, pasa algo más que un número en rojo en su presupuesto. Pasa algo político. Se activa una pregunta que estuvo suspendida, que muchas veces se evitó formular, pero que en algún momento encuentra su camino: ¿quién tiene la culpa de que yo no pueda pagar?
El Banco Central de la República Argentina publicó un dato que pronto repercutió en los medios. La mora en el financiamiento pasó de 2,5% en diciembre de 2024 a 9,3% en diciembre de 2025. En marzo de 2026 —el registro más reciente— trepó al 11,5%: una cifra que no se observaba desde hace más de veinte años. En doce meses, la irregularidad de los créditos a hogares se triplicó, con un incremento de 8,3 puntos porcentuales. Los préstamos personales concentran el mayor nivel de incumplimiento en quince años. Y el deterioro no se limita al sistema bancario: en las billeteras virtuales y entidades financieras no bancarias —a las que recurren quienes el banco ya no les presta— la morosidad supera el 30%.
Los datos de mora de las familias argentinas durante el gobierno de Javier Milei siguen una curva que los economistas registran con sus instrumentos pero que las ciencias sociales deben interpretar con otros. No alcanza con decir que sube la morosidad en tarjetas, que se acumulan deudas de expensas y servicios, que los planes de pago se estiran hasta el absurdo. Lo que hay que entender es qué tipo de deuda es esa. Porque no todas las deudas son iguales, y la historia argentina lo demuestra con claridad: cada régimen político produjo su propio régimen de endeudamiento familiar, con sus promesas, sus trampas y sus consecuencias electorales. Esa historia la reconstruyo en Historia de cómo nos endeudamos (Siglo XXI), y lo que muestra es que la deuda que hoy llevan encima millones de hogares argentinos tiene un nombre específico: deuda de sacrificio.
El trampolín
Para entender la trampa, hay que entender primero el trampolín.
Milei llegó al poder montado sobre un estado de ánimo colectivo que tenía nombre propio en las encuestas: agotamiento moral. No era simplemente la pobreza, ni la inflación sola, ni la devaluación. Era algo más preciso: la sensación de haber hecho todo bien —trabajar, ahorrar, sacrificarse— y que aun así no alcanzara. La percepción de correr en el lugar, de esforzarse sin que el esfuerzo rindiera fruto.
En 2023, cuando se medían las intenciones de voto, ocho de cada diez argentinos acordaban con una afirmación demoledora: «Ante los problemas de la inflación, dependemos de nuestro esfuerzo y sacrificio.» Casi la misma proporción sostenía que se mataban de tanto trabajar y la inflación de todas formas no les permitía llegar a fin de mes. Estos números eran más altos entre quienes ya habían votado a Milei en las primarias.
El electorado de Milei es más complejo que cualquier retrato unívoco: cruzó clases sociales, generaciones y geografías. No se puede trazar una línea directa entre quién debía y quién votó. La deuda de sacrificio no produce votos: produce un estado de ánimo, una plausibilidad moral. Vuelve pensable lo que antes parecía impensable. Y lo que las encuestas de 2023 mostraban con consistencia es que ese estado de ánimo estaba extendido transversalmente: personas que habían pedido prestado para comer y personas de clase media que habían visto multiplicarse sus cuotas hipotecarias sin control compartían algo más profundo que una condición económica. Compartían la sensación de que el esfuerzo propio no encontraba retorno institucional. Que las deudas que cargaban no eran el precio de algo —no eran el escalón hacia ningún lugar. Eran simplemente el precio de permanecer en el lugar. Para no caer.
Eso es la deuda de sacrificio: deuda sin aspiración. Deuda que no te lleva a ningún lado. Deuda que es el precio de sobrevivir.
La previa
Para leer la mora de hoy hay que hacer un ejercicio que los titulares económicos no hacen: excavar. La deuda de sacrificio tiene capas. Cada una depositó algo que todavía está ahí, acumulado, sin resolver.
La primera capa es el macrismo. El crédito UVA —el instrumento hipotecario que prometía hacer accesible la vivienda— fue la trampa más sofisticada de ese período. Diseñada para un mundo de inflación baja y estable, explotó cuando el peso se derrumbó en 2018 y el FMI volvió con sus condiciones. Entre 2016 y 2019, el índice que actualizaba esas hipotecas subió 227% mientras los salarios formales crecían a la mitad de esa velocidad. Sandra había firmado su hipoteca en 2017 creyendo que la inflación bajaría. No bajó. «Préstamos, impuestos, colegio, mercado. No nos quedaba nada.» Carla, que había ahorrado ocho años para comprar su departamento, trabajaba quince horas diarias seis meses después de firmar. «Pagamos pero debemos más.» Esa deuda —la de la promesa traicionada— no desapareció con el cambio de gobierno. Se sedimentó.
La segunda capa es la pandemia. El aislamiento sanitario eliminó de un día para el otro el ingreso de millones de trabajadores informales. El alquiler no esperó. La comida no esperó. Los servicios no esperaron. El Estado asistió, pero con un margen fiscal ya comprometido por la deuda soberana que renegociaba con el FMI. Lo que no cubrió la política lo cubrieron los hogares: con fiado en el almacén, con préstamos entre familiares, con tarjetas giradas hasta el límite. Mónica pedía prestado a una agencia estatal para pagar la fiada del almacén y así poder seguir comprando fiado la semana siguiente. «Un círculo del que no se puede salir.» La pandemia no creó la deuda de sacrificio, pero la volvió masiva. Convirtió una tendencia en una condición estructural.
La deuda de sacrificio no produce votos: produce un estado de ánimo, una plausibilidad moral.
La tercera capa es la inflación del kirchnerismo tardío y el gobierno de Alberto Fernández. Leonardo, docente, lo describe con precisión: había pasado de endeudarse para comprar electrodomésticos —la vieja deuda de la inclusión que el kirchnerismo había promovido como símbolo de pertenencia— a endeudarse para comprar comida. El mismo instrumento, la tarjeta, el crédito, había cambiado de sentido. Ya no era el escalón hacia algo mejor. Era el parche para no caer. Ricardo, comerciante, llamaba a sus deudas «deudas de empobrecimiento»: lo opuesto de todo aquello para lo que había trabajado. Con una inflación que superó el 90% en 2022 y el 200% en 2023, las deudas acumuladas en los años anteriores no se disolvieron. Se compusieron.
Lo que define a este régimen de deuda no es solo su magnitud. Es su sentido acumulado. La deuda aspiracional —la que te permite comprarte una heladera, pagar la cuota del auto, planificar las vacaciones— crea un vínculo entre el esfuerzo presente y una promesa de futuro. La deuda de sacrificio es exactamente lo contrario: no te lleva a ningún lado. Es el precio de permanecer en el lugar. Y cuando esa experiencia se repite capa tras capa, gobierno tras gobierno, algo se rompe en la relación entre los hogares y la política.
El deudor de sacrificio siente que hizo todo lo que se suponía que debía hacer y que el Estado, la política, los gobernantes —todos, no uno en particular— no cumplieron su parte. Esa asimetría genera algo más que frustración: genera una superioridad moral sobre la clase política. «Nosotros nos arreglamos solos. Ellos no hicieron nada.» Y esa superioridad moral es exactamente lo que Milei supo leer, nombrar y capitalizar.
El candidato
La campaña de Milei fue, en el sentido más preciso de la palabra, una campaña sobre el sacrificio. Tradujo en lenguaje político algo que los hogares argentinos vivían en su economía doméstica: la sensación de que el sacrificio individual no encontraba contrapartida en el Estado, y de que ese Estado era en sí mismo el obstáculo.
La propuesta de la motosierra no era solo un programa económico: era una promesa de reciprocidad invertida. Si durante años las familias habían sacrificado mientras los políticos derrochaban, ahora los políticos también iban a sacrificar. La casta pagaría. El ajuste sería hacia arriba.
Hay una lógica interna en ese argumento que no puede desestimarse. El sacrificio vivido individualmente, sin retorno, sin reconocimiento, se convierte en política en una demanda: que otros también sacrifiquen, empezando por el Estado y por quienes lo gobiernan. La deuda de sacrificio no determina el voto —nada en política es tan lineal. Pero contribuye a moldear un paisaje moral en el que votar por la ruptura radical deja de parecer una locura y empieza a parecer lo único razonable. Quien vivió años pagando sin que nadie respondiera podía encontrar en la motosierra no un símbolo de crueldad sino de justicia: si nosotros sacrificamos, que sacrifiquen ellos también.
La deuda de sacrificio fue el trampolín. No porque causara el voto —las cadenas causales en política son siempre más enredadas que eso— sino porque instaló el estado de ánimo desde el cual una propuesta de ruptura radical pudo volverse moralmente plausible antes de volverse políticamente viable. La experiencia financiera acumulada de millones de hogares preparó el terreno. Milei lo leyó. No fue irracionalidad. Fue una respuesta moralmente coherente a años de promesas incumplidas, encontrando su cauce en la única opción que prometía romper con todo.
La trampa
Pero aquí empieza la trampa.
El gobierno de Milei heredó, como sus antecesores inmediatos, un régimen de deuda de sacrificio. Y como todos sus antecesores, lo profundizó.
El ajuste fiscal se tradujo en quita de subsidios, aumento de tarifas y retracción del salario real. Las familias que ya se endeudaban para sobrevivir se encontraron con que los números empeoraban. La mora creció. Las tarjetas dejaron de alcanzar. Los planes de pago se multiplicaron. Los bancos registraron aumentos en los índices de incumplimiento en créditos personales y prendarios. Los informes de las cámaras de comercio minorista mostraron caída del consumo y aumento de la deuda impaga con los proveedores.
La sociología de la deuda enseña algo que la economía tiende a olvidar: ¿quién tiene la culpa?
La promesa implícita del sacrificio colectivo —que el ajuste sería compartido, que la casta pagaría— chocó con una realidad más antigua y más dura: en los ajustes estructurales, quienes más pagan son siempre los que menos tienen. Las familias que habían votado esperando que otros sacrificaran descubrieron que el sacrificio seguía siendo, como siempre, el de ellas.
Hay algo particularmente cruel en esto. La deuda de sacrificio genera un tipo específico de juicio moral: no está dirigida a un gobierno en particular, sino a la capacidad institucional del Estado democrático de organizar la vida financiera de los hogares de manera compatible con su dignidad. Cuando ese juicio ya está hecho, cuando la confianza en las instituciones democráticas ya se perdió, no hay gobierno que pueda recuperarla fácilmente. Ni siquiera el que llegó prometiendo exactamente eso.
Lo que los números no dicen
Los datos de mora que circulan en los medios estas semanas se presentan como indicadores económicos. Lo son. Pero son también otra cosa: son el registro de una ruptura moral que lleva décadas construyéndose y que Milei, lejos de resolver, ha extendido bajo una nueva promesa. Su aparición repentina en la agenda pública no es casual: cuando la deuda de los hogares sube hasta hacerse visible para los medios, es porque ya hace tiempo que es insoportable para las familias. El debate público llega tarde. La experiencia financiera cotidiana llegó antes.
La sociología de la deuda enseña algo que la economía tiende a olvidar: el momento en que una familia no puede pagar no es solo un evento financiero. Es un momento en que se activa la pregunta sobre la responsabilidad. ¿Quién tiene la culpa? ¿El deudor que no supo administrarse? ¿El gobierno que no controló la inflación? ¿El sistema que prometió lo que no podía cumplir?
En la Argentina de hoy, esa pregunta vuelve a estar disponible. Los hogares que se endeudaron para sobrevivir durante la pandemia, que esperaron que el ajuste de Milei trajera alguna estabilidad, que ven cómo la mora se acumula sin que el horizonte se despeje, están en ese umbral moral: el momento en que el sufrimiento privado busca una explicación pública y un responsable político.
La advertencia
Hay algo que conviene decir con claridad, porque suele perderse en el análisis coyuntural: la deuda de sacrificio es anterior a Milei y le va a sobrevivir.
No la inventó él. La encontró ya instalada, la supo leer mejor que sus competidores, y la transformó en capital electoral. Pero el régimen de deuda sacrificial que describe la experiencia financiera de millones de hogares argentinos se construyó a lo largo de años —la pandemia, la inflación crónica, los salarios que no alcanzan, la informalidad estructural— y no desaparecerá con un cambio de gobierno.
Aquí está el verdadero desafío para el sistema político argentino en su conjunto, y no solo para la gestión actual: ¿será capaz de interpretar lo que la deuda de sacrificio produce en términos de juicio moral sobre las instituciones? ¿O seguirá cayendo, ciclo tras ciclo, en la misma trampa?
La historia de cuarenta años de democracia argentina que reconstruyo en Historia de cómo nos endeudamos muestra un patrón perturbador. Cada régimen de deuda de los hogares generó sus propias expectativas, y cuando esas expectativas fueron traicionadas, la energía acumulada buscó una salida política. A veces fue una carta al presidente. A veces fue el cacerolazo. A veces fue un voto inesperado. Pero siempre llegó.
En doce meses, la irregularidad de los créditos a hogares se triplicó.
La deuda de sacrificio, cuando no encuentra respuesta en la política democrática, no desaparece: se radicaliza. Genera la sensación de que el esfuerzo individual fue real pero la contraparte institucional nunca existió. Y esa sensación —la de haber sido estafado por el sistema, no por un gobierno— es la más corrosiva de todas, porque ya no interpela a un presidente sino a la democracia misma.
La pregunta que queda abierta —y que los datos de mora de estas semanas vuelven urgente— es si habrá una nueva respuesta la próxima vez, o si el ciclo se repetirá con otro nombre y otra motosierra.
Una actuación de salvataje en plena retirada. Está llegando al ciclo cumplido el 1er mandato como presidente de MM, y los problemas en el país no están siquiera encauzados. Como sociedad sufrimos una alta polarización, una vez más desde un poder ejecutivo se realiza un programa sin consenso de todos los actores sociales. Lo que…
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