Presidido por la Gobernadora Arabela Carreras, se reunió este sábado el Comité de Crisis por COVID-19 en Río Negro, compuesto por autoridades de los tres Poderes del Estado.
Luego del análisis de la actual situación epidemiológica de la provincia, el Comité determinó como medidas la suspensión temporaria de todos los actos protocolares en territorio provincial, así como torneos y competencias deportivas profesionales y amateurs. Estas medidas se tomarán desde el lunes 17 y por 15 días.
Por otra parte, por disposición de la Gobernadora Carreras, los integrantes del Comité de Crisis se instalarán en el Alto Valle de la provincia, para mantener encuentros con Intendentes, Intendentas, autoridades de sectores económicos y sociales, entre otros, en la continuidad del diálogo permanente que lleva adelante la Provincia con los representantes de los distintos actores de la sociedad para el análisis de cada localidad en particular.
Estas medidas se tomaron tras el tratamiento de la actualidad en materia de casos, la disponibilidad de camas para pacientes de COVID-19, y el avance en el operativo de vacunación, especialmente en las zonas más afectadas por el crecimiento de los casos positivos, como los Departamentos de General Roca y Adolfo Alsina y las ciudades de San Carlos de Bariloche y Dina Huapi, entre otras.
Participaron del encuentro el Vicegobernador Alejandro Palmieri y el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Apcarián. También lo hicieron la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Mercedes Jara; sus pares de Salud, Fabián Zgaib; de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler; de Economía, Luis Vaisberg; de Desarrollo Humano, Juan José Deco; el Secretario General, Daniel Sanguinetti; la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia, Betiana Minor; el Presidente del Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López; la Secretaria de Salud, Mercedes Ibero; el Secretario Legal y Técnico, Guillermo Ceballos y el Secretario de Comunicación, Gustavo Glave.
El Gobierno avanza en el diseño de un nuevo esquema para reactivar el crédito hipotecario utilizando recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS como fuente de financiamiento de largo plazo. La iniciativa ya comenzó a discutirse con los principales bancos del sistema y busca resolver el principal problema que enfrenta hoy el mercado: la falta de fondeo para sostener préstamos a 20 y 30 años.
El tema fue uno de los ejes de la reunión que mantuvieron la semana pasada en la sede de ADEBA el viceministro de Economía, José Luis Daza; el secretario de Finanzas, Federico Furiase; el subdirector ejecutivo de Operación del FGS, Raúl Osvaldo Benítez; y representantes de las principales entidades financieras. Allí comenzaron a delinearse las condiciones de un esquema que permitiría reducir el costo del financiamiento para la vivienda.
La alternativa que hoy concentra el mayor consenso consiste en que el FGS licite depósitos a plazo fijo en UVA de largo plazo entre los bancos. El organismo ofrecería fondos a una tasa cercana a UVA más 4% anual, permitiendo que las entidades otorguen créditos hipotecarios alrededor de UVA más 6%, por debajo de los niveles actuales.
La utilización del FGS como herramienta para expandir el crédito hipotecario comenzó a tomar forma públicamente durante la exposición BATEV, cuando el ministro de Economía planteó ante desarrolladores y empresarios de la construcción la necesidad de encontrar nuevos mecanismos de financiamiento para el sector. «Para los desarrollos, el crédito es fundamental y tenemos dos opciones: los bancos y el mercado de capitales. Estamos intentando con las dos», sostuvo en ese momento.
En aquella oportunidad, Caputo propuso que bancos y sociedades de bolsa conformaran un fondo destinado a financiar hipotecas y aseguró que el Gobierno buscaría potenciarlo con recursos de organismos multilaterales y del propio Fondo de Garantía de Sustentabilidad. «Júntense, armen un fondo inmobiliario entre seis o siete bancos o sociedades de bolsa. Si hacen eso, puedo conseguir multiplicarlo con plata de organismos multilaterales o del FGS», les dijo a los empresarios.
El esquema que hoy negocia el equipo económico conserva ese objetivo de ampliar el financiamiento de largo plazo, aunque con una ingeniería diferente. En lugar de crear un fondo específico, la alternativa que ganó terreno consiste en que el FGS aporte directamente liquidez a los bancos mediante depósitos UVA de largo plazo, una herramienta que permitiría acelerar la implementación del programa y expandir nuevamente la oferta de créditos hipotecarios.
Federico Furiase y José Luis Daza
La discusión representa un cambio respecto de las primeras alternativas que analizaba el mercado. Meses atrás se evaluaba que el FGS comprara carteras hipotecarias ya otorgadas para devolver liquidez a los bancos. Ahora, en cambio, Economía parece inclinarse por un mecanismo más simple: fondear directamente a las entidades para que vuelvan a prestar.
El diagnóstico es compartido por el Gobierno y los bancos. El problema ya no pasa por la demanda de créditos sino por la escasez de recursos de largo plazo para financiarlos.
«El crédito hipotecario empezó a crecer con la baja de la inflación, que es una condición necesaria pero no suficiente», explicó a LPO un especialista en crédito de uno de los principales bancos privados. «Además de una inflación más baja, también tienen que disminuir las tasas de interés. Como eso no ocurrió, muchas familias dejaron de calificar para acceder al préstamo», sostuvo.
El mismo ejecutivo señaló que el principal cuello de botella es el fondeo. «Para crecer en préstamos UVA también tienen que crecer los depósitos UVA, y eso es difícil porque el plazo mínimo es de 90 días y los ahorristas no suelen elegir inversiones tan largas en pesos. Sin financiamiento de largo plazo, los bancos tampoco pueden prestar a 20 o 30 años», resumió.
Para crecer en préstamos UVA también tienen que crecer los depósitos UVA, y eso es difícil porque el plazo mínimo es de 90 días y los ahorristas no suelen elegir inversiones tan largas en pesos. Sin financiamiento de largo plazo, los bancos tampoco pueden prestar a 20 o 30 años
Los datos muestran que el mercado perdió dinamismo. Luego de un mayo muy flojo, en junio los desembolsos hipotecarios mostraron una leve recuperación y alcanzaron alrededor de US$150 millones, equivalentes a unos 1.850 créditos, según estimaciones privadas. Sin embargo, el volumen todavía representa menos de la mitad del registrado en junio de 2025, cuando el mercado atravesaba su mejor momento desde la reaparición de este tipo de préstamos.
El freno preocupa también por su impacto sobre la economía real. Según el Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda, Argentina registra un déficit habitacional cercano a los 5,74 millones de hogares, mientras que el Gobierno considera que una recuperación del crédito podría transformarse en uno de los motores de la construcción y del empleo durante la segunda parte del año.
El proyecto, sin embargo, también abre interrogantes. Uno de ellos es por qué el FGS aceptaría colocar recursos a una tasa cercana al 26% anual cuando podría invertirlos en títulos públicos ajustados por inflación con rendimientos superiores, aunque a plazos mucho más cortos. Esa diferencia es uno de los aspectos que Economía todavía debe terminar de definir antes del lanzamiento.
Entre quienes respaldan la iniciativa aparece el economista Miguel Kiguel, quien sostiene desde hace tiempo que el FGS es prácticamente el único inversor institucional argentino con capacidad para financiar activos de largo plazo. Según sus estimaciones, un fondo del orden de los US$5.000 millones permitiría financiar unas 72.000 hipotecas de US$70.000 cada una, generando un fuerte impulso sobre el mercado inmobiliario.
No obstante, especialistas también advierten que el diseño deberá preservar el patrimonio del FGS, cuyos recursos pertenecen al sistema previsional. Cualquier esquema deberá evitar que el organismo termine absorbiendo riesgos excesivos sin una adecuada evaluación de los créditos financiados.
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Javier Milei estalló cuando se enteró que la pelea de Federico Sturzenegger con los prácticos que manejan los barcos había paralizado el comercio exterior, causando pérdidas por al menos 300 millones de dólares en poco más de 24 horas. «Lo voy a echar a patadas», gritó en Olivos.
Así lo confirmaron a LPO dos importantes funcionarios al tanto de la bronca presidencial. En el gabinete no tienen claro si se trato de uno d elos tantos brotes de Milei o realmente tomó la decisión de desembarazarse de suministro de Desrregulación, harto de los costos políticos que le genera.
LPO adelantó que el conflicto con los prácticos y la posterior derrota que implicó la caída de la ley de extranjerización de la tierra, colmó la paciencia de la Casa Rosada que tomó la decisión de congelar sus próximas reformas como venta de medicamentos en famacias, disolución de los institutos de la Carne y el Vino y desrregulación de los martilleros, entre otros. «Cada proyecto es una pelea y no está el gobierno para seguir sumando gene enojada en contra», confió a LPO un legislador oficialista.
Pero la factura más grande que le pasan a Sturzenegger no es de la derrota política en el Senado la crisis que se generó con los prácticos. LPO reveló que Karina Milei corrió al ministro de Desregulación en medio del conflicto que desató un paro de 48 horas del gremio y la furia de las grandes empresas argentinas que operan en los puertos y necesitan de las funciones de esos trabajadores para su negocio.
Por la pelea con los prácticos, hubo 180 buques demorados y las pérdidas económicas rondaron los 300 millones de dólares, con exportaciones de Vaca Muerta y el campo paralizadas. Un tiro en el pie al modelo exportador de Milei y Caputo.
Para pero la respuesta del gobierno al paro de los prácticos fue caótica. Primero se los intimó a trabajar y luego quisieron reemplazarlos con marinos y prefectos hasta que se enteraron que la Armada sólo contaba con seis oficiales disponibles para la tarea y la Prefectura con ninguno.
Cada proyecto es una pelea y no está el gobierno para seguir sumando gene enojada en contra.
«Ni un prefecto ni un oficial naval pueden simplemente ocupar el lugar de un práctico si no cuentan con la formación, titulación y habilitación correspondientes. Y existe además un problema adicional: los seguros de los buques podrían no cubrir un servicio realizado por una persona que no posee el título requerido», detalló a LPO un militar que conoce la actividad. El conflicto ademeas potenció la interna entre la Prefectura y la Armada que el mismo Sturzenegger tiene la intención de fusionar, como reveló LPO.
Es por eso que en el Gobierno ahora quieren congelar todos los proyectos de su autoría. Aunque no se pueden retirar proyectos que ya tienen media sanción, como el de la ley Hojarasca, se pueden dejar morir en un cajón. Esto volvería irrelevante su posición en el gabinete y este gobierno se precia de no acumular cargos políticos sin función clara.
Entre los proyectos que buscan descartar también aparece la ley de Lobby, una iniciativa para blanquear el cabildeo sectorial. También se analiza abortar el proyecto de Desregulación, otra iniciativa ampulosa que por el momento es nada más que un borrador sujeto a revisión de Milei y que tiene unas 144 páginas.
Entre sus propuestas, se impulsan modificaciones a normativas como el Régimen de Corretaje y las leyes de Protección de la Actividad Librera, se promueve la comercialización de medicamentos fuera en kioscos o por canales digitales y flexibiliza el mercado de Gas Licuado de Petróleo, entre otros aspectos. «Cada uno de esos renglones es una pelea con un sector», lamentó uno de los funcionarios consultados.
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