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SE SUSPENDEN TORNEOS Y COMPETENCIAS DEPORTTIVAS EN RIO NEGRO

Presidido por la Gobernadora Arabela Carreras, se reunió este sábado el Comité de Crisis por COVID-19 en Río Negro, compuesto por autoridades de los tres Poderes del Estado.

Luego del análisis de la actual situación epidemiológica de la provincia, el Comité determinó como medidas la suspensión temporaria de todos los actos protocolares en territorio provincial, así como torneos y competencias deportivas profesionales y amateurs. Estas medidas se tomarán desde el lunes 17 y por 15 días.

Por otra parte, por disposición de la Gobernadora Carreras, los integrantes del Comité de Crisis se instalarán en el Alto Valle de la provincia, para mantener encuentros con Intendentes, Intendentas, autoridades de sectores económicos y sociales, entre otros, en la continuidad del diálogo permanente que lleva adelante la Provincia con los representantes de los distintos actores de la sociedad para el análisis de cada localidad en particular.

Estas medidas se tomaron tras el tratamiento de la actualidad en materia de casos, la disponibilidad de camas para pacientes de COVID-19, y el avance en el operativo de vacunación, especialmente en las zonas más afectadas por el crecimiento de los casos positivos, como los Departamentos de General Roca y Adolfo Alsina y las ciudades de San Carlos de Bariloche y Dina Huapi, entre otras.

Participaron del encuentro el Vicegobernador Alejandro Palmieri y el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Apcarián. También lo hicieron la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Mercedes Jara; sus pares de Salud, Fabián Zgaib; de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler; de Economía, Luis Vaisberg; de Desarrollo Humano, Juan José Deco; el Secretario General, Daniel Sanguinetti; la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia, Betiana Minor; el Presidente del Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López; la Secretaria de Salud, Mercedes Ibero; el Secretario Legal y Técnico, Guillermo Ceballos y el Secretario de Comunicación, Gustavo Glave.

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    Por Tomás Palazzo para NLI

    La salida de Manuel Adorni y su reemplazo por Santilli no solo implica un cambio de nombres: reordena el tablero interno del Gobierno y reabre el debate sobre el perfil de quienes ocupan los principales despachos del Ejecutivo. En ese contexto, el nuevo Jefe de Gabinete asume con un historial político que lo vincula a múltiples espacios de poder, siempre dentro del mismo ecosistema de gestión y negocios del Estado.

    De la política porteña al corazón del poder

    Diego Santilli inició su recorrido político en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, donde ocupó distintos cargos durante los gobiernos del PRO. Fue parte del armado que consolidó la estructura política de Mauricio Macri en territorio porteño y luego vicejefe de Gobierno durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

    Desde ese lugar, no solo tuvo injerencia en áreas sensibles de la administración, sino que también quedó asociado a un entramado de decisiones políticas y administrativas que, con el correr de los años, derivaron en reiteradas observaciones sobre el modo de contratación del Estado porteño y la cercanía entre funcionarios, militancia y empresas proveedoras.

    Contratos, vínculos y la lógica del Estado como ecosistema político

    Uno de los casos más mencionados en investigaciones periodísticas refiere a la adjudicación de contratos a una empresa vinculada políticamente a su entorno, SOCIV SRL, que recibió múltiples licitaciones en el ámbito del Gobierno de la Ciudad. Se destacan millonarios contratos para servicios de mantenimiento y obras públicas, adjudicados en el marco de una licitación del Ministerio de Espacio Público y Medio Ambiente porteño .

    Otro antecedente remite a la adjudicación del servicio de mantenimiento del Campo de Golf Juan Bautista Segura, por casi 15,6 millones de pesos, también en la Ciudad, en un proceso donde la firma terminó siendo beneficiaria tras la desestimación de otros oferentes .

    Estos hechos fueron señalados por distintos medios críticos como parte de una dinámica recurrente de contratación estatal en la que confluyen militancia política, vínculos personales y gestión pública dentro del mismo círculo de poder.

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    Más allá de los contratos puntuales, el recorrido de Santilli muestra una característica constante: su permanencia dentro de los núcleos de decisión del PRO, acompañando distintas etapas del macrismo desde la Legislatura porteña hasta la Vicejefatura de Gobierno y su proyección nacional posterior.

    En paralelo, su nombre ha sido mencionado en investigaciones periodísticas y denuncias mediáticas que apuntan a la existencia de estructuras societarias y vínculos empresariales asociados a su entorno político y familiar, en el marco de un sistema donde la frontera entre gestión pública y redes privadas aparece frecuentemente difusa.

    El nuevo jefe de gabinete y la continuidad del poder

    Su llegada a la Jefatura de Gabinete en reemplazo de Adorni no introduce una figura externa ni disruptiva, sino que consolida la circulación de dirigentes dentro del mismo universo político que ha gobernado la Ciudad de Buenos Aires durante más de una década.

    En ese sentido, el nombramiento de Santilli refuerza la idea de continuidad más que de renovación: un dirigente formado en la estructura del PRO, con trayectoria en la administración pública porteña y fuerte inserción en los engranajes del Estado, ahora trasladado al centro de coordinación del Gobierno nacional.

     

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    Se trata de un paquete de asistencia de 100 millones de dólares con dos años de gracia que tiene como garantía la coparticipación federal. Por este punto, lo debe autorizar la Jefatura de Gabinete y, en paralelo, el Ministerio de Economía de la Nación. Lo que deben hacer los ministros es autorizar que la coparticipación federal (de la Municipalidad y de la Provincia) funcione como garantía del préstamo que tendrá que devolver el próximo intendente. La autorización no implica ningún desembolso para el Estado nacional, pero le daría a la gestión de Passerini oxígeno financiero.

    La deuda original que tomó Mestre era de 150 millones de dólares (unos 180 millones finales al sumarse intereses). Hasta ahora, Passerini pagó unos 100 millones. La nueva deuda permitiría saldar los bonos de Mestre (75 millones de dólares) y que Passerini transite el último año y medio de gestión con un horizonte financiero despejado. En la gestión, una situación así le permitiría al peronismo capitalino recuperar la iniciativa política y facilitarle a Llaryora la reelección, hoy en jaque por el deterioro de las cuentas municipales.

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    Ya está en eso. Dispuso 130 mil millones de pesos a través de la Agencia de Inversión para obras de asfalto, cordón cuneta, desagües y señalética en la ciudad de Córdoba. El pago de ese préstamo es con fórmula fernet: 70/30. El porcentaje mayor lo afronta la Provincia; y el resto queda para la Municipalidad capitalina. Las obras ya fueron licitadas y comenzarán en agosto, lo que le dará impulso antes de las elecciones de 2027, que quizá se hagan en abril/mayo. Pero lo importante para el plan electoral del PJ es refinanciar la deuda en dólares.

    Se espera que en los próximos días Santilli autorice a Llaryora a ser el garante de la deuda de Passerini. «No hay recursos nacionales, sólo una caución sobre la coparticipación federal que recibe la Provincia. Asimismo, la Ciudad pone en garantía su propia coparticipación. Técnicamente, no debería haber objeciones de Santilli, pero esto es política», dice un funcionario municipal al tanto de las negociaciones.

    De estas participan funcionarios top de ambas administraciones cordobesas. Passerini y su secretario de Administración, Sergio Lorenzetti; y el jefe de Gabinete de Llaryora, Manuel Calvo, y el ministro de Economía provincial, Guillermo Acosta.

    El aval para la toma de nueva deuda servirá para pagar los bonos Mestre que están en poder del Grupo Moneda, actualmente en manos del brasileño Patria Investmets. El jefe de Moneda en Chile es Pablo Echeverria, el administrador de la fortuna de Sebastián Piñeira. Hay tres pagos pendientes consecutivos desde septiembre, cada uno por unos 25 millones de dólares.

     

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