Presidido por la Gobernadora Arabela Carreras, se reunió este sábado el Comité de Crisis por COVID-19 en Río Negro, compuesto por autoridades de los tres Poderes del Estado.
Luego del análisis de la actual situación epidemiológica de la provincia, el Comité determinó como medidas la suspensión temporaria de todos los actos protocolares en territorio provincial, así como torneos y competencias deportivas profesionales y amateurs. Estas medidas se tomarán desde el lunes 17 y por 15 días.
Por otra parte, por disposición de la Gobernadora Carreras, los integrantes del Comité de Crisis se instalarán en el Alto Valle de la provincia, para mantener encuentros con Intendentes, Intendentas, autoridades de sectores económicos y sociales, entre otros, en la continuidad del diálogo permanente que lleva adelante la Provincia con los representantes de los distintos actores de la sociedad para el análisis de cada localidad en particular.
Estas medidas se tomaron tras el tratamiento de la actualidad en materia de casos, la disponibilidad de camas para pacientes de COVID-19, y el avance en el operativo de vacunación, especialmente en las zonas más afectadas por el crecimiento de los casos positivos, como los Departamentos de General Roca y Adolfo Alsina y las ciudades de San Carlos de Bariloche y Dina Huapi, entre otras.
Participaron del encuentro el Vicegobernador Alejandro Palmieri y el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Apcarián. También lo hicieron la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Mercedes Jara; sus pares de Salud, Fabián Zgaib; de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler; de Economía, Luis Vaisberg; de Desarrollo Humano, Juan José Deco; el Secretario General, Daniel Sanguinetti; la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia, Betiana Minor; el Presidente del Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López; la Secretaria de Salud, Mercedes Ibero; el Secretario Legal y Técnico, Guillermo Ceballos y el Secretario de Comunicación, Gustavo Glave.
Luego de las primeras incorporaciones en el interior bonaerense, Consolidación Argentina, el sello que impulsa la candidatura presidencial de Dante Gebel, ahora suma su primera banca en el Conurbano, también a partir de una ruptura en La Libertad Avanza (LLA).
La concejal Mariana Huber, ex jefa de bloque libertario en Escobar, anunció su incorporación al espacio que lidera el pastor evangelista luego de filtrar su malestar con el armado libertario bonaerense que comanda Sebastián Pareja.
«Defendí siempre la libertad de votar con conciencia, porque representar no puede significar obedecer automáticamente», dijo Huber, dejando a entrever una bronca que se espiraliza en varios concejales libertarios a partir de la decisión del armador de Karina Milei de acentuar el control sobre cómo votan los concejales de LLA.
Es que, el mes pasado, Pareja anunció en un zoom a sus concejales que se instauraría una coordinación legislativa por la que, ahora, deben pasar todos los proyectos de los ediles libertarios antes de dilucidarse si conocerán la luz o no. También, fungirá de monitor de votaciones para que nadie se desmarque de la postura partidaria.
«Parece que no confían en la capacidad de los concejales ni en su lealtad para la redacción de proyectos», dijo a LPO un concejal libertario visiblemente molesto por la medida.
Es ahí donde están empezando a darse focos de rebelión, como en Azul, donde el concejal Saúl Lucero, que había llamado a «despegarse» del Gobierno, días atrás votó con el peronismo la resolución en rechazo a la exclusión del distrito como Zona Fría.
En ese clima es que algunos dirigentes libertarios del Conurbano encuadran la salida de Huber, que fue tentada por el armado de Gebel que, como contó LPO, ya le había robado a Milei concejales en Villa Gesell y Mar Chiquita.
«No me corro de los valores; me acerco a la gente», dijo al concejal al argumentar su salida del bloque libertario en un comunicado. «Creo en valores y en orden. Pero en un orden que sirva para progresar», sostuvo.
Y agregó con foco crítico al gobierno libertario: «También creo que debemos superar una grieta que muchas veces divide más de lo que resuelve. Mientras la política queda atrapada en peleas permanentes, miles de vecinos siguen preocupados por llegar a fin de mes, sostener un comercio, conseguir empleo o darle un futuro a sus hijos».
EL CONCEJO DELIBERANTE Y LA LEGISLATURA DE RÍO NEGRO FIRMARON CONVENIO PARA MEJORAR LA DIGITALIZACIÓN DEL DIGESTO MUNICIPAL. El convenio fue formalizado ayer entre el Vicegobernador Alejandro Palmieri y el Presidente del Deliberante Local, Edgardo Vega. El encuentro contó con la presencia de los Concejales de diferentes Bloques y los Legisladores del circuito; José Rivas,…
La escena se repite cada vez con más frecuencia y expone una realidad alarmante. Este mediodía, estudiantes que intentaban viajar con el boleto estudiantil secundario en la línea 8 recibieron una respuesta tan contundente como preocupante: «No hay más secundario», les dijo el chofer del interno 722. A partir de allí, los jóvenes quedaron ante una disyuntiva imposible: pagar una tarifa que muchos no pueden afrontar o descender de la unidad y perder la posibilidad de llegar a la escuela o retornar a sus hogares.
Por Tomás Palazzo para NLI
El episodio no aparece como un hecho aislado. Según denuncian usuarios y familias, situaciones similares comienzan a multiplicarse en distintas líneas de transporte, en un contexto marcado por el aumento permanente de los combustibles, la crisis financiera que atraviesa el sector y la reducción de la asistencia estatal. Sin embargo, detrás de cada estudiante obligado a pagar o a bajarse de un colectivo existe una pregunta de fondo: ¿quién debe garantizar el acceso a la educación, las empresas privadas o el Estado?
Cuando la crisis la pagan los estudiantes
El boleto estudiantil no es un beneficio comercial ni una concesión graciosa de las empresas. Se trata de una herramienta destinada a garantizar el acceso a la educación pública, evitando que el costo del transporte se transforme en una barrera para miles de familias trabajadoras.
Cuando una empresa decide desconocer ese derecho o limitar su aplicación, el impacto no recae sobre balances empresariales ni sobre funcionarios. Lo sufren directamente los estudiantes. Cada viaje que deja de estar cubierto implica un gasto adicional para hogares que ya enfrentan aumentos constantes en alimentos, tarifas, alquileres y servicios.
La consecuencia es tan sencilla como brutal: estudiar se vuelve más caro. Y cuando la educación pública comienza a incorporar costos que antes estaban garantizados por políticas estatales, quienes terminan pagando son los sectores populares.
La situación remite inevitablemente a una larga historia de luchas estudiantiles. El reclamo por el boleto estudiantil forma parte de una tradición de organización juvenil que tuvo uno de sus capítulos más trágicos durante la dictadura con la recordada Noche de los Lápices, cuando estudiantes secundarios fueron secuestrados, torturados y desaparecidos tras participar, entre otras reivindicaciones, de la defensa de ese derecho. Por eso, cada retroceso en esta materia tiene una carga simbólica que trasciende la discusión económica.
El Estado se corre y los derechos quedan a merced de privados
La situación también expone una tendencia cada vez más visible durante la gestión de Milei: la retirada del Estado de áreas sensibles y la transferencia de responsabilidades públicas hacia actores privados.
Desde NLI ya habíamos advertido sobre este fenómeno el pasado 26 de mayo, cuando se conoció la eliminación de compensaciones para los pasajes gratuitos de personas con discapacidad, en una decisión que no tuvo la trascendencia necesaria ni la dimensión esperada, oculta tras el mando de discusiones internas o Declaracines Juradas no presentadas. En aquel caso, el Gobierno dejó de financiar una política pública y trasladó la carga económica a las empresas, convirtiéndolas de hecho en administradoras de un derecho que debería estar garantizado por el Estado.
Ahora el mecanismo parece repetirse. Mientras el transporte enfrenta aumentos de costos y problemas de financiamiento, los controles estatales brillan por su ausencia y los usuarios quedan atrapados en el medio. En lugar de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos adquiridos, el Gobierno parece optar por correrse y dejar que cada empresa resuelva la situación como considere conveniente.
El resultado es previsible: cuando los números no cierran, quienes primero sufren las consecuencias son los sectores más vulnerables.
Un nuevo golpe contra la educación pública
La negativa a reconocer el boleto estudiantil no puede analizarse únicamente como un conflicto de transporte. También constituye un nuevo capítulo en el deterioro de las condiciones de acceso a la educación pública.
Durante los últimos meses, estudiantes, docentes y universidades protagonizaron múltiples reclamos frente a recortes presupuestarios, pérdida salarial y reducción de programas de asistencia. Ahora, a ese escenario se suma la incertidumbre sobre una herramienta fundamental para que miles de jóvenes puedan asistir a clases.
Detrás de cada estudiante obligado a pagar un pasaje que antes estaba cubierto existe una definición política. Porque cuando el Estado abandona su rol de garante y permite que derechos básicos queden sujetos a la capacidad económica de empresas privadas, lo que está en discusión ya no es solamente una tarifa de colectivo. Lo que está en juego es la igualdad de oportunidades.
Y una vez más, quienes terminan soportando el peso del ajuste son aquellos que menos tienen y más necesitan de la presencia estatal para ejercer derechos que deberían estar fuera de cualquier discusión.
Podríamos intentar aplicar la lucha de clases a la zoología mientras el gato persigue al ratón y el perro al gato. Pero, ¿quién persigue al perro? ¿Otro perro? Quizás tengamos que adentrarnos en el silogismo ondulatorio de un delfín mientras los plásticos se transforman en inertes peces flotando a la deriva, y el surfista escala…
El lenguaje es una dimensión aún desconocida en donde las palabras adquieren sentido según el contexto en que se generen y apliquen. Pero es ahí, en la brecha entre el silencio y las palabras por donde aparece el guiño de la mujer… En estas tierras latinas, la colonización española marcó formas de nombrarnos, e impuso…
Se realizó la apertura de sobres de la Licitación Pública N° 01/ 2022 correspondiente a la remodelación de la Terminal de Ómnibus de la ciudad.La única empresa oferente IPE Neuquén S.A., presentó una propuesta económica de 467.649.199,92 pesos. También hizo una propuesta alternativa por un monto de 127.024.763,88 pesos.La obra tiene un plazo de ejecución…
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
