Presidido por la Gobernadora Arabela Carreras, se reunió este sábado el Comité de Crisis por COVID-19 en Río Negro, compuesto por autoridades de los tres Poderes del Estado.
Luego del análisis de la actual situación epidemiológica de la provincia, el Comité determinó como medidas la suspensión temporaria de todos los actos protocolares en territorio provincial, así como torneos y competencias deportivas profesionales y amateurs. Estas medidas se tomarán desde el lunes 17 y por 15 días.
Por otra parte, por disposición de la Gobernadora Carreras, los integrantes del Comité de Crisis se instalarán en el Alto Valle de la provincia, para mantener encuentros con Intendentes, Intendentas, autoridades de sectores económicos y sociales, entre otros, en la continuidad del diálogo permanente que lleva adelante la Provincia con los representantes de los distintos actores de la sociedad para el análisis de cada localidad en particular.
Estas medidas se tomaron tras el tratamiento de la actualidad en materia de casos, la disponibilidad de camas para pacientes de COVID-19, y el avance en el operativo de vacunación, especialmente en las zonas más afectadas por el crecimiento de los casos positivos, como los Departamentos de General Roca y Adolfo Alsina y las ciudades de San Carlos de Bariloche y Dina Huapi, entre otras.
Participaron del encuentro el Vicegobernador Alejandro Palmieri y el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Apcarián. También lo hicieron la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Mercedes Jara; sus pares de Salud, Fabián Zgaib; de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler; de Economía, Luis Vaisberg; de Desarrollo Humano, Juan José Deco; el Secretario General, Daniel Sanguinetti; la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia, Betiana Minor; el Presidente del Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López; la Secretaria de Salud, Mercedes Ibero; el Secretario Legal y Técnico, Guillermo Ceballos y el Secretario de Comunicación, Gustavo Glave.
Villa Regina es una de las ciudades de Río Negro en las que se desarrolla el programa Sábado Joven que permite que los jóvenes mayores de 14 años puedan actualizar su DNI los días sábados en la Delegación del Registro Civil. El Intendente Marcelo Orazi acompañó al Ministro de Gobierno y Comunidad de Río Negro…
Se conformaron dos organizaciones ambientalistas nuevas en la provincia de Río Negro que se suman al encuentro de distintas organizaciones en las Asambleas del Curru Leufu: La Asamblea Ambiental Interpueblos de Chichinales, Villa Regina, Godoy e Ingeniero Huergo y la Asamblea Socioambiental de Valle Medio. Desde sus territorios, se suman a la apuesta de la Iniciativa Popular…
Marcos Juárez tiene un peso más simbólico que electoral: allí nació el experimento político que terminó convirtiéndose en Cambiemos, allí el peronismo nunca logró hacer pie y allí Javier Milei obtuvo algunos de sus mejores resultados en Córdoba.
A dos meses de las elecciones para elegir intendente, La Libertad Avanza enfrenta el primer examen electoral serio de la gestión de Milei en Córdoba. Y el contexto dista de ser el ideal.
La crisis de Metalfor, una de las principales fabricantes de maquinaria agrícola del país, ya dejó de ser un conflicto empresarial. La compañía, que emplea a 600 trabajadores entre sus plantas de Marcos Juárez y la vecina Noetinger, abrió un Procedimiento Preventivo de Crisis después de atrasarse en el pago de salarios, acumular una deuda superior a los 52.000 millones de pesos con 23 bancos y operar apenas al 50% de su capacidad instalada.
Las ventas de maquinaria durante el primer trimestre del año cayeron prácticamente a la mitad respecto de 2025.
El dato incomoda especialmente a la Casa Rosada porque Metalfor había sido presentada apenas unos meses atrás como un caso testigo del nuevo clima de inversiones: fue la primera empresa argentina en obtener un crédito de 50 millones de dólares de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) de Estados Unidos, un financiamiento que el Gobierno exhibió como una muestra de confianza internacional hacia el rumbo económico. Hoy esa misma empresa negocia con la UOM bajo un Procedimiento Preventivo de Crisis.
La explicación excede los problemas financieros de la firma. El sector de la maquinaria agrícola atraviesa una fuerte desaceleración de la demanda y observa con preocupación la apertura de importaciones impulsada por el Gobierno nacional, incluida la habilitación para el ingreso de maquinaria usada. Los fabricantes sostienen que la competencia externa llega antes de que la industria pueda recuperar competitividad tras años de atraso cambiario, elevada presión tributaria y altos costos financieros.
Como si eso no alcanzara, el otro gran conflicto local golpeó directamente a uno de los sectores que más acompañó electoralmente a Milei. El cierre del principal prestador del PAMI dejó a más de 5.500 jubilados de Marcos Juárez y la región sin atención médica integral, luego de que la institución sanitaria denunciara una deuda millonaria del organismo nacional. El episodio generó un fuerte desgaste en una ciudad donde el voto libertario había penetrado con fuerza precisamente entre sectores medios y adultos mayores.
El cierre del principal prestador del PAMI dejó a más de 5.500 jubilados de Marcos Juárez y la región sin atención médica integral
La combinación de ambas crisis modificó el humor social de una ciudad que hasta hace pocos meses aparecía como uno de los ejemplos del respaldo incondicional al programa libertario.
Y ese cambio de clima llega en el peor momento para Gabriel Bornoroni, presidente de La Libertad Avanza en Córdoba, principal armador político del oficialismo nacional en la provincia y virtual candidato a gobernador por el esquema libertario.
Bornoroni debe definir en las próximas semanas qué estratégica despliega en Marcos Juárez. Su decisión será monitoreado directamente por la conducción nacional que integran Karina Milei, Martín Menem y Eduardo ‘Lule’ Menem, quienes buscan consolidar un sello y liquidar al PRO.
Pedro Dellarossa
La dificultad es que el tablero político local está lejos de ofrecer una salida sencilla. El PRO apuesta al regreso de Pedro Dellarossa, dos veces intendente y uno de los dirigentes que construyeron el «kilómetro cero» del macrismo en Córdoba. Sin embargo, su paso por el gabinete de Martín Llaryora como ministro de Producción y luego por el directorio del Banco de Córdoba sembró dudas incluso entre dirigentes opositores, que desconfían de su verdadera vocación de confrontar con el peronismo provincial. Tras romper con el Partido Cordobés.
Dellarossa intenta reconstruir su identidad amarilla, aunque carga con el costo político de haber integrado durante casi dos años el esquema del gobernador.
En paralelo aparece otro actor determinante: Luis Juez, el principal aliado político de Milei en Córdoba. El senador impulsa una estrategia de convergencia entre el PRO y La Libertad Avanza para evitar una fragmentación del voto opositor que termine beneficiando indirectamente al llaryorismo.
Pero Bornoroni todavía no definió en público si privilegiará esa alianza o si insistirá con una lista libertaria pura, una decisión que también será leída como un mensaje hacia el armado provincial de 2027.
Por eso Marcos Juárez dejó de ser una elección municipal más. Allí confluyen el desgaste económico del modelo libertario, la discusión sobre el futuro del PRO, la sociedad con Luis Juez y la construcción territorial de La Libertad Avanza.
Hasta hace pocos meses la pregunta era si Milei podía pintar de violeta el bastión histórico del macrismo. Ahora la incógnita cambió: si el corazón productivo del sudeste cordobés sigue acumulando fábricas en crisis, comercios con menos ventas y jubilados enojados, el primer test electoral del oficialismo nacional podría convertirse en la primera señal de que el ajuste empezó a perforar incluso uno de los territorios donde el Presidente parecía políticamente invulnerable.
En el marco de los controles de prevención vial realizados por la Direccion de Tránsito Municipal en conjunto con la BMA (Brigada Motorizada de Apoyo) y la comisaria 5ta de la ciudad, se constataron diferentes infracciones de tránsito. Se retuvieron 16 vehículos por alcoholemia superior a 0,50 gs de alcohol en sangre. La más alta…
La participación en el Concurso es gratuita y podrán participar estudiantes regulares de instituciones educativas de nivel medio, tanto privadas como públicas, de la Argentina. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 20 de septiembre. Link de inscripción en la siguiente nota.
Un decreto publicado este martes modifica el mecanismo creado en 2003 para la designación de integrantes de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General. Aunque el Gobierno sostiene que busca agilizar los plazos, la decisión reaviva el debate sobre el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el control democrático que ejerce el Senado.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La publicación de hoy del Decreto 467/2026 no pasa inadvertida en el mundo judicial ni en los pasillos de la política. La norma modifica varios artículos del Decreto 222/03, el procedimiento impulsado hace más de dos décadas para dotar de mayor publicidad y participación ciudadana a la designación de ministros de la Corte Suprema, Procurador General y Defensor General de la Nación.
La principal novedad es que el Poder Ejecutivo queda obligado a publicar, dentro de un plazo máximo de treinta días desde que se produzca una vacante, el nombre y los antecedentes de las personas que estén siendo consideradas para ocupar el cargo. La difusión deberá realizarse durante tres días en el Boletín Oficial y en la página del Ministerio de Justicia.
Un cambio que acelera los tiempos políticos
Hasta ahora, el decreto de 2003 regulaba el procedimiento de publicidad y participación, pero no establecía un límite temporal tan preciso para que el Ejecutivo iniciara formalmente el proceso. Con la modificación, el Gobierno busca transmitir la idea de que las vacantes no podrán permanecer indefinidamente sin un candidato oficial.
La norma también endurece las exigencias de transparencia para los postulantes. Además de la declaración patrimonial prevista por la Ley de Ética Pública, deberán presentar una declaración detallando las asociaciones civiles y sociedades de las que forman o formaron parte, los estudios jurídicos donde trabajaron y la nómina de clientes o contratistas de los últimos ocho años, en la medida permitida por las normas de ética profesional.
El texto fundamenta estas modificaciones afirmando que la designación de magistrados constituye «un acto institucional complejo» en el que el Senado cumple la función de controlar públicamente la idoneidad de los candidatos y garantizar la representación federal prevista por la Constitución. El propio decreto reconoce expresamente ese papel de la Cámara alta.
El impacto político detrás del cambio
Más allá del contenido técnico, el decreto llega en un contexto de fuerte disputa por la integración de la Corte Suprema y por el funcionamiento del Ministerio Público.
La decisión puede interpretarse como una señal de Milei de que pretende acelerar futuras nominaciones y evitar que las vacantes permanezcan abiertas durante largos períodos, especialmente en un escenario donde la negociación parlamentaria se volvió uno de los principales obstáculos para el Gobierno.
Sin embargo, el decreto no modifica el requisito constitucional más importante: los candidatos siguen necesitando el acuerdo del Senado, por lo que el Ejecutivo no obtiene una vía alternativa para completar los nombramientos.
En términos políticos, el Gobierno intenta instalar un discurso de mayor transparencia y rapidez administrativa, mientras que la oposición probablemente pondrá el foco en la oportunidad elegida y en la posibilidad de que el nuevo esquema funcione como un mecanismo para presionar sobre futuras negociaciones judiciales.
Una reforma limitada pero con alto contenido simbólico
El Decreto 467/2026 no altera la Constitución ni elimina instancias de participación ciudadana. Tampoco modifica el control legislativo sobre las designaciones. Su alcance es reglamentario y reorganiza los plazos y la información que deberán presentar los candidatos.
Sin embargo, en un escenario donde la integración de la Corte Suprema se convirtió en uno de los ejes centrales de la disputa institucional, cualquier cambio en el procedimiento adquiere una dimensión política mucho mayor que su contenido administrativo.
La decisión de fijar un plazo de treinta días para iniciar el proceso de cobertura de vacantes y ampliar las declaraciones juradas de los postulantes puede ser presentada como una medida de transparencia, pero también funciona como un mensaje político: el Gobierno busca marcar el ritmo de una discusión que inevitablemente terminará otra vez en el Senado y en el centro del debate público.
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