Presidido por la Gobernadora Arabela Carreras, se reunió este sábado el Comité de Crisis por COVID-19 en Río Negro, compuesto por autoridades de los tres Poderes del Estado.
Luego del análisis de la actual situación epidemiológica de la provincia, el Comité determinó como medidas la suspensión temporaria de todos los actos protocolares en territorio provincial, así como torneos y competencias deportivas profesionales y amateurs. Estas medidas se tomarán desde el lunes 17 y por 15 días.
Por otra parte, por disposición de la Gobernadora Carreras, los integrantes del Comité de Crisis se instalarán en el Alto Valle de la provincia, para mantener encuentros con Intendentes, Intendentas, autoridades de sectores económicos y sociales, entre otros, en la continuidad del diálogo permanente que lleva adelante la Provincia con los representantes de los distintos actores de la sociedad para el análisis de cada localidad en particular.
Estas medidas se tomaron tras el tratamiento de la actualidad en materia de casos, la disponibilidad de camas para pacientes de COVID-19, y el avance en el operativo de vacunación, especialmente en las zonas más afectadas por el crecimiento de los casos positivos, como los Departamentos de General Roca y Adolfo Alsina y las ciudades de San Carlos de Bariloche y Dina Huapi, entre otras.
Participaron del encuentro el Vicegobernador Alejandro Palmieri y el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Apcarián. También lo hicieron la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Mercedes Jara; sus pares de Salud, Fabián Zgaib; de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler; de Economía, Luis Vaisberg; de Desarrollo Humano, Juan José Deco; el Secretario General, Daniel Sanguinetti; la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia, Betiana Minor; el Presidente del Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López; la Secretaria de Salud, Mercedes Ibero; el Secretario Legal y Técnico, Guillermo Ceballos y el Secretario de Comunicación, Gustavo Glave.
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Todo arrancó con una jugada muy calculada dentro del mundo fabril. Martín Rappallini le reclamó una reunión urgente al ministro Toto Caputo e hizo circular en grupos empresarios un texto explosivo titulado «¡RIGI Industrial ya!», donde cuestionaba abiertamente el rumbo económico de Javier Milei y reclamaba beneficios especiales para la industria tradicional.
La versión que se difundió internamente era durísima. Hablaba de «caída de ventas», «fuerte presión sobre márgenes» y pedía políticas sectoriales para evitar el deterioro industrial. Pero además contenía una frase especialmente sensible para el Gobierno: «Hoy gran parte de la industria argentina está financiando el Estado, jubilaciones y educación».
Según reveló el periodista Leandro Renau, el texto atacaba además uno de los núcleos discursivos del mileísmo. Rappallini sostenía que el Gobierno había terminado aceptando, con el «Súper RIGI», algo que durante años negó: que ningún sector compite globalmente sin protección, incentivos y condiciones especiales. Y a partir de ahí planteaba la tesis central de su ofensiva: si el Estado reconoce que ciertos sectores necesitan beneficios extraordinarios, entonces la industria tradicional también debe recibirlos.
La circulación no fue accidental. El propio Rappallini lo mandó a grupos de Whatsapp empresarios y al foro «Info Industrial», donde participan cientos de industriales de todo el país. Buscaba generar clima interno y mostrar volumen político. Las respuestas fueron de entusiasmo. Muchos empresarios sintieron que, finalmente, la conducción de la UIA decía públicamente lo que buena parte del sector venía discutiendo en privado desde hacía meses.
Mientras Rappallini endurecía el discurso usando a toda la industria como argumento, el Gobierno buscaba contenerlo con beneficios concretos para su propio grupo empresario. La minera de su familia consiguió un RIGI justo cuando el jefe de la UIA decidió moderar un comunicado durísimo contra Milei y Caputo.
Pero pocas horas después apareció otro movimiento. El texto finalmente publicado ya no era el mismo. Conservaba el planteo general del «RIGI industrial», pero habían desaparecido buena parte de las frases más agresivas y del tono confrontativo. Las referencias más explosivas sobre la industria financiando al Estado, el costo de la apertura y el deterioro de los sectores transables quedaron suavizadas o directamente borradas.
Ahí aparece la maniobra completa. Primero circuló una versión incendiaria como mensaje al Gobierno. Después vino la moderación pública. El mensaje pasó de una denuncia frontal sobre el desastre que el modelo de Milei y Caputo causa a la industria argentina a un texto negociado. En el medio, Rappallini consiguió un RIGI para su minera. Un extraordinario beneficio que Toto Caputo maneja a discreción.
Rappallini es considerado dentro de la UIA como un dirigente alineado históricamente con Paolo Rocca. El líder de Techint viene escalando su tensión con Milei, lo que achica el margen de Rappallini para hacer el oficialismo blue que hizo etos casi tres años de Milei en los que desaparecieron miles de fábricas, ante la tibieza de la UIA.
Rocca viene denuncinando la apertura indiscriminada de importaciones y la inclinación del Gobierno por favorecer negocios extractivos mientras expone a la industria tradicional a una apertura comercial sin flitros.
Pero mientras Rappallini endurecía el discurso usando a toda la industria como argumento, el Gobierno buscaba contenerlo con beneficios concretos para su propio grupo empresario.
En efecto, la empresa vinculada a la familia Rappallini consiguió ingresar al esquema de beneficios del RIGI. Y eso cambió completamente la lectura interna de la secuencia. Porque muchos industriales interpretaron que el presidente de la UIA utilizó el malestar genuino del sector como herramienta de presión para negociar ventajas específicas para sí mismo.
«Ahora con Rappallini calmado seguro que se termina concretando la reunión con Toto Caputo, que imagino no pasará del algunos reclamos para la tribuna», afirmó resignado un industrial, en diálogo con LPO.
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