Presidido por la Gobernadora Arabela Carreras, se reunió este sábado el Comité de Crisis por COVID-19 en Río Negro, compuesto por autoridades de los tres Poderes del Estado.
Luego del análisis de la actual situación epidemiológica de la provincia, el Comité determinó como medidas la suspensión temporaria de todos los actos protocolares en territorio provincial, así como torneos y competencias deportivas profesionales y amateurs. Estas medidas se tomarán desde el lunes 17 y por 15 días.
Por otra parte, por disposición de la Gobernadora Carreras, los integrantes del Comité de Crisis se instalarán en el Alto Valle de la provincia, para mantener encuentros con Intendentes, Intendentas, autoridades de sectores económicos y sociales, entre otros, en la continuidad del diálogo permanente que lleva adelante la Provincia con los representantes de los distintos actores de la sociedad para el análisis de cada localidad en particular.
Estas medidas se tomaron tras el tratamiento de la actualidad en materia de casos, la disponibilidad de camas para pacientes de COVID-19, y el avance en el operativo de vacunación, especialmente en las zonas más afectadas por el crecimiento de los casos positivos, como los Departamentos de General Roca y Adolfo Alsina y las ciudades de San Carlos de Bariloche y Dina Huapi, entre otras.
Participaron del encuentro el Vicegobernador Alejandro Palmieri y el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Apcarián. También lo hicieron la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Mercedes Jara; sus pares de Salud, Fabián Zgaib; de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler; de Economía, Luis Vaisberg; de Desarrollo Humano, Juan José Deco; el Secretario General, Daniel Sanguinetti; la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia, Betiana Minor; el Presidente del Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López; la Secretaria de Salud, Mercedes Ibero; el Secretario Legal y Técnico, Guillermo Ceballos y el Secretario de Comunicación, Gustavo Glave.
Cómo si fuera parte de la identidad reginense, está ahí, se sostiene en el cielo, antigravitacional. Señal olfativa vigente. Nos acompaña todos los días del año, cómo el indio Comahue. Inamovible. Parte de nuestra historia. La ciudad se tiñe de un espeso gris por largas horas de nuestras vidas. Poluta todo el día. Visible de…
Los aliados empujaron este jueves al gobierno a retirar del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada el capítulo que modificaba la ley de manejo del fuego y la media sanción de la iniciativa de Federico Sturzenegger terminó desflecada. Pese que Patricia Bullrich logró retener el voto de los 10 radicales, los tres del PRO, los dos misioneros y la chubutense Edith Terenzi para la votación en general, ese fragmento del dictamen se desplomó por la falta de respaldo de casi todo el arco de los bloques dialoguistas, como ocurrió con el capítulo de extranjerización de la tierra.
Frente a la estampida de senadores contra el pomposo proyecto, el oficialismo tuvo que conformarse con la aprobación de los capítulos referidos a la agilización de los desalojos y el recorte de las facultades del Estado en las expropiaciones, menos de un tercio del contenido que ambicionaba el gobierno cuando lo mandó al Congreso en marzo.
El derrumbe fue tan estruendoso que el fueguino Agustín Coto anunció que La Libertad Avanza aceptaba quitar los artículos referidos al manejo del fuego y José Mayans le retrucó que retirasen la ley completa.
Bullrich se fue enterando a lo largo de la tarde cómo se le escapaban los respaldos, con el mismo efecto cascada que le hizo perder la ley de tierras. El discurso torpe de Joaquín Benegas Lynch también contribuyó a quemar los puentes con los senadores aliados, a los que el libertario entrerriano tildó de «ignorantes» y «tibios» por sucumbir ante «el show mediático» que supuestamente se montó contra la venta de terrenos a extranjeros.
Esa intervención de Benegas Lynch, que ensayó al principio de la sesión para rechazar la impugnación que presentó Juliana di Tullio para impedir que vote por conflicto de intereses ante la revelación de LPO, detonó la mayoría de los 44 que armó Bullrich durante las sesiones extraordinarias del verano pasado. Si el vínculo había quedado resentido esta semana por la mala praxis de la jefa de bancada oficialista, los dichos del senador que se dedica a valuar y vender campos en su actividad privada terminaron de estallarlos.
En efecto, los libertarios se iban enterando a medida que avanzaba la sesión cómo se le escapaban votos que pasaban del sentido positivo al negativo, para ubicarse en el rechazo junto al peronismo, en el segmento que barría con las sanciones o limitaciones a los propietarios de hectáreas que se incendiasen para luego enajenarse. Así fueron cayendo los anuncios del radical Maximiliano Abad, Flavia Royón, Beatriz Ávila y Edith Terenzi.
Royón, en el Salón Eva Perón.
Abad explicó en su exposición que esa parte del proyecto era «regresivo» y que «la doctrina constitucional y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia establecen el principio de no regresión ambiental». En tanto, Royón había avisado que, más allá de los cabildeos que se produjeron durante meses en el despacho de Víctor Zimmermann en el Senado para retocar la ley, «todavía contiene errores conceptuales y técnicos que deben revisarse» y por eso votaría en contra.
La chubutense Terenzi y la tucumana Ávila, fundamentales para voltear el capítulo de tierras, también se opusieron y fastidiaron los planes del gobierno.
Los libertarios se iban enterando a medida que avanzaba la sesión cómo se le escapaban votos que pasaban del sentido positivo al negativo, para ubicarse en el rechazo junto al peronismo, en el segmento de Manejo del Fuego.
Finalmente, el proyecto quedó compuesto por lo que fuera el Capítulo I, referido a la Expropiación y Regularización Dominial, el Capítulo II, dedicado a los Procesos de Desalojo y el Capítulo V, sobre el Registro de la Propiedad Inmueble.
El primero fue aprobado por 37 votos a favor y 33 en contra y el segundo cosechó 36 voluntades por la afirmativa y 33 por la negativa. Terenzi se abstuvo después de explicar que no compartía la orientación del articulado pero también advirtió que lo que se estaba legislando aplicaba solo a la Capital Federal porque el resto de las jurisdicciones tenían su propio régimen de desalojos.
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