Presidido por la Gobernadora Arabela Carreras, se reunió este sábado el Comité de Crisis por COVID-19 en Río Negro, compuesto por autoridades de los tres Poderes del Estado.
Luego del análisis de la actual situación epidemiológica de la provincia, el Comité determinó como medidas la suspensión temporaria de todos los actos protocolares en territorio provincial, así como torneos y competencias deportivas profesionales y amateurs. Estas medidas se tomarán desde el lunes 17 y por 15 días.
Por otra parte, por disposición de la Gobernadora Carreras, los integrantes del Comité de Crisis se instalarán en el Alto Valle de la provincia, para mantener encuentros con Intendentes, Intendentas, autoridades de sectores económicos y sociales, entre otros, en la continuidad del diálogo permanente que lleva adelante la Provincia con los representantes de los distintos actores de la sociedad para el análisis de cada localidad en particular.
Estas medidas se tomaron tras el tratamiento de la actualidad en materia de casos, la disponibilidad de camas para pacientes de COVID-19, y el avance en el operativo de vacunación, especialmente en las zonas más afectadas por el crecimiento de los casos positivos, como los Departamentos de General Roca y Adolfo Alsina y las ciudades de San Carlos de Bariloche y Dina Huapi, entre otras.
Participaron del encuentro el Vicegobernador Alejandro Palmieri y el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Apcarián. También lo hicieron la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Mercedes Jara; sus pares de Salud, Fabián Zgaib; de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler; de Economía, Luis Vaisberg; de Desarrollo Humano, Juan José Deco; el Secretario General, Daniel Sanguinetti; la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia, Betiana Minor; el Presidente del Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López; la Secretaria de Salud, Mercedes Ibero; el Secretario Legal y Técnico, Guillermo Ceballos y el Secretario de Comunicación, Gustavo Glave.
El General de Brigada, Sergio Maldonado, presentó su renuncia como presidente de la Obra Social de las Fuerzas Armada, a solo tres meses de haberse creado tras la disolución del IOSFA.
Fuentes al tanto de la situación revelaron a LPO que la salida se produce por diferencias profundas de Maldonado con Presti en el mano de la crisis que afecta a miles de militares activos y retirados que no tienen cobertura médica.
Además, el pasado primero de mayo se produjo el suicidio de un suboficial retirado en medio de esta crisis y eso habría sido el detonante de la salida del ahora ex funcionario.
El Gobierno buscaba descomprimir la dramática situación con la nueva obra social pero todavía no queda claro la manera en la que Defensa se hará cargo de una deuda de 200 mil millones de pesos que tiene a los afiliados sin cobertura y en muchos casos tiene que transitar enfermedades graves y tratamientos complejos de su bolsillo.
Esto, generó movilizaciones en ciudades importantes como Mar del Plata en donde se concentraron en una de las clínicas que reclama una deuda millonaria.
El Ministerio de Defensa informó ante Diputados que la deuda del IOSFA al 31 de marzo de 2026 ascendía a $248.600.811.333,39. El pasivo incluye $16.290 millones en reintegros, $161 millones en servicios básicos, $178.961 millones en gasto prestacional y funcionamiento, y $53.187 millones en préstamos del IAF.
Fuentes al tanto de la situación revelaron a LPO que la salida se produce por diferencias profundas de Maldonado con Presti en el mano de la crisis que afecta a miles de militares activos y retirados que no tienen cobertura médica
Al momento de la transición, el IOSFA tenía 523.611 afiliados: 331.152 vinculados a las Fuerzas Armadas y 192.459 a las fuerzas de seguridad. De ese total, el padrón de 331.152 afiliados de las Fuerzas Armadas fue transferido a la OSFA el 31 de marzo.
LPO reveló en exclusivo que el ante el grado de desesperación para hacer frente a estos compromisos, Carlos Presti evalúa rematar 44 inmuebles militares para pagar la deuda. El documento oficial al que accedió a LPO el pasado 23 de marzo, propone retirar propiedades y redefinir la titularidad de hoteles, delegaciones y centros recreativos.
Justamente, el gobierno publicó un decreto en el que abre el juego para la venta de esos territorios, lo que generó una extrema preocupación en bloques políticos de Mar del Plata, dado que la ciudad balnearia tiene una importante cantidad de inmuebles.
Al momento de la transición, el IOSFA tenía 523.611 afiliados: 331.152 vinculados a las Fuerzas Armadas y 192.459 a las fuerzas de seguridad. De ese total, el padrón de 331.152 afiliados de las Fuerzas Armadas fue transferido a la OSFA el 31 de marzo
La crisis de la obra social se originó en su totalidad en esta gestión libertaria, con los manejos de los funcionaros que respondían a Luis Petri y que fue generando una bola de nieve hasta llegar a la situación actual.
Pero además del abandono que sufren los militares afiliados para tener una cobertura médica, en las Fuerzas Armadas apareció otro malestar desde la asunción del nuevo ministro de Defensa, el general Carlos Presti. La Fuerza Aérea lo acusa de «teñir de verde» el Ministerio al colocar a gente de confianza del Ejército de manera mayoritaria en todas las áreas, tanto del ministerio como las empresas que dependen de Defensa.
LPO publicó en exclusivo que las críticas internas a los hombres de Petri en IOSFA era que usaban los recursos de los afiliados para la campaña electoral en Mendoza. Dentro de los supuestos cobradores de campaña aparecen Surabelle y el empresario Fernando Riccomi, apuntado por el Ejército por recaudar a nombre de Petri.
Riccomi es también el titular de la prepaga Medycin, que adquirió porciones de Delta Salud S.A. y fue aportante de campaña del socialismo en Santa Fe. Es accionista en empresas como Rosario Futuros y Opciones S.A y tiene una acción en el Rofex, el mercado de futuros.
El nuevo emprendimiento de Riccomi es el inmobiliario, en especial en Funes, la ciudad pegada a Rosario donde están los mayores barrios privados, donde tienen casa Lionel Messi y Ángel Di María.
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El gobierno nacional deberá presentar en junio una propuesta concreta de pago a los reclamos del gobierno de Axel Kicillof por recortes de fondos por más de $2,3 billones. Así lo resolvió hoy la Corte Suprema tras una audiencia entre las dos partes y en la que participó el propio gobernador bonaerense.
El Máximo Tribunal había pautado para este martes la segunda audiencia por un reclamo de recortes de fondos por parte de la ANSES a la provincia. En el encuentro se acordó una nueva audiencia para el 10 de junio donde deberá plantearse una propuesta de pago por parte de la Casa Rosada.
Kicillof presentó ante la Corte ocho reclamo por recortes del gobierno nacional que suman más de 15 millones de millones, es decir 15 billones. «Tengan en cuenta que el presupuesto aprobado en la provincia es de 44 billones, o sea que estamos hablando de una deuda de prácticamente un tercio de los recursos de Buenos Aires», dijo el gobernador al salir de la audiencia.
La provincia de Buenos Aires es una de las 13 jurisdicciones que no transfirieron sus regímenes provisionales a Nación. Por lo que el Estado Nacional debe compensar los déficits. Eso se realiza a través de un sistema de simulaciones y auditorias que debe hacer el Estado Nacional sobre las cuentas provinciales.
«De esas 13 provincias hay 10 que ya llegaron a un acuerdo con Nación. Nosotros venimos solicitando esto hace tiempo, lo terminamos haciendo por sede judicial, a través de la Corte Suprema», dijo Kicillof.
Según la demanda del gobierno bonaerense, las deudas corresponden a anticipos recibidos y adeudados por la Nación; actualización de los anticipos 2023 (se recibieron con base 2018); fondos del anticipo 2024 más su actualización (base 2020) y diferencias entre el déficit de caja no transferida y los anticipos sin actualizar correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020.
Días atrás, el gobierno de Kicillof presentó su octava demanda ante la Corte. En este caso reclama más de 1,13 billones de pesos por el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y el convenio firmado en 2023.
Este último reclamo incluye el saldo impago correspondiente al acuerdo de 2023 y las diferencias proyectadas para el período 2023-2025 por el Fondo del Conurbano, según precisa la administración provincial. Con la presentación, también se solicita una medida cautelar que ordene al gobierno nacional la restauración del método de cálculo original, a fin de reparar los perjuicios futuros.
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