Presidido por la Gobernadora Arabela Carreras, se reunió este sábado el Comité de Crisis por COVID-19 en Río Negro, compuesto por autoridades de los tres Poderes del Estado.
Luego del análisis de la actual situación epidemiológica de la provincia, el Comité determinó como medidas la suspensión temporaria de todos los actos protocolares en territorio provincial, así como torneos y competencias deportivas profesionales y amateurs. Estas medidas se tomarán desde el lunes 17 y por 15 días.
Por otra parte, por disposición de la Gobernadora Carreras, los integrantes del Comité de Crisis se instalarán en el Alto Valle de la provincia, para mantener encuentros con Intendentes, Intendentas, autoridades de sectores económicos y sociales, entre otros, en la continuidad del diálogo permanente que lleva adelante la Provincia con los representantes de los distintos actores de la sociedad para el análisis de cada localidad en particular.
Estas medidas se tomaron tras el tratamiento de la actualidad en materia de casos, la disponibilidad de camas para pacientes de COVID-19, y el avance en el operativo de vacunación, especialmente en las zonas más afectadas por el crecimiento de los casos positivos, como los Departamentos de General Roca y Adolfo Alsina y las ciudades de San Carlos de Bariloche y Dina Huapi, entre otras.
Participaron del encuentro el Vicegobernador Alejandro Palmieri y el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Apcarián. También lo hicieron la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Mercedes Jara; sus pares de Salud, Fabián Zgaib; de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler; de Economía, Luis Vaisberg; de Desarrollo Humano, Juan José Deco; el Secretario General, Daniel Sanguinetti; la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia, Betiana Minor; el Presidente del Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López; la Secretaria de Salud, Mercedes Ibero; el Secretario Legal y Técnico, Guillermo Ceballos y el Secretario de Comunicación, Gustavo Glave.
El salteño Gustavo Sáenz no quiere que el Senado remueva a Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete porque cree que eso le serviría a Javier Milei para victimizarse y no pagar el costo político de echarlo.
El gobernador de Salta habló con sus pares de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Catamarca, Raúl Jalil, para tratar de consensuar una postura común de cara al debate del pedido de interpelación en el Senado, por ahora previsto para la semana próxima.
Sáenz, Jaldo y Jalil controlan el bloque Convicción Federal, que tiene tres integrantes: el catamarqueño Guillermo Andrada, la jujeña Carolina Moisés y la tucumana Sandra Mendoza. Además el salteño tiene por fuera a Flavia Royón en el monobloque Primero Los Salteños.
La postura de Sáenz es no apoyar la remoción de Adorni porque eso le daría la posibilidad a Milei de victimizarse y acusarlos de golpistas, al mismo tiempo que le resuelve el problema político de sacarlo del gabinete. El salteño dice que hay que dejarlo que lo eche Milei.
Se trata de una postura similar a la que tenían otros sectores de la oposición, como el radical Maxi Abad que ayer afirmó que el gobierno tiene la pelota para resolver este tema y no llegar al extremo de que el Congreso remueva a Adorni. En cambio, el PRO confirmó que apoyará la remoción.
Moisés y Royón
Los senadores de Sáenz, Jaldo y Jalil fueron parte de los que pidieron al Gobierno que levante la sesión prevista para este jueves para evitar tener que pegados a la defensa de Adorni, ante la previsible embestida del peronismo. LPO contó que en las provincias dicen que nadie está defendiendo a Adorni y sospechan que la Rosada lo entregó.
Los aliados al gobierno le impusieron a Patricia Bullrich una semana de gracia para Adorni y si Milei no lo echa el próximo jueves 25 de junio tratarán el pedido de interpelación, que de aprobarse se realizaría el 2 de julio. El peronismo tiene 25 votos y
necesita sumar otros 12
de los habituales aliados del gobierno para aprobar la interpelación.
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El Gobierno volvió a extender por un año un régimen que había sido presentado como transitorio y que obliga a miles de beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social a realizar trámites presenciales para acceder al 20% retenido de la prestación. La propia resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial reconoce que ANSES y el Ministerio de Salud aún no lograron optimizar el intercambio de información entre ambos organismos, trasladando las consecuencias de esa deficiencia administrativa a las personas gestantes que dependen de esa ayuda estatal.
Por Tomás Palazzo para NLI
Lo que debía ser una solución excepcional terminó convirtiéndose en un problema permanente. Mediante la Resolución 194/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, ANSES prorrogó hasta el 2 de julio de 2027 la vigencia del mecanismo que exige la presentación presencial de documentación cuando el organismo no puede verificar automáticamente la información sanitaria necesaria para liberar el 20% retenido de la Asignación por Embarazo para Protección Social. La decisión, lejos de anunciar una mejora en los sistemas, confirma que el Estado nacional sigue sin resolver una dificultad administrativa básica: el intercambio de datos entre dos organismos públicos.
La explicación aparece en los propios fundamentos de la resolución. Allí se reconoce que «continúan las tareas para optimizar el intercambio de información» entre el Ministerio de Salud y ANSES, motivo por el cual resulta necesario mantener vigente el procedimiento excepcional establecido originalmente por la Resolución 1273/2024. Es decir, más de dos años después de implementado ese régimen transitorio, el Gobierno admite que todavía no logró poner en funcionamiento un sistema que permita verificar automáticamente la información que ya obra en poder del propio Estado.
Práctica habitual del gobierno en entorpecher el acceso a sus derechos a los más vulnerables
La burocracia vuelve a recaer sobre quienes menos tienen
La consecuencia práctica de esa demora no la sufren los organismos involucrados, sino las personas gestantes que perciben una de las prestaciones más sensibles del sistema de protección social. Cuando ANSES no encuentra en sus bases de datos la información proveniente del Programa Sumar, las beneficiarias deben acercarse personalmente a una oficina del organismo para presentar la documentación correspondiente y así poder acceder al porcentaje retenido del beneficio.
En lugar de resolver la falta de interoperabilidad entre dependencias estatales, la administración nacional vuelve a trasladar la carga burocrática a quienes necesitan cobrar una prestación destinada precisamente a proteger situaciones de mayor vulnerabilidad económica y social, práctica habitual del gobierno en entorpecher el acceso a sus derechos a los más vulnerables. Lo que debía simplificarse mediante la digitalización de los procedimientos continúa dependiendo de trámites presenciales, certificados en papel y verificaciones manuales.
La decisión adquiere además un significado político inevitable. Desde el inicio de su gestión, Milei presentó la modernización del Estado, la reducción de la burocracia y la eficiencia administrativa como algunos de los principales objetivos de su programa de gobierno. Sin embargo, esta resolución muestra una realidad muy distinta: organismos nacionales que todavía no consiguen compartir información que el propio Estado ya posee, obligando a mantener mecanismos excepcionales cuya razón de ser debería haber desaparecido hace tiempo.
Una excepción que amenaza con convertirse en regla
Las prórrogas administrativas suelen justificarse cuando existen circunstancias extraordinarias o problemas técnicos temporales. Pero cuando esas extensiones comienzan a repetirse durante años, dejan de representar una excepción para transformarse en el reconocimiento implícito de que el problema estructural continúa sin resolverse.
La Resolución 194/2026 no anuncia un cronograma concreto para completar la interoperabilidad entre ANSES y el Ministerio de Salud ni fija metas verificables para terminar con este procedimiento excepcional. Simplemente extiende nuevamente el plazo hasta julio de 2027, prolongando un esquema que obliga a miles de beneficiarias a seguir realizando gestiones presenciales por una falla que pertenece exclusivamente a la administración pública.
Más allá del aspecto técnico, la resolución vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo sobre la calidad de la gestión estatal. Cuando el Estado reconoce que no puede intercambiar información entre sus propios organismos durante años consecutivos, el costo termina pagándolo quien necesita acceder a un derecho, no quien administra el sistema. Y esa diferencia explica por qué una aparente prórroga administrativa termina teniendo un impacto concreto sobre la vida cotidiana de miles de personas.
Esta mañana, y tras las gestiones realizadas por el Intendente Marcelo Orazi, comenzaron los trabajos que lleva adelante Vialidad Nacional Distrito Río Negro en el sector de ruta nacional 22 y Pioneros, donde está ubicado el semáforo. Las tareas, de acuerdo a lo explicado desde el organismo nacional, consisten en el fresado sobre la autovía,…
Las fintech fueron durante años una de las apuestas favoritas de Wall Street. La promesa era sencilla: sumar usuarios a gran velocidad, expandirse a nuevos mercados y construir escala. Las ganancias podían esperar. Pero esa lógica empezó a cambiar y hoy los inversores exigen ganancias concretas.
El fenómeno quedó expuesto en la evolución reciente de acciones como SoFi o Nubank. Ambas compañías siguen creciendo y ampliando sus negocios financieros, pero el mercado se volvió mucho más exigente a la hora de valorar ese crecimiento.
«Durante años los inversores estuvieron dispuestos a financiar compañías que crecían aceleradamente incluso sacrificando rentabilidad. Hoy la lógica cambió: Wall Street exige ganancias, eficiencia y capacidad de monetización», explicó Mariano Dragani de Somos Inversores.
El caso de Nubank suele aparecer como el ejemplo más exitoso dentro del universo fintech. La entidad brasileña logró superar los 100 millones de clientes y, al mismo tiempo, construir un negocio rentable. Para los analistas, esa combinación es la que explica buena parte de su valor de mercado.
La clave ya no pasa solamente por la cantidad de usuarios. «El mercado ya no premia la cantidad de usuarios por sí sola, sino la capacidad de generar ganancias sobre cada usuario incorporado», sostuvo Dragani.
La experiencia de SoFi muestra hasta qué punto aumentó la vara. La compañía presentó ingresos récord, mantuvo un fuerte ritmo de crecimiento y acumuló varios trimestres consecutivos de ganancias. Sin embargo, la acción sufrió luego de la publicación de resultados porque la empresa no mejoró sus proyecciones para el resto del año.
Para Dragani, ese episodio refleja el nuevo estándar de Wall Street. «Ya no alcanza con crecer. El mercado exige superar expectativas, expandir márgenes y mostrar una aceleración constante de resultados», afirmó.
Ualá, que para varios especialistas representa el caso más parecido al recorrido que hizo Nubank en sus primeros años. La compañía cuenta con presencia regional, licencia bancaria e inversores internacionales.
La volatilidad de estas compañías responde justamente a esa exigencia. Mientras hace algunos años los inversores proyectaban crecimiento futuro, ahora examinan indicadores mucho más cercanos a los que utilizan para analizar bancos tradicionales: rentabilidad, retorno sobre el capital, calidad crediticia, costo de fondeo e ingresos por cliente.
El cambio de criterio también empieza a trasladarse a América Latina y abre una discusión sobre cuáles son los jugadores mejor posicionados para protagonizar la próxima historia bursátil de la región.
En Argentina, el líder indiscutido es Mercado Pago. Su ecosistema combina pagos, crédito, inversiones y seguros dentro de una plataforma con presencia regional. Sin embargo, algunos analistas advierten que tamaño y rentabilidad no necesariamente avanzan al mismo ritmo.
«Mercado Pago juega en otra liga por el tamaño de su ecosistema, pero eso no implica necesariamente una alta rentabilidad», señaló el operador financiero Daniel Pesalovo.
Detrás aparece Ualá, que para varios especialistas representa el caso más parecido al recorrido que hizo Nubank en sus primeros años. La compañía cuenta con presencia regional, licencia bancaria e inversores internacionales, elementos que suelen ser valorados por el mercado.
«Ualá sería el retador que puede conseguir ese nivel de escalabilidad. Es el gran candidato para salir a cotizar en bolsa», afirmó Pesalovo. De hecho, mencionó que su fundador, Pierpaolo Barbieri, tiene muy en mente la posibilidad de una futura salida a la bolsa.
Brubank y Lemon. El primero es visto por algunos analistas como el modelo argentino más cercano a SoFi, por su apuesta a captar depósitos y desarrollar un negocio bancario digital integral. Lemon, en tanto, construyó su crecimiento alrededor de las criptomonedas y las stablecoins.
Para Dragani, el desafío será el mismo que enfrentó Nubank antes de consolidarse: demostrar que puede transformar una amplia base de usuarios en ganancias sostenibles. En el mercado consideran que esa prueba será determinante para cualquier fintech que aspire a captar inversores globales.
Más atrás aparecen otros jugadores como Brubank y Lemon. El primero es visto por algunos analistas como el modelo argentino más cercano a SoFi, por su apuesta a captar depósitos y desarrollar un negocio bancario digital integral. Lemon, en tanto, construyó su crecimiento alrededor de las criptomonedas y las stablecoins, un segmento que ganó relevancia en Argentina por la búsqueda de cobertura frente a la volatilidad cambiaria.
Sin embargo, distintos operadores del mercado coinciden en que el contexto actual obliga a demostrar algo más que crecimiento de usuarios. La próxima fintech argentina que llegue al mercado probablemente no será presentada como una startup tecnológica de rápido crecimiento, sino como una entidad financiera rentable y capaz de expandirse de manera sostenida.
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