Presidido por la Gobernadora Arabela Carreras, se reunió este sábado el Comité de Crisis por COVID-19 en Río Negro, compuesto por autoridades de los tres Poderes del Estado.
Luego del análisis de la actual situación epidemiológica de la provincia, el Comité determinó como medidas la suspensión temporaria de todos los actos protocolares en territorio provincial, así como torneos y competencias deportivas profesionales y amateurs. Estas medidas se tomarán desde el lunes 17 y por 15 días.
Por otra parte, por disposición de la Gobernadora Carreras, los integrantes del Comité de Crisis se instalarán en el Alto Valle de la provincia, para mantener encuentros con Intendentes, Intendentas, autoridades de sectores económicos y sociales, entre otros, en la continuidad del diálogo permanente que lleva adelante la Provincia con los representantes de los distintos actores de la sociedad para el análisis de cada localidad en particular.
Estas medidas se tomaron tras el tratamiento de la actualidad en materia de casos, la disponibilidad de camas para pacientes de COVID-19, y el avance en el operativo de vacunación, especialmente en las zonas más afectadas por el crecimiento de los casos positivos, como los Departamentos de General Roca y Adolfo Alsina y las ciudades de San Carlos de Bariloche y Dina Huapi, entre otras.
Participaron del encuentro el Vicegobernador Alejandro Palmieri y el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Apcarián. También lo hicieron la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Mercedes Jara; sus pares de Salud, Fabián Zgaib; de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler; de Economía, Luis Vaisberg; de Desarrollo Humano, Juan José Deco; el Secretario General, Daniel Sanguinetti; la Secretaria de Estado de Seguridad y Justicia, Betiana Minor; el Presidente del Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López; la Secretaria de Salud, Mercedes Ibero; el Secretario Legal y Técnico, Guillermo Ceballos y el Secretario de Comunicación, Gustavo Glave.
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La Justicia Federal de Córdoba atraviesa la mayor crisis institucional de las últimas décadas. En menos de cuatro meses, los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi (pareja entre sí) quedaron en el centro de dos investigaciones penales que, combinadas, amenazan con sacudir el funcionamiento del principal tribunal federal de la provincia y con exponer un presunto entramado de favores entre la pareja de magistrados y el poder económico.
La última ofensiva llegó este viernes, cuando los fiscales Pablo Turano, de la Procuración General de la Nación, y Maximiliano Hairabedián, titular de la Fiscalía Federal N° 3 de Córdoba, promovieron una nueva acción penal contra ambos jueces por el presunto delito de admisión de dádivas.
El expediente sostiene que la pareja de magistrados habría recibido un vuelo privado a Punta del Este, valuado en unos 34.000 dólares, mientras intervenían en expedientes vinculados con empresarios que aparecen relacionados con la aeronave utilizada para el viaje.
La nueva causa se suma a otra investigación, iniciada en abril, en la que Sánchez Torres y Montesi ya están siendo investigados por supuestamente manipular la integración de las salas de la Cámara Federal de Córdoba para intervenir en expedientes de alto impacto económico, especialmente causas tributarias y penales contra empresarios.
La hipótesis de los fiscales apunta a un mismo patrón de comportamiento: la utilización de la estructura interna de la Cámara Federal para influir en causas sensibles y la posible existencia de contraprestaciones indebidas provenientes de sectores empresarios beneficiados por algunas resoluciones judiciales.
La investigación más reciente reconstruyó un viaje realizado entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 2024. Según los registros migratorios incorporados al expediente, Sánchez Torres y Montesi viajaron desde Córdoba hacia Punta del Este en un avión privado matrícula LV-WTP y regresaron cuatro días después en la misma aeronave.
Los fiscales calcularon que un vuelo de esas características tiene un costo cercano a los 17.000 dólares por tramo, por lo que el beneficio económico recibido rondaría los 34.000 dólares.
El principal interrogante de la investigación es quién pagó ese viaje.
Los allanamientos realizados hasta el momento no permitieron identificar al supuesto financista, pero la fiscalía encontró una serie de vínculos societarios que conducen hacia dos grupos empresarios con fuerte presencia en Córdoba: Porta Hermanos y el Grupo Astori.
La aeronave pertenece a Airjet S.A., una sociedad que durante años fue presidida por José Vicente Ramón Porta. La investigación sostiene además que integrantes de la familia Porta continuaron utilizando ese avión aun después de dejar formalmente la conducción de la compañía.
Ese dato adquirió relevancia porque Montesi intervino durante años en el expediente ambiental iniciado por vecinos de barrio San Antonio, de la ciudad de Córdoba, contra Porta Hermanos por la actividad de su planta de bioetanol.
En varias oportunidades la camarista votó en disidencia respecto del resto de sus colegas para rechazar medidas reclamadas por los vecinos, entre ellas la exigencia de una evaluación de impacto ambiental.
Más recientemente, en septiembre de 2025, Sánchez Torres y Montesi integraron la mayoría que dejó sin efecto una multa tributaria aplicada a Porta por la entonces AFIP, hoy ARCA.
La segunda línea investigativa conduce al Grupo Astori.
Según la reconstrucción realizada por los fiscales, los camaristas habrían compartido el viaje a Uruguay con María Pía Astori y Guillermo Alberto Assales, presidente de Astori Estructuras S.A.
Esa empresa aparece vinculada al Fideicomiso Barrio Ampliación Palmar, protagonista de una larga disputa judicial contra el Estado Nacional y la Fuerza Aérea por terrenos ubicados en Córdoba.
Lo que llamó la atención de los investigadores es que Sánchez Torres y Montesi continuaron interviniendo en esos expedientes antes y después del viaje sin excusarse pese a la presunta relación personal con empresarios ligados al litigio.
Los fiscales consideran que esos elementos son suficientes para sospechar que los jueces aceptaron una dádiva de personas con intereses concretos en causas bajo su competencia.
Pero el expediente por el vuelo privado no es el único problema judicial de los camaristas.
En abril, Hairabedián y Turano impulsaron otra investigación que puso bajo la lupa el funcionamiento interno de la Cámara Federal de Córdoba.
En esa causa se denuncia que Sánchez Torres habría alterado deliberadamente la integración de las salas para asegurarse intervenir en expedientes específicos, particularmente investigaciones por evasión tributaria vinculadas a ejecutivos de la cerealera Bunge y otros procesos de gran impacto económico.
La denuncia sostiene que el mecanismo consistía en modificar las integraciones naturales de las salas de la Cámara que ambos magistrados integran, lo que podría haber beneficiado a grandes empresarios en casos de evasión.
Ese expediente incorporó además un capítulo especialmente delicado: una secretaria judicial denunció haber sufrido violencia laboral por negarse a participar de esas maniobras administrativas.
En los tribunales federales nadie recuerda un escenario semejante.
La Cámara Federal de Córdoba es el órgano revisor de todas las decisiones adoptadas por los juzgados federales de la provincia. Allí se resuelven causas por narcotráfico, corrupción, delitos tributarios, lavado de dinero y conflictos con los principales grupos económicos del centro del país.
Fuentes judiciales no descartan que las próximas medidas incluyan un análisis patrimonial de ambos magistrados y la profundización de las pericias sobre los vínculos societarios entre Airjet, Porta y el Grupo Astori.
Las investigaciones acabaron con la estrategia de Sánchez Torres de convertirse en ministro de la Corte Suprema de la Nación, con el aval de Martín Llaryora y otros gobernadores. El propio Sánchez Torres le expuso su plan a Roberto Urquía en un bar de Córdoba meses atrás. Allí, Sánchez Torres intentó convencer al dueño de General Deheza de que lo avale en el círculo rojo para destrabar cualquier resistencia a su llegada al máximo tribunal. La jugada fue coincidente con la caída de Ariel Lijo.
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El lunes aterrizó Kristalina Georgieva en Buenos Aires para reunirse con Javier Milei en Casa Rosada. Fue el primer encuentro entre la directora del FMI y el Presidente argentino en diez meses. Hoy voló a Neuquén con el presidente de YPF, Horacio Marín, para recorrer Vaca Muerta. La escena es elocuente por lo que muestra y por lo que oculta: la autoridad del mayor acreedor de la Argentina caminando sobre el yacimiento que el Gobierno exhibe como prueba de que la restricción externa ya tiene solución. Pero detrás de la imagen hay una pregunta que ninguna recorrida oficial va a responder: ¿alcanza la renta de Vaca Muerta para pagar una deuda de esta escala con el Fondo, o se está usando ese activo estratégico para financiar, otra vez, el corto plazo político a costa de la soberanía sobre los recursos que lo generan?
La visita no ocurre en el vacío: coincide con la discusión de un nuevo proyecto para derogar los límites a la propiedad extranjera de tierras rurales —hoy sostenida solo por una cautelar judicial mientras la Corte Suprema decide su suerte— y con la aplicación de una versión ampliada del RIGI —el Súper RIGI— que extiende a nuevas industrias los mismos treinta años de estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria que ya rigen para los proyectos de Vaca Muerta. No son dos agendas paralelas: es la misma agenda. Mientras se discute quién puede ser dueño de la tierra sobre la que se asientan los yacimientos, se profundiza el régimen que blinda por tres décadas la renta que esos yacimientos producen.
El resultado combinado de ambas reformas parte de un mismo diseño: condiciones cada vez más favorables para que capitales extranjeros se apropien de recursos naturales estratégicos y extraigan de ellos rentas extraordinarias.
Esa continuidad se vuelve todavía más nítida en la agenda privada de Georgieva. Además de sus encuentros con Milei, Luis Caputo y Santiago Bausili, la directora del Fondo cenó el lunes por la noche con la cúpula empresarial argentina en el Palacio Duhau. Estuvieron Jorge Brito (Banco Macro), Eduardo Elsztain (IRSA), Marcos Bulgheroni (Pan American Energy), Pierpaolo Barbieri (Ualá), Juan Martín de la Serna (Mercado Libre), Daniel Novegil (Ternium), Martín Pérez de Solay (Glencore), Mariana Schoua (AmCham), Isela Costantini (Strategic Advisor) y Catalina Cascio (Ferrosider).
No es un detalle protocolar: se trata de la cúpula corporativa a la que el propio Banco Central señaló como contraparte directa de la fuga de capitales financiada por el FMI en 2018.
Durante la cena, Georgieva puso hincapié en profundizar las reformas destinadas a expandir el crédito privado, impulsar el desarrollo del mercado de capitales, avanzar en las concesiones de infraestructura y mantener el rumbo del proceso de desregulación económica. También tuvo tiempo para repasar un poco de historia: les consultó a los contertulios sobre los motivos detrás de la caída del régimen de convertibilidad. Los empresarios dieron sus interpretaciones: la devaluación brasileña de 1999, el empeoramiento del escenario internacional y los desequilibrios macroeconómicos que terminaron derivando en la crisis de 2001.
Tocata y fuga
Según el informe del BCRA de 2020, la formación de activos externos del sector privado entre mayo de 2018 y octubre de 2019 alcanzó 45.100 millones de dólares —una cifra casi calcada a los 44.500 millones que el Fondo desembolsó en ese mismo período—, y en el ciclo completo 2015-2019 esa fuga superó los USD 86 mil millones. El BCRA documentó, además, su grado de concentración: apenas cien agentes económicos explicaron 24.679 millones de esa salida, y el 1% de las empresas concentró la mayor parte de la formación de activos externos de personas jurídicas. Estos números dan cuenta de que la deuda que hoy asfixia al Estado no financió, en 2018, una expansión de la economía real: financió, dólar por dólar, una fuga de capitales de un puñado de grandes actores privados.
Que Georgieva se siente a cenar, ocho años después, con figuras clave que pertenecen al mismo universo corporativo que se benefició de manera directa de aquella fuga financiada con crédito del organismo que ella dirige, cierra el círculo de un mismo patrón: el Fondo presta, una porción sustancial de ese crédito termina afuera del país en manos de un puñado de grandes actores privados, y la cuenta de la deuda queda en las manos del pueblo argentino.
La escala del problema no es un detalle retórico: es lo que separa una discusión de política económica de un simple episodio protocolar. En setenta años de vínculo bilateral, un director gerente del FMI pisó suelo argentino cuatro veces, y las tres visitas anteriores comparten un patrón inequívoco. Horst Köhler llegó en 2003, en plena crisis de deuda, para presionar a un Kirchner recién asumido. Rodrigo Rato aterrizó en agosto de 2004 por apenas diez horas, custodiado por la policía, para exigir un acuerdo que la Argentina terminó rechazando. Christine Lagarde estuvo en marzo de 2018, en el marco del G20, semanas antes de que el país cerrará el mayor préstamo de la historia del organismo —el mismo episodio en el que Macri, para instalar confianza sobre la negociación en curso, invitó a los argentinos a «enamorarse» de la titular del Fondo—. Ese romance terminó en la exposición más alta jamás sostenida por un país miembro del FMI. Que Georgieva repita hoy ese mismo gesto, con un gobierno otra vez alineado, siendo un acreedor seniority por representar un 34% de la deuda del FMI entre todos los países del mundo, no es protocolo: es la prueba de que el Fondo nunca visitó la Argentina para auditar cuentas, sino para bendecir gobiernos en medio de crisis de financiamiento.
La cuenta que no cierra: superávit energético versus stock de deuda
Vaca Muerta va a «pagar la deuda». Esa es la muletilla del discurso oficial. Los números, tomados de las fuentes oficiales, obligan a matizarlo. En 2025 la balanza energética argentina cerró con un superávit récord de 7.815 millones de dólares, el más alto de la historia impulsado por exportaciones de combustibles y energía por 11.086 millones. En el primer semestre de 2026 ese superávit ya alcanzó unos 6.987 millones, un salto interanual de casi 62%, y las proyecciones del sector para el año completo rondan los 12.500 millones.
Son cifras notables. Pero al compararlas con la exposición vigente, se ve que Argentina le debe hoy al FMI el equivalente al 1.311% de su cuota, unos 57 mil millones de dólares de capital. No el doble ni el triple del límite normal, sino más de seis veces el techo acumulado que rige en este mismo momento para cualquier otro país miembro.
Traducido a dólares, el tramo que excede los parámetros normales de acceso vigentes al momento de cada desembolso se ubica en 37.800 millones de dólares. No es un matiz menor: representa entre la mitad y las dos terceras partes de toda la deuda que la Argentina mantiene hoy con el organismo.
Si se destinara la totalidad del superávit energético anual —sin un solo dólar para importaciones, salarios, inversión o cualquier otro uso— a cancelar exclusivamente ese stock, con las proyecciones más optimistas de YPF para 2026 se necesitarían más de cuatro años solo para cubrir el capital, sin contar intereses, sobrecargos, ni el resto de los vencimientos de deuda pública que la Argentina también enfrenta en dólares. Y esa cuenta ni siquiera contempla que buena parte de esa renta energética no queda enteramente disponible para el fisco: una porción se destina a las regalías provinciales, otra a la rentabilidad de las empresas —muchas de ellas extranjeras— que operan bajo el régimen de estabilidad de treinta años.
Vaca Muerta puede ser, con el tiempo, una fuente relevante de divisas. Lo que no puede ser, con esta escala de deuda, es la solución por sí sola. Confundir un superávit sectorial —por más récord que sea— con la capacidad de repago de una exposición trece veces superior a la cuota es, en el mejor de los casos, una simplificación; en el peor, una forma de demorar la discusión de fondo: qué parte de esa deuda es técnica, qué parte es un excedente de naturaleza política y qué instrumentos legales existen para tratarla como corresponde.
Un gesto político, no un dictamen técnico
En abril de 2025, durante las Reuniones de Primavera del FMI en Washington, la directora gerente advirtió que resultaba «importante» que la Argentina no «descarrilara» su rumbo de cambio de cara a las elecciones legislativas de octubre, sugiriendo que un resultado favorable a la oposición peronista implicaría, de manera casi automática, un salto en el tipo de cambio o una corrida sobre las reservas. El episodio no quedó en la declaración: minutos después, en el mismo panel, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, le obsequió un prendedor con forma de motosierra, que Georgieva aceptó y se colocó en la solapa ante las cámaras. La oposición calificó la intervención de Georgieva de intromisión electoral y el propio organismo debió aclarar al día siguiente, que el mensaje estaba dirigido al Gobierno y no al electorado.
Ayer, al mismo tiempo que Georgieva aterrizaba en Buenos Aires, Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley del bloque de diputados de Unión por la Patria para que los acuerdos con el FMI deban ser aprobados por el Congreso. La propuesta, avalada por quince diputados del principal bloque opositor, hace foco además en las asimetrías institucionales y contradicciones como las que se presentan entre la directora que interviene políticamente en un proceso electoral doméstico y el propio staff técnico que viene señalando el incumplimiento de la meta de superávit primario y la insuficiencia de reservas. La alerta es clara: el FMI opera, al mismo tiempo, como acreedor, como auditor de sus propios programas y como actor con intereses geopolíticos explícitos, cuya conducción no es ajena al resultado de los procesos electorales de sus principales deudores.
Se trata de la misma lógica de discrecionalidad política —aplicada ahora al plano de la comunicación y la campaña— que en 2018 permitió aprobar un programa por fuera de los criterios técnicos de sostenibilidad. La corresponsabilidad que reclama el proyecto no es sólo jurídica: es también política, y empieza por reconocer que las decisiones del Fondo sobre la Argentina nunca fueron, ni son hoy, puramente técnicas. Son profundamente políticas.
Un patrón que se repite: desembolsos que llegan cuando la política los necesita
El caso argentino ofrece, además, una serie temporal que resulta difícil de leer como pura coincidencia técnica. El préstamo de 2018 se cerró bajo un gobierno de Cambiemos en pleno año electoral legislativo, con Lagarde elogiando en Bali «la disciplina» fiscal de Macri semanas antes de los comicios de octubre. Siete años después, en 2025, el patrón se repitió: el Fondo desembolsó 14 mil millones de dólares en abril, en el tramo final de una negociación que incluyó un viaje de Milei y Caputo a Mar-a-Lago para conseguir el respaldo público de Donald Trump, y Georgieva llegó a declarar sobre un desembolso inicial más alto que el gobierno argentino se “había ganado” por su desempeño.
En 2025, previo a las elecciones legislativas, el Tesoro de Estados Unidos anunció un swap de monedas con el Banco Central por otros 20 mil millones, y el propio Trump condicionó públicamente ese respaldo al resultado electoral del oficialismo, en una frase que generó un desplome inmediato de los mercados argentinos. Bloomberg tituló, sin medias tintas, que el FMI respaldaba la ayuda de Washington a la Argentina antes de esos comicios.
La nueva arquitectura de endeudamiento: cuando el prestamista es también el padrino político
Lo que ocurrió en 2025 agrega, además, una capa novedosa y que vuelve más urgente su lógica: la aparición del Tesoro de Estados Unidos como actor de financiamiento directo, por fuera del propio FMI. El swap de 20 mil millones de dólares anunciado por la administración Trump no es un crédito del organismo multilateral: es una línea bilateral del Tesoro norteamericano, activada en medio de una corrida cambiaria y explícitamente atada, según las propias palabras del presidente estadounidense, al resultado electoral.
En apenas veinte meses de gestión, el Gobierno acumuló préstamos por 20 mil millones con el FMI, otros 12 mil millones con el Banco Mundial, USD 10 mil millones con el BID y montos adicionales con la Corporación Andina de Fomento, además de esa línea del Tesoro estadounidense.
Esta arquitectura combinada —FMI, banca multilateral y ahora también el Tesoro de un país miembro actuando directamente como prestamista de última instancia— desdibuja todavía más la frontera entre asistencia técnica y respaldo político-electoral. El propio FMI reconoció el peso de esa variable: su directora llegó a admitir que el respaldo de la Casa Blanca resulta clave para destrabar desembolsos, y la sintonía personal entre Milei y Trump se volvió, en los hechos, una variable tan relevante para el programa económico como el cumplimiento de las metas fiscales.
Es exactamente el escenario que la doctrina de corresponsabilidad busca nombrar y ordenar: si el financiamiento externo de la Argentina depende, en última instancia, de alineamientos geopolíticos y ciclos electorales antes que de criterios técnicos verificables, entonces la salida de esa dependencia no puede limitarse a pedirle prolijidad al Fondo.
Una deuda política necesita una solución política
La discusión que busca llevar al Congreso el bloque de Unión por la Patria apunta a darle un techo legal a la deuda, control parlamentario obligatorio y una negociación explícitamente política para la porción de deuda generada no por un cálculo técnico, sino por un que un ciclo político.
El planteo central del proyecto de ley puede resumirse en una sola idea, tan simple como incómoda: hay que distinguir lo que se debe pagar siempre —la cuota, el crédito ordinario— de aquello que fue una decisión política tomada por fuera de las reglas —el excedente que, en el caso argentino, representa la enorme mayoría de la deuda—.
Si el origen de ese excedente fue una decisión política —del Directorio del Fondo, que aprobó en 2018 el mayor préstamo de la historia del organismo pese a que la propia evaluación técnica dudaba de su sostenibilidad, y del gobierno argentino, que lo tramitó incumpliendo sus propios procedimientos institucionales—, entonces su resolución no puede ser exclusivamente técnica. Necesita una negociación política con objetivos políticos: un plan de pagos sostenible, atado al crecimiento de la economía argentina, que no descargue el ajuste sobre la distribución del ingreso de las y los argentinos.
