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El Gobierno impulsa un proyecto de “modernización” laboral que elimina derechos conquistados durante décadas. Bajo la retórica de la libertad y la competitividad, el Ejecutivo busca flexibilizar al extremo las condiciones de trabajo, debilitando sindicatos, paritarias y seguridad social.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
El gobierno de Milei avanza con su plan de reforma laboral, presentado como un salto hacia la “modernización” pero que, en realidad, significa un retroceso histórico en materia de derechos laborales. La iniciativa propone jornadas de hasta 12 horas, indemnizaciones pagadas en cuotas y salarios fraccionados en tickets canasta, configurando un modelo que traslada todo el peso de la “eficiencia” a las espaldas del trabajador.
Según los fundamentos del proyecto, el objetivo es “flexibilizar para generar empleo”. Pero detrás de ese eufemismo se esconde una ofensiva estructural contra el sistema de protección social y las conquistas del movimiento obrero argentino. Gabriel Solano, del Partido Obrero, sintetizó la gravedad del texto: la reforma equivale a esclavitud laboral.
El texto difundido por portales como Infobae, La Nación y El Tucumano detalla que la jornada laboral podría extenderse hasta 12 horas diarias, y que se habilitaría un banco anual de horas que elimina el pago de horas extras. Además, las vacaciones podrían fraccionarse a criterio de las empresas, y las indemnizaciones podrían abonarse en cuotas, reduciendo la estabilidad laboral a una mera variable contable.
La iniciativa también reactiva los tickets canasta, figura que reapareció desde los años ’90 y que permite pagar parte del salario sin aportes patronales ni cargas sociales. En la práctica, esto desfinancia la ANSES, el PAMI y las obras sociales, dejando a los trabajadores con menos cobertura y a los jubilados con menos recursos.
El discurso oficial insiste en que el sistema laboral argentino “tiene más de 70 años” y “ya no sirve”. Sin embargo, lo que el gobierno presenta como modernización es una liberalización total del trabajo, donde el asalariado deja de ser sujeto de derechos para transformarse en mercancía.
La eliminación de las paritarias por actividad —reemplazadas por negociaciones dentro de cada empresa— pulveriza la fuerza del sindicalismo y fragmenta la representación colectiva. Cada trabajador deberá negociar su salario solo, frente a patronales cada vez más concentradas.
Desde el oficialismo, señala el periodista Osvaldo Peralta desde EnOrsai, se sostiene que la reforma permitirá incorporar al sistema a los trabajadores informales. Pero la historia reciente desmiente esa promesa: las reformas flexibilizadoras de los ’90 no generaron más empleo, sino más precariedad. Formalizar en estas condiciones no es integrar, es legalizar la explotación.
Además, la reducción de cargas patronales —presentada como incentivo a la contratación— provocará un nuevo agujero en las finanzas previsionales, debilitando el sistema de jubilaciones y salud pública.
El proyecto también busca reconfigurar la relación entre capital y trabajo: el empleador gana autonomía y el trabajador pierde respaldo. En palabras simples, la libertad del patrón pasa a ser la falta de libertad del obrero.
Referentes del sindicalismo, del peronismo y de la izquierda anticiparon un frente común de rechazo a la reforma. En varias centrales obreras ya se discute un plan de lucha y la posibilidad de un paro nacional. La CGT analiza convocar a una movilización si el proyecto avanza en el Congreso.
El trasfondo del debate no es técnico ni económico, sino político y cultural. Milei pretende borrar el concepto de derecho laboral, reemplazándolo por la idea de contrato individual, como si la libertad de elegir existiera entre partes desiguales. Lo que se discute no es una reforma, sino el sentido mismo del trabajo digno.
La experiencia argentina demuestra que la “flexibilidad” sólo trajo más desigualdad. Bajo el ropaje de la modernidad, el gobierno busca reinstalar un modelo preperonista, donde el trabajador depende de la voluntad patronal y el Estado se limita a certificar la desigualdad.
En definitiva, la reforma laboral que Milei intenta imponer no moderniza: restaura. Y lo hace en nombre de una libertad que sólo beneficia a los poderosos.
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