PorMunicipalidad Villa Regina
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El fiscal Franco Picardi pidió la detención de Diego Spagnuolo por las coimas de la Andis, a través de un dictamen elevado al juez Sebastián Casanello, para tomarle declaración indagatoria.
El dictamen revela el entramado de corrupción a partir de la prueba recogida en los teléfonos celulares incautados, los dispositivos informáticos y documentación encontrada durante los allanamientos, en el marco de la causa que más atormentó a Karina Milei, a quien referían los audios de Spagnuolo como la beneficiaria del 3% del dinero desviado.
En el escrito, el fiscal también se reclamó la detención de Daniel Maria Garbellini, director de Acceso a la Salud del organismo, y Miguel Ángel Calvete, un hombre vinculado a droguerías y laboratorios que participaban del desvío de fondos.
Lo mismo solicitó para Eduardo Nelio González y Lorena Di Giorno, empleados de Andis, y Pablo Atchabahian, quien ocupó el cargo de Calvete entre 2018 y 2019 y formaba parte de la organización. Además, planteó la citación para que declaren otras 9 personas involucradas en la investigación.
A lo largo de 276 páginas, Picardi demuestra la intervención de lobbistas de los laboratorios y ex funcionarios de la Andis para el direccionamiento de las compras y el pago de sobreprecios. También lista audios e imágenes de chats que comprometen a las personas contra las cuales se libraron los pedidos de detención.
Incluso, llega a exponer un audio en que uno de los operadores le dice a Spagnuolo que mande un «fercho» para retirar dinero.
LPO accedió al material este viernes, luego que se levantara el secreto de sumario. La información recabada demuestra que Spagnuolo fue tomado por cámaras de monitoreo cuando ingresaba al domicilio de uno de los proveedores, el pasado 13 de agosto, con una mochila al hombro.
Según el dictamen de Picardi, «los involucrados en las maniobras resultaron beneficiados con sumas dinerarias como contraprestación a diversas acciones ilícitas, las cuales desplegaron en función de los cargos que ocuparon en ANDIS». Por caso, describe que «Spagnuolo recibió de parte de Miguel Ángel Calvete y Guadalupe Muñoz, cinco millones de pesos argentinos ($5.000.000) en efectivo, para que el primero realizara un viaje».
La fiscalía saca esa conclusión a partir de una conversación mantenida por Calvete con Muñoz, en la que el hombre le pide a la mujer «cinco palos» en efectivo, en pesos. «Cuando ella le pregunta para quién es esa suma de dinero, Calvete le responde: «El boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos».
Captura de una conversación entre Calvete y su pareja.
Picardi sostiene que existe «la puesta en marcha de un sistema irregular de contratación de insumos y medicamentos PACBI (tratamientos de alta complejidad)», y considera que ese mecanismo «permitió la discrecionalidad absoluta en la toma de decisiones, el direccionamiento de procesos de compra, la cartelización y que, además, suponía la violación de los principios legales que deben guiar toda contratación pública: la publicidad, la transparencia y la concurrencia de oferentes».
Su investigación demuestra que se benefició «a un selecto y reducido grupo de droguerías y proveedores de insumos, en detrimento del erario público, la correcta administración de los recursos estatales y a cambio de beneficios espurios». «Se detectó un sistema de compulsas ‘especiales’ en el que se invitaba a solo cuatro oferentes, y en las que siempre dos de ellos cumplían un rol de ‘competencia aparente'», notificó.
El fiscal asegura que «a cambio de asegurar,
gestionar y garantizar la ejecución todas estas maniobras ilícitas se consumaron pagos
indebidos a funcionarios/as -algunos de alto rango de ANDIS- en especial a Diego Orlando
Spagnuolo, Daniel Maria Garbellini, Eduardo Nelio González y Lorena Di Giorno, quienes
permitieron y fueron parte activa para que todas estas maniobras sean desplegadas y la
organización criminal lograra sus objetivos: hacerse de dinero del erario estatal destinado a
personas con discapacidad».
Noticia en desarrollo.
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Crece en Pinamar el escándalo que involucra a la ahora ex tesorera municipal, Norma Watson, quien fue filmada tomando de cajones de su oficina fajos de billetes que metió en su cartera y que, en total, representarían alrededor de 7 millones de pesos.
Aunque los 11 videos que exponen a la funcionaria datan de enero y febrero de este año, recién este martes se conoció el decreto del intendente Juan Ibarguren (PRO) que expulsa del municipio a Watson.
En la oposición local, el bloque del peronismo no descarta que las filmaciones filtradas de Watson vayan más allá de una acción aislada de la funcionaria y, por eso, insistirán en el Concejo para abrir una comisión investigadora.
«Seguramente hagamos una presentación pidiendo que se investigue en profundidad», señalaron a LPO en el bloque peronista de Pinamar que, anteriormente, había presentado un pedido de informes por el tema.
«La respuesta de Ibarguren fue muy laxa», señalaron en la oposición que, ahora, quiere promover un proyecto que enfoque la investigación «hacia arriba».
«Seguramente hagamos una presentación pidiendo que se investigue en profundidad», señalaron a LPO en el bloque peronista de Pinamar que, anteriormente, había presentado un pedido de informes por el tema.
En minoría, el peronismo buscará aliados en concejales radicales y del PRO alejados de Ibarguren. Lo harán en la sesión de la semana próxima, la última previo al recambio del 10 de diciembre que dejará al intendente más fortalecido en el Concejo.
Con 30 años de antigüedad, Watson tenía acceso al sistema y al manejo del efectivo por su rol. Filmada por cámaras de seguridad, la ex tesorera fue denunciada por un funcionario quee detectó la maniobra. Desde entonces fue sumariada y, concluida la auditoría interna, echada.
La defensa de Watson, en tanto, dijo que, en esos videos, la ex tesorera estaba tomando propio dinero que había ahorrado y que, por motivos de seguridad, prefería llevarlo consigo. Ese planteo fue rechazado de plano.
El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren.
«La Municipalidad aportó todas las pruebas y la causa avanza en la Justicia», dijo este martes en su cuenta de X el intendente Ibarguren, que acusó a su ex tesorera: «Abusó de esa posición para apropiarse de dinero».
Ibarguren se ocupó de defender la reacción de su gestión ante el caso: «Desde el Municipio eliminamos el manejo de efectivo; iniciamos una auditoría interna y entregamos toda la información a la Justicia». También, indicó que pidió una pericia contable por la complejidad del caso.
Y agregó: «El Municipio actuó desde el primer momento con total transparencia, cumpliendo cada paso legal y colaborando con la Justicia».
Pero en el peronismo no están conformes con las explicaciones de Ibarguren y tienen sospechas de que sea mucho más dinero el faltante. Frente a eso, tienen previsto avanzar con una nueva presentación en la sesión donde también se estipula el tratamiento del presupuesto local.
