PorMunicipalidad Villa Regina
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La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina informa que se suspende hasta nuevo aviso los trabajos de rotura y posterior colocación de hormigón del cordón cuneta en calle Libertad en el tramo comprendido entre calles José Hernández y Belgrano. Por lo tanto, la circulación y estacionamiento de vehículos en ese sector es normal.
La Justicia de Rosario le puso un freno al gobierno santafesino respecto de las condiciones de detención de presos de alto perfil, lo que es uno de los puntales de la política de seguridad adoptadas y pregonadas por Maximiliano Pullaro.
La resolución de la Cámara Penal revocó una medida fundamental de movimientos de reclusos porque indica que su implementación es inconsulta hacia el Poder Judicial, de quien dependen los detenidos, y que supone regímenes de aislamiento contrarios a la Constitución Nacional y a tratados internacionales que regulan la legislación argentina.
La determinación la adoptó el camarista penal Javier Beltramone en una causa por homicidio calificado seguida contra nueve presos implicados en el asesinato de otro recluso en noviembre pasado. Lo que hace el fallo es marcar un límite hacia las restricciones carcelarias que prevé el modificado artículo 220 bis del Código Procesal Penal, que el gobierno de Pullaro adopta como herramienta de la política penitenciaria.
Es un aspecto sensible para el gobierno de Pullaro que endureció las condiciones de detención y aislamiento de los detenidos llamados de alto perfil, que son los considerados de mayor riesgo, por sus implicancias en la violencia que azotó Rosario, y que a criterio de la gestión bajó en gran medida en los dos últimos años por el mayor control de las prisiones.
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Pero según diversos actores del sistema penal y también internacionales eso se hizo no sin controversia. A tal punto que el Comité de Tortura de la ONU en su último informe expresa advertencias y preocupación por el manejo de cárceles en Santa Fe. Lo que va de la mano con una tendencia marcada a dejar de lado, según lo que funcionarios de órganos de Justicia dicen a LPO, desde los mismos jueces las medidas que suponen dar beneficios en la ejecución penal, que en muchos casos impiden salidas legales hasta el cumplimiento total de la pena.
El fallo
El caso resuelto por el camarista Beltramone se refiere a una medida resuelta por el juez Fernando Sosa que en noviembre pasado formalizó la prisión preventiva contra nueve presos, acusados por distintos roles en el homicidio hace un año del interno Agustín de la Encina Capeletti, de 26 años, en la cárcel de Piñero, situada a 15 kilómetros de Rosario.
De la Encina Capeletti había sido apresado como dealer de cocaína de la banda de Yanina Alvarado, hermana del líder criminal Esteban Alvarado. El 13 de enero de 2025 un grupo de reclusos lo mataron a puñaladas y golpes un grupo de reclusos entre los que están Jorge González, Marcelo Andrés Chávez, Franco Darío Aguiar, Nahuel Yamir Clavero, Sebastián Gabriel Grondona, Adrián Candia Roldán, Darío Rodrigo Varela, Kevin Leandro Sosa y Jonatan Adrián Gauto. También fueron involucrados dos agentes penitenciarios por haber facilitado el crimen.
Pullaro en la cárcel de «El Infierno»
Después de la resolución del juez Sosa las defensas apelaron cuestionando en especial el régimen de incomunicación adoptado para los reclusos. Lo que hizo Beltramone al analizar el trámite como camarista no objeta la prisión preventiva dictada por el magistrado inicial pero ordena que los distintos imputados permanezcan alojados en pabellones distintos, sin contacto entre ellos durante 30 días o hasta el momento de que el caso siga judicialmente con la acusación formal.
Y fue terminante en dos puntos. Primero en prohibir que la medida se ejecute en celdas de aislamiento, celdas de castigo o regímenes de confinamiento solitario. Igual de categórico fue al decirle al Poder Ejecutivo que la situación de los presos depende de lo que dispongan los jueces y no discrecionalmente autoridades administrativas que manejan las cárceles.
Desde el Servicio Penitenciario de Santa Fe habían indicado que disponer a los presos en aislamiento se explicaba en un pedido de la fiscalía, y en que resultaba materialmente imposible cumplir con otra variante por la falta de infraestructura adecuada para presos de alto perfil y porque era imposible garantizar de otra manera la investigación penal.
Beltamone replicó que la ejecución de la medida de prisión preventiva había desnaturalizado lo solicitado, que se había sostenido de forma ilegal y gravosa para los derechos de los detenidos. Y marca además que el Servicio Penitenciario no está habilitado para reinterpretar o modificar el contenido de órdenes judiciales.
Por eso obliga al cese inmediato de la vigencia de las medidas de encierro en aislamiento. Y le hace saber al Servicio Penitenciario que las medidas restrictivas de la libertad dependen exclusivamente del Poder Judicial.
Un contexto complejo
Toda esta significativa controversia se monta en una tensión muy compleja que afecta a lo institucional pero también a la seguridad pública. Desde 2013 en adelante, cuando Rosario duplicó sus tasas de violencia altamente lesiva, hubo un papel notorio en los hechos de sangre que provenían de directivas en las cárceles. Fue muy notorio en audiencias judiciales: organizaciones criminales robustas o marginales ordenaban homicidios, extorsiones y balaceras desde las prisiones.
Al asumir en 2023 Pullaro impuso un régimen de fortísimas restricciones en las cárceles que afectaron a la ubicación de presos, los regímenes de visitas, los ingresos de mercaderías. Junto a otras medidas variadas y modificaciones normativas el primer año la violencia más grave declinó de una manera asombrosa con un 65 por ciento de homicidios menos. En 2025 la tasa de homicidios repuntó un 25 por ciento interanual pero los números, igualmente, se equiparan actualmente a las épocas previas al estallido violento.
Pero las violaciones a los derechos humanos en prisiones santafesinas fueron motivo de anclaje internacional. Las observaciones periódicas del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas indican preocupación por «los casos documentados en el penal de Piñero, en Santa Fe, el 2 de marzo de 2024, que incluyeron simulacros de ahogamiento en tanques de agua o «al seco» con bolsas de plástico, descargas eléctricas y abusos sexuales, así como la falta de información sobre las investigaciones realizadas al respecto».
El gobierno de Pullaro tienen en su política penitenciaria uno de los activos más fuertes en sus apelaciones políticas y lo usa de modo permanente, incluso en la cartelería pública dentro y fuera de las temporadas proselitistas. Hace diez días el gobernador resaltó que en sus cuatro años de gobierno se harán más de las 3.500 celdas que se hicieron en Santa Fe en los últimos cien años. A la nueva cárcel para 1.150 reclusos de alto perfil a alojarse en celdas individuales la misma gestión la denominó «El infierno». En el mismo predio habrá dos prisiones más para totalizar 1.950 detenidos en cada una.
Todo esto vino acompañado de un ajuste de políticas muy fuertes hacia la población carcelaria de la que el fallo de Beltramone resulta expresivo. Ese rigor también se manifiesta en el sistema penal, que de modo muy manifiesto en los últimos dos años se caracteriza, por lo que se advierte en audiencias de ejecución, que no se otorgan salidas de ningún tipo.
La ley nacional 24660 de ejecución de penas tiene como criterio la progresividad que implica que la persona condenadas va cumpliendo fases cuando tiene conducta aceptable y adquiere por ello espacios de mayor autonomía y responsabilidad. Y parte de la pena final, con obligaciones y controles, se cumple en libertad.
«Hoy la inmensa mayoría de las personas presas salen con condena cumplida. Los fiscales piden el régimen más duro. Y los jueces habilitan todo inclusive en presos que no son de alto perfil. Los informes de los organismos carcelarios además suelen tener argumentos que desaconsejan la excepción de prisión efectiva a veces de manera pueril», indica un importante funcionario de la Defensa Pública, lo que también corrobora a LPO un magistrado penal ya jubilado. «Esto de Beltramone es una excepción que expresa un muy fuerte contraste. Hoy los jueces en generla van poco más allá de dictar medidas de detención y exclusiones de hogar. Sobre la ejecución de penas niegan todas las salidas o pasan de largo», sostuvo.
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La renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC, justo antes de la publicación de un nuevo índice de inflación, dejó al descubierto una situación tan delicada como inquietante: los números que debía mostrar el organismo no coincidían con el relato económico del gobierno de Milei. La decisión oficial de postergar la nueva metodología y cambiar a su máxima autoridad reavivó las sospechas sobre la intervención política en las estadísticas públicas, en un contexto donde la inflación real sigue golpeando los bolsillos mientras el Ejecutivo necesita vender un éxito que los datos no confirman.
Por Roque Pérez para NLI
La renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC, a pocos días de que se conociera un nuevo índice de inflación con metodología actualizada, encendió todas las alarmas políticas. No se trata de un cambio administrativo más: el movimiento ocurre en un momento clave para el relato económico del gobierno de Milei, que necesita mostrar una desaceleración sostenida de precios para justificar el ajuste brutal que atraviesan los hogares argentinos.
Lavagna, que había sostenido un perfil técnico y de bajo ruido político desde su llegada al organismo, dejó su cargo justo cuando el Indec estaba en condiciones de publicar los primeros datos con una nueva fórmula de medición del IPC, basada en una canasta más actualizada y representativa del consumo real. La coincidencia temporal es demasiado evidente como para ser ignorada.
Según distintas reconstrucciones periodísticas, el nuevo índice no mostraba el resultado que el Gobierno esperaba. La inflación medida con la nueva metodología daba más alta de lo que Milei y el ministro Luis Caputo venían prometiendo, lo que implicaba un golpe directo al discurso de “desinflación exitosa” que el oficialismo intenta instalar.
En ese contexto, la continuidad de Lavagna se volvió incómoda. El ahora ex titular del Indec habría insistido en publicar los datos tal como estaban previstos, respetando los criterios técnicos y los tiempos ya trabajados por el organismo. Del otro lado, el Ejecutivo optó por patear la implementación del nuevo índice, una decisión que, lejos de ser inocua, tiene impacto político inmediato.
La versión oficial habló de “diferencias de criterio” y de la necesidad de esperar “condiciones más estables”. Sin embargo, puertas adentro del propio Estado nadie logra explicar por qué un índice terminado, probado y listo para difundirse debe ser guardado en un cajón justo cuando los números dejan de acompañar.
Tras la renuncia, el Gobierno confirmó que Pedro Lines quedará al frente del Indec y que la nueva fórmula de medición de la inflación será postergada. En los hechos, se seguirá utilizando un índice que subestima consumos actuales, mientras los precios de alimentos, transporte, servicios y alquileres siguen golpeando el bolsillo real.
La decisión no es técnica, es política. Medir distinto cambia el resultado, y cambiar el resultado altera el clima social. Milei necesita mostrar una inflación en baja para sostener el ajuste, contener el malhumor y negociar con el poder financiero. Publicar un dato que contradiga ese relato sería admitir que el sacrificio no está dando los frutos prometidos.
El problema es que el Indec no es una consultora del Gobierno: es un organismo público cuya credibilidad fue duramente dañada en el pasado y que había logrado recomponer prestigio con criterios profesionales. Forzar salidas, demorar índices y acomodar tiempos vuelve a sembrar dudas que el país ya conoce demasiado bien.
La inflación no es una cifra abstracta: es el precio de comer, viajar, calefaccionarse y vivir. Si los números oficiales no reflejan esa realidad, el problema no es la gente, sino la estadística. Y cuando un director técnico se va justo porque los datos no cierran con el discurso presidencial, la sospecha deja de ser una hipótesis para transformarse en una señal política.
La renuncia de Lavagna expone una tensión de fondo: entre la necesidad del Gobierno de sostener su relato y la obligación del Estado de decir la verdad, aunque incomode. En esa disputa, Milei parece haber elegido priorizar la narrativa antes que la transparencia.
Porque cuando los números no le dan, el problema no es el índice. El problema es la realidad.
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