En el marco de la obra de pavimentación de calle Libertad, desde la mañana de este jueves la empresa Quidel está retirando la carpeta asfáltica existente. Esta tarea es una de las previstas en el plan de trabajos elaborado por la adjudicataria, que tuvo como trabajos iniciales la demolición del cordón cuneta.
El Intendente Marcelo Orazi recorrió el sector donde se están llevando adelante las tareas mencionadas.
Recordemos que Quidel puso en marcha la obra el 19 de enero pasado, tras cumplirse con todos los pasos administrativos que derivaron en la firma del contrato de obra.
El plazo de ejecución es de 5 meses, el presupuesto es de $24,5 millones y contempla, además de la pavimentación, la construcción de un boulevard y bicisenda.
La mesa política del gobierno se volverá a reunir la semana que viene en medio de la disputa feroz que destapó el Rufusgate entre Martín Menem y Santiago Caputo, aunque en el gobierno creen que no servirá para resolver la interna.
La aparición del misterioso usuario Periodista Rufus, atribuido a Martín Menem, fue definida por Las Fuerzas del Cielo de Caputo como un «punto de inflexión» en la interna que arrastran contra el riojano, del espacio de Karina Milei.
Los chicos de Caputo esperan un gesto público de Milei para sentirse contenidos en el gobierno que maneja su hermana y no salir a dinamitar la interna, pero en ningún escenario hablan de la salida del asesor estrella.
En el medio del silencio de Karina y del propio Milei, que no habló del tema Rufus con Caputo, en el gobierno confirmaron que la mesa política se volverá a reunir en los próximos días, más probablemente en la semana patriótica del 25 de mayo.
«No sirve para nada la mesa», dice en privado Patricia Bullrich, una de las integrantes del grupo selecto. Como otros miembros, la senadora cree que las peleas por Twitter son «surrealistas» y que no se corresponden luego cuando los funcionarios se ven cara a cara.
«Van a fingir demencia como siempre», dijeron a LPO en el entorno de un ministro que coincide con Bullrich en que los funcionarios se juntan a hablar sin decirse nada.
Además del incómodo Caso Rufus, otro de los motivos para estirar el día de la próxima reunión de la mesa es el golpe que la propia Bullrich le asestó a Manuel Adorni cuando le dio un ultimátum al jefe de gabinete para que presente su declaración jurada. El propio Milei salió ese mismo día a explicar que Adorni presentaría los papeles de manera inminente y dos semanas después siguen sin aparecer.
Bullrich les dijo a los senadores que ella es la única política que respetan los Milei y por eso puede decir cualquier cosa. Distinto es el panorama para Adorni, que perdió la valoración de los propios empleados de la Rosada por sus travesuras patrimoniales. Incluso lo empezaron a apodar Castata, un jocoso acrónimo de casta y cascada.
Martín Menem
La desconfianza creciente entre los funcionarios de la Mesa se condice con el estado militarizado que adquirió la Casa Rosada. Los empleados del palacio están asombrados con la guardia militar que se montó en el primer piso, que comparten Santiago Caputo y Lule Menem.
Con la excusa del odio a los periodistas, todas las personas que van al baño son seguidas por personal de seguridad, en una medida de difuso respeto a la intimidad que requieren las diligencias sanitarias.
Karina prohibió además el acceso al histórico Patio de las Palmeras porque tiene miedo que la espíen a través de los vitreaux, pese a la dificultad que impone la pregnancia de un vidrio de colores. Los empleados se quejan de que para fumar se tienen que trasladar al patio Malvinas Argentinas y someterse a un mucho menor feng shui.
Desde que su hijo se suicidó, Gabriela intenta ganarle a la fuerza de los algoritmos. Comparte en Facebook insistentemente cada posteo que pide justicia con el nombre de Axel.
Axel Almeida cumplió 31 años el 9 de diciembre de 2025. Ese día no hizo fiesta, ni salida con amigos. No faltó a trabajar. En su cuenta de Instagram se lo veía alegre, seguro de sí mismo. En el encabezado de su perfil todavía puede leerse “Preguntame si te pregunté”, junto a ese emoji de carita amarilla que en lugar de boca tiene un cierre. Ese mismo día, en el puesto de vigilancia en un barrio privado de Mar del Plata en el que trabajaba desde septiembre de 2025, escribió por WhatsApp a un superior pidiendo que interviniera en una situación que no daba para más. El hostigamiento cotidiano que sufría hacía meses se había intensificado. Un compañero lo bautizó “frutillita Almeida” y se burlaba de su sexualidad. El apodo se extendió rápidamente entre vigiladores, supervisores y jefes de turno.
El mensaje al jefe no surtió efecto. Todos se reían de él. Nadie frenó. Entre los vigiladores, era como si humillar a alguien fuera apenas una forma de pasar las horas.
Tres meses después, el 5 de marzo de 2026, Axel escribió cinco cartas. En la primera explicó por qué se quitaba la vida: “Hice eso porque ya no soportaba al personal, era hostigamiento constante, y reclamé muchas veces a los jefes y no hacían nada, era la burla del todo el personal”. En cada una de las otras cuatro nombró a una persona distinta de la empresa a la que señalaba por el acoso. Después se suicidó.
Su mamá y su hermano Kevin, de 26 años, encontraron el cuerpo. Con esas cartas como estandarte, hoy piden justicia y castigo a los compañeros responsables y a la empresa, que a pesar de ser advertida decidió no hacer nada.
“Todos ellos son responsables por instigación al suicidio”,dice Kevin. Entre la angustia y la impotencia, se detiene en dos detalles: que nadie escuchó a su hermano y que él mismo pagó su propio entierro.
Al momento de terminar con su vida, Axel recién había cobrado el salario con el que los familiares pagaron el sepelio. Más de un mes después, la empresa publicó un comunicado y tomó contacto con la madre, ofreciéndole asistencia psicológica. Hoy, mientras la familia avanza judicialmente, la empresa busca una estrategia legal para desligarse de la denuncia.
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El trabajo de vigilador puede durar hasta doce horas seguidas, muchas veces de pie o en garitas de seguridad donde casi no circula el aire. El tiempo y el espacio compartido con compañeros generan una intimidad apretada, casi cuerpo a cuerpo. Lo que sucede ahí no se disipa fácilmente. Rebota, se acumula:
“A la mujer, por ser mujer; al puto, por puto; a la torta, por torta. No hay respeto. Solo te tratan bien si los encargados de servicio te respetan”, dice Martha, que hace diez años presta servicio en la misma empresa que Axel.
En espacios muy masculinizados, como el de la seguridad privada pero también en otros como algunos sectores industriales o ámbitos sindicales, la homosexualidad aparece como una amenaza a cierta idea de hombre. Entonces hay algo a reducir, corregir, disciplinar a ese cuerpo para salvaguardar cierta masculinidad compartida.
En la empresa donde trabajaba Axel y aún trabaja Martha, toda queja o reclamo sobre las condiciones laborales puede ser razón para poner en riesgo el día de franco o el respeto por los turnos pautados. Cuando Axel reclamaba por el maltrato de sus compañeros, aclaraba que solo quería cumplir su horario y volver a su casa.
Cumplir y volver.
A veces ni siquiera eso alcanza. El miedo a perder el salario convive con el miedo a no soportar otro día más de violencia. La precariedad laboral se vuelve más cruda cuando el ambiente de trabajo fuerza la discriminación, la burla y el señalamiento. Trabajar es factor de riesgo cuando ni siquiera la existencia se respeta. ¿A quién dignifica el trabajo cuando pone en riesgo tu propia vida?
Sobrevivir en el trabajo es un trabajo extra. Un estudio de Grow Género y Trabajo y Mundo Sur, publicado en 2025, muestra que las personas LGBTINB+ son quienes más reportan haber vivido situaciones de violencia laboral. Nueve de cada diez identifican experiencias de violencia psicológica: aislamientos, descalificaciones, burlas, chistes, silencios. Formas que muchas veces se naturalizan y, justamente por eso, cuesta reconocerlas como violencia.
“La homofobia tiene un costo. Cuando una empresa no absorbe ese costo, lo pagan las personas”, dice Mariano González King, Coordinador del área LGBTINB+de la ONG Grow Género y Trabajo. Y resume: “Existe una idea de sobrecompensación muy presente en las personas LGBTINB+: demostrar que la orientación sexual o la identidad de género no afecta el desempeño laboral. Como si hubiera que trabajar un poco más, cumplir un poco más, aguantar un poco más. En el caso menos extremo, el costo puede ser renunciar, perder el salario, perder condiciones de vida. Pero en situaciones extremas, como la de Axel, él terminó pagando el costo de la homofobia no abordado por la empresa con su propia vida”.
En un contexto de precarización, dejar un trabajo muchas veces no es una opción. Sostener un ingreso implica también sostener situaciones de violencia, maltrato o discriminación. Sostener el trabajo para sostener la vida. Aunque el trabajo también empiece a destruirla.
Mariano insiste en que el aumento de los discursos violentos no exime a las instituciones de su responsabilidad: “El trabajo debería ser un espacio protegido. Los instrumentos para nombrar y prevenir la violencia siguen existiendo y las organizaciones tienen que responder frente a eso”.
La violencia hacia personas LGBTINB+, afuera y adentro del trabajo, no es nueva. Pero en la Argentina actual aparece con menos freno, más expuesta, más cruda. Durante 2025, se registró un crimen de odio contra personas LGBTINB+ cada 38 horas. El dato surge del último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, que contabilizó 227 casos en un año y marcó un crecimiento sostenido respecto de los relevamientos anteriores.
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Lucas Román trabaja de hablar, de hacer reír. Está acostumbrado a exponerse, a convertir lo personal en material público. Sin embargo, cuando intenta contar lo que pasó, duda. No encuentra del todo las palabras. Hay algo en esa violencia que no termina de traducirse, se traba en el cuerpo. A principios de marzo de 2026, mira a cámara, tiene un ojo hinchado y violeta. Dice que no es bueno hablando en serio. El día anterior, al salir de Futurock, la emisora en la que trabaja, un hombre lo golpeó mientras le gritaba “puto de mierda”.
Un día antes, Javier Milei abrió las sesiones ordinarias del Congreso con un discurso en el que arrojó expresiones como: “Me encanta domarlos. Me encanta verlos llorar”. Si bien el presidente apuntó contra los “kukas” y los “zurdos”, Lucas encuentra una relación entre esas expresiones y la violencia que sufrió al día siguiente. Ya en enero de 2025, en el Foro Económico Mundial en Davos, el mandatario había dado un discurso donde asimiló homosexualidad con pedofilia, y provocó una movilización intersectorial histórica. Muchas de las expresiones de Milei son las mismas que aparecen en los comentarios que le hacen a Lucas en redes sociales. Insultos, amenazas, deseos de daño.
“Todas las personas que están a favor del presidente, que tienen una militancia bastante aguerrida, repiten constantemente lo que dice. Y si vos te pones a pensar, lo que pasa, o lo que me pasó a mí, fue exactamente lo que él disfruta —dice Lucas Román—. Disfruta ver sufrir a los zurdos, disfruta ver sufrir a los kukas, le gusta domar a las personas. Yo estaba en una esquina, vino una persona, me quiso domar y me vio sufrir. Efectivamente hizo lo que dice el presidente: ¿me gusta verlo sufrir? Bueno, voy y lo cago a piñas”.
Más de 80 mil usuarios de Instagram compartieron el reel donde Lucas cuenta lo que le pasó. Se comentó en programas, se escribieron algunas notas, fue tema de agenda durante algunos días. Hubo indignación, mensajes de apoyo, repudios. Reconoce la reacción social como una ventaja sobre otras personas que atravesaron violencias similares. La misma visibilidad que lo pone como blanco de esos ataques empuja la relevancia pública. A diferencia de cualquier caso, la fiscalía tardó nada más que una semana en convocar a declarar.
Las cámaras de seguridad registraron la secuencia completa del ataque. Agustina Lloret, coordinadora del área de litigio del CELS y abogada de Lucas, explicó que, aunque hasta ahora no lograron identificar al agresor por la baja calidad de las imágenes, tanto la querella como la propia Fiscalía coinciden en que no se trató de un hecho azaroso. “Lo estaba esperando en la esquina para pegarle específicamente a Lucas”, sostiene. Según reconstruyeron, a partir de los videos, el hombre se movió para interceptarlo apenas salió de la radio.
Para la querella, establecer la identidad del agresor también podría ayudar a reconstruir el posible móvil discriminatorio del ataque. La investigación sigue abierta y todavía se analizan imágenes y publicaciones en redes sociales vinculadas al caso.
Los discursos de odio no funcionan simplemente como insultos o agresiones aisladas. Operan sobre colectivos históricamente vulnerados y buscan legitimar, promover o habilitar formas de discriminación y violencia. En las redes sociales, además, circulan con una velocidad y una capacidad de repetición inéditas.
“Uno de los efectos de los discursos de odio, cuando se generalizan, es el corrimiento de los límites de lo decible”, explica Micaela Cuesta, investigadora y directora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos (LEDA). “Se empieza a naturalizar cierta violencia sobre los derechos. No es que se afloje la censura: lo que se erosionan son los consentimientos alrededor de esos derechos”.
Lo que cambia no es solamente la existencia de la violencia, sino las condiciones sociales alrededor de ella: qué empieza a tolerarse, qué deja de generar sanción y qué agresiones encuentran cada vez menos rechazo público.
“No es que antes no pasara —dice Gabriela Mitidieri, investigadora del CELS e integrante del equipo de Movilización y Democracia—. Lo que vemos ahora es otra cosa”. El Registro de Ataques de las Derechas Argentinas Radicalizadas cuenta con un relevamiento que sigue agresiones con contenido misógino y LGBT-odiante. No es un mapa completo. Se arma con denuncias, con casos que aparecen en medios, con registros de usuarios de redes sociales.
“En la previa al triunfo de Milei hubo un aumento de denuncias —explica Mitidieri—. Después bajaron un poco, pero lo que cambió fue la intensidad. Si antes veíamos amenazas o pintadas a locales LGBTINB+, ahora aparecen más ataques físicos”.
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Una niña trans de 11 años, tras la muerte de su madre, cruza sola caminando los dos kilómetros y medio del puente San Roque González de Santa Cruz, que une Encarnación, en Paraguay, con Posadas, Misiones. Dos décadas después, a Claudia Gabriela Gómez todos la conocen como “Caí”.
El último 2 de abril la encontraron inconsciente en un sendero de Puerto Iguazú, donde vivía desde 2022. Tenía lesiones graves y murió días después en el hospital. La autopsia determinó que la mataron de un golpe en la cabeza con un elemento contundente. A partir de esos resultados, la Justicia recaratuló la causa como homicidio agravado por odio a la identidad de género y ordenó allanamientos que derivaron en la detención de tres jóvenes.
“Acá se perdió una persona como parte de un mismo odio social. A pesar de su situación de consumo problemático, era sumamente dulce y alegre, tenía muchas ganas de vivir. Su velorio se llenó de gente que no paraba de hablar de lo buena y cariñosa que era”, diceNazarena Fleitas, Coordinadora de la asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina en Misiones.
Sus compañeras travestis y trans, que hicieron mucho para intentar modificar su realidad de extrema vulnerabilidad, hoy piden justicia y convocan a diferentes iniciativas en redes sociales, donde el odio también se manifiesta. “Cuando pedimos justicia, nos responden ‘uno menos’, ‘un degenerado menos’”, dice Fleitas. “No son perfiles falsos. Son personas reales, con nombre y apellido. El odio da miedo porque ya no tiene vergüenza de decir lo que escriben”.
La vida de Caí fue un recorrido marcado por la intemperie: una identidad que se afirmó en un entorno que muchas veces la empujó a desaparecer. Como tantas travestis y trans que migran, su historia quedó atravesada por las dificultades para acceder a derechos básicos. En ese contexto, el consumo no aparece como excepción sino como parte de una trama más amplia de desprotección.
Quizás por eso su historia también obliga a discutir algo más incómodo: cuánto de esa violencia empieza mucho antes del golpe que finalmente mata. La muerte de Caí es investigada por el Juzgado de Instrucción Nro. 3. como un travesticidio. Término que ganó reconocimiento judicial en Argentina a partir del fallo por el asesinato de la activista travesti Diana Sacayán, en 2018. Una figura que no busca explicar solamente cómo murió Caí, sino también el acumulado de violencias, expulsiones y desprotecciones que atravesaron su vida.
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En un scroll rápido por las fotos del perfil de Fuma Espuma los chicos juegan al fútbol, comparten lo que parece ser la previa o post partido, dentro y fuera de la cancha. Hay algunas celebraciones de cumpleaños, convocatorias a la marcha de orgullo, flyers por ley nacional de cupo laboral e inclusión laboral trans. Bien abajo, por el año 2016, en los orígenes de la cuenta, aparece una publicación donde ocho personas miran de frente a la cámara, abrazados como jugadores de fútbol, en lo que parece el interior de una casa, llena de cuadritos colgados en el fondo. En esa escena más íntima, Vica sonríe.
Vica Monteros nació en Tucumán y en Córdoba armó algo propio. Estudió arquitectura, era activista, fundó el primer equipo de fútbol gay de la ciudad: un espacio donde el deporte dejaba de ser territorio hostil y podía ser un espacio amoroso de encuentro entre pares.
El domingo 12 de abril de 2026, sus vecinos del barrio Alberdi vieron que salía humo de su casa y llamaron a la policía. Cuando entraron, encontraron el cuerpo de Vica sin vida. Tenía más de treinta puñaladas. El fuego, creen los investigadores, fue un intento por borrar lo que había pasado antes. Esa noche había pactado una cita.
Dos días después detuvieron a un sospechoso. Inicialmente la causa fue investigada como homicidio agravado por alevosía y ensañamiento. Pero a fines de abril el fiscal Guillermo González incorporó el agravante por odio a la orientación sexual, después de analizar publicaciones discriminatorias que el acusado habría realizado en redes sociales antes del crimen. Para la Justicia, al menos de manera preliminar, ya no se trata solamente de un asesinato: también empieza a investigarse como un crimen de odio.
Las aplicaciones de citas, los encuentros pautados por redes sociales y la exposición permanente aparecen cada vez más seguido en las reconstrucciones de estos ataques. Lugares donde muchas personas LGBTINB+ buscan vínculos, deseo o comunidad también empiezan a volverse espacios de vulnerabilidad.
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En noviembre de 2025, el periodista Dante Leguizamón reconstruyó en Revista Anfibia el crimen de Samuel Tobares, también en Córdoba. Ahí no había que buscar responsables: fueron los propios policías. Lo golpearon, lo tiraron al suelo y lo aplastaron hasta matarlo. Antes, le gritaron “puto de mierda”. El fiscal Ricardo Mazzuchi, a cargo de la causa, los imputó del delito de homicidio preterintencional. La familia reclama que se cambie la carátula como homicidio calificado y que se investigue como un crimen de odio.
El 18 de mayo comenzará el juicio oral por el triple lesbicidio de Barracas. Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante murieron en mayo de 2024, después de que un vecino arrojara una bomba molotov dentro de la habitación de hotel donde vivían. Sofía Castro Riglos sobrevivió. Durante los meses previos al ataque, el agresor las había amenazado y hostigado. Les decía “tortas”, “engendros”, que las iba a matar. Las querellas buscarán que la Justicia reconozca el caso como un crimen de odio y un lesbicidio, y que esas amenazas previas sean entendidas como parte de la misma violencia que terminó incendiando la habitación.
A dos años del ataque, el caso dejó de leerse como un episodio excepcional. El aumento sostenido de agresiones y ataques contra personas LGBTINB+ en todo el país empezó a volver visible algo más amplio: cómo ciertas narrativas de odio encuentran cada vez menos sanción social y mayores niveles de tolerancia pública.
Axel soportó hostigamientos diarios en el trabajo hasta que se suicidó. Lucas recibió una golpiza en la calle mientras le gritaban “puto de mierda”. Caí fue asesinada a golpes en un sendero de Puerto Iguazú después de una vida atravesada por la exclusión y la violencia. Vica Monteros recibió más de treinta puñaladas dentro de su casa tras pactar una cita. Samuel Tobares fue asesinado por policías que antes lo habían insultado por su orientación sexual.
Escenas distintas, violencias distintas, pero atravesadas por un mismo clima donde el odio deja de aparecer como excepción y empieza a encontrar cada vez menos freno.Las narrativas de odio puestas en circulación desde lugares de poder no inventan la violencia, pero sí pueden ordenarla, habilitarla y volverla socialmente tolerable. También se montan sobre otras capas previas de violencia, marginación, precarización y desprotección que históricamente atravesaron las vidas LGBTINB+. Mientras tanto, del otro lado, persiste, obstinado y rebelde, el deseo de que la liberación sexual no tenga que pagarse con la propia vida.
Abril trajo cierto alivio a los bancos, después de meses de tensión por el deterioro del crédito. Tras el salto de la mora registrado durante el verano, abril habría mostrado los primeros indicios de estabilización en los incumplimientos de familias y empresas. Pero el mercado advierte que la mora deja de crecer porque se redujeron los préstamos.
La discusión quedó expuesta durante el encuentro AIFI26, donde referentes del sistema financiero coincidieron en que marzo habría sido el pico de deterioro y que abril marcó un cambio de tendencia. El CEO de Banco Macro, Juan Parma, aseguró que la irregularidad comenzó a «normalizarse». En la misma línea habló Gustavo Manríquez, gerente General de Banco Supervielle.
El tenue giro aparece después de meses donde el crédito empezó a mostrar señales de fatiga. La combinación entre tasas elevadas, caída del consumo y pérdida de ingresos reales disparó el atraso en pagos, especialmente entre familias de ingresos medios y bajos.
Según datos de la Central de Deudores del Banco Central (Cendeu), la irregularidad en el crédito a familias subió del 11,2 por ciento en febrero al 11,5 por ciento en marzo, un nuevo récord desde 2004, aunque se trató del incremento mensual más pequeño del último año.
En privado, sin embargo, dentro de las propias entidades relativizan el giro. Un especialista en riesgo de un banco explicó a LPO que la mejora no responde a una recuperación genuina del sistema sino al endurecimiento extremo de las políticas de otorgamiento. «El crédito no crece. Están endurecidas las políticas y hay muchas refinanciaciones. No crece la mora porque no se está colocando», resumió.
La definición pega directo sobre el corazón del relato financiero del Gobierno. Porque el supuesto «ordenamiento» del crédito aparece acompañado por una fuerte desaceleración de nuevos préstamos. Los bancos comenzaron a seleccionar mucho más a quién prestan, redujeron montos y endurecieron scoring para evitar un deterioro mayor de las carteras.
El crédito no crece. Están endurecidas las políticas y hay muchas refinanciaciones. No crece la mora porque no se está colocando.
En ese contexto, varias entidades empezaron a desplegar herramientas de inteligencia artificial para detectar potenciales incumplimientos antes de que ocurran. El gerente General de Banco Hipotecario, Manuel Herrera, explicó que el banco trabaja con sistemas predictivos que permiten anticipar comportamientos futuros de los clientes.
«Anteriormente trabajábamos evaluando patrones previos para prevenir la irregularidad. Pero ahora los agentes permiten anticiparnos a conductas futuras del cliente, como su voluntad de pago o comportamientos de financiamiento», explicó Herrera.
El deterioro fue mucho más fuerte en el ecosistema fintech. Según el Informe de Crédito Fintech elaborado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y la Cámara Argentina Fintech, la morosidad total trepó al 30,5 por ciento en febrero de 2026.
El informe, sin embargo, detectó algunas señales de estabilización. La llamada «mora operativa», que excluye los incobrables de más de un año, se ubicó en 22,7 por ciento y mostró una desaceleración respecto del cierre de 2025. En diciembre se ubicaba en 21,1 por ciento y en enero había subido a 22,2.
También comenzó a estabilizarse el denominado «roll rate», el indicador que mide cuántos créditos pasan de situación normal a atraso de entre 30 y 90 días. Ese ratio funcionó como una alarma temprana durante toda la crisis crediticia: en octubre de 2025 había llegado a 3,5 por ciento y en febrero bajó a 3,2.
Para Diego Demarco, director de la Maestría en Fintech del ITBA, el fenómeno todavía está lejos de consolidarse. «Los roll rates de mora temprana evidencian signos de estabilización desde octubre-noviembre de 2025, un comportamiento incipiente que requerirá seguimiento para convalidar un cambio de tendencia», sostuvo.
El Intendente Marcelo Orazi encabezó este miércoles la presentación del 4° Foro Patagónico y 2° Latinoamericano de Energías Sustentables que se realizará el 1 y 2 de noviembre a través de la modalidad virtual. Esta edición tiene el lema ‘Ciencia, industrias y sociedad, propulsores del desarrollo sustentable hacia la preservación de la vida en el…
Durante este jueves se procedió a la colocación de dos decrementadores (segunderos) en los pescantes de los semáforos de calle Cipolletti y Yapeyú para el tránsito que circula en sentido oeste-este y viceversa. El Intendente Marcelo Orazi y el Director de Tránsito Mario Figueroa estuvieron presentes durante la colocación de estos dispositivos. Los decrementadores contienen…
Bolivia vive momentos de extrema tensión. La Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones campesinas están llevando a cabo una protesta con cortes de ruta en contra del gobierno de Rodrigo Paz.
La COB reclama un aumento salarial del 20 % y también pide la renuncia de Paz , algo que igualmente exigen también campesinos del departamento de La Paz mediante bloqueos de carreteras en el altiplano desde hace nueve días.
La protesta comenzó en la ciudad de El Alto y avanzó hacia La Paz con acciones violentas que incluyeron la explosión de bombas y petardos.
Por su parte, el presidente de la Federación de Cooperativas Mineras de La Paz (Fedecomin), Ladislao Prado, dijo que se movilizaron por «demandas justas y necesarias» y el respeto a la «institucionalidad» de su organización.
La movilización minera se desbordó cuando llegó a una calle cercana a la Casa Grande del Pueblo, sede del Ejecutivo boliviano, donde había una barrera policial reforzada con estructuras metálicas que los manifestantes intentaron retirar por la fuerza.
Esto derivó en enfrentamientos con los agentes, después de que los mineros intentaran superar el cerco policial utilizando cargas de dinamita y la Policía respondiera con gases lacrimógenos, en choques que duraron más de dos horas y dejaron al menos dos arrestados, pese a que poco antes dirigentes del sector habían ingresado a la sede de Gobierno para reunirse con autoridades.
La COB reclama un aumento salarial del 20 % y también pide la renuncia de Paz , algo que igualmente exigen también campesinos del departamento de La Paz mediante bloqueos de carreteras en el altiplano desde hace nueve días.
El clima de protestas organizadas por distintos sectores lleva más de unas semana y combina reclamo de los mineros pero también de obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas, con reclamos desde aumentos salariales hasta la no privatización de empresas públicas.
Asediado por el clima social, Rodrigo Paz denunció que las protestas están siendo parcialmente instrumentalizadas para «desmontar» el sistema democrático nacional y advirtió que quienes estén utilizando el agravio para desestabilizar el país pueden terminar en la cárcel.
«Es un proceso democrático de la patria y es irreversible, le guste o no le guste al que quiera destruir a la patria democrática», dijo Paz este viernes durante la presentación del informe Democracia y Desarrollo 2026.
Es un proceso democrático de la patria y es irreversible, le guste o no le guste al que quiera destruir a la patria democrática
La situación institucional desde que asumió Paz es delicada desde el principio. La ruptura con el vicepresidente Edmar Lara es parte de ese proceso de crisis y las demandas sociales se incrementan en sectores que votaron por el presidente en la segunda vuelta y hoy le soltaron la mano. «Esos que intentan desde el pasado destrozar la democracia se van a ir a la cárcel», dijo en referencia a Evo Morales y el MAS.
En este contexto, el portavoz del Gobierno José Luis Gálvez denunció la existencia de un «plan macabro» supuestamente financiado por el narcotráfico, y acusó a Evo Morales y dirigentes afines de promover movilizaciones y bloqueos para desestabilizar al país y, como ha insistido el presidente a última hora de este viernes, «romper la democracia».
Ante este cuadro de situación, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú expresaron su preocupación por la crisis humanitaria en Bolivia a través de una declaración conjunta en la que advirtieron sobre el impacto de las protestas y bloqueos de rutas en el abastecimiento de alimentos e insumos esenciales.
El comunicado señala que la situación en Bolivia es consecuencia de las manifestaciones y cortes de carreteras que derivaron en dificultades para garantizar productos básicos para la población.
En el texto, los gobiernos firmantes rechazaron «toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y a alterar la institucionalidad» del Estado Plurinacional de Bolivia, y remarcaron su respaldo al Gobierno constitucional surgido de las Elecciones Generales de 2025.
Además, reiteraron su solidaridad con el Gobierno y el pueblo boliviano, al tiempo que exhortaron a los distintos actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias mediante el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social. El gobierno argentino decidió enviar un avión Hércules C-130 para el transporte de alimentos.
Mineros bolivianos marchan.
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