En el marco de la obra de pavimentación de calle Libertad, desde la mañana de este jueves la empresa Quidel está retirando la carpeta asfáltica existente. Esta tarea es una de las previstas en el plan de trabajos elaborado por la adjudicataria, que tuvo como trabajos iniciales la demolición del cordón cuneta.
El Intendente Marcelo Orazi recorrió el sector donde se están llevando adelante las tareas mencionadas.
Recordemos que Quidel puso en marcha la obra el 19 de enero pasado, tras cumplirse con todos los pasos administrativos que derivaron en la firma del contrato de obra.
El plazo de ejecución es de 5 meses, el presupuesto es de $24,5 millones y contempla, además de la pavimentación, la construcción de un boulevard y bicisenda.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de «un número importante de personas», en alusión a presos políticos nacionales y extranjeros, desde el mismo momento de sus declaraciones en el Palacio Federal Legislativo.
«Considérese este gesto del gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todos debemos hacer para lograr que nuestra República continúe su vida pacífica en búsqueda de la prosperidad», expresó Rodríguez en una demostración de poder interno que desafía a Diosdado, funcionario a cargo del sistema de detención del régimen chavista.
El hermano de la presidenta interina dijo que en las próximas horas se procederá a la liberación de un número importante de personas privadas de libertad de varias nacionalidades. Sin embargo, no habló de publicación de listas ni si se trataban de excarcelaciones o liberaciones plenas, tampoco de cuáles de centros de reclusión.
Rodríguez aclaró que no están en conversaciones con «sectores extremistas» y que solo tienen contacto con quienes reconocen la institucionalidad venezolana.
Esto es un gesto a los sectores de la oposición que representan Henrique Capriles o Tomás Guanipa, que acaban de asumir como diputados y vienen levantando la agenda de la liberación de presos desde el primer momento.
Considérese este gesto del gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todos debemos hacer para lograr que nuestra República continúe su vida pacífica en búsqueda de la prosperidad
De esta forma, excluye al sector de María Corina Machado que no está en territorio venezolano y no reconoce a la Asamblea Nacional que juramentó esta semana.
A su vez, recalcó que las liberaciones son un «gesto unilateral» de Miraflores que es apoyado por el Parlamento Nacional con forma de aclarar que no es una decisión de Estados Unidos.
De acuerdo con la ONG Foro Penal hasta el 5 de enero, existen 806 presos políticos enVenezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció recientemente que la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) cerraría sus puertas, en alusión al Helicoide, sin embargo, Foro Penal ha señalado que no se han producido movimientos en dicho recinto a favor de los privados de libertad por motivos políticos.
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Mientras el cambio de titularidad todavía no fue aprobado en forma definitiva, el Ministerio de Economía autorizó un régimen excepcional para que los compradores privados de las principales represas del país ya operen, despachen energía y cobren en el Mercado Eléctrico Mayorista. Una decisión que consolida la privatización por la vía de los hechos.
Por Roque Pérez para NLI
El Gobierno volvió a dejar en claro cuál es su prioridad: garantizar el negocio privado, aun cuando eso implique forzar los marcos regulatorios vigentes. A través de la Resolución 7/2026 de la Secretaría de Energía publicada hoy en el Boletín Oficial, se habilitó a los nuevos compradores de las represas del Comahue a operar, facturar y cobrar energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) desde la toma de posesión, aunque el cambio de titularidad todavía no esté formalmente aprobado.
La medida alcanza a los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, activos estratégicos para el sistema eléctrico nacional, cuyo control vuelve a quedar en manos privadas mediante un proceso acelerado y con mínimos resguardos regulatorios.
Un régimen “excepcional” hecho a medida del negocio
La resolución crea un régimen definido como excepcional, transitorio e instrumental, que en los hechos funciona como un atajo administrativo. Bajo el argumento de evitar “interrupciones operativas”, el Gobierno permite que las empresas adjudicatarias actúen como agentes plenos del MEM, con acceso al despacho, a la liquidación de energía y al cobro de ingresos, sin haber completado todos los requisitos exigidos por la normativa vigente.
El propio texto oficial reconoce que no se trata de una aprobación definitiva del cambio de titularidad, pero aun así ordena que el sistema funcione como si esa aprobación ya existiera. Primero se garantiza la caja; después, si queda tiempo, se terminan los papeles.
Los beneficiarios de la habilitación exprés
Las empresas favorecidas por la medida son:
Edison Inversiones S.A.U., adjudicataria de Alicurá y Cerros Colorados
BML Inversora S.A.U., adjudicataria de El Chocón
Central Puerto S.A., adjudicataria de Piedra del Águila
Desde la fecha de toma de posesión, estas compañías pasan a operar comercialmente centrales estratégicas, aun cuando el cambio de titularidad siga siendo, en términos legales, un trámite inconcluso.
CAMMESA, alineada para garantizar la continuidad del negocio
La resolución instruye de manera explícita a CAMMESA para que realice todas las adecuaciones necesarias en materia de registros, representación comercial, despacho, garantías y liquidación de transacciones. En la práctica, se le ordena adaptar el sistema eléctrico a la privatización, en lugar de exigir que la privatización se ajuste plenamente a las reglas del sistema.
De este modo, CAMMESA vuelve a quedar reducida a un rol administrativo, destinada a sostener la operatoria privada incluso cuando los procesos regulatorios no están completos.
Privatizar primero, legalizar después
Este tipo de decisiones genera hechos consumados. Una vez que las empresas ya operan, cobran y administran centrales estratégicas, cualquier intento posterior de revisión implica conflictos operativos, reclamos judiciales y eventuales litigios internacionales. Es una estrategia conocida: cuando se quiera discutir la legalidad o la conveniencia de la privatización, ya será tarde.
Las represas del Comahue no son simples activos comerciales. Cumplen un rol clave en la generación eléctrica, la regulación de caudales, el desarrollo regional y la planificación energética de largo plazo. Sin embargo, el Gobierno decidió tratarlas como un negocio financiero más, priorizando la señal al mercado y la urgencia fiscal por sobre el interés público.
Un modelo energético sin Estado
La Resolución 7/2026 expone con claridad el rumbo del modelo energético que impulsa Milei y el Ministerio de Economía: menos control, más excepciones y máxima seguridad jurídica para los compradores privados, mientras el Estado se corre de su función de regulación y planificación.
La privatización ya no se discute en el Congreso ni se debate públicamente. Se ejecuta por resoluciones administrativas, bajo la lógica del hecho consumado. Primero se entrega, después se explica. Y, si hace falta, después se regulariza.
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