Se reprograma ‘La Corredora’
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La ayuda social creció por encima de la inflación y supera los seis millones de planes
Mientras que el empleo formal y las jubilaciones perdieron frente a la inflación, la Asignación Universal por Hijos -AUH- y la Tarjeta Alimentar fueron las únicas transferencias que crecieron en términos reales durante los primeros dos años de gobierno de Milei. En esta descripción está contenido el corazón del modelo libertario y quizá explica la ausencia de conflictos sociales masivos, luego de dos años de ajuste sostenido.
En contra del relato del «fin de los planes», los números del presupuesto social muestran que la ayuda directa a los sectores más pobres fue la única partida que creció de manera sostenida durante el gobierno de Milei, tanto en cantidad de beneficiarios como en poder de compra real. De hecho, el punto más bajo del poder adquisitivo de la AUH fye en el 2023, en el último año del gobierno de Alberto Fernández. No parece un dato menor para sumar a las razones de la derrota electoral del peronismo.
Según confirmó LPO una fuente del Gobierno, a diciembre de 2025 la Asignación Universal por Hijo alcanza a 4.114.513 titulares, incluidos 93.453 beneficiarios por discapacidad, mientras que la Tarjeta Alimentar llega a 2.546.130 familias y cubre a más de 4,5 millones de niños. Más de seis millones de planes. Todo un récord que habla mucho de la latinoamericanización de la Argentina, que está muy cerca de ser el gran país de clase media de América Latina que supo ser hasta los setenta.
Los cuadros de evolución real muestran que AUH y Alimentar fueron los únicos ingresos que corrieron por arriba de la inflación de manera consistente, en contraste con el salario mínimo, que perdió poder adquisitivo mes tras mes y hoy cubre apenas una fracción de la Canasta Básica Total, según un informe del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral vinculada a Juan Grabois.
Las causas inflacionarias que ocultan o no ven
La combinación ayuda a explicar un dato político clave de la primera mitad de gestión libertaria: no hubo estallido social, pese a la magnitud del ajuste. Lejos de eliminar la asistencia, Milei hizo dos movimientos simultáneos: desplazó a las organizaciones piqueteras de la intermediación y reforzó las transferencias directas.
En 2015, Cristina Kirchner dejó el poder con 250 mil planes y el tema fue uno de los caballitos de batalla de Cambiemos que criticaba las políticas sociales del peronismo, bajo el despectivo título de «los planeros». Sin embargo, el sistema se terminó de desvirtuar durante la presidencia de Mauricio Macri cuando la ayuda social pegó un salto brutal a casi un millón y medio de beneficiarios como señala un informe del Observatorio de Datos de la Fundación del Plata. Luego, con Alberto Fernández y la pandemia la ayuda llegó a 4 millones de beneficiados y eso no se revirtió sino que creció con Milei, pese a que la pandemia ya pasó hace varios años.
Evolución de los planes sociales desde el gobierno de Cristina Kirchner al de Milei.
Macri casi triplicó los planes que recibió de Cristina Kirchner y Alberto Fernández duplicó los que recibió de Macri.
En ese sentido, la evolución real de la política de ingresos para la infancia, la Asignación Universal por Hijo, alcanzó durante el gobierno de Milei niveles históricamente altos en términos reales. La actual AUH es 23 por ciento más alta que la que se pagaba durante la presidencia de Alberto Fernández e incluso 10 por ciento superior a la vigente durante el gobierno de Cristina Kirchner, creadora del programa.
La mejora se explica por un aumento extraordinario de la AUH, que en la comparación interanual muestra una suba real del 47 por ciento. Pero la medición que el propio Gobierno utiliza como referencia es aún más impactante: entre noviembre de 2023, último mes de la gestión de Alberto Fernández, y noviembre de 2024, la AUH registró un incremento cercano al 100 por ciento, una variación excepcional que consolidó a la política social como el principal amortiguador del modelo en un escenario de fuerte deterioro de los salarios que sintieron la devaluación del 120% de diciembre de 2023, que nunca se terminó de recuperar.
Esto se vio además acompañado por una pérdida de empleos formales de calidad, que en los dos primeros años de Milei ronda los 180 mil puestos de trabajo, en una tendencia que se viene agravando: sólo en octubre pasado se perdieron 70 mil empleos.
La paradoja libertaria es que, mientras el discurso oficial insiste en el ajuste y el achicamiento del Estado, la red de contención social no solo se mantuvo, sino que se convirtió en el principal amortiguador del modelo, en un contexto de salarios en caída libre y pérdida de empleos formales.
El diagnóstico se refuerza al mirar los cuadros de evolución real de la AUH y la Tarjeta Alimentar elaborados por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (FDHI) en su monitor de economía popular. Allí se observa que, a diferencia de los salarios, las transferencias sociales no fueron licuadas por la inflación durante el gobierno de Milei.
Por otro lado, gran parte de la contención social recayó en los gobernadores que fueron los otros afectados del ajuste de Milei. Según fuentes de Desarrollo Social del gobierno de Santa Fe que hablaron con LPO, durante el año 2025, se registró un incremento aproximado del 30% en la demanda alimentaria en la provincia.
En Santa Fe, los programas alimentarios se canalizan a través de la Tarjeta Única de Ciudadanía (TUC), Tarjeta Institucional (TI), ProSoNut que alcanzan a 246.153 personas, confirmaron desde el Ministerio de Desarrollo Social provincial a cargo de Victoria Tejeda.
La ayuda llega a 177 localidades de los 19 departamentos y a 926 instituciones, con una inversión mensual de más de 3.800 millones. Una ayuda que se reforzó en las fiestas con una partida extra de 3.200 millones.
El cuadro de la FDHI muestra el aumento nominal de la AUH y de la Tarjeta Alimentar desde la asunción de Milei
Como sea, según el estudio de la FDHI, medidos en términos reales, los montos combinados de AUH y Tarjeta Alimentar muestran una recuperación sostenida desde el inicio de la gestión libertaria, con aumentos que superaron el ritmo de los precios. En los gráficos, la asistencia social aparece como la única variable de ingresos que logra mantenerse -e incluso mejorar- frente al avance inflacionario.
El contraste con los salarios es contundente. Mientras la AUH y la Alimentar mejoran su desempeño relativo frente a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), el salario mínimo cae en picada frente a la Canasta Básica Total (CBT), profundizando la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores formales. En términos simples: la política social amortiguó la indigencia, pero el ajuste recayó sobre el trabajo.
Los cuadros también muestran que, aun con las mejoras, la AUH y la Tarjeta Alimentar siguen cubriendo solo una fracción limitada de la CBT, es decir, no alcanzan para sacar a un hogar de la pobreza. Sin embargo, sí logran contener el umbral alimentario, un dato clave para entender por qué el ajuste no derivó en un conflicto social generalizado.
En ese sentido, el informe de la DHI confirma la paradoja del modelo libertario: Milei ajustó fuerte por el lado del salario y el empleo, pero blindó la asistencia directa, consolidando a los planes sociales como la principal ancla de estabilidad social en un contexto de deterioro acelerado de los ingresos formales y las jubilaciones.
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Tierra del Fuego o la Groenlandia del Sur
El avión Boeing C 40 Clipper de la Fuerza Aérea norteamericana despegó de la Base Conjunta Andrews, cerca de Washington, el viernes 23 de enero a las 18.06. Casi todas las autoridades oficiales guardaron silencio sobre su recorrido. A las 22.12 aterrizó en San Juan de Puerto Rico, y a las 23.36 despegó nuevamente, para arribar a las 8.40 del sábado 24 a Buenos Aires. A las 11.22 del domingo 25 llegó a Tierra del Fuego, donde fue fotografiado en plena pista. La imagen se viralizó a los pocos minutos. Y también el misterio.
¿Quiénes venían en el avión? No fue la primera llegada de una comitiva estadounidense sin aviso a la provincia. A falta de información oficial, tanto de la Nación como de la Provincia, reconstruimos artesanalmente el paso a paso de la delegación.
Eran veintitrés personas: siete miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos (pertenecientes al comité bipartidario de Energía y Comercio), cuatro funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Argentina (uno de ellos un traductor), y el resto familiares de los congresistas, asesores en temas ambientales y un médico. Entre los senadores estaba Morgan Griffith, figura central del Comité, influyente republicano y representante del noveno distrito de Virginia.
Sin que casi nadie supiera de la visita, la comitiva visitó el Parque Nacional Tierra del Fuego, ícono de la oferta paisajística del Fin del Mundo. Después almorzó en la ex hostería Alakush, situada dentro del área natural protegida, y por la tarde regresó al centro para alojarse en el hotel Las Hayas.
La única comunicación de un organismo oficial la dio la embajada norteamericana, que rompió el misterio con un escueto comunicado. Allí se habló de reuniones con funcionarios y científicos para “abordar la degradación de entornos naturales, la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica”.
Pero la reunión fue privada, en otro hotel de las afueras de Ushuaia el lunes 26, y los organismos invitados se despegaron uno por uno de cualquier vínculo con la organización. La Universidad Nacional de Tierra del Fuego (Untdf) admitió una invitación y envió cuatro representantes, mientras que desde el Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic, dependiente del Conicet) explicaron que “algunos investigadores acudieron pero por interés propio”. Fueron tres del organismo. Es decir que los siete congresales y sus colaboradores se reunieron con solo siete personas de la provincia, varias de las cuales dijeron haber ido a título personal.
El encuentro duró cerca de una hora y el temario fue “muy básico” para la magnitud del traslado y de la logística, dijeron fuentes que estuvieron allí. “No pareció que ese hubiera sido el objetivo central del viaje”, agregaron.
Solo la senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López (Fuerza Patria) se dio por enterada de lo ocurrido y en un comunicado pidió explicaciones al Gobierno nacional. Se quejó de la nula información oficial y de la falta de intervención del Congreso para autorizar la actividad.
El encuentro duró cerca de una hora y el temario fue “muy básico” para la magnitud del traslado y de la logística, dijeron fuentes que estuvieron allí.
Sin más, el avión se fue de Ushuaia en las primeras horas del martes 27 y a las 9.30 aterrizó en Neuquén. La delegación tenía previsto recorrer el yacimiento de Vaca Muerta.
Desinformación y sospechas
Mientras los congresistas norteamericanos preguntaban sobre la clase de aves que hay en Tierra del Fuego y la importancia de la ubicación geográfica de la isla, sin mayores detalles, la mayoría de la población fueguina vinculaba la llegada de la delegación del gobierno de Estados Unidos con otro episodio ocurrido cinco días antes: la intervención federal del puerto de Ushuaia.
“Qué casualidad, intervienen el puerto y de inmediato viene una delegación del gobierno con intereses geopolíticos en la zona”. Con más o menos euforia, mensajes de este tipo se replicaron durante todo ese fin de semana en redes sociales y charlas de café.
Pero este clima no es nuevo. En Tierra del Fuego hace meses que rondan la desinformación y las sospechas sobre las operaciones estadounidenses en la zona. Habría que preguntarse por qué. Acaso las suspicacias hayan empezado en abril de 2024, cuando el presidente Javier Milei llegó de madrugada a la ciudad de Ushuaia. Fue para participar de un acto junto a la generala y entonces jefa del Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses, Laura Richardson. Milei fue directo desde el Aeropuerto al gimnasio de la Base Naval, vestido de fajina. En el lugar no había ninguna autoridad provincial. Ni el intendente de la ciudad, Walter Vuoto, ni el gobernador Gustavo Melella.
Allí, además de los saludos protocolares, el Presidente habló de dos temas distintos, pero relacionados: la construcción de una Base Naval Integrada en la península de la capital fueguina y la creación de un Polo Logístico Antártico que funcionaría en el mismo lugar como una gran estación de servicios para los buques civiles y militares que operan en la Antártida. La base naval sería, claro, un enclave de Defensa, para cuidar los intereses soberanos en un sitio geográficamente estratégico como el Atlántico Sur. El polo logístico es otra cosa: una idea de negocios que alguna vez se pensó para diversificar la matriz productiva fueguina.
Como sea, en aquella madrugada de abril se deslizó la idea de un interés norteamericano por “colaborar” con esas obras. ¿De qué forma? ¿A cambio de qué? La falta de precisiones dio lugar a los primeros rumores: desde una base de submarinos hasta una presencia militar estadounidense permanente en la zona. Las versiones no tardaron en tomar cuerpo.
Para colmo, en una visita con menos repercusión mediática, en mayo de 2025 vino a Ushuaia el sucesor de Richardson en el Comando Sur, Alvin Holsey. Hubo una reunión protocolar con militares del Área Naval Austral, escasa información oficial, y más rumores.
En aquella madrugada de abril se deslizó la idea de un interés norteamericano por “colaborar” con esas obras. ¿De qué forma? ¿A cambio de qué? La falta de precisiones dio lugar a los primeros rumores: desde una base de submarinos hasta una presencia militar estadounidense permanente en la zona.
Cinco meses después, en octubre, tropas estadounidenses realizaron en la ciudad ejercicios de entrenamiento militar. Fue parte de la operación Tridente – que también abarcó Mar del Plata y Puerto Belgrano -, autorizada por Milei mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que obvió el pase por el Congreso.
Y mientras tanto, persiste un conflicto con la empresa Leolabs, de origen norteamericano pero creada en Ushuaia y con domicilios en el Reino Unido, que en 2022 instaló en el municipio de Tolhuin un radar de uso potencialmente militar. Autorizado y luego inhabilitado por la gestión de Alberto Fernández, el artefacto sigue en el mismo lugar, mientras la empresa hace lobby ante Milei para que le permitan reactivarlo. Se trata de una antena presentada como parte de un emprendimiento privado para monitorear la “basura espacial” en las órbitas bajas de la Tierra, de modo de evitar colisiones con satélites. El radar fue emplazado dentro de la Estancia El Relincho, a unos once kilómetros del poblado situado en el medio de la isla.
Después de que un informe del ministerio de Defensa de Alberto Fernández advirtiera sobre su potencial uso militar, las autoridades nacionales mandaron desactivar el aparato, que quedó sin personal de la empresa en las instalaciones y con apenas una custodia policial. Aunque hay versiones de que igual podría operarse de forma remota, desde cualquier otra parte del mundo. Mientras, Leolabs difundió acuerdos con gobiernos como el del Reino Unido o el de Estados Unidos para cumplir funciones militares con su red mundial de radares.
Controlar el puerto, la geopolítica y los negocios
Tierra del Fuego era un territorio nacional hasta su provincialización en 1991, durante la presidencia de Carlos Menem. Fue en ese contexto que, el 25 de septiembre de 1992, la ex Administración General de Puertos le cedió a la flamante provincia “el dominio, administración y explotación del puerto de Ushuaia”. Para esa tarea, se creó la Dirección Provincial de Puertos (DPP). El convenio de transferencia de la terminal portuaria fijó algunas condiciones. Por ejemplo, que los ingresos del puerto “sean contabilizados de manera independiente de las rentas generales provinciales y aplicados exclusivamente a cubrir gastos de administración, operación, capacitación e inversiones vinculadas a la actividad portuaria”. La Nación también se atribuyó facultades de contralor, y la potestad de sanciones en caso de incumplimiento.
La relación navegó por aguas tranquilas durante 33 años, pero en 2025, ya con Milei en el poder y enfrentado con el díscolo gobernador fueguino Melella, el escenario se agitó. En octubre de 2025, la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) hizo una auditoría con resultados lapidarios. El informe halló desde fallas estructurales y de seguridad, hasta falta de inversión en obras y el presunto desvío de fondos hacia fines ajenos a la actividad portuaria.
El puerto de Ushuaia constituye un factor de desarrollo económico clave para Tierra del Fuego, tanto por los servicios que presta a embarcaciones turísticas, de carga y de pesca, como por su condición estratégica para el tráfico marítimo hacia y desde la Antártida.
La auditoría se activó después de que la Legislatura fueguina sancionara, en julio, la Ley 1596, que autorizó a la Provincia a utilizar fondos portuarios para morigerar el déficit de la Obra Social del Estado (Osef). También señalaron préstamos por $4200 millones que el puerto le concedió al gobierno provincial para terminar un hospital y comprar equipamiento sanitario.
Con estos argumentos como eje, la ANPyN se salteó otras posibles sanciones menos drásticas (como multas o apercibimientos) y el 20 de enero decidió la intervención federal.
El puerto de Ushuaia constituye un factor de desarrollo económico clave para Tierra del Fuego, tanto por los servicios que presta a embarcaciones turísticas, de carga y de pesca, como por su condición estratégica para el tráfico marítimo hacia y desde la Antártida.
Los cerca de 700 barcos a los que presta múltiples servicios le aseguran un presupuesto anual del orden de los $22.000 millones.
En el caso de los cruceros turísticos, las más de 500 recaladas anuales (540 previstas para esta temporada) implican un creciente movimiento de pasajeros que, por ejemplo en 2024, representó 232.107 personas, contando 87.935 tripulantes y 144.172 cruceristas.
Ese movimiento de gente deriva en una actividad económica extra para la ciudad, ya que aunque pernoctan en los barcos, los pasajeros consumen en comercios locales y contratan servicios turísticos y de transporte.
El año pasado, de los 675 buques que pasaron por el muelle, 511 fueron de pasaje, 34 de pesca y 30 de carga.
Por otra parte, al estar situado a solo 1000 kilómetros de la Antártida, el puerto posee una importancia fundamental en el movimiento de buques desde y hacia ese continente, y concentra actualmente cerca del 90% del tráfico marítimo antártico.
El 20 de enero, una comitiva nacional se presentó en el edificio portuario y tomó el control. Si bien la medida abarca el manejo administrativo y de la infraestructura portuaria, lo cierto es que el organismo asumió la conducción total de la terminal, en plena temporada alta de cruceros. Para ello desplazó al presidente de la Dirección Provincial de Puertos de Tierra del Fuego, Roberto Murcia, junto a sus colaboradoes inmediatos, y sólo permitió el ingreso de una veintena de trabajadores, todos ligados a la Unión del Personal Superior Ferroviario (UPSF) de Tierra del Fuego, el gremio que había radicado la denuncia sobre las irregularidades en el puerto. De hecho, aunque no fue designado oficialmente un interventor, esa función le fue asignada a Juan Avellaneda, secretario general del sindicato, quien se convirtió en el nexo principal con el titular de la ANPyN, Iñaki Arreseygor.
La intervención se resolvió por el plazo de un año prorrogable por otro, y la resolución dejó claro que el costo de oponerse a los nuevos lineamientos de gestión podría ser la inhabilitación completa de la terminal.
La reacción de la gestión de Melella fue negar cada una de las imputaciones y considerar a la intervención como un “avasallamiento” que viola el federalismo y la Constitución. De hecho, al cierre de esta nota se iba a presentar una acción judicial ante los tribunales federales de Ushuaia, bajo esa línea de argumentos.
Murcia retrucó que no había motivos para interceder en el puerto justo en una época de máxima actividad, cuando se estaban atendiendo cientos de cruceros y se esperaban 540 recaladas de barcos en la temporada.
La intervención se resolvió por el plazo de un año prorrogable por otro, y la resolución dejó claro que el costo de oponerse a los nuevos lineamientos de gestión podría ser la inhabilitación completa de la terminal.
El funcionario explicó que la ley 1596 de desvío de fondos a la obra social provincial “no llegó a aplicarse nunca” debido a los cuestionamientos que generó. Y dijo que los recursos prestados al Gobierno constituyen una inversión porque son devueltos en cuotas, con intereses y con garantía bancaria.
La sombra china
Más allá de la evidente pérdida de un polo de desarrollo económico y estratégico que implica para Tierra del Fuego desprenderse de la administración del puerto de Ushuaia, lo ocurrido en los últimos días (y acaso en los últimos meses) respecto de las relaciones del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos abre todo tipo de lecturas sobre los futuros acontecimientos en la provincia.
¿La intervención del puerto es un capítulo más de la disputa política entre el gobierno libertario y un gobernador kirchnerista que resiste las medidas de Milei? ¿O es un paso más de la escalada norteamericana sobre intereses geopolíticos en el Atlántico Sur? ¿Es ambas cosas?
Clarín publicó este lunes una nota firmada por los generales Jorge Fabián Berredo y Edgar Calandin donde advierten: “Cuando el cambio climático transforma condiciones y reduce barreras naturales, y grandes potencias relativizan los consensos multilaterales, los espacios extremos dejan de ser periferia y pasan a integrarse a las dinámicas centrales d epoder, energía y seguridad. En el Ártico, la expansión de capacidades y presencia precedió a la discusión y la reinterpretación de las normas. Esa secuencia constituye una advertencia directa para el extremo sur”.
Aunque la visita a Ushuaia de la delegación de congresistas estadounidenses fue vinculada socialmente con la intervención del puerto, debido básicamente a la cercanía temporal entre ambos acontecimientos, tampoco habría que descartar objetivos que exceden la dinámica política local y se sitúan en una escala más internacional, como la disputa global de Estados Unidos en su afán de ser el grán policía de Occidente.
Hay quienes hacen lecturas más jugadas. “Tierra del Fuego va a ser la Groenlandia del sur – dice a Revista Anfibia Enzo Girardi, experto en geopolítica y docente de la UNSAM – Trump nos la va a pedir, es la puerta a la Antártida y una ruta alternativa para los misiles continentales. Y, lamentablemente, nosotros se la vamos a dar. Vamos a ejercer una soberanía nominal”.
¿La intervención del puerto es un capítulo más de la disputa política entre el gobierno libertario y un gobernador kirchnerista que resiste las medidas de Milei? ¿O es un paso más de la escalada norteamericana sobre intereses geopolíticos en el Atlántico Sur?
El interés de Estados Unidos por “colaborar” con la Base Naval Integrada de Ushuaia surgió después de que se publicara en la prensa nacional la supuesta intención del gobierno chino por hacer lo propio. Y el actual gobernador Melella tiene en agenda avanzada dos inversiones chinas en la isla: la industrialización del gas de regalías a través de la instalación de una planta de úrea (un compuesto sintético para producir resinas o fertilizantes) y metanol en la ciudad de Río Grande, por parte de la empresa Shaanxi Chemical Industry Group (unos 800 millones de dólares) y la construcción de una usina termoeléctrica en Ushuaia por parte de la firma Rainbow International Xi’an Engineering (unos 65 millones de dólares).
Portales especializados de la provincia, como Agenda Malvinas, interpretaron que la misteriosa comitiva norteamericana no llegó a Ushuaia para visitar paisajes ni para monitorear puertos intervenidos, sino para bloquear el avance chino sobre recursos naturales estratégicos. Las piezas se mueven con poco disimulo, como en un tablero de TEG. Para entender mejor el mapa, habrá que esperar a los próximos meses.
La entrada Tierra del Fuego o la Groenlandia del Sur se publicó primero en Revista Anfibia.
