Se renueva la propuesta GastroArte

 

Mientras la Selección enfrenta a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial, el Gobierno de Milei publicó un decreto que impulsa una licitación petrolera en el Mar Argentino tras el interés de una empresa británica y habilita el arbitraje internacional en los futuros contratos.

Por Roque Pérez para NLI

Mientras millones de argentinos vuelven a vivir un nuevo capítulo de una de las rivalidades más cargadas de historia del deporte mundial, con la Selección enfrentando a Inglaterra por un lugar en la final de la Copa del Mundo, el Gobierno de Milei eligió este miércoles para publicar un decreto que abre un nuevo proceso para la exploración petrolera en el Mar Argentino a partir de la iniciativa presentada por una empresa británica y que, además, habilita que los futuros contratos contemplen la posibilidad de resolver controversias mediante tribunales arbitrales internacionales.

La coincidencia difícilmente pase inadvertida. Para la inmensa mayoría de los argentinos, Inglaterra nunca es un rival cualquiera. Malvinas, la guerra de 1982, los encuentros mundialistas de 1966 y 1986 y la permanente disputa diplomática por la soberanía de las islas convierten cada partido entre ambos países en un acontecimiento que trasciende largamente al fútbol. Sin embargo, mientras la atención pública se concentra en la semifinal del Mundial, el Poder Ejecutivo avanzó con una decisión que vuelve a colocar a empresas británicas en el centro de un proyecto estratégico vinculado a los recursos naturales argentinos.

Un decreto que abre la puerta a una licitación impulsada por una empresa británica

El Decreto 590/2026, publicado este 15 de julio en el Boletín Oficial, instruye a la Secretaría de Energía para convocar a un concurso público internacional destinado a adjudicar un permiso de exploración sobre el área CAN_200, un bloque de aproximadamente cinco mil kilómetros cuadrados ubicado en la Cuenca Argentina Norte, dentro de la plataforma continental argentina.

La decisión no implica una adjudicación directa. De hecho, la normativa establece que deberá realizarse una licitación abierta en la que podrán participar distintas compañías. Sin embargo, el propio decreto explica que el procedimiento se inicia luego de que la empresa Challenger Energy Group PLC, de origen británico, presentara formalmente una manifestación de interés para desarrollar actividades de exploración en ese bloque del Mar Argentino.

En otras palabras, el Gobierno pone en marcha un proceso administrativo cuyo punto de partida fue la iniciativa de una compañía británica interesada en explorar recursos hidrocarburíferos argentinos, una circunstancia que inevitablemente adquiere otra dimensión política cuando coincide con un nuevo enfrentamiento deportivo entre Argentina e Inglaterra.

El arbitraje internacional vuelve al centro del debate

El aspecto que probablemente genere mayor controversia no pasa únicamente por la futura participación de empresas extranjeras, sino por el régimen jurídico que acompañará esos contratos.

El decreto autoriza expresamente que los acuerdos que eventualmente se firmen con la empresa adjudicataria puedan incluir cláusulas de arbitraje internacional, permitiendo que eventuales controversias entre el Estado argentino y las compañías privadas sean resueltas fuera de la Justicia nacional, conforme a los mecanismos previstos por la Convención de Nueva York de 1958.

Si bien la norma aclara que la República Argentina no renuncia a la inmunidad de ejecución sobre determinados bienes estratégicos, entre ellos las reservas del Banco Central, los bienes del dominio público, el patrimonio cultural, los activos diplomáticos y militares o la potestad tributaria del Estado, la decisión vuelve a abrir un viejo debate político sobre hasta qué punto la resolución de conflictos vinculados con recursos naturales debe quedar bajo jurisdicción de tribunales internacionales.

La utilización de este tipo de mecanismos ha sido defendida históricamente por distintos gobiernos como una herramienta para atraer inversiones de gran escala, aunque también recibió fuertes cuestionamientos desde sectores políticos, académicos y jurídicos que consideran que esos esquemas terminan condicionando la capacidad soberana de los Estados para definir sus propias políticas energéticas.

De las tribunas a los negocios

La publicación del decreto también llega después de otra decisión que despertó críticas entre excombatientes y distintos sectores políticos: la aceptación por parte del Gobierno argentino de las disposiciones de la FIFA que impidieron el ingreso a los estadios de banderas y símbolos vinculados con la reivindicación argentina sobre las Islas Malvinas, bajo el argumento de evitar manifestaciones políticas durante el Mundial.

Aunque la FIFA sostiene desde hace años que los torneos deben desarrollarse sin expresiones de carácter político, la decisión fue interpretada por numerosos veteranos de guerra y organizaciones vinculadas a la causa Malvinas como una nueva muestra de la escasa voluntad del Gobierno nacional para defender esa reivindicación en los escenarios internacionales, especialmente frente a un rival como Inglaterra, cuya presencia inevitablemente reaviva un conflicto que continúa abierto en el plano diplomático.

En ese contexto, la publicación del Decreto 590/2026 termina reforzando una imagen que la oposición viene construyendo desde el inicio de la gestión libertaria: un Gobierno que evita confrontar con el Reino Unido cuando se trata de la cuestión Malvinas y que, al mismo tiempo, impulsa políticas de apertura para que empresas británicas puedan competir por la exploración de recursos estratégicos en el Mar Argentino bajo contratos que incluso prevén mecanismos de arbitraje internacional.

Mucho más que una coincidencia de calendario

Probablemente el decreto hubiera generado debate cualquier otro día. Sin embargo, su publicación mientras Argentina vuelve a enfrentarse con Inglaterra en un Mundial le agrega una carga simbólica imposible de ignorar.

Mientras en las tribunas y frente a los televisores resurgen los recuerdos de Rattín, la guerra de Malvinas, la Mano de Dios y el Gol del Siglo, el Boletín Oficial publica una norma que habilita el inicio de un proceso para explorar petróleo en el Mar Argentino impulsado originalmente por una empresa británica y que contempla la posibilidad de resolver futuras controversias mediante arbitraje internacional.

No se trata solamente de una coincidencia deportiva. Se trata del contraste entre dos formas muy distintas de entender la relación con el Reino Unido: una que mantiene viva la memoria histórica cada vez que rueda una pelota y otra que, desde la lógica económica del Gobierno de Milei, apuesta a profundizar la apertura a los capitales internacionales aun cuando ello implique que empresas británicas vuelvan a tener protagonismo en un área tan sensible como los recursos energéticos del Mar Argentino.

 

 

La decisión de los prácticos de no aceptar nuevos servicios en rechazo al Decreto 690/2026 mantiene bloqueado el ingreso y egreso de buques en los principales puertos del país. El Gobierno defiende la desregulación como una apertura a la competencia, mientras el sector denuncia un intento de desmantelar una actividad estratégica y anticipa una batalla judicial.

Por Celina Fraticiangi para NLI

La política de desregulación impulsada por el gobierno de Milei abrió un nuevo frente de conflicto con impacto directo sobre uno de los sectores más sensibles de la economía argentina. Desde el fin de semana, los prácticos de buques mantienen una medida de fuerza que paralizó el ingreso y la salida de embarcaciones de ultramar en los principales puertos del país, especialmente en el complejo agroexportador del Gran Rosario, corazón de las exportaciones nacionales.

La protesta surgió inmediatamente después de la publicación del Decreto 690/2026, mediante el cual el Gobierno modificó de manera integral el régimen de practicaje y pilotaje vigente desde hace más de tres décadas. Para el Ejecutivo, la normativa elimina privilegios corporativos, reduce costos logísticos y favorece la competencia. Para los profesionales del sector, en cambio, representa una desregulación que compromete la seguridad de la navegación y destruye un esquema construido sobre criterios técnicos antes que comerciales.

Una actividad clave para que funcione el comercio exterior

El práctico es el profesional que asesora al capitán de un buque durante las maniobras de ingreso, navegación y salida de puertos, ríos y canales. Su intervención es obligatoria en gran parte del sistema fluvial argentino debido a la complejidad de la navegación en la Hidrovía Paraná-Paraguay y en otros corredores estratégicos.

Sin ese servicio resulta prácticamente imposible que numerosos buques puedan operar con normalidad. Por esa razón, la decisión de los prácticos de no aceptar nuevos servicios comenzó a paralizar progresivamente la operatoria portuaria, con riesgo de afectar exportaciones de granos, aceites, harinas, combustibles y otras cargas de enorme importancia para el ingreso de divisas.

El conflicto adquiere además una dimensión macroeconómica. Argentina depende en gran medida del complejo agroexportador para generar dólares, por lo que cualquier interrupción prolongada en la logística portuaria puede traducirse en demoras comerciales, mayores costos y dificultades para cumplir contratos internacionales.

Qué cambia el decreto de Milei

El Decreto 690/2026 elimina buena parte del esquema regulatorio vigente desde comienzos de los años noventa.

Entre sus principales modificaciones aparecen la apertura del registro de prácticos sin cupos, la libre contratación de profesionales independientes, la posibilidad de que determinados capitanes extranjeros con experiencia acreditada naveguen sin contratar prácticos argentinos, la fijación de tarifas máximas por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y la liberalización del transporte utilizado para el embarque y desembarque de los profesionales.

El Gobierno sostiene que el régimen anterior generaba barreras artificiales de ingreso, favorecía posiciones dominantes y encarecía innecesariamente los costos logísticos del comercio exterior.

Sin embargo, desde el sector cuestionan que la actividad sea tratada como un mercado cualquiera. Argumentan que el practicaje constituye un servicio altamente especializado, vinculado directamente con la seguridad de la navegación, la protección ambiental y la prevención de accidentes en una de las principales rutas comerciales del país.

Una pulseada que excede el conflicto gremial

Aunque el Gobierno presenta la medida como una disputa con sectores corporativos, el conflicto tiene un alcance mucho mayor.

La desregulación del practicaje forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración libertaria para modificar numerosos mercados considerados «cerrados» o «sobre regulados». La lógica oficial consiste en eliminar restricciones, abrir la competencia y reducir la intervención estatal.

Los críticos de esa estrategia sostienen que el mismo criterio se está aplicando sobre actividades cuya regulación no responde únicamente a razones económicas sino también a cuestiones de seguridad pública, infraestructura estratégica y soberanía sobre vías navegables.

En ese contexto, la discusión deja de ser exclusivamente laboral para transformarse en un debate sobre cuál debe ser el papel del Estado en la administración de servicios considerados esenciales para el funcionamiento del país.

El Gobierno prepara reemplazos y el conflicto podría escalar

Previendo una prolongación del conflicto, el decreto incorporó mecanismos extraordinarios para garantizar la continuidad del servicio.

Entre ellos figura la posibilidad de que la Prefectura Naval Argentina y la Armada Argentina puedan intervenir de manera excepcional para prestar servicios de practicaje, además de habilitar temporalmente a capitanes con conocimiento de zona en situaciones de emergencia.

No obstante, distintas informaciones periodísticas indican que los intentos oficiales para encontrar reemplazos inmediatos encontraron resistencia y que los propios capitanes consultados señalaron que no cuentan con las habilitaciones específicas para asumir esa función.

Mientras tanto, los prácticos adelantaron que además del lock-out impulsarán acciones judiciales para intentar frenar la aplicación del decreto, por considerar que vulnera aspectos centrales de la actividad y modifica de manera unilateral un sistema construido durante décadas.

La pulseada recién comienza. Pero mientras el Gobierno apuesta a sostener una de las desregulaciones más profundas del sector marítimo, cada jornada con los puertos parcialmente paralizados incrementa la incertidumbre sobre el comercio exterior argentino y vuelve a mostrar el delicado equilibrio entre las reformas económicas y el funcionamiento efectivo de actividades estratégicas para el país.