Esta semana, personal municipal comenzó con el recambio de luminarias a tecnología LED en la ruta nacional 22, desde Pioneros a la Avenida General Paz.
Luego de las gestiones realizadas por el Intendente Marcelo Orazi ante el Jefe de Distrito Río Negro de Vialidad Nacional Gustavo Casas, tanto mediante nota como personalmente, se acordó la realización de los trabajos con el objetivo de mejorar la seguridad de la ruta dentro del ejido urbano. De esta manera, el organismo nacional proveyó un total de 151 equipos LED de 180 Watts mientras que el Municipio se hace cargo de la mano de obra.
La inversión total es de aproximadamente $4,5 millones, de los cuales $3,7 millones corresponde al valor de los equipos y el resto a la mano de obra.
El Intendente Orazi destacó el trabajo conjunto con Vialidad Nacional que permite, indicó, “ir dando respuestas a distintas cuestiones, en este caso a mejorar la iluminación en el tramo de la ruta que cruza Villa Regina. Anteriormente trabajos en el repintado de la misma y en el arreglo de la cinta asfáltica en el semáforo de Pioneros”.
Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz ordenaron a sus senadoras que voten en contra
de la ley de tierras y el gobierno de Javier Milei pierde dos votos clave para la sesión del jueves, donde el oficialismo se arriesga a una votación muy pareja y hasta hay dudas sobre el quórum.
El gobernador de Tucumán anunció esta mañana que la senadora Beatriz Ávila, del monobloque Independencia, votará en contra del capítulo que habilita la extranjerización de tierras.
Ávila era uno de los 35 votos seguros que Patricia Bullrich contaba a favor.
«He conversado con las dos senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza y he visto que las dos se están oponiendo a la aprobación de la ley. Y son personas que no cambian de posición», declaró Jaldo. Mendoza integra el bloque de peronistas rebeldes Convicción Federal, que ya había expresado su rechazo al capítulo.
«Lo que yo sé hasta acá es que estaban decididas a no acompañar ese proyecto de extranjerización de las tierras argentinas. Yo lo que creo que la gente puede venir a invertir, lo que no se puede venir a apropiar de nuestras tierras», agregó Jaldo, en un mensaje más que claro a sus senadoras. «Yo creo que de ninguna manera tenemos que entregar un metro cuadrado de tierra argentina a los extranjeros», insistió.
Beatriz Ávila
El anuncio de Jaldo causó un cimbronazo en el bloque oficialista porque los números están muy finos. De hecho, Bullrich ya avisó que no permitirá que la camporista Anabel Fernández Sagasti vote por zoom, más allá de la «autorización» de Victoria Villarruel para que se defina el recinto.
Pero las malas noticias para el gobierno no se terminan. Fuentes cercanas a la senadora salteña Flavia Royón, que responde a Sáenz, confirmaron a LPO que votará en contra de ese capítulo que ha generado un fuerte rechazo popular. Royón era otro de los votos que Patricia contaba a favor.
Axel Kicillof reunió en Casa de Gobierno a sus legisladores y confirmó al Cuervo Larroque como su armador político a nivel nacional de cara a la carrera presidencial. El gobernador bajó línea a los suyos y blanqueó algo que ocurría en los hechos pero que nunca había sido expresado. Además, dijo que Carlos Bianco será el encargado de la estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires.
La reunión se planteó como una cumbre entre la mesa chica de ministros con perfil político junto al grupo de legisladores nacionales que integran Jorge Taiana, Huguito Moyano, Hugo Yasky, Juan Marino, y Santiago Cafiero, y los senadores y diputados del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la Legislatura bonaerense.
La confirmación de Larroque al frente del armado nacional es una definición importante dentro del hermetismo que caracteriza al núcleo político que rodea a Kicillof. Fuentes del MDF aclara que los roles no serán estancos. Que el cuervo tendrá recorridas por territorio bonaerense y Bianco por las provincias, pero la definición para por un ordenamiento dentro de la línea interna del peronismo que trabaja en la candidatura presidencial de Kicillof.
Durante la reunión, Kicillof les pidió a sus candidatos a gobernador que caminen por la provincia y que las definiciones llegarán más adelante. Axel cuenta cinco candidatos: Carlos Bianco, Julio Alak, Gabriel Katopodis, Jorge Ferraresi y a Fernando Espinoza. Este último es el menos lanzado del grupo, pero a Kicillof le sirve tener un abanico de candidatos con distintos perfiles.
Ayelén Durán, José Galván y Ana Luz Balor.
El pedido fue que todos salgan a recorrer la provincia y que eviten los roces. El desafío es evitar las pujas y tensiones que se dan a nivel local que inevitablemente toman bando por uno u otro candidato. Kicillof pidió evitar esas situaciones. El ministro de Gobierno será clave en su rol de armador provincial en ese trabajo.
En tanto, el gobernador les pidió a sus legisladores avanzar en la segunda mitad del año con una ley en la Legislatura que permita a los intendentes volver a pelear por otro mandato.
LPO había adelantado que el gobernador había decidido reflotar en el Senado un proyecto que el año pasado presentó Ayelén Durán. Ese es segundo el axelismo la mejor opción para empezar a discutir el trámite legislativo, aunque se muestran abiertos a los cambios que puedan proponer tanto la oposición como el resto del peronismo.
Ana Luz Balor y Diego Nanni.
Los legisladores del Movimiento Derecho al Futuro prefieren mantenerse cautos ante la interna con el kirchnerismo y buscan moverse con cuidado. Sin embargo, tomaron la decisión de retomar el proyecto de Durán como muestra de que están interesados en resolver la traba legal que afecta a unos 80 intendentes de la provincia.
El objetivo es poner paños fríos a las tensiones que surgieron en los últimos días respecto de la reelección de los intendentes. Hubo algunos trascendidos sobre pedidos de un juez de la Suprema Corte a cambio del voto de para reinstalar las reelecciones indefinidas y también -según fuentes del MDF- la condición de levantar la consigna Cristina Libre como condición para votar el beneficio para los jefes territoriales.
Regina no escapa a una problemática a nivel nacional que es la sobrepoblación de animales callejeros, si bien contamos con una ordenanza que “venía” a regular esta problemática social, y a su vez contamos con un plan de castración y esterilización municipal, como también con varias organizaciones y asociaciones que trabajan en pos del bienestar…
“La compra de tierras en sí misma no es una inversión.” Esa es una de las frases textuales más potentes de la Ley de Tierras. Es la Ley que Milei pretende desarticular. No logró hacerlo a fines del año 2023 a través del DNU 70/2023, gracias a un amparo judicial presentado por un Centro de Veteranos de Malvinas de La Plata. Entonces incluyó la reforma en un nuevo proyecto, firmado junto con los gobernadores del Consejo de Mayo y presentado a fines de marzo al Congreso.
Ese nuevo proyecto, el de la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, iba a ser tratado en el Senado en la sesión fallida del jueves 16 de julio. Ante la falta de apoyo político, Patricia Bullrich, como jefa de la bancada oficialista, pidió aplazar la sesión hasta el 6 de agosto.
Que la votación se postergue tiene fundamento: cada vez es más robusta la resistencia social organizada en ONGs, cooperativas, movimientos sociales, políticos, sindicales, científicos y religiosos. El reclamo tiene que ver con la tierra y con el manejo del fuego, pero también arrastra la rabia por la entrega de los glaciares, la hidrovía, los bienes naturales, la soberanía.
Si se aprueba la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y cae la Ley de Tierras, Peter Thiel y sus amigos se frotarán las manos.
Ahora empezó a circular una convocatoria: “Nos vemos el 6 en el Congreso.” Se corre la bola. Entre todos, de a poco logramos derribar el cerco mediático desde los medios locales y autogestionados y llegar al centro de la conversación social, incluso la vinculada con el Mundial. “Yo me pongo la camiseta. No a la extranjerización de la tierra”, circulaba en estados de Whatsapp con el hashtag #lasoberanianosenegocia. Se organizaron espacios de colaboración en red como la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la tierra y la vivienda. La semana que viene, la última de julio, se realizarán acciones federales con el nombre “Argentina no se vende”. Habrá talleres, clases y radios abiertas, charlas y banderazos. Y el 6 de agosto, la movilización al Congreso.
Desde la Coalición Federal en Defensa de la Tierra, un colectivo integrado por organizaciones de todo el país vinculadas a la ruralidad y a los territorios, tejemos estrategias. Yo, por ejemplo, que vivo en Buenos Aires pero soy de Santiago del Estero, entre otras cosas participé en zooms con mujeres de la Red Federal de Concejalas que tienen llegada a la Federación Argentina de Municipios (FAM), y así logramos sumar firmas para el rechazo al proyecto. Las compañeras de Casa Patria de Neuquén lograron reunirse con el Obispo cuando estaba por viajar a un Encuentro de Obispos en La Rioja. Se trabajó sobre aportes de colegas miembros de la pastoral social de Santa Fe, del chaco salteño (Salta) y de otros equipos que integran ese espacio. Así salió la Carta Abierta a los Legisladores de la Iglesia Católica firmada por Endepa, la Pastoral Social y Cáritas. Otro tanto sucedió con el comunicado del Movimiento Nacional Capellanes y el pronunciamiento del Llamamiento argentino-judio contra el Proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Estos pronunciamientos hicieron que el reclamo trascienda la ciudadanía politizada y llegue a amplios sectores de la sociedad.
LEY DE TIERRAS, LA ORIGINAL
La Ley de Tierras vigente entiende al suelo como un recurso natural escaso y no renovable, estratégico para el desarrollo humano y social. Fue aprobada por el Congreso en 2011, con amplia mayoría. En ese momento, el cambio climático era apenas un diagnóstico, aunque las tierras que producen alimentos ya empezaban a desertificarse y el estrés hídrico se insinuaba como problema condicionante. Lo urgente era preservar la soberanía argentina sobre recursos como el agua dulce y los minerales necesarios para un desarrollo nacional lo más equitativo posible, a los que el gobierno de Estados Unidos ya les ponía el ojo.
Que el Congreso haya postergado la votación tiene fundamento: cada vez es más robusta la resistencia social.
Fue creada para regular un previsible incremento de la propiedad extranjera y poner límites a un proceso de concentración de grandes extensiones de hectáreas en manos de capitales financieros. No prohíbe que los foráneos compren tierras rurales, limita las operaciones. Establece un tope del 15% a nivel nacional, provincial y subprovincial, establece que los extranjeros de una misma nacionalidad no puedan adquirir más del 30%, y que ninguna persona, de manera individual, pueda comprar más de 1000 hectáreas en las regiones más fértiles para la agricultura (como la zona núcleo y otras regiones de la pampa húmeda) o su equivalente en otras zonas del país de acuerdo a lo que defina cada provincia. Además, les prohíbe expresamente comprar inmuebles que contengan cuerpos de agua de envergadura y permanente, como hizo el británico Joseph Lewis en Lago Escondido. También establece parámetros de transparencia y prevención de lavado de activos.
Para mediados de 2013, un 6% de la superficie nacional estaba a nombre de extranjeros según un relevamiento del Registro Nacional de Tierras Rurales, organismo creado por la Ley de Tierras, que dirigí durante cuatro años desde sus orígenes. Entre los datos más curiosos que recabamos aparecen los paraísos fiscales como dueños de 1.113.654,85 hectáreas, 55 veces la superficie porteña, a través de empresas radicadas en Antigua y Barbuda, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.
El Registro Nacional de Tierras Rurales fue valioso en términos institucionales y de política pública. Fue el primer registro que unificó a nivel nacional datos reales sobre los dueños de la tierra (extranjeros), construido en clave federal a partir de los catastros y registros de la propiedad inmueble de todas las provincias argentinas independientemente de su conducción política. Además, construyó una base de datos a partir de las declaraciones juradas de empresas y el entrecruzamiento de esa información con otros organismos nacionales y provinciales de control, como direcciones de personas jurídicas e inspección general de justicia. Ese relevamiento fue la primera foto de la situación de extranjerización de la tierra rural en Argentina.
Hoy también hay acceso a esa información en la web del Ministerio de Justicia de la Nación (publicados por provincia y por departamento a través de un excel que permite su descarga en pdf) aunque la última actualización fue en agosto de 2025. Otra de las fuentes es el Observatorio de Tierras, un proyecto del Programa de Investigaciones de Historia Agraria (PRIHA) de UBA y CONICET que da cuenta de un 5% de superficie extranjerizada en el país.
LEY DE TIERRAS SEGÚN MACRI
A mediados de 2016, el entonces presidente Macri emitió un decreto que flexibilizó la Ley en lo que hace a la extranjerización de la tierra que se materialice a través de las transferencias de acciones o participaciones societarias. Eliminó para estos casos la exigencia de solicitar un certificado de habilitación al registro (permiso previo) y lo reemplazó por una obligación de comunicar la operación, pero sin sanción ante el incumplimiento. Ese decreto fue judicializado por diversas organizaciones de la sociedad civil, de pequeños productores y por legisladores nacionales de Mendoza, Chubut, Neuquén, Rio Negro, Misiones, Buenos Aires, entre otras. Pasaron cuatro años, y recién en 2020 el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, a cargo de la jueza María Alejandra Biotti, rechazó las acciones de amparo, basado en la falta de legitimación activa, evitando pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.
LEY DE TIERRA Y LEY BASES
En diciembre de 2023, la Ley de Tierras entró en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023, la llamada “Ley Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, medida que cosechó múltiples objeciones en sede judicial por su intento de derogar parcial o totalmente al menos 75 leyes. Con esta medida -atacada por inconstitucional- se habilitaría a que capitales extranjeros adquieran y administren la tierra rural, cercenando el acceso a miles de argentinos y poniendo en peligro la estructura de la tierra rural, incluso la de la pampa húmeda. Ese Decreto 70/2023 fue impugnado judicialmente por distintos colectivos, en distintos momentos y con resultado disímil, por afectar derechos vinculados a la salud, al trabajo, a la soberanía.
La Ley de Tierras vigente no prohíbe que los foráneos compren tierras rurales, limita las operaciones.
Entre estos reclamos judiciales se destaca el planteo realizado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) que cuestionaron el decreto ante los tribunales federales de la capital bonaerense. Sostuvieron que la derogación de la ley libera el mercado de tierras, implica la intromisión del Poder Ejecutivo en el ámbito de atribuciones del Poder Legislativo y solicitaron una medida cautelar para que se suspenda la aplicación del DNU 70/2023, así como toda otra normativa dictada en su consecuencia, hasta tanto se resuelva el fondo. El 29 de enero de 2024 el juez de feria del Juzgado Federal Nº 4 de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó inscribir un proceso colectivo y decretó una medida cautelar que suspende el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 en cuanto derogó la Ley 26.737 de Tierras. A una semana del fallo, el titular del Juzgado Federal Nº 4 de La Plata, Alberto Recondo, rechazó esa acción de amparo. Dijo que el CECIM no se encuentra legitimado para estar en juicio en defensa de los intereses de los habitantes de la Nación Argentina ni de la soberanía nacional. Entonces el CECIM apeló la decisión y la Cámara Federal de la Plata finalmente declaró la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 en tanto deroga la Ley de Tierras Nº 26.737. Entre los aspectos más salientes del fallo destaco la referencia a que la soberanía nacional justifica la incidencia colectiva y por su naturaleza, es un bien jurídico a proteger. Podemos decir que hoy la Ley de Tierras está vigente gracias al CECIM.
6 DE AGOSTO: NO A LA EXTRANJERIZACIÓN
A comienzos de este año y a través del Consejo de Mayo, el Gobierno nacional impulsó una reforma legal hecha a la medida de grandes capitales extranjeros o de cualquier persona humana o empresa foránea que pretenda adquirir tierras rurales en la Argentina. En nueve artículos, bajo el título “Inviolabilidad de la propiedad privada”, el proyecto implica una derogación encubierta de la Ley de Tierras 26.737 al proponer cambios en el régimen de expropiaciones, modificaciones en los procesos de desalojos y requisitos para la expropiación, y flexibilizaciones a la Ley de manejo del fuego. Sobre tierras rurales realizan modificaciones estratégicas que vacían de contenido su espíritu original al eliminar las limitaciones establecidas por ley, en cuanto a superficie, nacionalidad, topes personales y la prohibición de adquirir lagos y ríos.
La aprobación del proyecto de Ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada del Gobierno Nacional implica riesgos institucionales y riesgos en sentido estratégico. La derogación de la Ley de Tierras significará:
–pérdida de acceso a la información pública a nivel nacional de los datos dominiales y catastrales en torno a la extranjerización de la tierra.
–pérdida de control sobre el territorio nacional y las implicancias en cuanto a la posible balcanización de nuestro país.
–eliminación de límites para la adquisición de tierras con acceso directo a cuerpos de agua de envergadura y permanentes (lagos, ríos), y por ende fuentes de agua y energía sumado al RIGI.
–de ser aprobado el SUPER RIGI, promete estabilidad regulatoria por 30 años y así desarma cualquier facultad de ejercicio de poder de policía sobre el territorio y por ende ejercicio de soberanía.
EL DOBLE OBJETIVO
Esta reforma debe leerse en dos niveles políticos superpuestos. Por un lado, cumple una función económica liberalizadora clásica: derogar los controles para facilitar y garantizar la inversión extranjera privada en un recurso estratégico, tratando a la tierra como una mercancía más. Por otro lado, y de manera simultánea, introduce una lógica geopolítica de alineamiento automático. En cuanto a los sujetos comprendidos, el proyecto se refiere a Estados extranjeros o entidades bajo su control y cobra sentido pleno a la luz de la alineación absoluta del gobierno de Javier Milei con los intereses estratégicos de los Estados Unidos.
Fue a comienzos de este año y a través del Consejo de Mayo que el Gobierno nacional impulsó esa reforma hecha a la medida de grandes capitales extranjeros.
Lejos de una mera “modificación”, esta iniciativa representa una liberalización integral y selectiva del mercado de tierras. Se ampara en un principio abstracto de “inviolabilidad de la propiedad privada”, cuando la ley actual no afecta derechos adquiridos y opera dentro del consenso jurídico sobre el principio de razonabilidad. La flagrante contradicción con el fundamento soberanista original de la ley—expresado en el mensaje de 2011—revela la verdadera naturaleza de la reforma.
En el doble objetivo se define su esencia: es a la vez un instrumento de desregulación económica para capitales amigos y una herramienta de alineamiento geopolítico que adopta, en la legislación doméstica, las prioridades de seguridad nacional de una potencia extranjera.
Pero el debate continúa, trasciende lo técnico y lo económico: se trata de definir bajo qué parámetros de soberanía e independencia se decidirá quién controlará el recurso fundamental de la Nación.
La Municipalidad de Villa Regina pone en marcha a partir de octubre la posibilidad de que los contribuyentes puedan pagar la última boleta mensual por tasas retributivas aunque mantengan deudas. Por ello pone a disposición de los vecinos las cuotas de tasas mediante la entrega de los recibos en sus domicilios. Además, si pagan la…
El Vaticano confirmó que el papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en la que será la primera visita de un Sumo Pontífice al país en casi cuarenta años.
El viaje fue confirmado por el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, que detalló que «León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre 2026.
El Papa visitará las ciudades uruguayas de Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; luego vendrá a Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y finalmente partirá a Perú para visitar Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre.
LPO informó en junio que en el gobierno de Córdoba tenían una confirmación extraoficial del Vaticano y ya estaban trabajando en la coordinación de la visita de León XIV, que es amigo del arzobispo cordobés Ángel Rossi. Como antecedente, la provincia exhibía la visita de Juan Pablo II en 1987, cuando celebró una misa ante 400 mil personas en el Área Material Córdoba, sede de Fadea.
La visita del Papa se dará en un momento político clave para la campaña electoral 2027, que en muchas provincias ya estará en marcha. Por ejemplo en Córdoba donde se descuenta que los comicios serán en los primeros meses del año.
También Javier Milei aprovechará para tener la foto que no pudieron tener ni Cristina Kirchner, ni Mauricio Macri ni Alberto Fernández con el papa argentino Francisco. La visita a Luján también podría darle la oportunidad de la foto a Axel Kicillof.
Es por eso que la visita de León XIV era anhelada por varias provincias, como Santiago del Estero que era una de las primeras opciones que se barajó pero terminó siendo descartada por el Vaticano.
El anuncio fue celebrado por el gobierno argentino. «La visita del Santo Padre constituye un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país y para todos los argentinos», sostuvo la Oficina del Presidente en un comunicado. «Una visita histórica para todos los argentinos», agregó Milei en un tuit.
También Jorge Macri dijo que lo «llena de orgullo» poder ser parte «de un momento histórico» para el país. «Será un honor abrirle las puertas de una Ciudad que hace del encuentro, el respeto y la convivencia una forma de vivir», sostuvo el jefe de gobierno.
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
