Esta semana, personal municipal comenzó con el recambio de luminarias a tecnología LED en la ruta nacional 22, desde Pioneros a la Avenida General Paz.
Luego de las gestiones realizadas por el Intendente Marcelo Orazi ante el Jefe de Distrito Río Negro de Vialidad Nacional Gustavo Casas, tanto mediante nota como personalmente, se acordó la realización de los trabajos con el objetivo de mejorar la seguridad de la ruta dentro del ejido urbano. De esta manera, el organismo nacional proveyó un total de 151 equipos LED de 180 Watts mientras que el Municipio se hace cargo de la mano de obra.
La inversión total es de aproximadamente $4,5 millones, de los cuales $3,7 millones corresponde al valor de los equipos y el resto a la mano de obra.
El Intendente Orazi destacó el trabajo conjunto con Vialidad Nacional que permite, indicó, “ir dando respuestas a distintas cuestiones, en este caso a mejorar la iluminación en el tramo de la ruta que cruza Villa Regina. Anteriormente trabajos en el repintado de la misma y en el arreglo de la cinta asfáltica en el semáforo de Pioneros”.
Mientras Milei aplica con mano de hierro su ajuste libertario, destruye el sistema universitario, arrasa con derechos laborales y precariza hasta la esperanza, el foco mediático se corre hacia la figura de Cristina.
El fallo de la Corte Suprema que sella el destino judicial de la expresidenta no es sólo una sentencia penal: es un mensaje político con olor a revancha. En un contexto marcado por el ajuste salvaje de Javier Milei, la ofensiva contra Cristina Fernández de Kirchner se convierte en cortina de humo para tapar la devastación social. Pero el operativo no sólo busca silenciar a una figura clave del peronismo: pretende reescribir la historia y vaciar de contenido la voluntad popular.
A las 01:00 del 11 de junio de 2025, mientras las calles de Buenos Aires aún resonaban con los ecos de la última protesta universitaria, se conoció una noticia que golpeó como un mazazo a la política argentina: la Corte Suprema había dejado firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner. Seis años de prisión por administración fraudulenta y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Una decisión unánime, veloz, quirúrgica. No hay más instancias nacionales a las que recurrir. Y lo más grave: no hay dudas de que lo que se juega aquí va mucho más allá del destino individual de una expresidenta.
La maquinaria judicial ya está en movimiento. El Tribunal Oral Federal 2, a cargo del juez Jorge Gorini, notificó a Cristina y a los otros ocho condenados: tienen cinco días hábiles —hasta el miércoles próximo— para presentarse ante la Justicia. Si no lo hacen, la orden de detención será inmediata. El espectáculo está servido. Lo que en otros países sería un hecho jurídico, en Argentina se transforma en show político, en linchamiento mediático, en oportunismo judicial.
Pero ¿es justicia o escarmiento?
Mientras Milei aplica con mano de hierro su ajuste libertario, destruye el sistema universitario, arrasa con derechos laborales y precariza hasta la esperanza, el foco mediático se corre hacia la figura de Cristina. ¿Casualidad? Difícil de creer. En este momento de crisis estructural, la confirmación de la condena aparece como un gesto dirigido a consolidar el relato de la antipolítica: todos los políticos son corruptos, todos son parte del “sistema” a destruir. Todos… menos los que gobiernan ahora, claro. Los que se enriquecen en dólares mientras reparten miseria en pesos.
La estrategia judicial contra Cristina no es nueva. Lleva años de acumulación, de foros truchos, de jueces que almuerzan con espías y fiscales que operan desde sets de televisión. La llamada “Causa Vialidad”, origen de esta condena, fue emblemática en su construcción: desde la manipulación de pruebas hasta la selección selectiva de acusados. La condena, ahora firme, no sólo la excluye de la competencia electoral del 7 de septiembre en Buenos Aires: busca sepultarla políticamente. Borrar del mapa a una dirigente que, con aciertos y errores, representa un proyecto nacional, popular y democrático que incomoda profundamente al poder económico y mediático.
¿Dónde cumplirá la pena? El juez Gorini pidió al Ministerio de Seguridad que le asigne una dependencia adecuada. Se supone que habrá “consideración específica” por sus características personales. Cristina tiene 72 años y, en ese sentido, su defensa puede solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria, algo previsto en la legislación argentina. Si se la otorgan, es probable que cumpla la condena en su domicilio del barrio porteño de Constitución. Aunque, como todo en esta historia, ese detalle también será explotado para la estigmatización: si la encarcelan, será un “acto de justicia”; si va a su casa, será “un privilegio más”.
El mensaje está claro: quien ose disputar el poder real, paga caro. Y si lo hace desde una identidad popular, con apellido peronista, con peso electoral, peor aún.
La jugada del oficialismo judicial no es inocente ni aséptica. En plena campaña, mientras el Gobierno de Milei revienta los sueldos y hunde las universidades públicas, la escena de Cristina detenida o bajo arresto domiciliario funcionará como distracción y herramienta disciplinadora. Porque esto no se trata sólo de Cristina. Se trata de lo que representa. De una matriz de país que garantizó derechos, redistribuyó recursos y tuvo la osadía de enfrentar a las corporaciones. Un modelo que, con todos sus límites, todavía despierta esperanzas en amplios sectores populares.
En el terreno internacional, la expresidenta prepara una contraofensiva. Su abogado, Gregorio Dalbón, anunció que el caso será llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Tiene seis meses para presentar la denuncia. Pero el daño ya está hecho: la imagen de una líder política condenada por corrupción será usada hasta el hartazgo para equiparar a la militancia con el delito, al compromiso con el robo, a la política con la traición.
Mientras tanto, el escenario político se recalienta. El peronismo se queda sin su figura más potente para las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires. La prohibición es categórica: la inhabilitación perpetua ya fue comunicada a la Cámara Nacional Electoral. La intención de Cristina de postularse a diputada se estrella contra el muro del lawfare. ¿Qué puede hacer el peronismo ante esta avanzada? ¿Replegarse? ¿Resignarse? ¿Renovarse? El interrogante está abierto, pero la sensación dominante es que se está librando una batalla decisiva no sólo por un liderazgo, sino por la posibilidad misma de una alternativa política al ajuste feroz del oficialismo.
La Argentina de hoy está sitiada. Por la inflación, por el dólar, por el hambre. Por un gobierno que celebra el cierre de universidades y el desmantelamiento del Estado mientras garantiza aumentos salariales a las fuerzas de seguridad. En este clima asfixiante, donde se criminaliza la protesta y se deslegitima toda disidencia, la condena a Cristina Fernández de Kirchner aparece como una pieza más del engranaje represivo y disciplinador. No es casualidad, es método.
La democracia no se construye sobre sentencias dictadas entre bambalinas ni sobre operaciones judiciales ejecutadas con precisión quirúrgica. Se construye con debates abiertos, elecciones limpias y ciudadanía movilizada. Hoy, más que nunca, lo que está en juego no es el futuro de una persona. Es el alma de una nación.
Y mientras Milei avanza con motosierra en mano, Cristina, con sus luces y sombras, se convierte en un símbolo incómodo para quienes quieren refundar la Argentina sobre las ruinas del Estado y el silencio de la política. Silenciarla a ella es silenciar a millones. Pero la historia, ya lo sabemos, no siempre responde al capricho de los poderosos.
El área Mujer y Diversidad de la Municipalidad de Villa Regina firmó con la Universidad Nacional del Comahue el convenio marco que va a posibilitar la capacitación para los empleados municipales de la implementación de la Ley Micaela (Ley Nº 27.499). Objetivo de la capacitación: Trabajar específicamente en la incorporación de la transversalidad de género…
¿Cuántas empanadas podía comprar Ricardo Darín en 2015, 2019, 2023 y 2025 con un salario mínimo en Argentina?
Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable
En la mesa de Mirtha Legrand, hace unos días, el actor Ricardo Darín habló del mal momento que atraviesa la Argentina e hizo referencia al alza de precios y la caída del poder adquisitivo, ejemplificando con el precio de una docena de empanadas de las que como él (obviamente, las más caras).
Como de costumbre, el gobierno centró su crítica en el ejemplo pero ignoró la cuestión de fondo que es innegable: los salarios no alcanzan.
El periodista Galo Gómez Frangella llevó adelante un análisis donde analizó la evolución del salario mínimo representado en docenas de empanadas, tomando como base fines de 2015, último mes del kirchnerismo y el último dato de abril de 2025. El dato es contundente: La evolución muestra una caída constante en la cantidad de empanadas accesibles con un ingreso mínimo: de 38 a 14 en una década. La diferencia entre los precios y la actualización del salario evidencia la pérdida de poder adquisitivo, incluso sobre un producto popular y masivo como las empanadas.
Evolución del «índice empanada»
Diciembre 2015: salario mínimo $5.588 / docena de empanadas $145,58 → 38,4 docenas
Diciembre 2019: salario mínimo $16.875 / docena de empanadas $501,78 → 33,6 docenas
Diciembre 2023: salario mínimo $156.000 / docena de empanadas $7.855,86 → 19,9 docenas
Abril 2025: salario mínimo $308.200 / docena de empanadas $22.010,64 → 14 docenas
Pero los trolls del gobierno desvían la conversación intentando sacarle validez a cualquier crítica, llevando la discusión al precio de la empanada y no a la cuestión de fondo: Desde la llegada de Milei, los salarios están en su peor momento.
Llamalo empanada, pan, asado o como quieras. La plata no alcanza.
El Banco Central reconoció que gastó USD 400 millones de las reservas para intervenir en el precio del dólar futuro, una opción que estaba explícitamente vedada en el el último acuerdo con el FMI.
El organismo que preside Santiago Bausili, socio fundador junto al ministro de Economía de la consultora Anker, publicó este viernes datos de la entidad monetaria al 30 de abril ,que muestran una posición vendedora en futuros por más de USD 408 millones.
Las operaciones que se realizan en el mercado de futuros funcionan como una cobertura o especulación ante la fluctuación de precios. Son contratos permiten a las empresas y personas físicas comprometerse a comprar o vender una determinada cantidad de activos, que pueden ser dólares o soja, a un precio y fecha futuros.
Las presiones devaluatorias que empujaban la cotización del dólar para la segunda mitad del año llevaron al equipo de economía a intervenir para anclar las expectativas.
“Hasta ahora, la evidencia sobre la intervención del BCRA en el mercado de futuros era principalmente inferencial: altos volúmenes operados, ventas persistentes pese a tasas implícitas bajas y un interés abierto en niveles difíciles de sostener por actores privados, sugerían presencia oficial”, señalaron desde la consultora Outlier.
Sobre las proyecciones para el mes en curso, desde Outlier indican que la posición del BCRA equivale a casi el 14% del interés abierto informado, o sea la cantidad de contratos que permanecen sin cancelar al finalizar la rueda de operaciones, en el principal mercado de futuros para esa fecha.
A partir de la dinámica observada en mayo, se sugiere una intensificación de la intervención del Banco Central.
“Esto no solo confirma la participación activa del BCRA en abril, sino que, a partir de la dinámica observada en mayo, sugiere una intensificación de dicha intervención”, indica Outlier. Calculan que la intervención consumirá USD 1000 millones en mayo.
Lo llamativo es que el Gobierno había prometido al Fondo Monetario Internacional (FMI) evitar este tipo de intervenciones a las que -supuestamente- considera disruptivas bajo la lógica de la libertad de mercado.
“Las autoridades tampoco prevén intervenir en los mercados de futuros no entregables (NDF) ni en los mercados cambiarios paralelos, a menos que surjan condiciones de mercado desordenadas”, se dejó expreso en el documento que los representantes argentinos presentaron ante el organismo.
El dato cayó muy mal en el Fondo. Sumó malestar al generado por el anuncio sobre la modificación de los parametros de información para el combate contra el lavado de activos.
“No solo no compran reservas, sino que ademas se estan gastando el desembolso en intervenir”, afirmó a LPO una fuente desde Wall Street.
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Más agrupaciones, organizaciones intermedias y movimientos se suman a reclamos oficiales hacia el intendente de la ciudad, acompañados del pedido de información y medidas para analizar en conjunto y paliar el crecimiento constante de casos activos de covid19 en nuestra ciudad y en el circuito del Alto Valle. En este caso la Asociación Civil Hogar…
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