La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina sigue trabajando junto con las instituciones educativas en excursiones guiadas, en ésta oportunidad el pasado miércoles 5 del corriente se llevó adelante una nueva salida hacia Barda Sur cruzando el río Negro con la histórica balsa.
Nuevamente el CEM 145 fue el destinatario de dicha salida.
Cabe aclarar y recordar que las excursiones educativas se llevan a cabo por burbuja, y cumpliendo el protocolo correspondiente de cuidados Covid-19.
Las salidas incluyen recorridos guiados en áreas naturales, históricos-culturales y productivos, con el objetivo de revalorizar nuestros recursos que conforman los atractivos turísticos locales.
Las instituciones interesadas pueden comunicarse con la Dirección de Turismo y personal del área para explicar la metodología a seguir.
Teléfono 2984 904350 o acercándose a las instalaciones de la oficina de informes turísticos situada en Florencio Sánchez 817 entre Pioneros y Ruta 22
Una de las herramientas de Luis Caputo para contener la suba de precios acaba de recibir un revés judicial. El juez federal Alejo Ramos Padilla declaró la inconstitucionalidad de la resolución que eliminó la obligación de informar en tiempo real los precios de los combustibles.
El fallo dejó sin efecto la Resolución 717/2025 del Ministerio de Economía, mediante la cual Caputo derogó el sistema creado en 2016 que obligaba a las estaciones de servicio a informar cada modificación de precios dentro de las ocho horas. Ese esquema alimentaba una base pública, permitía comparar valores entre estaciones y habilitaba denuncias cuando el precio cobrado no coincidía con el informado.
Para el magistrado, la eliminación de ese mecanismo implicó un retroceso en el derecho de los consumidores a recibir información adecuada y veraz. Ramos Padilla argumentó que el Estado no puede limitarse a argumentar que los precios están publicados en los surtidores o en las aplicaciones de las petroleras porque esa información aparece dispersa, depende de cada empresa y no permite una comparación sencilla entre todos los operadores.
Ramos Padilla también rechazó uno de los principales argumentos del Gobierno y de las empresas expendedoras. Señaló que, si los precios pasan a modificarse con mayor frecuencia mediante sistemas de «micropricing», la necesidad de contar con un mecanismo público, uniforme y actualizado resulta todavía mayor. En otras palabras, cuanto más dinámico es el mercado, más importante es que exista una ventana única que permita saber cuánto cuesta cargar combustible en cada estación.
Ramos Padilla argumentó que el Estado no puede limitarse a argumentar que los precios están publicados en los surtidores o en las aplicaciones de las petroleras, porque esa información aparece dispersa, depende de cada empresa y no permite una comparación sencilla entre todos los operadores.
La decisión judicial aparece en un contexto donde el precio de los combustibles ocupó un lugar central en la estrategia antiinflacionaria de Caputo. Durante buena parte de 2025 el Ministerio de Economía postergó o aplicó sólo parcialmente las actualizaciones del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del impuesto al dióxido de carbono. La consecuencia fue un atraso tributario que evitó trasladar todo el aumento previsto por la ley al surtidor y ayudó a contener el impacto sobre el IPC.
El juez federal Alejo Ramos Padilla.
Ese esquema convivió con otra herramienta. Cuando el petróleo se disparó por la escalada en Medio Oriente, YPF anunció aumentos cercanos al 23%, pero aclaró que absorbería parte del incremento internacional para evitar un traslado pleno al mercado interno. La petrolera actuó como un dique que amortiguó parte de la presión externa y volvió a consolidar el papel del combustible como una de las variables utilizadas para estabilizar los precios.
El problema apareció cuando el Brent inició el recorrido inverso. Con el barril bastante por debajo de aquellos máximos, las rebajas no llegaron al surtidor con la misma velocidad con la que habían sido absorbidas las subas. En un mercado donde además desapareció la obligación de informar cada modificación de precios en un sistema oficial, el seguimiento de esos movimientos quedó exclusivamente en manos de las empresas.
La demanda fue presentada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), que sostuvo que la derogación debilitaba el control estatal y reducía la transparencia del mercado. El Gobierno respondió que la información seguía disponible mediante aplicaciones privadas y sitios web de las compañías, además de defender la medida como parte de la política general de desregulación impulsada por la administración de Milei.
El juez descartó esos argumentos. Recordó que la propia resolución de 2016 había considerado insuficiente el viejo sistema de información mensual y cuestionó que el Estado eliminara la herramienta sin explicar por qué aquello que antes juzgaba inadecuado ahora alcanzaría para proteger a los consumidores. También remarcó que la Constitución obliga a garantizar información pública, comparable y fácilmente accesible, no simplemente la existencia de datos dispersos.
El Gobierno de Javier Milei rubricó un contrato con Israel para comenzar el reemplazo de los históricos fusiles FAL por modernos ARAD. La operación, presentada como parte de la modernización de las Fuerzas Armadas, también profundiza el alineamiento político y estratégico de la Casa Rosada con el gobierno de Benjamin Netanyahu.
Por Roque Pérez para NLI
La relación entre Javier Milei e Israel acaba de sumar un nuevo capítulo. El Ministerio de Defensa firmó un acuerdo con su par israelí para la adquisición de los primeros fusiles ARAD, fabricados por la empresa Israel Weapon Industries (IWI), que comenzarán a reemplazar de manera progresiva a los tradicionales FAL, utilizados por el Ejército Argentino desde hace casi seis décadas. El convenio constituye uno de los contratos militares más importantes de los últimos años y vuelve a poner en evidencia el acercamiento del Gobierno argentino hacia el Estado israelí.
Un contrato millonario que abre la puerta a nuevas compras
El convenio fue firmado bajo la modalidad de cooperación entre Estados y contempla una primera adquisición de 700 fusiles ARAD 7, junto con 167 dispositivos de fogueo y diversos accesorios, por un monto cercano a 1,73 millones de dólares. Sin embargo, el acuerdo tiene un horizonte mucho más amplio: durante los próximos tres años podrá ampliarse hasta alcanzar 12 millones de dólares en compras de armamento.
El plan incluye tanto el modelo ARAD 7, calibre 7,62 milímetros, como el ARAD 5, de 5,56 milímetros, según las necesidades operativas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Además, desde el Ministerio de Defensa adelantaron que el programa de reequipamiento no se limitará únicamente a los fusiles, sino que también contempla futuras incorporaciones de pistolas, ametralladoras, lanzagranadas, sistemas ópticos y municiones para renovar el equipamiento individual de las Fuerzas Armadas.
El histórico FAL, fabricado originalmente por la firma belga FN Herstal y producido durante décadas en el país bajo licencia, fue una de las armas emblemáticas del Ejército argentino y acompañó a las tropas durante la Guerra de Malvinas. Su reemplazo será gradual y convivirá durante varios años con el nuevo armamento mientras se realizan pruebas y adaptación doctrinaria.
Más que un cambio de fusiles: otra señal del alineamiento con Israel
Más allá del aspecto estrictamente militar, el contrato representa un nuevo gesto político del gobierno de Milei hacia Israel, país con el que la actual administración mantiene una relación privilegiada desde el inicio de su mandato.
El Presidente convirtió ese vínculo en uno de los ejes de su política exterior. Sus reiterados viajes a Jerusalén, el respaldo incondicional al gobierno israelí en los distintos conflictos internacionales, la decisión de trasladar la embajada argentina y la cercanía personal con el primer ministro Benjamin Netanyahu marcaron una ruptura respecto de la tradicional posición diplomática argentina en Medio Oriente.
En ese contexto, el acuerdo para adquirir armamento israelí no aparece como un hecho aislado sino como una profundización de una alianza política, militar y tecnológica que el Gobierno busca consolidar.
La defensa como eje de la nueva política exterior
Desde la Casa Rosada sostienen que la operación forma parte del proceso de modernización financiado mediante el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) y del Plan de Capacidades Militares (PLANCAMIL), orientado a recuperar capacidades que consideran deterioradas durante las últimas décadas.
Sin embargo, el convenio también abre interrogantes sobre la creciente dependencia tecnológica y militar respecto de proveedores extranjeros y sobre el rumbo que está tomando la política internacional argentina, cada vez más alineada con Estados Unidos e Israel en materia estratégica.
La incorporación de los ARAD marca así el inicio del fin para el histórico FAL, pero también simboliza una nueva etapa en la política de defensa impulsada por Milei, donde las decisiones sobre equipamiento militar aparecen estrechamente vinculadas con la redefinición de las alianzas geopolíticas del país.
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