La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina sigue trabajando junto con las instituciones educativas en excursiones guiadas, en ésta oportunidad el pasado miércoles 5 del corriente se llevó adelante una nueva salida hacia Barda Sur cruzando el río Negro con la histórica balsa.
Nuevamente el CEM 145 fue el destinatario de dicha salida.
Cabe aclarar y recordar que las excursiones educativas se llevan a cabo por burbuja, y cumpliendo el protocolo correspondiente de cuidados Covid-19.
Las salidas incluyen recorridos guiados en áreas naturales, históricos-culturales y productivos, con el objetivo de revalorizar nuestros recursos que conforman los atractivos turísticos locales.
Las instituciones interesadas pueden comunicarse con la Dirección de Turismo y personal del área para explicar la metodología a seguir.
Teléfono 2984 904350 o acercándose a las instalaciones de la oficina de informes turísticos situada en Florencio Sánchez 817 entre Pioneros y Ruta 22
El Intendente Marcelo Orazi participó el sábado del encuentro virtual convocado por la Gobernadora Arabela Carreras para analizar la situación epidemiológica por COVID-19 de la última semana. En el encuentro estuvieron presentes los jefes comunales de la provincia y funcionarios del gabinete provincial. En la oportunidad, el Ministro de Salud Fabián Zgaib informó los indicadores…
Movilización simultánea en Sierra Grande y distintos puntos del país en rechazo del puerto petrolero y su Audiencia Pública fraudulenta. COMUNICADO DE LAS ASAMBLEAS DEL CURRÚ LEUFÚ El Gobierno de Río Negro avanza en las instancias administrativas para aprobar y dar inicio a la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur y el puerto petrolero en…
El Banco Central presentó un escrito demoledor contra el juez federal Gastón Salmain por autorizar a un fideicomiso a comprar 10 millones de dólares en plena vigencia del cepo cambiario para pagar deudas financieras en el exterior. Es por esta conducta que este martes el cuestionado magistrado fue citado para ser indagado por cometer varios delitos. Acto al que no concurrió tras notificar que se encontraba internado en el Sanatorio Mater Dei donde le diagnosticaron un cuadro de vértigo periférico y le prescribieron 72 horas de reposo.
Se sospecha que los 10 millones de dólares comprados a precio oficial fueron vendidos por el fideicomiso al valor blue lo que generó una suculenta ganancia por la diferencia de cambio. El fideicomiso lo explotaba el financista rosarino Fernando Whpei quien hoy está en prisión domiciliaria por distintas causas penales, una de ellas una extorsión a un par de agentes bursátiles en coordinación con el ex juez federal Marcelo Bailaque.
A Salmain ahora los fiscales federal Federico Reynares Solari y Juan Argibay Molina le imputarán cohecho pasivo agravado, vale decir haber cobrado o esperar cobrar un soborno por su gestión, agravado por ser magistrado. Lo que sospechan los acusadores es que la coima era del 10 por ciento de la ganancia, unos 200 mil dólares, a cambio de su fallo favorable. También están acusados el lobista del Poder Judicial Santiago Busaniche por haber intervenido en la maquinación de esta jugada, quien este miércoles se negó a declarar en su indagatoria por esto, y Whpei quien deberá pasar por el juzgado en 24 horas. A Salmain además del cohecho le van a atribuir el delito de prevaricato, que significa impulsar una resolución que se sabe injusta.
Respecto de esto último el escrito del BCRA contra el juez es demoledor. Sus abogados dicen que el juez comete todo tipo de irregularidades procesales al dictar una sentencia que no tiene fundamento. Lo más fuerte que dicen es que no está verificado el carácter genuino de la operación que Whpei pidió con la cautelar y a la que Salmain le dio curso. Y que no hay verosimilitud en el derecho invocado por el magistrado para sustentarla. Le están diciendo que lo que hizo es un mamarracho, un puro acto de fuerza, sin ninguna base de respaldo.
Fernando Whpei
Alegan que Salmain no le avisó al fiscal de la cautelar con la que impone al BCRA a vender los dólares para que defina si su decisión es pertinente. Que la resuelve a una velocidad inaudita en favor de Whpei. También que hace un análisis errado al otorgar la medida pasando por encima de la Carta Orgánica de la entidad en lo que respecta a dar acceso al mercado de cambios para la compra de moneda extranjera. Y que no se acredita que ninguna entidad autorizada por el Banco Central, como es condición, autorice a los fideicomisos de Whpei a cursar la operación.
Dice el BCRA que Salmain que se otorgó acceso al Mercado de Cambios, sin la conformidad previa del BCRA, que requiere la normativa para cursar pagos de servicios de capital e intereses de endeudamientos financieros con el exterior cuando el acreedor es una contraparte vinculada al deudor. Que el juez invirtió la carga de la prueba, poniendo en cabeza del Central la obligación de probar los argumentos de Whpei y no al revés.
Indican que la sentencia contraria lo dispuesto por la Ley de Medidas Cautelares y no repara en el incumplimiento de los recaudos previstos por la normativa legal vigente para admitir las medidas cautelares que se intentan contra el Estado, lo que lo vuelve un acto judicial inválido.
Se sospecha que los 10 millones de dólares comprados a precio oficial fueron vendidos al valor blue, lo que generó una suculenta ganancia. Lo que sospechan los investigadores es que la coima para el juez era del 10 por ciento de la ganancia, unos 200 mil dólares
En diciembre de 2023 Whpei pidió una medida cautelar innovativa para que autorice a Attila Fideicomisos SRL a acceder al mercado libre de cambios y utilizar los fondos en pesos del Fideicomiso privado Double True para comprar dólares estadounidenses, a vender por el Banco Central hasta completar la suma de 10 millones de dólares. Eso se hacía para cancelar financiamientos en moneda extranjera de «DB ACF Netherlands BV» de los Países Bajos, suscriptos en noviembre de 2018.
En menos de 24 horas, el 5 de diciembre de 2023 Salmain otorgó la cautelar sin haberle dado vista al fiscal que era lo pedido por el BCRA. Ese mismo día Whpei presentó un escrito para que se aclare una parte de la sentencia. Salmain lo hizo en menos de una hora, lo que los abogados del Central, irónicamente, llamaron una «Aclaratoria Express».
Lo más llamativo sucedió horas después cuando Whpei pidió que se le notificara la sentencia a Reca Compañía Financiera, que es la entidad que le daría acceso al mercado de cambios, lo que el juez libró 28 minutos después de ingresado su pedido. El BCRA le pidió que se abstuvieran de cumplir la sentencia hasta que quedara firme. Pero Salmain rechazó el reclamo. «las medidas cautelares resultan ser de cumplimiento inmediato», dijo.
La semana pasada, de modo unánime, la comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura resolvió que se analice en la comisión de Acusación que preside el senador Luis Juez esta medida cautelar con que Salmain ordenó al Central vender 10 millones de dólares al cambio oficial al fideicomiso Attila controlado por Whpei. Este trámite puede terminar en el juicio político y la destitución de Salmain.
Whpei, que desde el 7 de octubre declara como imputado colaborador u arrepentido, reveló toda esta trama de corrupción de la que él mismo forma parte y delató las razones verdaderas de la conducta de Salmain, que para los abogados del BCRA es incomprensible como acto jurídico.
Fuentes judiciales indican que el BCRA podría actuar como querellante por lo que está contenido en el descalificador texto que sus abogados redactaron contra el juez. Ahí le dicen que el otorgamiento de la cautelar «lesiona el interés público ya que afecta las reservas del país, que están destinadas a proveer estabilidad monetaria y financiera y al pago de los compromisos en moneda extranjera, tanto derivados del intercambio comercial, como de honrar el pago de la deuda externa, en contra de la limitación impuesta por el art. 9 de la Ley 26.854».
La Municipalidad de Villa Regina adhiere a la Resolución N° 4989 del Ministerio de Salud de Río Negro que dispuso extender las medidas sanitarias destinadas a contener los contagios de COVID-19 hasta el 16 de julio, inclusive. Se establecieron algunas modificaciones con respecto a las restricciones anteriores. Entre otras cosas, la cartera sanitaria provincial habilitó…
Mientras el discurso libertario insiste con la épica del outsider y el desprecio por el Estado, el gobierno de Milei sigue poblando ministerios con militantes mediáticos propios. Esta vez, el beneficiado es un joven panelista de streaming, surgido del riñón de Las Fuerzas del Cielo, que asegura no interesarse por los cargos pero termina, una vez más, cobrando del erario público.
Por Roque Pérez para NLI
La agrupación militante Las Fuerzas del Cielo, que tiene como principales referentes al propagandista Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”, y al diputado provincial Agustín Romo, suma un nuevo integrante dentro del Estado. Se trata de Nicolás Promanzio, panelista del canal de streaming Carajo y participante habitual de La Misa, el programa ultraoficialista que conduce Parisini.
Promanzio fue convocado por el teniente general Carlos Alberto Presti para incorporarse al Ministerio de Defensa, cartera que conduce tras la salida de Luis Petri. El propio streamer confirmó su desembarco, aunque evitó precisar funciones. “A partir de ahora voy a estar dando una mano y trabajando, no voy a profundizar en detalles”, dijo en La Letra Chica, el programa que conduce en Neura. Desde el oficialismo reconocieron que todavía no hay definición formal sobre su rol concreto.
De Rosario al Ministerio, sin escalas ni concursos
El nuevo funcionario libertario es oriundo de Rosario, Santa Fe, y se presenta como licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Austral. Como otros cuadros de Las Fuerzas del Cielo, Promanzio logró un acceso directo al círculo de poder: incluso tuvo ubicación privilegiada en la presentación de los aviones de combate F-16, adquiridos por el Gobierno a Dinamarca.
Fiel al libreto, Promanzio aseguró que “no le interesan los cargos”, pero que aceptó el llamado para colaborar con el objetivo de que “la Argentina vuelva a ser grande”, adaptación local del eslogan de Donald Trump que Milei repite como mantra. La frase resume, sin demasiados matices, la mezcla de nacionalismo retórico y subordinación cultural que atraviesa al mileísmo.
En La Misa, Promanzio suele encargarse de informes vinculados a Defensa o geopolítica. El ciclo, que se emite de lunes a viernes de 21 a 23, funciona como una usina de bajada de línea oficial. Con Parisini como figura central, el programa opera como un “6,7,8” libertario, aunque sin humor ni diversidad de voces: un espacio destinado a ordenar el discurso del núcleo duro de Milei y a fogonear el fanatismo digital.
Streaming, militancia y sueldos del Estado
Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, La Misa se consolidó como uno de los símbolos de la llamada “batalla cultural”. Allí se legitiman ataques a opositores, se desacredita al periodismo y se construye una narrativa épica que justifica cada ajuste. El propio Javier Milei visita con frecuencia los estudios de Carajo, ubicados en Palermo, donde dialoga en un clima distendido con sus propagandistas preferidos.
Por el programa también desfilan funcionarios en actividad, como el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez, apodado “El Profe”, encargado de mezclar citas históricas, afirmaciones grandilocuentes y consignas ideológicas.
La lista de militantes de Las Fuerzas del Cielo con cargos estatales es extensa: Juan Pablo Carreira, director nacional de Comunicación Digital; Lucas Luna, al frente de Intercargo; Nahuel Sotelo, que dejó la Secretaría de Culto para volver a la Legislatura bonaerense; y el propio Romo, jefe del bloque libertario en Buenos Aires. Todos predican el achicamiento del Estado mientras engrosan su nómina.
A ellos se suman figuras periféricas del streaming como “Piro”, sobrino de Carlos Pirovano, y el youtuber Mariano Pérez, fundador de Breaking Point. El patrón se repite: militancia digital, fidelidad absoluta y premio en forma de cargo.
El perfil empresario detrás del discurso antisistema
Detrás del relato juvenil y rebelde, el nuevo funcionario responde a un perfil bastante clásico. Promanzio, de 23 años recién cumplidos, proviene de una familia acomodada de Rosario, vinculada al mundo del rugby. Es hijo de Carlos Eduardo Promanzio y Mariela Verónica Guidoni. Junto a su padre y su hermano menor, es dueño de CEPRO S.R.L., una distribuidora de alimentos. Además, creó con su madre RADAR AUSTRAL S.R.L., un sitio de noticias de política internacional desde el cual comercializa merchandising militar por internet.
Nada demasiado disruptivo: empresa familiar, vínculos sociales sólidos y llegada directa al poder político. La diferencia es el envase: streaming, memes y consignas libertarias para justificar lo de siempre.
Con un escrito de la Fiscalía de Estado, el gobierno de Santa Fe recusó a última hora a cuatro ministros de la Corte Suprema provincial, que en forma inminente debe decidir sobre incidentes previsionales, iniciados luego de que Maximiliano Pullaro impulsara y lograra un cambio de la ley que fija retenciones sobre los haberes de pasivos del Poder Judicial. Los recusados son cuatro de los ministros con más edad del máximo tribunal.
El motivo esgrimido es que los recusados se encuentran en condiciones de recibir la jubilación, o ya la tramitaron. Según el planteo del Poder Ejecutivo, estaría comprometida su imparcialidad para resolver un caso que los tendrá en breve como beneficiarios.
Los apuntados son los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Rubén Weder. Los tres primeros, que anunciaron que se retiran el año que viene, tienen en curso el trámite jubilatorio desde hace tiempo. El último, que se incorporó este año al máximo tribunal, ya es jubilado y suspendió el beneficio al ser aprobado su pliego.
La ley jubilatoria de Pullaro provocó una oleada de protestas en empleados y funcionarios judiciales, que tuvo una de sus manifestaciones más expresivas en la movilización en la puerta de los Tribunales provinciales de Rosario, con un centenar de jueces para demostrar su contrariedad.
En 2024, la Legislatura de Santa Fe sancionó una ley previsional que entre otras cosas implementó un aporte solidario para jubilados con haberes superiores a cierto umbral (unos 3 haberes mínimos, alrededor de 1.533.171 pesos en diciembre 2025), que van del 2% al 6% según el monto. También estableció un tope jubilatorio máximo, equivalente a 20 haberes mínimos (cerca de siete millones de pesos), buscando equilibrar el sistema.
Los apuntados son los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Rubén Weder. Los tres primeros, que anunciaron que se retiran el año que viene, tienen en curso el trámite jubilatorio desde hace tiempo.
Estos dos planteos fueron objetados por muchos jubilados del Poder Judicial, por inconstitucionales. Jueces de primera instancia y camaristas de distintas jurisdicciones provinciales se pronunciaron de diferentes maneras y ahora muchos de los trámites los dirime la Corte de Santa Fe. Fue por esto que el gobierno provincial, a través de un dictamen del Fiscal de Estado de Santa Fe, Domingo Rondina, recusó este viernes a cuatro de los siete ministros de la Corte.
El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérez.
El tema no es solamente un pleito jurídico sino que fue desde el inicio de la discusión legislativa de la ley de una altísima litigiosidad política en Santa Fe. Desde distintos sectores del Poder Judicial y de los patrocinantes de los recursos indican que el planteo del gobierno es pobre desde lo conceptual y lo muestran como una jugada política. Aducen que todos los jueces serán jubilados algún día, por tanto no hay ningún magistrado que al resolver no disponga algo que lo incumbe directamente. No solo les concierne, dicen, a los que se jubilan de modo más inminente, como pasa con los cuatro ministros que se busca desplazar.
Pero además aluden a otro motivo técnico, por lo que arguyen el caso debe ser rechazado in límine. Indican que las recusaciones no pueden ser planteadas cuando el caso termina. Los impulsores debieron hacerlas no cuando el tema llegó finalmente a la Corte, sino cuando se constituyó el tribunal. Ahora, dicen, el tribunal está consentido.
Los planteos cuestionan, por un lado, el aporte previsional de emergencia y, por otro, los topes para haberes más altos, donde hay mucha jurisprudencia nacional sobre la intangibilidad de los haberes de magistrados, que corren tanto para los activos como para los pasivos.
«Un ministro de la Corte jubilado gana unos 14 millones de pesos. Con el tope pasa a ganar 7 millones. Eso no guarda racionalidad con los principios de la intangilibidad. Le baja el ingreso a la mitad», es el argumento.
En los despoblados tribunales rosarinos había furia. De los siete ministros de la Corte quedarán tres, que son Daniel Erbetta, Margarita Zabalza y Jorge Baclini, para resolver este diferendo. Se le deberán agregar cuatro conjueces. «Van a digitar todo para que salga un fallo para defender la ley del gobierno», masculló un juez que habló con LPO caliente como una estufa.
Un ministro de la Corte jubilado gana unos 14 millones de pesos. Con el tope pasa a ganar 7 millones. Eso no guarda racionalidad con los principios de la intangilibidad. Le baja el ingreso a la mitad.
Esto ocurre, además, cuando Pullaro presionó de manera manifiesta para desplazar a los tres ministros de la Corte que aún perduran y que ya cumplieron los 75 años de edad. Luego de una acción de fuerte exposición y desgaste, los ministros en cuestión -Spuler, Falistocco y Gutiérrez- anunciaron que se retiran entre septiembre y noviembre de 2026. El gobernador firmó hace dos días el decreto con los que postulará para reemplazarlos. Son tres ministros muy cercanos a su ideario político y el de su espacio de aliados.
Uno es el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde. Otro es Diego Maciel, que es el secretario legislativo del senador radical Felipe Michlig, el principal articulador del gobernador en la Cámara Alta. La restante es la abogada rosarina y jueza de faltas, Jorgelina Genghini, impulsada por Julián Galdeano, armador político del radicalismo y secretario de Vinculación Institucional del gobierno provincial, y por su hermano Lucas Galdeano, presidente del Colegio de Abogados de Rosario.
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