El viernes último se realizó el panel sensorial de sidra en las instalaciones de la Oficina de Turismo local.
Acompañando la reactivación productiva de la histórica Cooperativa La Reginense, la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina junto al Director de Vitivinicultura de Río Negro Marcelo Miras organizó un panel con profesionales y expertos en el análisis sensorial de bebidas fermentadas, que estuvo integrado por representantes de la Universidad de Río Negro, la Universidad del Comahue, INTI, INTA, enólogos y técnicos en alimentos. La actividad contó con la presencia del Intendente Marcelo Orazi y el Ministro de Producción y Agroindustria de la provincia Carlos Banacloy.
El objetivo fue realizar un análisis organoléptico de diferentes muestras de sidra con distintos grados de azúcar y agregados de aromatizantes para que La Reginense ofrezca al mercado productos de calidad. Durante la actividad, cada panelista debió completar una ficha de degustación con los descriptores encontrados para que la empresa tenga un sustento teórico y técnico a la hora de tomar la decisión sobre qué producto salir al mercado local y regional.
El panel se llevó a cabo con un número de personas determinado y bajo un estricto protocolo como son el ingreso con tarjeta, el control de temperatura y materiales individuales de trabajo.
Si de algo podemos fiarnos es de la solidaridad con la que orgullosamente podemos contar cuando la necesidad se vuelve «primer plano». Está claro que no todo se resuelve con movilizaciones solidarias, pero cada vez que alguien se propone a colaborar por una causa en común, el pueblo se hace presente. Hace dos años atrás…
Hoy miércoles la Gobernadora Arabela Carreras y el Intendente Marcelo Orazi encabezarán el acto de apertura de sobres de la obra ‘Ejecución de infraestructura para la provisión de servicios al loteo Barazzutti’ en el marco del plan provincial ‘Suelo Urbano’. Se realizará a las 14 horas en el Galpón de las Artes. La obra contempla…
La Justicia volvió a frenar el intento de Milei de perseguir y silenciar a la prensa crítica. Tras el sobreseimiento del periodista Nicolás Lantos, ahora el mandatario deberá pagar más de 5,6 millones de pesos en honorarios. La derrota judicial expone, una vez más, la estrategia oficial de judicializar la disidencia.
Por Celina Fraticiangi para NLI
Una derrota judicial que desnuda el método Milei
La Justicia determinó esta semana que Milei deberá abonar $5.646.480 en concepto de honorarios a los abogados de Nicolás Lantos, periodista de El Destape, a quien había denunciado por “calumnias e injurias” en julio de este año. Lantos fue sobreseído el 9 de octubre, cuando un fallo contundente derribó la acusación presidencial y confirmó que uno de los símbolos señalados en sus artículos estaba efectivamente vinculado al nazismo.
Se trata de una nueva caída de Milei en Tribunales después de meses de arremetidas contra periodistas críticos. La presentación contra Lantos se daba en el marco de una seguidilla de denuncias cuyo objetivo evidente era censurar y disciplinar al periodismo opositor, una estrategia que Noticias La Insuperable viene registrando y denunciando en distintas coberturas.
La ofensiva contra Lantos y el discurso extremista
La denuncia contra Nicolás Lantos surgió a partir de un comentario editorial del 16 de mayo, donde el periodista analizaba la relación entre la retórica de La Libertad Avanza y los discursos de odio de la extrema derecha global. Allí advertía que Milei alimentaba una narrativa que “pone en riesgo la convivencia y los derechos en Argentina”.
Lantos remarcó la doble vara del mandatario: mientras acusaba a periodistas de difamación, él mismo desplegaba un lenguaje cargado de descalificaciones y referencias simbólicas vinculadas a la ultraderecha. Más tarde, en un artículo posterior, sostuvo que Milei lleva adelante “una estrategia que combina autoritarismo, persecución y manipulación social para consolidar un proyecto profundamente antidemocrático”.
La Justicia le dio la razón. En la resolución del sobreseimiento se detalló que el símbolo “1488” —cuestionado por Lantos en sus textos— es una referencia numérica de la supremacía blanca, reconocida por organizaciones como La Liga Antidifamación. Esto derribó por completo la denuncia presidencial.
El ataque sistemático a la prensa crítica
La ofensiva de Milei no empezó con Lantos. Antes había acusado a Ari Lijalad de violar la IHRA por una nota donde el periodista advertía sobre los peligros de banalizar el Holocausto y promover discursos de odio desde el poder. A las pocas semanas, el Presidente apuntó también contra Jorge Rial, Fabián Doman y Mauro Federico, todos señalados por supuestas “calumnias e injurias”.
Incluso figuras que no pueden considerarse opositoras, como Viviana Canosa y Carlos Pagni, terminaron alcanzadas por la agresiva cruzada judicial del mandatario.
El caso Lijalad fue especialmente ilustrativo: el periodista había publicado una columna titulada “Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi”, donde advertía que el gobierno impulsa “un proceso de incitación al odio y la violencia contra quienes piensan distinto”. Tanto el juez Daniel Rafecas como la fiscal Paloma Ochoa concluyeron que no existía delito. La fiscal recordó que se trataba de un tema de interés público, lo que otorga una protección reforzada a la labor periodística frente a intentos de censura estatal.
Un patrón preocupante
Los reveses judiciales de Milei no detienen su método: acusar, intimidar, perseguir, y luego obligarse a retroceder cuando la Justicia confirma que no hay delito. Pero el daño ya está hecho: se instala el miedo, se fuerza al periodista a defenderse, se busca limitar el debate público.
La decisión que obliga a Milei a pagar más de 5 millones de pesos es más que una derrota personal: es una advertencia institucional. La Justicia le recordó al Gobierno que la libertad de expresión no se negocia y que el poder político no puede usar los tribunales como arma para disciplinar a quienes investigan, opinan o cuestionan.
En un país donde la democracia se sostiene sobre la pluralidad de voces, la avanzada judicial del mandatario no es un hecho aislado: es un síntoma de un proyecto que, bajo el relato libertario, avanza sobre derechos básicos. Esta vez no le salió gratis.
Raramente la Filosofía habló a través de la fragilidad del filósofo o la filósofa. A la inversa, su nombre nos ha conducido hacia el amor por la sabiduría (filo-sofía), casi de una manera desinteresada o puramente abstracta. Pero nuestras vidas penden de un hilo, y si nos ocurrió una catástrofe, una pérdida, un accidente o…
En una jugada que vuelve a beneficiar a quienes manejan dinero no declarado, el Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley de “Principio de Inocencia Fiscal”, una reforma profunda del Régimen Penal Tributario que reduce controles, acorta plazos de investigación y prácticamente elimina la necesidad de justificar consumos personales.
Por Roque Pérez para NLI
El oficialismo volvió a mover el tablero impositivo: la iniciativa enviada al Congreso busca transformar el Régimen Penal Tributario, hoy central en la persecución de la evasión, para reemplazarlo por un esquema con umbrales mucho más altos, plazos más cortos y un régimen a medida para quienes manejan dólares no declarados.
Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto tiene un objetivo explícito: “inyectar” al mercado los dólares que la gente guarda sin declarar, reduciendo así la posibilidad de investigaciones penales y facilitando el uso corriente de ese dinero. En otras palabras, un blanqueo encubierto que premia al evasor mientras recorta recursos del Estado.
Un proyecto que cambia las reglas del juego
El texto, bautizado como “Principio de Inocencia Fiscal”, establece cinco reformas clave:
1. Aumento monumental del umbral para investigar evasión
La reforma pega directamente en el corazón del Régimen Penal Tributario. Los montos mínimos para iniciar una causa penal se disparan a niveles inéditos:
Evasión simple: pasa de $1,5 millones a $100 millones.
Evasión agravada: sube de $15 millones a $1.000 millones.
Con estos cambios, un universo enorme de contribuyentes quedaría automáticamente fuera de cualquier riesgo penal, tomando como piso cifras imposibles de alcanzar para la mayoría de los evasores comunes.
2. Prescripción recortada: de 5 a 3 años
Otro beneficio directo: el Estado, a través de ARCA, tiene solo 3 años para reclamar impuestos omitidos o iniciar denuncias, en lugar de los 5 actuales.
Un plazo más corto significa menos tiempo para investigar, menos causas y más margen para que los incumplimientos prescriban sin consecuencias.
3. Régimen especial para los “dólares bajo el colchón”
Uno de los puntos más polémicos: se crea un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias para personas con ingresos menores a $1.000 millones y patrimonio inferior a $10.000 millones. Dentro de este sistema:
Ya no será obligatorio justificar consumos personales.
Las personas podrán usar dinero no declarado sin riesgo de que ARCA les exija demostrar de dónde proviene.
Es, en la práctica, una invitación a mover plata negra con total libertad.
4. Menos denuncias penales si se paga a tiempo
El proyecto establece que ARCA no formulará denuncias penales si la persona cancela la deuda antes de que se realice la presentación judicial. Además, si paga todos los impuestos adeudados más intereses y un recargo del 50% dentro de los 30 días del inicio de la investigación, tampoco enfrentará consecuencias penales.
Es decir: pagar después es más barato que cumplir siempre.
5. Multas formales mucho más altas
Para compensar —según el propio texto— la reducción de controles, el proyecto incrementa notablemente las multas por incumplimientos formales.
No presentar declaración jurada:
Personas: sube de $200 a $220.000.
Sociedades: pasa a $440.000.
Aunque el aumento suena impactante, estos montos no reemplazan la capacidad investigativa perdida, ni compensan la relajación penal incluida en el resto del proyecto.
El paquete, presentado como una modernización, representa otro paso en la estrategia del Gobierno de favorecer la desregulación tributaria, premiar el uso de fondos no declarados y despejar del horizonte judicial a grandes evasores.
Mientras Milei continúa recortando recursos al Estado y reduciendo controles, la “inocencia fiscal” aparece como un nuevo paraguas para quienes más tienen y menos aportan.
La Secretaria de Desarrollo Social Luisa Ibarra y el Director de Ambiente y Desarrollo Sustentable Hugo Curzel visitaron la localidad de Chelforó para interiorizarse sobre el funcionamiento del invernadero escuela que se enmarca en el programa ‘Miles de oportunidades’. El mismo es impulsado por el Gobierno de Río Negro en conjunto con el programa Pro…
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