El viernes último se realizó el panel sensorial de sidra en las instalaciones de la Oficina de Turismo local.
Acompañando la reactivación productiva de la histórica Cooperativa La Reginense, la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina junto al Director de Vitivinicultura de Río Negro Marcelo Miras organizó un panel con profesionales y expertos en el análisis sensorial de bebidas fermentadas, que estuvo integrado por representantes de la Universidad de Río Negro, la Universidad del Comahue, INTI, INTA, enólogos y técnicos en alimentos. La actividad contó con la presencia del Intendente Marcelo Orazi y el Ministro de Producción y Agroindustria de la provincia Carlos Banacloy.
El objetivo fue realizar un análisis organoléptico de diferentes muestras de sidra con distintos grados de azúcar y agregados de aromatizantes para que La Reginense ofrezca al mercado productos de calidad. Durante la actividad, cada panelista debió completar una ficha de degustación con los descriptores encontrados para que la empresa tenga un sustento teórico y técnico a la hora de tomar la decisión sobre qué producto salir al mercado local y regional.
El panel se llevó a cabo con un número de personas determinado y bajo un estricto protocolo como son el ingreso con tarjeta, el control de temperatura y materiales individuales de trabajo.
Un fallo federal le puso un límite al intento del Ejecutivo de vaciar la ley de financiamiento universitario. La Justicia ordenó aplicar de inmediato la norma votada por el Congreso y dejó sin efecto el decreto con el que Milei buscó congelar salarios docentes y becas estudiantiles.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La ofensiva del Gobierno nacional contra el sistema universitario recibió este martes un golpe judicial de peso. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y suspendió, de forma cautelar, el decreto con el que la gestión libertaria había intentado frenar la actualización salarial de docentes y la recomposición automática de las becas.
La decisión fue adoptada por el juez Martín Cormick, en el marco de una acción de amparo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario, que denunciaron el vaciamiento de una ley aprobada por el Congreso y ratificada tras la insistencia legislativa de ambas cámaras.
Un decreto para vaciar una ley
En su resolución, el magistrado declaró inaplicable el decreto 759/2025 en el tramo en el que condicionaba la ejecución de la ley 27.795 a que el Congreso definiera previamente las fuentes de financiamiento. Para la Justicia, ese argumento no solo carece de sustento jurídico sino que constituye, en esta etapa del proceso, una conducta arbitraria y contraria a la Constitución.
Cormick fue explícito: una vez que el Congreso insiste con una ley —tal como lo prevé el artículo 83 de la Constitución Nacional— el Poder Ejecutivo no puede introducir variantes suspensivas ni condicionamientos encubiertos a través de normas de jerarquía inferior. En otras palabras, Milei no puede vetar por decreto lo que el Parlamento ya resolvió por amplia mayoría.
Salarios licuados y derechos vulnerados
El fallo hace lugar a la medida cautelar y ordena al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de las partidas destinadas a salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles. La medida regirá hasta que se dicte sentencia definitiva.
En sus fundamentos, el juez advirtió que el incumplimiento de la ley genera “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, al remarcar la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios. Según señaló, esa situación vulnera derechos laborales protegidos tanto por la Constitución como por tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.
Pero el alcance del daño no se agota en los bolsillos. Cormick subrayó que el deterioro salarial afecta de manera directa el derecho a enseñar y a aprender, pilares básicos del sistema universitario público que el Gobierno viene atacando desde el inicio de su gestión.
El falso argumento del “ahorro fiscal”
La resolución también desmonta uno de los principales argumentos del Ejecutivo: el supuesto interés público asociado al ajuste. Para el juez, el eventual ahorro fiscal que implicaría no aplicar la ley es marginal, con un impacto estimado en apenas el 0,23 % del PBI, una cifra insignificante frente al daño estructural que provoca el desfinanciamiento de las universidades.
En ese sentido, el fallo advierte que el decreto cuestionado podría vulnerar el principio de división de poderes, al intentar subordinar la vigencia de una ley del Congreso a la discrecionalidad del Ejecutivo. Un esquema que, de consolidarse, abriría la puerta a un vaciamiento sistemático del rol del Parlamento.
Un límite judicial al ajuste
Si bien el juez aclaró que la cautelar se dicta en una etapa preliminar y no implica adelantar opinión sobre el fondo del asunto, consideró plenamente acreditados los requisitos legales para ordenar el cumplimiento inmediato de la ley.
La decisión judicial vuelve a poner en evidencia que el plan de ajuste del Gobierno no solo choca con la resistencia social y académica, sino también con los límites constitucionales. Esta vez, fue la Justicia la que recordó que las universidades no se gobiernan por decreto y que las leyes votadas por el Congreso están para cumplirse.
La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina comenzó la semana pasada con trabajos de limpieza general del tramo de la ruta nacional 22, comprendido entre calle Pioneros hasta Moño Azul. Las tareas abarcan tanto el sector norte como el sur. El cronograma de trabajo establece que una vez realizada la…
Mario Secco proclamó a Axel Kicillof como el candidato a la presidencia del peronismo y el gobernador que estaba a su lado aplaudió con energía esa propuesta. «El gobernador fue claro: termina esta campaña y empieza la nueva. Axel Kicillof 2027», dijo el intendente de Ensenada.
No es la primera vez que los intendentes más cercanos a Kicillof lo promueven como candidato presidencial, pero es la primera que el gobernador aplaude con fuerza frente a la arenga. Una manera -indirecta por ahora- de reconocer su candidatura.
Kicillof participó del cierre de la asamblea del Frente Grande Nacional, en la facultad de Psicología de la Universidad de La Plata.
El video circuló con fuerza este sábado en las redes. Es que ocurre en momentos de máxima tensión dentro del peronismo por las diferencias en Fuerza Patria para aprobar la autorización de endeudamiento por USD 3.035 millones que el gobernador envió a la Legislatura.
El viernes la sesión volvió a fracasar por diferencias con la oposición pero también hacia el interior del peronismo. Trascendió una foto que revela cuando Sergio Massa instruye a Alexis Guerrera y al camporista Facundo Tignanelli a convocar a una sesión de inmediato antes del recambio legislativo del 10 de diciembre.
El pedido de endeudamiento está trabado y las diferencias están tanto con la oposición como hacia el interior del peronismo. La Cámpora y el massismo sostienen que están los votos de todo el bloque peronista. Sin embargo, en el entorno de Kicillof aseguran lo contrario. «Los votos no están», dijo a LPO una fuente muy cercana al gobernador.
Como sea, la nueva conducción del Frente Grande generó algunas diferencias hacia el interior del partido. Es que integrantes de ese armado denunciaron que el «proyecto personalista» de Secco dejó afuera de la mesa nacional a cinco de los 12 distritos oficiales.
«Lejos de alcanzarse un consenso alrededor de la propuesta de trabajar para la unidad del campo popular, Secco mantuvo su posición contraria provocando la exclusión de CABA, Córdoba, Tucumán, Salta y Catamarca», dice un comunicado enviado por las provincias que quedaron afuera.
Horacio Viqueira (secretario general de Córdoba), José Vitar (presidente del Frente Grande de Tucumán), Elia Fernández (secretaria General de Salta), Aníbal Ibarra (ex Jefe del Gobierno porteño), Eduardo Sigal (ex susecretario de Integración Económica Americana y Mercosur de la Cancillería), Ariel Basteiro (ex embajador en Bolivia), Carlos Raimundi (ex embajador en la OEA), Pedro Wasiejko (ex presidente de Astillero Río Santiago) y Pablo Micheli (ex Secretario General CTA y ATE) rechazaron el manejo de Secco durante el congreso partidario.
El Consejo de Administración de la Fundación Miradas…por una pedagogía en y para la diversidad (pers. Jurídica Nro. 3286) y el organizador comunican que debido a la situación (hecho fortuito y extraordinario) de pandemia mundial por Covid 19 y actuando en consonancia con las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno nacional por el decreto (DNI)…
El gobierno de Javier Milei avanza en un plan integral de ajuste del Inta y entre sus objetivos centrales está el remate de 42 mil hectáreas de distintas estaciones experimentales y un drástico recorte de programas, centros y agencias.
Según se expone en un documento de las últimas reuniones del Consejo Directivo del organismo que circula en las entidades del campo y al que tuvo acceso LPO, el Gobierno también buscará avanzar con un shock de retiros voluntarios para reducir la dotación.
Ante eso, los gremios del Inta protestarán frente a la sede central este jueves, en paralelo a la última sesión del año del Consejo Directivo, momento en el que -creen en los sindicatos- «se avanzará fuertemente en el desguace y la liquidación».
El texto que alarma a los trabajadores y técnicos del organismo plantea modificaciones del Reglamento de Estructura del Inta a partir del recorte de 11 centros regionales, el cierre de 293 agencias y la eliminación de 82 programas.
En noviembre de 2024, LPO reveló un documento que especificaba la intención de vender 24 campos experimentales que, en total, sumaban 27 hectáreas. Ahora, ese número creció, semanas después de que técnicos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) realizara mediciones en predios del Inta.
Se buscará reducir los programas nacionales activos de los actuales 134 a 52. En varios se proyectan fusiones y en otros directamente se plantea el cierre. Un caso paradigmático es el desmantelamiento de los 19 programas de Agricultura Familiar
En concreto, la avanzada inicial sería sobre 17 hectáreas que califican «en desuso, sin fines de experimentación ni producción». En tanto que se analizarán otras 25 mil hectáreas «en uso pero pasibles de ser desafectadas».
Como había contado LPO, buena parte de los campos del Inta que el Ejecutivo busca comercializar radican en la provincia de Buenos Aires (Balcarce, Pergamino, Maipú, Ayacucho, Villarino, Puan y San Pedro). También, en Córdoba (Marcos Juárez, Río Segundo), Entre Ríos (Paraná y Concepción del Uruguay) y Santa Fe (Rafaela y Reconquista).
Por otro lado, se buscará reducir los programas nacionales activos de los actuales 134 a 52. En varios se proyectan fusiones y en otros directamente se plantea el cierre.
Un caso paradigmático es el desmantelamiento de los 19 programas de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, ya que el Gobierno los considera de «escaso impacto productivo».
También se planifica derogar los dos programas que se desarrollaban en la Estación del AMBA, que el Gobierno decidió cerrar y donde envió técnicos de AABE a medir terrenos.
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