Durante la jornada de este jueves, personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina trabajó en la limpieza de cámaras de la red cloacal en distintos puntos de la ciudad.
Para llevar adelante esta tarea se contó con el camión vactor desobstructor de la empresa ARSA, razón por la cual el Municipio agradece su colaboración.
La posibilidad de contar con esta maquinaria posibilitó desplegar un intenso trabajo en diferentes zonas como barrios 25 de Mayo, Nuevo, Belgrano, Don Bosco, Antártida, calles Alberdi, 20 de Junio y el denominado Kilómetro de Nardini.
Cabe destacar que la limpieza en las cámaras es fundamental para mejorar el tránsito del líquido cloacal y así optimizar el funcionamiento de la red.
Sin embargo, también es importante reiterar el pedido de colaboración a la población para evitar que arrojen elementos al sistema cloacal que pueden obstaculizar e incluso provocar graves inconvenientes en la red.
La Universidad del Comahue adhiere a ‘Vendimia Celebra 2021’ con dos propuestas imperdibles. Por un lado acerca a la comunidad 4 recetas para maridar con vinos regionales. En la publicación encontrarán los ingredientes necesarios y a partir del viernes podrán seguir los videos explicativos de los procedimientos para disfrutar de platos únicos de la mano…
Crece la tensión política en Morón a la par de un escándalo que toca de cerca a la gestión de Lucas Ghi, que será interpelado en el Concejo por el caso que involucra a Luna Ortigoza, ahora ex funcionaria del área de Género local a la que días atrás le allanaron la casa y le encontraron un ladrillo de más de medio kilo de cocaína.
Acusada de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego, Ortigoza permanece prófuga. Al trascender el hecho, la gestión Ghi informó la «inmediata la desvinculación» de la funcionaria.
El hecho se suma al caso de Karen Cufré, ex funcionaria de Seguridad municipal que fue detenida, acusada de integrar la banda de extorsionadores que operaba desde la cárcel de Magdalena y que se vincula al suicidio del soldado en la Quinta de Olivos.
«Morón atraviesa una de las crisis institucionales, éticas y de seguridad más profundas de su historia reciente», señala el proyecto de interpelación
En ese marco, este jueves la oposición en el Concejo avanzó con el pedido de interpelación a Ghi al lograr los dos tercios para su tratamiento sobre tablas a partir del apoyo del bloque de Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella, lo que representó una nueva foto de la ruptura total del panperonismo de Morón.
El proyecto de interpelación habla de una «gravísima situación institucional» y recuerda que, el de Ortigoza es «el segundo escándalo penal en el último año que involucra a personal municipal.
Entre los puntos a interpelar a Ghi aparece su «responsabilidad política y funcional» en el caso y si, luego del Caso Cufré, la comuna implementó algún mecanismo preventivo, alertas tempranas, filtros de idoneidad y/o si tomó acciones judiciales.
«Morón atraviesa una de las crisis institucionales, éticas y de seguridad más profundas de su historia reciente», señala el proyecto impulsado por los bloques opositores, que acusaron a la gestión Ghi de intentar «minimizar» el caso «con un tibio comunicado de prensa».
En sus canales oficiales de comunicación, la gestión municipal manifestó que lo hallado en el domicilio de Ortigoza fue en el marco de «allanamientos impulsados desde la Secretaría de Seguridad». En tanto, cerca de la comuna señalaron que el pedido de interpelación responde a intereses «políticos».
La ahora ex funcionaria prófuga es vinculada al armado que en Morón Sur (barrios San Juan y Santa Rosa) despliega Rogelia Franco, madre de la jefa de Gabinete de Ghi, Estefanía «Toffi» Franco, de fuerte ascendencia en el intendente e impulsora de un armado luquista puro, Primero Morón.
Ante eso, en la oposición se hacen preguntas sobre la relación que puede tener un allanamiento impulsado por la comuna y una funcionaria municipal que estaba ausente al momento del operativo y que permanece prófuga.
Como sea, este episodio vino a recrudecer la ya detonada relación entre Nuevo Encuentro y Ghi.
En una encendida intervención, el jefe del bloque sabbatellista, Diego Spina acusó a Ghi de nombrar en el gabinete a dirigentes PRO y, en el caso de Género, dijo que el «equipo de profesionales» de Nuevo Encuentro fue corrido para poner a funcionarias como Ortigoza.
«Hablaron de su idoneidad, y que incluso había hecho masters en género, pero en el movimiento feminista nadie la conoce y no tiene ningún estudio hecho», sostuvo.
Y agregó: «Antes, fue nombrada en Género Laura De Peri, una funcionaria corrupta del departamento judicial. La fueron a buscar para garantizar la impunidad de los varones golpeadores y para hacer intervenciones espurias ante el Departamento Judicial de San Isidro y de Morón. Ella la trajo a esta funcionaria».
Cerca de Martín Sabbatella señalaron a LPO que Ortigoza militó en Nuevo Encuentro en Morón sur y que se quedó con Ghi con la ruptura. Es con ese corte que Ortigoza pasa de un puesto de empleada a un cargo de directora en el área de Género.
En el sabbatellismo analizan que, al desprenderse «tan rápida y violentamente» de la estructura de Nuevo Encuentro, Ghi fue construyendo un marco político a partir otras estructuras. «Ahí, se metió todo», dicen.
La ahora ex funcionaria prófuga es vinculada al armado que en Morón Sur (barrios San Juan y Santa Rosa) despliega Rogelia Franco, madre de la jefa de Gabinete de Ghi, Estefanía «Toffi» Franco, de fuerte ascendencia en el intendente e impulsora de un armado luquista puro, Primero Morón.
Frente a eso, en Nuevo Encuentro acusan «operaciones» que intentan ligar a Ortigoza con el sabbatellismo. «Este Gobierno está lleno de traidores que antes eran de Nuevo Encuentro y se fueron. No me vengan a hablar de operaciones políticas, no le tenemos miedo a nada, tenemos la conciencia tranquila, queremos que se sepa la verdad», dijo Spina.
Con vehemencia, el concejal y mano derecha de Martín Sabbatella trazó diferencias en cuanto a cómo la gestión Ghi abordó los casos de Cufré y Ortigoza, por un lado, y el caso de Hernán Sabbatella (denunciado por violencia de género), por el otro.
Alineado a Ghi y peleado con su hermano, Hernán Sabbatella (por entonces secretario de Legal y Técnica local) fue alejado de la gestión con licencia por tiempo indeterminado, hasta que se esclarezca el caso.
«De las dos chicas sí dieron los nombres inmediatamente y al secretaria de Legal y Técnica salieron a decir que lo corrían con licencia especial, flor de licencia con goce de haberes, que además no está firmada», dijo Spina.
Los varoncitos, los que tienen el pito parado, siguen gozando de la impunidad de un gobierno que se hizo abiertamente de derecha, por eso votamos esta interpelación y esperamos que mañana no venga ningún farsante derechoso a dar la cara acá, que venga el intendente
Y se preguntó: «¿Cuál es la licencia que le dieron para que el día de hoy siga cobrando más de 3 millones de pesos un funcionario que por ser varón no lo corrieron de la gestión?»
En esa línea, apuntó: «Los varoncitos, los que tienen el pito parado, siguen gozando de la impunidad de un gobierno que se hizo abiertamente de derecha, por eso votamos esta interpelación y esperamos que mañana no venga ningún farsante derechoso a dar la cara acá, que venga el intendente».
En el sabbatellismo analizan que, al desprenderse «tan rápida y violentamente» de la estructura de Nuevo Encuentro, Ghi fue construyendo un marco político a partir otras estructuras. «Ahí, se metió todo», dicen.
Por eso, creen que escándalos de este calibre pueden llegar a repetirse. «Al lotear el municipio lo que perdió es control sobre la estructura. Corre el riesgo de que se le desbande todo», analizan.
La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina solicita a los vecinos hacer un uso correcto de los Puntos Limpios distribuidos en distintos sectores de la ciudad. Al respecto, se recuerda que en estos contenedores se depositan, por separado: papel y cartón; plásticos; metal y vidrio. En los Puntos Limpios…
La escena se repite cada vez con más frecuencia y expone una realidad alarmante. Este mediodía, estudiantes que intentaban viajar con el boleto estudiantil secundario en la línea 8 recibieron una respuesta tan contundente como preocupante: «No hay más secundario», les dijo el chofer del interno 722. A partir de allí, los jóvenes quedaron ante una disyuntiva imposible: pagar una tarifa que muchos no pueden afrontar o descender de la unidad y perder la posibilidad de llegar a la escuela o retornar a sus hogares.
Por Tomás Palazzo para NLI
El episodio no aparece como un hecho aislado. Según denuncian usuarios y familias, situaciones similares comienzan a multiplicarse en distintas líneas de transporte, en un contexto marcado por el aumento permanente de los combustibles, la crisis financiera que atraviesa el sector y la reducción de la asistencia estatal. Sin embargo, detrás de cada estudiante obligado a pagar o a bajarse de un colectivo existe una pregunta de fondo: ¿quién debe garantizar el acceso a la educación, las empresas privadas o el Estado?
Cuando la crisis la pagan los estudiantes
El boleto estudiantil no es un beneficio comercial ni una concesión graciosa de las empresas. Se trata de una herramienta destinada a garantizar el acceso a la educación pública, evitando que el costo del transporte se transforme en una barrera para miles de familias trabajadoras.
Cuando una empresa decide desconocer ese derecho o limitar su aplicación, el impacto no recae sobre balances empresariales ni sobre funcionarios. Lo sufren directamente los estudiantes. Cada viaje que deja de estar cubierto implica un gasto adicional para hogares que ya enfrentan aumentos constantes en alimentos, tarifas, alquileres y servicios.
La consecuencia es tan sencilla como brutal: estudiar se vuelve más caro. Y cuando la educación pública comienza a incorporar costos que antes estaban garantizados por políticas estatales, quienes terminan pagando son los sectores populares.
La situación remite inevitablemente a una larga historia de luchas estudiantiles. El reclamo por el boleto estudiantil forma parte de una tradición de organización juvenil que tuvo uno de sus capítulos más trágicos durante la dictadura con la recordada Noche de los Lápices, cuando estudiantes secundarios fueron secuestrados, torturados y desaparecidos tras participar, entre otras reivindicaciones, de la defensa de ese derecho. Por eso, cada retroceso en esta materia tiene una carga simbólica que trasciende la discusión económica.
El Estado se corre y los derechos quedan a merced de privados
La situación también expone una tendencia cada vez más visible durante la gestión de Milei: la retirada del Estado de áreas sensibles y la transferencia de responsabilidades públicas hacia actores privados.
Desde NLI ya habíamos advertido sobre este fenómeno el pasado 26 de mayo, cuando se conoció la eliminación de compensaciones para los pasajes gratuitos de personas con discapacidad, en una decisión que no tuvo la trascendencia necesaria ni la dimensión esperada, oculta tras el mando de discusiones internas o Declaracines Juradas no presentadas. En aquel caso, el Gobierno dejó de financiar una política pública y trasladó la carga económica a las empresas, convirtiéndolas de hecho en administradoras de un derecho que debería estar garantizado por el Estado.
Ahora el mecanismo parece repetirse. Mientras el transporte enfrenta aumentos de costos y problemas de financiamiento, los controles estatales brillan por su ausencia y los usuarios quedan atrapados en el medio. En lugar de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos adquiridos, el Gobierno parece optar por correrse y dejar que cada empresa resuelva la situación como considere conveniente.
El resultado es previsible: cuando los números no cierran, quienes primero sufren las consecuencias son los sectores más vulnerables.
Un nuevo golpe contra la educación pública
La negativa a reconocer el boleto estudiantil no puede analizarse únicamente como un conflicto de transporte. También constituye un nuevo capítulo en el deterioro de las condiciones de acceso a la educación pública.
Durante los últimos meses, estudiantes, docentes y universidades protagonizaron múltiples reclamos frente a recortes presupuestarios, pérdida salarial y reducción de programas de asistencia. Ahora, a ese escenario se suma la incertidumbre sobre una herramienta fundamental para que miles de jóvenes puedan asistir a clases.
Detrás de cada estudiante obligado a pagar un pasaje que antes estaba cubierto existe una definición política. Porque cuando el Estado abandona su rol de garante y permite que derechos básicos queden sujetos a la capacidad económica de empresas privadas, lo que está en discusión ya no es solamente una tarifa de colectivo. Lo que está en juego es la igualdad de oportunidades.
Y una vez más, quienes terminan soportando el peso del ajuste son aquellos que menos tienen y más necesitan de la presencia estatal para ejercer derechos que deberían estar fuera de cualquier discusión.
La pauta publicitaria es el dinero que un gobierno le paga a un medio para difundir las acciones del Estado. Al no estar regulado, el reparto de la pauta oficial es utilizado como un sistema de premios y castigos. La provincia de Río Negro es un caso paradigmático. ¿Por qué es un problema? Principalmente porque…
Con el color y la alegría de las distintas colectividades que desplegaron en el polideportivo Cumelen su música, danza y gastronomía, comenzó el sábado la XVI Fiesta del Inmigrante, segunda de carácter provincial. La celebración tuvo su acto de apertura encabezado por el Intendente Marcelo Orazi, acompañado por los legisladores Marcela Ávila, Silvia Morales y…
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