Durante la jornada de este jueves, personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina trabajó en la limpieza de cámaras de la red cloacal en distintos puntos de la ciudad.
Para llevar adelante esta tarea se contó con el camión vactor desobstructor de la empresa ARSA, razón por la cual el Municipio agradece su colaboración.
La posibilidad de contar con esta maquinaria posibilitó desplegar un intenso trabajo en diferentes zonas como barrios 25 de Mayo, Nuevo, Belgrano, Don Bosco, Antártida, calles Alberdi, 20 de Junio y el denominado Kilómetro de Nardini.
Cabe destacar que la limpieza en las cámaras es fundamental para mejorar el tránsito del líquido cloacal y así optimizar el funcionamiento de la red.
Sin embargo, también es importante reiterar el pedido de colaboración a la población para evitar que arrojen elementos al sistema cloacal que pueden obstaculizar e incluso provocar graves inconvenientes en la red.
El Secretario de Coordinación Ariel Oliveros participó este jueves de la entrega de insumos a establecimientos educativos de la ciudad que fueron adquiridos a partir del convenio que la Municipalidad firmó con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro. En este caso, CEM Nº83, la Escuela Primaria N° 265 y la Escuela…
Representantes de la comunidad científica en el directorio del Conicet salieron a cuestionar la decisión del Gobierno de eliminar convocatorias clave de financiamiento y alertaron que sin inversión pública sostenida no hay desarrollo científico posible.
Por Alina C. Galifante para NLI
La tensión entre el Gobierno y el sistema científico argentino sumó esta semana un nuevo capítulo. Cinco integrantes del directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), en representación de las áreas de estudio y del Consejo de Universidades, firmaron un documento en el que rechazan la eliminación de la convocatoria a los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) y defienden el financiamiento público de la ciencia.
En el texto expresaron su “profunda preocupación” por una serie de medidas que consideran gravísimas: la anulación de las convocatorias PICT 2022 ya adjudicadas, el cierre de la convocatoria PICT 2023 y el anuncio de una nueva modalidad que, según denuncian, desconoce a amplias áreas del conocimiento y excluye particularmente a la investigación en ciencia básica.
El pronunciamiento no fue acompañado por los otros tres miembros del directorio que representan al agro, la industria y las provincias. No por desinterés, aclaran los firmantes, sino porque el documento nació como un eco directo de la alarma que recorre hoy a investigadores, becarios y equipos científicos frente al futuro inmediato de su trabajo en Argentina.
Fondos básicos, investigación paralizada
El sociólogo Mario Pecheny, representante del área de Ciencias Sociales y Humanidades en el directorio, explicó que desde 2023 no se abrían nuevas convocatorias PICT y que la última, prorrogada durante meses, fue finalmente cancelada esta semana. En declaraciones al diario Página/12, detalló que los fondos destinados al grueso de los proyectos de investigación de todo el país quedaron directamente sin convocatoria.
La situación es especialmente grave porque esa última convocatoria había sido evaluada y adjudicada. Es decir, los proyectos ya estaban aprobados, pero nunca llegaron los recursos. El resultado es inmediato: investigadores, equipos universitarios y el propio Conicet se quedan sin insumos, sin infraestructura y sin posibilidades materiales de investigar.
Los PICT se financian a través de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), que históricamente funcionó como la principal fuente de recursos para la investigación científica. Mientras los salarios —magros y atrasados— los pagan el Conicet o las universidades, es la agencia la que permite sostener los gastos reales de investigar: equipos, materiales, viajes, trabajo de campo y funcionamiento cotidiano de los laboratorios.
Pecheny subrayó además que el impacto fiscal de estos programas es mínimo. El porcentaje del PBI destinado a los PICT es ínfimo, pero su efecto multiplicador sobre la producción de conocimiento, la formación de recursos humanos y el desarrollo nacional es enorme. Por eso, el documento funciona como un reclamo político claro: sin presupuesto, la ciencia simplemente no existe.
Ciencia o mercado: un modelo en disputa
La alternativa que impulsa hoy la agencia, según explicaron desde el directorio, está orientada casi exclusivamente a proyectos con participación empresarial y resultados de corto plazo. Se trata de una lógica de mercado que prioriza desarrollos con utilidad inmediata y rentabilidad rápida, dejando de lado la investigación básica y de largo aliento.
El problema, advierten, es estructural. La investigación científica es, por definición, incierta y lenta. Si se supiera de antemano cuál será el resultado, no sería investigación. Muchas de las aplicaciones que hoy sostienen economías enteras nacieron de descubrimientos que parecían inútiles durante décadas, desde avances matemáticos hasta estudios sociales que luego permitieron mejorar políticas públicas, sistemas de salud o acceso a derechos básicos como la vivienda.
Para los científicos, la colaboración con empresas es parte necesaria del ecosistema, pero no puede transformarse en el único motor del sistema. Cuando el Estado se retira y deja todo en manos del interés privado, el resultado no es eficiencia sino desarticulación. Se rompe el equilibrio entre lo público y lo privado y se condena al país a depender de conocimientos producidos afuera.
En esa línea, Pecheny fue contundente: el modelo de desarrollo que impulsa Milei reduce al mínimo el rol del Estado y desconoce la existencia de bienes públicos esenciales. La ciencia, al igual que una ruta, un hospital infantil o el cuidado del agua, no puede quedar librada a intereses particulares sin consecuencias devastadoras para el bienestar colectivo.
Becarios congelados y un futuro en riesgo
El ajuste también golpea con fuerza a los sectores más jóvenes del sistema científico. Los becarios financiados por la agencia —doctorandos y posdoctorandos— tienen sus estipendios congelados desde hace dos años. Mientras tanto, los becarios del Conicet y de las universidades apenas lograron actualizaciones parciales, siempre por detrás de la inflación.
El impacto no es solo individual. Los científicos advierten que la investigación debe pensarse de manera intergeneracional y federal. Sin universidades fuertes no habrá futuros investigadores, y sin financiamiento distribuido en todo el país la ciencia quedará concentrada en dos o tres grandes centros urbanos, dejando al resto de las provincias fuera del mapa del conocimiento.
Por eso, el documento cierra con una advertencia política de fondo. Los cinco miembros científicos del directorio instaron a revertir de manera urgente estas decisiones que, aseguran, atentan contra el desarrollo científico, el pluralismo académico y un crecimiento equitativo del país. Sin ciencia pública, advierten, no hay soberanía ni futuro posible.
El gobierno de Milei avanzó un paso más en la entrega de las áreas sensibles del Estado a los intereses privados: designó al ahora ex CEO de OSDE como máxima autoridad de la ANMAT, el organismo encargado de controlar medicamentos, vacunas, alimentos y tecnologías sanitarias. Un nombramiento que despierta serias sospechas por los conflictos de intereses y los antecedentes del sector.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La decisión quedó formalizada este lunes con la publicación del Decreto 3/2026, mediante el cual Milei aceptó la renuncia de Nélida Agustina Bisio y designó a Luis Eduardo Fontana como nuevo Administrador Nacional de la ANMAT, un organismo clave dentro del sistema de salud pública. No se trata de un cargo menor: la ANMAT tiene bajo su responsabilidad el control y la fiscalización de medicamentos, vacunas, alimentos, productos médicos y tecnologías sanitarias, funciones que quedaron especialmente bajo la lupa tras el escándalo del fentanilo.
La elección de Fontana, de 71 años, no es inocente ni técnica. Fontana es el reciente CEO de OSDE, una de las principales prepagas del país, beneficiada de manera directa por la desregulación del sector impulsada por el propio Milei a través del DNU 70/23. En otras palabras, el gobierno colocó a un representante del negocio privado de la salud a controlar un organismo que debería actuar como contrapeso y garante del interés público.
El Estado regulador en manos del mercado
Con este nombramiento, el Ejecutivo refuerza una lógica que ya es marca registrada de la gestión Milei: vaciar al Estado desde adentro y ponerlo al servicio de las corporaciones. La ANMAT no solo autoriza medicamentos y vacunas, sino que define estándares de seguridad, evalúa riesgos sanitarios y puede frenar productos peligrosos. Entregar ese poder a alguien con intereses directos en el sistema privado de salud rompe cualquier principio de independencia regulatoria.
La preocupación no es teórica. OSDE fue protagonista central de los aumentos desmedidos en las cuotas de la medicina prepaga durante el primer semestre de 2024, con subas de hasta 400%, habilitadas por la desregulación total del sector. En ese contexto, una jueza federal, María Caccioppoli, falló a favor de las personas afiliadas y ordenó la devolución de los incrementos, además de pedir que se investigara un posible accionar delictivo de los directivos de OSDE.
OSDE, negocios cruzados y causas judiciales
El fallo de Caccioppoli fue incómodo para el poder económico. Tanto, que la jueza terminó siendo apartada de la causa luego de que OSDE la recusara. Según denunciaron abogadas que representan a personas afiliadas, el apartamiento estuvo directamente vinculado con su decisión de enfrentarse a la corporación y proteger, en su mayoría, a personas jubiladas afectadas por los aumentos.
Detrás de OSDE hay una estructura que dista mucho de la imagen de “prepaga solidaria” que intenta mostrar. Aunque se presenta como empresa de medicina prepaga, OSDE tiene la figura jurídica de una obra social sin fines de lucro, lo que le permite no pagar impuestos como Ganancias o Ingresos Brutos. Sin embargo, administra un presupuesto mensual cercano a los 360 millones de dólares y funciona como un “financiador puro” del sistema, contratando prestaciones a empresas privadas muchas veces vinculadas a sus propios directivos.
En ese entramado aparecen sociedades compartidas, clínicas, prestadoras y empresas de importación de tecnología médica donde se repiten los mismos nombres: directivos de OSDE que, a la vez, son proveedores del sistema. Fontana no es ajeno a ese esquema, y su desembarco en la ANMAT despierta alertas inevitables.
Un mensaje político claro
El mensaje del gobierno es contundente: el control estatal es un obstáculo a remover, no una herramienta para cuidar a la población. Colocar al ahora ex CEO de una prepaga en la conducción del organismo que debe regular medicamentos y tecnologías sanitarias no es una casualidad ni un error de cálculo. Es una definición ideológica.
Mientras Milei habla de “libertad”, el Estado queda capturado por los mismos actores que deberían ser controlados. La ANMAT, una institución clave para la salud pública, pasa a estar conducida por alguien con intereses directos en el negocio sanitario privado. Una decisión peligrosa, que expone hasta qué punto este gobierno está dispuesto a subordinar la salud de la población a las reglas del mercado.
La denuncia fue elevada por el estudio de abogados Burwick Law. Varios damnificados exigen una compensación. El estudio de abogados Burwick Law, uno de los más poderosos de Nueva York, presentó ante la Corte Suprema de ese estado una demanda colectiva por el criptofraude con $LIBRA. La denuncia apunta contra Kelsier, KIP, Meteora y las demás proveedores, y…
La CNV impulsa una reforma laboral histórica: las indemnizaciones por despido se convierten en instrumentos financieros La Comisión Nacional de Valores (CNV) publicó hoy la Resolución 1066/25, que introduce un cambio radical en el régimen de indemnizaciones por despido en Argentina. La medida, implementada sin debate en el Congreso ni participación de los sindicatos, transforma…
Gustavo Valdés está furioso con el gobierno nacional porque La Libertad Avanza votó en contra del Presupuesto en Corrientes y ahora amaga con complicarle el Senado a la Casa Rosada.
El exgobernador correntino tiene dos senadores propios, Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela, y también incide sobre Camau Espínola. Además, Vischi es el jefe del bloque de la UCR, un aliado clave para el gobierno.
En la Cámara de Diputados, Valdés ya mandó a su único legislador, Diógenes González, votar en contra del polémico Capítulo XI del Presupuesto, que entre puntos derogaba la ley de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad. González votó a favor en general y del resto de los capítulos.
Fuentes correntinas contaron a LPO que Valdés está furioso con el gobierno porque el único diputado que tiene La Libertad Avanza en Corrientes no pagó con la misma moneda y votó en contra del Presupuesto provincial.
Se trata de Ricardo «Caito» Leconte que cuestionó duramente el Presupuesto enviado por el gobernador Juan Pablo Valdés por que contemplaba un endeudamiento para cubrir el déficit fiscal. El otro diputado filolibertario es Pedro «Perucho» Cassani, que se ausentó a la votación.
Aunque Valdés, que es actual senador provincial, no tuvo problemas en aprobar el Presupuesto correntino ya que controla los dos tercios de ambas cámaras, igualmente puso el grito en cielo por la actitud de LLA. Las fuentes contaron a LPO que Valdés llamó furioso al ministro del Interior, Diego Santilli, para quejarse.
Si bien todo indica que el gobierno de Milei no tendrá problemas para aprobar el viernes el Presupuesto en el Senado, en Corrientes advierten que Valdés tiene poder de daño en esa Cámara. LPO reveló que en el bloque radical que comanda Vischi hay incomodidad por el ajuste en ciencia y educación.
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