Durante la jornada de este jueves, personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina trabajó en la limpieza de cámaras de la red cloacal en distintos puntos de la ciudad.
Para llevar adelante esta tarea se contó con el camión vactor desobstructor de la empresa ARSA, razón por la cual el Municipio agradece su colaboración.
La posibilidad de contar con esta maquinaria posibilitó desplegar un intenso trabajo en diferentes zonas como barrios 25 de Mayo, Nuevo, Belgrano, Don Bosco, Antártida, calles Alberdi, 20 de Junio y el denominado Kilómetro de Nardini.
Cabe destacar que la limpieza en las cámaras es fundamental para mejorar el tránsito del líquido cloacal y así optimizar el funcionamiento de la red.
Sin embargo, también es importante reiterar el pedido de colaboración a la población para evitar que arrojen elementos al sistema cloacal que pueden obstaculizar e incluso provocar graves inconvenientes en la red.
Probablemente esta frase sea parte del “TOP 3” de los mitos vineros más repetidos del mundo, debe ser de lo primero que aprendemos sobre vinos. Pero este mito ¿es verdad o es mentira?, ¿es cierto que el vino que se encuentra embotellado va a ir mejorando con el paso del tiempo? No les voy a “spoilear”…
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina invita a visitar el ‘Stand de las artes reginenses Benedicta Cipolletti’ que quedará inaugurado mañana sábado a las 19 horas en el predio del Consorcio de Riego. Este espacio, coordinado por el Museo Felipe Bonoli, continuará el domingo y se realizará durante cuatro fines de…
¿Qué pasaría si las manos desaparecen y las sombras de los aplausos continúan aplaudiendo? ¿Qué pasaría si la piedra del aplauso ve como las manos se esconden para siempre? Es así que comenzó a suceder, primero fueron los dedos, quienes retenidos en la mismísima nebulosa digital, y sin darse cuenta, iban borrando de a poco…
La inflación en la ciudad de La Plata marcó en marzo la estampida de precios más fuerte de los últimos tiempos, con una suba mensual del Índice de Precios Básicos del 5,4%, casi el doble que en febrero.
De acuerdo al relevamiento de la Facultad de Ciencias Económicas encargado por la Cámara de Comercio de La Plata, la estampida fue motorizada por el transporte y los combustibles, mientras que los servicios y el asado también integran el lote de los cinco productos de mayor variación.
Lo grave es que la escapada inflacionaria se produce en medio de la profunda recesión que -como contó LPO- ya generó en la capital bonaerense un crecimiento del 180% de locales vacíos en los centros comerciales. Se consolida así un escenario de estanflación, una de las peores calamidades económicas posibles que combina alta inflación con recesión.
El dato representa un golpe directo al sistema nervioso central del relato libertario, aferrado a la bandera de la baja de la inflación para contrastar con el creciente cierre de empresas y pérdida de fuentes de trabajo.
La meta anual de inflación del 10% que Milei y Toto Caputo presentaron en el Presupuesto 2026 que votó el Congreso ya fue superada en apenas tres meses.
En el acumulado del primer trimestre, el nivel general de precios avanzó 11 puntos y la variación interanual ya es de casi 35%. La meta anual de inflación del 10% que Milei y Toto Caputo presentaron en el Presupuesto 2026 que votó el Congreso ya fue superada en apenas tres meses.
«La evolución mensual confirma una dinámica ascendente que se venía observando desde junio de 2025 y que se intensificó con mayor fuerza en el último mes relevado», señaló el informe.
Transporte y combustibles fueron determinantes en esta escalda, con un incremento de casi 20 puntos. Puntualmente, los combustibles registraron la suba más elevada (21,3%), a lo que se sumó la suba del boleto de colectivo, que superó el 15%.
Los servicios públicos, en tanto, mostraron un incremento del 14,5%, el mayor desde septiembre de 2024, mientras que los servicios personales subieron 6,5% y los servicios del hogar treparon 2,3%.
La evolución mensual confirma una dinámica ascendente que se venía observando desde junio de 2025 y que se intensificó con mayor fuerza en el último mes relevado.
«La presión inflacionaria no proviene de una sola fuente, sino de varios frentes simultáneos, especialmente en tarifas y prestaciones vinculadas al consumo cotidiano», agrega el informe.
Dentro de Alimentos y Bebidas, el rubro de mayor peso dentro de la canasta, ocupó en marzo el tercer lugar en términos de incidencia, con subas en alimentos del consumo hogareño que superaron los 2 puntos, con especial incidencia en carnes.
Ahí, se registraron incrementos fuertes de algunos cortes. Por caso, el asado tuvo un aumento del 9,3%.
Este miércoles se dará inicio a los trabajos de restauración y reparación del skate park ubicado sobre el Paseo de la Avenida 9 de Julio. Las tareas estarán a cargo de Marcos Ulloa, ‘Liso’, quien con una estética de graffiti intervendrá este espacio para dejarlo en condiciones de manera que pueda ser disfrutado por quienes…
En apenas tres días, dos resoluciones del INCUCAI dejaron al descubierto un cambio profundo: mientras el financiamiento público de la ciencia y la salud cae de manera sostenida, el propio Estado empieza a cobrarle más caro —y sin excepciones— a sus propias instituciones. El giro no es aislado: se inscribe en una lógica más amplia que atraviesa organismos regulatorios, sistema científico y hospitales públicos.
Por Amparo Lestienne para NLI
El caso INCUCAI: de la excepción al cobro universal
El punto de partida es la Resolución INCUCAI 84/2026, publicada el 27 de marzo. La norma actualiza los aranceles para la evaluación de protocolos de investigación clínica vinculados a trasplantes y uso de órganos, tejidos y células, con el objetivo explícito de “asegurar los recursos operativos y técnicos” del organismo.
Pero el dato clave estaba en su artículo 2°: mantenía la lógica histórica del sistema argentino al eximir del pago a hospitales públicos, universidades nacionales y Fuerzas Armadas.
Esa excepción no era un detalle menor, sino la continuidad de un principio consolidado en normativas previas. Por ejemplo, ya en la Resolución 128/2019 del propio INCUCAI se establecía exactamente la misma exención para el sector público, en línea con la idea de que la investigación sanitaria estatal no debía ser tratada como una actividad comercial.
Sin embargo, apenas tres días después, el 30 de marzo, llegó la Resolución INCUCAI 95/2026, que directamente eliminó esa excepción. El resultado es contundente: el Estado empezó a cobrarle a sus propios hospitales y universidades por investigar.
Un cambio de lógica: del financiamiento a la autofinanciación
El argumento oficial es técnico: los protocolos requieren financiamiento y, por lo tanto, deben cubrir los costos regulatorios. Pero detrás de esa justificación aparece una transformación más profunda.
Históricamente, el sistema funcionaba bajo una premisa clara: la investigación pública en salud es parte del sistema sanitario y, por lo tanto, es financiada por el Estado. Eso implicaba que los organismos regulatorios podían cobrar aranceles, pero hacían excepciones cuando el actor era público.
Hoy esa lógica se invierte: todos los actores —incluso los públicos— deben pagar por el servicio estatal. Este cambio no surge en el vacío. Está directamente vinculado con el deterioro del financiamiento general del sistema científico.
El telón de fondo: caída del presupuesto científico
Según distintos informes y análisis del sistema nacional de ciencia y tecnología, el financiamiento público del sector atraviesa una contracción sostenida. Entre 2023 y 2026, la inversión estatal acumula una caída real estimada entre el 30% y el 40%, como resultado de la combinación entre recortes presupuestarios y el efecto de la inflación. En paralelo, la participación de la ciencia en el producto bruto interno se redujo a niveles por debajo del 0,3%, cuando en años anteriores se ubicaba en torno al 0,5%.
En términos concretos, el deterioro no es homogéneo sino que golpea con mayor intensidad en áreas clave del sistema. Las transferencias a universidades nacionales y organismos públicos muestran recortes que, en términos reales, se ubican entre el 25% y el 35%, afectando el funcionamiento cotidiano de institutos, laboratorios y proyectos en curso. A esto se suma el deterioro sostenido de los ingresos del personal científico y técnico, cuyos salarios perdieron aproximadamente entre un 20% y un 30% de su poder adquisitivo, mientras que la inversión en equipamiento —fundamental para sostener la capacidad experimental— registra caídas aún más pronunciadas, que en algunos casos superan el 50% en términos reales.
En este escenario, organismos como el CONICET ven afectada su capacidad de sostener proyectos, becas y estructuras de investigación, lo que introduce tensiones crecientes en todo el sistema científico.
ANMAT y el modelo de tasas: el antecedente silencioso
Este viraje tampoco es nuevo en la administración pública. La ANMAT funciona desde hace años con un sistema de aranceles para trámites regulatorios, donde cada procedimiento tiene un costo asociado.
Lo que cambia ahora no es la existencia de aranceles, sino su alcance: antes aplicaban principalmente a actores privados; ahora tienden a universalizarse. Es decir, el modelo basado en tasas por servicio empieza a expandirse a otros organismos, pero sin las protecciones históricas para el sector público.
La tensión central: menos presupuesto, más costos
La combinación de estas dos dinámicas —menor financiamiento y mayor carga arancelaria— configura una tensión estructural difícil de sostener en el tiempo. Por un lado, el Estado reduce su inversión directa en ciencia y salud; por otro, incrementa los costos que deben afrontar sus propias instituciones para desarrollar investigaciones.
Esto implica que universidades públicas, hospitales y centros de investigación no sólo cuentan con menos recursos, sino que además deben destinar parte de esos fondos a cubrir aranceles regulatorios que antes no existían para ellos. La consecuencia es una presión creciente sobre estructuras ya debilitadas.
El resultado es una paradoja evidente: el Estado se retrae como financiador, pero se consolida como cobrador.
Especialistas y debate: el riesgo de mercantilización
En el ámbito científico y sanitario, este tipo de transformaciones suele encender señales de alerta. Diversos análisis en políticas públicas advierten que, cuando se reducen los recursos estatales y se trasladan costos a los propios actores del sistema, tienden a producirse efectos previsibles: disminución en la cantidad de proyectos, mayor dependencia de financiamiento externo y desplazamiento de investigaciones hacia áreas con retorno económico más inmediato.
La investigación clínica en hospitales públicos suele estar orientada a necesidades sanitarias concretas de la población y no a intereses de mercado
En el caso de la salud, el impacto puede ser aún más sensible, porque la investigación clínica en hospitales públicos suele estar orientada a necesidades sanitarias concretas de la población y no a intereses de mercado. Buena parte de la producción científica argentina en salud se genera en estos ámbitos, donde la práctica asistencial se articula con la investigación sobre pacientes reales y problemáticas locales.
Ese rasgo tiene antecedentes históricos claros. La Misión de Estudios de Patología Regional Argentina, impulsada por Salvador Mazza, desarrolló en el siglo XX investigaciones clave sobre enfermedades como el Chagas, a partir del trabajo territorial en regiones postergadas del país. Difícilmente ese tipo de investigación hubiera sido financiado por el sector privado, dado que su lógica no era la rentabilidad sino la respuesta a una problemática sanitaria concreta.
Ese mismo patrón se replica, con otras formas, en la actualidad. Hospitales públicos de referencia como el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas combinan atención médica, formación profesional e investigación clínica orientada a enfermedades prevalentes en su población, muchas veces vinculadas a sectores sociales vulnerables y sin atractivo comercial para la industria.
El problema es que este tipo de investigación —centrada en necesidades reales y no en retornos económicos— depende estructuralmente del financiamiento público. Cuando ese financiamiento se reduce y, al mismo tiempo, se introducen costos adicionales para investigar, el riesgo no es sólo cuantitativo sino cualitativo: no sólo se investiga menos, sino que se empieza a investigar otra cosa.
Conclusión: un cambio silencioso pero estructural
Lo ocurrido entre el 27 y el 30 de marzo con el INCUCAI no es un episodio aislado ni meramente administrativo. Es la expresión concreta de un cambio más amplio en la forma en que el Estado se vincula con la ciencia y la salud: menos financiamiento directo, eliminación de excepciones históricas y expansión de esquemas de arancelamiento.
En ese nuevo escenario, el sistema deja de apoyarse en la lógica de política pública para acercarse a un modelo de servicios, donde investigar ya no sólo depende del conocimiento y la capacidad técnica, sino también de la disponibilidad de recursos para pagar por ello.
La incógnita que queda abierta es tan estructural como urgente: hasta qué punto puede sostenerse un sistema científico y sanitario público cuando se le exige autofinanciarse en un contexto de retracción presupuestaria.
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