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Se realizó procedimiento para retirar aves silvestres enjauladas

La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina informa sobre el procedimiento realizado por el personal técnico de la Dirección de Fauna Silvestre dependiente de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro el viernes pasado.

A partir de llamados recibidos en la Dirección de Ambiente, procedió al retiro de dos aves silvestres que permanecían enjauladas en domicilios particulares. Se trata de un juvenil de águila mora y un loro barranquero que quedaron alojadas en el Centro de Cuarentena y Rehabilitación de los Guardafaunas Honorarios en General Roca para su observación.

Luego de un período de adaptación en grandes jaulas ‘voladoras’ recuperarán su musculatura y se atenderá su situación sanitaria para luego ser liberadas en su ambiente. Cabe aclarar que ambas aves provienen de entregas voluntarias de personas que comprendieron que un ave silvestre enjaulada, además de ser ilegal, no puede cumplir su ciclo natural.

La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable recuerda que las entregas voluntarias de aves silvestres no implican sanción de parte de la autoridad provincial de Fauna.

La tenencia, captura y comercialización de animales silvestres, vedados o prohibidos por la Autoridad Jurisdiccional es un delito en el marco de la Ley Nacional de Fauna, Ley N° 22421 y una infracción para la Ley Provincial N° Q2.056, la cual prevé severas multas.

Además informa a los vecinos que pueden denunciar de forma anónima situaciones de cautiverio de animales silvestres o contactarse para realizar entregas voluntarias de aves, lo que no implica sanción.

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    El Gobierno reescribe el Código Aduanero por decreto y acelera las reglas del comercio exterior

     

    Mediante el DNU 41/2026, Milei modificó artículos clave del Código Aduanero para redefinir quién decide y cómo las reglas antes de importar o exportar. Bajo el argumento de cumplir con compromisos de la OMC, el decreto limita la discrecionalidad estatal, fija plazos máximos y habilita avanzar con operaciones aun cuando el Estado no responda.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    El Poder Ejecutivo avanzó con una nueva modificación estructural del andamiaje normativo del comercio exterior argentino. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 41/2026, el Gobierno sustituyó los artículos 226 y 323 del Código Aduanero, reorganizando el sistema de resoluciones anticipadas tanto para importaciones como para exportaciones.

    La medida se inscribe en la misma lógica que atraviesa toda la política económica de Milei: menor margen de intervención estatal, mayor previsibilidad para los operadores privados y alineamiento explícito con los estándares de la Organización Mundial del Comercio (OMC). No es casual que el decreto invoque como razón central la urgencia de cumplir con el Acuerdo de Facilitación del Comercio.

    Qué son las resoluciones anticipadas y por qué importan

    Las resoluciones anticipadas son decisiones administrativas que los importadores o exportadores pueden solicitar antes de realizar una operación, para saber con antelación cómo será tratado un producto por el Estado. Incluyen cuestiones clave como clasificación arancelaria, valoración de la mercadería y origen.

    En la práctica, funcionan como un blindaje jurídico: una vez emitidas, la Aduana no puede cambiar el criterio después, salvo que cambie la ley o los hechos. Para las grandes empresas del comercio exterior, esto implica reducir riesgos, costos y conflictos posteriores.

    El reparto de poder entre Aduana y Economía

    El decreto introduce una división tajante de competencias. Por un lado, el servicio aduanero conserva la potestad de dictar resoluciones anticipadas sobre clasificación arancelaria, valoración y otros aspectos técnicos tributarios, tanto en importación como en exportación.

    Por otro lado, las resoluciones anticipadas sobre origen de la mercadería dejan de estar bajo la órbita aduanera y pasan a manos de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, que incluso puede delegar esa facultad en funcionarios de rango inferior. Este corrimiento no es menor: el origen determina aranceles, preferencias comerciales y la aplicación de acuerdos internacionales.

    Plazos cortos y silencio que juega a favor del privado

    Uno de los puntos más sensibles del DNU es la fijación de un plazo máximo de 30 días para que el Estado emita la resolución anticipada. Si ese plazo se cumple y no hay respuesta, el importador o exportador puede avanzar igual con la operación, en los términos que propuso originalmente.

    El decreto habilita a la Aduana a exigir una garantía, pero le quita la posibilidad de frenar la operatoria por falta de definición. Se trata, en los hechos, de un silencio administrativo favorable, una figura históricamente resistida por el Estado y celebrada por los grandes actores del comercio exterior.

    Un DNU con destinatarios claros

    El Gobierno justifica el uso del DNU en la urgencia de cumplir los plazos otorgados por la OMC, que vencían el 23 de enero de 2026. Sin embargo, el trasfondo político es evidente: consolidar un esquema pro-mercado, reducir instancias de control y trasladar el riesgo desde el privado hacia el Estado.

    Lejos de beneficiar a pymes o economías regionales, el nuevo régimen favorece principalmente a grandes importadores y exportadores, con capacidad técnica y jurídica para anticipar escenarios y litigar si es necesario. Mientras tanto, el Congreso vuelve a quedar relegado a un rol meramente revisor, a través de la Comisión Bicameral.

    En nombre de la “facilitación del comercio”, Milei vuelve a gobernar por decreto y a redefinir reglas estructurales sin debate legislativo. Una vez más, la urgencia invocada funciona como atajo para reconfigurar el Estado en favor de los intereses concentrados del comercio internacional.

     

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    «Mi plan es abrirme a la Unión Europea, abrirme a EFTA, abrirme a Estados Unidos y abrirme a China. Yo quiero una economía abierta. Mire el peso que tiene la economía china en el mundo y usted va a entender que tengo que tener comercio con China», agregó Milei, que también señaló que «no está probado» que China tenga una base espacial en Neuquén.

    Milei sacó un decreto anti China, pero a mitad de año tiene que renovar el swap

    El problema de Milei es que, como contó LPO, a mitad de año se vence el swap por USD 18.000 millones que la Argentina tiene con China y que explican buena parte de las reservas del país. Si China decide no renovar ese acuerdo, la Argentina debería pagar entre USD 2.750 millones y USD 5.000 millones de un tramo que se activó. No hay dólares para pagarlo.

    China ya tuvo un gesto con Milei y renovó el swap en 2024, pese a que el libertario venía atacando sistemáticamente a Beijing. Esa renovación tuvo una cláusula no escrita de que Milei deje de insultar a China, algo que cumplió. Pero no cumplió con otra condición que era su visita de Estado al gigante asiático. 

    El agravante para Milei es que el swap por USD 20.00O con Estados Unidos que se anunció en la campaña, nunca se concretó. Con esa cifra, el gobierno argentino podría acaso analizar una ruptura con China como exigió Bessent, pero sin esos fondos es imposible.

    La urgencia de la renovación del swap también podría explicar el reciente «gesto» de un grupo de diputados libertarios que viajó a China casi en secreto para visitar el Partido Comunista y empresas emblemáticas como Huawei. El viaje fue pagado por los chinos.

     

     

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