La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina informa sobre el procedimiento realizado por el personal técnico de la Dirección de Fauna Silvestre dependiente de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro el viernes pasado.
A partir de llamados recibidos en la Dirección de Ambiente, procedió al retiro de dos aves silvestres que permanecían enjauladas en domicilios particulares. Se trata de un juvenil de águila mora y un loro barranquero que quedaron alojadas en el Centro de Cuarentena y Rehabilitación de los Guardafaunas Honorarios en General Roca para su observación.
Luego de un período de adaptación en grandes jaulas ‘voladoras’ recuperarán su musculatura y se atenderá su situación sanitaria para luego ser liberadas en su ambiente. Cabe aclarar que ambas aves provienen de entregas voluntarias de personas que comprendieron que un ave silvestre enjaulada, además de ser ilegal, no puede cumplir su ciclo natural.
La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable recuerda que las entregas voluntarias de aves silvestres no implican sanción de parte de la autoridad provincial de Fauna.
La tenencia, captura y comercialización de animales silvestres, vedados o prohibidos por la Autoridad Jurisdiccional es un delito en el marco de la Ley Nacional de Fauna, Ley N° 22421 y una infracción para la Ley Provincial N° Q2.056, la cual prevé severas multas.
Además informa a los vecinos que pueden denunciar de forma anónima situaciones de cautiverio de animales silvestres o contactarse para realizar entregas voluntarias de aves, lo que no implica sanción.
La ministra de seguridad Alejandra Monteloliva acordó que los hinchas argentinos no puedan ingresar a la cancha con banderas o remeras que hagan referencia a las Islas Malvinas.
La funcionaria explicó que funcionarios argentinos acordaron representantes de FIFA, el FBI y las policías de Estados Unidos e Inglaterra las normas de seguridad para el partido entre Argentina e Inglaterra.
«Tuvimos una reunión y definimos que no se podrá entrar a la cancha con contenido provocativo», dijo Monteoliva en FM Now. Cuando la consultaron si el reclamo de soberanía por las Islas entraba entre las prohibiciones, respondió que sí.
«Banderas con las Malvinas es contenido político. No pueden ingresar banderas con contenido político. Sí bandera argentina o inglesa. Pero nada que contenga algún mensaje que pueda provocar algún tipo de situación», agregó.
«No se puede prohibir un canto o taparle la boca a la gente», dijo sobre la posibilidad de entonar canciones que expresen el reclamo argentino por Malvinas.
Horas antes, el vocero presidencial Adrián había dicho en conferencia de prensa que no sabía si Javier Milei seguía teniendo o no un retrato de Margaret Tatcher en su escritorio.
El conflicto por el practicaje, que terminó con la derogación del decreto impulsado por Federico Sturzenegger, abrió una feroz disputa entre la Armada Argentina y la Prefectura Naval por el control de la formación y titulación de los prácticos.
La derogación del decreto 690/26, que pretendía modificar sustancialmente el régimen del practicaje, tuvo un efecto político inesperado para el Gobierno dado que el retiro masivo de los aproximadamente 530 prácticos que se negaron a continuar prestando servicios bajo las nuevas condiciones.
El episodio dejó varios heridos, pero hay dos nombres que aparecen especialmente comprometidos. Uno es Federico Sturzenegger que, como adelantó LPO está pasando su peor momento dentro del gobierno. El otro es la conducción de la Prefectura Naval.
Pero hubo un punto del decreto que generó especial preocupación entre los profesionales: el artículo 6, que contemplaba que, ante una eventual negativa de los prácticos a prestar servicios, la Armada y la Prefectura pudieran asumir esas tareas. El problema apareció cuando se intentó llevar esa disposición a la práctica.
«¿Hay personal de la Armada o de Prefectura en condiciones de reemplazar a un práctico profesional? La respuesta es no. Ni un prefecto ni un oficial naval pueden simplemente ocupar el lugar de un práctico si no cuentan con la formación, titulación y habilitación correspondientes. Y existe además un problema adicional: los seguros de los buques podrían no cubrir un servicio realizado por una persona que no posee el título requerido. El decreto, por lo tanto, planteaba una solución sobre el papel que en la práctica resultaba extremadamente difícil de ejecutar», detalla una fuente que sigue de cerca la situación.
La Armada Argentina es la institución que históricamente participa en la formación y titulación del personal superior de la Marina Mercante y de los prácticos, mientras que Prefectura cumple funciones vinculadas con la habilitación y control de la actividad.
¿Hay personal de la Armada o de Prefectura en condiciones de reemplazar a un práctico profesional? La respuesta es no. Ni un prefecto ni un oficial naval pueden simplemente ocupar el lugar de un práctico si no cuentan con la formación, titulación y habilitación correspondientes. Y existe además un problema adicional: los seguros de los buques podrían no cubrir un servicio realizado por una persona que no posee el título requerido
El fallido decreto impulsado por Sturzenegger trasladaba a Prefectura competencias vinculadas con la formación y titulación de los prácticos que hasta entonces estaban en manos de la Armada. Eso potenció la interna.
Según fuentes conocedoras del conflicto, desde la Dirección de Educación de Prefectura se reclamó a la Armada el traspaso del sistema de titulación, aprovechando que el decreto establecía un período de seis meses para concretarlo. Con la suspensión y posterior derogación de la norma, la Armada respondió que, al quedar suspendidos sus efectos, también quedaba suspendido el traspaso de competencias.
En ese contexto, Prefectura estaría intentando mantener abierta la posibilidad de quedarse con la formación y titulación de los prácticos y evalúan convocar a referentes del practicaje a reuniones para discutir el futuro del sistema.
La propuesta busca que los prácticos defiendan sus intereses económicos y técnicos mientras Prefectura obtiene respaldo para avanzar sobre una competencia históricamente vinculada con la Armada. Para buena parte de los prácticos consultados, sin embargo, no existe ninguna razón técnica para modificar un sistema que funciona desde hace décadas.
Un práctico puede intervenir en operaciones de buques de varios cientos de metros de eslora y con calados de 14 o 15 metros y en la Armada cuestionan que una fuerza policial que no opera habitualmente buques de esas dimensiones tenga la estructura académica y técnica necesaria para evaluar a quienes deben desempeñar esa función.
El ejemplo que utilizan los prácticos como contraste es que es el guardacostas Mantilla, uno de los buques más grandes de Prefectura, tiene alrededor de 60 metros de eslora, mientras que un práctico puede estar habilitado para operar embarcaciones de 300 o 400 metros.
Un práctico puede intervenir en operaciones de buques de varios cientos de metros de eslora y con calados de 14 o 15 metros y en la Armada cuestionan que una fuerza policial que no opera habitualmente buques de esas dimensiones tenga la estructura académica y técnica necesaria para evaluar a quienes deben desempeñar esa función.
En ese marco, la intención de Prefectura de avanzar sobre la titulación de los prácticos podría convertir el conflicto en una disputa abierta con la Armada que viene tensa por la idea de Sturzenegger de fusionar ambas instituciones por tener tareas similares hace décadas, como adelantó en exclusivo LPO.
Esto aumenta la tensión contra Carlos Presti porque en las fuerzas consideran que deberá definir si respalda a la Armada en una discusión que, hasta ahora, parecía estrictamente administrativa porque detrás del practicaje hay debates de competencias, estructuras, presupuesto y poder interno dentro de la estructura del estado.
La derogación del decreto 690/26 evitó una crisis inmediata en los puertos, pero dejó expuesta esta interna. Un militar en actividad la definió como «una disputa innecesaria que activa una vieja rencilla que hay entre dos instituciones a la que el Estado no les llega desde hace años a definir las competencias que son exclusivas de una y de otra y tienen un montón de puntos de roce y que son naturales».
Por último, planteó que «la Armada tiene un interés estratégico en conservar la formación y la titulación del personal de la María Mercante, incluidos los prácticos, porque todos ellos conforman parte del Sistema Nacional de Defensa. En caso de conflicto, todos los marinos mercantes pasan a ser oficiales de la Reserva Naval, o son oficiales de la Reserva Naval, son movilizados eventualmente de ser necesario para la defensa nacional».
«Son dos fuerzas distintas que hacen en muchos casos la misma tarea. Esto era innecesario. Esta es la gran locura de Sturzenegger. Quieren sacar algo que la Armada tiene hace más de 100 años y ese cambio no genera ningún ahorro para el Estado. La Prefectura no tiene el expertise ni la formación que tienen tanto los marinos de guerra como los marinos mercantes. De hecho, un oficial de prefectura se forma en dos años y un marino de guerra o mercante en cuatro, es el doble», finalizó.
El pacto de impunidad del gobierno de Javier Milei con los jueces de Comodoro Py avanzó este miércoles con la designación como jueza federal de Ana Juan, la esposa del juez Marcelo Martínez De Giorgi que hace doce días falló a favor del presidente en la causa Libra.
El gobierno publicó el decreto que oficializa a Ana Juan como nueva jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, que fue creado en 2015 pero todavía no fue habilitado por la Corte Suprema.
Justamente ese fue el argumento que había utilizado Juan Bautista Mahiques para justificar el freno al pliego de Ana María Micheli, la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. «El cargo de Micheli es un tribunal que no está habilitado, el de ella como el de otros candidatos propuestos. Es un juzgado que todavía tiene que crear la Corte. El Consejo de la Magistratura tiene que iniciar un proceso para buscar edificio, acondicionarlo, poner mobiliario y tecnología. Es un proceso largo, hay varios tribunales y juzgados sin habilitar hace tiempo», dijo el ministro hace un mes.
La flamante jueza Ana Juan
El juzgado de Ana Juan está en la misma situación que el de Micheli, pero parece que no fue impedimento para que Milei la designe jueza. Esto lleva a pensar que en realidad el gobierno utilizó el pliego como moneda de cambio para que Martínez De Giorgi voltee la causa Libra.
El 3 de julio pasado Martínez De Giorgi dejó en terapia intensiva
la causa por la estafa con la criptomoneda Libra
al apartar -a pedido de los acusados- a todos los querellantes que representaban a los damnificados y daban impulso a la investigación ante la inacción del fiscal Eduardo Taiano.
Martínez De Giorgi es el principal aliado de Ariel Lijo en Comodoro Py, donde hay sospechas de un acuerdo del juez con Mahiques durante el viaje que compartieron a París. Tras ese encuentro internacional, el gobierno avanzó con el pliego de Tomás Rodríguez Ponte, secretario y protegido de Lijo. Además, la causa Adorni parece haber entrado en un letargo tras meses de filtraciones diarias.
El juzgado de Ana Juan está en la misma situación que el de Micheli, pero parece que no fue impedimento para que Milei la designe jueza. Esto lleva a pensar que en realidad el gobierno utilizó el pliego como moneda de cambio para que Martínez De Giorgi voltee la causa Libra
Como contó LPO, el gobierno ya está trabajando en el siguiente paso para garantizar la impunidad de la causa Libra con el envío de los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi para que integren la Sala I de la Cámara Federal porteña, que será la encargada de tratar las apelaciones a la decisión de Martínez De Giorgi.
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