La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina informa sobre el procedimiento realizado por el personal técnico de la Dirección de Fauna Silvestre dependiente de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro el viernes pasado.
A partir de llamados recibidos en la Dirección de Ambiente, procedió al retiro de dos aves silvestres que permanecían enjauladas en domicilios particulares. Se trata de un juvenil de águila mora y un loro barranquero que quedaron alojadas en el Centro de Cuarentena y Rehabilitación de los Guardafaunas Honorarios en General Roca para su observación.
Luego de un período de adaptación en grandes jaulas ‘voladoras’ recuperarán su musculatura y se atenderá su situación sanitaria para luego ser liberadas en su ambiente. Cabe aclarar que ambas aves provienen de entregas voluntarias de personas que comprendieron que un ave silvestre enjaulada, además de ser ilegal, no puede cumplir su ciclo natural.
La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable recuerda que las entregas voluntarias de aves silvestres no implican sanción de parte de la autoridad provincial de Fauna.
La tenencia, captura y comercialización de animales silvestres, vedados o prohibidos por la Autoridad Jurisdiccional es un delito en el marco de la Ley Nacional de Fauna, Ley N° 22421 y una infracción para la Ley Provincial N° Q2.056, la cual prevé severas multas.
Además informa a los vecinos que pueden denunciar de forma anónima situaciones de cautiverio de animales silvestres o contactarse para realizar entregas voluntarias de aves, lo que no implica sanción.
La intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el gobierno nacional no es una decisión técnica ni administrativa: es un movimiento político de alto voltaje, con implicancias geopolíticas directas y un mensaje disciplinador a las provincias. Bajo el pretexto de “reordenar” la operatoria portuaria, Milei avanzó sobre una jurisdicción provincial estratégica y dejó servido en bandeja uno de los enclaves clave del Atlántico Sur.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La bandera de EE. UU. flameó en la Base Naval de Ushuaia, Tierra del Fuego, en abril de 2024, durante la visita de la Generala del Ejército estadounidense Laura Richardson
La Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, publicada hoy en el Boletín Oficial, dispuso la suspensión de la habilitación del Puerto de Ushuaia por 12 meses y su intervención administrativa directa por parte del Estado nacional, quitándole a la Provincia de Tierra del Fuego el control efectivo del principal puerto austral del país. La medida se dictó a horas de la reunión de Milei en Davos con Donald Trump.
No se trata de una coincidencia. El ex diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez lo dijo sin rodeos: Milei manoteó el Puerto de Ushuaia y hoy lo pondrá al servicio de Trump. No es una denuncia liviana ni una exageración retórica. El propio texto de la resolución reconoce el carácter estratégico, geopolítico y militarmente sensible del puerto, subrayando su rol en el abastecimiento antártico, la custodia de aguas australes y la logística regional.
MILEI MANOTEÓ EL PUERTO DE USHUAIA Y HOY LO PONDRÁ AL SERVICIO DE TRUMP
Antes de encontrarse con Donald Trump en Davos, el Presidente @JMilei hizo suspender la habilitación del Puerto de Ushuaia y dispuso su intervención administrativa, para que sea manejado directamente por el… pic.twitter.com/yJETqVDVWH
El gobierno nacional justifica la intervención alegando desvío de fondos portuarios, deterioro de infraestructura y fallas de seguridad. Sin embargo, el remedio elegido no es la coordinación ni la asistencia: es la toma directa del control, mediante una resolución administrativa de un organismo creado por DNU, sin debate federal ni instancia política previa.
El mensaje es claro: las provincias no gobiernan recursos estratégicos si esos recursos resultan útiles al proyecto nacional de Milei. Tierra del Fuego es el caso testigo, pero el antecedente es extensible a cualquier jurisdicción que administre puertos, vías navegables o nodos logísticos relevantes.
La resolución no solo suspende la habilitación, sino que habilita a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación —con apoyo de la ex AGP y fuerzas federales— a administrar fondos, infraestructura, equipamiento y operación, desplazando en los hechos a la autoridad provincial.
Puerto, Antártida y alineamiento externo
El punto más grave no está solo en la forma, sino en el sentido político de la decisión. En los fundamentos de la resolución, Milei hizo consignar expresamente que Ushuaia es clave por su ubicación en el Atlántico Sur y su cercanía con la Antártida, destacando su valor estratégico para campañas científicas, logística y control territorial.
Ese párrafo, lejos de ser técnico, es una confesión política. Milei no está pensando el puerto desde una lógica de desarrollo nacional soberano, sino como activo geopolítico negociable en el marco de su alineamiento automático con Estados Unidos. En Davos, Milei no va a hablar de federalismo ni de soberanía: va a ofrecer “seguridad jurídica” y activos estratégicos.
La advertencia de Rodríguez apunta al corazón del problema: el riesgo de que el Puerto de Ushuaia sea ofrecido para uso militar y comercial extranjero, debilitando la posición argentina en el Atlántico Sur y la Antártida, una región donde la disputa de poder global es cada vez más explícita.
La decisión de Milei sienta un precedente temerario. Si el Poder Ejecutivo puede intervenir un puerto provincial estratégico mediante una resolución administrativa, invocando “interés público”, entonces el federalismo queda reducido a una formalidad vacía.
Hoy es Ushuaia. Mañana puede ser cualquier puerto, aeropuerto o infraestructura clave. La lógica es siempre la misma: centralizar, disciplinar y poner al servicio de intereses externos lo que debería ser política de Estado nacional y federal.
Por eso la pregunta no es solo qué hará Tierra del Fuego. La pregunta es qué harán los demás gobernadores frente a una avanzada que no distingue signos políticos cuando se trata de concentrar poder y recursos estratégicos.
El Puerto de Ushuaia no es una caja, no es una ficha de negociación y no es un botín de guerra ideológica. Es una pieza central de la soberanía argentina. Y Milei acaba de moverla sin pedir permiso.
Con un DNU firmado en pleno ajuste, el Gobierno modificó el Plan Gas.Ar para “aplanar” las tarifas durante el año. El cambio garantiza el cobro de las petroleras y traslada al Estado —y al presupuesto— el costo completo de la variación estacional del gas.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El Decreto 26/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, introduce una modificación clave en el Plan Gas.Ar para hacerlo compatible con el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Bajo el argumento de evitar saltos tarifarios en invierno, el Gobierno de Milei resolvió que el precio del gas que pagan los usuarios se calcule como un promedio anual, eliminando el diferencial estacional visible en las boletas. Sin embargo, el trasfondo del cambio deja una certeza: el Estado pasa a absorber íntegramente las diferencias de precio, garantizando la renta del sector hidrocarburífero.
La medida se adoptó por Decreto de Necesidad y Urgencia, sin debate previo en el Congreso, y redefine uno de los puntos centrales del esquema creado en 2020 para asegurar producción local de gas y reducir importaciones.
Precio “plano” para el usuario, cobertura total para las petroleras
El núcleo del decreto es la sustitución del punto 13 del Plan Gas.Ar, que habilita explícitamente a la Secretaría de Energía a fijar un Precio Anual Uniforme del gas. Ese valor será el que llegue a los usuarios residenciales, independientemente de la época del año.
En la práctica, esto implica que:
En verano, cuando el gas es más barato, el usuario pagará un precio más alto que el de mercado.
En invierno, cuando el gas es más caro, el usuario pagará menos que el precio real de abastecimiento.
La diferencia —ya sea a favor o en contra— queda siempre a cargo del Estado nacional. El decreto es explícito: el Tesoro cubrirá cualquier desfasaje entre el precio anual uniforme y el precio que surge de las subastas del Plan Gas.Ar, ajustadas por estacionalidad.
De este modo, las empresas productoras cobran el precio pleno comprometido, sin asumir riesgos por la nueva modalidad de facturación al usuario.
Subsidios “focalizados”, pero garantizados
El Gobierno presenta la medida como parte del ordenamiento de los subsidios energéticos. Sin embargo, lejos de reducirlos, el decreto consolida un esquema donde el Estado actúa como amortiguador absoluto del sistema. No solo subsidia cuando el precio es alto, sino que también administra compensaciones inversas cuando el precio de mercado es menor.
Para ello, el DNU ordena modificar el régimen de cálculo de compensaciones del Plan Gas.Ar, admitiendo que:
En algunos meses el Estado deba pagar montos adicionales a los productores.
En otros meses, se realicen deducciones.
El balance cierre siempre a favor de la estabilidad del negocio energético.
El objetivo declarado es evitar cortes en la cadena de pagos y garantizar previsibilidad al sector, aun en un contexto de ajuste fiscal severo sobre jubilaciones, salarios y políticas sociales.
Ajuste para abajo, blindaje para arriba
Mientras Milei sostiene un discurso de “déficit cero” y poda del gasto público, el Decreto 26/2026 muestra otra cara de la política energética: cuando se trata del gas y de las petroleras, el Estado sigue siendo garante de rentabilidad. El riesgo del mercado no se traslada a las empresas, sino al presupuesto público.
En términos concretos, el usuario puede ver boletas más estables a lo largo del año, pero el costo estructural del sistema sigue recayendo sobre el Estado, en un esquema que posterga cualquier discusión de fondo sobre tarifas, renta energética y soberanía sobre los recursos.
El DNU ahora deberá ser tratado por la Comisión Bicameral del Congreso. Pero, como ya es habitual, el modelo queda en marcha: precios “suavizados” para el consumo, negocios asegurados para arriba y un Estado que paga la cuenta.
La Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina informa que el servicio de balsa en la Isla 58 durante los próximos feriados se prestará de acuerdo al siguiente cronograma: *Miércoles 24 de marzo y viernes 2 de abril: sin servicio. *Jueves 1 y sábado 3 de abril: el servicio se prestarán…
Quien es incapaz de instalarse, olvidando todo lo ya pasado, en el umbral del presente, quien es incapaz de permanecer erguido en un determinado punto, sin vértigo ni miedo, como una diosa de la victoria, no sabrá lo que es la felicidad o, lo que es peor, no hará nunca nada que haga felices a…
Tarcisio Gomes da Freitas no será candidato a la presidencia de Brasil en las elecciones de octubre. El gobernador de San Pablo lo confirmó por redes sociales en medio de las fuertes tensiones con el bolsoanrismo tras la candidatura de Flavio.
Tarcisio publicó en X: «Soy candidato a la reelección como gobernador del estado de São Paulo y siempre trabajaré por una derecha unida y fuerte para derrocar a la izquierda del poder».
«Cualquier información contraria es pura especulación. Visitaré al presidente Bolsonaro, a quien le estoy y seguiré agradecido y leal, el próximo jueves para ofrecerle todo mi apoyo y solidaridad», continuó el posteo.
LPO adelantó que la derecha brasileña pasa por un momento de fuerte tensiones. Esta semana estaba prevista una visita de Tarcisio a la prisión donde se encuentra detenido Jair Bolsonaro pero el paulista la suspendió molesto con Flavio.
El hijo hizo trascender que el ex presidente le pediría a Tarsicio que abandone la carrera presidencial para apoyarlo y por eso decidió no asistir. La encuesta indica que el gobernador de San Pablo sería el mejor vicepresidente para Flavio.
Sin embargo, Tarcisio terminó por confirmar que visitará a Jair Bolsonaro pero no dijo nada de apoyar la candidatura de Flavio, lo que expone las internas y sugiere que el paulista podría jugar en la interna del clan apoyando a Michelle Bolsonaro, en conflicto con Flavio y Eduardo.
Soy candidato a la reelección como gobernador del estado de São Paulo y siempre trabajaré por una derecha unida y fuerte para derrocar a la izquierda del poder
Michelle publicó la semana pasada un inesperado posteo de un discurso de Tarcisio Gomes da Freitas con fuertes críticas contra Lula que sugirió un apoyo a su candidatura presidencial.
En un momento, la primera lectura fue que se trató de un gesto para sumar al gobernador paulista al armado de Flavio pero fuentes cercanas a la familia consultadas por LPO lo descartaron. Luego, hizo lo mismo con Romeu Zema, gobernador de Minas Gerais que también está anotado en la carrera presidencial. Lo que queda claro es que es un mensaje interno.
Esta fuente, de diálogo periódico con el clan, confirma que la relación entre los hermanos y la ex primera dama no pasa por el mejor momento y Michelle culpa a Flavio por el traslado de su padre a una cárcel común.
Cualquier información contraria es pura especulación. Visitaré al presidente Bolsonaro, a quien le estoy y seguiré agradecido y leal, el próximo jueves para ofrecerle todo mi apoyo y solidaridad
San Pablo es un territorio clave para la disputa nacional, no solo por la gobernación sino también por los diputados y senadores. Lula quiere jugar con todo lo que tiene para recuperar el distrito que está hace décadas en manos de la derecha.
Por eso, baraja las candidaturas de figuras fuertes como la del vicepresidente y tres veces gobernador, Geraldo Alckmin, o la ministra de Planificación, Simone Tebet que cae bien en el establishment paulista.
Sin Tarcisio, Lula tiene una noticia buena y otra mala. La buena es que con el bolsonarismo en frente tiene la chance de seducir a los mercados y el establishmet que se queda sin opción de dercha moderada y podría acordar con Lula. La mala, en cambio, es que se queda sin un candidato fuerte que divida los votos en la derecha.
En efecto, el mapa a 9 meses de los comicios es con Lula, Flavio o Michelle Bolsonaro y tres opciones de derecha no bolsonaristas como Romeu Zema, Ronaldo Caiado y Ratinho jr.
El Intendente Marcelo Orazi firmó con la Secretaria de Seguridad y Justicia de Río Negro Betiana Minor un acuerdo de cooperación para implementar el dictado de talleres de sensibilización por parte del Programa de Mediación Comunitaria y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos mediante la Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Comunitaria. De esta…
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