La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina informa sobre el procedimiento realizado por el personal técnico de la Dirección de Fauna Silvestre dependiente de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro el viernes pasado.
A partir de llamados recibidos en la Dirección de Ambiente, procedió al retiro de dos aves silvestres que permanecían enjauladas en domicilios particulares. Se trata de un juvenil de águila mora y un loro barranquero que quedaron alojadas en el Centro de Cuarentena y Rehabilitación de los Guardafaunas Honorarios en General Roca para su observación.
Luego de un período de adaptación en grandes jaulas ‘voladoras’ recuperarán su musculatura y se atenderá su situación sanitaria para luego ser liberadas en su ambiente. Cabe aclarar que ambas aves provienen de entregas voluntarias de personas que comprendieron que un ave silvestre enjaulada, además de ser ilegal, no puede cumplir su ciclo natural.
La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable recuerda que las entregas voluntarias de aves silvestres no implican sanción de parte de la autoridad provincial de Fauna.
La tenencia, captura y comercialización de animales silvestres, vedados o prohibidos por la Autoridad Jurisdiccional es un delito en el marco de la Ley Nacional de Fauna, Ley N° 22421 y una infracción para la Ley Provincial N° Q2.056, la cual prevé severas multas.
Además informa a los vecinos que pueden denunciar de forma anónima situaciones de cautiverio de animales silvestres o contactarse para realizar entregas voluntarias de aves, lo que no implica sanción.
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El gobierno confía que este jueves conseguirá en el Senado la media sanción de la modificación a la Ley de Glaciares con los votos del bloque de Carolina Moisés y los peronistas Sergio Uñac y Lucía Corpacci.
La senadora jujeña acaba de separarse del interbloque de José Mayans y se convirtió en vicepresidenta de la cámara con el respaldo de los 44 antikirchneristas, quedándose sorpresivamente con el lugar que le correspondía a la principal fuerza opositora. Si se inclina por la afirmativa, su postura serviría de excusa para que sus excompañeros de bancada se reconforten en el reproche por su acompañamiento a Javier Milei.
Uñac y Corpacci, por su parte, ni siquiera asistieron este miércoles a la reunión del bloque peronista. La catamarqueña preside el PJ de su provincia y, aunque se encolumna bajo el liderazgo de Cristina Kirchner, se cuida siempre de no desairar a su gobernador pero, encima, cultiva un profundo malestar después que Mayans blandiera su nombre para compulsar contra Moisés en vano, por el sillón que dejó vacante Silvia Sapag.
Por lo demás, fuentes del oficialismo adelantaron a LPO que cuentan con el apoyo de los gobernadores Raúl Jalil y Marcelo Orrego, quienes expusieron a favor de los cambios a la norma aprobada el 30 de septiembre de 2010, con el histórico voto de Miguel Pichetto.
El propio Orrego anunció este martes que los diputados que le responden, Nancy Picón Martínez y Carlos Jaime Quiroga, tienen la orden de votar por la afirmativa pero aprovechó para pronunciarse contra los peronistas que rechacen la iniciativa en la Cámara Alta. «Votar en contra de esta ley es votar en contra del desarrollo, del empleo y del futuro de los sanjuaninos», dijo.
A Uñac, de todas formas, lo asiste incluso la postura del exgobernador José Luis Gioja, que no solo se opuso a la ley nacional vigente sino que impulsó una legislación provincial que flexibilizó las condiciones impuestas por el Congreso. Además, su hermano César Gioja se desempeñaba en 2010 como senador y votó contra la normativa impulsada en ese entonces.
Carolina Moisés y Flavia Royón.
En rigor, Moisés, que se abrió junto a Sandra Mendoza y Guillermo Andrada con Convicción Federal, más Corpacci y Uñac, sumarían cinco voluntades al lote de los 21 libertarios, los dos misioneros, los dos santacruceños, el correntino Carlos «Camau» Espínola, la salteña Flavia Royón y la neuquina Julieta Corroza. En total serían 33 y habría que agregarles alrededor de cinco radicales, porque se espera que el bloque de la UCR también se divida.
Cerca de Eduardo Vischi comentaron a LPO que la preocupación radical se basaba en «las competencias de las provincias cuando se tomen decisiones que afecten a otras» y se evaluaban «alternativas para dirimir las discusiones».
Votar en contra de esta ley es votar en contra del desarrollo, del empleo y del futuro de los sanjuaninos.
El dictamen que se estará este jueves en las bancas todavía no estaba totalmente pulido, al cierre de esta nota. A ese trabajo de correcciones y negociaciones se dedicaban en la tarde de este miércoles el libertario Agustín Coto, la salteña Flavia Royón, la chubutense Edith Terenzi y la santacruceña Natalia Gadano.
En el bloque de Patricia Bullrich, no obstante, aseguraron a LPO que la ley saldría. «De piso, tenemos 38 votos pero podemos acercarnos un poco más al techo de 44», dijeron.
Los libertarios reivindican que «no se va a tocar el inventario de glaciares» hecho por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y se jactan de promover el respeto pleno al artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece que las provincias tienen la potestad sobre los recursos que provean sus suelos. «Vamos a usar los argumentos de Cristina para el veto de 2008», anticipan.
La ley en debate se basa en el cuestionamiento a la pericia del IANIGLA para inventariar con imágenes satelitales los miles de glaciares del país. Un senador de LLA lanzó ante LPO una crítica furiosa «al progresismo de Palermo que impulsó la ley Bonasso», en referencia al periodista y exdiputado Miguel Bonasso. «No vamos a tocar el artículo del objeto protegido pero necesitamos que las provincias puedan decidir si habilitan la minería o no en glaciares de escombros, donde no hay relevancia hídrica», argumentó.
En los últimos 10 años se observó una reducción del 17 por ciento en la superficie glaciar del noroeste del país, precisamente en las zonas donde más se necesitan como reservas y reguladores del recurso hídrico.
A pedido de los gobernadores, los libertarios repusieron la primacía de los distritos provinciales por encima de los criterios científicos del IANIGLA para que sea cada jurisdicción, en base a sus propios estudios de impacto ambiental y con la legitimidad social que emane de audiencias públicas, la que resuelva si una zona de glaciares o sus adyacencias pueden abrirse a la minería u otro tipo de producción.
Según la última actualización del inventario del IANIGLA, apuntó Eugenia Testa, redactora de la ley de 2010 y actual directora del Círculo de Políticas Ambientales, «en los últimos 10 años se observó una reducción del 17 por ciento en la superficie glaciar del noroeste del país, precisamente en las zonas donde más se necesitan como reservas y reguladores del recurso hídrico». «Estas áreas corresponden en gran parte a las provincias cuyos gobernadores hoy buscan flexibilizar la norma que los protege», alertó.
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