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Se realizan trabajos previos a la repavimentación del kilómetro de Nardini

La Dirección de Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante en estos días un intenso trabajo en las calles rurales.

En principio se ejecutan tareas previas a la repavimentación del kilómetro de Nardini. Para ello se coloca calcáreo y ripio.

Recordemos que el próximo 13 de enero se abrirán los sobres con las ofertas de la licitación pública que puso en marcha la Municipalidad de Villa Regina para ejecutar esa obra.

En los próximos días se llevarán adelante trabajos similares en la calle Juan XXIII.

Además se intensificarán las tareas en las calles rurales de cara al inicio de la temporada de cosecha. Para ello se utilizará la maquinaria adquirida junto a la Cámara de Productores local con los fondos provenientes de las cámaras de transferencia. Recordemos que el acuerdo realizado en su momento estableció que el camión regador y la motoniveladora tenían como destino el mantenimiento de los caminos ubicados en zona rural.

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     La ruptura de relaciones diplomáticas entre el gobierno de Javier Milei y el régimen de Nicolás Maduro generó consecuencias inesperadas. La brigada de búsqueda y rescate urbano de Bomberos Voluntarios de Santa Fe permanece desde el fin de semana en condiciones de partir hacia la zona devastada por el terremoto en Venezuela, pero la ausencia de representación diplomática argentina en Caracas dificulta la coordinación del operativo.

    Según pudo saber LPO de fuentes diplomáticas, los rescatistas fueron activados apenas se produjo el desastre y completaron toda la documentación exigida para laa misión internacional.

    Sin embargo, el despliegue quedó sujeto a la autorización de Cancillería y a las garantías que debe ofrecer el gobierno venezolano para el ingreso del contingente. Los 40 bomberos de elite requieren que alguien los reciba, ubique una zona para campamentos y se les pueda proveer víveres mínimos para sus tareas de rescate, explicaron a este medio fuentes al tanto del operativo.

     El despliegue quedó sujeto a la autorización de Cancillería y a las garantías que debe ofrecer el gobierno venezolano para el ingreso del contingente. Los 40 bomberos de elite requieren que alguien los reciba, ubique una zona para campamentos y se les pueda proveer víveres mínimos para sus tareas de rescate 

    La situación expone las profundas consecuencias que pueden tener las rupturas diplomáticas intempestivas que por ello representan un último recurso en la relación entre los Estados. Por eso, en 2015 el gobierno de Mauricio Macri suspendió los vuelos directos hacia Venezuela, pero nunca llegó a romper romper con Maduro.

    La administración de Alberto Fernández tampoco restableció esas conexiones aéreas y con la llegada de Milei se decidió el retiro del personal de Caracas y la Argentina quedó sin embajada ni consulado operativo en ese país.

    Rescatistas vietnamitas ya están en Venezuela

    Mientras tanto, 40 bomberos voluntarios especializados en catástrofes urbanas y con equipamientos de alta tecnología para encontrar sobrevivientes estuvieron concentrados el fin de semana en Rosario aguardando la orden de partida pero el Hércules que debería trasladarlos con los equipos y vehículos no apareció.

     40 bomberos voluntarios especializados en catástrofes urbanas y con equipamientos de alta tecnología para encontrar sobrevivientes estuvieron concentrados el fin de semana en Rosario aguardando la orden de partida 

    Los rescatistas ahora se encuentran en alerta amarilla esperando la nueva convocatoria esperando la orden de partida. Muchos debieron suspender sus trabajos, reorganizar sus familias y dejar en pausa todas sus actividades porque el llamado puede llegar en cualquier momento.

    La brigada santafesina integra el reducido grupo de equipos USAR – Urban Search and Rescue- certificados bajo las normas INSARAG, el sistema creado por Naciones Unidas para coordinar las tareas de búsqueda y rescate en grandes catástrofes.

    Esas normas unifican procedimientos, señalización, protocolos de seguridad y equipamiento para que brigadas de distintos países puedan trabajar de manera conjunta en escenarios de derrumbes masivos, explicó a LPO una alta fuente de Bomberos Voluntarios de la provincia.

    Los rescatistas se guían por estos protocolos a través de los cuales las estructuras inspeccionadas quedan marcadas con símbolos internacionales que indican si se detectaron personas con vida, víctimas fatales, sectores ya revisados o zonas peligrosas. Esa estandarización permite que equipos de distintas nacionalidades continúen un operativo sin perder información crítica.

    Personal del Ejército Argentino que llegó a Caracas

    La brigada santafesina obtuvo la acreditación internacional en mayo del año pasado y fue registrada como ARG-15. Junto con la brigada USAR de la Policía Federal, integra el reducido grupo de equipos argentinos de capacidad media reconocidos por Naciones Unidas.

    Esa categoría implica que puede operar entre diez y quince días de manera completamente autónoma, trasladando su propio campamento, comunicaciones, logística, atención sanitaria y equipamiento especializado.

    Buena parte de ese equipamiento fue incorporado recientemente por el gobierno de Santa Fe. Entre otros dispositivos, la provincia adquirió sistemas de búsqueda técnica capaces de detectar movimientos, golpes e incluso latidos cardíacos bajo estructuras colapsadas, herramientas de alta complejidad que hoy poseen muy pocas brigadas del país y que pueden ser claves en la zona de catástrofe arrasada por los terremotos.

    Rosario aporta seis de los 40 integrantes al contingente entre ellos, ingenieros civiles, arquitectos, especialistas en higiene y seguridad y rescatistas con años de experiencia en emergencias complejas.

    La movilización de la brigada comenzó el viernes, cuando la Agencia Federal de Emergencias elevó el nivel de alerta tras monitorear la evolución del desastre. Como ocurre en todas las emergencias internacionales, el organismo coordinó la presentación de manifiestos de carga, inventario de equipamiento y disponibilidad del personal.

    Brigadistas y equipos qataríes que llegaron a prestar colaboración en Venezuela

    Argentina envió un primer vuelo en un Hércules con personal del Ejército, vehículos y equipos, pero tuvieron grandes inconvenientes para instalarse. Ese avió volvió el domingo y todavía no volvió a viajar hacia Caracas.

    Ahora los bomberos santafesinos permanecen listos para partir apenas llegue la confirmación definitiva de Cancillería, que además deberá coordinar con las autoridades venezolanas las condiciones de ingreso y el traslado de varias toneladas de equipamiento especializado hacia la zona afectada. 

     

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    A casi un año y medio del estallido del caso $LIBRA, la investigación judicial atraviesa uno de sus momentos más críticos. Sin testigos citados, sin indagatorias, con la fiscalía admitiendo que carece de recursos técnicos y ahora con los querellantes apartados del expediente, la causa que salpica a Milei parece ingresar en un preocupante callejón sin salida.

    Por Roque Pérez para NLI

    Lo que comenzó como una investigación sobre la presunta estafa vinculada al lanzamiento y derrumbe del memecoin $LIBRA, promocionado por Milei, hoy exhibe un escenario que preocupa incluso a especialistas en derecho penal económico. Después de casi dieciocho meses de trámite, el expediente pasó por varios magistrados y fiscales, pero todavía no hubo declaraciones testimoniales relevantes, ni llamados a indagatoria para los principales involucrados, mientras continúan acumulándose cuestionamientos sobre el ritmo de la investigación.

    Una resolución que cambió el escenario

    La situación se agravó con la reciente decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien resolvió excluir de la causa a todos los querellantes particulares al considerar que no acreditaron suficientemente haber sido damnificados por el colapso de $LIBRA.

    La resolución generó fuertes críticas porque, según distintos especialistas, el magistrado habría avanzado sobre cuestiones de fondo que todavía deberían investigarse, al sostener que las pérdidas sufridas por los inversores podrían responder simplemente a la volatilidad propia del mercado de los llamados «memecoins» y no necesariamente a una maniobra fraudulenta.

    Esa interpretación también llamó la atención porque el propio expediente reconoce que todavía no pudo reconstruirse completamente el recorrido del dinero ni identificarse a todos los titulares de las billeteras virtuales involucradas, una tarea indispensable para determinar si existió o no una operatoria fraudulenta.

    Sin recursos, sin avances y con advertencias de impunidad

    Otro dato que agrava el panorama es el reconocimiento formulado por el propio Ministerio Público Fiscal respecto de las dificultades para investigar operaciones complejas con criptomonedas.

    Según consta en el expediente, la fiscalía admitió que no dispone del presupuesto, del software especializado ni de las licencias tecnológicas necesarias para reconstruir adecuadamente las transacciones realizadas mediante blockchain, una limitación que viene demorando medidas consideradas centrales para esclarecer los hechos.

    Desde el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, que participa como amicus curiae, advirtieron que la combinación entre la exclusión de los querellantes y la demora en impulsar medidas clave incrementa seriamente el riesgo de impunidad.

    Su director ejecutivo, Pedro Biscay, sostuvo que las demoras en ordenar indagatorias y avanzar sobre las máximas responsabilidades debilitan el proceso penal y comprometió que la organización continuará impulsando medidas para intentar esclarecer completamente lo ocurrido.

    Una causa cada vez más cuestionada

    La decisión de apartar a quienes se presentan como presuntas víctimas tampoco parece alinearse plenamente con criterios adoptados anteriormente por la Cámara Federal, que había permitido su participación mientras avanzaban diversas pericias técnicas sobre blockchain y trazabilidad de fondos.

    Ahora, esos damnificados anticiparon que apelarán la resolución, mientras crecen las dudas sobre el futuro de una investigación que continúa sin definir responsabilidades pese a la enorme repercusión política e institucional que tuvo el caso desde febrero de 2025.

    Con el expediente prácticamente estancado, sin avances sustanciales sobre los principales imputados y con limitaciones reconocidas por los propios investigadores, el caso $LIBRA se convirtió en uno de los ejemplos más visibles de las dificultades que enfrenta la Justicia argentina para investigar presuntos delitos económicos cometidos mediante activos digitales, al tiempo que continúa proyectando una sombra política sobre Milei y su entorno.

     

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