La Dirección de Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Regina lleva adelante en estos días un intenso trabajo en las calles rurales.
En principio se ejecutan tareas previas a la repavimentación del kilómetro de Nardini. Para ello se coloca calcáreo y ripio.
Recordemos que el próximo 13 de enero se abrirán los sobres con las ofertas de la licitación pública que puso en marcha la Municipalidad de Villa Regina para ejecutar esa obra.
En los próximos días se llevarán adelante trabajos similares en la calle Juan XXIII.
Además se intensificarán las tareas en las calles rurales de cara al inicio de la temporada de cosecha. Para ello se utilizará la maquinaria adquirida junto a la Cámara de Productores local con los fondos provenientes de las cámaras de transferencia. Recordemos que el acuerdo realizado en su momento estableció que el camión regador y la motoniveladora tenían como destino el mantenimiento de los caminos ubicados en zona rural.
El desarrollo y progreso que en las últimas décadas se ha fomentado en el marco del “Úselo y Tire” ha causado grandes deterioros en el ambiente mundial y nuestra región no es ajena. El consumo no racional como filosofía de vida ha impactado gravemente en todos los estamentos sociales y etarios, poniendo de manifiesto no…
La escena se repite cada vez con más frecuencia y expone una realidad alarmante. Este mediodía, estudiantes que intentaban viajar con el boleto estudiantil secundario en la línea 8 recibieron una respuesta tan contundente como preocupante: «No hay más secundario», les dijo el chofer del interno 722. A partir de allí, los jóvenes quedaron ante una disyuntiva imposible: pagar una tarifa que muchos no pueden afrontar o descender de la unidad y perder la posibilidad de llegar a la escuela o retornar a sus hogares.
Por Tomás Palazzo para NLI
El episodio no aparece como un hecho aislado. Según denuncian usuarios y familias, situaciones similares comienzan a multiplicarse en distintas líneas de transporte, en un contexto marcado por el aumento permanente de los combustibles, la crisis financiera que atraviesa el sector y la reducción de la asistencia estatal. Sin embargo, detrás de cada estudiante obligado a pagar o a bajarse de un colectivo existe una pregunta de fondo: ¿quién debe garantizar el acceso a la educación, las empresas privadas o el Estado?
Cuando la crisis la pagan los estudiantes
El boleto estudiantil no es un beneficio comercial ni una concesión graciosa de las empresas. Se trata de una herramienta destinada a garantizar el acceso a la educación pública, evitando que el costo del transporte se transforme en una barrera para miles de familias trabajadoras.
Cuando una empresa decide desconocer ese derecho o limitar su aplicación, el impacto no recae sobre balances empresariales ni sobre funcionarios. Lo sufren directamente los estudiantes. Cada viaje que deja de estar cubierto implica un gasto adicional para hogares que ya enfrentan aumentos constantes en alimentos, tarifas, alquileres y servicios.
La consecuencia es tan sencilla como brutal: estudiar se vuelve más caro. Y cuando la educación pública comienza a incorporar costos que antes estaban garantizados por políticas estatales, quienes terminan pagando son los sectores populares.
La situación remite inevitablemente a una larga historia de luchas estudiantiles. El reclamo por el boleto estudiantil forma parte de una tradición de organización juvenil que tuvo uno de sus capítulos más trágicos durante la dictadura con la recordada Noche de los Lápices, cuando estudiantes secundarios fueron secuestrados, torturados y desaparecidos tras participar, entre otras reivindicaciones, de la defensa de ese derecho. Por eso, cada retroceso en esta materia tiene una carga simbólica que trasciende la discusión económica.
El Estado se corre y los derechos quedan a merced de privados
La situación también expone una tendencia cada vez más visible durante la gestión de Milei: la retirada del Estado de áreas sensibles y la transferencia de responsabilidades públicas hacia actores privados.
Desde NLI ya habíamos advertido sobre este fenómeno el pasado 26 de mayo, cuando se conoció la eliminación de compensaciones para los pasajes gratuitos de personas con discapacidad, en una decisión que no tuvo la trascendencia necesaria ni la dimensión esperada, oculta tras el mando de discusiones internas o Declaracines Juradas no presentadas. En aquel caso, el Gobierno dejó de financiar una política pública y trasladó la carga económica a las empresas, convirtiéndolas de hecho en administradoras de un derecho que debería estar garantizado por el Estado.
Ahora el mecanismo parece repetirse. Mientras el transporte enfrenta aumentos de costos y problemas de financiamiento, los controles estatales brillan por su ausencia y los usuarios quedan atrapados en el medio. En lugar de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos adquiridos, el Gobierno parece optar por correrse y dejar que cada empresa resuelva la situación como considere conveniente.
El resultado es previsible: cuando los números no cierran, quienes primero sufren las consecuencias son los sectores más vulnerables.
Un nuevo golpe contra la educación pública
La negativa a reconocer el boleto estudiantil no puede analizarse únicamente como un conflicto de transporte. También constituye un nuevo capítulo en el deterioro de las condiciones de acceso a la educación pública.
Durante los últimos meses, estudiantes, docentes y universidades protagonizaron múltiples reclamos frente a recortes presupuestarios, pérdida salarial y reducción de programas de asistencia. Ahora, a ese escenario se suma la incertidumbre sobre una herramienta fundamental para que miles de jóvenes puedan asistir a clases.
Detrás de cada estudiante obligado a pagar un pasaje que antes estaba cubierto existe una definición política. Porque cuando el Estado abandona su rol de garante y permite que derechos básicos queden sujetos a la capacidad económica de empresas privadas, lo que está en discusión ya no es solamente una tarifa de colectivo. Lo que está en juego es la igualdad de oportunidades.
Y una vez más, quienes terminan soportando el peso del ajuste son aquellos que menos tienen y más necesitan de la presencia estatal para ejercer derechos que deberían estar fuera de cualquier discusión.
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Pasaron las elecciones, baja la excitación partidaria, las radios vuelven a sus programaciones habituales y facebook deja de bombardear a los usuarios locales desde los perfiles oficiales, párrafo aparte para la campaña sucia y desinformativa a la que estuvimos expuestos (los ciudadanos) desde perfiles pseudo comunicacionales que juegan a manipular desde una postura negativa y trillada…
El Senado podría darle media sanción este jueves al Acuerdo de Conciliación con Bainbridge LTD y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, dos fondos buitre que no entraron a ninguno de los canjes de deudas que realizaron los gobiernos argentinos desde el default del 2001.
El proyecto llega a recinto con un dictamen de mayoría impulsado por los libertarios Agustín Monteverde, Silvana Schneider, Bartolomé Abdala, Pablo Vervi, Gonzalo Guzmán, Bruno Olivero, Ivana Arrascaeta y Patricia Bullrich, los radicales Eduardo Vischi, Daniel Kroneberger y Eduardo Galaretto, el misionero Martín Göerling y el correntino Carlos «Camau» Espínola, y los aliados Guillermo Andrada y Beatriz Ávila.
El acuerdo contempla un pago de 67 millones de dólares para Bainbridge y otro de 104 millones para Attestor Value Master Fund LP. El entendimiento supone «una suspensión standstill de los litigios y de los bonos objeto de los mismos, o de cualquier participación en cualquier endeudamiento externo público de la República emitido con anterioridad al 1 de enero de 2002, así como no iniciar nuevas acciones respecto de los bonos».
El trámite parlamentario viene demorado desde abril. LPO informó que Patricia Bullrich fue arrinconada por los aliados antes de la sesión del 14 de mayo pasado, cuando sus colegas amagaron con voltear la sesión porque el gobierno había modificado el articulado del proyecto del pago a los holdouts de Attestor y Bainbridge.
Los senadores detectaron la noche anterior que el oficialismo quería imponer reformas y explicarlas a último momento. En efecto, la respuesta del bloque libertario ante la inquietud de los opositores fue casi ofensiva. «La traducción legalizada llegará mañana a la mañana porque se firmó después de las 15 y no se pudo legalizar hoy», se excusaron.
Por eso, el despacho volvió a comisión y se reanudó la discusión para saldar las inquietudes de todas las bancadas. «Ya está, ahora tiene que salir», comentó un radical a LPO, mientras que un aliado de los bloques ligados a los gobernadores confió: «están los votos para aprobarlo».
De concretarse la media sanción, el proyecto deberá girar a la Cámara de Diputados. El objetivo del gobierno es aprobarlo definitivamente antes del 30 de junio.
La Municipalidad de Villa Regina y el Movimiento Evita informan que el viernes 21 y sábado 22 de 10 a 16 horas estarán en la ciudad los camiones de salud comunitaria para atención oftalmológica y odontológica. Los mismos se ubicarán en el predio del polideportivo Cumelen. Se otorgarán aproximadamente 120 turnos diarios en oftalmología y…
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