En la mañana de hoy, en la vereda del Paseo del Arroyo, se encontraron bolsas de basura rotas y se pueden observar varias jeringas usadas entre otra tanta suciedad.
Se pide suma responsabilidad a los vecinos y que este tipo de elementos como jeringas, agujas, vidrios rotos, etc, sean descartados con las medidas de precaución adecuadas ya que no sólo representan un gran riesgo para los agentes municipales que deben recogerlos sino también para todos los ciudadanos.
Por otro lado, en la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable se depositaron una gran cantidad de botellas de vidrio vacías, en la entrada de la misma.
Les pedimos a todos los reginenses que dejen sus residuos en los lugares que corresponde y no en sitios que no están habilitados.
¡Entre todos podemos colaborar y tener una ciudad limpia!
La Municipalidad de Villa Regina informa que a partir de mañana y hasta el domingo inclusive no funcionará la balsa en la Isla 58. El servicio se retomará el lunes 27 en el horario habitual de 7 a 14 y de 17 a 20. Difunde esta nota
El juez Martín Cormick declaró este lunes la nulidad del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, ante la demanda realizada por el CELS, bajo el argumento que ese reglamento otorga «un exceso de competencia» al Poder Ejecutivo.
En un escrito de 38 páginas, el magistrado a cargo del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N° 11 objetó que «bajo el ropaje de un Protocolo interno, y por medio de una resolución Ministerial, se regulan derechos constitucionales y convencionales, tales como el derecho a perticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución), y el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en tanto los mismos sólo pueden ser regulados por ley emanada del Congreso Nacional».
Además, advirtió que «se modifica el alcance del artículo 194 del Código Penal, permitiendo, incluso, respecto de la flagrancia, una interpretación más gravosa que la que efectúa el artículo 353 bis, modificándolo en consecuencia». «Por ende, el Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias», alertó.
Cormick también precisó que la resolución 943/23 imparte directivas a las fuerzas de seguridad que no están contempladas en las leyes que regulan su accionar. «Las directivas dadas por la Resolución 943/23 -en su articulado- al personal de la fuerzas no se basan en las leyes 19349 (Gendarmería Nacional); 18398 (Prefectura Naval); 21965 (Policía Federal Argentina); ley 26102 (Policía Aeroportuaria); y ley 20416 (Servicio Penitenciario Federal), pues no existe expresión ni referencia ninguna a estas normas, circunstancia que podría conducir a que el personal de las fuerzas -en ejercicio de lo allí ordenado- vulnere los preceptos de las leyes dictadas por el Poder Legislativo que regulan su actividad y competencia (ver artículos 4° y 5° de la Resolución atacada)».
El juez también consignó que no obra en la resolución ninguna cita a la Ley de Protección de Datos Personales, ni tampoco se mencionan los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que legislan sobre la materia. «Ni para armonizarlos a la presente Resolución, ni para limitar su alcance», aclara.
Uno de los abogados que trabajó en el reclamo contra el protocolo de Bullrich junto al equipo del CELS señaló que el juez Cormick consideró que la resolución «no sólo es desproporcionada e irrazonable, sino ilegal y se auto atribuye facultades legislativas».
El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos.
La exministra de Seguridad, por su parte, se quejó por el fallo judicial. «El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos», expresó por Twitter.
En ese sentido, agregó: «¿Quién lo declara nulo? El mismo Juez que siempre lo hace contra el Gobierno».
La referencia de Bullrich apunta a que Cormick es el mismo magistrado que ordenó al gobierno cumplir con lo dispuesto por la ley de Financiamiento Universitario, una desobediencia del gobierno de Javier Milei que pone a sus funcionarios a tiro de denuncia penal.
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Carlos Presti ni siquiera asumió y ya dejó un mensaje inequívoco: su Ministerio de Defensa será refugio de negacionistas, protectores de represores y operadores contra los organismos de derechos humanos. Su primera decisión —nombrar como jefe de Gabinete a Guillermo Madero— confirma un rumbo que alarma a todo el arco democrático.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
Un gesto político, no un descuido
Que Presti —hijo de un represor detenido por secuestros y desapariciones durante la dictadura— haya elegido como mano derecha a Madero no es un accidente de la política: es una definición ideológica, hecha y derecha. Madero celebró su ascenso en redes, agradeció felicitaciones tras la primicia que difundió Eduardo Feinmann y lo vivió como un premio. En realidad, es la señal más cruda de la deriva negacionista que Milei impulsa desde el Estado.
Con esta dupla, el Ministerio de Defensa deja de simular neutralidad y se alinea directamente con la agenda de la “memoria completa”, un proyecto que busca relativizar los crímenes de la dictadura y reinstalar la narrativa militarista que la sociedad argentina ya rechazó.
Madero y un prontuario institucional imposible de maquillar
Basta revisar su paso por el Estado durante 2024 para comprender por qué su nombramiento desató alarma. En febrero de ese año, desde la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, Madero rechazó enviar la historia clínica solicitada por Conadi, el organismo que trabaja junto a Abuelas de Plaza de Mayo para encontrar nietos y nietas apropiadas.
El gesto, celebrado por las redes del lobby pro-impunidad, fue un mensaje directo: el Estado empezaba a cortar los vínculos con las investigaciones de lesa humanidad.
Pero el sabotaje no quedó ahí.
Visitas a represores y desmantelamiento de equipos clave
En marzo de 2024, señalan desde EnOrsai, Madero visitó a los represores detenidos en la Unidad 34 de Campo de Mayo, junto al entonces director de Derechos Humanos, Lucas Miles Erbes. El Ministerio lo disfrazó de “recorrido técnico”, pero —según distintas fuentes— los represores quedaron “esperanzados” tras aquella charla.
Semanas después, el entonces ministro Luis Petri tomó una decisión devastadora: echó a los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA), que colaboraban con la Justicia aportando información crucial en causas de lesa humanidad. Treinta y seis fiscales denunciaron públicamente el golpe institucional.
Los archivos en riesgo y la ofensiva contra fiscales
Cuando el fiscal Miguel Palazzani pidió preservar archivos históricos, Madero respondió con una nota al procurador interino Eduardo Casal acusándolo de una supuesta “comunicación indebida”. Como resultado, Casal llamó la atención al fiscal… cuyo único objetivo era evitar la destrucción de documentos esenciales.
La tensión escaló con la denuncia del fiscal Félix Crous por la tentativa de destruir información en el Archivo General de la Armada. Para Crous, el episodio formaba parte de un “esfuerzo persistente y coordinado” para borrar pruebas del terrorismo de Estado.
En esa lista de hechos, el primer ítem era siempre el mismo: la negativa de Madero a entregar los legajos que Conadi necesitaba.
Un dirigente moldeado por el PRO y abrazado por La Libertad Avanza
La historia política de Madero también explica su desembarco en Defensa. Nacido del riñón del PRO, fue designado durante el macrismo por Patricia Bullrich como director de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, con el padrinazgo de Guillermo Montenegro, hoy intendente de General Pueyrredón y aliado entusiasta del oficialismo mileísta.
Su avance dentro del Ministerio se consolidó de la mano de Petri, primero como funcionario en Planeamiento y luego como subsecretario de Defensa Civil.
La doctrina Petri y la agenda militarista
En notas recientes —como las publicadas en Infobae— Madero defendió la llamada “doctrina Petri”, que pretende ampliar el rol de las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad interior, en oposición directa a la doctrina Garré, que mantuvo una separación estricta entre defensa y seguridad.
Allí repitió argumentos propios de la ultraderecha militarista: la idea de la “industria de los juicios de derechos humanos”, el mismo latiguillo que Victoria Villarruel convirtió en propaganda electoral. Para Madero, los juicios de lesa humanidad no fueron justicia: fueron persecución.
Un clima general de retroceso
El nombramiento llega en un momento donde la Casa Rosada presenta a Presti como la forma de “terminar con la demonización” de las Fuerzas Armadas. La lectura de los organismos de derechos humanos es diametralmente opuesta:
el mensaje es la validación del negacionismo, la protección política a condenados y procesados, y el riesgo concreto de desmantelamiento de controles y archivos que fueron pilares de 40 años de justicia.
Lo que viene: retrocesos y pérdida de información crítica
Mientras Milei insiste con la bandera de la “memoria completa”, lo que toma forma es una ofensiva contra la verdad histórica. Con Madero como jefe de Gabinete de Defensa, la pregunta ya no es si habrá retrocesos en derechos humanos, sino cuán profundos serán y cuánta información vital puede perderse antes de que sea demasiado tarde.
El mensaje político es claro: en el Ministerio de Defensa se abrió la puerta a quienes quieren reescribir la historia desde la impunidad.
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