En la mañana de hoy, en la vereda del Paseo del Arroyo, se encontraron bolsas de basura rotas y se pueden observar varias jeringas usadas entre otra tanta suciedad.
Se pide suma responsabilidad a los vecinos y que este tipo de elementos como jeringas, agujas, vidrios rotos, etc, sean descartados con las medidas de precaución adecuadas ya que no sólo representan un gran riesgo para los agentes municipales que deben recogerlos sino también para todos los ciudadanos.
Por otro lado, en la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable se depositaron una gran cantidad de botellas de vidrio vacías, en la entrada de la misma.
Les pedimos a todos los reginenses que dejen sus residuos en los lugares que corresponde y no en sitios que no están habilitados.
¡Entre todos podemos colaborar y tener una ciudad limpia!
Pasaron años para que el pedido de quienes utilizan el skatepark se oiga.Chicos y chicas (riders) de la ciudad como también quienes nos visitan de ciudades vecinas llevan años practicando en el skatepark de la ciudad ubicado en la Av 9 de Julio. Desde la Dirección de Cultura, se pidió la colaboración y el asesoramiento para…
El Intendente Marcelo Orazi mantuvo una conversación telefónica con el comisario de la Unidad Quinta José González, a quien le solicitó reforzar la presencia policial en sectores claves de la ciudad a partir de los hechos de inseguridad producidos en los últimos días. En este sentido, el comisario informó al Intendente sobre la estrategia implementada…
El organismo intervenido por el Gobierno de Milei aprobó un régimen especial que permite a las empresas de telecomunicaciones regularizar deudas históricas con quita de intereses y multas. La medida beneficia a los grandes grupos del sector, debilita el Fondo del Servicio Universal y consolida un esquema de impunidad empresaria disfrazado de gestión administrativa.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó un Régimen de Facilidades de Pago que habilita a las empresas de telecomunicaciones a regularizar deudas acumuladas durante años con el Estado nacional, incluyendo tasas, derechos radioeléctricos, aportes obligatorios y multas ya aplicadas o en trámite. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 3/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.
La medida alcanza a los licenciatarios y autorizados de servicios TIC y permite cancelar obligaciones vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025, con condiciones ampliamente favorables: quita de intereses, eliminación de multas diarias y planes de pago en cuotas. El plazo de adhesión será de 180 días y podrá prorrogarse por otros seis meses.
Una moratoria hecha a medida de los grandes jugadores
Aunque el texto administrativo se presenta como una herramienta técnica para “mejorar la recaudación”, lo cierto es que el régimen funciona como una moratoria encubierta para las empresas más poderosas del sector, muchas de las cuales arrastran deudas millonarias con el ENACOM desde hace años.
La resolución reconoce explícitamente que existen obligaciones vencidas de difícil o nula cobrabilidad, pero en lugar de avanzar con sanciones efectivas o ejecuciones, el organismo opta por perdonar penalidades y ofrecer facilidades excepcionales. En los hechos, se premia a quienes incumplieron sistemáticamente, mientras se licúan sanciones que tenían como objetivo disciplinar conductas abusivas.
El propio ENACOM admite que puede excluir la aplicación de multas diarias, aun cuando los incumplimientos se hayan extendido en el tiempo, apelando a una supuesta afectación de la “seguridad jurídica” de los administrados. Una lógica que, una vez más, protege al poder económico antes que al interés público.
El Fondo del Servicio Universal, otra vez la variable de ajuste
Uno de los puntos más sensibles del régimen aprobado es que incluye los Aportes al Fondo del Servicio Universal, un instrumento clave destinado a garantizar conectividad en zonas rurales, barrios populares y regiones postergadas del país.
Al permitir la regularización flexible —y con quitas— de esas obligaciones, el ENACOM debilita el financiamiento de políticas públicas esenciales, mientras las empresas continúan cobrando tarifas cada vez más altas a los usuarios. El ajuste no cae sobre los balances corporativos, sino sobre el derecho a la comunicación de millones de argentinos.
No se exige, además, ninguna contraprestación social: ni inversiones obligatorias, ni mejoras en la calidad del servicio, ni compromisos concretos de expansión de redes. El perdón es liso y llano.
Milei, el Estado blando y la impunidad empresaria
La resolución se inscribe de lleno en la lógica del gobierno de Milei: mano dura discursiva para los sectores populares y mano blanda real para los grandes grupos económicos. Mientras se recortan derechos, se ajustan presupuestos y se criminaliza la protesta social, las corporaciones reciben beneficios bajo el rótulo de “eficiencia administrativa”.
No es un dato menor que el ENACOM continúe intervenido, sin directorio plural ni control democrático, lo que facilita la adopción de decisiones de alto impacto económico sin debate público ni transparencia real. La emergencia administrativa invocada funciona, en este caso, como coartada para consolidar privilegios.
La adhesión al régimen implica que las empresas desisten de cualquier acción judicial o administrativa, cerrando conflictos a su favor y garantizando una paz fiscal construida sobre la renuncia del Estado a cobrar lo que le corresponde.
Un mensaje claro: incumplir paga
Lejos de fortalecer la regulación del sector, la Resolución 3/2026 envía un mensaje inequívoco: incumplir conviene. Las empresas que especularon, dilataron pagos o judicializaron deudas hoy reciben premios; las que cumplieron en tiempo y forma no obtienen ningún reconocimiento.
Así, bajo el discurso de la modernización y la eficiencia, el gobierno profundiza un modelo donde el Estado se disciplina frente al poder económico, resigna recursos estratégicos y consolida un esquema de impunidad que tiene ganadores claros y perdedores previsibles.
Un tuit del abogado Gregorio Dalbón volvió a poner en foco un recorrido político atravesado por muertes, violencias, encubrimientos y relatos oficiales construidos antes de cualquier verdad judicial. Desde Nisman hasta el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, el nombre de Patricia Bullrich aparece siempre en el mismo lugar: el del poder que explica, señala y se desentiende.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
El planteo de Gregorio Dalbón no es una consigna suelta ni una reacción emocional. Es una enumeración precisa de seis hechos gravísimos de la historia reciente argentina en los que Patricia Bullrich tuvo un rol político directo o determinante, siempre desde lugares de poder estatal y siempre antes de que la Justicia pudiera hablar con pruebas y no con conferencias.
No se trata de igualar causas ni de forzar comparaciones. Se trata de observar un patrón político reiterado: muertes o hechos violentos incómodos para el poder, una ministra que aparece rápido, un relato cerrado que exonera al Estado y una ausencia total de autocrítica cuando el tiempo demuestra que las explicaciones iniciales eran, como mínimo, falsas o incompletas.
Seis casos, un mismo libreto
En el caso Nisman, Bullrich fue una de las primeras dirigentes en instalar públicamente la hipótesis del asesinato, sin pruebas, empujando una operación política que convirtió una muerte aún no esclarecida en un arma contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Once años después, la causa sigue sin una sola evidencia firme que desmienta la hipótesis del suicidio, pero el daño político ya estaba hecho.
En el caso Santiago Maldonado, como ministra de Seguridad, defendió a la Gendarmería desde el primer minuto, negó la desaparición forzada y acusó a la propia familia y a organismos de derechos humanos de “politizar” el hecho. La Justicia terminó estableciendo que Maldonado murió ahogado, pero Bullrich nunca explicó por qué encubrió el accionar represivo previo ni asumió responsabilidad política alguna.
Con Facundo Molares, la escena se repitió: muerte en contexto de represión policial, relato inmediato de “descompensación”, respaldo automático a las fuerzas y ningún cuestionamiento interno. La violencia estatal se explicó sola y el poder se lavó las manos.
El nombre de Fabrizia Pegoraro se suma a una lista menos mediática pero igual de inquietante: violencias institucionales minimizadas, responsabilidades diluidas y silencio político posterior. Cuando el caso deja de servir al discurso, desaparece del micrófono.
En el caso de Pablo Grillo, nuevamente el esquema: intervención estatal, daños graves, justificaciones preventivas y una narrativa que corre el foco del rol del Estado hacia supuestos enemigos funcionales al orden que Bullrich dice garantizar.
Y finalmente, el hecho más grave de todos: el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Allí Bullrich volvió a actuar como operadora política antes que como dirigente responsable: instaló la teoría del “loco suelto”, negó cualquier entramado político y mediático previo, y buscó clausurar de inmediato la pregunta central: cómo se construyó el clima de odio que habilitó el intento de magnicidio.
Patricia Bullrich estuvo en el caso Nisman. Bullrich estuvo en el caso Maldonado. Bullrich estuvo en el caso Facundo Molares. Bullrich estuvo en el caso Fabrizia Pegoraro. Bullrich estuvo en el caso Pablo Grillo. Bullrich estuvo en el atentado contra Cristina Fernández de… https://t.co/8WGLRkG2Qj
— Gregorio Dalbon #CristinaLibre (@Gregoriodalbon) January 18, 2026
Siempre antes, nunca después
El hilo conductor es claro y demoledor: Bullrich siempre aparece antes del fallo, nunca después. Siempre con certezas anticipadas, nunca con dudas. Siempre señalando culpables ajenos, nunca haciéndose cargo del área que condujo.
Cuando la verdad aprieta, el poder responde con fórmulas conocidas: alguien “se suicida”, alguien “se ahoga”, alguien “actuó solo”, alguien “se descompensó”. El Estado jamás falla, las fuerzas nunca se equivocan y la responsabilidad política queda sepultada bajo slogans de orden y seguridad.
Esto no es una casualidad ni una suma de errores. Es un método político: construir autoridad desde el miedo, legitimar la violencia con discursos duros y garantizar impunidad desde el poder institucional.
La responsabilidad que no prescribe
La historia argentina demuestra algo que ningún marketing puede tapar: los funcionarios pasan, las víctimas quedan. Las conferencias se olvidan, los relatos se caen y las verdades, tarde o temprano, aparecen.
Cuando ese momento llega, la pregunta no es quién dio la orden. La pregunta es quién estaba a cargo. Y en demasiados momentos oscuros de la Argentina reciente, la respuesta conduce al mismo nombre.
La Directora de Cultura de la Municipalidad de Villa Regina Silvia Alvarado recibió la semana pasada a María Victoria Araoz, Valeria Fasciglione y ‘Pelusa’ Miño que participaron del concurso de murales ‘Pinta Payé’ en Corrientes, obteniendo el segundo puesto con su increíble mural. En la oportunidad, Alvarado les entregó un presente en nombre de la…
Un total de 31.457 rionegrinas y rionegrinos exceptuados del cumplimiento del aislamiento obligatorio obtuvieron su permiso de circulación a través de la aplicación digital lanzada por el Gobierno de Río Negro. El permiso tiene validez dentro del territorio provincial y será un complemento al Certificado Habilitante de la Nación. En los últimos días se lanzó…
Difunde esta nota
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
