Se mantiene suspendida la ordenanza que habilita los radares en Chimpay

De manera cautelar, sin definir por el momento el fondo de la cuestión, el STJ reafirmó esta semana la suspensión de la ordenanza del Municipio de Chimpay que permite el uso de radares de control de velocidad en la ruta nacional 22. En la misma decisión, el STJ se declaró competente para seguir interviniendo en el caso hasta definir si la ordenanza es inconstitucional o no y convalidó la legitimación de la Provincia para impulsar el proceso.

La Provincia de Río Negro y el Municipio de Chimpay sostienen posturas enfrentadas en un proceso judicial en el que se discute si es constitucional o no la ordenanza que dispuso la “municipalización” del tramo de la Ruta 22 que atraviesa la localidad. Con aquella ordenanza, el municipio de Chimpay buscó validar la utilización de radares de control de velocidad en su ejido y las multas derivadas de las infracciones detectadas.

Antes de que el Superior Tribunal de Justicia pueda pasar a resolver sobre el fondo del planteo, es decir, si la Ordenanza Municipal N° 06/2020 de Chimpay violenta o no las pautas de la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, las partes introdujeron otros tres elementos de análisis al litigio, que se definieron esta semana.

Por un lado, la Provincia pidió que, a modo de medida cautelar, el STJ “suspenda la vigencia y aplicación de la Ordenanza hasta que se resuelva la cuestión de fondo”; y por el otro, el Municipio pidió al máximo tribunal rionegrino que se declare incompetente para resolver el caso, pues considera que es la Justicia Federal la facultada para resolver. En paralelo, el gobierno comunal pidió que se desconozca a la Provincia la legitimación para entablar la demanda, afirmando que -de existir alguna irregularidad- el único legitimado para cuestionar la Ordenanza sería el Estado Nacional.

El expediente se inició en diciembre de 2020, cuando la Fiscalía de Estado de Río Negro interpuso una “acción de inconstitucionalidad” contra la Ordenanza. Alegó allí que el municipio de Chimpay “no tiene competencia para ejercer el poder de policía, control de tránsito y la seguridad vial sobre el tramo de la ruta” nacional que atraviesa la localidad y que la ordenanza “afecta los intereses de la provincia de modo directo”, no sólo en un aspecto patrimonial -por el cobro de las multas- sino también porque invade “temáticas de seguridad en el tránsito, el orden vial, la salud y la protección del medio ambiente, entre otros”.

Junto con la demanda, la Provincia pidió al STJ que, como medida cautelar “se suspenda la vigencia y aplicación de la aludida ordenanza, así como toda actuación de hecho y de derecho tendiente a hacerla efectiva, ordenando a la Municipalidad de Chimpay que se abstenga de instalar y/o continuar usando radares y/o cinemómetros en la zona e imponer multa o sanciones a quienes circulen por el tramo en cuestión”.

En una resolución dictada el pasado 4 de abril, el STJ en pleno habilitó la medida cautelar solicitada por la Provincia, suspendiendo la ordenanza y sus efectos. Esa medida fue confirmada esta semana, en una resolución que rechazó un “recurso de reposición” planteado por la Municipalidad.

Link al fallo completo: Aquí.

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    Un hecho ocupa prácticamente toda la agenda política en Argentina. Hace poquitos días se filtraron unos audios y, a cuentagotas, la filtración continúa. El titular -hasta ese entonces- de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, relataba un procedimiento de pedidos de coimas en su área que involucran a la secretaria general de la Presidencia – El Jefe, la todopoderosa hermana del Presidente-, Karina Milei. Y también a su principal espada política, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Además, Spagnuolo afirmaba haber puesto en conocimiento al mismísimo presidente Javier Milei. El hombre que habló, se supo, no es un cualquiera: abogado personal del mandatario y una de las personas con mayor cantidad de ingresos registrados a la residencia presidencial a lo largo de todo el año.

    El gobierno no ha tenido ninguna postura oficial al respecto. A lo sumo, en el marco de una entrevista, minimizando el hecho, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, manifestó: “A Milei no le gusta la plata”.

    Tras esta introducción, quisiera proponer dos afirmaciones. Una, que esta crisis tiene manifestaciones que la ubican como un fenómeno de gravedad. Dos, que, aunque se intente minimizar el hecho por parte del gobierno nacional, no sólo estamos en una crisis, sino en tres tipos de crisis superpuestas.

    Vamos por partes: ¿Por qué creo que hay una crisis grave? Por una serie de elementos concretos que aparecen y son típicos de una crisis en esa instancia:

    # Porque hay incertidumbre transversal. No solo no sabemos los ciudadanos y la prensa, sino que el mismo poder no sabe qué puede pasar. No controla la información del posible denunciante, ni sus pasos. La incertidumbre del propio sujeto en crisis es un acto de gravedad que quita capacidad a una organización de reducir o prever los factores de riesgo respecto del futuro.

    # Porque están cuatro de las principales instancias de repercusión presentes: a)   hay implicancias judiciales-penales en el nivel más alto; b)  hay afectación potencial significativa de la reputación pública de los implicados; c) hay implicancias económicas derivadas -si la crisis empeora-, justo en un contexto de preocupaciones múltiples en esa esfera; d)  la afectación máxima de una crisis política grave es la posibilidad cierta de la pérdida del cargo de uno o más actores que padecen la crisis -y de ello se habla o especula mucho-.

    # Porque hay cambio de algo a lo que acostumbrábamos: hay silencio en un gobierno que grita y satura la agenda como práctica cotidiana. Como un oxímoron, aturde el silencio.

    # Porque no hay “momento cero” de las crisis (es un acto de amateurismo, pero también de shock). La crisis no se inauguró oficialmente desde ningún acto de habla oficial. No hay reconocimiento del hecho anómalo, disfuncional y disruptivo, sólo rumores. Esto, cuando convive con elementos objetivos que permitan suponer que efectivamente se trata de una crisis, es un acto de negación y, por ende, también de agravamiento porque solo se instalan encuadres adversos, no oficiales. Parece un chiste, pero salvo la expresión citada del Jefe de Gabinete, no hay ni un solo encuadre que puje con la negatividad instalada.

    Pasemos a la segunda cuestión. ¿Por qué creo que no se trata de una sola crisis, sino que estamos en presencia de tres tipologías de crisis que se dan simultáneamente?

    Porque hay elementos que permiten sostener la idea de “policrisis” como combinación de tres o más riesgos que se superponen, que son inminentes en su escalada, además de imposibles de separar y tratar de forma aislada.

    Este concepto se volvió relevante en los últimos años tras la pandemia, especialmente en espacios como el Foro Económico Mundial cuando lo incorporó en su “Informe de Riesgos Globales” del 2023. Busca capturar la interconexión, simultaneidad y sinergia negativa de múltiples crisis que pueden sucederse en un mismo tiempo. Aunque está pensado a niveles de catástrofes globales, su analogía es perfectamente aplicable a las crisis políticas que se desatan por un tema y, como un río desbordado, torrentoso, arrasa con todo, arrastrando sedimentos que estaban abajo, en agua sucia y oscura.

    Entonces creo (y sólo eso, creo), en base a una enorme cantidad de estudios que he analizado en todo el país que, con el tema de la discapacidad, el gobierno estaba sufriendo un tipo de crisis que se llama crisis de decepción de gestión. 

    Para este recorrido analítico no quiero dejar de destacar el peso conceptual e inspirador de Otto Lerbinger, especialmente en su obra “The crisis manager. Facing Disasters, Conflicts, and Failures”. Una obra trascendental para entender y estimular la creación de categorías para la gestión de la comunicación de crisis.

    Esta tipología de crisis asociada a la decepción suele estar motorizada por la falta de información, la subestimación, la negación y el ocultamiento. Suele derivarse de una falsa imagen con altas expectativas creadas. Y sí, eso genera incongruencias. Y eso, a su vez, desengaños.

    Por la dinámica característica en que se da, hace que la crisis: 1) Se juegue en el terreno de la falta moral o el descontento. No en el castigo unánime; 2) Desde hechos incongruentes con las promesas (“me mintieron”); 3) Desde hechos incongruentes con el estilo (“no esperaba eso” –como atípico-; “no esperaba eso”, “eso no, no lo acepto, no me gusta”; “son todos iguales”).

      Pero la decepción de la gestión lleva tiempo. No es de un momento a otro. Implica un descenso sostenido en la desilusión que es lo que venía sucediendo en un gobierno que tiene diferencial negativo consolidado (más desaprobación que aprobación en su gestión).

      Pero apareció lo impensable: un escándalo de gran magnitud que acelera a todo motor la crisis y la transforma en otra categoría: en una crisis de conductas desviadas. Esto produce indignación frente a conductas maliciosas, fraudulentas. Se sustenta en hechos flagrantes de corrupción. 

      Ahí todos te juzgarán porque se produce una ruptura de un valor o de una regla central en la sociedad que se tenía como regla inviolable. En este caso, “con la discapacidad no”.

      Para colmo, el actual gobierno argentino se jactó pretenciosamente de ser distinto, de no ser casta, de no ser corrupto.  Y esta moralidad quebrada, se da en un gobierno que venía con el pecho inflado a proponer batallas culturales del bien contra el mal. Y la discapacidad es un tema demasiado sensible para ensuciarla.

      Para colmo, el actual gobierno argentino es tildado de cruel, de regocijarse del dolor humano en el marco de ajustes económicos muy difíciles de argumentar (al menos socialmente).

      Para colmo, el actual gobierno argentino ha tenido episodios de represión a personas discapacitadas en las protestas.

      Para colmo, este gobierno ha tenido episodios que hacen ver como objetos intrascendentes a las propias falacias argumentales (como entidad lógica), transformando argumentos y evidencias en verdaderos actos de fake news a cielo abierto. Por ejemplo, cuando contó que se habían dado pensiones por discapacidad mostrando imágenes de radiografías truchas (de perros), información falsa de la que nunca se retractó.

      Entonces todo, pero absolutamente todo, pasa a ser un juicio cuádruple, incontrolable y a tiempo real: 

      •       Juicio público ciudadano;

      •       Juicio en el ámbito político por los actores de la oposición;

      •       Juicio mediático y periodístico;

      •       Juicio formal -en la faz judicial propiamente dicha-.

      A todo esto se le suma otra situación que es dramática y está entrando -como una crisis que iba por otro carril, autónoma- por el terreno de la tipología de crisis llamada crisis de mala gestión, asociada a la terrible cantidad de personas fallecidas por la adulteración del fentanilo (casi 100 personas, por ahora).

      Estas crisis se centran en principios de gestión violados. En no ejecutar procedimientos adecuados o acciones correctivas no tomadas. Estas crisis están cerca de la no actuación o de la muy mala actuación. Aquí hay responsabilidades concretas derivadas de la mala decisión o la no decisión que hubiera correspondido tomar.

      Las motoriza el no control, la no jerarquía (o ausencia de ella, o ausencia de jerarquía desinteresada, alejada, no comprometida con la gravedad), y el no feedback (no reacciono, no escucho, no me hago cargo). Y en este terreno, entran en juegos más de un área. Se desnudaron internas polémicas entre ministerios, malas respuestas públicas, llanto de un ministro, contradicciones, y una larga lista de etcéteras.

      Este tipo de crisis sí generan un agravamiento mientras más se explicite el error o la falta y se localice el foco de la responsabilidad. Es decir, las pruebas y la evidencia las consolidan en su andar.

      Paradojalmente, la única carta a favor que tiene el gobierno, aunque les afecte, es la cercanía electoral. En crisis, es muy fuerte la evidencia empírica de que la cercanía electoral produce impactos menores en las consecuencias de quienes padecen la crisis.

      Pero, continuando con la idea de “policrisis”, tampoco son sólo estas los episodios polemizantes que están dando vueltas en la agenda argentina. Porque toda crisis, si lo es, para extinguirse, depende necesariamente de dos tipos de clausuras: a) clausura operativa (mitigar, solucionar, asistir, ayudar) y b) clausura política (el acto de justicia, la responsabilidad). Y ello no se está dando en ningún caso. Todo es saturar, negar, desviar, patear para adelante.

      Hay otras crisis que no se habían clausurado antes. El caso de Libra, la mega estafa internacional en moneda cripto, está abierta. Hay denuncias en varios hechos que involucran el apellido Menem, financiamiento partidario cuestionado, sólo por citar algunos hechos. Todo, en medio de un contexto de importantes derrotas en el Congreso que acaba de sufrir el gobierno.

      Puede que muchos datos de esta columna queden viejos mañana. Esa es la dinámica de las crisis. Lo que seguro, pero seguro no se irá, es la incertidumbre. Es la esencia de cualquier crisis.

      La entrada El río que arrasa se publicó primero en Revista Anfibia.

       

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