Más de 5.000 personas en situación de exclusión compartieron la Noche Buena en la plaza del Congreso gracias a una enorme red solidaria impulsada por Argentina Humana y Patria Grande, en un contexto social cada vez más marcado por el ajuste y la indiferencia.

Por Roque Pérez para NLI

La postal volvió a repetirse, pero con más fuerza y más gente. Centenares de mesas colmadas de familias en situación de calle, brindando a la medianoche, compartiendo una comida caliente y recibiendo un regalo, ocuparon la plaza del Congreso en una Noche Buena que dejó al desnudo las dos Argentinas: la del abandono social creciente y la de la solidaridad organizada.

La iniciativa fue nuevamente de Argentina Humana, la plataforma social de la agrupación Patria Grande, que conduce Juan Grabois, y que logró que más de 5.000 personas excluidas por el sistema pudieran celebrar la Navidad con dignidad. Hubo abundante comida artesanal, shows musicales, mesa dulce y regalos para todos, en lo que los organizadores definieron como “la fiesta popular más grande de todas”.

Una organización popular que no se rinde

En su novena edición, la cena navideña no se limitó al Congreso. A la convocatoria central se sumaron réplicas en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, algunas realizadas incluso antes del 24 de diciembre, como la multitudinaria cena que tuvo lugar en La Plata días atrás.

Para que la celebración fuera posible, más de mil voluntarios del Frente Patria Grande, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de espacios autoconvocados pusieron el cuerpo durante horas. Desde temprano, un camión de cartoneros organizados en el MTE se estacionó frente al Palacio del Congreso y comenzó el despliegue: mesas de madera, gazebos, insumos y todo lo necesario para recibir a quienes llegarían con la noche.

A través de un verdadero “pasamanos solidario”, las mesas fueron trasladadas a la plaza, donde ya se habían montado los espacios de recepción. Además de un menú navideño de tres pasos, la organización ofreció duchas móviles, servicios de cuidado personal, peluquería y un sector exclusivo para las infancias, con juegos y actividades.

La Navidad que el ajuste no puede borrar

El momento más esperado para los más chicos llegó con la aparición de un Papá Noel solidario, que recorrió las mesas para que cada niño y niña recibiera su regalo navideño, en una noche donde el afecto fue tan importante como el plato de comida.

La convocatoria también contó con la presencia de figuras públicas como Andrea Rincón, Alejandro Bercovich y Eial Modavsky, que se acercaron a compartir la jornada. La música y el arte cumplieron un rol central, con shows de Alan Sutton, Barbi Recanati, Mariu Serrano y Mundo Arlequín, que funcionaron, según remarcaron los organizadores, como un puente de integración en una noche sin distancias sociales.

El contexto económico se hizo sentir con crudeza. Desde la organización señalaron que en 2024 habían participado unas 4.000 personas, mientras que este 2025 la cifra trepó a 5.000 comensales, entre familias en situación de calle —muchas de ellas empujadas a esa realidad durante este mismo año— y sectores de clase media empobrecida por el ajuste.

La cena fue preparada por 50 cocineras sociocomunitarias, las mismas mujeres que sostienen comedores barriales durante todo el año. “Cocinaron con la misma dedicación con la que alimentan a sus comunidades”, destacaron desde la organización, poniendo en valor un trabajo invisibilizado y esencial.

Solidaridad como respuesta política

Durante la jornada estuvo presente el diputado nacional de Unión por la Patria y referente de Patria Grande, Itai Hagman, quien resaltó la enorme cantidad de voluntarios que se acercaron este año para que ninguna persona pasara la Noche Buena sin un plato de comida ni un motivo para celebrar.

“Más que nunca, en este contexto de mierda donde nos quieren inocular el individualismo, el egoísmo y el sálvese quien pueda, es necesario reforzar la solidaridad y seguir organizándonos con el pueblo argentino”, expresó Hagman, acompañado por las diputadas Natalia Zaracho y Fernanda Miño, el senador provincial Federico Fagioli, la legisladora porteña Mariana González y la ex diputada Ofelia Fernández.

Por su parte, Juan Grabois valoró la magnitud de la organización y la concurrencia, y llamó a seguir alimentando la esperanza, combinando rebeldía y pueblo, en una Argentina donde la exclusión crece, pero donde también crece la respuesta colectiva frente a la crueldad convertida en política de Estado.

 

 

El Gobierno impulsa una reforma laboral que redefine la relación de dependencia, habilita nuevas formas de precarización, reduce indemnizaciones y debilita la negociación colectiva. El texto, presentado para tratar durante las sesiones extraordinarias, modifica de manera profunda la Ley de Contrato de Trabajo y reorganiza el mapa de poder entre capital y trabajo.

Por Celina Fraticiangi para NLI

Un cambio de época escrito en letra chica

El proyecto de “modernización laboral” del oficialismo no es un simple aggiornamiento técnico ni un reordenamiento administrativo. Es un intento explícito de reconfigurar las reglas fundacionales de la relación laboral en Argentina, desde el momento en que una persona empieza a trabajar hasta la forma en que se calcula su indemnización cuando es despedida. Todo el texto está diseñado para mover el péndulo hacia el empleador, reduciendo la protección que la Ley de Contrato de Trabajo consolidó durante décadas y que constituyó uno de los pilares del modelo argentino.

El Gobierno lo presenta como un salto hacia la flexibilidad, la innovación y el empleo moderno. Pero cuando se analizan las modificaciones artículo por artículo, lo que se revela es una arquitectura jurídica pensada para abaratar despidos, diluir la estabilidad, fragmentar la negociación colectiva y habilitar nuevos mecanismos de contratación más débiles.

A continuación, un análisis profundo de las modificaciones más relevantes, ordenadas por grandes bloques temáticos, con explicación detallada y sus efectos concretos sobre la vida laboral de las y los trabajadores.

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1. el corazón del proyecto: redefinir quién es trabajador

Reforma del concepto de trabajo y del ámbito de aplicación

La LCT históricamente estableció que toda prestación personal realizada bajo dependencia es trabajo, y por lo tanto merece protección. El proyecto del oficialismo introduce modificaciones que amplían las excepciones y atomizan el régimen.

La clave está en ensuchar el concepto de dependencia, que siempre fue lo que blindó a los trabajadores frente a las falsas modalidades. El proyecto incorpora referencias explícitas a trabajadores independientes, prestadores de servicios, contratos civiles y prestadores de plataformas digitales que podrían quedar fuera de la LCT si el empleador así lo organiza.

Ejemplo concreto

Hoy, si un mensajero de aplicaciones trabaja todos los días, con horarios, instrucciones y control de la empresa, la Justicia puede reconocer la relación de dependencia. Con la reforma, la empresa podrá argumentar —y con aval legal— que se trata de un “prestador independiente” sujeto a regulación específica, reduciendo la posibilidad de reconocimiento judicial.

La consecuencia es un piso mínimo de derechos más bajo y un aumento exponencial de relaciones supuestamente “autónomas” que en realidad son empleo encubierto.

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2. la presunción de relación laboral: el golpe más fino del texto

Limitación de la presunción de dependencia

La presunción de que la prestación personal genera contrato de trabajo es una de las piedras angulares de la LCT. Sin ella, cualquier empleador podría disfrazar la relación de mil maneras. El proyecto introduce un límite decisivo: Si existe contrato de servicios, facturación, recibos u otros instrumentos civiles, la presunción de dependencia no operará.

Esto implica que la simple emisión de una factura —algo que hoy se usa masivamente para precarizar— pasará a ser un blindaje para el empleador. La carga de la prueba recae íntegramente sobre el trabajador, que deberá demostrar la subordinación.

Ejemplo concreto

Una diseñadora gráfica que trabaja todos los días para la misma empresa, recibe órdenes y usa equipos provistos por la firma. Si le hacen facturar, ya no podrá invocar automáticamente la presunción de dependencia. Tendrá que litigar durante años, sin ingresos, para que un juez reconozca su situación.

El proyecto multiplica así la precarización legal.

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3. la negociación colectiva: una poda que debilita a los sindicatos

Eliminación de la aplicación analógica de los convenios

Uno de los cambios más graves consiste en prohibir que los convenios colectivos se apliquen por analogía o extensión. Es decir, si un trabajador realiza una tarea similar a otra ya regulada, pero no está específicamente contemplado en su convenio, no podrá beneficiarse automáticamente de ese estándar.

Este artículo fractura la herramienta histórica que encontró el movimiento obrero para ampliar derechos, impedir disparidades injustificadas y evitar que los empleadores fragmenten convenios a su gusto.

Qué significa en la práctica

• Menos trabajadores cubiertos por protección colectiva.
• Más margen para redactar convenios “a medida” en empresas pequeñas.
• Mayor debilidad de trabajadores aislados o de sectores nuevos.

Este cambio promueve un modelo laboral de negociación atomizada, donde cada empresa se mueve con su propio “mini-convenio”, debilitando la fuerza gremial.

La reforma del principio protectorio

Además, el proyecto interviene la regla de “norma más favorable”, obligando interpretaciones más restrictivas. Esto limita la posibilidad de que, ante dudas, los jueces elijan la solución más protectora para el trabajador.

El espíritu de la LCT se centra históricamente en compensar la desigualdad estructural entre empleado y empleador. El proyecto la reduce a un principio casi decorativo.

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4. indemnizaciones: un recorte estructural

Redefinición de la base de cálculo

El proyecto especifica qué conceptos se incorporan para determinar la indemnización y cuáles quedan fuera. La lógica general es reducir el monto final del despido.

En particular:

• Se excluyen o limitan pagos variables y sumas no remunerativas.
• Se recalculan promedios de manera que reduzcan el impacto de meses con remuneraciones altas.
• Se introducen aclaraciones que favorecen el criterio más bajo cuando hay dudas.

Por qué es un cambio profundo

En Argentina la indemnización tiene carácter disuasivo: busca evitar despidos arbitrarios. Al abaratarla, se incentiva la rotación y se da mayor libertad a las empresas para despedir.

Un empleador hoy puede dudar antes de echar a un trabajador con diez años de antigüedad. Con la reforma, el costo será mucho menor: despedir será más barato.

Otros efectos

• Impacto directo en trabajadores con premios por productividad.
• Menor protección para trabajadores con salarios compuestos.
• Incentivo a convertir partes del salario en pagos no remunerativos.

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5. tercerización, agencias de servicios y trabajo eventual

Responsabilidad solidaria reducida

La LCT establece que, cuando una empresa terceriza tareas, la empresa usuaria es solidariamente responsable. La reforma reduce esa responsabilidad al período en que el trabajador prestó tareas “directamente” para la empresa principal.

Esto abre un espacio peligroso: cualquier empresa podrá tercerizar actividades principales sin asumir plenamente las consecuencias.

Legalización de la eventualidad rotativa

El proyecto amplía el margen para contratar mediante agencias de servicios eventuales, con menor representación gremial y menores obligaciones. Esto profundiza un modelo donde:

• Un trabajador puede pasar años contratado “a prueba”.
• La antigüedad se desdibuja.
• La estabilidad desaparece en la práctica.

Ejemplo concreto

Un supermercado podrá cubrir cajas, góndolas, depósitos y logística con personal eventual rotado por agencias, sin integrar nunca al plantel estable.

El efecto es una reconfiguración estructural del mercado de trabajo donde la eventualidad deja de ser excepcional.

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6. tiempo de trabajo, vacaciones y “flexibilidad”

Bancos de horas

El proyecto habilita mecanismos que permiten compensar horas extras con descanso, en lugar de pago. En un país con salarios depreciados, esto implica una transferencia directa desde el trabajador hacia la empresa.

Vacaciones y licencias

El texto introduce fórmulas para liquidar vacaciones y calcular retribuciones que, según la redacción, tienden a reducir valores efectivamente percibidos.

Además, se incorporan mayores márgenes para reorganizar jornadas y turnos según “necesidades productivas”, ampliando la flexibilidad unilateral del empleador.

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7. economía digital: trabajadores de plataformas

Una categoría paralela sin derechos plenos

El proyecto menciona expresamente a los prestadores de plataformas digitales, remitiéndolos a una regulación posterior. Lo que parece una “precisión técnica” es en realidad una señal política clara: las plataformas no quieren—y el Gobierno no exige—que estos trabajadores entren a la LCT.

Esto consolida un modelo donde:

• No hay estabilidad.
• No hay indemnización.
• No hay licencias pagas.
• No hay aguinaldo ni vacaciones.

Es la formalización de un sector precario como “normal”.

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8. justicia laboral: más carga sobre el trabajador

El proyecto endurece los requisitos probatorios y formales en acuerdos y conciliaciones. Aunque mantiene la gratuidad del trabajador en ciertos procesos, exige intervenciones judiciales más complejas y abre margen para cuestionamientos formales.

Esto implica que, ante un conflicto:

• El trabajador necesitará más pruebas.
• El empleador tendrá más herramientas para demorar o litigar.
• Los juicios podrán extenderse durante años.

Una vez más, la balanza se inclina hacia el lado empresarial.

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conclusión: un proyecto que reescribe el contrato social argentino

La reforma laboral del oficialismo no es una “modernización”. Es una reforma estructural del poder dentro del mundo del trabajo.
Sus pilares son claros:

• Desarmar la presunción de dependencia.
• Debilitar la negociación colectiva.
• Abaratar el despido.
• Normalizar la tercerización.
• Crear nuevas categorías más baratas y desprotegidas.
• Flexibilizar jornadas y reducir costos indirectos.

Es, en esencia, un proyecto que busca que la relación laboral deje de ser un vínculo protegido para convertirse en un acuerdo privado entre partes formalmente “libres” pero en realidad profundamente desiguales.

El texto no mejora la productividad. No genera empleo de calidad. No impulsa el desarrollo industrial. Lo que hace es ajustar al trabajador, reduciendo derechos conquistados durante décadas y abaratando la mano de obra para que el mercado se ordene bajo la lógica del empleador.

En un país donde el trabajo digno fue siempre un eje identitario, esta reforma implica un retroceso histórico. Y lo más grave: pretende que ese retroceso sea permanente.