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Se llevó a cabo la entrega de diplomas del ciclo “Bar Kids”

En el día de ayer, se hizo entrega de los certificados a los niños y niñas que asistieron a la capacitación “Sabores del Valle. Bar Kids. 1° Edición”. En las clases, pudieron aprender a realizar distintos cócteles, donde se pusieron en práctica tanto técnicas de bar como de garnish.

Con un atardecer maravilloso, los niños y niñas, acompañados de sus familiares, recibieron sus diplomas y disfrutaron el show del “Mago José”, quién con sus trucos, logró cautivar a los y las presentes.

Participaron del cierre, el Intendente de la ciudad, Marcelo Orazi, el Secretario de Gobierno, Guillermo Carricavur, y la Directora de Turismo, María Luján Musso.

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  • En guerra con el Congreso, Petro decreta la emergencia económica en Colombia

     

     Gustavo Petro declaró la emergencia económica por 30 días ante una «inminente crisis fiscal» luego de que el Congreso archivara una reforma tributaria con la que buscaba obtener recursos adicionales para el presupuesto de 2026.

    El decreto permitirá al gobierno de Colombia adoptar impuestos especiales para alcanzar la meta de 41.000 millones de dólares que, según Petro, se necesitan para manejar las finanzas del país el próximo año. 

    La economía colombiana superó las proyecciones de los analistas y se espera una subida en el PIB de entre 2,6 y 2,7% hacia el final del año pero el gasto público crece de la mano del endeudamiento, sin un aumento sustancial de la recaudación. 

    De esta manera, entre 2023 y 2024, el déficit fiscal subió 2,5 puntos porcentuales y analistas esperan que el indicador cierre por encima del 7% en 2025.

    El uribismo elige a una trumpista como candidata a presidenta de Colombia 

    Para cerrar esa brecha, Petro apostó por una nueva reforma tributaria que aspiraba recaudar, mediante nuevos impuestos, unos 4.000 millones de dólares para añadir al presupuesto nacional del próximo año. 

    El decreto permitirá al gobierno de Colombia adoptar impuestos especiales para alcanzar la meta de 41.000 millones de dólares que, según Petro, se necesitan para manejar las finanzas del país el próximo año

    Pero el Congreso archivó el proyecto a inicios de este mes en medio de advertencias del mandatario sobre recortes a la inversión pública.

    Según el decreto firmado por Petro, Colombia se encuentra ante una «inminente crisis fiscal» que podría ocasionar «un ajuste drástico» en las finanzas del Estado y afectar el «bienestar de la población».

    «El gobierno no va a dejar que se desate una crisis», afirmó el mandatario en la red social X luego de que el legislativo hundiera su paquete tributario. «Si no hay emergencia (económica), hay recorte», adelantó.

    Petro escala la pelea con Trump y lo acusa de declararle la guerra a Colombia 

    A esta situación se le suma la caída en la imagen de Petro. Según la última encuesta de Atlas del mes diciembre, la aprobación presidencial se mantuvo estable en el 38,6%, presentando una variación dentro del margen de error. Al mismo tiempo, hubo una caída de 3 puntos en la desaprobación, que pasó del 61% al 57,8%, configurando un escenario sin grandes alteraciones en la recta final del año.

    A su vez, la evaluación del gobierno del presidente Gustavo Petro muestra una recuperación marginal en comparación con el mes anterior, con un aumento de 3 puntos en las evaluaciones positivas, que llegaron al 33,4%. Por su parte, las evaluaciones negativas tuvieron una leve caída, situándose en el 51,2%, mientras que las evaluaciones regulares bajaron 2 puntos.

     

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    REGINA TRABAJA EN LA SEPARACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS DOMICIALIRIOS

    Son 72 los puntos limpios activos en la ciudad de Villa Regina con proyección a llegar a 100 antes de fin de año, hace menos de un mes se despacharon 8 toneladas de residuos sólidos y ya se acopiaron unos 2.500ks más, además se trabaja en 2 edificios un proyecto piloto de separación y clasificación…

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    El ajuste por debajo del radar: Adorni y una Resolución que le da vía libre al recorte silencioso

     

    Mientras el discurso oficial insiste con la “eficiencia” y la “modernización del Estado”, una resolución firmada en silencio por la Jefatura de Gabinete reorganiza el poder interno para acelerar despidos, recortes y sanciones al personal público, sin pasar por el máximo nivel político.

    Por Roque Pérez para NLI

    La Resolución 162/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de Manuel Adorni, no ocupará titulares ni abrirá debates parlamentarios. Sin embargo, su alcance es profundo: redistribuye facultades clave sobre el empleo público, habilitando un ajuste administrativo más rápido, fragmentado y menos visible. En otras palabras, el ajuste avanza, pero con firma delegada.

    Delegar para ajustar sin costo político

    El núcleo de la norma es claro: el Jefe de Gabinete se desprende de la mayoría de las decisiones sensibles vinculadas al personal y las traslada a secretarías, subsecretarías y áreas de Recursos Humanos. Designaciones transitorias, prórrogas, promociones, sanciones disciplinarias, licencias, comisiones de servicio y, sobre todo, rescisión de contratos, pasan a resolverse en niveles inferiores.

    Este esquema permite que las decisiones más conflictivas —no renovar contratos, mover empleados, sancionar o disciplinar— ya no requieran una firma central, diluyendo responsabilidades políticas y acelerando los tiempos del recorte.

    La motosierra administrativa, sin conferencia de prensa

    Lejos de la épica discursiva, esta resolución funciona como el engranaje técnico del ajuste. Al descentralizar las decisiones, se reduce el “ruido” político: no hay anuncios, no hay debates, no hay interpelaciones. Cada secretaría gestiona su propio achique.

    El resultado es una motosierra burocrática, más silenciosa pero igual de efectiva, que permite ejecutar el ajuste por goteo, expediente por expediente.

    Más poder para sancionar, menos control político

    Otro punto sensible es la delegación de facultades disciplinarias. Las secretarías ahora pueden aplicar sanciones previstas en la Ley de Empleo Público sin intervención directa del Jefe de Gabinete. Esto refuerza un clima de control interno y disciplinamiento laboral, en un contexto donde la estabilidad del empleo estatal está bajo constante amenaza.

    No se trata solo de eficiencia: se trata de control.

    Decisiones legales sin pasar por arriba

    La resolución también habilita a subsecretarías a autorizar allanamientos, desistimientos de juicios, conciliaciones y transacciones legales en causas donde la Jefatura de Gabinete tenga interés. Son decisiones de alto impacto jurídico y económico que, desde ahora, no requieren la validación política más alta.

    Un esquema que agiliza trámites, sí, pero que también reduce instancias de control y responsabilidad institucional.

    El ajuste que no se discute

    La norma deroga resoluciones anteriores y consolida un nuevo mapa de poder interno. No hay ahorro cuantificado ni evaluación pública del impacto social de estas medidas. Lo que hay es una arquitectura administrativa diseñada para ejecutar el ajuste sin debate, lejos del Congreso y del escrutinio público.

    Como ya viene advirtiendo NLI en sus coberturas sobre el vaciamiento del Estado, el ajuste no siempre llega con anuncios rimbombantes. A veces se cuela en resoluciones técnicas, firmadas al final del día, que reorganizan el poder para que la motosierra no se trabe.

     

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