En el día de ayer, se hizo entrega de los certificados a los niños y niñas que asistieron a la capacitación “Sabores del Valle. Bar Kids. 1° Edición”. En las clases, pudieron aprender a realizar distintos cócteles, donde se pusieron en práctica tanto técnicas de bar como de garnish.
Con un atardecer maravilloso, los niños y niñas, acompañados de sus familiares, recibieron sus diplomas y disfrutaron el show del “Mago José”, quién con sus trucos, logró cautivar a los y las presentes.
Participaron del cierre, el Intendente de la ciudad, Marcelo Orazi, el Secretario de Gobierno, Guillermo Carricavur, y la Directora de Turismo, María Luján Musso.
Desconectados de la realidad que vive la Argentina, Macri y su equipo de trabajó arribaron a las PASO inmersos en una burbuja tan frágil como inestable. Una burbuja de detergente, que como tal, tenía como destino explotar. La cachetada de las PASO fue tan fuerte que obligó al gobierno a emular algo que jamás se…
La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina informa que los días 27 de noviembre y 11 y 18 de diciembre se realizará la reválida de guardavidas para la temporada 2021/2022. Las inscripciones se encuentran abiertas en la Oficina de Deportes ubicada en Colón 107 o a través del teléfono 2984-651398 de lunes…
Durante la última asamblea general de la Federación de Productores, encabezada por el presidente Sebastián Hernández a la que asistieron más de 200 productores de la zona, los directivos a modo de carácter informativo pusieron sobre la mesa una propuesta que generó expectativas. La apertura de un canal comercial directo para abastecer comedores escolares y…
Ecuador y Colombia entra en una espiral tensión que amenaza con romper las relaciones diplomáticas.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decidió implementar el 30% de arancel a las importaciones de Colombia por considerar que no hace lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.
La medida fue impuesta luego que el colombiano Gustavo Petro hablara de la grave situación humanitaria del ex vicepresidente de Rafael Correa, Jorge Glas, que está detenido por corrupción y se volvió una bandera del progresismo contra la persecución política.
En ese marco, el ministerio de Comercio, Industria y Turismo colombiano respondió que aplicará la misma tarifa a 20 productos aún sin definir y con la posibilidad de extender la medida «a un grupo más amplio, como respuesta a la alteración de las condiciones del comercio bilateral generada por la decisión unilateral» de Noboa.
El arancel ecuatoriano entrará en vigor en febrero y la respuesta colombiana será «proporcional, transitoria y revisable», indicó el gobierno de Petro. «Este gravamen no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional», añadió.
Daniel Noboa, decidió implementar el 30% de arancel a las importaciones de Colombia por considerar que no hace lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico en la frontera común.
De su lado, el ministerio de Minas y Energía expidió una resolución para suspender las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) entre ambos países «como una medida preventiva orientada a proteger la soberanía y la seguridad energética» de Colombia, indicó sin mencionar directamente los aranceles.
La decisión se fundamenta en análisis técnicos que «evidencian una mayor presión sobre el sistema eléctrico» colombiano en momentos de «variabilidad climática».
Ecuador ha sufrido intensas sequías que llevaron en 2024 y en 2025 a prolongados cortes de electricidad, en un país donde el 70% de la energía eléctrica depende de la generación hídrica. En ese contexto, Colombia ha abastecido en distintas ocasiones a Ecuador, con 17 millones de habitantes y que tiene hoy un déficit de 1.000 Mw.
Este gravamen no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional
«Las condiciones actuales, tanto energéticas como comerciales, no permiten mantener las transacciones internacionales de electricidad sin poner en riesgo el abastecimiento nacional», indicó el ministerio.
Colombia y Ecuador comparten una línea fronteriza de 600 kilómetros que se extiende desde el Pacífico hasta la selva de la Amazonía, donde operan guerrillas colombianas y organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y armas y a la minería ilegal.
La crisis también impacta en el intercambio de petroleo. Tras la decisión de Colombia sobre la suspensión energética, Ecuador anunció nuevas tarifas al transporte de petróleo de ese país por uno de sus oleoductos.
«La tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP (Oleoducto de Crudos Pesados) tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad», informó la ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, en un escueto mensaje en X.
Ecuador exporta crudo e importa combustibles. El OCP, del que el Estado ecuatoriano es accionista mayoritario, tiene capacidad para 450.000 barriles por día (bd). Para transportar el crudo extraído en la Amazonía hasta el Pacífico, Ecuador también dispone de otro oleoducto con capacidad para 360.000 bd.
La producción de crudo de Ecuador se ubicó en 469.000 bd en noviembre pasado, de los cuales un 39% se movilizó por el OCP, según los datos más recientes del Banco Central.
Colombia exporta hacia Ecuador principalmente energía eléctrica, medicamentos, vehículos, productos cosméticos y plásticos, según la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) de Colombia.
La AFA confirmó que el #VAR recaerá en el fútbol argentino. El anuncio oficial confirma un proyecto que se trabaja hace varios meses y que encuentra en Tapia y Belligoy a dos de sus máximos promotores. «Lo que se está realizando es el desembarco del proceso que termina con la inclusión del VAR en Argentina. Es un proceso…
La Justicia de Rosario le puso un freno al gobierno santafesino respecto de las condiciones de detención de presos de alto perfil, lo que es uno de los puntales de la política de seguridad adoptadas y pregonadas por Maximiliano Pullaro.
La resolución de la Cámara Penal revocó una medida fundamental de movimientos de reclusos porque indica que su implementación es inconsulta hacia el Poder Judicial, de quien dependen los detenidos, y que supone regímenes de aislamiento contrarios a la Constitución Nacional y a tratados internacionales que regulan la legislación argentina.
La determinación la adoptó el camarista penal Javier Beltramone en una causa por homicidio calificado seguida contra nueve presos implicados en el asesinato de otro recluso en noviembre pasado. Lo que hace el fallo es marcar un límite hacia las restricciones carcelarias que prevé el modificado artículo 220 bis del Código Procesal Penal, que el gobierno de Pullaro adopta como herramienta de la política penitenciaria.
Es un aspecto sensible para el gobierno de Pullaro que endureció las condiciones de detención y aislamiento de los detenidos llamados de alto perfil, que son los considerados de mayor riesgo, por sus implicancias en la violencia que azotó Rosario, y que a criterio de la gestión bajó en gran medida en los dos últimos años por el mayor control de las prisiones.
Pero según diversos actores del sistema penal y también internacionales eso se hizo no sin controversia. A tal punto que el Comité de Tortura de la ONU en su último informe expresa advertencias y preocupación por el manejo de cárceles en Santa Fe. Lo que va de la mano con una tendencia marcada a dejar de lado, según lo que funcionarios de órganos de Justicia dicen a LPO, desde los mismos jueces las medidas que suponen dar beneficios en la ejecución penal, que en muchos casos impiden salidas legales hasta el cumplimiento total de la pena.
El fallo
El caso resuelto por el camarista Beltramone se refiere a una medida resuelta por el juez Fernando Sosa que en noviembre pasado formalizó la prisión preventiva contra nueve presos, acusados por distintos roles en el homicidio hace un año del interno Agustín de la Encina Capeletti, de 26 años, en la cárcel de Piñero, situada a 15 kilómetros de Rosario.
De la Encina Capeletti había sido apresado como dealer de cocaína de la banda de Yanina Alvarado, hermana del líder criminal Esteban Alvarado. El 13 de enero de 2025 un grupo de reclusos lo mataron a puñaladas y golpes un grupo de reclusos entre los que están Jorge González, Marcelo Andrés Chávez, Franco Darío Aguiar, Nahuel Yamir Clavero, Sebastián Gabriel Grondona, Adrián Candia Roldán, Darío Rodrigo Varela, Kevin Leandro Sosa y Jonatan Adrián Gauto. También fueron involucrados dos agentes penitenciarios por haber facilitado el crimen.
Pullaro en la cárcel de «El Infierno»
Después de la resolución del juez Sosa las defensas apelaron cuestionando en especial el régimen de incomunicación adoptado para los reclusos. Lo que hizo Beltramone al analizar el trámite como camarista no objeta la prisión preventiva dictada por el magistrado inicial pero ordena que los distintos imputados permanezcan alojados en pabellones distintos, sin contacto entre ellos durante 30 días o hasta el momento de que el caso siga judicialmente con la acusación formal.
Y fue terminante en dos puntos. Primero en prohibir que la medida se ejecute en celdas de aislamiento, celdas de castigo o regímenes de confinamiento solitario. Igual de categórico fue al decirle al Poder Ejecutivo que la situación de los presos depende de lo que dispongan los jueces y no discrecionalmente autoridades administrativas que manejan las cárceles.
Desde el Servicio Penitenciario de Santa Fe habían indicado que disponer a los presos en aislamiento se explicaba en un pedido de la fiscalía, y en que resultaba materialmente imposible cumplir con otra variante por la falta de infraestructura adecuada para presos de alto perfil y porque era imposible garantizar de otra manera la investigación penal.
Beltamone replicó que la ejecución de la medida de prisión preventiva había desnaturalizado lo solicitado, que se había sostenido de forma ilegal y gravosa para los derechos de los detenidos. Y marca además que el Servicio Penitenciario no está habilitado para reinterpretar o modificar el contenido de órdenes judiciales.
Por eso obliga al cese inmediato de la vigencia de las medidas de encierro en aislamiento. Y le hace saber al Servicio Penitenciario que las medidas restrictivas de la libertad dependen exclusivamente del Poder Judicial.
Un contexto complejo
Toda esta significativa controversia se monta en una tensión muy compleja que afecta a lo institucional pero también a la seguridad pública. Desde 2013 en adelante, cuando Rosario duplicó sus tasas de violencia altamente lesiva, hubo un papel notorio en los hechos de sangre que provenían de directivas en las cárceles. Fue muy notorio en audiencias judiciales: organizaciones criminales robustas o marginales ordenaban homicidios, extorsiones y balaceras desde las prisiones.
Al asumir en 2023 Pullaro impuso un régimen de fortísimas restricciones en las cárceles que afectaron a la ubicación de presos, los regímenes de visitas, los ingresos de mercaderías. Junto a otras medidas variadas y modificaciones normativas el primer año la violencia más grave declinó de una manera asombrosa con un 65 por ciento de homicidios menos. En 2025 la tasa de homicidios repuntó un 25 por ciento interanual pero los números, igualmente, se equiparan actualmente a las épocas previas al estallido violento.
Pero las violaciones a los derechos humanos en prisiones santafesinas fueron motivo de anclaje internacional. Las observaciones periódicas del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas indican preocupación por «los casos documentados en el penal de Piñero, en Santa Fe, el 2 de marzo de 2024, que incluyeron simulacros de ahogamiento en tanques de agua o «al seco» con bolsas de plástico, descargas eléctricas y abusos sexuales, así como la falta de información sobre las investigaciones realizadas al respecto».
El gobierno de Pullaro tienen en su política penitenciaria uno de los activos más fuertes en sus apelaciones políticas y lo usa de modo permanente, incluso en la cartelería pública dentro y fuera de las temporadas proselitistas. Hace diez días el gobernador resaltó que en sus cuatro años de gobierno se harán más de las 3.500 celdas que se hicieron en Santa Fe en los últimos cien años. A la nueva cárcel para 1.150 reclusos de alto perfil a alojarse en celdas individuales la misma gestión la denominó «El infierno». En el mismo predio habrá dos prisiones más para totalizar 1.950 detenidos en cada una.
Todo esto vino acompañado de un ajuste de políticas muy fuertes hacia la población carcelaria de la que el fallo de Beltramone resulta expresivo. Ese rigor también se manifiesta en el sistema penal, que de modo muy manifiesto en los últimos dos años se caracteriza, por lo que se advierte en audiencias de ejecución, que no se otorgan salidas de ningún tipo.
La ley nacional 24660 de ejecución de penas tiene como criterio la progresividad que implica que la persona condenadas va cumpliendo fases cuando tiene conducta aceptable y adquiere por ello espacios de mayor autonomía y responsabilidad. Y parte de la pena final, con obligaciones y controles, se cumple en libertad.
«Hoy la inmensa mayoría de las personas presas salen con condena cumplida. Los fiscales piden el régimen más duro. Y los jueces habilitan todo inclusive en presos que no son de alto perfil. Los informes de los organismos carcelarios además suelen tener argumentos que desaconsejan la excepción de prisión efectiva a veces de manera pueril», indica un importante funcionario de la Defensa Pública, lo que también corrobora a LPO un magistrado penal ya jubilado. «Esto de Beltramone es una excepción que expresa un muy fuerte contraste. Hoy los jueces en generla van poco más allá de dictar medidas de detención y exclusiones de hogar. Sobre la ejecución de penas niegan todas las salidas o pasan de largo», sostuvo.
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