PorMunicipalidad Villa Regina
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La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina informa que el próximo domingo 25 se jugará la sexta fecha de la Liga de Fútbol Femenino según el siguiente cronograma:
13 horas: Las Kaitos-Regina
14 horas: Alto Valle-Las Inter
15 horas: Las Perlas-Santa Rita
16 horas: Las Botis-Fem Matadero
Las Queens tienen fecha libre.
Tras la firma del contrato de obra, comenzó el movimiento en la calle Libertad con la instalación del obrador de la empresa Quidel que tendrá a su cargo la construcción del pavimento, el boulevard y la bicisenda entre Belgrano y Avenida General Paz. El plazo de ejecución es de 5 meses y el presupuesto es…
En la Casa Rosada crece la bronca con Federico Sturzenegger porque complicó los complejos acuerdos políticos para sacar la reforma laboral, con los artículos que introdujo para que las licencias por enfermedad se paguen a la mitad y los sueldos puedan liquidarse vía Mercado Pago, en lo que todo indica fue un pedido directo de Marcos Galperin.
«El artículo de las licencias lo metió Sturzenegger, pero nadie se anima a decirlo en voz alta por su relación con Milei», afirmó a LPO un senador libertario.
El ministro Derregulador, definido por Milei como «El Coloso», es una máquina de sumar escándalos y polémicas que ya no resultan divertidas en la Mesa Política del gobierno libertario. «Además de complicar las leyes con artículos de último minuto, ahora no para de hundirnos con escándalos de presunta corrupción como el de su esposa o el de su segundo Lucas Llach», reconoció a LPO un funcionario del ala política.
Llach fue procesado y embargado por el mega desfalco del crédito Vicentín que dejó al Banco Nación una deuda incobrable de 250 millones de dólares. Ese escándalo que viene de la gestión macrista le impidió a este economista asumir un cargo formal en el equipo de Sturzeneggr, pero en todas las reunione se presenta y funciona como se segundo, comentó a LPO un funcionario que interactúa con él. «Sturzenegger incluso quiso volver a meterlo en el Banco Nación», agregó otro de los funcionarios consultados.
Quirno le dio un contrato de 115 millones sin licitación a la esposa de Sturzenegger
La fijación de Sturzenegger con algunos negocios también empezó a despertar suspicacias en la Casa Rosada. A su persistente lobby en favor del dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín y el dueño de Uala, Pierpaolo Barbieri, se suma la pelea por la vacuna de aftosa, que monopoliza Hugo Sigman.
Además de complicar las leyes con artículos de último minuto, ahora no para de hundirnos con escándalos de presunta corrupción como el de su esposa o el de su segundo Lucas Llach.
Detrás de su relato desrregulador, Sturzenegger viene presionando fuerte para el gobierno permita el ingreso de la vacuna contra la aftosa del laboratorio brasileño Tecnovax. Una fijación notable del ministro que lo llevó a dar una durísima batalla contra el Senasa, que bloqueó cuatro veces su ingreso. Se trata de una pelea d epesos pesados. Sigman y su socio Sielecki fueron los principales aportantes de la campaña presdiencial de Milei.
Los integrantes de la Mesa Política, Bullrich, Santilli, Santiago Caputo y Lule Menem.
La bronca contra el ministro desrregulador escaló en los feriados de carnaval cuando trascendió que el canciller Pablo Quirno contrató de manera directa a su esposa, María Josefin Roulliet, por 115 millones de pesos para que de cursos de inglés al personal diplomático, que se supone debería hablara. la perfección ese idioma.
Ante el escándalo, Quirno quiso mitigar el daño y agrandó el problema, al postear: «no hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario». Luego de ese desafortunado tuit dispuso que se active «el procedimiento de integridad previsto con la intervención de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN».
Pero más allá de lo que terminen dictaminando esos organismos colonizados por los libertarios, la contratación de Roulliet golpea al gobierno en el centro de su narrativa contra la casta, aún si no termina siendo objeto de un reproche penal o administrativo.
Sturzenegger dispuso además que el gobierno le alquile cuatro pisos y 24 cocheras en un edificio de Diagonal Norte, por un monto total de 720 millones, cuando el gobierno se la pasa cuestionando los gastos inútiles.
Así las cosas, al desastre de las licencias, que está forzando al gobierno a encarar trabajosas negociaciones contra reloj en Diputados, se suma el artículo Galperín, que habilitaba a las billeteras virtuales a convertirse en proveedoras de cuentas sueldo para el pago de salarios, lo que abrió una pelea con el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, porque le quita a los bancos fondos para otorgar créditos, una de las pocas palancas para reactivas.
Ese fragmento fue barrido del proyecto antes de la media sanción del Senado por orden de Luis «Toto» Caputo, pero le permitió al PRO levantar la bandera del libre mercado en defensa de Galperin y mortificar a Milei. «Sturzenegger nos enquilombó la reforma», se quejan en la Casa Rosada.
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Javier Milei sacó un decreto alevoso en la noche de este jueves para instruir a la Procuración del Tesoro el cese de la querella criminal contra Mauricio Macri y Luis «Toto» Caputo por la deuda contraída con el FMI en 2018 y 2019, tres días después que la jueza María Eugenia Capuchetti resolviera el archivo de la causa.
El Presidente retiró entonces al Estado de la causa que debía investigar el destino de los fondos otorgados por el organismo multilateral de crédito, para favorecer tanto a su ministro de Economía como a su par de Desregulación, Federico Sturzenegger, que también formó parte del gobierno de Cambiemos.
El decreto de Milei es el 87/26 y establece en su artículo 2° que se instruye a la Procuración «a cesar su intervención como querellante particular en la Causa N° 3561/2019». Esa investigación se caratuló «Macri, Mauricio y otros sobre defraudación por administración fraudulenta y otros» y fue la querella criminal que anunció el expresidente Alberto Fernández en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso el 1° de marzo de 2021.
Capuchetti consideró en su fallo que «las conductas observadas en el manejo de los fondos por parte de las autoridades argentinas no pueden ser calificadas como constitutivas del delito de malversación de caudales públicos, debido a la ausencia de una norma jurídica, reglamento u orden de autoridad competente que impusiera al gobierno cuestionado un destino obligatorio y preciso respecto de los recursos otorgados». Por eso, dispuso el archivo de la causa.
La jueza Capuchetti.
Sin embargo, el fiscal Franco Picardi objetó la medida al señalar que la magistrada realizó «una evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas, así como del marco regulatorio que rige la materia sobre la que versa el caso y la aplicabilidad de normas imperativas». «Todo ello, para arribar a un temperamento conclusivo de la investigación», aseveró.
Según Picardi, «la resolución recurrida posee una valoración fragmentaria y aislada del material probatorio, al analizar de manera individual y solapada las distintas acciones que, en verdad, se concatenan entre sí para materializar la toma del empréstito con el FMI y la administración de esas divisas, sin efectuar una apreciación conjunta, integral y contextual de todos los elementos reunidos en la causa».
La magistrada realizó una evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas, así como del marco regulatorio que rige la materia sobre la que versa el caso y la aplicabilidad de normas imperativas.
La investigación tenía como objeto esclarecer si había efectivamente un «esquema defraudatorio» montado entre por funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Nacional y el Banco Central de la Nación Argentina (BCRA), en connivencia con agentes del sector privado. Picardi recuerda que se contrajo deuda por U$s 57100 millones «vulnerando la Constitución Nacional y las leyes nacionales y normas que regulan el funcionamiento de la administración pública nacional y la toma de crédito público; y, esgrimiendo argumentos falsos y engañosos en torno a los objetivos y los usos que se les darían a las divisas solicitadas».
Además, postula que se destinaron «de manera ruinosa las sumas obtenidas a cuestas del endeudamiento estatal, al financiamiento y profundización del proceso de fuga de capitales, en beneficio de grupos privados concentrados y en perjuicio del erario público». «Ello incluye la posible obtención, en ese marco, de beneficios económicos indebidos para sí y/o para terceros (tales como otras personas físicas y jurídicas, fondos de inversión) y/o la provisión de información privilegiada en franca incompatibilidad con sus deberes funcionales», completa.
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