PorMunicipalidad Villa Regina
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La decisión de los prácticos de no aceptar nuevos servicios en rechazo al Decreto 690/2026 mantiene bloqueado el ingreso y egreso de buques en los principales puertos del país. El Gobierno defiende la desregulación como una apertura a la competencia, mientras el sector denuncia un intento de desmantelar una actividad estratégica y anticipa una batalla judicial.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La política de desregulación impulsada por el gobierno de Milei abrió un nuevo frente de conflicto con impacto directo sobre uno de los sectores más sensibles de la economía argentina. Desde el fin de semana, los prácticos de buques mantienen una medida de fuerza que paralizó el ingreso y la salida de embarcaciones de ultramar en los principales puertos del país, especialmente en el complejo agroexportador del Gran Rosario, corazón de las exportaciones nacionales.
La protesta surgió inmediatamente después de la publicación del Decreto 690/2026, mediante el cual el Gobierno modificó de manera integral el régimen de practicaje y pilotaje vigente desde hace más de tres décadas. Para el Ejecutivo, la normativa elimina privilegios corporativos, reduce costos logísticos y favorece la competencia. Para los profesionales del sector, en cambio, representa una desregulación que compromete la seguridad de la navegación y destruye un esquema construido sobre criterios técnicos antes que comerciales.
El práctico es el profesional que asesora al capitán de un buque durante las maniobras de ingreso, navegación y salida de puertos, ríos y canales. Su intervención es obligatoria en gran parte del sistema fluvial argentino debido a la complejidad de la navegación en la Hidrovía Paraná-Paraguay y en otros corredores estratégicos.
Sin ese servicio resulta prácticamente imposible que numerosos buques puedan operar con normalidad. Por esa razón, la decisión de los prácticos de no aceptar nuevos servicios comenzó a paralizar progresivamente la operatoria portuaria, con riesgo de afectar exportaciones de granos, aceites, harinas, combustibles y otras cargas de enorme importancia para el ingreso de divisas.
El conflicto adquiere además una dimensión macroeconómica. Argentina depende en gran medida del complejo agroexportador para generar dólares, por lo que cualquier interrupción prolongada en la logística portuaria puede traducirse en demoras comerciales, mayores costos y dificultades para cumplir contratos internacionales.
El Decreto 690/2026 elimina buena parte del esquema regulatorio vigente desde comienzos de los años noventa.
Entre sus principales modificaciones aparecen la apertura del registro de prácticos sin cupos, la libre contratación de profesionales independientes, la posibilidad de que determinados capitanes extranjeros con experiencia acreditada naveguen sin contratar prácticos argentinos, la fijación de tarifas máximas por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y la liberalización del transporte utilizado para el embarque y desembarque de los profesionales.
El Gobierno sostiene que el régimen anterior generaba barreras artificiales de ingreso, favorecía posiciones dominantes y encarecía innecesariamente los costos logísticos del comercio exterior.
Sin embargo, desde el sector cuestionan que la actividad sea tratada como un mercado cualquiera. Argumentan que el practicaje constituye un servicio altamente especializado, vinculado directamente con la seguridad de la navegación, la protección ambiental y la prevención de accidentes en una de las principales rutas comerciales del país.
Aunque el Gobierno presenta la medida como una disputa con sectores corporativos, el conflicto tiene un alcance mucho mayor.
La desregulación del practicaje forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración libertaria para modificar numerosos mercados considerados «cerrados» o «sobre regulados». La lógica oficial consiste en eliminar restricciones, abrir la competencia y reducir la intervención estatal.
Los críticos de esa estrategia sostienen que el mismo criterio se está aplicando sobre actividades cuya regulación no responde únicamente a razones económicas sino también a cuestiones de seguridad pública, infraestructura estratégica y soberanía sobre vías navegables.
En ese contexto, la discusión deja de ser exclusivamente laboral para transformarse en un debate sobre cuál debe ser el papel del Estado en la administración de servicios considerados esenciales para el funcionamiento del país.
Previendo una prolongación del conflicto, el decreto incorporó mecanismos extraordinarios para garantizar la continuidad del servicio.
Entre ellos figura la posibilidad de que la Prefectura Naval Argentina y la Armada Argentina puedan intervenir de manera excepcional para prestar servicios de practicaje, además de habilitar temporalmente a capitanes con conocimiento de zona en situaciones de emergencia.
No obstante, distintas informaciones periodísticas indican que los intentos oficiales para encontrar reemplazos inmediatos encontraron resistencia y que los propios capitanes consultados señalaron que no cuentan con las habilitaciones específicas para asumir esa función.
Mientras tanto, los prácticos adelantaron que además del lock-out impulsarán acciones judiciales para intentar frenar la aplicación del decreto, por considerar que vulnera aspectos centrales de la actividad y modifica de manera unilateral un sistema construido durante décadas.
La pulseada recién comienza. Pero mientras el Gobierno apuesta a sostener una de las desregulaciones más profundas del sector marítimo, cada jornada con los puertos parcialmente paralizados incrementa la incertidumbre sobre el comercio exterior argentino y vuelve a mostrar el delicado equilibrio entre las reformas económicas y el funcionamiento efectivo de actividades estratégicas para el país.
La decisión del Gobierno de suspender las PASO no responde sólo a la idea de quitarle al peronismo un instrumento para unificarse. Forma parte del plan para sostener la estabilidad financiera. En la Casa Rosada creen que si Milei sale segundo en votos las primarias atrás del peronismo, el plan económico podría enfrentar una crisis de confianza, como le ocurrió a Macri en 2019 y eso pondría en riesgo un triunfo en primera vuelta.
«En el Gobierno están muy preocupados con el antecedente de Macri en 2019, cuando perdió las PASO se derrumbó el plan económico y no pudo reelegir», confirmó a LPO un diputado de diálogo fluido con la Casa Rosada.
El fantasma que recorre la Casa Rosada tiene fecha precisa: el 11 de agosto de 2019. La fórmula de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto perdió las PASO por más de 15 puntos frente a Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
La derrota agravó la crisis de confianza. El dólar saltó cerca de 25% en una rueda, los bonos y las acciones se desplomaron y el riesgo país se disparó. Con el paso de los meses, el Gobierno debió reperfilar la deuda y reinstalar el cepo cambiario.
El 62 por ciento de los argentinos considera que la economía está mal y crece el rechazo a Milei
Las encuestas que circulan entre funcionarios alimentan esos temores. Una medición de Casa Tres de Mora Jozami, que trabaja para el PRO, muestra que Axel Kicillof y Cristina Kirchner ya igualan la imagen positiva de Javier Milei, cuya imagen negativa llega al 54% y supera a la del gobernador bonaerense. Ese mismo trabajo ubica a Kicillof como el principal referente opositor. Cuando se pregunta quién representa mejor la oposición al Gobierno, el gobernador bonaerense reúne 36 puntos contra 23 de Cristina Kirchner.
En el Gobierno están muy preocupados con el antecedente de Macri en 2019, cuando perdió las PASO se derrumbó el plan económico y no pudo reelegir.
La última encuesta Latam Pulse Argentina, elaborada por Atlas Intel y Bloomberg, a la que accedió LPO, dibuja un escenario todavía más incómodo para el oficialismo. El 62% considera que la situación económica es mala y el 49% cree que empeorará durante los próximos seis meses. En paralelo, el 53,8% califica la gestión de Milei como mala o muy mala, frente a un 33,5% que la considera buena o muy buena. Esa es precisamente la intención de voto que le adjudican a Milei en el Congreso.
«Con 33% de intención de voto, Milei puede perder las primarias ante un peronismo que históricamente ronda el 35%, por eso en la Casa Rosada están desesperados por sacar cuanto antes la eliminación o suspensión de las PASO», agregó el diputado consultado.
La tarea quedó en manos del flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, que debe negociar la reforma electoral con los gobernadores aliados y sobre todo, los diputados del PRO que conduce su amigo Cristian Ritondo. Los 12 diputados del PRO tienen la llave para habilitar la eliminación de las PASO. Ritondo confirmó a LPO que «por ahora no tuvimos un diálogo profundo sobre este tema, más allá del proyecto que mandó».
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
Un trabajo de la Universidad de San Andrés, confirma los números que preocupan a la Casa Rosada. En esa encuesta Milei tiene una aprobación del 33%, un punto por debajo de Kicillof, el candidato peronista que mejor mide.
La novedad es que el ballotage que en el 2023 jugó a favor de Milei, ahora le juega en contra, en consonancia con el rechazo del plan económico que ronda el 60%.
Advierten que el Banco Mundial y el BID podrían frenar desembolsos por el año electoral
Esto fue confirmado por un trabajo del Observatorio de Psicología Aplicada de la UBA, que publicó Clarín esta semana, que reveló que en un escenario de ballotage Axel Kicillof se impone por casi nueve puntos sobre Milei con el 48,2% contra un 39,3% del libertario.
El temor del gobierno a una corrida si no logra imponerse con claridad en las PASO, no es descabellado. Las dudas sobre la reelección de Milei fueron el centro del análisis difundido por JP Morgan y resumido por El Economista con un título elocuente: el banco sometió a un «stress test» al programa financiero y advirtió que podrían faltar dólares si la elección resulta competitiva.
Un trabajo del Observatorio de Psicología Aplicada de la UBA, que publicó Clarín esta semana, que reveló que en un escenario de ballotage Axel Kicillof se impone por casi nueve puntos sobre Milei con el 48,2% contra un 39,3% del libertario.
El ministro Caputo intentó disipar esas dudas al presentar su «programa financiero» de este año y el próximo, donde intenta mostrar que tendrá los dólares para pagar los vencimientos de deuda. En su informe, el JP Morgan consideró que el escenario base presentado por Caputo es consistente sólo si Milei mantiene una ventaja electoral sólida durante todo el proceso electoral, que incluye las primarias de agosto.
Bajo esa hipótesis, JP Morgan estima que el Tesoro podría obtener unos 5.000 millones de dólares mediante la colocación de Bonares, sumar 4.200 millones de organismos multilaterales, recaudar 1.500 millones por privatizaciones y 2.000 millones a través de préstamos bilaterales.
Pero el informe advierte que si la elección se vuelve competitiva, el Gobierno apenas podría colocar la mitad de esos bonos, recaudaría menos por privatizaciones y obtendría menos financiamiento externo. El esfuerzo pasaría de unos 4.900 millones de dólares a alrededor de 10.700 millones, prácticamente el equivalente al superávit primario proyectado para 2027.
Además, el banco recuerda que ese ejercicio ni siquiera incorpora eventuales pasivos contingentes, como el juicio por los cupones atados al PBI, ni los pagos de hasta 5.300 millones de dólares que el Banco Central deberá afrontar por los Bopreal durante ese año. La conclusión del informe es que, aunque 2026 ofrece margen para transitar con cierta comodidad, todavía será necesario fortalecer las reservas y ampliar las fuentes de financiamiento para atravesar un año electoral sin sobresaltos.
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La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Regina informa que en la jornada de este lunes 3 de mayo se completó el cupo de castraciones, superando ampliamente el total de 300 animales, entre caninos y felinos. Próximamente se comunicarán las nuevas fechas de inscripciones. Difunde esta nota
