PorMunicipalidad Villa Regina
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La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina informa que el próximo domingo 25 se jugará la sexta fecha de la Liga de Fútbol Femenino según el siguiente cronograma:
13 horas: Las Kaitos-Regina
14 horas: Alto Valle-Las Inter
15 horas: Las Perlas-Santa Rita
16 horas: Las Botis-Fem Matadero
Las Queens tienen fecha libre.
Desde 1823 hasta hoy, la Doctrina Monroe funcionó como coartada ideológica para justificar invasiones, golpes de Estado, bloqueos económicos y condicionamientos políticos sobre América Latina. Un repaso histórico, crítico y documentado de una política imperial que sigue vigente y que hoy vuelve a exhibirse en el respaldo de Washington a Milei y en el grave episodio denunciado por Venezuela como el secuestro de Nicolás Maduro.
Por Alcides Blanco para NLI
La llamada Doctrina Monroe, formulada en 1823 por el entonces presidente estadounidense James Monroe, suele presentarse en los manuales como una advertencia contra el colonialismo europeo en el continente. Sin embargo, desde sus primeros usos reales, funcionó como una autoproclamación de tutela: América no sería para los pueblos americanos, sino para los intereses de Washington. En un contexto en el que Estados Unidos aún no era potencia global, la doctrina operó como una declaración de intenciones a largo plazo, que se consolidaría con el crecimiento económico, militar y financiero del país del norte.
A fines del siglo XIX, tras la guerra contra España y la ocupación de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, la Doctrina Monroe dejó de ser una consigna diplomática para convertirse en una herramienta activa de dominación regional, reforzada luego por el llamado Corolario Roosevelt, que legitimó la intervención directa en países latinoamericanos ante cualquier situación que Washington considerara una “amenaza”.
Durante el siglo XX, la Doctrina Monroe fue el marco político que permitió una seguidilla de intervenciones directas e indirectas. En 1954, el gobierno democrático de Jacobo Árbenz en Guatemala fue derrocado tras una operación organizada por la CIA para proteger intereses corporativos estadounidenses. En 1964, Estados Unidos respaldó el golpe militar en Brasil; en 1973, jugó un rol decisivo en el derrocamiento y asesinato de Salvador Allende en Chile; en 1976, apoyó activamente a la dictadura argentina.
Estos procesos no fueron excepciones, sino parte de una política sistemática: cuando un gobierno latinoamericano intentó desarrollar un camino autónomo, redistribuir riqueza o controlar recursos estratégicos, la respuesta fue la desestabilización. Golpes, sabotajes económicos, operaciones psicológicas y financiamiento a sectores opositores fueron prácticas recurrentes.
En los años setenta, la Doctrina Monroe se tradujo en su versión más brutal con la Operación Cóndor, una coordinación represiva entre dictaduras del Cono Sur, con apoyo logístico, tecnológico y de inteligencia de Estados Unidos. Miles de militantes políticos, sindicales y sociales fueron secuestrados, torturados y asesinados en nombre de la “lucha contra el comunismo”.
Lejos de ser un desvío, este entramado represivo fue funcional a la imposición de un nuevo modelo económico: apertura irrestricta, endeudamiento externo y destrucción del aparato productivo nacional. La violencia política fue el complemento necesario del saqueo económico.
Con el fin formal de la Guerra Fría, Estados Unidos no abandonó su política de injerencia, sino que la adaptó. Las invasiones militares dieron paso, en muchos casos, al disciplinamiento financiero, las sanciones económicas, el endeudamiento condicionado y el uso de organismos internacionales como herramientas de presión.
En América Latina, esta etapa incluyó bloqueos como el impuesto a Cuba y Venezuela, persecuciones judiciales selectivas contra líderes populares —el llamado lawfare— y el financiamiento de proyectos políticos alineados con la agenda de Washington. La Doctrina Monroe mutó, pero nunca desapareció.
El caso de Bolivia es uno de los ejemplos más claros del intervencionismo estadounidense en el siglo XXI, adaptado a nuevas formas. En 2019, el presidente Evo Morales, primer mandatario indígena del país y artífice de un proceso de nacionalización de recursos estratégicos —en especial el gas y el litio— fue forzado a renunciar tras una operación de desestabilización política, mediática e institucional.
El rol de la Organización de Estados Americanos, alineada históricamente con la política exterior de Washington, fue clave. Un informe preliminar sin sustento técnico sobre supuestas irregularidades electorales fue utilizado como excusa para legitimar un golpe de Estado que derivó en la instalación de un gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez, inmediatamente reconocido por Estados Unidos.
Durante el régimen posterior al golpe, Bolivia vivió masacres en Sacaba y Senkata, persecución judicial contra dirigentes del Movimiento al Socialismo y una política de alineamiento total con Washington. El objetivo fue claro: interrumpir un proyecto soberano y disciplinar a un país que había decidido controlar sus recursos naturales y construir alianzas fuera del eje estadounidense.
En Ecuador, la Doctrina Monroe se expresó a través de una modalidad cada vez más frecuente: la persecución judicial selectiva. Tras una década de gobierno de Rafael Correa, marcada por la recuperación del rol del Estado, la reducción de la pobreza y una política exterior autónoma, se desplegó una ofensiva para borrar políticamente a su principal referente.
Correa fue víctima de un proceso de lawfare que incluyó causas judiciales armadas, condenas sin pruebas materiales sólidas y la imposibilidad de presentarse a elecciones. Todo ocurrió bajo el gobierno de Lenín Moreno, quien llegó al poder con un discurso de continuidad pero rápidamente giró hacia un alineamiento pleno con Estados Unidos, restaurando acuerdos militares, entregando información estratégica y revirtiendo políticas soberanas.
La persecución contra Correa no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia regional: neutralizar líderes populares sin necesidad de tanques en la calle, usando tribunales, medios concentrados y presión internacional.
El caso de Brasil es otro capítulo central del intervencionismo contemporáneo. Luiz Inácio Lula da Silva, líder histórico del Partido de los Trabajadores y dos veces presidente, fue encarcelado en 2018 tras un proceso judicial plagado de irregularidades, que luego serían reconocidas incluso por la propia Justicia brasileña.
La causa que llevó a Lula a prisión se construyó sin pruebas directas y tuvo como resultado inmediato su proscripción electoral, allanando el camino para el triunfo de Jair Bolsonaro, un dirigente alineado ideológicamente con Washington y funcional a sus intereses geopolíticos y económicos.
Años más tarde, quedó demostrado que el proceso contra Lula estuvo atravesado por coordinación entre jueces, fiscales y actores externos, incluyendo cooperación informal con agencias estadounidenses. El objetivo fue inequívoco: desarticular un proyecto político autónomo que había fortalecido la integración regional, los BRICS y la independencia económica de Brasil.
Venezuela se convirtió en uno de los principales blancos de esta política en el siglo XXI. Desde la llegada de Hugo Chávez y la recuperación del control estatal sobre el petróleo, Estados Unidos desplegó una estrategia de hostigamiento constante: sanciones económicas, intentos de aislamiento diplomático, reconocimiento de autoridades paralelas y amenazas militares explícitas.
En las últimas horas, el gobierno venezolano denunció un hecho de extrema gravedad: el secuestro del presidente Nicolás Maduro en el marco de una operación atribuida a fuerzas estadounidenses. Más allá de la versión que intenta instalar Washington, el episodio fue calificado por Caracas y por diversos actores internacionales como una violación flagrante de la soberanía y un regreso abierto a las prácticas más crudas del intervencionismo.
En este contexto regional, la Argentina atraviesa una etapa de subordinación explícita. Durante el proceso electoral que llevó a Milei al poder, el respaldo político y económico de Estados Unidos fue público y determinante. Señales financieras, gestos diplomáticos y apoyos externos funcionaron como un mensaje claro al sistema local: había un candidato alineado con los intereses de Washington.
Lejos de ocultarlo, Milei celebró ese respaldo y adoptó una política exterior de alineamiento automático, avalando sanciones, intervenciones y acciones que históricamente el peronismo y los movimientos nacionales habían cuestionado. El resultado es una Argentina que renuncia a la autonomía regional y se reubica, sin negociación alguna, dentro del esquema de la Doctrina Monroe.
A más de doscientos años de su formulación, la Doctrina Monroe sigue viva. Cambió de formas, de discursos y de métodos, pero mantiene intacto su núcleo: América Latina como zona de influencia exclusiva de Estados Unidos. Desde los golpes militares del siglo XX hasta el condicionamiento económico y las operaciones encubiertas del presente, la lógica es la misma.
La historia demuestra que cada vez que un país latinoamericano intentó salirse de ese corset, la respuesta fue la presión, la desestabilización o la violencia. Entender ese recorrido no es un ejercicio académico: es una condición necesaria para defender la soberanía, la democracia real y el derecho de los pueblos a decidir su propio destino.
La Municipalidad de Villa Regina, a través de la Dirección de Tránsito y Protección Civil, procedió a la colocación y puesta en funcionamiento de decrementadores en los semáforos ubicados en Avenida Mitre y Brown/Lisandro de la Torre. Los decrementadores contienen un reloj digital que realiza un conteo del tiempo de duración de cada luz del…
El uso de la capacidad instalada cayó a 61%, un rango que la ubica por debajo de 2020, el año del confinamiento por la pandemia de covid. Por entonces, ese índice había caído al 61,8. Son datos del Indec que difundió en las últimas horas el gobierno de Axel Kicillof.
Es que la caída en la producción industrial tiene un impacto directo en Buenos Aires toda vez que la provincia aporta nada menos que el 48,9% al Producto Bruto Interno (PBI) industrial. Le siguen muy lejos la Ciudad de Buenos Aires (12%), Santa Fe (10,3%) y Córdoba (7,7%).
La capacidad instalada es la producción máxima que una planta puede sostener con la maquinaria y el personal disponibles. Cuando la utilización baja, las máquinas paran. Sin embargo, los costos fijos siguen. Los márgenes se comen con el tiempo. Menos producción hoy, menos inversión mañana y la amenaza del cierre.
Los datos oficiales muestran que el 2019, la capacidad instalada de la industria era del 62,8%, y en 2020, el año de la pandemia, descendió a 61,8%. Después hizo un pico -modesto- en 2022 del 66% pero ahora están en el 61%.
«La crisis industrial no se refleja solo en la pérdida de empleo y la subutilización de la capacidad instalada: de manera estructural, la destrucción de más de 22.400 empresas desde la asunción del Gobierno nacional es un fenómeno grave y transversal a todos los sectores», dijo el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, en una serie de posteos.
Uno de los rubro más afectados en la industria textil, que enfrenta una intensa apertura importadora. Allí, la caída desde 2023 es del 23,3%. También sufren el impacto rubros como los minerales no metálicos que registraron una caída del 22,6%. También los productos de metal bajaron 22,4%.
Para el ministro de Kicillof, el cuadro es claro: sin una mejora sostenida de los ingresos y del empleo, la producción industrial no tiene perspectivas de recuperación. La caída del consumo interno, sumada a la presión importadora, reduce el mercado para las empresas locales y profundiza la pérdida de puestos de trabajo, especialmente en las ramas más sensibles.
Cierra una empresa por hora y 394 personas pierden su trabajo por día
LPO contó que la industria está pagando el mayor costo del ajuste. Los números no admiten eufemismos. La capacidad instalada atraviesa el peor nivel desde 2002.
Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, cerraron 19.114 empresas, según las estadísticas oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Esa caída se tradujo en una pérdida de algo más de 264.000 puestos de trabajo registrados.
Si se mira con lupa, la destrucción es cotidiana. Esas 19.114 empresas cerradas equivalen a casi 29 empresas por día. Son alrededor de 1,2 cierres por hora. Y la pérdida de empleo formal promedia unas 394 personas por día, es decir, unas 16 personas por hora, que dejaron de tener trabajo en el registro formal.
La Municipalidad de Villa Regina recuerda que los contribuyentes reginenses pueden optar durante febrero por el pago anual de tasas por servicios retributivos y aprovechar el descuento que en este caso es del 20%. Recordemos que este mecanismo se puso en marcha el 23 de diciembre pasado y, desde la Secretaría de Economía y Finanzas,…
El balneario Las Grutas prepara su temporada de verano 2018. En la provincia de Rio Negro, los destinos de mar más fuertes también comenzaron su movimiento. El Cóndor en Viedma, ya inauguró su temporada y demuestra un crecimiento en su oferta turística con una manera distinta de pensar en el turista. Playas Doradas ésta temporada…
El gobierno de Axel Kicillof inició la licitación de las obras de ensanche y profundización del cauce del río Salado. Se trata de las etapas 1 y 2 del tramo V del Plan Maestro Integral, que todavía no se habían intervenido.
Esas etapas atraviesan distritos del noroeste de la provincia, puntualmente Alberti, Bragado y Chacabuco, y permitirá recuperar unas 400 mil hectáreas productivas.
Las obras suponen una inversión de unos USD 138 millones y recibirán financiamiento mixto, a través de un préstamo internacional del Banco Europeo de Inversión (BEI) por USD 110 millones, y del Tesoro Provincial. El viernes se realizó el llamado a licitación y la fecha de apertura de sobres se efectuará el 26 de febrero.
Los trabajos en las etapas 1 y 2 se extienden desde Bragado hasta aguas debajo de la laguna Rocha, sobre una longitud total de 60 kilómetros.
Además de la obra sobre el río, incluye la intervención en infraestructura complementaria, como la reconstrucción de siete puentes (cinco viales y dos de ferrocarril).
Viaje al dragado del Río Salado, la obra de movimiento de suelo más importante del país
El Tramo V es el segmento final con el que se completará el Plan Maestro, y que se extiende sobre 95 kilómetros desde el distrito de Lezama, sobre la Autovía 2, hasta Junín, en el noroeste de la provincia.
El Plan Maestro de la cuenca del Salado es la obra de movimiento de suelo más importante del país y una vez finalizada permitirá mitigar los efectos de las sequías e inundaciones en una superficie que abarca 170.000 kilómetros cuadrados y posee 17 millones de hectáreas (que equivalen a toda la provincia de Córdoba).
Las obras consisten en la adecuación, ensanche y profundización del cauce del río, a través de tareas de dragado y relleno que permitirán el escurrimiento encauzado ante crecidas, teniendo en cuenta los caudales máximos estimados.
Con ese fin, se amplía la sección primaria del río y se ejecutan nuevas secciones a cada lado, llamadas recintos, que son rellenadas con el material recuperado mediante el dragado para absorber las crecidas. Esto, a su vez, posibilitará que las áreas alrededor del Salado, que suelen quedar anegadas, puedan ser utilizadas para la producción.
En el marco de este Plan, ya se finalizó el estudio para la elaboración de un proyecto licitatorio de obras de infraestructura en el «Nodo de Bragado», que permitirá manejar de forma más eficiente las excedencias hídricas y la protección del territorio de este municipio. El proyecto contempla intervenciones en la Laguna del Parque y arroyo Saladillo; y el canal vinculación y defensa Bragado.
Las 20 grandes obras que proyecta Kicillof para los dos últimos años de gobierno en la provincia
El Nodo Bragado permite el drenaje y tránsito de los excedentes hídricos de 2,8 millones de hectáreas y se ubica en una zona crítica de la Región Hídrica Área Pampeana Central, que involucra a los partidos de 9 de Julio, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Daireaux, Florentino Ameghino, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Irigoyen, Junín, Lincoln, Pehuajó, Trenque Lauquen, en el noroeste de la Provincia.
Javier Rodríguez y Gabriel Katopodis.
El Plan Maestro Integral de la Cuenca del río Salado surgió en 1997 como una forma de dar respuesta a las inundaciones en la provincia. Para planificar los trabajos, el curso del río fue dividido en cinco tramos: el I, II y III están finalizados; el IV se encuentra finalizado en sus etapas 1, 3 y 4 y paralizado en la etapa 2 por parte del actual Gobierno Nacional.
La paralización de las obras de la etapa 2 preocupa en el gobierno de Kicillof. Se trata de una extensión de 33 kilómetros que atraviesan los municipios Roque Pérez y Lobos.
Esta obra permite mitigar los efectos de las inundaciones, amplía la frontera agropecuaria de toda la cuenca y mejora la calidad de vida de más de 1,5 millones de bonaerenses.
«Logramos el financiamiento internacional del Tramo V a pesar de que el Gobierno Nacional paralizó el Tramo IV, una decisión que complicó y retrasó esta etapa clave», dijo el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis. «Esta obra permite mitigar los efectos de las inundaciones, amplía la frontera agropecuaria de toda la cuenca y mejora la calidad de vida de más de 1,5 millones de bonaerenses», agregó.
El financiamiento y la ejecución de ese tramo está a cargo del Gobierno Nacional, a excepción de la etapa 1B (que fue ejecutada y finalizada por la PBA a partir de un préstamo del Banco Mundial)
El Gobierno Nacional financia estas obras a través del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, conformado por un porcentaje de la recaudación del Impuesto a los Combustibles.
Katopoidis junto a intendentes de los municipios que pertenecen a la cuenca del Salado.
La Ley N° 23.966 establece que el 4,31% de lo recaudado debe destinarse específicamente al desarrollo de los proyectos de infraestructura de obras hídricas para la prevención y mitigación de los daños provocado por inundaciones, así como a la recuperación de tierras productivas, y la protección de la infraestructura vial y ferroviaria en zonas rurales y periurbanas.
Ese fideicomiso recibió $271.743 millones para destinar a obras de infraestructura hídrica. En conclusión, las obras de los subtramos A, B y C de la etapa 2 del tramo IV del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado podrían ser ejecutadas y finalizadas a través ese fondo.
Desde La Plata sostienen que la paralización de los trabajos ya lleva casi dos años y produce consecuencias totalmente negativas para la provincia afectando aproximadamente 10.000 hectáreas del río que bordean la zona. De haberse mantenido el ritmo de ejecución previo, la obra del tramo 4 podría haberse finalizado durante 2024.
Katopodis estuvo acompañado durante la licitación por su par de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. También estuvieron el representante de CARBAP en el Consejo Auditor del Salado, Alberto Larrañaga; Aníbal Chiramberro de la Federación Agraria Argentina; el secretario Mario Raiteri y la asesora Patricia Luke, ambos de CONINAGRO; y el presidente de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Francisco Farras.
