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El Senado de Estados Unidos aprobó por un estrecho margen una resolución que frenaría el poder del presidente Donald Trump para utilizar la fuerza militar en Venezuela. Se trata de una crítica directa a la autoridad del presidente tras haber entrado en territorio sudamericano sin autorización del Congreso, como marca la Constitución.

La votación por 52 votos a 47 y contó con el apoyo de algunos republicanos para votar la resolución que invoca la Ley de Poderes de Guerra, y se necesitaría otra votación para la aprobación final de la resolución.

El texto pasará ahora al debate en el pleno del Senado. Para llegar al despacho presidencial deberá ser aprobado por ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, Trump podría vetarlo, y para revocar ese veto sería necesario el respaldo de dos tercios tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, actualmente controlados por los republicanos.

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De aprobarse de forma definitiva, la resolución obligaría a Trump a retirar a las fuerzas armadas estadounidenses de cualquier «participación inminente» en hostilidades «dentro o contra Venezuela» sin una autorización adicional del Congreso. 

Deberían avergonzarse de los senadores que acaban de votar con los demócratas para intentar quitarnos nuestros poderes para luchar y defender a los Estados Unidos de América. Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley y Todd Young nunca deberían ser elegidos nuevamente para un cargo

Tras la votación,  Trump atacó muy duramente a sus compañeros republicanos. «Deberían avergonzarse de los senadores que acaban de votar con los demócratas para intentar quitarnos nuestros poderes para luchar y defender a los Estados Unidos de América. Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley y Todd Young nunca deberían ser elegidos nuevamente para un cargo», cargó el líder republicano en una publicación en su red social.

Además, en una entrevista en The New York Times, Trump afirmó que Estados Unidos mantendrá durante tiempo indefinido el supuesto control sobre Venezuela y la apropiación del petróleo del país latinoamericano. «Solo el tiempo lo dirá», declaró Trump. 

Los periodistas le preguntaron si el plazo sería de tres meses, seis meses, un año o más. «Diría que mucho más», respondió.

Trump dijo también que el nuevo Gobierno venezolano, presidido por Delcy Rodríguez, «nos está dando todo lo que creemos que es necesario».

«Nos están tratando con gran respeto. Como saben, nos estamos llevando muy bien con la administración que hay allí ahora mismo», sentenció.

Jorge Macri analiza denunciar ante la Corte el incumplimiento de Toto Caputo de la cautelar que impuso un pago mensual a la Ciudad por la coparticipación que el gobierno nacional le quitó a la Ciudad. 

Nación acumula 430 mil millones de pesos de deuda con la Ciudad desde agosto de 2025, cuando los pagos comenzaron a retrasarse. «Semejante suma ya no es un atraso, es un incumplimiento de la cautelar de la Corte», razonan en el gobierno porteño.

En efecto, el fallo de la Corte establecía que Nación debía pagarle a la Ciudad por goteo el 1,55% correspondiente a la Coparticipación. Eso implicaba transferencias diarias y automáticas al tesoro porteño. Apremiado por el déficit, Toto decidió hacer transferencias semanales de forma discrecional.

Al principio, Nación cumplió con los envíos, pero a los pocos meses comenzaron los retrasos. El peor momento llegó tras las elecciones porteñas de mayo y entre agosto de 2025 y enero de 2026 se acumularon 430 mil millones de pesos de deuda.

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Semanas atrás hubo una reunión entre Jorge y Toto Caputo, pero no se registraron avances. Esta es una discusión paralela al fondo de la cuestión, que tiene que ver con el porcentaje total de Coparticipación que Nación le quitó a la Ciudad durante el gobierno de Alberto Fernández y que todavía está pendiente de resolución del máximo tribunal. Mientras sigue analizando ese tema, la Corte concedió la cautelar con un porcentaje menor que el que pretende recuperar la Ciudad, que es la que ahora está incumpliendo Caputo.

Caputo nos debe más de 430 mil millones, semejante suma ya no es un atraso, es un incumplimiento de la cautelar de la Corte.

 Además está pendiente la resolución de lo deudado hacia atrás, que sumaría unos USD 6.000 millones y que tampoco registra avances, a pesar de que la Ciudad puso opciones como la transferencia de terrenos en Liniers y Caballito para alivianar la deuda.

Por eso, ahora en el gobierno porteño piensan en denunciar a la Corte el incumplimiento, aunque la respuesta del tribunal es incierta. «A la Corte no le gusta que la política lo quiera utilizar como mecanismo de negociación con el Estado», dijeron fuentes judiciales. En rigor, hasta ahora la Corte ha evitado confrontar con Milei.

«Hay 19 provincias que tienen reclamos por la coparticipación, esto recién arranca. Son cuestiones que tiene que discutir la política», agregaron las fuentes judiciales.

La cuestión no parece sencilla: cuando Nación propuso los pagos semanales en lugar de transferir por goteo, la Ciudad buscó que la justicia obligara a Nación a cumplir la mecánica original prevista por la Corte. Pero no hubo suerte: en el palacio de tribunales consideraron que su tarea estaba cumplida tras la promesa de Nación.