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Se juega la sexta fecha de la Liga de Fútbol Femenino

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina informa que el próximo domingo 25 se jugará la sexta fecha de la Liga de Fútbol Femenino según el siguiente cronograma:

13 horas: Las Kaitos-Regina

14 horas: Alto Valle-Las Inter

15 horas: Las Perlas-Santa Rita

16 horas: Las Botis-Fem Matadero

Las Queens tienen fecha libre.

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    La Justicia Federal de Córdoba atraviesa la mayor crisis institucional de las últimas décadas. En menos de cuatro meses, los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi (pareja entre sí) quedaron en el centro de dos investigaciones penales que, combinadas, amenazan con sacudir el funcionamiento del principal tribunal federal de la provincia y con exponer un presunto entramado de favores entre la pareja de magistrados y el poder económico.

    La última ofensiva llegó este viernes, cuando los fiscales Pablo Turano, de la Procuración General de la Nación, y Maximiliano Hairabedián, titular de la Fiscalía Federal N° 3 de Córdoba, promovieron una nueva acción penal contra ambos jueces por el presunto delito de admisión de dádivas.

    El expediente sostiene que la pareja de magistrados habría recibido un vuelo privado a Punta del Este, valuado en unos 34.000 dólares, mientras intervenían en expedientes vinculados con empresarios que aparecen relacionados con la aeronave utilizada para el viaje.

    La nueva causa se suma a otra investigación, iniciada en abril, en la que Sánchez Torres y Montesi ya están siendo investigados por supuestamente manipular la integración de las salas de la Cámara Federal de Córdoba para intervenir en expedientes de alto impacto económico, especialmente causas tributarias y penales contra empresarios.

    La hipótesis de los fiscales apunta a un mismo patrón de comportamiento: la utilización de la estructura interna de la Cámara Federal para influir en causas sensibles y la posible existencia de contraprestaciones indebidas provenientes de sectores empresarios beneficiados por algunas resoluciones judiciales.

    La investigación más reciente reconstruyó un viaje realizado entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 2024. Según los registros migratorios incorporados al expediente, Sánchez Torres y Montesi viajaron desde Córdoba hacia Punta del Este en un avión privado matrícula LV-WTP y regresaron cuatro días después en la misma aeronave.

    Los fiscales calcularon que un vuelo de esas características tiene un costo cercano a los 17.000 dólares por tramo, por lo que el beneficio económico recibido rondaría los 34.000 dólares.

    El principal interrogante de la investigación es quién pagó ese viaje.

    Los allanamientos realizados hasta el momento no permitieron identificar al supuesto financista, pero la fiscalía encontró una serie de vínculos societarios que conducen hacia dos grupos empresarios con fuerte presencia en Córdoba: Porta Hermanos y el Grupo Astori.

    La aeronave pertenece a Airjet S.A., una sociedad que durante años fue presidida por José Vicente Ramón Porta. La investigación sostiene además que integrantes de la familia Porta continuaron utilizando ese avión aun después de dejar formalmente la conducción de la compañía.

    Ese dato adquirió relevancia porque Montesi intervino durante años en el expediente ambiental iniciado por vecinos de barrio San Antonio, de la ciudad de Córdoba, contra Porta Hermanos por la actividad de su planta de bioetanol.

    En varias oportunidades la camarista votó en disidencia respecto del resto de sus colegas para rechazar medidas reclamadas por los vecinos, entre ellas la exigencia de una evaluación de impacto ambiental.

    Más recientemente, en septiembre de 2025, Sánchez Torres y Montesi integraron la mayoría que dejó sin efecto una multa tributaria aplicada a Porta por la entonces AFIP, hoy ARCA.

    La segunda línea investigativa conduce al Grupo Astori.

    Según la reconstrucción realizada por los fiscales, los camaristas habrían compartido el viaje a Uruguay con María Pía Astori y Guillermo Alberto Assales, presidente de Astori Estructuras S.A.

    Esa empresa aparece vinculada al Fideicomiso Barrio Ampliación Palmar, protagonista de una larga disputa judicial contra el Estado Nacional y la Fuerza Aérea por terrenos ubicados en Córdoba.

    Lo que llamó la atención de los investigadores es que Sánchez Torres y Montesi continuaron interviniendo en esos expedientes antes y después del viaje sin excusarse pese a la presunta relación personal con empresarios ligados al litigio.

    Los fiscales consideran que esos elementos son suficientes para sospechar que los jueces aceptaron una dádiva de personas con intereses concretos en causas bajo su competencia.

    Pero el expediente por el vuelo privado no es el único problema judicial de los camaristas.

    En abril, Hairabedián y Turano impulsaron otra investigación que puso bajo la lupa el funcionamiento interno de la Cámara Federal de Córdoba.

    En esa causa se denuncia que Sánchez Torres habría alterado deliberadamente la integración de las salas para asegurarse intervenir en expedientes específicos, particularmente investigaciones por evasión tributaria vinculadas a ejecutivos de la cerealera Bunge y otros procesos de gran impacto económico.

    La denuncia sostiene que el mecanismo consistía en modificar las integraciones naturales de las salas de la Cámara que ambos magistrados integran, lo que podría haber beneficiado a grandes empresarios en casos de evasión.

    Ese expediente incorporó además un capítulo especialmente delicado: una secretaria judicial denunció haber sufrido violencia laboral por negarse a participar de esas maniobras administrativas.

    En los tribunales federales nadie recuerda un escenario semejante.

    La Cámara Federal de Córdoba es el órgano revisor de todas las decisiones adoptadas por los juzgados federales de la provincia. Allí se resuelven causas por narcotráfico, corrupción, delitos tributarios, lavado de dinero y conflictos con los principales grupos económicos del centro del país.

    Fuentes judiciales no descartan que las próximas medidas incluyan un análisis patrimonial de ambos magistrados y la profundización de las pericias sobre los vínculos societarios entre Airjet, Porta y el Grupo Astori.

    Las investigaciones acabaron con la estrategia de Sánchez Torres de convertirse en ministro de la Corte Suprema de la Nación, con el aval de Martín Llaryora y otros gobernadores. El propio Sánchez Torres le expuso su plan a Roberto Urquía en un bar de Córdoba meses atrás. Allí, Sánchez Torres intentó convencer al dueño de General Deheza de que lo avale en el círculo rojo para destrabar cualquier resistencia a su llegada al máximo tribunal. La jugada fue coincidente con la caída de Ariel Lijo.

     

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    Economía pudo pagar este jueves los USD 4.500 millones de intereses y amortizaciones de los Globales y Bonares emitidos tras la reestructuración de 2020. Fue una parada brava que se resolvió con éxito. Ahora el mercado se pregunta si volverá la presión sobre el dólar.

    La razón es sencilla: la reinversión ya empezó. Los antecedentes muestran que las compras suelen adelantarse varias semanas al cobro efectivo de los dólares y no una vez que el dinero llega a las cuentas de los bonistas.

    «El pago del 9 de julio no es el evento a seguir. La capacidad de pago no está en discusión, los dólares ya están depositados en el Banco Central y el mercado lo descontó hace rato», explicó a LPO el asesor financiero Facundo Pascual.

    El diagnóstico coincide con un informe de Facimex Valores, que detectó que durante los cinco pagos semestrales realizados en la gestión de Javier Milei los Globales subieron en promedio alrededor de 2% durante las veinte ruedas previas al cobro y luego permanecieron prácticamente estables. En otras palabras, el mercado compra con el rumor y no con la noticia.

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    Sin embargo, esta vez aparece un elemento nuevo que podría modificar el destino de esos dólares. Apenas seis días después del pago, el Tesoro licitará por primera vez el Bonar 2029 (AO29), un bono en dólares bajo legislación local con cupón del 6% anual pagadero mensualmente y, en su debut, sin límite de adjudicación.

    Para Nicolás Sibecas, de Inversiones Andinas, esa decisión deja en claro cuál es la apuesta oficial. «El Tesoro sale a buscar que los bonistas reinviertan lo que cobran, en lugar de que esos dólares salgan del sistema o vayan a otros instrumentos», señaló.

    El Tesoro sale a buscar que los bonistas reinviertan lo que cobran, en lugar de que esos dólares salgan del sistema o vayan a otros instrumentos.

    La jugada tiene además un objetivo financiero. Si una parte importante de esos fondos termina en el AO29, el Gobierno podrá seguir obteniendo financiamiento en dólares dentro del mercado local, evitando volver a emitir deuda en Wall Street mientras el riesgo país continúa por encima de los 400 puntos.

    Pero el mercado también observa el costo de esa estrategia. El nuevo bono vencerá en 2029, ya bajo la próxima administración presidencial, un plazo para el que los inversores todavía exigen un premio adicional frente a los títulos que vencen antes de las elecciones de 2027.

    Sibecas considera que el AO29 debería ofrecer un rendimiento cercano al AN29, cuya tasa ronda el 8,5% anual en dólares, y cree que puede transformarse en una alternativa atractiva para inversores minoristas y fondos comunes por su esquema de cupones mensuales.

    Pascual advierte, sin embargo, que incluso una reinversión elevada podría pasar inadvertida en la cotización de los Globales. «Puede haber reinversión sin rally. Si buena parte del flujo se canaliza hacia el AO29, el dinero irá al mercado primario en lugar de seguir comprando los bonos que ya cotizan», explicó.

    La otra variable que seguirá de cerca el mercado será el comportamiento de los inversores extranjeros. Mientras los tenedores locales suelen renovar posiciones, los fondos del exterior concentran una porción importante de los pagos y podrían optar por realizar ganancias luego de la fuerte compresión del riesgo país registrada en los últimos meses.

    El mercado ya descontó el pago de julio y la posterior reinversión. La mayor parte de las consultas pasa por volver a comprar los mismos bonos, como AL30 o AL35.

    Desde Insider Finance también creen que el grueso del movimiento ya fue incorporado a los precios. «El mercado ya descontó el pago de julio y la posterior reinversión. La mayor parte de las consultas pasa por volver a comprar los mismos bonos, como AL30 o AL35», explicó a LPO su CEO, Pablo Lazzati.

    No obstante, Lazzati observa un cambio respecto de pagos anteriores. Con rendimientos en dólares ubicados entre 8% y 10%, algunos inversores empiezan a diversificar hacia instrumentos en pesos ajustados por TAMAR o CER e incluso hacia acciones, buscando mejorar el retorno en un contexto donde la deuda soberana ya capturó buena parte de la mejora macroeconómica.

    Así, el verdadero termómetro del pago de julio no será si los Globales suben unos puntos más después del cobro. La señal que espera el mercado es otra: cuánto dinero vuelve a financiar al Tesoro, cuánto busca nuevas alternativas de inversión y cuánto decide abandonar el riesgo argentino para volver al dólar.

     

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