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El gobierno asumió este jueves que no llegaría a sancionar el tratado de patentes de medicamentos antes que finalice abril, un cronograma con el que se había comprometido Javier Milei con los laboratorios extranjeros en Estados Unidos. Fuentes del oficialismo en el Congreso reconocieron que «no se llega antes del 30 de abril» y cargaron la responsabilidad en la Cancillería, tal como informó LPO.

El principal promotor para sacar la aprobación definitiva del proyecto, que tiene media sanción del Senado desde 1998, es Federico Sturzenegger. Sin embargo, la resistencia de los laboratorios locales, nucleados en CILFA, es total.

Un sector del oficialismo aducía que, incluso, la suspensión del plenario de comisiones que debía tratar el proyecto este martes que pasó, se debía a que había alrededor de 20 diputados de excursión con la Red de Acción Política (RAP) en Estados Unidos, para una charla sobre IA en Harvard y el MIT, junto con empresas del sector minero y gerentes de laboratorios. En rigor, la orden para levantar el pie del acelerador habría salido de Cancillería, después de atender al riesgo de erosionar la relación con los laboratorios locales.

En efecto, Hugo Sigman, Daniel Sielecki y la familia Kovalivker figuran entre los más importantes aportantes de campaña de Milei, algo que condiciona el compromiso del Presidente con CAEME, la cámara que representa a las empresas extranjeras en este rubro.

Quirno demora el tratado de patentes y choca con Sturzenegger

Un diputado libertario admitió que su bloque prepara una sesión para el próximo 22 de abril, con la Ley Hojarasca como eje del temario, y el miércoles 29 de abril ya está reservado para la presentación de Manuel Adorni. Del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por su sigla en inglés), nada.

Por eso, resulta difícil encontrar un hueco en las agendas de los 257 diputados para convocar a una tercera sesión en menos de 15 días pero el legislador confía en que la demora no traerá inconvenientes en la relación bilateral con el gobierno de Donald Trump.

Gabriel Bornoroni y Nicolás Mayoraz.

La postergación del debate sugiere que los laboratorios locales le doblaron el brazo, provisoriamente, a Sturzenegger. «Los laboratorios argentinos tienen un poder de lobby muy grande, financian todos los partidos políticos y, desde Arturo Illia para acá, son capaces de voltear gobiernos», dijo un dirigente al tanto de la situación del mercado farmacéutico.

Desde el entorno de Sturzenegger aseguraron a LPO que el tratado «se va a aprobar porque es un compromiso y, más importante que eso, es positivo para los argentinos, los investigadores, las startups biotecnológicas». Además, consideran que los estadounidenses «entienden que son esfuerzos que se hacen por resolver cada tema, como se hizo con las guías de patentabilidad farmacéutica, que se derogaron pero con una cláusula de transición».

Un diputado libertario admitió que su bloque prepara una sesión para el próximo 22 de abril, con la Ley Hojarasca como eje del temario, y el miércoles 29 de abril ya está reservado para la presentación de Manuel Adorni. Del PCT, nada.

El tema del patentamiento trascendió las fronteras legislativas y hasta estalló en un grupo de chat de WhatsApp de la Red de Acción Política, la organización de lobby que nuclea a dirigentes políticos de distintos partidos y cuenta con el auspicio de alrededor de 80 grandes empresas en el mundo.

El diario La Nación publicó una nota en la que cuenta la discusión entre el dueño de laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras, el ruralista Miguel de Larminat y Jorge Steverlynck, miembro de Los Grobo y directivo del Hospital Británico. «Algunos creen que los de afuera son los buenos y nosotros, siempre los malos», posteó Figueiras.

Algunos creen que los de afuera son los buenos y nosotros, siempre los malos.

La réplica de de Larminat fue inmediata. «La realidad que la prensa cuidadosamente omite es que los medicamentos en la Argentina, sean de marca o genéricos, están entre 3 y 15 veces más caros que en los países en donde rigen las patentes», se quejó.

En ese contexto, la pelea escaló y tuvieron que intervenir el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, mano derecha de Sturzenegger, y Luciano Vivlione, una suerte de Vocero de Bayer, pero el grupito de WhatsApp ardía. «Está todo el país prácticamente ahí, gobernadores, senadores, diputados, funcionarios, empresarios, pero nunca se había filtrado nada hasta ahora», expresó con sorpresa uno de los miembros del chat.

Las diferencias al interior del sector de los laboratorios parecen difífiles de saldar. LPO informó que fue Pablo Quirno quien pisó el tratado de patentes de medicamentos y chocó de lleno Federico Sturzenegger. «La Cancillería le volteó a Sturzenegger el tratado», dijeron.

La crisis económica y los aumentos del transporte ya pegan fuerte en las clases bajas. Cientos de personas que vienen desde el Conurbano para hacer changas en la Capital duermen en la calle porque no puede pagar el pasaje de regreso.

Jorge Macri le envió a Axel Kicillof una factura de 27 mil millones de pesos. Sostiene que los centros de inclusión porteños están atendiendo a más de 2300 bonaerenses. «Es hora de que los bonaerenses dejen de pagar tu desgobierno», acusó Macri.

«Nosotros no vamos a dejar de atender a ninguna persona en situación de emergencia. Pero tampoco vamos a naturalizar que otros no hagan su parte», dijo el ministro de Desarrollo Social porteño Gabriel Mraida. 

El reclamo del gobierno porteño llega un día después de que Milei festejó una baja de 3 puntos en la medición de pobreza, que afecta al 28,1% del país.

La inflación de febrero marcó 2.9% y se evapora la meta de Milei de una marca anual del 10%

Más allá de la pelea política entre Macri y Kicillof, el problema de las personas en situación de calle empeora desde hace una década, pero está alcanzando niveles nunca vistos. 

«Es gente que viene a pedir o hacer una changuita y ya no le rinde volverse a su casa en Provincia. O se le complica porque hay cada vez menos servicios de tren», contó a este sitio un funcionario porteño.

Un referente de la asistencia social le dijo a LPO que ya hay trabajadores formales que comenzaron a dormir en paradores.

«Hace poco me crucé un empleado de un supermercado chino, otro de un lavadero de autos. Es gente que cobra un salario todos los meses, pero ya no puede alquilar un cuarto», explicó.

También se sorprendió al ver a un rappitendero que llegaba al parador con su mochila. «Nos dijo que ya no podía pagar la pensión», relató.

El gobierno de Jorge Macri comenzó a reclamarle a Kicillof que pague los gastos del alojamiento de personas con domicilio en Provincia. «Hace seis años que gobierna Kicillof, ¿la Provincia no tiene una red de contención? ¿No hay paradores?», cuestionó un funcionario porteño.

«En vez de hacerse cargo de lo que le toca, Jorge Macri prefiere inventar un enemigo inexistente y culpar a los sectores más vulnerables de la sociedad, a los vecinos del conurbano y a Kicillof de las consecuencias de su propia incapacidad y desidia. Por más sucia y abandonada que esté la Ciudad en la actualidad, hay algo en lo que coincidimos con el Jefe de Gobierno: Buenos Aires es la ciudad más linda del mundo. Pero no alcanza con ser la Ciudad más linda del mundo, tiene que ser la mejor para vivir», respondió el ministro bonaerense Augusto Costa.

Mario Ishii presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para declarar la emergencia alimentaria por un plazo de 18 meses. Su proyecto de ley surgió a partir de la decisión de Andrés Larroque de recortar el programa Mesa, una asistencia de módulos alimentarios que reciben familias de estudiantes en situación de vulnerabilidad.

El proyecto de Ishii no escapa a la interna. No apunta a la situación de ajuste que enfrenta la provincia de Buenos Aires por parte del gobierno de Javier Milei. De hecho, no menciona al presidente en ningún párrafo de los fundamentos.

«La provincia atraviesa un escenario de extrema gravedad social, caracterizado por el deterioro acelerado de las condiciones de vida y el aumento sostenido de la vulnerabilidad», dice el texto de Ishii. Además insta al gobierno de Kicillof a reasignar sus recursos «con criterios de estricta prioridad social» y pide que el acceso a la alimentación «prevalezca por sobre la ejecución de obras o erogaciones que no resultan esenciales o urgentes».

Mario Ishii.

Larroque respondió al proyecto de Ishii con un reclamo dirigido a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para que salde la deuda acumulada con la provincia, que, según afirmó, asciende a más de $ 220.000 millones.

El ministro bonaerense pidió esos recursos para el programa MESA como también la revisión y actualización de los montos propuestas para el financiamiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE) correspondientes a este año.

Larroque planteó que el contexto social actual presenta «niveles críticos» que requieren el fortalecimiento de las políticas alimentarias. Dijo que en la provincia reside el 38% de la población total del país, un dato que revela «la responsabilidad compartida que debe asumir el Estado Nacional».

En las últimas horas, los intendentes recibieron la noticia de recortes en el programa MESA, un dispositivo de asistencia alimentaria que se implementa en la provincia de Buenos Aires como complemento del SAE y que consiste en la entrega mensual de módulos con productos secos destinados a las familias de estudiantes que asisten a escuelas públicas.

La iniciativa surgió en el contexto de la pandemia, cuando la suspensión de la presencialidad obligó a reemplazar el esquema tradicional de comedores escolares por un sistema de entrega directa de alimentos. Con el regreso a las aulas, el programa se mantuvo como una herramienta adicional dentro de la política alimentaria bonaerense.

Actualmente, la distribución de los módulos se canaliza a través de las instituciones educativas y se articula con el ministerio de Desarrollo de la Comunidad, los municipios y los consejos escolares.