Tras la firma del contrato de obra, comenzó el movimiento en la calle Libertad con la instalación del obrador de la empresa Quidel que tendrá a su cargo la construcción del pavimento, el boulevard y la bicisenda entre Belgrano y Avenida General Paz.
El plazo de ejecución es de 5 meses y el presupuesto es de $24,5 millones.
“La empresa está definiendo cómo será la forma de trabajo durante esos meses para no perjudicar a los comercios que están a la vera de la Libertad, así que las tareas se van a realizar por tramos”, manifestó el Intendente Marcelo Orazi en declaraciones a LU 16.
El jefe comunal señaló que “además de la calle Libertad, tenemos otras obras proyectadas con el gobierno de Río Negro por obra delegada, es decir que la Provincia aporta el dinero y el Municipio aporta la ejecución”.
“Estamos detrás de varios proyectos que son inminentes, como la construcción de veredas en las plazas de los barrios Belgrano y Gardín”, dijo Orazi.
Con respecto a la firma de los convenios entre la Gobernadora Arabela Carreras y Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación, Jorge Ferraresi para la construcción de 1.326 viviendas a través del plan “Casa Propia – Construir Futuro” en el territorio provincial, el Intendente manifestó que “el ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro Carlos Valeri me reconoció que Regina tiene un atraso muy importante en este tema, por lo que me transmitió que la ciudad tendrá prioridad en este plan”.
Chubut decidió volver al mercado voluntario de deuda con una ingeniería financiera que pone a las regalías petroleras como garantía. Es la primera provincia petrolera que ensaya este esquema en la era Milei.
El objetivo es refinanciar la deuda en dólares que asfixia las cuentas provinciales y ganar aire para poder concretar un plan de obra pública, ante el abandono de la Nación. Chubut arrastra desde el último gobierno de Mario das Neves un grave problema de endeudamiento externo que complico todo el mandato del anterior gobernador Mariano Arcioni.
Mientras tanto, las exigidas cuentas provinciales recibieron en las últimas semanas un alivio inesperado: el saltó del barril del petróleo por la guerra de Medio Oriente, desde los USD 60 que figuraban en el presupuesto provincial hasta niveles cercanos a los USD 80. Ese movimiento mejora el flujo de ingresos petroleros que respalda la operación financiera.
En Chubut, las regalías representan cerca del 16,6% de los ingresos corrientes de la provincia, lo que equivale a varios cientos de miles de millones de pesos anuales. Cuando el barril sube, la caja respira.
Ese colchón extra llega justo cuando las cuentas provinciales atraviesan una zona de tensión. Según un informe de la consultora Politikón Chaco elaborado con datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, Chubut cerró el tercer trimestre de 2025 como la quinta jurisdicción con mayor deuda del país.
Pero el dato más delicado no es el tamaño del pasivo sino su composición: el 60,4% está nominado en dólares. Esa es la compleja herencia que dejó Das Neves, cuando estaba embarcado en su aventura presidencial.
En Chubut, las regalías representan cerca del 16,6% de los ingresos corrientes de la provincia, lo que equivale a varios cientos de miles de millones de pesos anuales. Cuando el barril sube, la caja respira.
El peso de la deuda también se refleja en la relación con los ingresos provinciales. Chubut es la quinta provincia con mayor carga de deuda sobre su recaudación. De cada 100 pesos que ingresan a la caja provincial, más de 38 ya están comprometidos para pagar obligaciones financieras. Por eso la importancia de la refinanciación que ensaya Torres.
La presión de esos compromisos se sintió con fuerza en los primeros meses del año. En enero, el servicio del bono Bocade demandó casi 44.000 millones de pesos. En ese mismo período, las regalías petroleras alcanzaron los 37.000 millones. Si mejora el precio del barril mejora la espalda para enfrentar los vencimientos.
El Bocade fue emitido en 2016, durante el tercer mandato de Mario Das Neves, con el argumento de cancelar deudas heredadas y financiar obra pública.
En 2020, ya bajo la gestión de Mariano Arcioni, ese título fue reperfilado para extender plazos y evitar un default provincial.
Ahora, Torres busca cerrar ese capítulo con una refinanciación total del bono. La idea es conseguir un préstamo en mejores condiciones y con plazos más largos para cancelar el título vigente.
En palabras de un operador financiero cercano al proceso, el objetivo es «sacar del calendario esos vencimientos trimestrales que hoy consumen más de un mes entero de regalías».
El Bocade fue emitido en 2016, durante el tercer mandato de Mario Das Neves, con el argumento de cancelar deudas heredadas y financiar obra pública. Según la administración de Torres en los últimos dos años Chubut logró reducir la relación ingreso-deuda de un 100% a un 27,5% a fines del 2025.
La administración provincial sostiene que la situación financiera mejoró en los últimos dos años. Según datos oficiales, Chubut redujo el stock de deuda en 326 millones de dólares hacia marzo de 2026 y logró bajar la relación ingreso-deuda desde el 100% que registraba en diciembre de 2023 hasta el 27,5% a fines de 2025.
En el entorno del gobernador hablan de un cambio de escenario: de la «bomba financiera» heredada a un esquema de «déficit permanente pero administrable».
En ese marco, la Legislatura provincial autorizó a fines de abril una nueva emisión de deuda por hasta 650 millones de dólares. El proyecto obtuvo el respaldo del oficialismo -PRO y UCR- y también del bloque del PJ. La operación busca cerrar el ciclo del Bocade y al mismo tiempo financiar nuevas obras públicas.
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La localidad cordobesa de Marcos Juárez, entró en un serio conflicto a raíz de la crisis económica que envuelve a la fábrica de maquinaria agrícola Metalfor. Este viernes los trabajadores de las plantas de Marcos Juárez y Noetinger decidieron parar porque no se les terminó de abonar la primera quincena de febrero, como así tampoco tuvieron completo el pago de la segunda.
Situación que preocupa al sudeste cordobés, pero esencialmente a la ciudad de Marcos Juárez que este año tiene la elección municipal y donde la intendenta Sara Majorel, de origen en el PRO, y actualmente en las filas libertarias, se juega la reelección.
El contexto en cuanto a la masa salarial es muy similar al que LPO contó la semana pasada de Pauny, la cooperativa que fabrica tractores en Las Varillas, también en el interior cordobés. Con una notoria salvedad: casi en simultáneo con el comienzo de la crisis, que incluye cheques rechazados por cientos de millones de pesos como reveló este medio, Metalfor anunció un crédito internacional de 50 millones de dólares de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos.
Por fuera de ello, las similitudes. En Pauny son 500 empleados, pero si se contempla los puestos indirectos están alrededor de las 800 fuentes de trabajo. Mientras que en Metalfor, entre las dos plantas mencionadas, suman alrededor de 600 trabajadores.
La crisis de Metalfor preocupa especialmente a la ciudad de Marcos Juárez que este año tiene la elección municipal y donde la intendenta Sara Majorel, de origen en el PRO, y actualmente en las filas libertarias, se juega la reelección.
La cuenca productiva del sudeste cordobés acompañó en diferentes ocasiones al PJ cordobesista; sin embargo, en cada parada electoral nacional votó las opciones en contra del peronismo: primero con Cambiemos y en 2023 con Javier Milei. Por lo que, de igual manera que ocurrió en 2023 con Las Varillas, dentro del departamento San Justo, en el departamento Marcos Juárez, Milei también arrasó en la segunda vuelta frente a Sergio Massa y se quedó con el 75% de los sufragios del balotaje.
Y no sólo esto. El año pasado, en las Legislativas, la lista libertaria con Gonzalo Roca a la cabeza y apadrinada por Gabriel Bornoroni le sacó 20 puntos al armado de Provincias Unidas que lideró el exgobernador Juan Schiaretti.
Por lo que, con este escenario la intendenta exlarretista Majorel pasó primero al esquema de Patricia Bullrich, y desde esa puerta desembarcó en La Libertad Avanza. Sello con el que, probablemente busque su reelección entre los dos alfiles que tiene el cordobesismo: la schiarettista Verónica Crescenti, excandidata y derrotada en 2022; y el hombre del PRO, actual funcionario llaryorista, el exintendente Pedro Dellarossa.
Con lo cual, el impacto de la crisis en la industria metalmecánica puede incidir en el voto agro en el único test electoral cordobés del 2026. «Si esto no mejora después de ExpoAgro se complica», reconoció un intendente de la zona tras la charla con un empresario del campo.
«Hay una suerte de estrangulamiento en la actividad privada. Entonces hay que discutir si se quiere que ese proceso desinflacionario se siga acentuando, con riesgos para la actividad, o ir un poco más lento», afirmó el presidente del Banco Macro, Jorge Brito, que pidió medidas para aflojar el apretón monetario y facilitar el crédito.
No es habitual que un empresario de ese nivel deslice críticas tan abiertas a la política económica. Pero su pedido no movió un milímetro la estrategia de Caputo y Milei, que entre recesión e inflación, eligen la primera. Aunque en realidad por ahora tienen de las dos.
Pero el equipo económico no está dispuesto a hacer nada que ponga en peligra el ancla del dólar barato. La estabilidad cambiaria del Gobierno se explica también por la desaparición de pesos. Ese es un driver del programa económico: el frente externo se sostiene porque el frente monetario se vuelve cada vez más restrictivo.
Lo más interesante en este sentido no pasó en el mercado cambiario sino en el mercado de pesos. En las últimas semanas Banco Central compró divisas e inyectó casi 3 billones de pesos en la economía (porque cada compra de dólares implica emitir) pero aun así la cantidad total de dinero cayó. Todos los agregados monetarios se contrajeron.
La aparente contradicción se resuelve mirando al Tesoro. En enero vencieron cerca de USD 2.700 millones de deuda en dólares. Para pagarlos, el Tesoro compró esas divisas al Banco Central y entregó alrededor de 4 billones, pesos que quedaron fuera de circulación. La absorción fue mayor que la emisión. Resultado: menos liquidez.
En las últimas semanas Banco Central compró divisas e inyectó casi 3 billones de pesos en la economía (porque cada compra de dólares implica emitir) pero aun así la cantidad total de dinero cayó.
En febrero el Central siguió comprando dólares agresivamente, pero el Tesoro no intervino en el mercado cambiario. Sin embargo, los pesos tampoco aparecieron. El motivo es simple: ambos organismos los retiraron por otras vías. El BCRA absorbió mediante pasivos remunerados y ventas de dólar futuro; el Tesoro lo hizo colocando deuda pública.
El esquema funciona como un circuito cerrado: se emiten pesos para acumular reservas y luego se los elimina para que no presionen sobre el dólar.
Por eso el mercado sigue con atención la licitación de esta semana. Luis Caputo necesita pesos para compensar las compras de divisas del Central y sostener el ancla cambiaria.
El presidente del Banco Macro, Jorge Brito.
Este miércoles Caputo buscará refinanciar vencimientos por 7,2 billones de pesos. La última colocación mostró la lógica del programa: el Tesoro consiguió 9,02 billones frente a vencimientos por 8 billones, un roll over del 123% que permitió retirar dinero adicional del mercado. No es solo financiamiento: es política monetaria tercerizada en el mercado.
En la última licitación se vio el funcionamiento con claridad: mientras el Central compraba USD 214 millones, el Tesoro absorbía cerca de 1,7 billones de pesos adicionales vía deuda. El efecto inmediato fue una caída del dólar mayorista, que perforó los 1.400 pesos, pero también una economía cada vez más fría.
Para la licitación de esta semana, el menú vuelve a ser amplio. Habrá letras y bonos ajustados por CER, títulos dólar linked y la novedad de un bono en moneda dura. El BONAR 2027, con cupón del 6% anual, permitirá colocar hasta USD 150 millones ampliables a USD 250 millones mediante una segunda vuelta.
El esquema funciona como un circuito cerrado: se emiten pesos para acumular reservas y luego se los elimina para que no presionen sobre el dólar.
La decisión cobra relevancia porque este viernes vencen USD 1.000 millones de Bopreales, una prueba directa para la estabilidad cambiaria. Para evitar tensiones, la Secretaría de Finanzas busca refinanciar parte de este financiamiento con la incorporación sistemática de bonos en dólares dentro de las licitaciones quincenales, con un programa total de emisión de hasta USD 2.000 millones.
En los hechos, la remonetización prometida para la fase cuatro del programa quedó archivada. La suba de la inflación obligó al Gobierno a retirar prácticamente todos los pesos emitidos desde comienzos del año.
El plan estabiliza precios restringiendo liquidez. Las tasas explican el costo social del esquema. Hoy el 25% de la deuda fintech está en mora, frente al 7,4% de un año atrás. De los 12,6 billones de pesos prestados por el sistema no bancario, casi 3 billones presentan dificultades de cobro.
Las familias destinan el 33% de sus ingresos al pago de créditos y billeteras virtuales, mientras el endeudamiento total ya equivale al 140% del ingreso mensual. Incluso la banca tradicional muestra deterioro: los créditos irrecuperables más que se triplicaron en doce meses, pasaron del 2% al 6,5%.
El problema deja de ser financiero y pasa a ser estructural. Cuando el crédito reemplaza al salario, el consumo deja de traccionar la actividad. Ahí aparece la clave política del modelo. El Gobierno celebra la estabilidad cambiaria, pero esa calma se apoya en tasas altas y en la absorción permanente de pesos. Es una transferencia silenciosa: el dinero no llega al comercio porque queda capturado antes por el sistema financiero.
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