Tras la firma del contrato de obra, comenzó el movimiento en la calle Libertad con la instalación del obrador de la empresa Quidel que tendrá a su cargo la construcción del pavimento, el boulevard y la bicisenda entre Belgrano y Avenida General Paz.
El plazo de ejecución es de 5 meses y el presupuesto es de $24,5 millones.
“La empresa está definiendo cómo será la forma de trabajo durante esos meses para no perjudicar a los comercios que están a la vera de la Libertad, así que las tareas se van a realizar por tramos”, manifestó el Intendente Marcelo Orazi en declaraciones a LU 16.
El jefe comunal señaló que “además de la calle Libertad, tenemos otras obras proyectadas con el gobierno de Río Negro por obra delegada, es decir que la Provincia aporta el dinero y el Municipio aporta la ejecución”.
“Estamos detrás de varios proyectos que son inminentes, como la construcción de veredas en las plazas de los barrios Belgrano y Gardín”, dijo Orazi.
Con respecto a la firma de los convenios entre la Gobernadora Arabela Carreras y Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación, Jorge Ferraresi para la construcción de 1.326 viviendas a través del plan “Casa Propia – Construir Futuro” en el territorio provincial, el Intendente manifestó que “el ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro Carlos Valeri me reconoció que Regina tiene un atraso muy importante en este tema, por lo que me transmitió que la ciudad tendrá prioridad en este plan”.
El ex ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, fue citado a indagatoria en la causa donde se investiga si recibió coimas a cambio de direccionar la licitación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Deberá presentarse ante la Justicia el 15 de diciembre.
Junto con D’Onofrio también deberán presentarse a declarar a lo largo de este mes ocho empresarios que habrían pagado los sobornos. Todos fueron señalados por el fiscal de La Plata Álvaro Garganta, quien lleva adelante la investigación del caso.
El fiscal Garganta encontró evidencias para indagar al ex titular de Transporte acerca de presuntos acuerdos con siete empresas para garantizarles la adjudicación del servicio de VTV a cambio de coimas. Las compañías beneficiarias fueron Sistema Integral del Automóvil SA, VTV Sud SA, Carpes All SA, SGS Argentina SA, VTV Norte SA, Applus Iteuve Argentina SA y VTV Noroeste SA.
D’Onofrio viene de ser procesado y embargado en 350 millones de pesos por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en otro expediente donde se investigan maniobras de corrupción con las multas de tránsito y la VTV, por el presunto delito de lavado de activos de origen ilícito.
En esa causa el exministro fue acusado de «sustraer de las arcas del Estado provincial y los respectivos municipios, los fondos derivados del sistema de cobro de multas de tránsito (…) acumulando siderales sumas de dinero invertidas luego para la adquisición de bienes muebles e inmuebles».
La causa en cuestión inició el 5 de septiembre de 2024, a partir de una denuncia que indicaba que D´Onofrio era el líder -junto a la concejal Pilar Pombo- de una «estructura criminal integrada por distintos estamentos, con división de funcionarios y establecimientos de jerarquías».
El texto también aseguró que el objetivo de esta asociación era «sustraer de las arcas del Estado provincial y los municipios los fondos derivados del sistema de cobro de multas de tránsito instalados a lo largo del territorio bonaerense, para acumular siderales sumas de dinero invertidas para la adquisición de bienes muebles e inmuebles bajo una falsa apariencia lícita».
Según la acusación de Garganta, estos funcionarios que obedecían a D’Onofrio «actuaron en connivencia con terceros ajenos a dicho organismo quienes captaban como «gestores» a deudores de infracciones de tránsito ofreciéndoles reducciones del 50% del monto adeudado».
Estos «gestores» ofrecían la posibilidad de eliminar las multas de tránsito a cambio de un porcentaje del monto que el infractor debía pagar. Esto generó graves pérdidas económicas a Secutrans, la empresa encargada del sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires. Esta modalidad generó una caída en sus recaudaciones de entre 4 y 10 millones de dólares mensuales debido a estas prácticas fraudulentas.
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El Banco Central presentó un escrito demoledor contra el juez federal Gastón Salmain por autorizar a un fideicomiso a comprar 10 millones de dólares en plena vigencia del cepo cambiario para pagar deudas financieras en el exterior. Es por esta conducta que este martes el cuestionado magistrado fue citado para ser indagado por cometer varios delitos. Acto al que no concurrió tras notificar que se encontraba internado en el Sanatorio Mater Dei donde le diagnosticaron un cuadro de vértigo periférico y le prescribieron 72 horas de reposo.
Se sospecha que los 10 millones de dólares comprados a precio oficial fueron vendidos por el fideicomiso al valor blue lo que generó una suculenta ganancia por la diferencia de cambio. El fideicomiso lo explotaba el financista rosarino Fernando Whpei quien hoy está en prisión domiciliaria por distintas causas penales, una de ellas una extorsión a un par de agentes bursátiles en coordinación con el ex juez federal Marcelo Bailaque.
A Salmain ahora los fiscales federal Federico Reynares Solari y Juan Argibay Molina le imputarán cohecho pasivo agravado, vale decir haber cobrado o esperar cobrar un soborno por su gestión, agravado por ser magistrado. Lo que sospechan los acusadores es que la coima era del 10 por ciento de la ganancia, unos 200 mil dólares, a cambio de su fallo favorable. También están acusados el lobista del Poder Judicial Santiago Busaniche por haber intervenido en la maquinación de esta jugada, quien este miércoles se negó a declarar en su indagatoria por esto, y Whpei quien deberá pasar por el juzgado en 24 horas. A Salmain además del cohecho le van a atribuir el delito de prevaricato, que significa impulsar una resolución que se sabe injusta.
Respecto de esto último el escrito del BCRA contra el juez es demoledor. Sus abogados dicen que el juez comete todo tipo de irregularidades procesales al dictar una sentencia que no tiene fundamento. Lo más fuerte que dicen es que no está verificado el carácter genuino de la operación que Whpei pidió con la cautelar y a la que Salmain le dio curso. Y que no hay verosimilitud en el derecho invocado por el magistrado para sustentarla. Le están diciendo que lo que hizo es un mamarracho, un puro acto de fuerza, sin ninguna base de respaldo.
Fernando Whpei
Alegan que Salmain no le avisó al fiscal de la cautelar con la que impone al BCRA a vender los dólares para que defina si su decisión es pertinente. Que la resuelve a una velocidad inaudita en favor de Whpei. También que hace un análisis errado al otorgar la medida pasando por encima de la Carta Orgánica de la entidad en lo que respecta a dar acceso al mercado de cambios para la compra de moneda extranjera. Y que no se acredita que ninguna entidad autorizada por el Banco Central, como es condición, autorice a los fideicomisos de Whpei a cursar la operación.
Dice el BCRA que Salmain que se otorgó acceso al Mercado de Cambios, sin la conformidad previa del BCRA, que requiere la normativa para cursar pagos de servicios de capital e intereses de endeudamientos financieros con el exterior cuando el acreedor es una contraparte vinculada al deudor. Que el juez invirtió la carga de la prueba, poniendo en cabeza del Central la obligación de probar los argumentos de Whpei y no al revés.
Indican que la sentencia contraria lo dispuesto por la Ley de Medidas Cautelares y no repara en el incumplimiento de los recaudos previstos por la normativa legal vigente para admitir las medidas cautelares que se intentan contra el Estado, lo que lo vuelve un acto judicial inválido.
Se sospecha que los 10 millones de dólares comprados a precio oficial fueron vendidos al valor blue, lo que generó una suculenta ganancia. Lo que sospechan los investigadores es que la coima para el juez era del 10 por ciento de la ganancia, unos 200 mil dólares
En diciembre de 2023 Whpei pidió una medida cautelar innovativa para que autorice a Attila Fideicomisos SRL a acceder al mercado libre de cambios y utilizar los fondos en pesos del Fideicomiso privado Double True para comprar dólares estadounidenses, a vender por el Banco Central hasta completar la suma de 10 millones de dólares. Eso se hacía para cancelar financiamientos en moneda extranjera de «DB ACF Netherlands BV» de los Países Bajos, suscriptos en noviembre de 2018.
En menos de 24 horas, el 5 de diciembre de 2023 Salmain otorgó la cautelar sin haberle dado vista al fiscal que era lo pedido por el BCRA. Ese mismo día Whpei presentó un escrito para que se aclare una parte de la sentencia. Salmain lo hizo en menos de una hora, lo que los abogados del Central, irónicamente, llamaron una «Aclaratoria Express».
Lo más llamativo sucedió horas después cuando Whpei pidió que se le notificara la sentencia a Reca Compañía Financiera, que es la entidad que le daría acceso al mercado de cambios, lo que el juez libró 28 minutos después de ingresado su pedido. El BCRA le pidió que se abstuvieran de cumplir la sentencia hasta que quedara firme. Pero Salmain rechazó el reclamo. «las medidas cautelares resultan ser de cumplimiento inmediato», dijo.
La semana pasada, de modo unánime, la comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura resolvió que se analice en la comisión de Acusación que preside el senador Luis Juez esta medida cautelar con que Salmain ordenó al Central vender 10 millones de dólares al cambio oficial al fideicomiso Attila controlado por Whpei. Este trámite puede terminar en el juicio político y la destitución de Salmain.
Whpei, que desde el 7 de octubre declara como imputado colaborador u arrepentido, reveló toda esta trama de corrupción de la que él mismo forma parte y delató las razones verdaderas de la conducta de Salmain, que para los abogados del BCRA es incomprensible como acto jurídico.
Fuentes judiciales indican que el BCRA podría actuar como querellante por lo que está contenido en el descalificador texto que sus abogados redactaron contra el juez. Ahí le dicen que el otorgamiento de la cautelar «lesiona el interés público ya que afecta las reservas del país, que están destinadas a proveer estabilidad monetaria y financiera y al pago de los compromisos en moneda extranjera, tanto derivados del intercambio comercial, como de honrar el pago de la deuda externa, en contra de la limitación impuesta por el art. 9 de la Ley 26.854».
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