Tras la firma del contrato de obra, comenzó el movimiento en la calle Libertad con la instalación del obrador de la empresa Quidel que tendrá a su cargo la construcción del pavimento, el boulevard y la bicisenda entre Belgrano y Avenida General Paz.
El plazo de ejecución es de 5 meses y el presupuesto es de $24,5 millones.
“La empresa está definiendo cómo será la forma de trabajo durante esos meses para no perjudicar a los comercios que están a la vera de la Libertad, así que las tareas se van a realizar por tramos”, manifestó el Intendente Marcelo Orazi en declaraciones a LU 16.
El jefe comunal señaló que “además de la calle Libertad, tenemos otras obras proyectadas con el gobierno de Río Negro por obra delegada, es decir que la Provincia aporta el dinero y el Municipio aporta la ejecución”.
“Estamos detrás de varios proyectos que son inminentes, como la construcción de veredas en las plazas de los barrios Belgrano y Gardín”, dijo Orazi.
Con respecto a la firma de los convenios entre la Gobernadora Arabela Carreras y Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación, Jorge Ferraresi para la construcción de 1.326 viviendas a través del plan “Casa Propia – Construir Futuro” en el territorio provincial, el Intendente manifestó que “el ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro Carlos Valeri me reconoció que Regina tiene un atraso muy importante en este tema, por lo que me transmitió que la ciudad tendrá prioridad en este plan”.
La guerra en Medio Oriente se filtra en la economía argentina por un canal escondido: el gas natural licuado (GNL). El precio internacional del combustible que el país necesita importar cada invierno se disparó con la crisis bélica. Pasó de alrededor de 10 dólares a cerca de 20 dólares por millón de BTU. El doble.
Para Argentina ese número no es abstracto. El sistema energético todavía depende del GNL para atravesar los meses de mayor consumo. El gasoducto de Vaca Muerta mejoró el panorama porque permite transportar más gas desde Neuquén hacia los centros urbanos. Pero la producción local todavía no alcanza para cubrir la demanda invernal.
Y el gas también impacta en la boleta de luz. Más del 60% de la electricidad argentina se genera en centrales térmicas que utilizan gas o combustibles líquidos. Por eso, el país necesita importar GNL cada invierno para sostener el sistema energético.
Durante la crisis energética global provocada por la guerra en Ucrania, cuando el gasoducto aún no estaba operativo, Argentina llegó a gastar cerca de USD 3.500 millones en importaciones de gas. El año pasado, con el gasoducto funcionando y precios internacionales más bajos, la factura cayó a unos USD 600 millones.
Pero el nuevo escenario internacional vuelve a cargar ese gasto. Si el gobierno sale a comprar GNL con los precios actuales, el costo podría duplicarse justo cuando la cuenta corriente argentina ya muestra un déficit superior a los 2.500 millones de dólares.
A ese cuadro se suma un cambio de reglas en el sistema energético local. El gobierno decidió avanzar con una licitación para transferir la importación de GNL, que hasta ahora realizaban las empresas estatales Enarsa y Cammesa, a un único operador privado.
Si el gobierno sale a comprar GNL con los precios actuales, el costo podría duplicarse justo cuando la cuenta corriente argentina ya muestra un déficit superior a los 2.500 millones de dólares.
El problema es que ese proceso todavía no está definido. Y mientras se discute quién se quedará con el negocio de la importación, el calendario energético sigue corriendo.
Los cargamentos de gas no se compran de un día para otro. Deben contratarse con anticipación. Cuando esa planificación se retrasa, el margen se reduce. La alternativa es salir al mercado spot, el segmento de corto plazo del comercio mundial de GNL. Allí no hay contratos previos ni precios asegurados. Los cargamentos se compran sobre la hora y el valor se define en función de la urgencia y de la competencia entre compradores.
Además, con gran parte de la producción global afectada por la crisis en Medio Oriente, el mercado enfrenta una oferta más limitada. De hecho, Qatar ya aviso que suspende los envíos comprometidos con la Argentina. Eso obliga al gobierno a competir con otros compradores, especialmente Europa, que desde la ruptura energética con Rusia incrementó su dependencia del gas natural licuado.
En el sector energético repiten una advertencia inquietante: el gas licuado disponible en el mercado no alcanza para todos. Cuando un bien escasea, el precio se dispara. Y el gobierno ya dejó clara cuál es su lógica regulatoria frente a ese escenario: trasladar los costos a la demanda.
Los cálculos que circulan en el sector energético muestran la magnitud del impacto potencial en las tarifas que enfrentarán hogares e industrias.
Si el sobrecosto se trasladara a la industria, el precio del gas pasaría de 4 dólares a 8,14 dólares por millón de BTU. Es una suba del 104%. El traslado es más directo porque los grandes usuarios ya compran gas sin subsidios.
Si el sobrecosto se trasladara a la industria, el precio del gas pasaría de 4 dólares a 8,14 dólares por millón de BTU. Es una suba del 104%.
Si el ajuste recayera en los hogares, el impacto también sería significativo. El precio del gas que paga el usuario podría pasar de 3,79 dólares a 6,51 dólares por MMBTU.
Existe además un tercer escenario posible: trasladar el costo a la generación eléctrica. En ese caso, el precio del gas para las centrales pasaría de 4,45 dólares a 9,27 dólares por MMBTU, un salto del 108%. Si las usinas ya estuvieran pagando gas spot, el valor subiría de 7,50 a 11,31 dólares. El resultado sería un sobrecosto de 33,8 dólares por megavatio hora.
La pregunta inevitable es cuánto más pueden absorber los bolsillos, en un escenario económico de pérdida de poder adquisitivo y recesión, con cierres cotidianos de industrias y comercios.
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