Tras la firma del contrato de obra, comenzó el movimiento en la calle Libertad con la instalación del obrador de la empresa Quidel que tendrá a su cargo la construcción del pavimento, el boulevard y la bicisenda entre Belgrano y Avenida General Paz.
El plazo de ejecución es de 5 meses y el presupuesto es de $24,5 millones.
“La empresa está definiendo cómo será la forma de trabajo durante esos meses para no perjudicar a los comercios que están a la vera de la Libertad, así que las tareas se van a realizar por tramos”, manifestó el Intendente Marcelo Orazi en declaraciones a LU 16.
El jefe comunal señaló que “además de la calle Libertad, tenemos otras obras proyectadas con el gobierno de Río Negro por obra delegada, es decir que la Provincia aporta el dinero y el Municipio aporta la ejecución”.
“Estamos detrás de varios proyectos que son inminentes, como la construcción de veredas en las plazas de los barrios Belgrano y Gardín”, dijo Orazi.
Con respecto a la firma de los convenios entre la Gobernadora Arabela Carreras y Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación, Jorge Ferraresi para la construcción de 1.326 viviendas a través del plan “Casa Propia – Construir Futuro” en el territorio provincial, el Intendente manifestó que “el ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro Carlos Valeri me reconoció que Regina tiene un atraso muy importante en este tema, por lo que me transmitió que la ciudad tendrá prioridad en este plan”.
Con una batería de decretos publicados este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno puso en marcha algunos de los capítulos más controvertidos de la reforma laboral. La medida alcanza a las indemnizaciones, la actividad sindical, los convenios colectivos y los mecanismos de registración laboral. Mientras se promociona como una modernización del mercado de trabajo, la oposición y los gremios denuncian un nuevo avance sobre derechos conquistados durante décadas.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La publicación de los decretos reglamentarios de la reforma laboral marca un nuevo capítulo en la ofensiva de Milei contra el entramado de protección construido por el movimiento obrero argentino a lo largo de más de un siglo. Aunque el Gobierno intenta presentar los cambios como simples adecuaciones administrativas, la letra fina de las normas revela transformaciones profundas en la relación entre trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales.
Entre los puntos más sensibles aparece la creación del denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que permitirá a las empresas constituir fondos específicos para afrontar indemnizaciones futuras. La Casa Rosada sostiene que el sistema no elimina la indemnización por despido, pero en los hechos abre la puerta a un esquema que se asemeja al fondo de cese laboral que históricamente impulsaron los sectores empresariales para reducir el impacto económico de los despidos.
La medida no es menor. Durante décadas, la indemnización funcionó como una herramienta de protección frente a despidos arbitrarios. Con la nueva reglamentación, el Gobierno introduce una lógica financiera en un terreno que hasta ahora estaba vinculado directamente a la responsabilidad patronal. Para los sindicatos, se trata de un cambio estructural que podría debilitar uno de los principales instrumentos de defensa de los trabajadores.
La mira puesta sobre los sindicatos
Si las indemnizaciones constituyen el frente económico de la reforma, la actividad sindical aparece como su principal objetivo político.
La reglamentación incorpora mecanismos de control sobre la estructura de las organizaciones gremiales y habilita verificaciones permanentes respecto de la cantidad de dirigentes y afiliados. También introduce nuevas condiciones para el uso de las horas gremiales, una herramienta fundamental para el funcionamiento cotidiano de los sindicatos dentro de los lugares de trabajo.
Detrás del lenguaje técnico se esconde una orientación política evidente. Desde su llegada al poder, Milei convirtió a las organizaciones sindicales en uno de los blancos predilectos de sus discursos. La nueva normativa busca limitar márgenes de acción y aumentar los controles estatales sobre estructuras que históricamente fueron actores centrales de la vida política y social argentina.
La ofensiva se produce en un contexto de fuerte deterioro salarial, caída del empleo industrial y conflictos laborales en distintas regiones del país. En ese escenario, el intento de disciplinar a los sindicatos adquiere una dimensión que trasciende ampliamente la discusión administrativa.
Convenios colectivos bajo presión
Otro aspecto central de la reglamentación afecta a los convenios colectivos de trabajo.
El Gobierno habilitó mecanismos para revisar acuerdos vigentes y avanzar en procesos de renegociación en actividades donde los convenios permanecieron estables durante años. Además, estableció nuevas condiciones para aportes y contribuciones incluidos en esos acuerdos.
Para el oficialismo, estas modificaciones apuntan a reducir costos laborales y fomentar la contratación. Sin embargo, para especialistas en derecho laboral y referentes sindicales, el verdadero objetivo es avanzar sobre instrumentos que permitieron garantizar derechos específicos en cada actividad económica.
La disputa no es solamente jurídica. Los convenios colectivos constituyen uno de los pilares históricos del modelo laboral argentino y representan una de las herramientas más importantes para equilibrar la relación de fuerzas entre trabajadores y empleadores. Cualquier modificación en ese terreno tiene consecuencias directas sobre millones de asalariados.
Menos regulaciones para las empresas, más exigencias para los trabajadores
La reglamentación también incluye beneficios para empleadores que regularicen personal no registrado. Bajo el argumento de combatir la informalidad, el Gobierno ofrece amplias condonaciones de deudas previsionales a empresas que blanqueen trabajadores.
La paradoja es evidente. Mientras se endurecen controles sobre sindicatos y se flexibilizan mecanismos vinculados a despidos y convenios colectivos, se otorgan ventajas económicas a empresas que durante años incumplieron obligaciones laborales y previsionales.
Al mismo tiempo, la normativa incorpora nuevos sistemas digitales de control, recibos de sueldo con información ampliada sobre costos patronales y mecanismos de registración electrónica que incrementan la capacidad de monitoreo estatal sobre la relación laboral.
La combinación de todas estas medidas permite observar una dirección clara. La reforma no se limita a modificar aspectos técnicos del mercado de trabajo: redefine el equilibrio de poder entre empresarios, trabajadores y sindicatos. Por eso la publicación de los decretos de este lunes puede convertirse en uno de los movimientos políticos más trascendentes del Gobierno en materia laboral desde su llegada a la Casa Rosada.
Detrás del discurso de la modernización y la eficiencia, Milei acaba de poner en marcha una transformación que impactará sobre indemnizaciones, negociación colectiva, organización sindical y empleo registrado. El verdadero alcance de esos cambios comenzará a medirse cuando las nuevas reglas lleguen a las fábricas, oficinas y lugares de trabajo de todo el país.
La basura es un hecho cultural que nos concierne a todos, a todos los sectores de la sociedad sin distinción alguna. Todos somos asociados responsables del daño ambiental que genera nuestra basura. Una de las actividades humanas más inadvertidas es la producción de deshechos. Somos la basura que producimos, y como la tratamos habla de…
En medio de las peleas del gobierno, Javier Milei sigue sin definir la interna libertaria. En la reunión de Gabinete tras el Tedeum, el presidente esbozó conceptos teóricos sobre economía, sobre el Estado y habló de la batalla cultural.
Milei buscó fotografiarse y abrazar a todos los protagonistas de la interna, incluída Bullrich. Patricia fue vetada por Karina Milei de las primeras filas de la ceremonia en la Catedral y del Cabildo. Más tarde, el presidente la hizo salir a saludar a la escasa concurrencia desde el balcón de Casa de Gobierno.
Lo mismo ocurrió con Santiago Caputo, otro enemigo de Karina. Estuvo sentado muy adelante en la Catedral, en el escenario del Cabildo y también salió al balcón de Gobierno.
El asesor subió una imagen suya junto a Lule Menem y luego Caputo hizo circular un video donde se limpia la mano en el sobretodo tras saludar al funcionario.
«Javier no definió nada», se lamentó uno de los asistentes a la reunión. El presidente abordó cuestiones de teoría económica, de la batalla cultural y aseguró que los números de la industria son buenos.
«No le gusta pelearse, prefiere hablar de cosas abstractas», explicó a LPO un dirigente libertario que conoce bien al presidente.
La enseñanza? Si las redes están minadas con la misma nota, si muchos medios y plataformas replicaron el mismo contenido, mejor que desconfíes! Algunos puntos a tener en cuenta sobre la información que bajó el Gobierno provincial para publicar en las plataformas de funcionarios y medios oficialistas. Sus plataformas oficiales? Curiosamente (¿?) NO publicaron ese…
Karina Milei pareció enterarse que en el gobierno se andaba diciendo que los libertarios le habían perdido el miedo y lanzó un contraataque feroz contra Santiago Caputo.
Los embates de Las Fuerzas del Cielo contra los Menem, la caída de Manuel Adorni y los desafíos de Patricia Bullrich llevaron a que en cuestión de horas, la hermana del presidente atacara al asesor estrella por dos bandas y en los temas que más le duelen.
La Inspección General de Justicia, que responde al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, puso el foco en la Fundación Faro, que maneja el hermano de Caputo, Francisco, junto al «intelectual» Agustín Laje. El organismo que depende del ministro que puso Karina para desplazar a Caputo de la operatoria judicial le pidió a la Fundación Faro que informe quiénes le realizaron donaciones millonarias.
Según informó Chequeado, la fundación declaró ante la IGJ haber recibido $ 4.957 millones en concepto de «Donaciones, cursos, talleres y prevención» durante 2024, su primer ejercicio completo bajo la estructura actual. El organismo pidió que se informe quiénes realizaron esos aportes, cuándo se efectuaron y por qué montos. Una situación morbosa para quienes prometen discreción a sus aportantes privados.
‘Patricia ya empezó a decir que el problema es Karina’, dijeron a LPO en el gobierno
El otro golpe llegó a la noche con un anuncio de Manuel Adorni, enviado por la propia Karina. «A partir de mañana, se abre el registro de inscripción para que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria. Se termina el monopolio de las plantas de VTV. Fin», tuiteó el jefe de gabinete.
El monopolio lo tienen justamente los empresarios que Caputo metió en la Hidrovía y Transener, entre otros negocios. La VTV es uno de los históricos negocios del Grupo Neuss, que tienen la explotación bonaerense desde el año 1995, en pleno menemismo.
En la Ciudad, gracias a la mano amiga de Guillermo Dietrich, los Neuss manejan la VTV desde 2016. El negocio es interminable: todos los autos que circulan están obligados a portar la oblea que se renueva cada año a un precio mayor al año anterior. En la provincia, un distrito con 17,5 millones de habitantes, la VTV ya cuesta 100 mil pesos por auto.
Karina buscó con estos dos trompazos recuperar el terreno que cree que perdió a raíz de la relación fortalecida entre Caputo y su propio hermano. También se vio amenazada ante el avance de Bullrich, que ya está lanzada para la presidencia y se animó a desafiarla dos veces en un mes, primero con el pedido de la declaración jurada de Adorni y ahora con el apoyo al pliego de la cuñada de Hugo Alconada Mon.
«Patricia ya empezó a decir que el problema es Karina», dijeron a LPO en el gobierno y recordaron que cada uno que empleó esa frase, como en la película Candyman, terminó mal.
En 2013, fruto de la movilización de vecinos y chacareros, se sanciona una ordenanza anti-fracking para evitar que se realice esta actividad en Allen, sin embargo es derogada tres meses más tarde por el superior tribunal de justicia de Rio Negro. En 2013, fruto de la movilización de vecinos y chacareros, se sanciona una ordenanza anti-fracking para evitar que se realice esta actividad en Allen, sin embargo es derogada tres meses más tarde por el superior tribunal de justicia de Rio Negro. Desde ese momento se instalan pozos de fracking en zonas rurales y pegado a barrios humildes, forzando a vecinos y chacras a convivir con muy diversos malestares. Sin embargo establecer algún tipo de acuerdo o acción legal contra las empresas es muy difícil. En 2017 después de un gran derrame en una chacra, se logra que la justicia condene a YPF por contaminación por primera vez.
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