Se instaló el obrador de la empresa que ejecutará la obra de calle Libertad

Se instaló el obrador de la empresa que ejecutará la obra de calle Libertad

Se instaló el obrador de la empresa que ejecutará la obra de calle Libertad

Tras la firma del contrato de obra, comenzó el movimiento en la calle Libertad con la instalación del obrador de la empresa Quidel que tendrá a su cargo la construcción del pavimento, el boulevard y la bicisenda entre Belgrano y Avenida General Paz.

El plazo de ejecución es de 5 meses y el presupuesto es de $24,5 millones.

“La empresa está definiendo cómo será la forma de trabajo durante esos meses para no perjudicar a los comercios que están a la vera de la Libertad, así que las tareas se van a realizar por tramos”, manifestó el Intendente Marcelo Orazi en declaraciones a LU 16.

El jefe comunal señaló que “además de la calle Libertad, tenemos otras obras proyectadas con el gobierno de Río Negro por obra delegada, es decir que la Provincia aporta el dinero y el Municipio aporta la ejecución”.

“Estamos detrás de varios proyectos que son inminentes, como la construcción de veredas en las plazas de los barrios Belgrano y Gardín”, dijo Orazi.

Con respecto a la firma de los convenios entre la Gobernadora Arabela Carreras y Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación, Jorge Ferraresi para la construcción de 1.326 viviendas a través del plan “Casa Propia – Construir Futuro” en el territorio provincial, el Intendente manifestó que “el ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro Carlos Valeri me reconoció que Regina tiene un atraso muy importante en este tema, por lo que me transmitió que la ciudad tendrá prioridad en este plan”.

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    El episodio atraviesa una empresa que LPO viene siguiendo desde el comienzo del gobierno libertario. Ana Laura Hernández había desembarcado en la presidencia de Tandanor durante la gestión de Nicolás Posse. 

    Ana Laura Hernández había desembarcado en la presidencia de Tandanor durante la gestión de Nicolás Posse. Su llegada estuvo acompañada por una fuerte reestructuración. Despidió trabajadores, incorporó directores y asesores con salarios elevados. En ese proceso también fue desarticulada la Gerencia de Control de Gestión. 

    Su llegada estuvo acompañada por una fuerte reestructuración. Hernández despidió trabajadores, incorporó directores y asesores con salarios elevados y contrató a BDO para realizar una auditoría. En ese proceso también fue desarticulada la Gerencia de Control de Gestión, precisamente el área que concentraba información sensible sobre el funcionamiento de la compañía. 

    La decisión generó una crisis interna. Silvia Martínez, presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina y una de las integrantes del directorio, terminó alejándose de la empresa en medio de diferencias con el rumbo que había tomado la conducción. 

    La gestión de Hernández ocurrió además mientras dentro de Tandanor crecían las sospechas de que el gobierno preparaba el terreno para rematar activos de la empresa. El astillero no solamente tiene capacidad industrial estratégica: ocupa más de 30 hectáreas en uno de los terrenos más codiciados de Buenos Aires. 

    El interés inmobiliario siempre sobrevoló la discusión. Frente a Tandanor se encuentra el gigantesco desarrollo Solares de Santa María en la ex Ciudad Deportiva de La Boca. La posibilidad de liberar las tierras del astillero multiplicó las sospechas sobre qué había realmente detrás del interés libertario por desprenderse de la compañía. 

    Hernández finalmente dejó el cargo y en su lugar desembarcó Mauricio González Botto, otro hombre directamente vinculado a Posse. Antes de llegar a Tandanor, González Botto había tenido bajo su órbita el universo de las empresas públicas y participado del diseño inicial de las privatizaciones del gobierno. 

    Ahora, mientras el gobierno vuelve a mover las fichas alrededor del futuro del astillero, la Justicia reconstruye qué ocurrió puertas adentro durante aquella etapa. Los 367 mil dólares, el recibo escrito a mano y los movimientos bancarios secuestrados dejaron de ser una auditoría administrativa para convertirse en una causa federal por cohecho.

     

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