El Gobierno de Río Negro permitirá a partir de la semana próxima la apertura paulatina y escalonada de comercios en 28 ciudades y localidades de la provincia.
En principio se habilitará a los comercios a abrir tres días a la semana, de manera tal de ir reiniciando la marcha del circuito económico en esos lugares. En las próximas horas se definirán cuáles son los rubros habilitados y en qué días y bajo qué modalidad podrán retomar sus actividades, decisión que será oficializada el próximo lunes.
Las ciudades y localidades alcanzadas por esta medida son Viedma, Campo Grande, Cervantes, Chichinales, Cinco Saltos, Comallo, Contralmirante Cordero, Coronel Belisle, Darwin, El Bolsón, General Conesa, General Enrique Godoy, Fernández Oro, Guardia Mitre, Ingeniero Jacobacci, Ingeniero Huergo, Los Menucos, Mainqué, Maquinchao, Ñorquinco, Pilcaniyeu, Pomona, Ramos Mexía, Río Colorado, San Antonio Oeste, Sierra Colorada, Sierra Grande y Valcheta. Se les suma la totalidad de las Comisiones de Fomento.
Los Municipios tendrán la facultad de adherir o no a esta disposición.
En estos lugares ya fueron habilitadas el lunes pasado la obra de construcción privada y las actividades profesionales liberales, sin atención al público.
Cabe recordar que en el resto de las ciudades, salvo las que se encuentran con cordón sanitario en el Valle Medio, se encuentra habilitada la venta en distintos rubros comerciales bajo la modalidad de delivery, manteniendo todas las medidas de bioseguridad correspondientes.
Las especificaciones serán dadas a conocer el lunes próximo con la publicación de los respectivos decretos.
El Secretario de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina Francisco Lucero ofreció detalles de la obra complementaria que debe realizarse para reparar el caño de impulsión de la red cloacal de barrio Belgrano que pasa por debajo de la ruta nacional 22 a la altura de barrio Don Bosco. Al respecto, explicó…
Cristina Kirchner no descarta presentarse como primer diputada provincial por la Tercera Sección Electoral, esto es el sur del Conurbano que concentra los municipios mas poderosos electoralmente como La Matanza, Lomas de Zamora, Lanús y Avellaneda, es decir, el corazón del peronismo.
La expresidenta sugirió esta jugada audaz, en un encuentro reciente, en el marco de la interna con Axel Kicillof que escaló luego que el gobernador consiguiera que 44 intendentes apoyaran su pedido de desdoblamiento. En la provincia circula el rumor que este jueves Kicillof podría anunciar el desdoblamiento en un acto en el Teatro Argentino de La Plata. Como gobernador, tiene la facultad de convocar a elecciones provinciales mediante un decreto.
Cristina deslizó la posibilidad de presentarse como diputada provincial este domingo, durante una cena que compartió en el camping del sindicato de los trabajadores de la Anses.
La jugada de Cristina sería un golpe durísimo para dos de los más importantes firmantes de ese pedido de desdoblamiento: Fernando Espinoza de La Matanza y Jorge Ferraresi de Avellaneda. Porque es necesario entender algo: cuando piden desdoblamiento, los intendentes en realidad están discutiendo quien arma las listas.
En la tercera sección electoral se eligen 18 diputados provinciales y en una buena elección el peronismo puede meter entre 8 y 10. Si ella encabeza la lista contra los intendentes se quedaría con todos los diputados. Pero eso no es lo más grave para los intendentes: Cristina también armaría la lista de concejales y ahí le quedarían a tiro de destitución. Y ese el peso de la amenaza que puso a circular: no sería extraño que en las próximas semanas veamos a varios de ellos perder entusiasmo por el desdoblamiento y que empiecen a proclamar la necesidad de la unidad peronista.
La jugada de Cristina sería un golpe durísimo para dos de los más importantes firmantes del pedido de desdoblamiento: Fernando Espinoza de La Matanza y Jorge Ferraresi de Avellaneda.
Una candidatura provincial le permitiría además a Cristina hacerse de fueros frente a la probable convalidación de su condena en la causa Vialidad por parte de la Corte Suprema. En la provincia sólo hubo un caso de desafuero y fue por un asesinato. Fue en 1937, cuando el diputado radical Mario Bessone asesinó a tiros a otro del Partido Conservador en los pasillos del Senado. O sea, la vara está muy alta.
“Cristina hoy tiene dos enemigos: la Corte Suprema y Kicillof. Lo que la pone de muy malhumor es lo de Kicillof, porque ella se preparó para la pelea con la Corte, pero creía que la provincia iba a ser su activo en esa pelea”, comentó a LPO un dirigente peronista que habla seguido con la ex presidenta.
El gobernador Axel Kicillof.
Sergio Massa se lo dijo al gobernador con su estilo, cuando Kicillof le planteó que él quería tener una relación con Cristina con los márgenes de autonomía que consiguió el tigrense. “Sabes que pasa Axel, yo enfrenté a Cristina cuando la tenía de acá a China, vos la estas pateando cuando está en el piso”, le dijo Massa.
Massa venía haciendo equilibrio, recostado sobre Cristina, en esta relación compleja. Pero en el kirchnerismo la paranoia se disparó al hiper espacio cuando una semana antes de una sesión acordada para suspender las PASO en provincia, Kicillof apuró el tratamiento de una sesión especial que habían impulsado los libertarios. Los kirchneristas afirman que el proyecto presentado por el libertario Agustín Romo fue consensuado con Carli Bianco, mando derecha de Kicillof. En el entorno del gobernador lo niegan: “Se pelearon en septiembre del año pasado y no hablan desde entonces”, afirman.
Axel está convencido que para no fracasar como Alberto, tiene que tener las manos libres para armar el gobierno y el armado político que lo sustente.
Luego de ese paso en falso del gobernador, el kirchnerismo dio el suyo: la senadora Teresa García presentó un proyecto que intenta sustraerle al gobernador sus facultades constitucionales para convocar a elecciones. El timming no pudo ser peor: lo hizo un día después que Massa, Kicillof y Máximo Kirchner se juntaran cara a cara a hablar en serio, por primera vez en meses. “Fue un error”, reconoce un diputado kirchnerista.
El peronismo sigue así enredado en una interna que tiene su sentido: es una discusión de poder y liderazgo. La razón profunda de Kicillof para sostener una tensión que hasta acá -en el mejor de los casos- sólo beneficiaría a algunos intendentes y dirigentes que ahora están con él, es evitar el fantasma de Alberto Fernández.
“Axel está convencido que para no fracasar como Alberto, tiene que tener las manos libres para armar el gobierno y el armado político que lo sustente”, explican cerca suyo.
La organización que nuclea a la conducción del Poder Judicial de todos los distritos del país se manifestó fuertemente contra los cuestionamientos que desde el gobierno de Milei hicieron a la jueza Karina Andrade, que el miércoles pasado ordenó liberar a todos los detenidos en la manifestación de los jubilados en inmediaciones del Congreso, al evaluar que no existía ninguna prueba contra ellos de la comisión de un delito.
Andrade es jueza de primera instancia en lo penal y contravencional de la ciudad de Buenos Aires y actuó como contralor de garantías de los detenidos en los incidentes entre manifestantes y los uniformados, que reprimieron de manera desbordada. La magistrada, de 42 años, sostuvo que no se le suministró desde las fuerzas de seguridad ni de las fiscalías información alguna que permitiera formular cargos a ninguno de los apresados, lo que motivó la resolución que les dio la libertad.
Desde el gobierno nacional la emprendieron contra Andrade. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció de inmediato que pediría su apartamiento y posteriormente sostuvo que la denunciaría penalmente por la liberación de los detenidos sin verificación de antecedentes. Desde la Casa Rosada también la descalificaron políticamente al tratarla de “jueza de la Cámpora”, algo que algunos medios periodísticos recogieron y difundieron.
“Ante las expresiones vertidas por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en relación a la actuación de la Jueza Karina Andrade, en el marco de una causa judicial, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus) reitera que el juicio político no es la vía constitucional para la impugnación del contenido de las decisiones judiciales y su utilización en tal sentido representa una grave intromisión en la independencia judicial”, señaló la entidad. En ese pronunciamiento, se remarca que los jueces no pueden ser enjuiciados o perseguidos cuando se disienta con lo que expresan en sus resoluciones.
Se trata de la organización que nuclea a los máximos representantes de la Justicia de las provincias y la ciudad de Buenos Aires. La preside la presidenta del Supremo Tribunal de Tierra del Fuego, María del Carmen Battaini, y cuenta entre sus vicepresidentes al juez de la Corte Suprema bonaerense, Sergio Torres, un experimentado ex juez federal.
Ante las expresiones vertidas por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en relación a la actuación de la Jueza Karina Andrade, en el marco de una causa judicial, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires reitera que el juicio político no es la vía constitucional para la impugnación del contenido de las decisiones judiciales y su utilización en tal sentido representa una grave intromisión en la independencia judicial.
El jueves pasado Bullrich había escrito en su cuenta de X: “Exigiremos el apartamiento y la revisión de antecedentes de la jueza Karina Andrade por liberar a más de 100 detenidos sin verificar antecedentes ni pruebas, violando la Ley de Reiterancia”.
“Como se ha sostenido la independencia judicial consagrada en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales es una pieza clave para asegurar el sistema democrático y el estado de derecho. Garantizar a los jueces y excluir la posibilidad de que sean juzgados por el contenido de las sentencias, toda vez que el propio ordenamiento jurídico prevé las vías procesales ordinarias y extraordinarias de revisión, resguarda los principios fundamentales del sistema republicano, la división de poderes y el respeto al debido proceso”, dicen los representantes de todas las Cortes de la Argentina.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Es un pronunciamiento categórico de los jueces de mayor jerarquía contra el gobierno. Allí interpretan que la insinuación de un juicio político contra la magistrada porteña es un acto de amedrentamiento.
La cartera a cargo de Bullrich presentó este viernes un recurso para pedir la incompetencia de Andrade para intervenir en este caso y adelantó que está “evaluando la presentación de una denuncia penal penal por los delitos de prevaricato y violación de los deberes de funcionarios públicos” ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, también declaró al conocerse el fallo que se analizaría la actuación de la jueza ante el Consejo de la Magistratura “por posible incumplimiento de sus funciones”.
Garantizar a los jueces y excluir la posibilidad de que sean juzgados por el contenido de las sentencias, toda vez que el propio ordenamiento jurídico prevé las vías procesales ordinarias y extraordinarias de revisión, resguarda los principios fundamentales del sistema republicano, la división de poderes y el respeto al debido proceso.
El legislador porteño Yamil Santoro, de La Libertad Avanza, también presentó una denuncia contra Andrade, a la que acusó de desempeño inadecuado, maltrato sistemático a su personal y decisiones judiciales que comprometen la seguridad pública.
Los jueces superiores de la Argentina tuvieron en cuenta este contexto para pronunciarse. “La estabilidad, autonomía e independencia de los jueces en el ejercicio de su función es esencial para tutelar el cumplimiento efectivo de las garantías constitucionales. Se enfatiza que en la realidad contemporánea, los principios y preceptos constitucionales interpretados de acuerdo a los Pactos Internacionales, la independencia del Poder Judicial expresamente consagrada por la Constitución Nacional en los arts. 18, 109, 110 y concordantes, no comporta un privilegio para los jueces. Por el contrario, está instituido en beneficio de los ciudadanos, importando más que un derecho fundamental, en realidad, una garantía institucional”, plantearon.
La jueza contravencional porteña, Karina Andrade.
Este sábado Andrade defendió su criterio para desvincular a los detenidos. “Resolvimos con los elementos que teníamos a disposición. Tenemos que diferenciar la respuesta rápida de la expectativa del Estado de investigar hechos delictivos”, explicó al hablar con Radio 10. Dijo también que nada impide que se pueda perseguir a esas personas si surgen elementos que así lo permitan, que ella, remarcó, no tuvo a disposición la noche del miércoles.
Mi sentencia dejó claro cuál es el ABC de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución.
Andrade destacó que su decisión se basó en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución Nacional. “Mi sentencia dejó claro cuál es el ABC de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución”, afirmó.
La jueza citó el trabajo del constitucionalista Roberto Gargarella, quien sostiene que la protesta es un “derecho baluarte del sistema democrático”.
En los primeros siete días de junio se aplicaron 2.078.867 dosis en todo el país. El sábado se alcanzó una nueva máxima, con un total de 361.972 aplicaciones en un día. La Argentina aplicó durante la primera semana de junio 2.078.867 vacunas contra el coronavirus a nivel nacional, con un promedio de 296.981 inoculaciones diarias y llegando…
La Dirección de Tránsito y Protección Civil junto al Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Villa Regina realizaron una jornada de capacitación, actualización legislativa, lineamientos de trabajo, desempeño en la vía pública, labrado de actas de infracción, retención de vehículos, juzgamiento de las faltas de tránsito entre otros temas inherentes a la función del…
Desde que se conmemora el Día Mundial de la Lucha Contra el VIH, impuesto en 1988, la pandemia mató a más de 25 millones de personas en todo el planeta. Lo que la convierte en una de las epidemias más destructivas de la humanidad. El primero de diciembre de todos los años las organizaciones sociales,…
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