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Se extienden las medidas sanitarias hasta el 3 de septiembre

En adhesión a la Resolución N° 6157 del Ministerio de Salud, la Municipalidad de Villa Regina extiende las medidas sanitarias destinadas a contener los contagios de COVID-19 hasta el 3 de septiembre inclusive.

Circulación

La restricción a la circulación de las personas será entre las 2:00 de domingo a jueves, y la 3:00 los días viernes, sábado y vísperas de feriado, hasta las 6:00 del día siguiente.

Quedan exceptuadas de la medida de restricción a la circulación nocturna:

*Las personas incluidas en el Artículo 20º del Decreto Nacional Nº 287/21

*Los trabajadores de farmacias y estaciones de servicio para el expendio de combustibles.

*Las personas que estén asistiendo o regresando a sus hogares procedentes de locales gastronómicos, casinos y bingos con comprobante de reserva o consumo, siempre que se encuentren dentro del lapso estipulado.

*Las personas afectadas al desarrollo de las actividades de cines, teatros, museos, salas de espectáculos de centros culturales y al público asistente, dentro del lapso temporal autorizado.

Habilitaciones

*Las reuniones sociales en domicilios particulares de hasta 10 personas. Si el domicilio contare con espacio al aire libre y la reunión se realizare en el mismo, la concurrencia podrá alcanzar hasta 20 personas.

*Las actividades y reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de hasta 200 personas.

*Los locales gastronómicos podrán funcionar durante el horario de circulación habilitado. En todos los casos se permite un máximo del 70% del aforo en relación con la capacidad máxima habilitada, con adecuada y constante ventilación y con estricta sujeción a los protocolos aprobados. Los propietarios, empleados y aquellos clientes que se encontraren en esos establecimientos a la hora de cierre dispuesta, dispondrán de hasta 60 minutos adicionales para retirarse de los mismos y llegar a sus domicilios de residencia dentro de ese lapso, debiendo acreditar tal circunstancia mediante comprobante de consumo o similar. Deberá priorizarse la utilización de espacios al aire libre.

*Los locales comerciales de cualquier rubro podrán funcionar respetando el horario de circulación habilitado.

*Las farmacias y estaciones de servicio -únicamente para el expendio de combustibles- podrán funcionar durante las 24 horas.

*La realización de actos públicos y protocolares, aniversarios y fiestas populares, sin aglomeración de personas y respetando el distanciamiento social.

*La práctica deportiva en espacios públicos y privados cerrados con el 70% del aforo.

*La realización de eventos, encuentros y competencias deportivas, profesionales o amateurs, podrá realizarse con público asistente hasta un 50% del aforo máximo, evitando toda aglomeración de personas.

*La realización de eventos religiosos en lugares cerrados, en los que deberá observarse, como máximo, un 70% de aforo.

*Las clases presenciales y ensayos de actividades artísticas, individuales o en grupos reducidos de hasta 10 personas con sistema de “burbujas”, según protocolo y con un aforo máximo del 70% del espacio donde se realizan.

*La apertura de bibliotecas con entrega de libros y las salas de lectura de las bibliotecas con máximo de aforo de hasta el 70% de su capacidad.

*La realización de actividades en cines, teatros, museos, salas de espectáculos de centros culturales o salones de eventos a los efectos del desarrollo de artes escénicas o actividades culturales, durante el horario de circulación habilitado. En todos los casos se permite un 70% de aforo. Los empleados y las personas que se encontraren en dichos establecimientos a la hora de cierre dispuesta, dispondrán de hasta 60 minutos adicionales para retirarse de los mismos y llegar a sus domicilios de residencia dentro de ese lapso, debiendo acreditar tal circunstancia mediante tickets de acceso al espectáculo.

*La actividad de casinos y bingos podrá funcionar de acuerdo al horario de circulación habilitado, con un aforo máximo del 70% del espacio disponible. Los empleados y aquellos clientes que se encontraren en esos establecimientos a la hora de cierre dispuesta, dispondrán de hasta 60 minutos adicionales para retirarse de los mismos y llegar a sus domicilios de residencia dentro de ese lapso, debiendo acreditar tal circunstancia mediante comprobante de consumo o similar.

*La apertura de salones de eventos con un aforo máximo del 70% del espacio disponible, o un máximo de 200 personas, con adecuada y constante ventilación y con estricta sujeción a los protocolos aprobados.

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  • Abren investigación a Marchi y a un ex ministro santafesino por el caso que implica al ex juez Bailaque y a Busaniche

     

    Fiscales de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac) le informaron al ex administrador de la Corte Suprema Héctor Daniel Marchi que le iniciarán una investigación a raíz de indicios surgidos en una causa de corrupción, que incluye a un ex juez federal, por el armado de una causa para extorsionar a dos agentes bursátiles de Rosario.

    Por el mismo caso también recibió una comunicación idéntica el ex ministro de Justicia de Santa Fe Ricardo Silberstein, quien al igual que Marchi presentó abogados para notificarse sobre los hechos investigados, la prueba reunida y las calificaciones legales que de manera provisoria se le atribuyen.

    El caso que requiere la presentación de los dos ex funcionarios públicos es la causa por extorsión que tiene al ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque y al financista Fernando Whpei en prisión preventiva y procesados por extorsión, lavado de activos y otros delitos. El ex director regional de la AFIP en Rosario y Santa Fe Carlos Vaudagna admitió que en 2019 entre ellos tres armaron una causa judicial contra los agentes bursátiles Claudio Iglesias y Jorge Oneto en un asado en la casa del ex magistrado. En su declaración ampliatoria como arrepentido, en octubre pasado, Vaudagna declaró que Marchi impulsaba desde Buenos Aires ese chantaje, presionando al lobista judicial Santiago Busaniche para que a su vez empujara el armado de la causa penal.

    Casación le baja el pulgar al lobista judicial Busaniche, que seguirá investigado en causas que tocan al poder

    Las víctimas de esta maniobra presunta son dos financistas rosarinos y uno de ellos, Claudio Iglesias, era al momento del delito en trámite directivo de la aseguradora San Cristóbal, con sede en Rosario.

    En febrero pasado, los defensores de Busaniche requirieron que se llamara a declarar como testigos -aunque sin la obligación de juramento por si surgiera mérito penal y con pedido de secuestro de teléfonos-tanto a Marchi como a Silberstein.

    A una semana que la Cámara Federal de Casación confirmara las investigaciones contra Busaniche y rechazara el pedido de apartar a todos los fiscales que impulsan estos casos de corrupción institucional, el fiscal federal Juan Argibay Molina comunicó tanto a Marchi como a Silberstein que se había dado inicio a un legajo de oficio para determinar si aparecían implicaciones en los ilícitos bajo pesquisa.

    Contador, oriundo de Rafaela, Héctor Daniel Marchi fue funcionario del gobierno de Jorge Obeid, y en 2003 llegó a administrador general de la Corte Suprema con el impulso del ministro Ricardo Lorenzetti, que es de la misma ciudad. Desde ese cargo durante 15 años Marchi manejó los recursos multimillonarios del Poder Judicial de la Nación hasta que fue desplazado en 2023 por el estallido de una interna. Quien resistió su relevo, como lo reflejó la prensa por entonces, fue Lorenzetti.

    Al dar testimonio como arrepentido, el ex director de la AFIP Vaudagna admitió que el lobista Busaniche había hablado con él para abrir una causa penal por lavado contra los agentes bursátiles en 2019. Estos declararon que les pidieron 200 mil dólares para paralizar ese expediente. Los pormenores de ese armado quedaron probados por una conversación entre Vaudagna y Busaniche. En una declaración ante fiscales, Vaudagna dijo que quien empujaba a Busaniche para que se concretara esa causa era Marchi.

    Los audios que revelan la presión de un lobista judicial para extorsionar a un agente bursátil de Rosario

    Para que la fiscalía inicie una investigación contra Silberstein hay un eje en la compañía de seguros San Cristóbal. Silberstein es un abogado reconocido en Rosario, que fue decano de la Facultad de Derecho de la UNR y ministro de Justicia del ex gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz.

    Aducen que Silberstein integraba el directorio de San Cristóbal. Y que Vaudagna lo mencionó como «el interesado o beneficiado en perjudicar al señor Iglesias». Silberstein le dijo a LPO que es completamente ajeno a cualquier acto ilícito, que no conoce a Vaudagna y que le parece dañosa y desconcertante la pretensión de involucrarlo en una investigación. Este abogado tiene relación con la aseguradora San Cristóbal y aparecía como candidato a presidir la compañía, una de las mayores del país, en una elección que se realizará en octubre.

    Este viernes Marchi se presentó espontáneamente con el abogado Hernán Folgueiro -del estudio del ex juez Gabriel Cavallo– que va a representarlo ante los fiscales de la Procelac, los que les explicaron los hechos investigados.

    Un día antes en Rosario se había notificado el abogado designado por Silberstein, el penalista Walter Stramazzo, sobre el inicio de esta investigación preliminar que se desprende del caso 15287/2024, donde ya están procesados y con medidas cautelares el ex juez Bailaque -que afronta un pedido de pena de diez años de prisión por esta y otras causas-el financista Whpei y el ex funcionario de la AFIP Vaudagna.

    Hace dos meses, los abogados Claudio Pirotta y Débora Lichtmann, que representan a Busaniche, propusieron el llamado de varios testigos, cuestionando que la fiscalía no los haya llamado luego que de Vaudagna apuntara al ex administrador de la Corte como instigador de la extorsión contra los agentes bursátiles de Rosario. Entre otros testigos propusieron a la propia hermana de Marchi, ya que Vaudagna la mencionó, y a todos los empleados que trabajaron con Marchi en el ámbito de la Corte.

    En el caso de Whpei piden que analicen en su teléfono si tiene agendado a alguien que aparece bajo el contacto «hermanito» que, sugieren los defensores de Busaniche, podría ser Marchi.

    Silberstein cuestiona con énfasis cualquier implicación con un caso «que de repente se llenó de arrepentidos». Al igual que con Marchi, los defensores de Busaniche piden que al ex ministro santafesino se lo releve de la obligación de jurar como testigo y también que le secuestren su teléfono.

    Busaniche, que es el que promovía el armado de la causa por extorsión, está además procesado junto a otro juez federal de Rosario, Gastón Salmain, por la gestión de cobro de un soborno. Es el caso en donde Salmain impuso mediante un amparo al BCRA a venderle al fideicomiso Attila, administrado por Fernando Whpei , 10 millones de dólares en billetes para el pago de una deuda en el exterior durante la vigencia del cepo cambiario, a cambio de un soborno.

     

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  • Cómo actuaba la máquina de lavar dinero que el Comando Vermelho tenía en el lugar más exclusivo de Nordelta

     

    Lotes de mil metros cuadrados a orillas de un lago central de 180 hectáreas, canchas de tenis, avenidas con palmeras y amplio club house. Así es La Isla, el área más exclusiva de Nordelta que tiene las mejores panorámicas del barrio. En la zona residen los hermanos Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, y también tiene su casa el Cholo Simeone. Y allí vivía Marcelo Clayton Alves De Sousa hasta que la policía, que no lo encontró, entró a buscarlo. Ese vecino brasileño, discreto y sonriente, era el principal operador en Argentina de una formidable maquinaria de lavado de activos del Comando Vermelho.

    Ahora cinco miembros de su organización acaban de ser condenados de manera definitiva por haber ayudado a poner en el circuito financiero legal la impresionante suma de 520 millones de dólares, lo que las autoridades judiciales argentinas estiman se hizo entre 2015 y 2023. El dinero sucio provenía del narcotráfico y se utilizaba para la compra de armas pesadas y de gran porte que abastecen al Comando Vermelho, el grupo delictivo de mayor envergadura de Brasil, que nació en la década del 70 con robos de bancos y blindados y progresó hacia el tráfico internacional de cocaína.

    La investigación fue ardua, provino de una alerta de Brasil y fue desarrollada en Argentina por fiscales de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac). Que descubrieron que desde 2015 hasta 2023 esta organización, en base a una ingeniería financiera muy desplegada y que requirió de decenas de testaferros, lavó dinero en el país para remesarlo a Brasil. Lo hicieron mediante transferencias para las que usaron sociedades fachada, cuevas financieras y centros de operaciones. El lavado de activos se concretó con cuentas en cuentas Banco Santander, Banco Galicia, BBVA, Brubank, Banco Itaú Argentina y Mercado Libre. También con plataformas de criptomonedas como Binance o Ualá.

    Hace dos semanas la Cámara Federal De Casación dejó firmes las condenas a tres años de prisión en suspenso contra cinco brasileños que actuaban como enlaces para transferir dinero a cuentas de Marcelo Souza y multas descomunales que llegan en algunos de los implicados hasta 780 millones de pesos. Los totales por los cinco son 2.640 millones de pesos.

    Todos comparten rasgos semejantes: salvo una excepción, personas no mayores de 35 años, con pasaporte argentino, con el rol de recibir fondos de origen no demostrado, que posteriormente aplicaban en activos virtuales y productos financieros. Como reconocieron los hechos y la figura penal es de penas leves – partícipe necesaria del delito de lavado de activos de origen ilícito- todos quedaron en libertad. Porque son engranajes necesarios pero menores de la red.

    La mayoría en Palermo, desde oficinas en un edificio en Santa María de Oro y Guatemala, donde canalizaban fondos mediante criptoactivos, bitcoins, billeteras virtuales y bienes registrables como vehículos de alta gama. Realizaban transferencias y depósitos en efectivo desde muy distintos lugares del país de fondos remitidos por terceras personas que no tenían ninguna relación con los titulares de las cuentas desde las que operaban.

    Alves de Sousa y su esposa Naly Pires Diniz están prófugos. Llevaban una vida con ostentaciones en su casa de dos plantas en la calle Los Mimbres frente al lago de Nordelta cuando un equipo de fiscales dirigido por el jefe de la Procelac Diego Velasco estableció, tras una investigación compleja y prolongada, los resultados de la ingeniería financiera que desplegaban para lavar activos del sanguinario Comando Vermelho.

    El día que los allanaron, el 6 de septiembre de 2023, no estaban en Nordelta, donde, contaron a LPO desde una de las fiscalías, hubo desde adentro resistencias hacia los operativos policiales, como ocurrió el año pasado cuando fueron a registrar a los hermanos Kovalivker por las coimas en la Secretaría Nacional de Discapacidad (Andis).

    Aquel mismo día de 2023 el portero del edificio de Palermo donde Alves de Souza tenía la oficina principal avisó por whatsapp que había una requisa. Ese mismo día los lavadores dejaron abandonado un auto en el Shopping DOT sobre la avenida General Paz cerca del acceso Norte. Tres acompañantes fueron detenidos. Alves de Sousa y su mujer se escabulleron. Permanecen fugitivos.

    Los fiscales acreditaron que desde 2015 hasta 2023 habían gestionado sin justificación debida del origen el manejo de 84.918.576,04 de pesos, 303.210 dólares, 188,73267 bitcoins (que en octubre de 2025 al cerrarse los abreviados a cinco miembros de la red equivalían a 13.682.925 de dólares) y tenencias en criptomonedas (dólar Tether) por una suma impactante: 515.567.165 dólares. Todo provenientes de operaciones de narcotráfico, estafas y evasión impositiva.

     En total, por los fondos encontrados al grupo cuando los detuvieron les decomisaron más de 18 millones de pesos, 271 mil dólares, 28 mil reales, 4.500 euros y cinco vehículos valuados en 130 millones de pesos 

    Es tal el volumen de dinero que lavaron desde Argentina estos nexos del Comando Vermelho que, por los montos involucrados, a los dos líderes de la asociación ilícita solo la multa a fijarles superaría los 700 mil millones de pesos.

    El radar se activó sobre Alves de Souza por la detección de dos depósitos bancarios que habían sido realizados el 29 de octubre de 2019, y que despertaron las alarmas del sistema financiero brasileño. Posteriormente, el avance de esa pesquisa adoptó la hipótesis de que las distintas operaciones bancarias y de criptoactivos que se fueron detectando buscaban canalizar activos ilícitos provenientes del Comando Vermelho.

    Las redes de Marcelo Alves de Souza estaban movilizadas por un experto financiero de origen chino en Buenos Aires llamado Hang Wang, actualmente prófugo, que planificaba las operaciones de lavado de activos. El nombre de Alves De Souza apareció en el marco de una operación en Brasil llamada «Mercador de Ilusoes», una gigantesca investigación antilavado realizada en septiembre de 2023 en nueve estados de ese país que acreditó lavado de dinero del Comando Vermelho por tres billones de reales, lo que equivale a casi 600 millones de dólares entre 2019 y 2021.

    Ese impresionante volumen de operaciones se concretó en nueve estados brasileños y en Brasilia. El esquema lo utilizaba como líder Antonio Ilário Ferreira, conocido como Rabicó, para ocultamiento de venta de drogas y para adquirir armas de gran porte. Utilizaban algo muy parecido que la red de Alves de Souza en Argentina: una práctica conocida como smurfing, que consiste en depósitos o transferencias de grandes montos de dinero efectuados en forma fraccionada. Muchas de estas transacciones las hacían moradores de regiones de frontera con Brasil. Se constataba lo mismo: el lavado se hacía con criptomonedas, que son activos digitales movilizados sin control del Banco Central y de la Receita Federal, que es el órgano recaudatorio de Brasil, lo que dificulta el rastreo de transacciones y favorece el lavado de dinero y la evasión de divisas.

    ¿Cómo entraba a Argentina esa montaña de dinero que luego se blanqueba con operaciones financieras hacia Brasil? Las computadoras y teléfonos secuestrados al grupo, más la información procedente de las autoridades judiciales del país vecino, delataban que buena parte venía de transferencias concretadas desde la Triple Frontera, de traspasos de efectivo y de empresas radicadas en Brasil conectadas al Comando Vermelho.

    ´Uno de los lavadores locales de Marcelo Souza ahora condenados de modo firme, Eliamar Dolores De Melo, movía fondos con transferencias de terceros a Mercovía SA, que era concesionario del grupo fronterizo entre Santo Tomé en Corrientes y San Borja en Brasil.

    Una de las primeras alarmas públicas sobre esta organización se dio cuando se hizo público en la prensa brasileña el operativo Mercader de Ilusoes. Una nota del complejo O Globo reveló el 22 de septiembre de 2022 que los jefes del grupo investigado «tienen una vida de lujo en Buenos Aires».

    Al condenar a los implicados en juicio abreviado, el Tribunal Oral Federal 7 sostuvo el planteo de los fiscales de que en Argentina «la organización recibió al menos 520 millones de dólares norteamericanos, sin fuente de origen legal, que luego drenó por canales informales, opacos y de poca regulación (activos virtuales) y en el sistema financiero argentino a través de la utilización de testaferros y fragmentación de depósitos».

    «Asimismo, en relación a los activos virtuales, a partir del avance de la pesquisa, especialmente por el aporte de la dificultosa tarea de trazabilidad que está siendo llevada a cabo para identificar el flujo de los activos virtuales operados por la organización, a la fecha está acreditado que esta asociación se encargó de a recepción y posterior transferencia de, al menos, USD 520.531.997,645 provenientes de un ilícito penal en el período 11 de febrero de 2021 a 6 de septiembre de 2023.»

    Los eslabones de la red financiero canalizaban muchas transferencias. Por ejemplo Wilson Alexandre Cardoso de Oliveira, desde las oficinas de Palermo, realizaban movimientos del banco Santander mediante transferencias y depósitos comúnmente fraccionados desde muchas sucursales: operó por ejemplo en las sucursales de Rosario, Rosario Centro, Posadas, Plaza Houssay, Santiago del Estero, Bahía Blanca, Chaco, El Dorado, Salta, Corrientes, Paraná, La Carlota, Córdoba.

    El camarista Gustavo Hornos

    Hace unos días el camarista de Casación Gustavo Hornos validó las condenas a tres años de prisión condicional a los brasileños que aceptaron su delito, y rechazó la apelación de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) al acuerdo. Los sentenciados aceptaron su delito y las multas cuantiosas que les fijaron. Son Felipe Gabriel Correia Goncalves, con multa de 720 millones de pesos). Eliamar Das Dores De Melo, Wilson Alexandre Cardoso De Oliveira y Thiago Cardoso de Oliveira, con multas a cada uno de 480 millones de pesos. Y Selma De Lima Muniz Barbosa, con multa de 180 millones de pesos.

    Ya había condenados en una primera etapa otros tres operadores identificados como Ma Hai, oriunda de China, Katherine Yola Chasqui Inta, de Bolivia, y Juan David Babilonia Mora, colombiano. El Ministerio Público Federal pidió que otros investigados como Juan José Isola, María Antonella Garbagnati, Luana Belén Isola y Samira Eugenia Isola vayan a juicio oral. Los acusan de recepcionar de Alves de Sousa unidades de activos virtuales por dos billeteras Binance y tres descentralizadas, que originaron transacciones «por un valor total de 74.332.149,35 dólares».

    En total, por los fondos encontrados al grupo cuando los detuvieron les decomisaron más de 18 millones de pesos, 271 mil dólares, 28 mil reales, 4.500 euros y cinco vehículos valuados en 130 millones de pesos.

     

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