A partir de las 19,30 horas de hoy se desarrollará el acto en el que se entregarán los certificados a quienes en diciembre pasado realizaron el curso de embalado de fruta organizado por la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa Regina.
En total fueron 123 las personas que se capacitaron aunque, en el marco del protocolo establecido por COVID-19, esta tarde se llevará a cabo la primera entrega, la cual se completará mañana jueves.
Un estudio reciente publicado en la revista científica Science vuelve a poner en discusión uno de los grandes relatos de la humanidad: cómo y cuándo llegaron los primeros seres humanos al continente americano. Lejos de cerrar el debate, la nueva investigación introduce dudas profundas sobre uno de los sitios más emblemáticos y obliga a repensar décadas de consenso académico.
Por Alcides Blanco para NLI
Mapa del área de estudio. (A) Ubicación del sitio Monte Verde (estrella amarilla) en la región de los Lagos del sur de Chile, en relación con las morrenas terminales de la última glaciación (gris claro) y las llanuras de outwash (gris oscuro) asociadas a ellas. Las ubicaciones de la sección 1 (S1) y la sección 2 (S2) se indican con puntos negros. Los puntos blancos señalan localidades cercanas. (B) Mapa geológico del área del sitio Monte Verde que muestra las principales unidades geomorfológicas y las áreas del sitio identificadas por los investigadores originales en el valle de Chinchihuapi. El mapa base es un modelo digital de elevación generado mediante fotogrametría con drones.
La historia que creíamos conocer
Durante buena parte del siglo XX, el poblamiento de América fue explicado a partir de un modelo relativamente claro: grupos humanos provenientes de Asia habrían cruzado hacia el continente a través de Beringia —la franja de tierra que unía Siberia con Alaska durante la última glaciación— hace unos 13.000 o 14.000 años. Desde allí, se habrían desplazado progresivamente hacia el sur, ocupando el resto del territorio americano en un proceso relativamente rápido en términos históricos.
Ese esquema, conocido como el modelo “Clovis primero”, comenzó a resquebrajarse con el correr de las décadas, especialmente a partir de hallazgos en América del Sur que sugerían una presencia humana mucho más antigua. Entre ellos, el caso más emblemático fue el de Monte Verde, en el sur de Chile, que durante años fue considerado una prueba sólida de ocupación humana de más de 14.500 años de antigüedad.
Monte Verde no era solo un sitio arqueológico: era, en muchos sentidos, una pieza clave para sostener la idea de un poblamiento temprano y posiblemente más complejo, con rutas alternativas —incluso costeras— que desafiaban la visión tradicional centrada exclusivamente en el paso por el norte.
El estudio que vuelve a abrir la discusión
La nueva investigación publicada en Science propone una revisión profunda de ese escenario. A partir de un análisis detallado del contexto geológico y de las capas sedimentarias del sitio, los autores plantean que parte de la evidencia que sostenía la gran antigüedad de Monte Verde podría haber sido mal interpretada.
El sitio arqueológico de Monte Verde y el arroyo Chinchihuapi, escenario del debate sobre la antigüedad del asentamiento. Imagen: Todd Surovell/AP Photo/picture alliance
Según el trabajo, varios de los materiales que se consideraban asociados a actividad humana antigua no se encontraban en su posición original, sino que habrían sido desplazados por procesos naturales —como corrientes de agua o movimientos del terreno— y redepositados en niveles más antiguos. Este fenómeno habría generado una “superposición engañosa” entre restos humanos y sedimentos mucho más antiguos, alterando la lectura cronológica del sitio.
Como resultado, la nueva datación ubica la ocupación del sitio en un rango considerablemente más reciente, entre aproximadamente 4.000 y 8.000 años atrás, muy lejos de las cifras que lo ubicaban como uno de los asentamientos humanos más antiguos del continente.
Lo que está en juego: más que una fecha
La revisión de Monte Verde no es simplemente un ajuste cronológico. Lo que se pone en juego es la estructura misma del relato sobre el poblamiento americano. Si uno de los principales argumentos a favor de una presencia humana muy temprana en el sur pierde solidez, todo el modelo general debe ser reconsiderado.
Esto no implica un regreso automático a las viejas teorías, pero sí reequilibra el debate. La idea de una expansión desde el norte vuelve a ganar peso, en línea con el ingreso por Beringia, mientras que las hipótesis de ocupaciones extremadamente tempranas en el sur quedan bajo mayor escrutinio.
En este punto, el estudio también deja al descubierto una tensión propia del campo científico: la tendencia a consolidar ciertos hallazgos como verdades difíciles de cuestionar. Monte Verde había alcanzado un estatus casi intocable, y su revisión demuestra que incluso los consensos más firmes deben estar abiertos a la crítica.
La ciencia como campo de disputa
Lejos de la imagen de neutralidad absoluta, la ciencia también está atravesada por disputas, intereses y trayectorias. El poblamiento de América no es solo un problema técnico: es también una narrativa sobre los orígenes y sobre la construcción del pasado.
Durante años, la búsqueda del “sitio más antiguo” funcionó como una carrera simbólica dentro de la arqueología. En ese contexto, el nuevo estudio introduce una advertencia clave: no alcanza con encontrar objetos antiguos, es imprescindible comprender su contexto geológico y su relación real con la actividad humana.
Más que desacreditar investigaciones previas, lo que propone es una mirada más rigurosa, donde la evidencia no solo se mida por su antigüedad, sino también por la solidez de su interpretación.
Un pasado que sigue en construcción
El poblamiento de América continúa siendo un rompecabezas abierto, donde confluyen datos arqueológicos, genéticos y ambientales que no siempre encajan de manera simple.
Lo que deja en claro este estudio es que la historia no está escrita en piedra. Cada nuevo hallazgo, cada revisión metodológica, puede alterar lo que creíamos saber y obligarnos a repensar los relatos establecidos.
En definitiva, más que cerrar una discusión, este trabajo la vuelve a encender. Y en ese movimiento —incómodo pero necesario— es donde la ciencia encuentra su verdadera potencia.
Andrea Juárez es la mejor amiga de Karina Milei y uno de los personajes más cuidados por el entorno presidencial, que la mantuvo al margen de cualquier exposición mediática.
Juárez, que conoció a Karina cuando estudiaban relaciones públicas en la UADE, sólo dio una nota para la revista colombiana Gatopardo el día de la Lealtad de 2024. En la nota contó que conoció a la hermana del presidente en un clase de la facultad a la que llegó tarde y ambas se sorprendieron por tener la misma marca de mochila.
Desde que su amiga llegó al poder, Juárez se mudó desde el Abasto al Chateau de avenida Libertador, cerca de la cancha de River. Fuentes libertarias dijeron a LPO que Andrea se tuvo que ir del Chateau en junio de 2025, cuando explotó el escándalo entre su habitante más famosa, Wanda Nara, y el futbolista Mauro Icardi. La constante presencia de móviles de televisión en la puerta del edificio fue la motivación de Juárez para irse.
Su lugar de mudanza es un secreto en el gobierno, pero ya corrieron versiones que indican que se había mudado a Martínez, pero hace dos semanas comenzó a hablarse de la misteriosa mansión valuada en más de un millón y medio de dólares y supuestamente comprada por un misterioso empresario cripto, de una fauna similar a los protagonistas de la criptoestafa $Libra.
Lo curioso es que junto con la irrupción en la agenda pública del misterio de la mansión, comienzos de esta semana, Karina Milei se habría mudado al Chateau, según afirmó a LPO un libertario cercano a la hermana presidencial.
Andrea Juárez es la mejor amiga de Karina Milei y uno de los personajes más cuidados por el entorno presidencial, que la mantuvo al margen de cualquier exposición mediática.
LPO anticipó que en el gobierno de Milei hay extrema preocupación por la circulación de datos sobre la coqueta mansión de San Isidro que en un principio se atribuyó a Manuel Adorni, pero que no se descarta que pertenezca a otro personaje importante de La Libertad Avanza.
La vinculación de esta propiedad con Adorni apareció a principios de la semana y el jefe de Gabinete tuvo que dar explicaciones en la fallida conferencia de la semana pasada. «Lo de la casa de Martínez es parte de una operación política y mediática para dañar al Gobierno», dijo Adorni, que prefirió tirarse arriba de la granada y admitir que tiene un departamento en Caballito del que poco se sabía hasta ese momento y que ahora lo acorrala aún más que los escándalos del avión presidencial y el viaje en chárter a Punta del Este.
«Hay un interés muy particular en que no se hable de la casa», dijo una fuente al tanto de la situación. El chalet tiene custodia de la Policía Federal por lo que no hay dudas de que reside algún funcionario del Poder Ejecutivo o del Judicial.
«El gobierno sabe perfectamente quién vive ahí por que tiene custodia federal permanente. Podrían desactivar rápidamente el tema filtrando quién vive ahí, pero por alguna razón no lo hacen», agregó la fuente. «Evidentemente ahí vive o vivía alguien que no debería vivir en una casa así», concluyó.
Miles de lenguajes para expresar las mismas ideas Miles de comidas para satisfacer la misma hambre Una moda cada temporada para cubrir al mismo cuerpo Miles de diversiones para disipar el mismo aburrimiento ¿Nerviosismo? ¿Inquietud? ¿Estrés? Decir casi lo mismo, como el título de un libro sobre traducción de idiomas (propias novelas) de Umberto…
A las cuatro de la tarde del miércoles 15 de octubre de 2025 más de cuarenta periodistas salieron del edificio del Pentágono en Washington DC cargando cajas con sus pertenencias. Habían trabajado durante años acreditados en la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Fue la reacción ante la revocación de credenciales a un grupo de ellos y las restricciones impuestas por el gobierno de Donald Trump para informar sobre las actividades militares. Cinco meses después, el 20 de marzo de 2026, un tribunal declaró inconstitucionales las restricciones a la prensa del gobierno federal.
El lunes 6 de abril, en Argentina, la escena tuvo una réplica. La Casa Rosada revocó las credenciales de varios periodistas acreditados. El argumento fue una investigación periodística que, con documentos filtrados y sin pruebas, informaba que sus medios habrían recibido presuntos pagos por parte del gobierno ruso para publicar notas con el objetivo de desestabilizar al gobierno de Javier Milei. Esos periodistas no habían firmado los artículos señalados. Unos días antes, a uno de ellos que ya no podía entrar a la sala de prensa, el Jefe de Gabinete libertario le había dicho que era “apenas un periodista” cuando le preguntó por la causa judicial por enriquecimiento ilícito en la que está siendo investigado. En menos de un mes, los periodistas argentinos pasaron de ser catalogados como “apenas un periodista” por el vocero presidencial Manuel Adorni a “traidores a la Patria” por el Presidente. De la deslegitimación a la estigmatización.
Las dos escenas -Washington y Buenos Aires- sucedieron en contextos donde los gobiernos han convertido a la prensa en blanco de ataques sistemáticos. La diferencia no estuvo en el gesto del poder. Sí en la reacción de los periodistas. Y eso abre una serie de preguntas para el debate.
En Estados Unidos, la respuesta institucional y judicial fue rápida. En Argentina, en cambio, la reacción fue fragmentada: hubo comunicados, apoyos y muestras de solidaridad en redes sociales, desmentidas. Mucho ruido. Ninguna acción colectiva sostenida.
La prohibición del ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada fue el lunes 6 de abril. Después de los cuatro días de Semana Santa en los que el presidente Milei “escribió 86 tuits contra la prensa y republicó otros 874 emitidos originalmente por militantes libertarios, funcionarios o usuarios desconocidos”, según publicó Martín Rodríguez Yebra en el diario La Nación. Fue una nueva escalada de su campaña NONSALP, “No odiamos lo suficiente a los periodistas”, acompañada por ministros y funcionarios. El miércoles 8 sumó una entrevista en la Televisión Pública en la que aseguró que “el 95 por ciento de los periodistas argentinos son delincuentes” y explicó: “escriben por mandatos o financiados por otros países o en medios que tienen conflictos con el Gobierno porque quieren prebendas o responden a empresaurios, empresarios prebendarios. Por lo cual el 95 por ciento del periodismo está contaminado”.
“La revocación de mi acreditación es una manera de imponer miedo”, dice Liliana Franco, periodista de Ámbito con más de 30 años de trabajo en la sala de prensa de la Presidencia. Y sostiene: “A ningún gobierno le caen simpáticos los periodistas y es parte del juego. No estamos para ser aplaudidores del gobierno de turno”.
Mientras espera los resultados de la reunión en Casa Rosada entre los directivos de Ámbito y funcionarios para el descargo que demostraría que nunca habían recibido dinero del gobierno de Vladimir Putin, Franco hace un diagnóstico que va más allá del Gobierno: “Lo digo con tristeza, la mayoría de mis colegas cree que hacer su trabajo es llevarse bien con los voceros. Obviamente así es más fácil transitar los pasillos del poder. Por cosas muy menores, hace tiempo, la sala reaccionaba en conjunto. Esta vez solo hubo una pregunta en off a funcionarios. Hay excepciones pero ese es el nivel de periodismo, entonces los gobiernos avanzan”.
Franco entonces va contra su protagonismo individual de estas horas. “¿Sabes cuál es la noticia que importa? Que es muy malo para la democracia argentina que en la Casa Rosada se prohíba el trabajo de periodistas acreditados, como también es muy malo que en la sede del Gobierno nacional haya periodistas que no honren la profesión”.
Si algo muestra la falta de reacción conjunta es que el universo de periodistas argentino está atomizado, precarizado y sin capacidad de acción colectiva. La irrupción de Internet y, sobre todo de los buscadores como Google y las redes sociales, quitó del centro a los medios de comunicación como principales actores del ecosistema informativo y el modelo de negocios de las empresas periodísticas perdió su principal fuente de financiamiento: la publicidad que migró a las grandes empresas de tecnología. Los periodistas entendimos tarde que ese cambio iba a afectar nuestras condiciones de trabajo. La baja de salarios, llevó a que el pluriempleo sea la norma para llegar a un ingreso digno y ya se habla también de la uberización de los periodistas, porque según SIPREBA, son muchos los que deben manejar autos de aplicación o tener otras changas para completar los ingresos. En ese escenario, con la irrupción de la Inteligencia Artificial Generativa que pronostica el fin de los buscadores, de los seguidores en las redes y la automatización de la producción de contenidos, los periodistas, esta vez, reaccionamos. La manera de hacerlo quizás sea un debate que hay que dar. Al menos eso apareció en las conversaciones privadas que registró Anfibia y en algunos comentarios públicos de referentes.
El periodista Ramón Indart escribió en su cuenta de X el 7 de abril todavía entre retuits de la campaña de violencia digital: “Off con empresario que entiende de medios. Me siento a tomar el café. Me mira. Tira de entrada: ‘porq naturalizan el odio contra ustedes. Va a ser difícil construir sobre lo destruido’. Lo naturalizamos?” Y no fue el único. Leandro Renou en la misma red social planteó: “Hay que armar agrupaciones de periodistas nuevas. Vivas. Modernas, renovadas y desafiantes de los contextos. Las q están no sirven absolutamente para nada”.
Por teléfono, Renou retoma la idea: “Me parece que lo que falta es una posición clara sobre la violencia contra los periodistas en el debate público, que son cuestiones que van más allá de lo salarial, que también hay que exigir. Cuando digo lo de la modernización me refiero a dejar de lado las cuestiones ideológicas o de intereses diferentes ante el gobierno, dejar lo institucional y pensar sin prejuicios el ejercicio profesional. Porque las entidades que supuestamente representan a periodistas permiten que el corte de acreditaciones sea selectivo. Incluso llegaron a publicar el informe sobre la operación rusa en algunos medios con notas pagas para desestabilizar sin tener pruebas. Lo que le da más pasto a las fieras”.
En estos días, quizás convenga pensar si el problema no es solo que los gobiernos ataquen al periodismo como política pública, sino que el periodismo -fragmentado, precarizado y dependiente de plataformas-, ya no tiene capacidad colectiva de responder.
La pregunta sobre cómo debe reaccionar el periodismo frente a los ataques del gobierno de Milei más allá de los desafíos por las cuestiones salariales y de rutinas de producción atravesadas por los cambios tecnológicos es crucial para Silvio Waisbord. Investigador y profesor de Periodismo y Comunicación Política en la Universidad George Washington, acepta que la acción siempre es reactiva.
“Lo que pasa es que el periodismo, por lo general, tiene una posición reactiva – asegura Waisbord- y la situación de precariedad laboral obviamente no contribuye a encontrar el tiempo para pensar la profesión. Entonces la única posibilidad de acción es la reacción frente a lo que va sucediendo que se mueve con otras lógicas que no son las periodísticas como la política, la geopolítica o la inteligencia. La flaqueza del periodismo es también justamente no tener una agenda propia”.
Para Waisbord también son reactivos el posicionamiento frente a los desafíos que plantea la economía digital y el rol de las plataformas, “porque los periodistas no controlan las condiciones en las cuales esos cambios suceden”. En su opinión, ante la violencia del gobierno de Milei se profundiza una condición estructural del periodismo reactivo: “así como se reacciona frente a lo que está circulando en las redes”.
El desafío ante este tipo de ataques de gobiernos sucede en otros países. Pero para Waisbord, “este gobierno es particularmente astuto en cómo actúa con la prensa y tiene el poder de plantar información. El dilema es si no respondes porque las mentiras o las falsedades quedan. O sea, no se puede ignorarlas, pero también responder es darle oxígeno”.
Esa disyuntiva es ética y la solución no es fácil, asegura Waisbord: “No creo, especialmente por cómo este Gobierno piensa la comunicación, que se pueda ignorar y no plantarse contra esa narrativa”.
Waisbord define al gobierno de la Libertad Avanza “especialmente astuto en comparación con otros gobiernos argentinos como el kirchnerista que fueron contra la prensa. Saben cómo, especialmente a través de las redes, imponer temas o desencadenar campañas coordinadas personalizadas. El periodismo incluso debilitado, queda como el único actor. La respuesta es casi individual porque se personaliza”.
La violencia digital, potenciada por procesos de automatización y algoritmos oscuros de grandes empresas tecnológicas, incide en la autocensura y en la redefinición del rol del periodismo en un contexto democrático. Sebastián Lacunza es uno de los periodistas que mantiene su actividad en X. “Mí pregunta es dónde hablar si no. En ese ámbito también se define el valor del periodismo tanto como la elaboración de una nota cuando te adentras en la Amazonía o como cuando agarrás la bici para ir a preguntar a los vecinos si Adorni vive en esa cuadra de Caballito. Es también parte del apego a la profesión y donde se construye un texto en ese maremagnum de redes corrompidas”.
La historia reciente del periodismo argentino influye en este escenario. Dice Lacunza al respecto: “Como colectivo profesional tienen una trayectoria bastante compleja. Entonces es difícil que se plantee ciertos criterios y posiciones comunes frente a un ataque generalizado, pero personalizado. Es un problema que termine en formas de reacciones individuales o de medios particulares. No hay una solidaridad abarcativa o una historia solidaria dentro del periodismo en estos últimos 25 años. No es un modelo de consenso, la idea de la grieta terminó de profundizar la polarización, pero creo que en los 90 hubo algunos esbozos de consensos comunes entre los periodistas. Banderas como la libertad de expresión, sobre la importancia de los trabajos de investigación, cosas básicas que hacen más fácil respuestas mancomunadas. Pero es verdad que también se necesita una sociedad civil y una política que apoye la defensa del periodismo y de la libertad de expresión”.
Martín Becerra coincide con Waisbord en posar la mirada en las últimas décadas del ejercicio periodístico en la Argentina y en el rol de los grandes medios que no mantuvieron un compromiso con la tarea de informar y la libertad de expresión que debe aparecer en momentos álgidos como estos. También subraya el rol activo que antes tuvieron organizaciones de la sociedad civil y del campo de los derechos humanos para apoyar con mecanismos claros los ataques a la libertad de expresión.
Para los fines del análisis, Becerra, especialista en medios de comunicación e investigador del Conicet, diferencia entre los periodistas “notorios”, que son más formadores de opinión, de la mayoría de los periodistas que trabajan día a día en los medios y no son conocidos. “Es la mayoría y están detonados. Frente a un ataque del Gobierno, o de la SIDE coordinado, con o sin trolls, que les pueden desde hackear las cuentas de mails, meterse con la familia, doxearlos o todas esas cosas juntas, los mecanismos de defensa institucionales clásicos como el de las empresas donde trabajan es casi inexistente en la actualidad. Primero, porque las corporaciones periodísticas no lo hacen como antes y segundo porque ya es muy difícil que un periodista trabaje para una sola empresa”.
Hace al menos dos décadas que el periodismo ya no sucede únicamente en las redacciones ni en los medios tradicionales. Además del ejercicio profesional, la vida pública transcurre en plataformas con sistemas de algoritmos opacos que definen qué se vuelve visible; que además amplifican la violencia y hasta incluso terminan induciendo a la autocensura. Tiene dueños. Cuando, en octubre de 2022, Elon Musk pagó 44.000 millones de dólares por Twitter, declaró: «El pájaro ha sido liberado» y explicó que compró la plataforma para asegurar una «plaza pública digital» libre para la expresión, esencial para el futuro de la civilización y el debate saludable, claro según lo que él cree que eso significa.
Waisbord señala que el periodismo argentino en gran parte, como en otros países, se ha tratado de acomodar lo mejor posible a las nuevas condiciones que imponen las plataformas porque ahí está el público. Ya nadie duda que las Big Tech tienen el acceso a las audiencias y “como no les vas a ganar, tenés que sumarte. Es un pacto con el diablo”, dice. Lo más llamativo es que las empresas periodísticas también pactan con ellas, que son sus principales competidoras por las audiencias. En las conversaciones para esta nota surgió un dato llamativo: representantes de Google suelen ocupar los escenarios de encuentros de entidades periodísticas para que capaciten a las redacciones en el uso de sus propias herramientas de IA.
Mientras ya se habla del fin de las redes sociales, del fin de los seguidores y de que la Inteligencia Artificial Generativa va a terminar de configurar un panorama en el que la circulación de la información tendrá menos jugadores se puede pensar que quienes tengan ese poder serán cada vez más poderosos y que los periodistas deberían ser mucho más necesarios. Si llegamos a ese futuro inmediato deberíamos responder al menos la pregunta sobre si el periodismo, tal como está hoy, puede reaccionar de una manera distinta y, en caso de que no suceda, cómo los periodistas podemos defender la democracia si no logramos pensar colectivamente nuestra propia existencia. Finalmente el problema no es solo el avance autoritario de un gobierno, lo que está en juego también es la propia relevancia de un oficio atado a la libertad.
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