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Se entregan certificados del curso de embalado de fruta

A partir de las 19,30 horas de hoy se desarrollará el acto en el que se entregarán los certificados a quienes en diciembre pasado realizaron el curso de embalado de fruta organizado por la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa Regina.

En total fueron 123 las personas que se capacitaron aunque, en el marco del protocolo establecido por COVID-19, esta tarde se llevará a cabo la primera entrega, la cual se completará mañana jueves.  

La actividad tendrá lugar en el Minianfiteatro.

(Foto archivo)

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  • Docentes denunciaron agresiones de un concejal de Pareja que quiso impedir un reclamo en Anses

     

    Uno de los referentes de Sebastián Pareja en el sur bonaerense, el presidente del Concejo Deliberante de Coronel Rosales (Punta Alta), Pablo «Papu» Gómez, fue denunciado en las últimas horas por «violencia política, agresión institucional y maltrato».

    La presentación realizada en el mismo deliberativo la hizo el gremio Suteba, que acusó a Gómez de intentar bloquear la presentación de una nota en la delegación local de Anses que comanda su pareja, Jeanette Rivas.

    Se trata de un petitorio que reclama el pago de la deuda de alrededor de 2 billones que mantiene la Nación con el Instituto de Previsión Social (IPS) provincial. Ese documento fue entregado en todas las oficinas locales de Anses de la provincia en el marco de una jornada de reclamo del Frente de Unidad Docente Bonaerense.

    Sin embargo, en Punta Alta esa presentación desató un escándalo a partir de la actitud de Gómez. «El funcionario se dirigió hacia mi persona y hacia el resto de los presentes con un trato prepotente, utilizando un vocabulario violento y grosero, impropio de su investidura», detalla en su nota al Concejo la titular del Suteba de Coronel Rosales, Claudia Introssi.

     Según pudo reconstruir LPO, al llegar Gómez a la puerta de la oficina de Anses, pidió ver la nota y adelantó que, si no lo autorizaba, no se recibiría. Cuando la secretaria general le preguntó quién era para tener ese poder de decisión, la respuesta de García fue insultante. 

    Ahí, Introssi expuso que Gómez se hizo presente en la oficina de Anses e «intervino de manera injustificada, pretendiendo arrogarse atribuciones y facultades que no corresponden a su cargo ni a su esfera de competencia administrativa».

    Según pudo reconstruir LPO, al llegar Gómez a la puerta de la oficina de Anses, pidió ver la nota y adelantó que, si no lo autorizaba, no se recibiría. Cuando la secretaria general le preguntó quién era para tener ese poder de decisión, la respuesta de García fue insultante.

    La referente de Pareja en la Sexta sección, Franca Grippo abraza para la foto a su armador en Punta Alta, el concejal Pablo Gómez, acusado de agresiones por parte de docentes.

    Fuentes al tanto de la dinámica política rosaleña señalaron a LPO que «Papu» ubicó a su pareja en Anses apenas asumió el gobierno libertario, en una maniobra que en la interna local algunos definen como «nepotismo explícito».

    A nivel seccional, Gómez responde directamente en la Sexta a la bahiense Franca Grippo, la armadora de Sebastián Pareja que, como reveló LPO a comienzos de 2026, usaba el padrón de Andis para la campaña.

    Una armadora de Pareja usaba el padrón de Andis para la campaña 

    «La gravedad de su conducta constituye un atropello al libre ejercicio de la labor sindical y un agravio a la dignidad de las y los trabajadores de la educación presentes, sentando un precedente que no puede ser omitido por este cuerpo deliberativo», sostiene el Suteba en su denuncia, donde señalaron que las disculpas que improvisó Gómez cuando el tema escaló «resultan insuficientes».

    Por eso, el gremio docente reclamó a los ediles que evalúen «la conducta del funcionario en la comisión correspondiente o en sesión, de acuerdo con lo previsto por el reglamento interno y las normativas de ética pública vigentes».

    Pero en Punta Alta hay quienes dudan que el tratamiento de la presentación del Suteba avance, en un contexto donde el oficialismo local que responde al intendente axelista Rodrigo Aristimuño necesita de los siete votos de La Libertad Avanza para tener aprobada su rendición de cuentas.

     Gómez ubicó a su pareja en Anses apenas asumió el gobierno libertario, en una maniobra que en la interna local algunos definen como «nepotismo explícito». 

    Por eso, en los pasillos de Concejo se habla de «un tufo de concordancia» para que el planteo del Suteba sea derivado para su evaluación precisamente a la presidencia del Concejo, que encarna el mismo Gómez.

    «Como organización no vamos a naturalizar el maltrato, defendemos también el derecho a que en nuestra Comunidad el Respeto Institucional no sea una excepción, sino parte de ella», advirtieron en Suteba. 

     

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  • Libertarios acusan que Susbielles pone trabas en la investigación del fentanilo desaparecido en Bahía

     

    La semana pasada se desató un fuerte escándalo en Bahia Blanca a partir de la desaparición del hospital municipal de 25 ampollas de fentanilo, un potente analgésico aplicado solo en intervenciones complejas o situaciones de dolor intenso, por lo que su circulación es estrictamente controlada.

    Días después, encontraron 25 ampollas vacías en el quirófano donde se denunció el faltante.

    Eso abrió interrogantes sobre cómo se vulneraron los controles en un sector de acceso restringido donde, tres días antes de la denuncia, se había realizado con normalidad el conteo semanal de medicamentos.

    Frente a eso, en el bloque de concejales de La Libertad Avanza pidieron citar a las autoridades del hospital municipal Leónidas Lucero (director, jefa de Compras y jefa de Farmacia) para que den explicaciones de lo sucedido y enfrentarse a las preguntas de los ediles.

    Sin embargo, ese proyecto fue rechazado por los concejales del oficialismo y aliados, por lo que fuentes de la bancada libertaria señalaron a LPO que esa actitud de los concejales que responden al intendente peronista Federico Susbielles apunta a «blindar» a las autoridades del hospital ante el escándalo.

     La aparición de la sustancia en un lugar al que sólo tenía acceso personal autorizado, encendió las alarmas y aceleró la investigación. 

    Así, en La Libertad Avanza de Bahía sostienen que la actitud del municipio refuerza las sospechas de «un entramado de desmanejos políticos, incompatibilidades y manejos espurios».

    Actualmente, la investigación por la desaparición de fentanilo la lleva adelante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°19 a cargo de Mauricio Del Cero. La aparición de la sustancia en un lugar al que sólo tenía acceso personal autorizado, encendió las alarmas y aceleró la investigación de parte del fiscal.

    El 29 de diciembre, el Concejo Deliberante de Bahía Blanca había aprobado por mayoría el presupuesto 2026, pero rechazó los recursos asignados al Hospital Leónidas Lucero (votaron en contra los 9 concejales de La Libertad Avanza y los dos de Somos Bahía), en medio de acusaciones contra el intendente Susbielles por la falta de una planificación integrada de salud pública.

    Cerca de la bancada libertaria sostienen que el rechazo oficialista a citar a las autoridades del hospital responde al objetivo de la gestión de Susbielles de «blindar» a esos funcionarios frente al escándalo. 

    «Pusimos la lupa en los cargos jerárquicos. Nos preguntamos por qué pasaron de 12 jerárquicos a 27 en los últimos diez años; y no encontramos ninguna respuesta. Esos cargos jerárquicos están de más, sobran, ni siquiera son médicos», dijo por aquel entonces el concejal Martín Salaberry.

    En la oposición a Susbielles señalan que en el último tiempo se reformó el estatuto del centro médico con el objetivo de designar a Facundo Arnaudo, a quien atribuyen un vínculo estrecho con el director de Ciencia, Tecnología y Educación del hospital.

    «El aumento exponencial del gasto en cargos jerárquicos en los últimos años contrasta con las políticas del Poder Ejecutivo cuya Secretaria de Salud tiene unidades sanitarias sin médicos o que sólo funcionan unas pocas horas al día; despidos de personal; reducción de las prestaciones y políticas preventivas casi inexistentes», acusan cerca de LLA.

    En la oposición también se preguntan por el vínculo entre el director del hospital, Gustavo Carestía, y la jefa de Compras, Silvina Gerardi y el impacto que esto podría tener en las licitaciones y el control de insumos hospitalarios.

     

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