Jornada decisiva por el caso $Libra: Diputados recibe el informe final de la comisión investigadora

Imagen del fotógrafo Pablo Grillo y del cabo primero de Gendarmería Héctor Guerrero, que le disparó un proyectil de gas lacrimógeno directo a su cabeza, hiriéndolo de gravedad.

La querella de la familia de Pablo Grillo, representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), informó que tras visitar al joven fotógrafo, la médica forense de la Justicia Nacional, Claudia Zuñiga Teppa, y los médicos designados como peritos de parte, Ezequiel Amar, por la querella, y María Jimena Pérez Pelliser, por la defensa, confirmaron que las lesiones sufridas por Pablo son de carácter «graves y gravísimas», y «pusieron en peligro su vida». Asimismo, respondieron contundentemente que «la herida contuso cortante frontal asociada a fractura expuesta de cráneo se corresponde con lo informado de impacto directo de proyectil sobre la tabla frontal del cráneo», en referencia al disparo directo a su cabeza de una cápsula de gas lacrimógeno que efectuó el gendarme Héctor Jesús Guerrero. Por ANRed.

La querella de Pablo Grillo, representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), confirmó este lunes 2 de junio que el Cuerpo Médico Forense presentó el informe requerido en la causa que investiga el impacto de gas lacrimógeno en la cabeza que recibió Grillo durante la represión a una movilización de jubilados/as el 12 de marzo.

«El lunes 26 de mayo la médica forense de la Justicia Nacional, Claudia Zuñiga Teppa, y los médicos designados como peritos de parte, Ezequiel M. Amar por la querella y María Jimena Pérez Pelliser por la defensa, visitaron a Pablo Grillo en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramos Mejía. Luego de la visita y de analizar la historia clínica y partes médicos, presentaron su informe que responde una serie de preguntas formuladas, oportunamente, como puntos de pericia», detalla la querella.

Parte de la reconstrucción de los hechos que hace la presentación del CELS y la Liga, representantes legales de la familia de Grillo.

En ese sentido, la representación legal del joven indicó que «sobre el grado de las lesiones que presenta Pablo, su tiempo de curación y cualquier otro tipo de información médica que pueda ser de interés, la perito médica oficial y los dos peritos de parte respondieron: “a) Herida contuso compleja en rostro región mediofrontal; b) Fractura expuesta de cráneo fronto temporo parietal izquierda. Ambas producidas por golpe o choque con o contra objeto contuso que logra vencer la elasticidad de los tejidos (piel y tejido óseo) produciendo su rotura. Demandan un tiempo de curación de más de 30 días con igual tiempo de inutilidad laborativa. c) Hematoma subdural derecho con requerimiento de cirugía de descompresión, craniectomía y toilette quirúrgica (12/03/25) y Hematoma epidural izq. con requerimiento de cirugía craniectomía de descompresión (14/03/25). Los mecanismos de producción golpe o choque con o contra objeto contuso. Tiempo de curación de más de 30 días», detalla exhaustivamente el informe del cuerpo médico forense.

A partir de esta primera información, señala la querella, «los médicos establecieron que las lesiones sufridas por Pablo son de carácter ‘graves y gravísimas’, con tiempo de curación de más de 30 días e igual tiempo de inutilidad laboral y con respecto al peligro de «si las lesiones producidas por el disparo pusieron en peligro la vida» de Pablo Grillo, los tres médicos respondieron unánimemente: “Sí, real y concreto”.

Parte de la reconstrucción de los hechos que hace la presentación del CELS y la Liga, representantes legales de la familia de Grillo.

«En cuanto a la cuarta pregunta, vinculada a la existencia de secuelas neurológicas derivadas del hecho, si bien no pudo ser contestada, es de gran importancia y conecta directamente con la noción de que la conducta del gendarme Guerrero puso en serio riesgo la vida de Pablo y que su estado de salud permanece en estado crítico, concretamente, los médicos respondieron: ‘No puede apreciarse al presente momento siendo su pronóstico reservado, dado que al día de la fecha continúa internado en terapia intensiva’», informó la querella.

La quinta pregunta buscaba «establecer si para ocasionar las lesiones comprobadas se requiere del impacto o disparo directo sobre la superficie lesionada», y el grupo de médicos respondió contundentemente: ‘Sí, la herida contuso cortante frontal asociada a fractura expuesta de cráneo se corresponde con lo informado de impacto directo de proyectil sobre la tabla frontal del cráneo».

Finalmente, la sexta pregunta apuntaba a «establecer si las lesiones ocasionadas fueron producidas por un disparo con un proyectil de alta energía cinética sobre la superficie lesionada». A esto, los médicos respondieron: «No se puede establecer la energía cinética que albergaba el proyectil que podría haber causado la lesión, pero sí se puede decir que la apertura de la piel frontal y la fractura de la tabla interna y externa del hueso frontal del cráneo requiere de una importante fuerza de impacto para romper la elasticidad de los tejidos lesionados».

Gendarmería ya había reconocido que disparar armas lanzagases directo a personas podría «producir lesiones graves e, incluso, la muerte»

Cuando se cumplieron dos meses de la salvaje represión a la marcha de jubilados/as que dejó gravemente herido al fotógrafo Pablo Grillo, la querella del joven, además de denunciar que la investigación avanza lento y que todavía no se citó a declarar al gendarme Héctor Jesús Guerrero, había informado que, a partir de su pedido al Juzgado, a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubría, la Gendarmería Nacional reconoció que el uso de pistolas lanza gases, «en caso de impacto, podría producir lesiones graves e, incluso, la muerte», y que los reglamentos generales para el uso de esas armas no letales prohíbe dispararlas directamente contra las personas.

Gendarme Héctor Guerrero. Acusado de ser el autor del disparo que casi asesina a Pablo Grillo. Fotografía: Kaloian Santos, despedido por aportar sus fotografías a la reconstrucción de los hechos.

Asimismo, la querella también confirmó en ese momento que el protocolo de actuación de Gendarmería en manifestaciones «incluye un glosario de términos estigmatizantes vinculados a la protesta, los manifestantes y las organizaciones» y «establece las distintas formas de intervención frente a las multitudes, y en todas ellas el rol del jefe del operativo o supervisor es central ya que es quien da las órdenes a los gendarmes en terreno«.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, brindó un mensaje institucional en nombre del gobierno nacional, luego del encuentro entre el presidente Javier Milei y con los gobernadores de las provincias. Durante su intervención, reafirmó la intención del Ejecutivo de avanzar en acuerdos legislativos que permitan concretar el paquete de reformas estructurales previstas para la segunda mitad del mandato.

El mensaje se emitió este jueves por la noche a través del canal oficial de YouTube de la Vocería de Prensa. Adorni explicó que las tres prioridades legislativas estarán enfocadas en las reformas: laboral, fiscal y penal, con el objetivo de generar empleo, aliviar la presión sobre el sector privado y fortalecer el sistema judicial.

Además, destacó que el reciente encuentro entre Milei y los gobernadores, realizado tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, marcó el inicio de una etapa de mayor diálogo y consenso político para garantizar la aprobación de las reformas en el nuevo Congreso.

Tres ejes de cambio: laboral, fiscal y penal

Según detalló el vocero, las prioridades legislativas estarán centradas en tres grandes reformas: laboral, fiscal y penal. “La reforma laboral es para crear empleo, la reforma fiscal es para dejar de asfixiar al sector privado con un Estado sobredimensionado, y la reforma penal es para que el que la hace, la paga”, sintetizó.

Adorni también aseguró que el próximo Congreso “será el más reformista de la historia” y que los resultados de las últimas elecciones ratificaron “el camino de cambio y reforma”.

Reunión con gobernadores y apertura al diálogo

El encuentro entre Javier Milei y los gobernadores se produjo en un contexto de mayor apertura al diálogo por parte del Ejecutivo, tras los resultados de las elecciones legislativas del 26 de octubre. En la reunión participaron mandatarios de distintas fuerzas políticas, y el gobierno nacional considera clave su acompañamiento para viabilizar las reformas en el Congreso.

Adorni resaltó que la postura del oficialismo para esta nueva etapa estará marcada por una mayor vocación de consenso y un trabajo coordinado con los legisladores.

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El cuerpo de Débora Bulacio, la mujer que había desaparecido en la ciudad balnearia de Necochea, fue hallado en la zona conocida como “Lago de los Cisnes” y la Justicia acusa a su novio por el femicidio.

Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad ubican a su novio que arrastraba una bolsa negra hacia la zona durante la madrugada del domingo.

El cadáver presenta golpes, motivo por el que se confirma el femicidio, al tiempo que el fiscal Walter Pierrestegui, de la Unidad Funcional de Instrucción número 20, viajaba a la escena para reconocerlo.

La víctima de 38 años estaba extraviada desde el sábado 8 de noviembre cuando concurrió a un camping junto al detenido.

Débora había viajado desde Villa Cacique para pasar el fin de semana en Necochea junto a Guillermo Gutiérrez. El sábado por la noche envió un último audio a su hija diciéndole que la amaba.

Al día siguiente, ya no respondió los mensajes. La denuncia por su desaparición activó un operativo con más de 80 efectivos, perros rastreadores, drones y buzos especializados.

Ahora, la Justicia de Necochea avanza en la causa por “homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género”. El detenido, que se negó a declarar, será sometido a nuevas pericias psiquiátricas mientras la fiscalía espera los resultados de la autopsia.

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Tras un empate de 22 votos a favor y 22 en contra (con una abstención), con el desempate de la titular del cuerpo, la vicegobernadora Verónica Magario, el Senado bonaerense aprobó anoche un proyecto que habilita la reelección indefinida de diputados, senadores, concejales y consejeros escolares. Los intendentes quedaron excluidos. La polémica ley recibió el apoyo de kicillofistas, kirchneristas y de los «libertarios disidentes» o «díscolos» Carlos Kikuchi, Sergio Vargas y Silvana Ventura. Mientras que el PRO, la UCR, el GEN de Margarita Stolbizer y La Libertad Avanza (tanto oficial como el sector de Joaquín de la Torre) votaron en contra. Dentro del peronismo hubo dos excepciones: Federico Fagioli, del Frente Patria Grande (que responde a Juan Grabois) y Sofía Vannelli, del Frente Renovador. Ahora, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados bonaerense. Por ANRed.

Finalmente, anoche el Senado bonaerense votó la ley de reelecciones indefinidas de diputados, senadores, concejales y consejeros escolares (con la exclusión de los intendentes). El resultado fue un empate en 22 votos a favor y 22 en contra, con una abstención.

En ese marco, la vicegobernadora y presidenta del Senado, Verónica Magario, desempató a favor de la iniciativa y así se sancionó la ley: «a diferencia de lo que pasó hace largos años en la Argentina, mi voto es positivo”, dijo Magario, comparando el momento con el recordado «voto no positivo» de Julio Cobos en el Senado nacional en 2008, durante el conflicto entre el kirchnerismo y sectores del campo por las retenciones.

Los alineamientos reflejaron la fragmentación interna: la polémica ley recibió el apoyo de kicillofistas, kirchneristas y «libertarios disidentes» o «díscolos» Carlos Kikuchi, Sergio Vargas y Silvana Ventura.

Mientras que el PRO, la UCR, el GEN de Margarita Stolbizer y La Libertad Avanza (tanto oficial como el sector de Joaquín de la Torre) votaron en contra. Dentro del bloque de Unión por la Patria hubo dos excepciones: Federico Fagioli, del Frente Patria Grande (que responde a Juan Grabois) y Sofía Vannelli, del Frente Renovador.

«Hoy la legislatura bonaerense va a tratar la reelección indefinida de diputados, senadores, concejales y consejeros escolares: NO CUENTEN CONMIGO. Ya manifestamos en varias ocasiones que mientras el pueblo la está pasando como el orto, no puede ser que la política se esté mirando el ombligo. Por eso, no voy a acompañar la sesión de hoy. No nos eligieron para esto. No es un tema de principismo sino de prioridades. Nuestras prioridades son otras y no estuvieron contempladas: la ley para garantizar integralmente los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo de estarlo; la ley de protección de los territorios periurbanos productivos de alimentos; la ley que crea el régimen de protección integral para repartidores y choferes de moto asociados a plataformas digitales; la ley de marco normativo para los establecimientos educativos de gestión social, cooperativa y comunitaria; la ley de protección de la fauna autóctona; y la ley de centros socioeducativos Entre otras. No se pueden discutir reelecciones políticas sin antes discutir realizaciones sociales. Siempre vamos a estar del mismo lado: trabajando donde más se nos necesita, con convicción y con amor por nuestro pueblo», había anticipado en su cuenta de X Fagioli.

Por su parte, Vannelli, a pesar de que rechazó la votación, dio quórum para que la sesión se llevara a cabo. Ese gesto fue celebrado por referentes de su espacio, el massista Frente Renovador. Así, la ajustadísima votación reflejó la falta de cohesión dentro del oficialismo, que sufrió una ausencia clave y un voto negativo.

En tanto, Malena Galmarini, figura del massismo y referente de la renovación política, lanzó una crítica irónica contra quienes promueven la reelección indefinida: «atornillados a sus sillas, discuten sobre lo que les importa y cada tanto miran por la cerradura a ver si llueve del lado de afuera», ironizó, con una metáfora climática muy oportuna para el inicio del invierno.

Ahora, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados bonaerense.

Foto: NA / Damián Dopacio.

La decisión la tomó la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Tramitará la acción de amparo presentada por más de 20 organizaciones gremiales contra las Resoluciones 893/2024 y 901/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación. Aseguran que las normas implican la “criminalización del ejercicio del derecho a huelga”. Por InfoGremiales.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó este martes el rechazo inicial de una acción que denuncia la criminalización de la protesta gremial y la injerencia ilegítima del Ministerio de Seguridad, de Patricia Bullrich, en asuntos laborales.

En una resolución clave para la defensa de los derechos sindicales, la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó tramitar la acción de amparo presentada por organizaciones gremiales contra las Resoluciones 893/2024 y 901/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La demanda, promovida por más de 20 organizaciones sindicales, denuncia que las mencionadas resoluciones instauran un protocolo que permite la intervención de fuerzas de seguridad, la identificación de manifestantes y hasta la remisión de sus datos a la justicia penal, configurando un mecanismo de represión y criminalización del ejercicio del derecho a huelga.

Según los actores, las normas atacadas constituyen una avanzada inconstitucional sobre la libertad sindical, permitiendo que una autoridad administrativa defina, sin control judicial, si una medida gremial constituye un “bloqueo” pasible de intervención policial, despido laboral o persecución penal. Todo ello, en abierta contradicción con la Constitución Nacional, los convenios de la OIT y tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.

La Cámara, al revocar el fallo de primera instancia que había rechazado “in limine” la acción, sostuvo que el amparo sindical previsto en el artículo 47 de la Ley 23.551 es una herramienta procesal adecuada para cuestionar actos estatales que puedan interferir con el ejercicio regular de los derechos colectivos.

Asimismo, destacó que las resoluciones emitidas por el Ministerio de Seguridad, en tanto podrían incidir sobre la actividad gremial en los ámbitos de representación de las entidades actoras, configuran un escenario que justifica la apertura del proceso y la revisión judicial, ante el riesgo cierto de afectación a garantías constitucionales vinculadas a la libertad sindical.

Ahora queda por resolver la medida cautelar solicitada por el juzgado de origen, dónde se solicito la suspensión de las resoluciones ministeriales mientras se tramite el fondo de la cuestión.

El fallo:

Revoca Sentencia Interlocutoria Ordena

Fuente: https://www.infogremiales.com.ar/la-justicia-laboral-revoco-el-rechazo-inicial-y-acepto-un-amparo-de-mas-de-20-gremios-contra-las-resoluciones-de-bullrich-que-atacan-el-derecho-a-huelga/

A comienzos de junio la Cámara Federal de Casación Penal convalidó la sentencia dictada en diciembre de 2023 a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca por la cual fueron condenados cinco integrantes del Grupo Albatros de la Prefectura Naval por el homicidio de Rafael Nahuel. El joven mapuche de 22 años fue asesinado por la espalda mientras escapaba, junto a otros manifestantes, de una persecución brutal en la zona del Lago Mascardi, en Bariloche. En diálogo con ANDAR, el abogado Guillermo Torremare, miembro de la CPM y vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), afirmó que “la justicia vuelve a ratificar que los imputados nunca debieron haber utilizado sus armas de fuego en aquellas circunstancias”.

Si bien no se logró el cambio de calificación legal que pretendían las querellas y que hubiera permitido condenas mayores al desestimar la figura de “exceso en la legítima defensa”, lo resuelto por el máximo tribunal penal del país ratifica lo que organizaciones sociales y de derechos humanos vienen denunciando desde hace años: los desalojos de comunidades originarias se realizan con exceso en el uso de la fuerza del estado y provocan daños irreversibles en quienes se manifiestan y reclaman por sus derechos.

Así ocurrió con el brutal operativo que provocó la muerte de Rafael Nahuel, el joven de 22 años asesinado por una bala de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en 2017 mientras la comunidad Lafken Winkul Mapu intentaba preservar sus tierras.

Cabe recordar que el hecho fue juzgado en debate oral y público realizado a instancias del Tribunal Oral Federal de General Roca –con la integración de los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava- durante los últimos meses de 2023, cuando cinco integrantes de la PNA resultaron condenados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma y en exceso de legítima defensa. Cuatro de ellos, como partícipes necesarios y el quinto, como autor del disparo letal.

Todos recibieron, según su grado de participación en el crimen, la máxima pena para el delito imputado pero ninguno fue condenado a penas superiores a 5 años y 8 meses de prisión ya que ese es el límite previsto para la autoría del homicidio agravado y en exceso de legítima defensa.

Tal como sostuvieron desde el inicio de la causa las querellas de la APDH –en su carácter de organización de la sociedad civil- y la de la familia de la víctima, nunca se probó la necesidad de defensa de los prefectos con sus armas reglamentaria porque, en rigor, nunca existió agresión de los manifestantes.

No obstante, luego de la sentencia de 2023 existía la posibilidad de que, en instancia revisora, se revirtieran las condenas y se absolviera a los cinco integrantes del Grupo Albatros, tal como lo solicitaron ante la Cámara Federal de Casación Penal las defensas y en un contexto político propicio para el otorgamiento de beneficios a los agentes de seguridad involucrados en graves casos de violencia institucional.

De allí que la reciente confirmación de la condena por parte del máximo tribunal penal del país no deja de representar un avance porque, tal como sostiene el vicepresidente de la APDH nacional, Guillermo Torremare, “la justicia vuelve a ratificar que los imputados nunca debieron haber utilizado sus armas de fuego en aquellas circunstancias”.

“Hay que considerar el contexto histórico en el que se inició y desarrolló la causa por el asesinato de Rafael Nahuel, con Patricia Bullrich y Germán Garavano como ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación, respectivamente, y con discursos políticos que diariamente planteaban la absoluta inocencia de los prefectos implicados”, agregó.

“Hoy es muy fácil encontrar artículos periodísticos de la época en los que se afirmaba la inocencia de los agentes de seguridad y el supuesto ejercicio de legítima defensa frente a las agresiones de los integrantes de la comunidad mapuche que resistían el desalojo, pero nunca se aportó una sola evidencia que diera cuenta de esa realidad. Más bien lo que ocurrió es una verdadera cacería en la que se efectuaron más de 150 disparos de armas de fuego reglamentarias mientras las personas intentaban alejarse”, amplió Torremare.

Y concluyó: “El fallo de Casación sobre el asesinato de Rafael Nahuel, si bien no adoptó el criterio que pedíamos las querellas respecto a la calificación legal, es una crítica al accionar punitivo del estado”.

Fuente: https://www.andaragencia.org/el-fallo-de-casacion-sobre-el-asesinato-de-rafael-nahuel-es-una-critica-al-accionar-punitivo-del-estado/

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