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Romper las Cadenas de la Desigualdad: La Promesa del Ingreso Básico Universal

En un mundo cada vez más desigual, donde la riqueza se concentra en manos de unos pocos, surge una idea audaz que podría transformar las vidas de millones: el Ingreso Básico Universal (IBU).

Imagina un futuro donde nadie quede atrás, donde cada persona, sin importar su situación, tenga acceso a los recursos básicos para vivir con dignidad. Es aquí donde el IBU entra en escena, como un faro de esperanza en medio de las sombras de la pobreza y la marginación.

«Cuando los gobiernos han implementado un ingreso básico, los resultados han sido sorprendentes: la gente se vuelve más saludable y feliz, el crimen disminuye, los niños obtienen mejores calificaciones y las personas encuentran nuevos trabajos o deciden emprender», afirma Rutger Bregman en su libro «Utopía para Realistas».

Financiado con los aportes de aquellos que más han prosperado, el IBU tiene el poder de reequilibrar la balanza, devolviendo a los ciudadanos una parte justa de la riqueza que han ayudado a generar. Impuestos justos a las grandes fortunas, a las ganancias extraordinarias y a la automatización, se convierten en el combustible que alimenta este motor de equidad.

«Un ingreso básico universal nos acerca a una sociedad más libre, más saludable y más justa. Nos libera de la constante preocupación por la supervivencia y nos permite perseguir nuestras pasiones, desarrollar nuestros talentos y contribuir a la sociedad de nuevas formas», agrega Bregman.

Pero el IBU no es solo una transferencia monetaria; es una oportunidad para que las personas puedan perseguir sus sueños, desarrollar sus talentos y contribuir a la sociedad de maneras inimaginables. Libres de la constante preocupación por la supervivencia, los ciudadanos pueden enfocarse en construir un mundo más próspero, creativo y cohesionado.

«La idea del ingreso básico no es una utopía irrealizable, sino una propuesta pragmática y realista. Muchos países de todo el mundo ya han puesto en práctica programas piloto con resultados alentadores. Es momento de ampliar su alcance y convertirlo en una realidad a gran escala», sostiene Bregman.

Si bien no es una solución mágica, el IBU puede ser el primer paso hacia una sociedad más justa, donde la dignidad y las oportunidades se distribuyan de manera equitativa. Es hora de romper las cadenas de la desigualdad y abrazar esta transformadora visión de un futuro más inclusivo y sostenible para todos.

Argentina y el Desafío del Ingreso Básico Universal

Mientras el mundo debate los méritos del Ingreso Básico Universal, Argentina se encuentra en una encrucijada. Como muchos países en desarrollo, la nación sudamericana enfrenta enormes brechas de desigualdad, con una considerable proporción de su población sumida en la pobreza.

Sin embargo, Argentina también cuenta con recursos naturales valiosos y una base tributaria que, si se estructurara de manera adecuada, podría proveer los fondos necesarios para financiar un sistema de transferencias universales. Iniciativas como el impuesto a las grandes fortunas, implementado recientemente, demuestran que existe un camino viable para recaudar recursos de los sectores más acomodados.

«Financiar un ingreso básico universal no es tan difícil como parece. Basta con gravar adecuadamente a los sectores más prósperos de la sociedad, mediante impuestos progresivos a la renta, el patrimonio y las ganancias extraordinarias. De esta forma, redistribuimos la riqueza de manera más justa», subraya Bregman.

No obstante, la evasión fiscal, la fuga de capitales y la resistencia política de los grupos de poder representan obstáculos significativos que deben superarse. Una reforma tributaria integral, acompañada de un fortalecimiento de la administración y el cumplimiento, sería esencial para garantizar la sostenibilidad de cualquier programa de IBU en Argentina.

«Un ingreso básico universal no solo ayuda a reducir la pobreza y la desigualdad, sino que también fomenta la innovación, la creatividad y el emprendimiento. Las personas ya no se ven obligadas a conformarse con trabajos que les disgustan, sino que pueden arriesgarse a seguir sus sueños», concluye Bregman.

Aun así, la promesa de un Ingreso Básico Universal en Argentina sigue siendo una opción a explorar, con el potencial de transformar profundamente la realidad social y económica del país. Si se logra vencer los obstáculos, esta política podría convertirse en un modelo a seguir en la región y en todo el mundo.


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  • Procesan a dos funcionarias por el fantanilo envenenado, pero el juez abre la puerta para exculpar a Lugones

     

    El juez federal Ernesto Kreplak procesó a las ex funcionarias Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó en la causa que investiga más de 120 muertes por la administración hospitalaria de fentanilo contaminado producido en los laboratorios HLB y Ramallo, ante la presunta corrupción de las autoridades, que debían controlar los medicamentos.

    El magistrado impuso una inhibición y embargo sobre los bienes de la directora de la Anmat y la ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) hasta cubrir 500 mil millones de pesos, y también dictó una serie de medidas que las imputadas deberán cumplir para permanecer en libertad, mientras avanza la investigación.

    El escrito del juez encierra un párrafo muy significativo que podría significar la desafectación del ministro Mario Lugones de la causa. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», sostuvo Kreplak.

    Salvo que ante la situación de ser las únicas condenadas, las funcionarias se declaren arrepentidas y avancen en declaraciones probatorias de la responsabilidad de Lugones en la decisión de no clausurar los laboratorios, el párrafo citado parece anticipar el curso de acción del juez en favor del ministro de Milei.

    Para la investigación penal que lleva adelante Kreplak, Bisio y Mantecón Fumadó fueron «partícipes necesarias penalmente responsables del delito de adulteración de sustancias medicinales». Es decir, sin su concurso que básicamente consistió en no clausurar los laboratorios pese a los informes y testimonios de inspectores que pedían tomar esa medida -hasta con argumentos dramáticos-, el fentanilo envenenado no hubiera llegado a la calle.

    La declaración de la jefa de la Anmat hunde a Lugones: «Estaba al tanto de todo»

    «A partir de las probanzas colectadas a lo largo de la pesquisa, es posible concluir que las imputadas Mantecón Fumadó y Bisio realizaron un aporte concreto y necesario a la lesión del bien jurídico salud pública protegido por los artículos. 200 y 201 bis CP así como al bien jurídico integridad personal resguardado por el delito de lesiones leves previsto por el art. 89 CP, a raíz de su decisión de no adoptar las medidas preventivas y correctivas oportunas y eficaces contempladas por la normativa aplicable ya explicadas», argumenó Kreplak en su resolución, a la que accedió LPO.

    Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación.

    El fallo si bien favorece a Lugones no termina de sacarlo de los hechos investigados. «A lo largo de la investigación llevada adelante, diversos elementos de convicción permiten poner en escena al Dr. Lugones», destacó Kreplak en el auto de procesamiento y señaló que en los testimonios de Mantecón y Bisio asoman coincidencias respecto del rol del ministro.

    En efecto,, Bisio afirmó que «Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar».

    Al ser indagada respecto de una reunión realizada en la sede de la Anmat el 14 de enero pasado, Bisio dijo: «Yo le avisé al Ministro, ‘van a venir, ¿qué hago?, ¿sigo con lo mismo?’, ‘sí, cerrá, cerrá’, me dijo». Ese testimonio puede favorecer al ministro.

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    Ese día, Bisio y Fumadó mantuvieron un encuentro con Ariel García Furfaro y otras dos personas de la empresa en «Avenida de Mayo», tal como se la denomina a la sede de la Anmat. Para esa fecha, Bisio y Fumadó contaban con un informe realizado por inspectoras de la Anmat en los últimos días de 2025. En el texto alertaban sobre la situación del laboratorio y recomendaban prohibir la producción y retirar del mercado las drogas elaboradas. Por alguna razón, el Ministerio de Salud desoyó esas advertencias y la tragedia se consumó. Hubo alertas institucionales que se eligió no escuchar.

    Según consta en el expediente, luego de hablar con el ministro Lugones las dos funcionarias ofrecen no avanzar contra los laboratorios a cambio que presenten un plan de acción para subsanar sus incumplimientos. Esa es la parte más delicada para Lugones de los testimonios.

    Lugones hacía reuniones de gabinete y de los institutos venían todos los que de él dependíamos. Allí contábamos las situaciones. Esto era un tema que fue llevado permanentemente, de la situación de los laboratorios e incumplidores. En este caso, estos se llevaban. Y la idea fue siempre que Lugones me daba la instrucción y yo daba la instrucción de cerrar.

    En el gobierno existe extrema preocupación por el caso. Temen que Lugones sea procesado porque hay varios testimonios que estaba al tanto de los hechos y tenía la última decisión. Incluso trascendió que su hijo, Rodrigo Lugones, le habría sugerido que renuncie a su cargo, decisión que el ministro rechazó.

    En la Casa Rosada buscan culpar a los ex ministros de Salud del gobierno de Alberto Fernández -Carla Vizzoti y Ginés González García, ya fallecido- argumentando que tanto Bisio como Mantecón Fumadó ya eran funcionarias bajo se gestión. El problema es que los hechos ocurrieron durante la gestión de Lugones. Es un principio básico del derecho penal que no se puede juzgar a las personas por hechos que no cometieron. 

    De hecho, Cristina Kirchner está presa en la causa Vialidad porque era la responsable última de las objetadas concesiones de rutas realizadas bajo su gestión, aunque no firmó nada. El mismo criterio aplica en el caso de Lugones, pero más grave: según los testimonios de las funcionarias el ministro sí fue alertado sobre la gravedad de la situación.

    El empresario García Furfaro.

    Mantecón Fumadó declaró que antes de firmar la carta de advertencia dirigida a los laboratorios la consultó a Bisio. «Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. Le pedí a Agustina (Bisio) que consultara con el Ministro cómo quería manejar esta situación, en función de si se inhibe por carta de advertencia todo el laboratorio o si inhibían otras líneas productivas. Y el Ministro, después de unos días, informó a Agustina que contestó ‘vaya para adelante pero con cautela'».

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    Bisio contó además que en las reuniones de gabinete convocadas por Lugones intervenían activamente abogados penalistas.

    El testimonio confirma que en marzo de 2025 Lugones ya estaba al tanto de los incumplimientos de HBL. La titular del Iname envió un informe sobre el laboratorio y en un chat, Bisio le consultó  si ese informe era suficiente para cerrar las instalaciones. «Solo en dos palabras decime si esto da para cierre porque Mario pregunta. ¿Sólo eso o aún falta?», pregunta la titular de la Anmat.

    Como todas las decisiones que se toman en esta gestión, hay que consultarlas, porque no había independencia resolutiva de parte de la administración nacional, sin consultar con el Ministerio. El ministro contestó que vayamos para adelante, pero con cautela.

    A fines de marzo, Mantecón Fumadó mantiene otra reunión con Furfaro. Tras ese encuentro Bisio le pide información precisa sobre la situación del laboratorio: «¿Podrías mandarme para que le dé al Ministro cuál es la implicancia de esto? Traducción a la práctica. Ej: No puede vender más. Insistir o informarnos sobre el retiro de mercado».

    Kreplak advierte en el auto de procesamiento d elas funcionarias la discrepancia entre la supuesta decisión política que bajaba del Ministerio con lo que efectivamente ocurría en la Anmat y el Iname. «Si bien considero probado que el Ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación», dice el juez en su resolución.

    El magistrado destaca que distinta es la situación de Bisio, quien «tenía la responsabilidad máxima sobre el cumplimiento de los cometidos legales y reglamentarios de Anmat y sus órganos internos y, además, había sido investida políticamente como polea de transmisión de esas directrices políticas».

    Según el juez el obrar de la funcionaria fue el contrario. A pesar de que tenía conocimiento de las irregularidades de los laboratorios y que habría recibido la decisión política de obrar, mantuvo una actitud pasiva y permisiva que culminó favoreciendo el accionar criminal de los laboratorios.

    No sólo eso, sino que participó activamente en algunas de las acciones decisivas que permitieron al laboratorio continuar operando cuando lo correcto hubiese sido impedirlo.

     

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    El peronismo en la provincia de Buenos Aires busca unificar a través de la Defensoría del Pueblo el vínculo entre los endeudados y los acreedores para lograr una negociación colectivas de esas deudas.

    El diputado camporista Facundo Tignanelli y el Defensor Guido Lorenzino quieren que sea el Estado quien represente a los bonaerenses que en los últimos años contrajeron deudas para enfrentar la crisis.

    La idea es poner en una situación de igualdad al poder con el que cuentan las empresas que quieren cobrar las deudas, con el poder del Estado, en este caso la Defensoría, para negociar en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor.

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    «Queremos unificar la negociación de los deudores bonaerenses ante los bancos, billeteras virtuales y prestamistas que tienen enormes bufetes de abogados y la posibilidad de perseguir de manera extrajudicial a las familias», dijo Tignanelli.

    De este modo se crea en la Defensoría el programa de Acompañamiento a Familias Deudoras Bonaerense donde las personas deberán registrarse y cargar los datos de su deuda y sus acreedores. Luego, la Defensoría tomará el caso e intervendrá frente al acreedor para negociar o renegociar los términos de la deuda.

    Facundo Tignanelli y Guido Lorenzino.

    La estrategia es evitar que el deudor enfrente en solitario a los bancos y Fintech, y al mismo tiempo, poner en pie de igualdad la relación entre la persona endeudada y los acreedores.

    Mientras tanto, Tignanelli avanza con un proyecto de ley para crear un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores con el objetivo de prevenir, encauzar y resolver las situaciones de endeudamiento extremo que impiden a las personas afrontar el pago de sus deudas sus deudas.

    Ese régimen busca facilitar la reestructuración de esas deudas mediante negociaciones que establezcan nuevas condiciones de cumplimiento razonables y sostenibles.

    No estamos hablando de quienes tomaron deudas para cambiar el auto o para comprarse una casa. Son los gastos corrientes de la familia que hoy no los pueden llevar adelante.

    En lo que va de la gestión de Javier Milei miles de familias bonaerenses tuvieron que endeudarse por encima de sus posibilidades para pagar tarifas y sostener su nivel de vida básico.

    Sobre el motivo del endeudamiento, el dirigente de La Matanza dijo que «tiene que ver con pagar las tarifas de servicios, agua, luz, gas o alimentos. No estamos hablando de que tomaron deudas para cambiar el auto o para comprarse una casa. Son los gastos corrientes de la familia que hoy no los pueden llevar adelante».

    La morosidad volvió a subir en julio, pero el gobierno dice que es «insignificante»

    Desde el Ejecutivo bonaerense sostienen que el 60% de la población adulta del país está endeudada (se trata de 21 millones de personas). En tanto, una de cada cinco personas que tomaron deuda se encuentra en situación de mora.

    El gobierno de Axel Kicillof inició en enero una investigación de oficio sobre Mercado Libre y Mercado Pago. El objetivo fue analizar los términos y condiciones de la fintech que cada usuario debe aceptar al crear una cuenta. Se trata de un paso obligatorio pero que ninguna persona lee por la extensión y los tecnicismos jurídicos.

    Allí se encontró que ni Mercado Libre ni Mercado Pago informan sobre el costo de los servicios, una situación que viola la defensa de los consumidores. Además, si la fintech cambia los términos y condiciones, estos se dan por aceptados automáticamente.

     

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