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Romper las Cadenas de la Desigualdad: La Promesa del Ingreso Básico Universal

En un mundo cada vez más desigual, donde la riqueza se concentra en manos de unos pocos, surge una idea audaz que podría transformar las vidas de millones: el Ingreso Básico Universal (IBU).

Imagina un futuro donde nadie quede atrás, donde cada persona, sin importar su situación, tenga acceso a los recursos básicos para vivir con dignidad. Es aquí donde el IBU entra en escena, como un faro de esperanza en medio de las sombras de la pobreza y la marginación.

«Cuando los gobiernos han implementado un ingreso básico, los resultados han sido sorprendentes: la gente se vuelve más saludable y feliz, el crimen disminuye, los niños obtienen mejores calificaciones y las personas encuentran nuevos trabajos o deciden emprender», afirma Rutger Bregman en su libro «Utopía para Realistas».

Financiado con los aportes de aquellos que más han prosperado, el IBU tiene el poder de reequilibrar la balanza, devolviendo a los ciudadanos una parte justa de la riqueza que han ayudado a generar. Impuestos justos a las grandes fortunas, a las ganancias extraordinarias y a la automatización, se convierten en el combustible que alimenta este motor de equidad.

«Un ingreso básico universal nos acerca a una sociedad más libre, más saludable y más justa. Nos libera de la constante preocupación por la supervivencia y nos permite perseguir nuestras pasiones, desarrollar nuestros talentos y contribuir a la sociedad de nuevas formas», agrega Bregman.

Pero el IBU no es solo una transferencia monetaria; es una oportunidad para que las personas puedan perseguir sus sueños, desarrollar sus talentos y contribuir a la sociedad de maneras inimaginables. Libres de la constante preocupación por la supervivencia, los ciudadanos pueden enfocarse en construir un mundo más próspero, creativo y cohesionado.

«La idea del ingreso básico no es una utopía irrealizable, sino una propuesta pragmática y realista. Muchos países de todo el mundo ya han puesto en práctica programas piloto con resultados alentadores. Es momento de ampliar su alcance y convertirlo en una realidad a gran escala», sostiene Bregman.

Si bien no es una solución mágica, el IBU puede ser el primer paso hacia una sociedad más justa, donde la dignidad y las oportunidades se distribuyan de manera equitativa. Es hora de romper las cadenas de la desigualdad y abrazar esta transformadora visión de un futuro más inclusivo y sostenible para todos.

Argentina y el Desafío del Ingreso Básico Universal

Mientras el mundo debate los méritos del Ingreso Básico Universal, Argentina se encuentra en una encrucijada. Como muchos países en desarrollo, la nación sudamericana enfrenta enormes brechas de desigualdad, con una considerable proporción de su población sumida en la pobreza.

Sin embargo, Argentina también cuenta con recursos naturales valiosos y una base tributaria que, si se estructurara de manera adecuada, podría proveer los fondos necesarios para financiar un sistema de transferencias universales. Iniciativas como el impuesto a las grandes fortunas, implementado recientemente, demuestran que existe un camino viable para recaudar recursos de los sectores más acomodados.

«Financiar un ingreso básico universal no es tan difícil como parece. Basta con gravar adecuadamente a los sectores más prósperos de la sociedad, mediante impuestos progresivos a la renta, el patrimonio y las ganancias extraordinarias. De esta forma, redistribuimos la riqueza de manera más justa», subraya Bregman.

No obstante, la evasión fiscal, la fuga de capitales y la resistencia política de los grupos de poder representan obstáculos significativos que deben superarse. Una reforma tributaria integral, acompañada de un fortalecimiento de la administración y el cumplimiento, sería esencial para garantizar la sostenibilidad de cualquier programa de IBU en Argentina.

«Un ingreso básico universal no solo ayuda a reducir la pobreza y la desigualdad, sino que también fomenta la innovación, la creatividad y el emprendimiento. Las personas ya no se ven obligadas a conformarse con trabajos que les disgustan, sino que pueden arriesgarse a seguir sus sueños», concluye Bregman.

Aun así, la promesa de un Ingreso Básico Universal en Argentina sigue siendo una opción a explorar, con el potencial de transformar profundamente la realidad social y económica del país. Si se logra vencer los obstáculos, esta política podría convertirse en un modelo a seguir en la región y en todo el mundo.


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    PRIMICIA – Primero el mercado mundial, después los argentinos: Milei cambió la regla para exportar petróleo

     

    La Secretaría de Energía modificó el régimen de exportaciones de hidrocarburos y eliminó la obligación de que las empresas ofrecieran primero su producción al mercado interno. El Gobierno asegura que busca atraer inversiones y generar dólares, pero la decisión abre una nueva disputa: qué prioridad tiene la energía argentina, si garantizar el abastecimiento nacional o convertirse en un negocio exportador.

    Por Celina Fraticiangi para NLI

    El Gobierno de Javier Milei volvió a mover una pieza clave del modelo energético argentino. A través de la Resolución 166/2026 de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía y publicada hoy en el Boletín Oficial, se modificó el esquema que regulaba la exportación de hidrocarburos y se eliminó una herramienta que obligaba a las empresas a demostrar que el mercado interno había tenido prioridad antes de vender al exterior.

    La decisión cambia la lógica que durante años acompañó la administración de un recurso estratégico como el petróleo. A partir de ahora, las compañías tendrán un camino más directo para exportar crudo y derivados, mientras el Estado conserva una capacidad de intervención más limitada frente a eventuales problemas de abastecimiento.

    La nueva regla se inscribe dentro del programa de desregulación económica impulsado por Milei, que busca reducir la intervención estatal y otorgar mayor libertad comercial a las empresas. Para el Gobierno, la medida permitirá acelerar inversiones, potenciar Vaca Muerta y transformar a la Argentina en un jugador internacional de energía.

    Pero la modificación abre una discusión de fondo: ¿la energía argentina debe estar orientada primero a garantizar las necesidades de los argentinos o a generar dólares mediante la exportación?

    Del control estatal a la libertad exportadora

    Hasta ahora, las empresas que pretendían exportar determinados hidrocarburos debían atravesar un procedimiento donde tenían que acreditar que el mercado interno había tenido la posibilidad de acceder a esa producción. Ese mecanismo funcionaba bajo una idea histórica: antes de vender un recurso estratégico al exterior, el Estado debía garantizar que no existieran problemas de abastecimiento dentro del país.

    La Resolución 166/2026 cambia esa dinámica. En lugar de una autorización previa basada en una evaluación del mercado interno, establece un sistema donde las empresas notifican sus operaciones y el Estado puede objetarlas únicamente ante situaciones específicas.

    En los hechos, la lógica pasa de un modelo de control preventivo a uno de intervención excepcional. El cambio parece técnico, pero tiene una fuerte carga política: modifica quién tiene la prioridad sobre un recurso clave de la economía nacional.

    Vaca Muerta, dólares y la apuesta del Gobierno

    La administración libertaria sostiene que la Argentina necesita convertirse en un gran exportador energético para fortalecer sus cuentas externas.

    El argumento oficial es que si las petroleras tienen reglas más previsibles y menos restricciones podrán invertir más en producción, aumentar las exportaciones y generar los dólares que el país necesita. En esa visión, Vaca Muerta no debe ser solamente una fuente de abastecimiento interno, sino una plataforma exportadora capaz de competir en los mercados internacionales.

    La resolución se apoya en la filosofía del DNU 70/2023 y la Ley Bases, que impulsaron un esquema de mayor apertura y menor regulación estatal sobre distintos sectores económicos. La apuesta es clara: que el incentivo privado sea el motor del crecimiento energético.

    El interrogante que queda abierto: ¿qué pasa con los argentinos?

    El punto más sensible de la medida aparece cuando se analiza el rol del Estado frente al mercado interno. Aunque la Secretaría de Energía mantiene herramientas para intervenir ante riesgos de desabastecimiento, la nueva normativa reduce los mecanismos que permitían anticiparse a esas situaciones. La discusión no pasa solamente por cuánto petróleo produce Argentina, sino por quién define el destino de esa producción.

    En un contexto donde los precios de los combustibles, las tarifas y el costo energético tienen impacto directo sobre hogares e industrias, cualquier cambio en la administración de los recursos energéticos genera un debate que excede al sector petrolero.

    La pregunta política queda planteada: si el petróleo argentino genera una enorme oportunidad exportadora, ¿cómo se garantiza que esa riqueza también impacte primero en quienes viven y producen en Argentina?

    Un nuevo capítulo en la disputa por los recursos estratégicos

    La Resolución 166/2026 representa un nuevo paso en el giro energético del Gobierno de Milei. No elimina completamente la intervención estatal, pero sí modifica la relación entre Estado y empresas.

    El modelo anterior colocaba al abastecimiento interno como una condición previa para exportar. El nuevo esquema pone el foco en facilitar las ventas externas y deja al Estado con un rol de vigilancia posterior.

    Mientras el Gobierno celebra una herramienta que considera necesaria para atraer inversiones y convertir a la Argentina en una potencia energética, sus críticos advierten que el país corre el riesgo de privilegiar el ingreso de divisas por encima de la protección del mercado interno.

    La pelea por el petróleo argentino vuelve así a una vieja discusión: si los recursos estratégicos deben funcionar como una herramienta de desarrollo nacional o como una mercancía más dentro del mercado mundial.


     

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