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Romper las Cadenas de la Desigualdad: La Promesa del Ingreso Básico Universal

En un mundo cada vez más desigual, donde la riqueza se concentra en manos de unos pocos, surge una idea audaz que podría transformar las vidas de millones: el Ingreso Básico Universal (IBU).

Imagina un futuro donde nadie quede atrás, donde cada persona, sin importar su situación, tenga acceso a los recursos básicos para vivir con dignidad. Es aquí donde el IBU entra en escena, como un faro de esperanza en medio de las sombras de la pobreza y la marginación.

«Cuando los gobiernos han implementado un ingreso básico, los resultados han sido sorprendentes: la gente se vuelve más saludable y feliz, el crimen disminuye, los niños obtienen mejores calificaciones y las personas encuentran nuevos trabajos o deciden emprender», afirma Rutger Bregman en su libro «Utopía para Realistas».

Financiado con los aportes de aquellos que más han prosperado, el IBU tiene el poder de reequilibrar la balanza, devolviendo a los ciudadanos una parte justa de la riqueza que han ayudado a generar. Impuestos justos a las grandes fortunas, a las ganancias extraordinarias y a la automatización, se convierten en el combustible que alimenta este motor de equidad.

«Un ingreso básico universal nos acerca a una sociedad más libre, más saludable y más justa. Nos libera de la constante preocupación por la supervivencia y nos permite perseguir nuestras pasiones, desarrollar nuestros talentos y contribuir a la sociedad de nuevas formas», agrega Bregman.

Pero el IBU no es solo una transferencia monetaria; es una oportunidad para que las personas puedan perseguir sus sueños, desarrollar sus talentos y contribuir a la sociedad de maneras inimaginables. Libres de la constante preocupación por la supervivencia, los ciudadanos pueden enfocarse en construir un mundo más próspero, creativo y cohesionado.

«La idea del ingreso básico no es una utopía irrealizable, sino una propuesta pragmática y realista. Muchos países de todo el mundo ya han puesto en práctica programas piloto con resultados alentadores. Es momento de ampliar su alcance y convertirlo en una realidad a gran escala», sostiene Bregman.

Si bien no es una solución mágica, el IBU puede ser el primer paso hacia una sociedad más justa, donde la dignidad y las oportunidades se distribuyan de manera equitativa. Es hora de romper las cadenas de la desigualdad y abrazar esta transformadora visión de un futuro más inclusivo y sostenible para todos.

Argentina y el Desafío del Ingreso Básico Universal

Mientras el mundo debate los méritos del Ingreso Básico Universal, Argentina se encuentra en una encrucijada. Como muchos países en desarrollo, la nación sudamericana enfrenta enormes brechas de desigualdad, con una considerable proporción de su población sumida en la pobreza.

Sin embargo, Argentina también cuenta con recursos naturales valiosos y una base tributaria que, si se estructurara de manera adecuada, podría proveer los fondos necesarios para financiar un sistema de transferencias universales. Iniciativas como el impuesto a las grandes fortunas, implementado recientemente, demuestran que existe un camino viable para recaudar recursos de los sectores más acomodados.

«Financiar un ingreso básico universal no es tan difícil como parece. Basta con gravar adecuadamente a los sectores más prósperos de la sociedad, mediante impuestos progresivos a la renta, el patrimonio y las ganancias extraordinarias. De esta forma, redistribuimos la riqueza de manera más justa», subraya Bregman.

No obstante, la evasión fiscal, la fuga de capitales y la resistencia política de los grupos de poder representan obstáculos significativos que deben superarse. Una reforma tributaria integral, acompañada de un fortalecimiento de la administración y el cumplimiento, sería esencial para garantizar la sostenibilidad de cualquier programa de IBU en Argentina.

«Un ingreso básico universal no solo ayuda a reducir la pobreza y la desigualdad, sino que también fomenta la innovación, la creatividad y el emprendimiento. Las personas ya no se ven obligadas a conformarse con trabajos que les disgustan, sino que pueden arriesgarse a seguir sus sueños», concluye Bregman.

Aun así, la promesa de un Ingreso Básico Universal en Argentina sigue siendo una opción a explorar, con el potencial de transformar profundamente la realidad social y económica del país. Si se logra vencer los obstáculos, esta política podría convertirse en un modelo a seguir en la región y en todo el mundo.


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  • Ahora reconocen que existieron los allanamientos que Weretilneck negó y se sospecha que hizo inteligencia ilegal

     

    El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, desplegó este miércoles un intenso operativo de prensa (tuit, nota radial, comunicado y finalmente conferencia de prensa) para denunciar que era falsa la información que daba cuenta de un allanamiento en la gobernación por parte de la Policía Federal y el secuestro de una computadora, en el marco de la causa que investiga sus vínculos con Juan Pablo Beacon, el arrepentido de la AFA.

    «Quiero desmentir, no hubo ningún allanamiento ni en la gobernación, ni en ninguna dependencia oficial, ni a mi como particular, como tampoco hubo ningún pedido de información, no hubo absolutamente nada, es todo mentira», afirmó tajante Weretilneck.

    Apenas 24 horas después la palabra del gobernador empezó a aguarse. El gobierno de Río Negro no tuvo más remedio que aceptar que efectivamente hubo un procedimiento judicial en dependencias provinciales. La respuesta surgió ante la insistencia del periodismo que empezó a confirmar que efectivamente se habían realizado operativos judiciales.

    Presión a la que se sumaron diferentes bloques de la oposición, que realizaron un pedido de informes al gobierno de Weretilneck para que aclare si hubo allanamientos y qué dependencias incluyeron.

    Weretilneck negó que lo hayan allanado, pero confirmó que tiene de funcionario al hermano del arrepentido de la AFA

    Finalmente, en un comunicado difundido este jueves, Weretilneck aceptó la existencia de los procedimientos judiciales en dependencias públicas, pero los vinculó a una denuncia que hizo el propio Gobierno por un supuesto hackeo. 

    En Río Negro ya se había desatado un escándalo por la filtración de los contratos que reparte la Legislatura local. En la Casa de Gobierno entraron en pánico por la posibilidad de que hubiera una segunda oleada de filtraciones, pero ahora con los recibos de sueldos millonarios que cobra el propio gobernador y sus funcionarios, además de otra información sensible. 

    En Río Negro ya se había desatado un escándalo por la filtración de los contratos que reparte la Legislatura local. En la Casa de Gobierno entraron en pánico por la posibilidad de que hubiera una segunda oleada de filtraciones, pero ya con los recibos de sueldos millonarios que cobra el propio gobernador y sus funcionarios. 

    El gobierno de Weretilneck, entonces, primero dijo que no y luego dijo que si, pero por una causa distinta a la investigación sobre sus vínculos con los negocios de la AFA y los qataríes.

    El enredo comenzó el martes por la noche cuando distintos medios nacionales y provinciales publicaron que la Policía Federal había allanado la Casa de Gobierno. Fuentes de la Policía Federal, la Justicia y hasta del gobierno nacional, confirmaban la noticia.

    Lo extraño es que al ser consultados, los voceros de Weretilneck negaban el hecho, pero se rechazaba emitir un comunicado oficial bajo el argumento que «no se puede desmentir una mentira». En ese momento, el procedimiento ya se había realizado y no podían desconocerlo, pero eligieron no aclarar que sí había ocurrido, pero -supuestamente- correspondía a una denuncia de la propia administración, como hicieron un día después.

    La mala fe quedó en evidencia el miércoles por la mañana cuando Weretilneck buscó victimizarse y hasta se comparó con el padre de Messi. Calificó la información como una «fake news» y denunció una operación política montada desde el peronismo que lidera el senador Martín Soria.

    Pero atrás del escándalo aparece otro escándalo. Antes de los allanamientos que incluyeron las oficinas de Altec, la firma del estado provincial que provee de servicios informáticos al gobierno de Weretilneck, hubo una «investigación» de la propia administración que incluyó la manipulación de elementos de prueba, sin resguardo ni permiso judicial.

    Según la versión de Weretilneck el procedimiento judicial en Altec y otras dependencias, fue para identificar la computadora desde donde supuestamente accedieron a los recibos de sueldo de los funcionarios.

    El problema es que en el comunicado, la propia gobernación reconoce que antes que intervenga la justicia se realizó una «investigación interna» sobre la computadora de los empleados para detectar el origen de la filtración. Fuentes con conocimiento del expediente confirmaron a LPO que antes que la Fiscalía de Estado formulará la denuncia penal, ya se había desarrollado la investigación interna y se habría secuestrado la computadora asignada al empleado señalado como presunto responsable de la filtración, sin intervención judicial.

    Atrás del escándalo aparece otro escándalo. Antes de los allanamientos que incluyeron las oficinas de Altec, la firma del estado provincial que provee de servicios informáticos al gobierno de Weretilneck, hubo una «investigación» de la propia administración que incluyó la manipulación de elementos de prueba, sin resguardo ni permiso judicial.

    El detalle que le agrega morbo a toda la secuencia, que acaso explica el nerviosismo y la furia con la que salió el gobernador a atacar a LPO, es que la computadora en cuestión sería la de su propio despacho. Como no quedaba bien que allanaran el despacho del gobernador, la computadora fue «trasladada» por empleados a oficinas de Altec, lo que podría suponer que se rompió la cadena de prueba.

    El comunicado del gobierno provincial afirma que «la investigación se inició a raíz de un posible acceso indebido, por parte de un empleado, a documentación reservada alojada en los sistemas de la administración pública. Frente a esa situación, el Gobierno solicitó la asistencia técnica de ALTEC para colaborar en el esclarecimiento de los hechos».

    «Durante la investigación se logró determinar cuál fue el equipo informático desde el que se habría producido el acceso indebido. Ese equipo fue puesto a resguardo por ALTEC y posteriormente entregado a la Justicia para su peritaje», agrega.

    Y en el paso más sugestivo se aclara: «ALTEC colaboró exclusivamente en la investigación del caso a pedido del Gobierno de la Provincia. Una vez detectado el origen de la filtración de información, la situación fue denunciada ante la Justicia provincial, que resguardó el equipo para su análisis pericial», y acaso en un lapsus el último parrafo considera necesario aclarar que «toda actuación se desarrolló dentro del marco legal vigente».

    «¿Cómo llegó el Gobierno a identificar al supuesto responsable de la filtración antes de la apertura formal de la causa judicial? ¿Qué herramientas utilizó para reconstruir el acceso a los sistemas informáticos? ¿Existió un procedimiento administrativo formal o una auditoría informática? ¿El trabajador acusado fue notificado de esa investigación? ¿Qué tipo de controles se realizaron sobre la manipulación de los equipos y registros informáticos?», se preguntó en diálogo con LPO un abogado penalista.

    En efecto, este accionar deja flotando un interrogante complejo sobre el gobierno de Weretilneck: ¿Realizó tareas de inteligencia ilegal?, ¿Violó la normativa sobre protección de datos personales y los derechos de sus propios trabajadores?

     

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  • La desocupación crece en el conurbano y ya supera los dos dígitos en regiones de la provincia

     

    La desocupación sigue en ascenso en el conurbano y varios centros urbanos del interior de la provincia, superando la media nacional del 7,8% que marcó el Indec para el primer trimestre de 2026.

    Según el reciente informe del mercado de trabajo, en los municipios del Gran Buenos Aires (GBA) la tasa de desempleo escaló al 9,7%, mientras que en regiones de la provincia ya supera la barrera de los 10 puntos.

    El impacto de la recesión y la apertura de importaciones representan un golpe directo en los grandes centros industriales. Por caso, solo en el Parque Industrial de Pilar se registraron 7 mil despidos en los últimos meses.

    Cada vez más cerca de los dos dígitos, la tasa de desempleo en el GBA fue más del doble que la registrada en la Ciudad. A la vez, la subocupación alcanzó el 11,3%.

    Hay conglomerados que ya exponen tasas de desocupación de dos dígitos. Eso sucede en el cordón de Bahía Blanca-Cerri (10,1%) y en el de San Nicolás-Villa Constitución (10,4%), éste último donde la crisis metalúrgica juega fuerte. 

    En Mar del Plata, en tanto, la desocupación tuvo una suba exponencial con respecto al primer trimestre de 2025, pasando del 6 al 9,3%.

    No es un dato menor, considerando que se trata del periodo que toma la temporada alta, confirmando así los números que expusieron el peor verano para la ciudad balnearia desde la pandemia, con 130 mil visitantes menos que en 2025 y con una fuerte merma en el consumo per cápita.

    Eso, sumado a la crisis del sector pesquero que impacta en el entramado portuario local y al desplome de la industria textil que gravita en firmas marplatenses como Mauro Sergio, que vienen ejecutando despidos.

    El caso FATE expone los límites de la reconversión de los capitanes de la industria en la Argentina de Milei

    Por otro lado, hay conglomerados que ya exponen tasas de desocupación de dos dígitos. Eso sucede en el cordón de Bahía Blanca-Cerri (10,1%) y en el de San Nicolás-Villa Constitución (10,4%), éste último donde la crisis metalúrgica juega fuerte.

    En el Gran La Plata, el desempleo fue el mismo que el promedio nacional, 7,8%, pero con una subocupación del 18,2%, muy superior a la media nacional (11,1%).

     

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