Axel Kicillof participará el martes de una audiencia en la Corte Suprema que deberá decidir por el recorte de fondos a la provincia de Buenos Aires. Fuentes de Casa de gobierno confirmaron que el propio gobernador estará presente en el segundo encuentro con funcionarios del gobierno de Milei en medio de la pelea por más de 2 billones de pesos.
El primer encuentro ocurrió a mediados de marzo. En esa audiencia, los representantes de la Corte le preguntaron al Estado nacional si tenía algún ofrecimiento para hacer y respondieron que no contaban con datos suficientes para estimar las supuestas transferencias adeudadas.
La provincia de Buenos Aires, es una de las 13 jurisdicciones que no transfirieron sus regímenes provisionales a Nación. Por lo que el Estado Nacional debe compensar los déficits. Eso se realiza a través de un sistema de simulaciones y auditorias que debe hacer el Estado Nacional sobre las cuentas provinciales.
En La Plata aseguran que vienen enviando toda la documentación sin demoras. Sin embargo, desde el primer día de enero de 2024 dejaron de recibir las transferencias.
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Los argumentos que plantearon los representantes de la ANSES en la audiencia con la provincia fueron que no estaban terminadas las auditorías sobre la provincia. Los enviados por Kicillof dijeron que todo estaba presentado en tiempo y forma, pero dejaron en claro que estaban dispuestos a volver a enviar toda la documentación. En función de eso, la Corte convocó a una nueva audiencia para el 21 de abril.
La convocatoria a la audiencia está a cargo de la secretaría de Juicios Originarios que controla Alejandro Daniel Rodríguez. Allí se presentaron por parte de la provincia Pablo López (Economía), Hernán Gómez (Fiscal de Estado), Santiago Pérez Teruel (asesor General de Gobierno) y Marina Moretti (IPS). En tanto, en representación de la ANSES asistió su secretario Legal y Técnico, Andrés María Gutiérrez.
Según la demanda del gobierno bonaerense, las deudas corresponden a anticipos recibidos y adeudados por la Nación; actualización de los anticipos 2023 (se recibieron con base 2018); fondos del anticipo 2024 más su actualización (base 2020) y diferencias entre el déficit de caja no transferida y los anticipos sin actualizar correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020.
Días atrás, el gobierno de Kicillof presentó su octava demanda ante la Corte. En este caso reclama más de 1,13 billones de pesos por el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y el convenio firmado en 2023.
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Este último reclamo incluye el saldo impago correspondiente al acuerdo de 2023 y las diferencias proyectadas para el período 2023-2025 por el Fondo del Conurbano, según precisa la administración provincial. Con la presentación, también se solicita una medida cautelar que ordene al gobierno nacional la restauración del método de cálculo original, a fin de reparar los perjuicios futuros.
El consenso fiscal se firmó durante el macrismo y contempló un acercamiento entre el gobierno nacional y las provincias para determinar acuerdos en materia tributaria y de coparticipación. Por ejemplo, contemplaba la baja de impuestos como Ingresos Brutos, al tiempo que especificaba sobre la adecuación de normas jubilatorias y la cobertura del déficit de las cajas previsionales.
El resto de las presentaciones ante el Máximo Tribunal tienen que ver con el recorte del Fondo de Seguridad; el Fondo compensador al Transporte, el boleto integrado, el Fondo de Incentivo Docente (FONID), el Fondo para bosques nativos y la posibilidad de cobrar tributos locales en los servicios de gas.
