Con la llegada de los reactivos al hospital Artémides Zatti de Viedma, la provincia ya está en condiciones de comenzar a realizar los análisis para detectar el Coronavirus en pacientes rionegrinos.
De esta manera el laboratorio del hospital realizará los test reforzando el diagnóstico de COVID-19, como parte del programa de descentralización en 35 laboratorios dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación. La novedad fue anunciada por la Gobernadora Arabela Carreras en sus redes sociales.
Este paso importante para la provincia permitirá agilizar el proceso de diagnóstico y dar respuesta de la mejor forma al virus en Río Negro.
Hasta el momento, las muestras de hisopados se enviaban al Instituto Malbrán y los resultados podían demorar entre 48 a 96 horas e incluso más. Con la llegada de los reactivos y la habilitación del hospital Zatti el proceso se acelera y los resultados se podrán conocer en menor tiempo.
Además, desde la provincia se trabaja en la validación del Hospital Ramón Carrillo de Bariloche para la realización de análisis.
Cabe remarcar que, durante el fin de semana, personal del Instituto Malbrán visitó el hospital Zatti con el fin de brindar la validación final del gabinete de bioseguridad del Laboratorio de Energía Molecular, y a través de pruebas y mediciones, comprobaron que el laboratorio cumple con todas las normas correspondientes para comenzar a realizar el diagnóstico.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dejaron firme este jueves el cálculo de $685.000 millones para la ejecución del decomiso de los bienes de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados en la causa Vialidad.
El proceso incluye más de 100 inmuebles sujetos a embargo y subasta. Aunque todavía no se precisaron con exactitud cuáles serían esas propiedades, se calcula que alrededor de 20 pertenecerían a Máximo y Florencia Kirchner, incluyendo el Hotel Los Sauces.
Sin embargo, dirigentes del kirchnerismo cuestionaron el fallo de la Corte Suprema. «Es una vergüenza: por un lado la Justicia la sobreseyó en dos instancias por enriquecimiento por el tema de la DDJJ y, por otro, la misma Justicia la decomisa», dijo una legisladora cercana a Cristina.
En ese sentido, desde el entorno de la ex presidenta explicaron a LPO que «el decomiso debe probar que la cosa es producto del delito pero acá no hay prueba y además fue sobreseída por el tema bienes». En el kirchnerismo hablan de una «venganza» de la Corte a la que buscaron hacerle juicio político durante el gobierno de Alberto Fernández.
Fuentes judiciales dijeron a LPO que tanto Cristina como su hijo, el diputado Máximo Kirchner, intentaron sin éxito que la Corte Suprema no rechazara el recurso presentado por los abogados Carlos Beraldi y Ari Llernovoy, basándose en el artículo 280 del Código Procesal, la misma jugada a la que apelaron los supremos cuando dejaron firme su condena a prisión.
Allegados a la ex presidenta dijeron a LPO que «en la primera causa donde se analizó el patrimonio de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner se investigaron las declaraciones juradas del matrimonio entre 1994 y 2003 pero el juez federal Julián Ercolini sobreseyó al entonces presidente y a su esposa y el fiscal Eduardo Taiano no apeló la sentencia».
«La segunda oportunidad estuvo a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, la denuncia la realizó el presidente de la Asociación Anticorrupción, Ricardo Monner Sans, a raíz de investigaciones periodísticas que señalaban irregularidades en las declaraciones juradas de los Kirchner entre 2005 y 2007 pero, en 2008, el magistrado desestimó la denuncia por inexistencia de delito», agregaron.
Rosenkrantz, Rosatti y Lorenzetti.
Luego de eso, el fiscal Manuel Garrido apeló la resolución de Canicoba Corral por considerarlo un acto «infundado y prematuro» y porque halló «inconsistencias e incongruencias» en las presentaciones. «La Cámara declaró mal concedido el recurso de apelación, la causa dejó de mostrar avances y casi cuatro años más tarde, después de la muerte del ex presidente Kirchner, Canicoba Corral sobreseyó a Cristina, que ya había iniciado su segundo mandato», recordaron.
El Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2, presidido por Rodrigo Giménez Uriburu, había estipulado el decomiso por perjuicio al Estado en $84.835 millones pero habilitó la posibilidad de que el monto fuese ajustado cuando la sentencia quedara firme.
Para calcular la suma de dinero, intervinieron peritos de la Corte, las defensas y el Ministerio Público. La cifra final es resultado de la actualización por el IPC del Indec, entre noviembre de 2022 y mayo de 2025. Los abogados de Cristina trataron de desactivar esta resolución y rechazaron esa metodología pero no pudieron torcer la voluntad de la Corte.
El decomiso incluye más de 100 inmuebles sujetos a embargo y subasta. Se calcula que alrededor de 20 pertenecerían a Máximo y Florencia Kirchner, incluyendo el Hotel Los Sauces.
El fallo fue suscripto por los tres magistrados pero Rosatti y Rosenkrantz hicieron suyos los argumentos del voto de Lorenzetti. «El recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)», dice en los considerandos del pronunciamiento, y agrega: «se desestima la presentación directa».
El rafaelino incluyó en su voto una cita a una resolución tomada por él mismo, Rosatti y los ex jueces Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, en un fallo anterior. «Cabe poner de relieve -a fin de evitar interpretaciones erróneas acerca del alcance de los fallos de la Corte Suprema- que la desestimación de un recurso extraordinario mediante la aplicación de dicha norma no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida», argumentó.
Es una vergüenza: por un lado la Justicia la sobreseyó en dos instancias por enriquecimiento por el tema de las DDJJ y, por otro, la misma Justicia la decomisa.
Un camarista deslizó ante LPO que ahora se abre un período indeterminado para la concreción del decomiso de bienes, que supone el pasaje hacia «la ejecución integral» contra Cristina. La imposibilidad de fijar un plazo con precisión también se debe, según la fuente, a la intervención de la UIF en tanto la investigación buscó determinar la existencia de lavado.
Acaso por decoro, dirigentes del kirchnerismo no precisaban al cierre de esta nota cuáles eran los bienes que la Justicia le decomisaba a Cristina.
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Sectores del oficialismo de Misiones están buscando una vía para acercar al gobernador Hugo Passalacqua y al histórico caudillo Carlos Rovira y evitar una ruptura que dejaría a lo que fue el Frente Renovador de la Concordia al borde de perder la provincia por primera vez desde 2003.
Fuentes cercanas a los dos dirigentes más importantes de la provincia adelantaron a LPO que está en marcha una mediación y confían que encontrarán una salida para mantener la unidad, algo que hasta comienzos de esta semana parecía muy difícil.
Esa negociación la están llevando adelante figuras muy importantes de la provincia, según supo LPO. El temor es que la división termine abriendo el panorama para perder la gobernación a manos del expolicía Ramón Amarilla, que el año pasado fue la sorpresa de las legislativas.
El origen de la pelea fue el anuncio de Passalacqua de que en 2027 buscará un nuevo mandato como gobernador, para lo que sumó el apoyo de casi 70 intendentes.
Rovira, que dejó la gobernación en 2007 pero controla políticamente la provincia, rechaza ese plan porque quería mantener la potestad de elegir al candidato e imponer al vicegobernador Lucas Romero Spinelli. La histórica estrategia del caudillo provincial fue darles un mandato a los elegidos para impedir un crecimiento que amenace su poder.
Pero con Passalacqua esa estrategia entró en crisis y Rovira lanzó semanas atrás «Encuentro Misionero», una nueva versión del sello provincial se supone para competir en 2027. Desde el sector gobernador se dieron por fuera del espacio y avanzaron en el armado con los intendentes.
Carlos Rovira
Lo que siguió a eso fue un tiroteo cruzado de medidas entre la casa de gobierno provincial y la Legislatura, que controla Rovira. La última todavía no se concretó pero toca una fibra íntima: desde el gobierno de Passalacqua hicieron trascender que podrían cortar el contrato con la empresa de medicina Alegramed del empresario libertario Augusto Marini, muy cercano a Rovira. Ese contrato, por el que la provincia paga 9 dólares por usuario, es el principal negocio de Marini y algunos creen del propio Rovira.
Quienes están detrás del acercamiento entre Rovira y Passalacqua confían en que el histórico caudillo acepte el intento reeleccionario del gobernador. La idea que gana fuerza es que Rovira ponga de candidato a vice al intendente de Posadas, Lalo Stelatto.
Fuentes del entorno de Rovira dijeron a LPO que no ven mal que Passalacqua gane cierta autonomía ante la opinión pública y admitieron que la imagen del gobernador venía golpeada por la dependencia con su jefe política. En cierta forma se admite que el sistema de Rovira digitando todo desde las sombras se agotó.
En el oficialismo misionero dicen que La Libertad Avanza no aparece todavía como una amenaza electoral porque Milei mide muy mal en las encuestas y le temen más a Amarilla, que sin estructura y desde la cárcel el año pasado sacó casi 20 puntos. Amarilla, líder de la revuelta policial de 2024, es una especie de antisistema con mucha llegada a sectores populares que históricamente votaron al Frente Renovador.
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