Con la llegada de los reactivos al hospital Artémides Zatti de Viedma, la provincia ya está en condiciones de comenzar a realizar los análisis para detectar el Coronavirus en pacientes rionegrinos.
De esta manera el laboratorio del hospital realizará los test reforzando el diagnóstico de COVID-19, como parte del programa de descentralización en 35 laboratorios dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación. La novedad fue anunciada por la Gobernadora Arabela Carreras en sus redes sociales.
Este paso importante para la provincia permitirá agilizar el proceso de diagnóstico y dar respuesta de la mejor forma al virus en Río Negro.
Hasta el momento, las muestras de hisopados se enviaban al Instituto Malbrán y los resultados podían demorar entre 48 a 96 horas e incluso más. Con la llegada de los reactivos y la habilitación del hospital Zatti el proceso se acelera y los resultados se podrán conocer en menor tiempo.
Además, desde la provincia se trabaja en la validación del Hospital Ramón Carrillo de Bariloche para la realización de análisis.
Cabe remarcar que, durante el fin de semana, personal del Instituto Malbrán visitó el hospital Zatti con el fin de brindar la validación final del gabinete de bioseguridad del Laboratorio de Energía Molecular, y a través de pruebas y mediciones, comprobaron que el laboratorio cumple con todas las normas correspondientes para comenzar a realizar el diagnóstico.
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Juan Bautista Mahiques prepara el bordado final de la protección judicial para Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino en la causa que tramita contra la AFA, en el fuero comercial local, por la denuncia de Guillermo Tofoni.
Como informó LPO, esta semana se publicó el decreto de designación de Javier Cosentino como juez de la Sala C en la Cámara de Apelaciones del fuero comercial, pero hasta el 16 de julio había sido el titular del Juzgado Nacional en lo Comercial N° 9, donde quedó radicada la denuncia.
En efecto, Cosentino fue el magistrado que desestimó el embargo preventivo que reclamó Tofoni por los partidos amistosos disputados hace más de 5 años, antes que Tapia y Toviggino optaran por cortar el contrato con el empresario despechado y otorgarle el negocio al productor Javier Faroni. Tras el fallo del juez, Tofoni apeló y ahora la Sala C tendrá que resolver, justo donde recaló Cosentino.
Fuentes judiciales deslizaron que el juez votado por el Senado el jueves pasado debería excusarse. El presidente de la sala es Eduardo Machin y, por ahora, venían subrogando Alejandra Tévez y Matilde Ballerini, quien cumpliría 75 años el próximo 6 de septiembre y solicitó hace meses la prórroga en su cargo al gobierno.
Atento, Mahiques apuró el lunes al senador Juan Carlos Pagotto, titular de la comisión de Acuerdos, para que convoque a audiencia pública para que defienda su pliego Ballerini el 4 de agosto. Entre el receso y las dificultades de Patricia Bullrich para conseguir las voluntades suficientes para sesionar, al oficialismo se le acota el margen de maniobra para aprobar nombramientos de jueces.
Para cubrir la otra subrogancia, el gobierno logró que los senadores le otorguen estado parlamentario a la postulación de Valeria Pérez Casado, quien curiosamente compartió con Cosentino el desenlace del caso Indalo, la empresa de Cristóbal López.
Tapia y Toviggino.
En la causa de Oil Combustibles, el juez que dictó la quiebra, decretó la intervención de la petrolera y le otorgó la operación inicial a YPF fue Javier Cosentino, cuando estaba al frente del Juzgado Comercial Nº 8 y luego en las actuaciones del proceso. En tanto, Pérez Casado intervino en las etapas posteriores y la liquidación de fondos.
Pero los pergaminos de esta candidata de Mahiques se fundarían en su actuación durante la quiebra de Cresta Roja, mientras se desempeñaba al frente del Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 18. «Cresta Roja es la Ciccone del macrismo», dijo un camarista a LPO.
En el fuero comercial comentan también que Mahiques y la AFA no estarían dejando ningún detalle librado al azar, ni siquiera el sorteo para las subrogancias hasta que se aprueben las designaciones de los jueces para la Sala C.
Su apreciación se basa en las quejas de los ex dueños de la firma, Rasic Hermanos, que acusaron a Mauricio Macri por el despojo de sus bienes. Cuando el Juzgado Comercial le entregó la empresa al consorcio Proteinsa SA, compuesto por Ovoprot, Tanacorsa y apoyado por el banco BTG Pactual, Karina Rasic, hija de los fundadores, acusó al gobierno de dársela a un amigo del colegio de Marcos Peña, tal como reveló Noticias.
Pérez Casado, además, es miembro de la agrupación Compromiso Judicial, un sector de la magistratura con lazos históricos con el macrismo y el radicalismo. Allí milita José Luis López Castiñeira, un camarista de la Sala II del fuero contencioso administrativo federal que cultiva un vínculo muy cercano con el ministro de Justicia.
En el fuero comercial comentan también que Mahiques y la AFA no estarían dejando ningún detalle librado al azar, ni siquiera el sorteo para las subrogancias hasta que se aprueben las designaciones de los jueces para la Sala C. Desde el 4° Piso de Roque Sáenz Peña 1211, dicen que, ante cualquier demora, podrían salir sorteados la propia Ballerini, quien ya viene ocupando una de las vocalías vacantes, o Jorge Djivaris, ex funcionario del gobierno porteño al que promovieron a la Sala B de la cámara para contribuir eventualmente en la causa Correo, tal como informó LPO.
Por lo demás, los colegas de Cosentino se preguntan quién lo reemplazará en el juzgado N° 9. Su olfato indica que, por sorteo, podría tocarle la función a Pedro Giudice, flamante juez del fuero en cuya jura estuvieron Mahiques, la consejera Alejandra Provitola y el presidente de la Cámara de Casación Penal, Diego Barroetaveña, quien admitió el recurso de queja de la defensa de los presuntos testaferros de Toviggino, junto a Mariano Borinsky, para que la competencia de la causa recaiga en el juzgado de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.
Cristina Kirchner contrató a los abogados de Lula y prepara un reclamo ante Naciones Unidas. La ex presidenta busca revertir las condenas por la Causa Vialidad.
Cristina sumó a Rafael Valim y Javier Borrego. Valim es especialista en Lawfare y participó de la defensa de Lula en la causa Lava Jato.
La condena a Cristina tiene dos partes que su defensa busca dar vuelta. Una es la prisión y la otra la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Uno de los puntos fuertes de la estrategia del presidente brasileño fue lograr una condena contra la justicia brasileña en Comité de Derechos Humanos de la ONU. En Naciones Unidas consideraron que los derechos de Lula habían sido violados por el juez Sergio Moro.
Si bien la resolución favorable de la ONU llegó casi un año después de que el Supremo Tribunal de Brasil anulara las penas contra Lula, sirvió para darle visibilidad mundial al caso.
Cerca de Cristina reconocen que el litigio puede llevar varios años, pero confían en que la presentación en Naciones Unidas mejora la situación de la ex presidenta ante la justicia argentina.
Borrego, el otro abogado que trabaja en el equipo que encabeza Carlos Beraldi, fue juez en la sala Contencioso Administrativa del Tribunal Supremo de España y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La defensa de Cristina ya agotó sus reclamos en todas las instancias posibles de la justicia argentina y ese un requisito indispensable para poder presentarse ante la ONU. La otra restricción que tiene Naciones Unidas es que el expediente no sea presentado en ningún otro organismo internacional.
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