Con la llegada de los reactivos al hospital Artémides Zatti de Viedma, la provincia ya está en condiciones de comenzar a realizar los análisis para detectar el Coronavirus en pacientes rionegrinos.
De esta manera el laboratorio del hospital realizará los test reforzando el diagnóstico de COVID-19, como parte del programa de descentralización en 35 laboratorios dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación. La novedad fue anunciada por la Gobernadora Arabela Carreras en sus redes sociales.
Este paso importante para la provincia permitirá agilizar el proceso de diagnóstico y dar respuesta de la mejor forma al virus en Río Negro.
Hasta el momento, las muestras de hisopados se enviaban al Instituto Malbrán y los resultados podían demorar entre 48 a 96 horas e incluso más. Con la llegada de los reactivos y la habilitación del hospital Zatti el proceso se acelera y los resultados se podrán conocer en menor tiempo.
Además, desde la provincia se trabaja en la validación del Hospital Ramón Carrillo de Bariloche para la realización de análisis.
Cabe remarcar que, durante el fin de semana, personal del Instituto Malbrán visitó el hospital Zatti con el fin de brindar la validación final del gabinete de bioseguridad del Laboratorio de Energía Molecular, y a través de pruebas y mediciones, comprobaron que el laboratorio cumple con todas las normas correspondientes para comenzar a realizar el diagnóstico.
El discurso de la “casta” vuelve a quedar en entredicho. Mientras el gobierno de Javier Milei sostiene un ajuste feroz sobre jubilaciones, salarios y presupuesto público, un decreto firmado por el propio Ejecutivo habilitó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el resto de los ministros duplicaran —y en algunos casos superaran— sus ingresos en pocos meses.
Lejos de tratarse de un aumento menor, los números son contundentes: los ministros pasaron de cobrar alrededor de $3,5 millones en diciembre a más de $7 millones en enero, con una escalada que los llevó a superar los $8 millones en los meses siguientes.
Un decreto que desarma el relato
La suba fue posible gracias a un decreto firmado a comienzos de 2026 que terminó con el congelamiento salarial que regía desde el inicio de la gestión libertaria. La medida alcanzó a ministros, secretarios y subsecretarios, y también impactó directamente en el salario de Adorni, quien quedó equiparado a los ministros.
El incremento no fue simbólico: en apenas meses, los haberes crecieron más de un 100%, llegando en algunos casos al 123%.
La explicación oficial se apoyó en la necesidad de “recomponer” salarios que venían atrasados frente a la inflación. Sin embargo, el contexto político vuelve esa justificación difícil de sostener: el propio Milei construyó su identidad política denunciando a la “casta” por sus privilegios y sus ingresos.
Ajuste para la sociedad, beneficios para arriba
El contraste es evidente. Mientras los funcionarios de primera línea del gobierno veían duplicados sus ingresos, el promedio salarial de los trabajadores argentinos se mantiene muy por debajo, con fuertes pérdidas frente a la inflación.
El dato no es menor: la recomposición se dio en simultáneo con recortes en áreas sensibles como educación, salud y políticas sociales, lo que profundiza la percepción de una doble vara.
En otras palabras, el ajuste no fue “para todos”. Fue selectivo.
Adorni en el centro de la escena
La figura de Adorni aparece particularmente expuesta. No solo porque su salario creció al mismo ritmo que el de los ministros, sino porque su situación patrimonial ya estaba bajo la lupa judicial en paralelo a estos incrementos.
El jefe de Gabinete, que durante meses fue la cara del discurso oficial contra los privilegios de la política, hoy queda atrapado en una contradicción difícil de explicar: defender el ajuste mientras se beneficia de una mejora salarial extraordinaria.
La pregunta incómoda
El caso abre un interrogante político inevitable: si el gobierno justificó despidos, recortes y pérdida de ingresos en nombre de combatir a la “casta”, ¿cómo se explica que sus propios funcionarios dupliquen sus sueldos por decreto?
Y aún más: ¿por qué a Adorni no se le aplica la misma vara que el propio oficialismo exige hacia otros funcionarios cuando quedan envueltos en polémicas patrimoniales o privilegios?
La respuesta, por ahora, no aparece. Pero el contraste entre el discurso y los hechos empieza a ser cada vez más evidente.
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Mientras impulsa un cambio en el proceso de selección de magistrados, Carlos Rosenkrantz traba un concurso para cubrir una vacante clave en la Capital Federal.
Junto con Ricardo Lorenzetti, Rosenkrantz busca modificar el reglamento con el que el Consejo de la Magistratura selecciona a los jueces. Asegura que el proyecto busca transparentar la elección de magistrados, pero en realidad la fuerza motora de ese cambio parece ser el sector más concentrado del establishment.
Pero la presión no cesa. Según publicó La Nación, Lorenzetti y Rosenkrantz comenzaron a citar a la Corte a los consejeros a reuniones individuales y personales para persuadirlos de que no debatan ni modifiquen el proyecto que ellos redactaron, en sintonía con las cámaras empresariales. Una presión pocas veces vista en la historia del Consejo de la Magistratura.
«Nos citaron a declarar. No recuerdo una apretada así», bromeó un consejero ante la consulta de LPO.
La falta de jueces y fiscales es uno de los mayores problemas que tiene la administración de justicia. Para comenzar a subsanarlo, en los últimos meses se enviaron al Senado 62 pliegos para cubrir una parte de las más de 360 vacantes en la justicia.
Nos citaron a declarar. No recuerdo una apretada así.
Esos pliegos habían pasado por el Consejo, que elevó ternas al poder ejecutivo. Tras el cambio de ministro de Justicia, Milei envió un listado al Senado.
Rosenkrantz parece haber puesto todo su empeño en la transparencia de la selección de jueces, aunque aún no entregó el informe correspondiente al Concurso 527, en el que se desempeña como jurado.
Ese concurso es para avanzar con un cargo clave en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Capital. La presidenta del TSJ porteño, Inés Weinberg, también es parte del jurado junto a Carlos Hugo Valdéz y Cintia Marcela Bayardi Martínez.
Rosenkrantz debería haber elevado su informe el 6 de marzo pasado, pero aún no lo envió. El reglamento del concurso prevé que demora más de 10 días en entregar su informe perderá los honorarios estipulados y no podrá intervenir en ningún otro concurso por cuatro años.
Cada yo es un universo particular por donde transcurren historias, sensaciones, pensamientos, modos de afrontar a la realidad, intereses, gustos y disgustos, traumas, ocupaciones y preocupaciones, geografías, alimentos y excrementos, roles, miedos y orgullos, logros y fracasos, escuelas y calles, sillas y medios de transporte, lógicas instaladas y absurdos del aquí y ahora, redes sociales…
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