Con la llegada de los reactivos al hospital Artémides Zatti de Viedma, la provincia ya está en condiciones de comenzar a realizar los análisis para detectar el Coronavirus en pacientes rionegrinos.
De esta manera el laboratorio del hospital realizará los test reforzando el diagnóstico de COVID-19, como parte del programa de descentralización en 35 laboratorios dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación. La novedad fue anunciada por la Gobernadora Arabela Carreras en sus redes sociales.
Este paso importante para la provincia permitirá agilizar el proceso de diagnóstico y dar respuesta de la mejor forma al virus en Río Negro.
Hasta el momento, las muestras de hisopados se enviaban al Instituto Malbrán y los resultados podían demorar entre 48 a 96 horas e incluso más. Con la llegada de los reactivos y la habilitación del hospital Zatti el proceso se acelera y los resultados se podrán conocer en menor tiempo.
Además, desde la provincia se trabaja en la validación del Hospital Ramón Carrillo de Bariloche para la realización de análisis.
Cabe remarcar que, durante el fin de semana, personal del Instituto Malbrán visitó el hospital Zatti con el fin de brindar la validación final del gabinete de bioseguridad del Laboratorio de Energía Molecular, y a través de pruebas y mediciones, comprobaron que el laboratorio cumple con todas las normas correspondientes para comenzar a realizar el diagnóstico.
El gobierno llevó la guerra con Victoria Villarruel al campo de la logística y le negó un helicóptero para que sobrevolara las zonas incendiadas en Chubut.
LPO explicó que la vicepresidenta viajó al Parque Nacional de Los Alerces para acompañar a los brigadistas en una de las áreas del siniestro que arruinó miles de hectáreas.
Ese acto dejó expuesto a Javier Milei, que no sólo no viajó a la Patagonia sino que compartió en sus redes una foto hecha con inteligencia artificial en la que aparece junto a los bomberos en medio de un incendio.
En la Rosada cayó muy mal que Villarruel se hiciera presente en el Sur y por eso le negaron el helicóptero que pidió a la Agencia Federal de Emergencia con el objeto de sobrevolar las zonas afectadas. Esa agencia depende del ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, la delegada de Patricia Bullrich.
La ex ministra tiene una guerra personal con Villarruel, con quien ya tuvo sus primeros chispazos en el Senado, y buscó congraciarse con los hermanos Milei, enfrentados sin retorno a la compañera de fórmula del presidente.
Milei se hizo presente en la zona incendiada pero en el metaverso
El enfrentamiento entre la vicepresidenta y la Rosada es frontal: el secretario de Comunicación, Javier Lanari, que responde a Manuel Adorni, salió a pegarle directamente a Villarruel en las redes. «Todas las herramientas que dispone el Estado están destinadas exclusivamente a combatir el fuego. No están al servicio de la ‘alta política’. Parece mentira. Pero hay quienes todavía no lo entienden…», tuiteó Lanari.
La mención a la «alta política» fue una referencia a una frase que pronunció la propia Villarruel en una entrevista en la que dijo que en el Senado podía ver la alta política. A Milei le molestó esa frase, hecha hace casi un año y medio, y se encarga de demostrarlo cada vez que puede.
Villarruel devolvió el dardo con un posteo en el que anticipó que les pedirá a los senadores que endurezcan las penas para quienes inician el fuego. «Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder», dijo en una chicana contra Bullrich, que volvió a acusar a los mapuches de haber incendiado la Patagonia.
LPO explicó que el fiscal de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, descartó de manera tajante la posibilidad de que haya una acción coordinada de parte de los mapuches, aunque reconoció que la principal línea de investigación es que el fuego fue intencional.
Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita. Todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos, por eso voy a proponer a… pic.twitter.com/KdjHTfc06n
A fondo. Así está siendo la última semana del año en la gestión del cordobés Martín Llaryora con cuatro cambios en su gabinete en poco más de 48 horas, la chance de otra modificación más en el comienzo del 2026 y una reestructuración que tendrá un fuerte impacto en la gestión capitalina del intendente Daniel Passerini. Particularmente, en la sucesión del actual alcalde en el 2027; y en la estrategia electoral que Llaryora empezará a puntear una vez que culmine el Mundial.
Entre el sábado y el arranque de esta semana, Llaryora cerró dos ministerios que convirtió en secretarías, contuvo a quienes encabezaban esas carteras y las reacomodó dentro de Salud y Educación. Ése será el destino, respectivamente, de la saliente ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero; y de quien encabezaba Ambiente, Victoria Flores. Pero, además, este lunes se produjo el pedido de licencia de la legisladora Nadia Fernández para que desembarque dentro del Ejecutivo en la lucha contra el narcotráfico y bajo la órbita del ministerio de Justicia; y el cambio al frente de la jefatura de Policía con el ingreso de Marcelo Marín en reemplazo de Leonardo Gutiérrez.
Todas modificaciones que tienen como nítido objetivo demostrar volumen y territorio de la gestión en la capital cordobesa, además de sumar vocerías dentro de la administración llaryorista.
El gobernador cordobés confía en su gestión, cuando habla de esta en confianza cree que lo que le falta son portavoces, pero que la gente lo respalda. Por eso la decisión de acelerar el proceso de capilaridad en la capital cordobesa sin que esto se parezca una intervención en la administración de Passerini, aunque con la claridad suficiente como para que el mensaje le llegue a la dirigencia del peronismo cordobesista: Llaryora no va a negociar la sucesión de Passerini con ningún sector de la oposición.
Daniel Passerini
Rumor que después de las Legislativas trataron de instalar incluso algunos dentro del peronismo, pero que el llaryorismo puro desactiva por completo. «Decir eso es no conocer a Martín. No va a negociar, ni resignar nada de lo que ya tiene», lanzó a LPO un funcionario de primera línea.
Es más, todos los protagonistas de los cambios de estas horas tienen base en la capital cordobesa y van a tallar, en menor o mayor medida, en la sucesión de Passerini en dos años. Montero tiene partido propio, fue funcionaria en la Ciudad con Llaryora y es aliada directa del gobernador; Flores, también tuvo su paso por el Ejecutivo municipal y suma un dato relevante: será la punta de lanza para limar a Natalia de la Sota cuando la ocasión lo amerite. Fernández, en tanto, tiene respaldo viguista y también su territorio.
Además, los cambios en la Policía, de ser efectivos, van a posicionar aún más al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; y el traspaso de un puro como Marcelo Rodio, desde Transporte a Cultura, significa también anotar otro jugador en los casilleros de los binomios peronistas por la Ciudad.
«Llenamos y llegamos al territorio, todos anotados con peso para la sucesión de Daniel (Passerini) que indefectiblemente es un pato rengo porque no tiene reelección. Entonces en el menú tenemos, sin dudas, más opciones que la oposición», señaló un llaryorista a LPO.
Llenamos y llegamos al territorio, todos anotados con peso para la sucesión de Daniel que indefectiblemente es un pato rengo porque no tiene reelección. Entonces en el menú tenemos, sin dudas, más opciones que la oposición
En simultáneo a los cambios de nombres, asoma también una narrativa sobre la que tallará el llaryorismo de hablar de «dos años de gestión» y un inicio en 2023. Algo que ya se viene haciendo de manera más solapada, pero que tuvo su pico hace unos días cuando el propio Llaryora se refirió públicamente y de forma muy crítica por la administración de la Caja de Jubilaciones y responsabilizó «a todos los partidos».
Y, por último, en la frialdad de los números la mesa chica de Llaryora entiende que cierra el año con la prudente distancia del presidente Javier Milei, sin la necesidad financiera o económica de otros (algunos no dan nombres, pero deslizan las complicaciones de Frigerio en Entre Ríos) y reconocen que el nexo operativo y de gestión con Casa Rosada sigue siendo ‘Toto’ Caputo. «Es el que tiene la firma para acceder al mercado internacional y con el que podemos llegar a tener una mejora a partir de abril por los fondos de la Caja», razonaron un par de ministros durante el fin de semana.
Por las dudas, en Córdoba el ajuste arrancó y el verano estará marcado por los recibos de sueldo con el impacto en los estatales y los cedulones con la rebaja impositiva que defienden desde El Panal.
En Defendiendo lo indefendible, Walter Block propone un experimento intelectual tan provocador como peligrosamente infantil: tomar a los personajes más odiados del capitalismo —usureros, proxenetas, chantajistas, traficantes— y presentarlos no solo como agentes económicos legítimos, sino como benefactores sociales injustamente perseguidos. Textualmente dice Block: “La filosofía libertaria condena únicamente la violencia no provocada, es decir, el uso de la violencia contra una persona no violenta o su propiedad.” El truco es simple, elegante y brutal: reducir toda la moral social a una sola regla, la no agresión física directa.
Para Block, si no hay violencia explícita —golpes, balas, cuchillos— entonces no hay crimen. Todo lo demás es sentimentalismo, prejuicio o histeria colectiva. La explotación, la miseria, la dependencia económica, el abuso estructural o la desigualdad extrema quedan mágicamente fuera del análisis. No existen como problema moral. No entran en el “radar” libertario. Block lo dice de esta manera: “La premisa básica de esta filosofía es que la agresión frente a no agresores es ilegítima” (…) “La filosofía libertaria condena únicamente la violencia no provocada, es decir, el uso de la violencia contra una persona no violenta o su propiedad.” Después, todo lo demás, vale.
Desde esta lógica, el mercado aparece como una fuerza casi sagrada: todo intercambio voluntario es beneficioso por definición. Si alguien acepta pagar intereses usurarios, vender su cuerpo, consumir drogas destructivas o trabajar por un salario miserable, el sistema queda absuelto. No importa el contexto, la necesidad ni la asimetría de poder: si hubo consentimiento formal, hubo justicia.
Después de esta brevísima interpretación de la introducción del libro de Walter Block descubrimos el “truco” del mago circense. Esta ética (para algunos sería la falta de ética) que se encuentra encerrada en este libro marginal queda liberada y sale de la oscuridad para convertirse increíblemente en una práctica de gobierno. No es casual que el presidente argentino haya reunido a su círculo más cercano de funcionarios y les haya regalado Defendiendo lo indefendible. No fue un gesto cultural, un estimula a la producción de libros o una simple provocación cultural: fue una bajada de línea ideológica. Un manual moral para gobernar sin culpa.
Vayamos a lo concreto, a los datos duros, al deleite de todo historiador. Mencionemos sólo cuatro ejemplos:
Caso 1. Las denuncias por el cobro de coimas del 3 % en la provisión de medicamentos para personas con discapacidad, que involucran a la hermana del Presidente, no representarían ningún problema moral bajo la lógica de Block. Nadie fue encañonado. Hubo un trámite, un intermediario y una aceptación forzada por la necesidad. Para el libertarismo radical, no hay corrupción: hay un incentivo dentro de una transacción “voluntaria”. El discapacitado no es una víctima; es un consumidor sin alternativas.
Caso 2. La frustrada candidatura de José Luis Espert, tras confirmarse su vinculación con el narcotráfico, tampoco colisiona con este marco teórico. Para el autor, el narcotráfico, mientras no medie violencia física directa en el intercambio, es apenas un mercado prohibido por el Estado. El problema no es el dinero sucio, sino que el Estado lo persiga. El narco no es un criminal: es un empresario ilegalizado.
Caso 3. La situación de la senadora Lorena Villaverde, a quien la Justicia le embargó sueldo y aguinaldo por haber vendido terrenos que nunca entregó, tampoco constituye una estafa desde esta ética. Walter Block diría que hubo contratos, firmas y compradores “voluntarios”. Si alguien confió, perdió y quedó sin nada, el mercado ya emitió su veredicto. La política y la justicia sobran.
Caso 4. El escándalo de la estafa con criptomonedas conocido como $LIBRA termina de cerrar el círculo. Según denuncias e investigaciones periodísticas, la participación del propio presidente fue un elemento imprescindible para que el esquema pudiera desplegarse: sin su aval político, simbólico y comunicacional, la operatoria no habría tenido ni alcance ni credibilidad. Sin embargo, bajo la lógica de Block, el problema vuelve a disolverse. Nadie fue obligado a invertir. Si alguien perdió sus ahorros, no fue estafado: fue un mal inversor. El daño desaparece. La responsabilidad política también.
Y es recién acá donde el gesto del libro cobra su verdadero sentido.
Primero: es una señal ideológica interna, no un chiste ni una provocación pública. Un presidente no regala libros al azar. Menos aún a su gabinete. Ese libro funciona como un manual doctrinario: no está pensado para convencer a la sociedad, sino para ordenar moralmente a quienes gobiernan. Es una bajada de línea: esto que hacemos no es un error, es teoría.
Segundo: redefine qué entiende el gobierno por corrupción. Block no niega la existencia de prácticas desagradables; las despenaliza moralmente. Si el único límite es la violencia física directa, entonces la corrupción administrativa, las coimas, las estafas contractuales, el tráfico de influencias o el dinero narco dejan de ser un problema ético. Pueden ser feos, pero no ilegítimos. El regalo del libro es un mensaje claro: no se sientan culpables.
Tercero: convierte los escándalos en coherencia. Cuando aparecen casos como coimas en medicamentos, candidatos ligados al narcotráfico o estafas inmobiliarias, el gobierno no los vive como contradicciones de su discurso, sino como daños colaterales aceptables. El libro explica por qué: si hubo consentimiento, firma o necesidad aceptada, entonces el mercado ya habló. La política no tiene nada que corregir.
Cuarto: es una pedagogía del poder. El libro enseña a gobernar sin culpa. A mirar a la víctima como “cliente”. A pensar al Estado como agresor y al poderoso como héroe incomprendido. Regalar ese texto es formar subjetividades de gobierno capaces de administrar el ajuste, la exclusión y la impunidad con una sonrisa tecnocrática.
En síntesis, ese regalo no es simbólico.
Es una confesión ideológica.
Es decirle al gabinete: si algo huele mal, tranquilos, no es corrupción; es mercado.
Y por eso Defendiendo lo indefendible no es solo un libro provocador: es un manual de anestesia moral, es un manual de gobierno, ideal para un capitalismo que necesita convencernos de que la crueldad es libertad y que la miseria ajena es, en el fondo, una elección personal.
Pd. Recuerden, que para ser libertario, hay que ser millonario o ignorante.
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