Con la llegada de los reactivos al hospital Artémides Zatti de Viedma, la provincia ya está en condiciones de comenzar a realizar los análisis para detectar el Coronavirus en pacientes rionegrinos.
De esta manera el laboratorio del hospital realizará los test reforzando el diagnóstico de COVID-19, como parte del programa de descentralización en 35 laboratorios dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación. La novedad fue anunciada por la Gobernadora Arabela Carreras en sus redes sociales.
Este paso importante para la provincia permitirá agilizar el proceso de diagnóstico y dar respuesta de la mejor forma al virus en Río Negro.
Hasta el momento, las muestras de hisopados se enviaban al Instituto Malbrán y los resultados podían demorar entre 48 a 96 horas e incluso más. Con la llegada de los reactivos y la habilitación del hospital Zatti el proceso se acelera y los resultados se podrán conocer en menor tiempo.
Además, desde la provincia se trabaja en la validación del Hospital Ramón Carrillo de Bariloche para la realización de análisis.
Cabe remarcar que, durante el fin de semana, personal del Instituto Malbrán visitó el hospital Zatti con el fin de brindar la validación final del gabinete de bioseguridad del Laboratorio de Energía Molecular, y a través de pruebas y mediciones, comprobaron que el laboratorio cumple con todas las normas correspondientes para comenzar a realizar el diagnóstico.
Un decreto publicado este martes modifica el mecanismo creado en 2003 para la designación de integrantes de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General. Aunque el Gobierno sostiene que busca agilizar los plazos, la decisión reaviva el debate sobre el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el control democrático que ejerce el Senado.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La publicación de hoy del Decreto 467/2026 no pasa inadvertida en el mundo judicial ni en los pasillos de la política. La norma modifica varios artículos del Decreto 222/03, el procedimiento impulsado hace más de dos décadas para dotar de mayor publicidad y participación ciudadana a la designación de ministros de la Corte Suprema, Procurador General y Defensor General de la Nación.
La principal novedad es que el Poder Ejecutivo queda obligado a publicar, dentro de un plazo máximo de treinta días desde que se produzca una vacante, el nombre y los antecedentes de las personas que estén siendo consideradas para ocupar el cargo. La difusión deberá realizarse durante tres días en el Boletín Oficial y en la página del Ministerio de Justicia.
Un cambio que acelera los tiempos políticos
Hasta ahora, el decreto de 2003 regulaba el procedimiento de publicidad y participación, pero no establecía un límite temporal tan preciso para que el Ejecutivo iniciara formalmente el proceso. Con la modificación, el Gobierno busca transmitir la idea de que las vacantes no podrán permanecer indefinidamente sin un candidato oficial.
La norma también endurece las exigencias de transparencia para los postulantes. Además de la declaración patrimonial prevista por la Ley de Ética Pública, deberán presentar una declaración detallando las asociaciones civiles y sociedades de las que forman o formaron parte, los estudios jurídicos donde trabajaron y la nómina de clientes o contratistas de los últimos ocho años, en la medida permitida por las normas de ética profesional.
El texto fundamenta estas modificaciones afirmando que la designación de magistrados constituye «un acto institucional complejo» en el que el Senado cumple la función de controlar públicamente la idoneidad de los candidatos y garantizar la representación federal prevista por la Constitución. El propio decreto reconoce expresamente ese papel de la Cámara alta.
El impacto político detrás del cambio
Más allá del contenido técnico, el decreto llega en un contexto de fuerte disputa por la integración de la Corte Suprema y por el funcionamiento del Ministerio Público.
La decisión puede interpretarse como una señal de Milei de que pretende acelerar futuras nominaciones y evitar que las vacantes permanezcan abiertas durante largos períodos, especialmente en un escenario donde la negociación parlamentaria se volvió uno de los principales obstáculos para el Gobierno.
Sin embargo, el decreto no modifica el requisito constitucional más importante: los candidatos siguen necesitando el acuerdo del Senado, por lo que el Ejecutivo no obtiene una vía alternativa para completar los nombramientos.
En términos políticos, el Gobierno intenta instalar un discurso de mayor transparencia y rapidez administrativa, mientras que la oposición probablemente pondrá el foco en la oportunidad elegida y en la posibilidad de que el nuevo esquema funcione como un mecanismo para presionar sobre futuras negociaciones judiciales.
Una reforma limitada pero con alto contenido simbólico
El Decreto 467/2026 no altera la Constitución ni elimina instancias de participación ciudadana. Tampoco modifica el control legislativo sobre las designaciones. Su alcance es reglamentario y reorganiza los plazos y la información que deberán presentar los candidatos.
Sin embargo, en un escenario donde la integración de la Corte Suprema se convirtió en uno de los ejes centrales de la disputa institucional, cualquier cambio en el procedimiento adquiere una dimensión política mucho mayor que su contenido administrativo.
La decisión de fijar un plazo de treinta días para iniciar el proceso de cobertura de vacantes y ampliar las declaraciones juradas de los postulantes puede ser presentada como una medida de transparencia, pero también funciona como un mensaje político: el Gobierno busca marcar el ritmo de una discusión que inevitablemente terminará otra vez en el Senado y en el centro del debate público.
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El recambio en la Jefatura de Gabinete vuelve a exponer la lógica de concentración política del oficialismo libertario, que ahora deposita ese cargo clave en Diego Santilli, un dirigente que atraviesa distintas etapas del poder político argentino desde hace más de dos décadas y cuya trayectoria está profundamente entrelazada con el PRO, el macrismo porteño y la estructura estatal de la Ciudad de Buenos Aires.
Por Tomás Palazzo para NLI
La salida de Manuel Adorni y su reemplazo por Santilli no solo implica un cambio de nombres: reordena el tablero interno del Gobierno y reabre el debate sobre el perfil de quienes ocupan los principales despachos del Ejecutivo. En ese contexto, el nuevo Jefe de Gabinete asume con un historial político que lo vincula a múltiples espacios de poder, siempre dentro del mismo ecosistema de gestión y negocios del Estado.
De la política porteña al corazón del poder
Diego Santilli inició su recorrido político en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, donde ocupó distintos cargos durante los gobiernos del PRO. Fue parte del armado que consolidó la estructura política de Mauricio Macri en territorio porteño y luego vicejefe de Gobierno durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.
Desde ese lugar, no solo tuvo injerencia en áreas sensibles de la administración, sino que también quedó asociado a un entramado de decisiones políticas y administrativas que, con el correr de los años, derivaron en reiteradas observaciones sobre el modo de contratación del Estado porteño y la cercanía entre funcionarios, militancia y empresas proveedoras.
Contratos, vínculos y la lógica del Estado como ecosistema político
Uno de los casos más mencionados en investigaciones periodísticas refiere a la adjudicación de contratos a una empresa vinculada políticamente a su entorno, SOCIV SRL, que recibió múltiples licitaciones en el ámbito del Gobierno de la Ciudad. Se destacan millonarios contratos para servicios de mantenimiento y obras públicas, adjudicados en el marco de una licitación del Ministerio de Espacio Público y Medio Ambiente porteño .
Otro antecedente remite a la adjudicación del servicio de mantenimiento del Campo de Golf Juan Bautista Segura, por casi 15,6 millones de pesos, también en la Ciudad, en un proceso donde la firma terminó siendo beneficiaria tras la desestimación de otros oferentes .
Estos hechos fueron señalados por distintos medios críticos como parte de una dinámica recurrente de contratación estatal en la que confluyen militancia política, vínculos personales y gestión pública dentro del mismo círculo de poder.
El entramado político y la acumulación de poder
Más allá de los contratos puntuales, el recorrido de Santilli muestra una característica constante: su permanencia dentro de los núcleos de decisión del PRO, acompañando distintas etapas del macrismo desde la Legislatura porteña hasta la Vicejefatura de Gobierno y su proyección nacional posterior.
En paralelo, su nombre ha sido mencionado en investigaciones periodísticas y denuncias mediáticas que apuntan a la existencia de estructuras societarias y vínculos empresariales asociados a su entorno político y familiar, en el marco de un sistema donde la frontera entre gestión pública y redes privadas aparece frecuentemente difusa.
El nuevo jefe de gabinete y la continuidad del poder
Su llegada a la Jefatura de Gabinete en reemplazo de Adorni no introduce una figura externa ni disruptiva, sino que consolida la circulación de dirigentes dentro del mismo universo político que ha gobernado la Ciudad de Buenos Aires durante más de una década.
En ese sentido, el nombramiento de Santilli refuerza la idea de continuidad más que de renovación: un dirigente formado en la estructura del PRO, con trayectoria en la administración pública porteña y fuerte inserción en los engranajes del Estado, ahora trasladado al centro de coordinación del Gobierno nacional.
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