En el marco de su cronograma de formación, la semana próxima la Secretaría de Deporte, llevará adelante tres capacitaciones vinculadas a diferentes temáticas deportivas de manera libre y gratuita.
Las actividades comenzarán el miércoles 30 a las 18 con el curso de autogestión y charla de introducción “Iniciación Deportiva: de la Conceptualización General a las Reflexiones Pendientes” a cargo de Gabriela Slepoy, licenciada en Educación Física y Ciencias Antropológicas y entrenadora de natación quien actualmente desempeña funciones en la dirección de Capacitación, Ciencia y Tecnología aplicadas al Deporte de la Secretaría de Deportes de la Nación. Los interesados en participar de esta jornada deberán inscribirse en: https://forms.gle/esX9MJuW7BvisRPNA
Por otra parte, julio iniciará con la capacitación “Las 7 fases madurativas del futbolista” que tendrá lugar el jueves a las 19.30 y estará a cargo del D.T Enrique Borrelli, quien fue Director General de Fútbol Formativo en Chacarita, Independiente, Argentinos Jrs. y Newell’s Old Boys. Las inscripciones se encuentran abiertas en el siguiente link: https://forms.gle/uyiRtQtPbbHekB2X6
Finalmente el viernes 2 de julio a las 19 se desarrollará la charla taller «Neuroentrenamiento cognitivo y visual en el mediano y alto rendimiento» a cargo de la neurosicoentrenadora, psicóloga social y coach deportiva, Daniela Fuentes y el director del Instituto Argentino de Formación e Investigación en Neuroentrenamiento y Coaching, Pablo Trillo. Aquellos interesados pueden anotarse en: https://forms.gle/gdGfsweuh4TSKgS59
Cabe resaltar que todas las capacitaciones se llevarán adelante de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Para más información contactarse por mail a [email protected] o por teléfono al 299-4049869
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La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó todos los planteos del escribano santafesino Santiago Busaniche, un operador judicial que actúa como lobista de la Justicia Federal que está implicado en causas de corrupción que involucran a jueces federales, financistas y funcionarios del aparato estatal.
Los defensores de Busaniche buscaban que se declaren nulas todas las causas judiciales en su contra, entre ellas las que tiene implicado por extorsión al ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, y que se apartaran de las investigaciones a todos los fiscales federales intervinientes.
Según las posiciones de un caso que implica una interna judicial al más alto nivel, la salida se interpretó como la decisión o de bajarle el pulgar o bien de soltarle la mano a Busaniche, un lobista que gravitó en designaciones de empleados a partir del intercambio de influencias y favores con funcionarios de jerarquía en la Justicia Federal, un hombre ligado al aparato de inteligencia estatal que tiene domicilio en el Palacio Paz, y estrecho conocimiento de magistrados de Comodoro Py, Santa Fe y Rosario.
Con su decisión de este martes, Casación mantuvo la pesquisa iniciada por los investigadores aunque con el voto en disidencia del camarista Mariano Borinsky que tuvo planteos a favor de Busaniche, por considerar que la acción penal está extinguida. Los que desnivelaron fueron los vocales Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques, quienes dieron importancia a que la investigación de la que Busaniche supone corrupción institucional y que Argentina es suscriptor de pactos internacionales que imponen perseguirla.
Uno de los casos que más comprometen a Busaniche es el que lo liga a Bailaque, juez federal que el año pasado renunció a su cargo acorralado por una denuncia por extorsión contra dos agentes de bolsa de Rosario, a uno de los cuales exigieron 200 mil dólares para frenar una causa en su contra por lavado de dinero. En esa trama delictiva, según los fiscales del caso, estuvieron también el financista Fernando Whpei y el ex director regional de la AFIP en Santa Fe Carlos Vaudagna. Los tres están con una causa penal. Los dos primeros en prisión domiciliaria y el último en libertad bajo medidas restrictivas.
Los defensores de Busaniche Carlos Pirotta y Débora Lichtmann señalaban que no hay razones para considerar un caso complejo esta investigación y que los fiscales tuvieron una conducta selectiva al formular sus imputaciones «por razones políticas». Para justificar esto dijeron que los acusadores obviaron citar por ejemplo a Héctor Daniel Marchi, ex administrador general de la Corte Suprema, quien según el antiguo director de la AFIP Carlos Vaudagna instigaba a Busaniche a impulsar las extorsiones a los empresarios.
Esa posición chocó contra los argumentos de los jueces que prevalecieron. «En el caso se encuentra involucrado al menos un funcionario público e integrante del Poder Judicial de la Nación, lo que impone reparar en los compromisos internacionales asumidos por Argentina en punto a la lucha contra actos de corrupción, que imponen un deber de debida diligencia reforzada en su investigación, juzgamiento, sanción y erradicación de este tipo de criminalidad en el ámbito público», afirmó Mahiques.
Para el magistrado es un imperativo «habilitar el avance en el juzgamiento de personas sospechadas de haber intervenido en presuntos hechos de corrupción conforme la obligación asumida en compromisos internacionales por el Estado Argentino en relación con dicha materia».
Santiago Busaniche.
En coincidencia con su colega, el camarista Yacobucci sostuvo que las decisiones objetadas, que habían sido validadas en las instancias judiciales previas, «cuentan con fundamentos válidos y suficientes y los agravios de la defensa sólo muestran una mera disconformidad con lo resuelto, habiéndose garantizado en el caso la doble conformidad judicial».
Los fiscales federales cuestionan a Busaniche en diferentes causas. Una es la aludida que tiene implicados también a Bailaque, Vaudagna y Whpei. Bailaque tiene un pedido de de diez años de prisión y a Busaniche le solicitan seis años de pena.
«Los hechos atribuidos fueron originariamente subordinados legalmente a los tipos penales de prevaricato, en concurso ideal con allanamiento ilegal, a su vez en concurso material con falsedades ideológicas de documento público reiteradas, todos ellos en calidad de partícipe necesario. En tales condiciones y a tenor de la imputación efectuada por el acusador público, no merece reparos la modificación a ‘complejo’ del presente proceso. En efecto, en este legajo se investiga a una pluralidad de sujetos, algunos de ellos funcionarios públicos de alto rango, por hechos de significativa entidad criminógena, que conllevan además significativa proyección y gravedad institucional», sostuvo Mahiques.
El segundo hecho analizado por Casación es la gestión atribuida a Busaniche para que el juez federal Gastón Salmain ordenara al BCRA el pago de 10 millones de dólares durante la vigencia del cepo cambiario para que el administrador de un fideicomiso, el ya mencionado Whpei, pagara una deuda con el exterior. A cambio de esa infrecuente resolución, cuestionada por el BCRA, Salmain habría solicitado un retorno del diez por ciento.
Al imputarlo, el fiscal Juan Argibay Molina sostuvo que Busaniche, es el escribano con la matrícula 320 de la provincia de Santa Fe que está ubicada en Hipólito Yrigoyen 2600 de la ciudad de Santa Fe. Según el fiscal desde 2023 la actividad principal declarada al fisco es servicios notariales. Busaniche estuvo en relación de dependencia en distintos poderes del Estado. Entre 1995 y 1997 en el Consejo de la Magistratura Nacional. Luego en relación de dependencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Posteriormente en la Cámara de Senadores de Santa Fe. Está casado con una hija del ex diputado santafesino Julio Gutiérrez, que es primo político del ex gobernador Carlos Reutemann y fue su armador en la Legislatura provincial en los 90. Es hermano del camarista federal de Paraná Mateo Busaniche.
«Es importante saber que al inicio de los hechos que se investigan, agosto 2019, Busaniche no era funcionario del poder Judicial de Santa Fe ni del Ministerio Público ni de AFIP. Mantenía un vínculo laboral con la Cámara de Senadores de Santa Fe. Ejercitó este rol por fuera de relaciones laborales», indicó Argibay Molina en audiencia.
En este sentido es significativa la relación que Busaniche construyó según los investigadores con la Justicia Federal donde acredita notoria influencia sin ser ni empleado ni funcionario.
La defensa de Busaniche pedía apartar a los fiscales Federico Reynares Solari, Diego Velasco, Juan Argibay Molina, Matías Scilabra, Sergio Leonardo Rodriguez y Esteban Venditti, que pertenecen a distintas procuradurías y jurisdicciones.
El camarista Borinsky entendió que no es Casación la instancia donde recurrir como hacen los defensores pero sí le reconoce que hubo de parte del trámite acusatorio una «anormal forma de proceder respecto a Busaniche» y que eso «conllevó a que se continuara con el desarrollo de la imputación ampliándose los plazos legalmente previstos -que como se viene explicando la defensa no tuvo la oportunidad real de cuestionar y de recibir una respuesta jurisdiccional adecuada». Quedó en minoría.
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Los diputados Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz y Emir Félix, el intendente Federico Achával y el auditor Juan Manuel Olmos lanzaron la convocatoria a un plenario en Parque Norte para este viernes, con el propósito de reunir alrededor de mil militantes peronistas y discutir una agenda que trascienda los debates que, a su criterio, le impiden a la fuerza política tender puentes con la sociedad.
La intención de los impulsores es ordenar la jornada en tres paneles temáticos: «Desarrollo federal sostenible», «Trabajo y Producción» y «Economía con inclusión».
El armado del espacio es una apuesta para eludir la feroz pelea interna entre La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la agrupación de Axel Kicillof. Se produce, además, poco después que Máximo Kirchner saliera a criticar públicamente la idea de construir «un frente anti Milei».
En efecto, los organizadores avisaron de la jugada tanto al gobernador bonaerense como al diputado Kirchner, pese a que no los invitaron. También se encargaron de que supieran de la iniciativa Martín Llaryora y Ricardo Quintela, por mencionar dos jefes territoriales con aspiraciones presidenciales, sin convidarles con la entrada al predio.
Uno de los responsables aseguró ante LPO que habló del lanzamiento con Cristina Kirchner. «Ella deja correr, y después se verá», conjeturó.
Desde la apelación para identificarse con la idea de un «peronismo federal», los legisladores e intendentes que diseñaron la movida reclaman un modelo que contenga las demandas de las provincias, como una articulación superadora de las cuestiones recortadas a las necesidades del AMBA. Eso los pone, casi automáticamente, en tensión con la conducción del PJ a nivel nacional, que responde a Cristina y sigue reivindicando los años de los gobiernos kirchneristas.
Juan Manuel Olmos.
«No se puede seguir defendiendo por una cuestión ideológica que el déficit no es malo, hay una cuestión técnica y nadie puede estar en contra de una macro ordenada», aducen. Ponen como ejemplo los albores de la presidencia de Néstor Kirchner y su celo por los superávit gemelos.
Por otra parte, y como es de rigor, plantean la importancia de definir un programa pero el carácter incipiente de la conversación entre los dirigentes que empujan la creación de este ámbito conspira contra el arribo a síntesis consistentes acerca de qué hacer con el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el comercio exterior y las retenciones o las tarifas, más allá de las consideraciones generales. «Es muy pronto para cuestiones concretas, lo tenemos que discutir para que no nos pase lo que ocurrió en el gobierno del Frente de Todos, nos hacemos cargo», asumen.
No se puede seguir defendiendo por una cuestión ideológica que el déficit no es malo, hay una cuestión técnica y nadie puede estar en contra de una macro ordenada.
En efecto, uno de los dirigentes consultados estima que los vencimientos del FMI no son «impagables», pero que «es necesario acrecentar las exportaciones».
En cuanto a las retenciones, subrayan que los diputados de UP que responden a los gobernadores se impusieron frente a sus colegas de la Capital Federal y Gran Buenos Aires cuando se votó el acuerdo Mercosur-UE. «Fuimos 47 contra 34 y ahí se le pone un tope a las retenciones, porque hay que escuchar el interior productivo, no hay que enamorarse de una herramienta de política económica», afirmaron.
Sobre las tarifas fueron categóricos, reavivando la histórica desventaja de las provincias contra la portentosa Buenos Aires desde la conformación del Estado a partir de 1860. «¿Por qué los cordobeses, los mendocinos o los habitantes de cualquier otra provincia tienen que pagar un boleto muchísimo más caro que acá? El tema de las tarifas es importante ahora en el AMBA por la política de Milei pero para el resto del país es algo con lo que conviven hace años», contestaron.
Como sea, tuvieron un pronunciamiento más claro al ser consultados sobre la eliminación de las primarias que pretende el gobierno. «Nosotros necesitamos las PASO», concluyeron.
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