La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina informa que los días 27 de noviembre y 11 y 18 de diciembre se realizará la reválida de guardavidas para la temporada 2021/2022.
Las inscripciones se encuentran abiertas en la Oficina de Deportes ubicada en Colón 107 o a través del teléfono 2984-651398 de lunes a viernes de 7 a 14 horas.
Los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación como condición previa e indispensable para acceder a rendir la prueba de suficiencia física: copia de DNI, certificado de reincidencia otorgado por la Policía Federal Argentina, libreta de guardavidas y certificado médico de aptitud física debidamente rubricado por profesional habilitado.
El Gobierno descartó prorrogar el programa RenovAr, la principal política de promoción de energías renovables lanzada durante el macrismo, que encerró negociados como los parques eólicos en los que estuvo involucrado directamente el ex presidente y cargó al Estado la obligación de pagar tarifas delirantes y en dólares.
El giro libertario además de ahorrar recursos públicos apunta a que el mercado eléctrico funcione con menos Estado y más contratos privados. Pero en el sector reina una mezcla de entusiasmo y desconfianza. Nadie quiere quedarse afuera, pero tampoco todos están dispuestos a apostar fuerte.
La decisión implica cerrar el capítulo del programa de licitaciones públicas creado en 2016 por el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren durante el gobierno de Mauricio Macri. RenovAr fue la herramienta con la que el macrismo buscó acelerar el desarrollo de parques eólicos y solares.
El Estado, a través de Cammesa, compraba la energía generada mediante contratos a largo plazo surgidos de licitaciones públicas. «El RenovAr se vendió como la gran puerta de entrada de las renovables modernas en Argentina. Y en parte lo fue: aceleró proyectos, trajo algunos players globales y ordenó un pipeline», explicó a LPO un constructor de parques fotovoltaicos. Pero enseguida agregó la otra cara del modelo: «El corazón financiero del programa quedó armado como un traje a medida de los financistas, no del sistema eléctrico argentino».
La estructura contractual explica buena parte de las críticas. Muchos proyectos se firmaron bajo esquemas de PPA en dólares, diseñados para reducir el llamado «riesgo argentino». Los contratos incluían cláusulas de default y cross-default que conectaban obligaciones financieras entre distintos instrumentos.
El corazón financiero del programa quedó armado como un traje a medida de los financistas, no del sistema eléctrico argentino.
En la práctica, un incumplimiento podía disparar consecuencias en cadena: aceleración de vencimientos, penalidades o cambios en el costo del financiamiento. Ese andamiaje convirtió al programa en una red contractual compleja. Cuando la macroeconomía se tensiona, el problema no queda encapsulado en un proyecto. Se expande.
Para sostener esa arquitectura financiera, RenovAr montó un sistema de garantías y seguros de cobro. El objetivo era desacoplar al inversor de la volatilidad argentina. El resultado fue distinto. El riesgo no desapareció: se trasladó. El inversor cobraba con protección contractual mientras el sistema eléctrico absorbía la prima. En términos económicos, la energía podía parecer barata en la licitación, pero el costo real incluía cobertura contra devaluación, contra iliquidez y contra inestabilidad política. El impacto se vio en el costo final del sistema.
Aunque algunas rondas exhibieron precios competitivos en los papeles, la combinación de dolarización, garantías internacionales y financiamiento externo terminó encareciendo el esquema. A eso se sumó un rasgo técnico clave: las renovables tienen prioridad de despacho en la red eléctrica.
El Gobierno ahora mira hacia otro modelo. La idea se acerca al esquema del MATER, el Mercado a Término de Energías Renovables, creado en 2017 como complemento de RenovAr.
En este sistema, el Estado deja de ser el comprador principal. Los generadores venden directamente a empresas privadas con alto consumo de electricidad. El mecanismo funciona mediante contratos bilaterales. Un parque eólico o solar firma un acuerdo de largo plazo con una compañía industrial.
El precio se negocia entre las partes y la electricidad se transporta por la red nacional administrada por CAMMESA. Los compradores suelen ser grandes consumidores: siderúrgicas, petroleras, mineras, cadenas industriales o empresas tecnológicas.
Solo pueden participar grandes usuarios del mercado eléctrico mayorista. En la jerga del sector se los conoce como GUMA y GUME. Los primeros consumen más de 1 megavatio de potencia. Los segundos entre 300 kilovatios y 2 megavatios.
El programa le exige a estas empresas cumplir con una cuota mínima de energía renovable fijada por la Ley 27.191, que estableció como objetivo que el 20% del consumo eléctrico provenga de fuentes renovables. La diferencia central entre ambos esquemas es quién compra la energía. En RenovAr el comprador era el Estado, con contratos garantizados. En el MATER, el comprador es una empresa privada y el precio se negocia libremente.
En teoría, el sistema reduce el peso fiscal y deja que el mercado defina las inversiones. Pero el modelo también tiene límites. El principal es físico. La red eléctrica argentina tiene capacidad de transporte limitada en varias regiones. Los proyectos compiten por espacio en las líneas de transmisión. Sin nuevas obras de infraestructura pública, el crecimiento del mercado queda restringido.
Además, el desarrollo renovable convive con desafíos técnicos. La generación eólica y solar es intermitente. Requiere respaldo térmico, flexibilidad operativa y planificación de la red. Si esos costos no se integran al diseño del sistema, el precio del parque puede ser competitivo pero el costo total del sistema aumenta.
En ese contexto, el clima en la industria es ambiguo. Celebran la desregulación, pero no terminan de confiar. Predomina el clásico wait and see. «Nos frenamos en 2019 y de ahí venimos en picada. Baja el costo, pero también baja la demanda. El negocio pierde rentabilidad», dijo a LPO un generador fotovoltaico que ahora apunta sus proyectos a Perú. «Este año van a licitar 70.000 megavatios. Y allá ni te enterás de lo que pasa en la política».
Un representante de la filial argentina de Fortescue, que desarrolla el Parque Eólico Cerro Policía de 300 MW, fue directo: «La demanda industrial está por el subsuelo. No tengo off takers». Según explicó, el potencial de consumo podría venir de la minería, pero ese escenario recién se vería dentro de varios años. «Y anda a saber en qué condiciones mundiales estamos en cinco años», agregó. El comentario circuló entre empresarios durante
la edición argentina del Future Energy Summit, realizada este miércoles en el Hotel Emperador
.
LPO habló también con un importador de paneles solares chinos, con una visión más optimista. «A mí me está yendo muy bien. La liberalización de las importaciones generó mucho movimiento», dijo. Pero incluso él marcó un dato que dejó pensando a varios. «Casi no hay presencia de empresas extranjeras. Ni en este foro ni invirtiendo en el país. Quizás haga falta un segundo mandato para que arranquen», deslizó.
Lo concreto es que la industria renovable advierte que, con el vencimiento del programa RenovAr, se viene un golpe fuerte para el sector. De alguna manera, lo reconoció el propio secretario de Energía, Damián Sanfilippo, al inaugurar el foro «El sector fotovoltaico es el que más crecimiento tuvo. Estamos trabajando para darle estabilidad fiscal al sector. No va a hacer prórroga de la 27191 pero sí tratar de alguna manera darle la estabilidad fiscal».
En el panel siguiente, las empresas pidieron que el RenovAr se prorrogue. PCR, Total e YPF Luz.
La crisis de la industria textil por la apertura de importaciones y la baja del consumo empieza a afectar a los jugadores grandes del sector. El Grupo Altatex, de la familia Awada, tuvo que reducir el pago de aportes patronales y pagará por al menos tres meses los salarios con un 70% no remunerativo.
El Grupo Altatex es uno de los más importantes del sector textil argentino: tiene más de mil empleados, más de 70 talleres asociados y es dueño de las marcas Cheeky, Como Quieres y Awada. La preside Daniel Awada, el hermano de Juliana, la exprimera dama y cara de la marca que lleva el apellido de la familia que fundó el holding.
El año pasada Altatex inauguró una nueva planta en Tigre para la que invirtió más de 10 millones de dólares y que apuntaba a ser la base para distribuir más de 10 millones de prendas al año. En una nota con La Nación, Awada había apoyado la política del gobierno nacional: «Estoy a favor de la apertura de importaciones. Tiene que servir para regular los precios locales, para que no haya abusos».
Pero la realidad fue más dura y la crisis no perdona. LPO accedió a un documento en el que Altatex informa sobre un acuerdo con los gremios para reducir el pago de cargas patronales durante tres meses, una maniobra de los empleadores para tratar de evitar
medidas más drásticas.
Estoy a favor de la apertura de importaciones. Tiene que servir para regular los precios locales, para que no haya abusos
El acuerdo -homologado por el Ministerio de Capital Humano- fue firmado con los gremiosUnión Cortadores de la Indumentaria (UCI), el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines de la República Argentina (SETIA), y el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA).
Establece que entre febrero y abril Altatex liquidará el 70% de los salarios como no remunerativo, es decir sin el pago de aportes ni contribuciones a la seguridad social. Aclara que el neto del sueldo no se ve afectado y que los aportes a la obra social y sindicales se realizarán sobre el 100% del salario bruto.
Daniel Awada, el intendente Julio Zamora y Mauricio Macri en una recorrida por la planta de Tigre
El acuerdo está sustentado en el Decreto 633/2018 que permite a los empleadores reducir el pago de cargas patronales en un contexto de crisis que tienen que demostrar con documentación en este caso ante la Secretaría de Trabajo. Incluso, puede darse en el marco de un Procedimiento Preventivo de Crisis.
Una fuente del sector explicó a LPO que la reducción de aportes puede ser una instancia para evitar el preventivo de crisis, lo mismo que suele pasar con medidas como las vacaciones anticipadas, suspensión de turnos, el freno temporal de la producción o hasta suspensiones acordadas.
«Es el paso anterior a echar gente. El empleador dice ‘vamos a bajar las cargas para poder pagar salarios’. Es una herramienta de negociación para intentar evitar despidos», explicó un abogado laboralista que conoce al detalle este tipo de conflictos.
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