La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina informa que los días 27 de noviembre y 11 y 18 de diciembre se realizará la reválida de guardavidas para la temporada 2021/2022.
Las inscripciones se encuentran abiertas en la Oficina de Deportes ubicada en Colón 107 o a través del teléfono 2984-651398 de lunes a viernes de 7 a 14 horas.
Los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación como condición previa e indispensable para acceder a rendir la prueba de suficiencia física: copia de DNI, certificado de reincidencia otorgado por la Policía Federal Argentina, libreta de guardavidas y certificado médico de aptitud física debidamente rubricado por profesional habilitado.
La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina organiza el Triatlón de la Vendimia para el domingo 7 de marzo en la Isla 58. La prueba contempla 1,5 kilómetros de natación, 30 kilómetros de mountain bike y 7 kilómetros de running. Los cupos son limitados (hasta 100 participantes). Los interesados pueden inscribirse en…
El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) trasladaba esta tarde a distintos hospitales al menos a 20 adultos mayores de un geriátrico del barrio porteño de San Cristóbal que dieron positivo del nuevo coronavirus. El SAME comenzó a trasladar después de las 19 al menos a 20 adultos mayores del Hogar Geriátrico Catamarca, ubicado…
Tuve la oportunidad de hablar con una madre que me trasmitió su interés de alimentar bien a su hijo. Alrededor de este tema hay muchos mitos desde que el niño nace, lo cual hace a los padres el gremio más criticado. Es importante no volverse locos, y entender que incluir la consciencia en la alimentación…
Martín Otero Monsegur es un empresario tucumano de apellido distinguido, que milita a Milei con la misma pasión que utiliza para atacar al peronismo. Hasta acá nada nuevo. Excepto, que la semana pasada su empresa insignia, Citrícola San Miguel, está en las puertas del default de su deuda en dólares.
Como muchos empresarios grandes de la Argentina, Otero Monsegur aprovechó el dólar barato de Milei para salir a tomar deuda en moneda dura. Y en una historia ya conocida para la Argentina, ahora su empresa tuvo que reconocer que no puede pagarla.
San Miguel es la citrícola más grande del país y apenas en mayo de este año, Otero Monsegur celebraba que «con el cambio económico, pasamos de jugar a la defensiva a jugar a la ofensiva».
Apenas un mes después de esa entrevista, Otero Monsegur tuvo que explicarle al resto de los accionistas que iban a tener que aportar USD 15 millones para enfrentar un vencimiento, que la empresa no podía pagar. El salvataje, fue apenas un parche: Citrícola San Miguel tomó bajo la gestión de Otero Monsegur deuda por USD 250 millones.
Y el momento llegó. La semana pasada, Otero Monsegur tuvo que reconocer a sus acreedores que no iba a poder pagar la deuda. Ahora está enterrado en negociaciones poco elegantes con los acreedores a los que ofreció patear vencimientos por cuatro años y, al mismo tiempo, les pidió una baja de la tasa que acordó cuando les pidió la plata.
En mayo de este año, Otero Monsegur afirmó que «con el cambio económico, pasamos de jugar a la defensiva a jugar a la ofensiva». Este mes, Cirtícola San Miguel tuvo que reconocer a sus acreedores que no va a poder pagar los USD 250 millones de deuda que tomó bajo el actual gobierno.
La reestructuración de la deuda alcanza a las obligaciones negociables series X, XI y XII, por hasta 120 millones de dólares en total, que serán reemplazadas por la emisión de las ON series XIII, de clase A (en pesos) o B (en dólares). Ambas con una menor tasa de interés, del 8% contra el 9,5% anual, y con un vencimiento de 42 meses desde su fecha de emisión.
El caso de Otero Monsegur es un paradigma de una parte importante del empresariado nacional, donde prevalece la mirada ideológica por sobre la salud real de sus negocios, al revés de lo que suele ocurrir en buena parte del mundo. Basta mirar el silencio atronador de la UIA, mientras cierran miles de industrias por año.
Pero encierra además una advertencia estructural al modelo de Milei y Caputo: El riesgo de una crisis de deuda sistémica, que se insinúa en la dificultad de Caputo para conseguir los dólares del próximo vencimiento.
Es que la deuda privada pasó a ser una de las anclas silenciosas del esquema macro, dólares frescos que Caputo utiliza para pisar el valor de la divisa. El caso San Miguel no es una rareza aislada. Se inscribe en un fenómeno más amplio: el festival de deuda corporativa que se aceleró en los últimos meses.
Los números explican por qué el mercado mira a San Miguel como posible punta de un iceberg. La compañía controla cerca del 14% del procesamiento global de limón.
El caso de Citrícola San Miguel encierra además una advertencia estructural al modelo de Milei y Caputo: El riesgo de una crisis de deuda sistémica.
Mientras ajusta cuentas en Argentina, San Miguel siguió expandiéndose fuera del país. En Paysandu, la companía inauguró una planta de procesamiento con una inversión estimada en USD 33 millones. La misma lógica se repitió en el puerto de Coega, uno de los nodos logísticos mas modernos del hemisferio sur, donde San Miguel montó una planta con tecnología de última generación. Tras expandirse en Sudáfrica y Uruguay, elevó su capacidad de molienda en un 60%, superando las 470.000 toneladas anuales.
«Se endeuda acá pero invierte afuera», comentó a LPO un empresario tucumano proveedor de San Miguel.
A las claras, el problema no está en el negocio. De hecho, el resultado operativo muestra margen bruto positivo de mas de USD 18 millones. La grieta aparece en el frente financiero: para el ejercicio acumulado a 2025, la empresa registró un déficit financiero de USD 15,6 millones.
Nació el 17 de diciembre de 1936, hijo de emigrantes, su padre, Mario, era contador, empleado en ferrocarril, mientras que su madre, Regina Sivori, se ocupaba de la casa y de la educación de los cinco hijos. Se graduó como técnico químico, y eligió luego el camino del sacerdocio entrando en el seminario diocesano de…
En pleno drama por los incendios en la Patagonia, el Gobierno nacional busca tratar en el Congreso un proyecto que modifica de manera drástica la Ley de Tierras (26.737): habilita la producción en zonas arrasadas por el fuego y libera la venta de suelo argentino a extranjeros. La iniciativa aparece en sintonía con la ofensiva de Estados Unidos sobre los recursos naturales de América Latina. Un relevamiento científico del Observatorio de Tierras revela datos alarmantes sobre quiénes controlan el territorio, el agua y los minerales del país.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La discusión va más allá de consignas y slogans. Mientras la administración de Milei impulsa cambios que debilitan los límites a la propiedad extranjera, un trabajo del Observatorio de Tierras —integrado por investigadores de la UBA y el Conicet— puso cifras y mapas a un proceso silencioso: la constante entrega de territorios estratégicos a manos foráneas.
El mapa interactivo, desarrollado por la socióloga Julieta Caggiano y el historiador Matías Oberlin, muestra que aproximadamente el 5% del territorio nacional ya está en manos de firmas o Estados extranjeros. En términos concretos, más de 13 millones de hectáreas, una superficie equivalente a toda Inglaterra, escaparon al control nacional.
El truco del promedio y los distritos en rojo
Los investigadores advierten que el discurso oficial —según el cual ninguna provincia supera el límite legal del 15%— es engañoso. El promedio provincial oculta realidades críticas: 36 departamentos del país ya exceden ese tope, lo que vulnera el espíritu de la ley.
Entre Ríos aparece como uno de los casos más graves. Los departamentos de La Paz y Gualeguay alcanzan el 9% de extranjerización (más de 56 mil y 57 mil hectáreas, respectivamente), mientras Concordia llega al 6%. En Santa Fe, el caso emblemático es Garay, donde el 16% de sus 391 mil hectáreas está en manos extranjeras, por encima del límite legal.
Agua, minería y fronteras: nada es casual
El relevamiento demuestra que la extranjerización no es aleatoria: sigue el rastro de recursos estratégicos en un mundo atravesado por la crisis climática y energética. Hay departamentos que superan el 50% de su superficie extranjerizada, como Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta).
Las zonas con agua dulce y nodos logísticos también concentran cifras alarmantes. Localidades ribereñas del río Paraná, como Iguazú, Ituzaingó y Campana, superan el 30%. En cuanto a nacionalidades, Estados Unidos lidera con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España. Entre las tres concentran la mitad de toda la tierra extranjerizada. Para dimensionarlo: los estadounidenses poseen más superficie que la provincia de Tucumán.
“No es una cuestión ideológica, sino de defensa de las capacidades del Estado. El patrón es claro: los casos más críticos están en zonas de frontera y con recursos hídricos o minerales”, explicó Caggiano.
De Menem a Milei: una historia de flexibilización
El informe recuerda que el quiebre contemporáneo se produjo a fines de los años noventa. En 1996, el gobierno de Carlos Menem creó la Secretaría de Seguridad Interior, que habilitó la venta de más de 8 millones de hectáreas en zonas de seguridad fronteriza, áreas protegidas desde 1944 por un decreto que reservaba esas tierras a ciudadanos argentinos.
Esa normativa fue sistemáticamente vulnerada con ventas irregulares y triangulaciones. Casos emblemáticos como Lago Escondido, en manos del británico Joe Lewis, o las tierras patagónicas adquiridas por Luciano Benetton, son parte de ese proceso.
La Ley de Tierras, sancionada en 2011 para frenar la especulación tras el boom de los commodities, fue desde entonces blanco de intentos de flexibilización. Tras el freno judicial al DNU 70/2023 por un amparo del CECIM La Plata, el Ejecutivo de Milei avanzó por la vía política a través del Consejo de Mayo, que avaló cambios sustanciales.
Para los especialistas, la reforma no busca inversiones productivas, sino facilitar la captura de bienes comunes no reproducibles. El caso de Malargüe, en Mendoza —donde la extranjerización del 15% convive con 18 nuevos proyectos mineros— anticipa mayor conflictividad social si el Estado renuncia a su rol de control. “Cruzar estos datos con las inversiones mineras permite entender por qué el mapa es una herramienta de alerta”, señaló Oberlin.
En un contexto de avance de Donald Trump sobre los recursos de América Latina y reimpulso de la doctrina Monroe, el informe advierte que desarmar las protecciones existentes redefine quién decide, quién accede y quién queda afuera. Cuando el agua dulce y la energía son ejes del conflicto global, ceder territorio es ceder soberanía.
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