El Director de Tránsito de la Municipalidad de Villa Regina Mario Figueroa mantuvo un encuentro con propietarios de las bases de taxis de la ciudad con el objetivo de comunicar las medidas adoptadas en el marco de la restricción de circulación entre las 0 y las 6 horas.
En este sentido, se les informó que en la franja horaria mencionada sólo se permitirá el funcionamiento de dos taxis por base, para lo cual deberán informar a Tránsito Municipal los números de licencia de las unidades autorizadas para transitar.
Además, mencionó Figueroa, “se controlará que quienes se movilicen en estos medios de transporte para constatar que se encuadran dentro del personal exceptuado, controles que estarán a cargo de Tránsito y de la Policía de Río Negro”.
“Quienes no puedan demostrar que están autorizados a transitar en ese horario se les va a iniciar una causa penal por infracción a los artículos 239 y 205 del Código Penal y se labrará el acta correspondiente por parte de Tránsito municipal”, precisó Figueroa.
Agregó que “desde la base se consultará a quienes llamen solicitando el servicio de taxi si cuentan con el permiso respectivo, caso contrario no acudirán al llamado. En caso de emergencia de personas que deban concurrir al hospital o a la clínica no tendrán inconvenientes, pero se constatará que efectivamente tengan ese destino”.
Mientras la gestión sanitaria acumula fracasos —desde el caso fentanilo hasta la caída histórica en la vacunación que reabrió la puerta a enfermedades antes controladas—, Milei profundiza una reestructuración del Ministerio de Salud que concentra el poder en áreas administrativas, debilita la política sanitaria y abre de par en par la puerta a privatizaciones y tercerizaciones.
Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable
Un Ministerio que deja de hacer política sanitaria y pasa a administrar un negocio
La nueva arquitectura del Ministerio de Salud, presentada hoy a través del Decreto 866/2025, expone una decisión política nítida: la salud deja de ser política pública y pasa a ser administración de recursos. Todo gira alrededor de lo administrativo, lo financiero, lo contable, lo legal y lo contractual.
Tal manifiesta el Boletín Oficial, la Secretaría de Gestión Administrativa se convierte en el verdadero centro de mando. Controlará el presupuesto, los recursos humanos, la infraestructura, las compras, la logística sanitaria, los sistemas informáticos, la seguridad de datos, las donaciones, los créditos externos, los sumarios y los convenios.
Ese esquema no es técnico: es ideológico. La salud como derecho queda subordinada a una estructura que responde más al mapa mental de una empresa que al de una política pública.
Y llega, además, en un contexto donde la gestión sanitaria de Milei ya mostró que, sin conducción política, los daños se pagan con vidas.
Una gestión que ya fracasó: fentanilo, vacunación en caída y brotes evitables
La reorganización del Ministerio bajo el mando de Mario Lugones no ocurre en el vacío: ocurre en medio de una gestión que ya está desbordada.
Caso fentanilo: la intoxicación masiva por fentanilo expuso gravísimas fallas en control, regulación, vigilancia epidemiológica y articulación entre áreas sanitarias y judiciales. La respuesta del Gobierno llegó tarde, sin estrategia y sin una coordinación mínima.
Vacunación en caída libre: se registró la peor cobertura de los últimos años, con faltantes periódicos y demoras en la distribución de dosis básicas del calendario nacional.
Regreso de enfermedades que estaban controladas: el descenso en la vacunación ya derivó en brotes de sarampión y un aumento preocupante de coqueluche, algo impensado para un país con tradición de inmunización fuerte.
Desfinanciamiento de programas: la merma en presupuestos y el vaciamiento técnico de áreas claves se sienten en las provincias, donde los hospitales denuncian falta de insumos, recortes y desorganización.
Todo esto ocurre antes de la nueva reestructuración. Ahora, con la salud sometida a un aparato administrativo gigantesco, la capacidad de respuesta sanitaria va a ser aún menor.
Centralización de compras y modelo PPP: antesala de privatizaciones
El nuevo diseño insiste obsesivamente en las compras. Entre la Secretaría y sus subsecretarías, las palabras que se repiten son adquisiciones, contrataciones, infraestructura, logística, auditoría, financiamiento externo, bienes y monitoreo financiero.
Esta hipercentralización crea un embudo donde todo pasa por el mismo lugar. Eso ralentiza, encarece y despolitiza la ejecución sanitaria, pero facilita otra cosa: la tercerización.
El texto lo dice sin rodeos: la Subsecretaría de Coordinación Administrativa tendrá competencias para intervenir en proyectos de participación público-privada, una autopista hacia la privatización de:
logística sanitaria,
compra de insumos,
infraestructura hospitalaria,
almacenamiento y distribución,
y parte de los programas nacionales.
En cualquier reestructuración neoliberal, la prioridad administrativa es siempre el prólogo del negocio privado.
La salud, para Milei, es un mercado. Y con este rediseño deja de disimularlo.
Sumarios y auditorías para disciplinar a quienes sostienen el sistema
La Subsecretaría Legal queda convertida en un órgano de control interno con dientes afilados: sumarios, recursos, supervisión de convenios, dictámenes, litigios, control documental.
En paralelo al ajuste, esto huele a disciplinamiento. En cada gobierno neoliberal, el recorte viene acompañado de un aparato punitivo para controlar a quienes sostienen el sistema: trabajadores, profesionales, técnicos, coordinadores de programas. Sin protección política, quedan a tiro de sumarios y recortes.
El mensaje interno es claro: obediencia o sumario.
¿Cómo le pega esto a la gente? Más costos, menos protección y un Estado retirado
El ciudadano común no ve un anexo administrativo. Ve consecuencias:
Medicamentos más caros, porque se pierde poder de negociación y crece la intermediación privada.
Faltantes de insumos, por embudos administrativos que ralentizan compras y entregas.
Programas de vacunación debilitados, en un país que ya vio cómo regresan enfermedades por falta de decisión política.
Menos capacidad de respuesta ante emergencias, como la intoxicación con fentanilo, que requiere coordinación real, no un organigrama de oficina.
Hospitales nacionales y provinciales desfinanciados, porque el ajuste baja por cadena lógica.
Privatización silenciosa de funciones esenciales, desde logística hasta infraestructura.
Un Estado que deja de proteger, porque cada área sanitaria queda subordinada a un filtro administrativo que no entiende —ni prioriza— la salud pública.
Este rearmado no mejora nada: agrava todo lo que ya salió mal.
La salud pública no es un Excel. La salud pública es territorio, vacunas, insumos, vigilancia, hospitales, profesionales y presencia del Estado. Milei logró lo contrario: una gestión que ya mostró su incompetencia y ahora se reorganiza para facilitar negocios privados y profundizar el desinterés por la salud de la gente.
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