El Director de Tránsito de la Municipalidad de Villa Regina Mario Figueroa mantuvo un encuentro con propietarios de las bases de taxis de la ciudad con el objetivo de comunicar las medidas adoptadas en el marco de la restricción de circulación entre las 0 y las 6 horas.
En este sentido, se les informó que en la franja horaria mencionada sólo se permitirá el funcionamiento de dos taxis por base, para lo cual deberán informar a Tránsito Municipal los números de licencia de las unidades autorizadas para transitar.
Además, mencionó Figueroa, “se controlará que quienes se movilicen en estos medios de transporte para constatar que se encuadran dentro del personal exceptuado, controles que estarán a cargo de Tránsito y de la Policía de Río Negro”.
“Quienes no puedan demostrar que están autorizados a transitar en ese horario se les va a iniciar una causa penal por infracción a los artículos 239 y 205 del Código Penal y se labrará el acta correspondiente por parte de Tránsito municipal”, precisó Figueroa.
Agregó que “desde la base se consultará a quienes llamen solicitando el servicio de taxi si cuentan con el permiso respectivo, caso contrario no acudirán al llamado. En caso de emergencia de personas que deban concurrir al hospital o a la clínica no tendrán inconvenientes, pero se constatará que efectivamente tengan ese destino”.
Una vez más, como cada día de la semana el Barrio Santa Rita de la localidad de Villa Regina se encuentra sometido a la indiferencia de un vecino aserradero del barrio. Muy cerca se encuentra una institución deportiva a la que concurren jóvenes de todas las edades de diferentes puntos de la región. Aquí las…
Personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad de Villa Regina trabajó en la reparación del caño que impulsa los líquidos cloacales desde la red troncal de bombeo de barrio Belgrano hasta la laguna. Las tareas se centraron a la altura de la plaza César Rondini en barrio Don Bosco. De acuerdo…
La licitación de la Hidrovía se tensionó al máximo con una presentación de la empresa belga Jan de Nul ante el gobierno nacional para que se descalifique la oferta de su única competidora, la también belga Deme.
Jan de Nul, actual operadora de la vía navegable troncal, hizo una extensa presentación ante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que dirige Iñaki Arreseygor, en la que realiza una serie de observaciones sobre la información económico-financiera y la documentación técnica legal presentada por Deme.
En el documento, al que accedió LPO, Jan de Nul menciona entre las supuestas irregularidades de Deme la presentación de una garantía inválida -ya que no garantizaría los dólares ante la posibilidad de restricciones cambiarias- y datos falsos en los volúmenes declarados.
Jan de Nul también afirma que Deme no cumple con los requisitos económicos mínimos exigidos en la licitación, la presentación de un balance que no puede ser auditado, irregularidades en la traducción y firmas de la oferta, y también que no presentó dragas con la potencia mínima exigida.
además de la pelea por un mega negocio de 10 mil millones de dólares, la disputa entre las empresas belgas tiene un trasfondo político y está cruzada por la interna del gobierno de Javier Milei.
Jan de Nul tiene buena relación con Santiago Caputo, que en un principio estuvo a cargo del armado de la primera licitación, que terminó suspendida en medio de una violenta guerra de lobbys. Los belgas también están vinculados los hermanos Neuss, uno de los grupos ganadores del ciclo libertario, y amigos íntimos del asesor presidencial.
Santiago Caputo
Pero la novedad de las últimas semanas es que Deme encontró refugio político en la interna libertaria: LPO reveló que ejecutivos de esa compañía belga se reunieron con Martín Menem en la Cámara de Diputados.
«Con el acercamiento de Deme a los Menem, ya no se trata solo de quién presenta la mejor oferta técnica y económica para administrar uno de los nodos logísticos más importantes del país. La pulseada empresaria ahora suma un capítulo político evidente», dijo a este medio una fuente al tanto de la disputa.
Así las cosas, la disputa entre Santiago Caputo y los Menem -lo que es igual a decir con Karina Milei- por espacios de poder dentro del gobierno ahora también se juega en un negocio millonario. La palabra final la tendrá Luis Caputo, que está a cargo de la licitación.
La apertura de documentos de la Secretaría de Inteligencia del Estado vuelve a exponer el funcionamiento interno de uno de los organismos más oscuros del país. Infiltración, persecución ideológica y burocracia del espionaje: claves para entender el rol de la SIDE en la historia reciente.
Por Alcides Blanco para NLI
El origen de un aparato pensado para vigilar
La reciente desclasificación de archivos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), difundida a través del portal oficial del Estado argentino, reabre una discusión de fondo sobre el papel que jugó —y en muchos sentidos aún proyecta— el sistema de inteligencia en la vida política del país. Lejos de ser un simple organismo técnico, la SIDE fue, desde su consolidación en la segunda mitad del siglo XX, una herramienta central en la construcción de poder estatal, con capacidad para observar, registrar y clasificar a amplios sectores de la sociedad.
En sus orígenes, la inteligencia estatal se estructuró bajo la influencia de la llamada doctrina de la seguridad nacional, que redefinió el concepto de amenaza. El enemigo dejó de ser exclusivamente externo para convertirse en interno, una categoría amplia y difusa que incluía no solo a organizaciones armadas sino también a militantes políticos, sindicalistas, estudiantes, periodistas e incluso actores culturales. Este cambio no fue menor: implicó que el espionaje dejara de estar orientado a la defensa frente a potencias extranjeras para centrarse en el control de la propia población.
La lógica del enemigo interno y la obsesión anticomunista
Los documentos recientemente publicados confirman con crudeza una característica ya señalada por múltiples investigaciones: la obsesión anticomunista como motor del aparato de inteligencia. La SIDE construyó durante años un mapa ideológico del país en el que prácticamente cualquier actor con capacidad de incidencia podía ser catalogado como sospechoso.
Lo que emerge de estos archivos no es solo la vigilancia sobre organizaciones específicas, sino una lógica mucho más amplia de control social sistemático, donde universidades, sindicatos, medios de comunicación y espacios culturales eran objeto de seguimiento permanente. En ese esquema, la producción de inteligencia no se limitaba a recolectar información, sino que implicaba clasificar, jerarquizar y construir perfiles ideológicos, en una dinámica que preparaba el terreno para la represión.
La amplitud del concepto de “subversión” resulta clave para comprender la magnitud del fenómeno: no se trataba únicamente de combatir a grupos armados, sino de disciplinar a toda una sociedad a partir de la sospecha.
La SIDE durante la dictadura: engranaje del terrorismo de Estado
Durante la última dictadura cívico-militar iniciada en 1976, la SIDE se consolidó como un actor central dentro del aparato represivo. Su función no fue secundaria ni meramente administrativa, sino estratégica: producir la información que permitía identificar objetivos, planificar operativos y coordinar acciones entre distintas fuerzas.
Antes del golpe del 24 de marzo de 1976, el organismo empezó a adecuarse a las tareas clandestinas que se extenderían a gran escala. El 30 de diciembre de 1975, el vicealmirante Aldo Alberto Peyronel –al frente de la SIDE– firmó la resolución secreta 835. Allí disponía que el 1 de febrero de 1976 comenzaría el encubrimiento del personal: toda autoridad debía firmar con nombre de encubrimiento y todos los agentes civiles debían ser mencionados por su nombre de encubrimiento. Quedaba excluido el personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad.
Las investigaciones del Centro de Estudios Legales y Sociales han demostrado que la inteligencia estatal fue un componente estructural del terrorismo de Estado. La SIDE operaba como un nodo que concentraba datos provenientes de distintas agencias y los redistribuía en función de las necesidades represivas, en un circuito donde la información podía convertirse rápidamente en persecución, secuestro o desaparición.
En ese contexto, la inteligencia no era un paso previo aislado, sino una parte constitutiva del sistema represivo. Sin esa producción sistemática de información, el despliegue de la maquinaria clandestina hubiera sido, en términos operativos, mucho más limitado.
La burocracia del espionaje: cómo funcionaba el control cotidiano
Uno de los aspectos más reveladores de los documentos desclasificados es la dimensión burocrática del espionaje. Lejos de las imágenes espectaculares asociadas al mundo de la inteligencia, lo que aparece es una trama de informes, fichas, seguimientos y registros que dan cuenta de una práctica sostenida en el tiempo.
La SIDE funcionaba a partir de una lógica de acumulación constante de información, alimentada por redes de informantes y por la infiltración en distintos ámbitos sociales. Cada dato, por mínimo que fuera, podía integrarse en un sistema mayor de clasificación, donde las personas eran evaluadas en función de sus vínculos, ideas y actividades.
Este carácter burocrático no le quitaba peligrosidad al sistema; por el contrario, lo hacía más eficaz. La repetición, la sistematicidad y la persistencia en el registro permitían construir perfiles detallados que luego podían ser utilizados por las fuerzas represivas. La inteligencia, en ese sentido, era tanto un archivo como una herramienta activa de persecución.
La larga lucha por abrir los archivos
La publicación de estos documentos es también el resultado de una disputa histórica. Desde el retorno de la democracia, los organismos de derechos humanos reclamaron insistentemente el acceso a los archivos de inteligencia, entendiendo que allí se encontraba una parte esencial de la verdad sobre lo ocurrido durante la dictadura.
Durante décadas, ese acceso fue parcial o directamente negado. Si bien hubo avances, como la desclasificación de documentos militares o la incorporación de archivos provenientes del exterior, los archivos de la SIDE permanecieron como uno de los núcleos más cerrados del Estado.
La apertura actual, aunque significativa, llega entonces como parte de un proceso largo y todavía incompleto. La ausencia de nombres propios en los documentos difundidos y la publicación fragmentaria plantean interrogantes sobre la profundidad real de la desclasificación y sobre cuánto material continúa sin ver la luz.
Memoria, verdad y los límites de la desclasificación
La importancia de estos archivos excede el interés histórico. Su apertura tiene implicancias directas en el proceso de memoria, verdad y justicia, ya que pueden aportar elementos para reconstruir el funcionamiento del aparato represivo y, eventualmente, contribuir a causas judiciales.
Sin embargo, la desclasificación por sí sola no garantiza esos resultados. Los documentos requieren un trabajo de análisis, contextualización y cruce con otras fuentes para transformarse en evidencia útil. De lo contrario, corren el riesgo de quedar atrapados en su propio lenguaje técnico, inaccesibles para la sociedad y limitados en su impacto.
En ese sentido, la discusión no es solo qué se publica, sino cómo se publica y para qué.
Un pasado que sigue interpelando al presente
A casi cincuenta años del golpe de Estado, la apertura de los archivos de la SIDE vuelve a mostrar que el pasado no está cerrado. La historia del espionaje en la Argentina no es simplemente un capítulo archivado, sino una dimensión activa en la comprensión del presente.
La SIDE, como institución, encarna esa continuidad entre secreto, poder y política. Sus archivos, aún incompletos, permiten vislumbrar apenas una parte de su funcionamiento, pero alcanzan para confirmar algo fundamental: que el espionaje interno y la persecución ideológica no fueron desviaciones aisladas, sino prácticas estructurales del Estado.
Lo que queda por delante es, quizás, lo más importante. Porque en esos documentos que todavía no se conocen, en esos nombres que aún no aparecen y en esas historias que siguen sin reconstruirse, se juega una parte decisiva de la memoria colectiva argentina.
Por el consumo de bebidas azucaradas, más de 800 mil argentinos se enferman por año . Argentina es uno de los principales consumidores de gaseosas del mundo. La mitad de nuestra hidratación está compuesta por bebidas que contienen grandes cantidades de azúcar. El consumo máximo de azúcar agregada por día no debe ser mayor a…
Tras aceptar un alto al fuego con Irán, Donald Trump amenazó con imponer «inmediatamente» aranceles de un 50 % a los países que provean armas al régimen de los ayatolá.
En paralelo, el líder republicano aseguró que ya están negociando con la República Islámica y considera que ha habido «un cambio de régimen muy productivo» para reducirles aranceles y sanciones.
«El país que suministre armas militares a Irán será inmediatamente gravado con un arancel del 50 % sobre todos y cada uno de los bienes vendidos a EEUU con efecto inmediato. ¡No habrá exclusiones ni exenciones», dijo Trump en su red social Truth Social.
El magnate neoyorquino sostuvo que «Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán, país que, según hemos constatado, ha experimentado un cambio de régimen muy productivo. No habrá enriquecimiento de uranio, y Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterrará y eliminará todos los restos nucleares enterrados a gran profundidad».
Según Trump, durante la actual guerra «no se ha tocado nada» de estos restos nucleares, que permanecen en «estricta vigilancia satelital». Además, planteó que «muchos de los quince puntos ya han sido acordados», aludiendo a su propuesta y no a la de 10 puntos de Irán que supuestamente es el punto de partida de las negociaciones.
El país que suministre armas militares a Irán será inmediatamente gravado con un arancel del 50 % sobre todos y cada uno de los bienes vendidos a EEUU con efecto inmediato. ¡No habrá exclusiones ni exenciones
Por otra parte, el Financial Times publicó este miércoles que Irán exige 1 dólar por barril de petróleo que pase por el Estrecho de Ormuz, pagado en criptomoneda. Antes de la guerra, el tráfico en el Estrecho de Ormuz era aproximadamente 20 millones de barriles por día y ahora la tarifa por barril generaría alrededor de 7.300 millones de dólares anuales para Irán, recaudados fuera del sistema bancario del dólar estadounidense.
Pete Hegseth.
En este marco, dice FT, la tarifa por barril podría aplicarse junto con la previamente reportada tarifa de tránsito de 2 millones de dólares por barco, lo que elevaría los ingresos combinados anuales a aproximadamente 50.000 millones de dólares a volúmenes en comparación antes del inicio del conflicto.
Con este cuadro, Estados Unidos e Irán iniciarán negociaciones con Pakistán el viernes y ante la mirada atenta e China, que tuvo un rol decisivo para alcanzar un acuerdo.
En el duelo de narrativas, Irán dejó en claro que Estados Unidos cedió ante su propuesta y remarcó la resistencia durante estos 40 días. En contraste, el Secretario de Guerra Pete Hegseth, dijo en conferencia que «Irán suplicó por un acuerdo» y afirmó que «cumplieron todos los objetivos».
Mientras esto ocurre, Israel sigue atacando El Líbano y se escuda en que no forma parte del acuerdo anunciado por Trump.
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