El Director de Tránsito de la Municipalidad de Villa Regina Mario Figueroa mantuvo un encuentro con propietarios de las bases de taxis de la ciudad con el objetivo de comunicar las medidas adoptadas en el marco de la restricción de circulación entre las 0 y las 6 horas.
En este sentido, se les informó que en la franja horaria mencionada sólo se permitirá el funcionamiento de dos taxis por base, para lo cual deberán informar a Tránsito Municipal los números de licencia de las unidades autorizadas para transitar.
Además, mencionó Figueroa, “se controlará que quienes se movilicen en estos medios de transporte para constatar que se encuadran dentro del personal exceptuado, controles que estarán a cargo de Tránsito y de la Policía de Río Negro”.
“Quienes no puedan demostrar que están autorizados a transitar en ese horario se les va a iniciar una causa penal por infracción a los artículos 239 y 205 del Código Penal y se labrará el acta correspondiente por parte de Tránsito municipal”, precisó Figueroa.
Agregó que “desde la base se consultará a quienes llamen solicitando el servicio de taxi si cuentan con el permiso respectivo, caso contrario no acudirán al llamado. En caso de emergencia de personas que deban concurrir al hospital o a la clínica no tendrán inconvenientes, pero se constatará que efectivamente tengan ese destino”.
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Mediante el Decreto 24/2026, Milei convocó al Congreso a Sesiones Extraordinarias entre el 2 y el 27 de febrero. En el temario aparece como prioridad la llamada “Modernización Laboral”, una iniciativa que apunta a recortar derechos históricos de las y los trabajadores bajo el eufemismo de la competitividad y que el Gobierno intenta aprobar con el menor debate posible.
El decreto firmado por Milei y Manuel Adorni formaliza la convocatoria al Honorable Congreso de la Nación en pleno receso estival. No se trata de una urgencia institucional ni de una crisis imprevista: el objetivo político es claro y está explicitado en el Anexo I, donde la reforma laboral ocupa un lugar central dentro de la agenda oficialista.
La convocatoria se extiende del 2 al 27 de febrero, un período acotado que reduce los márgenes de discusión pública y parlamentaria. En ese marco, el Ejecutivo busca acelerar proyectos sensibles que no logró imponer durante el período ordinario, entre ellos el proyecto de Ley de Modernización Laboral enviado al Senado como mensaje 35/25.
Una reforma laboral para disciplinar al trabajo
Detrás del rótulo de “modernización”, el proyecto laboral de Milei retoma los lineamientos clásicos del ajuste estructural: flexibilización de las condiciones de contratación, debilitamiento de la negociación colectiva y reducción de costos empresariales a expensas de la estabilidad y los ingresos de los trabajadores.
La iniciativa no surge del diálogo social ni del consenso con las organizaciones sindicales. Por el contrario, responde a las exigencias de los grandes grupos económicos y a la agenda del capital financiero, que desde hace décadas presiona para “abaratar” el trabajo en la Argentina.
La inclusión de este proyecto en el temario de extraordinarias confirma que el Gobierno considera a los derechos laborales como un obstáculo y no como una conquista social. La estrategia es avanzar rápido, con el Congreso funcionando a media máquina y con la atención pública dispersa en pleno verano.
El Congreso como escribanía del ajuste
La convocatoria a extraordinarias también incluye otros temas de alto impacto, como la adecuación de la Ley de Glaciares y la aprobación del acuerdo Unión Europea–Mercosur. Sin embargo, la reforma laboral aparece como el núcleo duro del programa de Milei, una pieza clave de su ofensiva contra el mundo del trabajo.
Al fijar un temario cerrado, el Ejecutivo condiciona el debate parlamentario y presiona a las bancadas para alinearse o quedar expuestas como “obstructoras”. Es el mismo esquema de imposición que Milei intentó desde el primer día de su gestión, ahora reciclado bajo la forma institucional de un decreto de convocatoria.
La designación de Fernando Adolfo Iglesias como embajador también figura en la agenda, pero funciona más como distracción política que como prioridad real. El verdadero interés del Gobierno está puesto en reconfigurar las relaciones laborales para consolidar un modelo de salarios bajos, empleo precario y sindicatos debilitados.
Febrero caliente y resistencia social
La reforma laboral no es un tema técnico ni administrativo: afecta de manera directa la vida cotidiana de millones de personas. Por eso, la decisión de discutirla en sesiones extraordinarias anticipa un febrero de fuerte tensión política y social.
Mientras Milei insiste en presentar el ajuste como inevitable, crece el rechazo de los sectores sindicales y sociales que advierten que detrás de la “modernización” se esconde un retroceso histórico en materia de derechos laborales. El Congreso tendrá la responsabilidad de decidir si actúa como caja de resonancia del ajuste o como ámbito de representación popular.
Lo que está en juego no es una ley más, sino el modelo de país. Y el Gobierno de Milei ya dejó claro de qué lado está.
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