Reunión con dueños de taxis para informar medidas en el marco de las restricciones

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Villa Regina propone una nueva jornada de feria de artesanos reginenses ‘ReEmprender’ para acompañar la música de los ‘Domingos de Plaza’. Además, desde el sector de las casitas de artesanos en la Plaza Primeros Pobladores, saldrá una nueva caminata recreativa por la ciudad. A partir de las…

En el marco del aniversario de Villa Regina, se realizó el domingo último el Torneo ‘Copa Cinesis’ de básquet 3×3 en la cancha del Club Atlético Regina. El Director de Deportes de la Municipalidad de Villa Regina Damián Álvarez estuvo presente en la entrega de premios, oportunidad en la que destacó la realización de la…

 

La modificación profunda que dispuso Milei a través de un DNU del sistema de inteligencia produjo un fuerte impacto por dar facultades históricamente prohibidas para evitar el espionaje interno. La mayor polémica la generó la posibilidad de detenciones concretadas sin control judicial por agentes de inteligencia.

Alberto Binder es especialista en sistemas penales, docente de múltiples posgrados por toda América Latina y presidente del Instituto de Estudios Sociales y Penales (Inecip) alude a una relación histórica entre servicios, política y mundo judicial. 

«La nueva dirección de inteligencia está pensada como un centro de administración de ilegalidades», enfatiza. 

El fiscal que investigó a Cristina por Vialidad suena como coordinador del nuevo modelo acusatorio

-¿Milei crea su policía secreta con este decreto de la SIDE, como denuncia el kirchnerismo? ¿Por qué el Poder Judicial no se ha pronunciado?

-La Constitución dice claramente que el Poder Ejecutivo no puede dictar disposiciones legislativas, leyes, y la Corte Suprema deja hacer esto sin ningún tipo de problema. 

Lo que me interesa destacar es que este gobierno -de un modo aparentemente desordenado y siempre irritando- lo que está haciendo es modificar tres leyes centrales de los primeros consensos democráticos. Son la ley de Defensa Nacional, con este cambio que se hizo de abandonar la conducción civil por la conducción militar. La Ley de Seguridad Interior, con el reformateo de las fuerzas de Seguridad, y la Ley de Inteligencia. Esas eran las tres leyes centrales de la tradición democrática y costaron mucho. 

Este gobierno -de un modo aparentemente desordenado y siempre irritando- lo que está haciendo es modificar tres leyes centrales de los primeros consensos democráticos, como son las leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia, que son las bases de la recuperación democrática.

Son las bases de la recuperación democrática las que se están modificando con esto que sacan. La discusión primordial es que este último decreto, a diferencia del de la mitad del año pasado, está hecho por gente que conoce más el sistema. Su punto más importante es que restablece un modelo muy negativo para la democracia, que es en realidad el modelo menemista. Y es el modelo Stiuso.

¿Qué es el modelo menemista?

Nos empezamos a preocupar de un modo especial de la Inteligencia después del atentado del AMIA. Entonces era jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy y con él la Inteligencia empieza a avanzar fuertemente sobre las facultades de investigación, con nuevas ambigüedades y finalidades sobre la criminalidad organizada. Antonio «Jaime» Stiuso nunca fue director del sistema de inteligencia sino que siempre fue director de contrainteligencia, para utilizar métodos que se acercan a la actividad policial.

-La contrainteligencia para definirla es la actividad que se hace sobre los que realizan inteligencia sobre las instituciones u objetivos nacionales, ¿está bien?

-Claro, esa es la definición clásica de contrainteligencia, que existe para defendernos de los otros servicios de inteligencia, los que atacan nuestros sistemas de inteligencia. Para volver a Stiuso, su modelo es el de una SIDE que avanza sobre las investigaciones criminales, que empieza a ser el gran actor encubierto del Poder Judicial Federal, es el que distorsiona y pervierte Comodoro Py.

Es el creador de personas como Oyarbide y un poder que se preocupa por nombrar jueces federales. Toda la lógica de este modelo de Justicia Federal es lo que ahora está estallando. Porque hay que conectar este mundo de la Justicia Federal con la llegada del sistema acusatorio donde los actos judiciales empiezan a ser más transparentes. Eso produce una tremenda resistencia con tres intentos postergados de implementar el juicio oral que Comodoro Py no quiere y es ahí donde hay que leer la aparición de este decreto. 

Los titulares fáciles son la policía secreta, la persecución de medios, las detenciones sin orden judicial. Eso va a existir y no es menor pero lo que hay es un rearmado del submundo que opera la inteligencia.

Los titulares fáciles son la policía secreta, la persecución de medios, las detenciones sin orden judicial. Eso va a existir y no es menor, pero lo que hay es un rearmado del submundo que opera la inteligencia. Y que se vio con mucha claridad en el último tiempo en la Justicia Federal de Rosario donde quedan expuestas las influencias de este mundo sobre dos jueces acusados de delitos.

-¿Cuál debe ser la tarea de inteligencia legítima en un orden jurídico democrático?

-La tarea de inteligencia legítima es generar información de calidad para toma de decisiones de política muy delicadas. El mundo es complejo. Tenemos amenazas en el espacio ciber, zonas grises entre negocios lícitos y capitales que viven del narcotráfico. 

Un país para tomar decisiones necesita no solo saber cómo se mueven las organizaciones criminales. También conocer cómo se está moviendo China, como van a ser sus relaciones con Estados Unidos o con Rusia, cómo va a jugar la India, cómo juegan nuestros vecinos. 

Conocer todo eso depende de inteligencia nacional y sirve para toma de decisiones estratégicas del país, de sus relaciones exteriores, del descubrimiento de amenazas. Para eso es clave la recolección de información y su análisis. Y esto debe ser hecho por grupos de especialistas que sean confiables.

-¿Y ese trabajo de búsqueda de información se puede autonomizar del pedido de un fiscal y de una orden judicial?

-Hay que distinguir. La inteligencia nacional no tiene nada que ver con una investigación criminal en principio. La inteligencia nacional clásica, la que necesita el país, tiene que ver con informes que recibe el presidente o los ministros para la toma de decisiones. Esas decisiones tienen que ser tomadas con el mayor nivel de información posible. 

Para decidir cómo se va a manejar o que riesgos tienen las relaciones con Estados Unidos, cuál va a ser la política energética hacia China, o descubrir cuáles son las nuevas amenazas de la tecnología en los sistemas informáticos. Todo eso es información que se desarrolla en algo que se conocen como alertas primarias o alertas tempranas. Cuantas más alertas se hacen, mejor funciona un sistema de inteligencia. 

La investigación criminal, la entrada judicial, es cuando ya la inteligencia fracasó. La persecución de un caso de terrorismo la tienen que hacer las policías especializadas en terrorismo, para la prevención de que en la Triple Frontera se estén instalando células de Hezbolá, o del Comando Vermelho o el PCC. Para eso necesito información, con la máxima anticipación posible, sobre si los planes de esas organizaciones son tratar de ingresar a la Argentina. 

Porque en base a esa información hay organismos especializados de prevención, fuerzas de seguridad, que sirven para, a partir de ahí, desarrollar inteligencia. La búsqueda de información de inteligencia nacional no precisa de órdenes judiciales. Cuando ya hay una investigación criminal concreta hacia un grupo específico, entonces sí.

-¿Es posible una profesionalización de la Inteligencia en la actual SIDE? 

-Bueno, el modelo anterior, que se intenta rearmar, impidió que se desarrollara el sistema acusatorio, y esto yo se lo escuché a ministros de la época de Cristina, e imposibilitó que se desarrollara una policía de investigaciones. Estuvimos hablando durante 15 años que necesitábamos un FBI y no lo podemos crear. 

Algo importante es que el movimiento que expresa el decreto lo hizo gente que entiende cómo jugar. Lo que había hecho antes en un decreto anterior el propio Milei, pero era un decreto técnicamente mal hecho. Estos de ahora entienden exactamente lo que quieren.

Porque el que había ocupado ese lugar era la dirección de competencia de inteligencia. Si miramos el narcotráfico hoy la inteligencia nacional es un sinsentido. No hay plan, no hay objetivos, no se hace funcionar coordinadamente a fuerzas de seguridad federales y provinciales, o a los fiscales de un lado y de otro. Ese modelo deriva necesariamente en un sistema privado de negocios. 

La expresión y la debacle de ese modelo está en la figura de operadores territoriales que se van autonomizando como (Marcelo) D’Alessio. Y luego un sector de la Justicia Federal, que como nunca en la historia, lo vemos ahora, tiene niveles de corrupción altísimos. En Corrientes, en Rosario, en Mendoza, esto antes no había ocurrido. 

Algo importante es que el movimiento que expresa el decreto lo hizo gente que viene probablemente de esa época, pero que entiende cómo jugar. Lo que había hecho antes, el decreto anterior, el propio Milei, era un decreto técnicamente mal hecho. Estos de ahora entienden exactamente lo que quieren.

D’Alessio tenía un fallo sobre los cuadernos antes de que lo emitiera la Cámara

-¿Qué le parece lo más disruptivo y lo más preocupante?

-En la exposición de motivos el decreto dice que se busca coordinar la nueva función de la Policía Federal, lo que es relativamente falso, y que hay que corregir los problemas de la Agencia de Seguridad y de Ciberseguridad, cosas que parecen más razonables. Pero el centro del decreto es poner el funcionamiento de la inteligencia no en el análisis y en la producción de información, sino en la contrainteligencia. 

Yo no busco defender el sistema de inteligencia anterior, que es un desorden absoluto sin control. Lo que reclamo es que se pueda conformar un buen sistema de inteligencia, para las necesidades de nuestra democracia.

¿Y eso qué significa? La contrainteligencia, aún en un sistema democrático correcto, tiene una metodología que se acerca a lo policial. Es normal que eso implique hacer investigaciones. Ahora, ¿qué hicieron? Cambiaron la definición de contrainteligencia, porque ahora contrainteligencia no es solamente defenderte del accionar de otros grupos que están tratando de pervertir o de sacarte información de tu propio sistema de inteligencia, sino que pusieron como esencial una metodología policial, más que una metodología de inteligencia y de análisis de información.

-¿Y qué es lo crítico de eso?

-Que el eje deja de ser el análisis y la alerta temprana para centrarse en la investigación de tipo policial, que por otra parte se vuelve permanente y que permite meter a agentes encubiertos en la dinámica del narcotráfico, como en la época de Lauchón Viale con Stiusso (NE: Pedro Tomás Viale fue un ex agente de la SIDE cercano a Stiuso, asesinado a balazos por el Grupo Halcón de la Policía Bonaerense en su casa de La Reja en 2013). 

Para mí el mayor peligro está en que esta nueva dirección de inteligencia está pensada como un centro de administración de ilegalidades. Veamos cómo a través de (el ex juez federal de Rosario Marcelo) Bailaque actuaba un ex agente informal de inteligencia (Santiago Busaniche), instituciones empresarias, el juego ilegal, todo un juego complejo que está en Rosario.

-Bailaque es un ex juez acusado de una extorsión digitada por un lobista, que es Santiago Busaniche, conectado con Héctor Marchi, que era el administrador general de la Corte Suprema. Hay también un juez civil que es Gastón Salmain que es designado de una manera sorprendente y está hoy imputado en una causa penal junto a Busaniche. Es decir, hay un vínculo entre presuntos servicios de inteligencia y magistratura que se está viendo en audiencias judiciales.

-Bueno, es el mundo oscuro en el cual participaban jueces, empresarios, agentes de inteligencia. Se trató de frenar esto durante el gobierno de Alberto Fernández y como pasó con todo lo de Alberto Fernández, quedó en la nada y perdimos la gran oportunidad de reconfigurar el sistema de inteligencia para basarlo en necesidades reales de inteligencia. 

Veamos qué pasa hoy con todo este tema de la AFA y el Chiqui Tapia. ¿Cómo puede ser que tengamos jueces metidos en todo el sistema disciplinario del AFA? Está un juez que es Barroetaveña que está en la Casación Federal, está en el Tribunal Disciplinario de la AFA, está en el Consejo de la Magistratura.

Se trató de frenar esto durante el gobierno de Alberto Fernández y como pasó con todo lo de Alberto Fernández, quedó en la nada y perdimos la gran oportunidad de reconfigurar el sistema de inteligencia para basarlo en necesidades reales de inteligencia.

Lo que yo interpreto es que ese modelo se estaba cayendo. Entonces el decreto viene a reconfigurar eso, donde la inteligencia es el centro de administración y de juego de estas ilegalidades para mantener el control. 

¿Por qué? Porque la Justicia Federal está cambiando, porque la Policía Federal está cambiando, porque los servicios de inteligencia del mundo están cambiando. Con el decreto se están aggiornando normativamente para reconfigurar la vieja lógica.

Yo no busco defender el sistema de inteligencia anterior, que es un desorden absoluto sin control. Lo que reclamo es que se pueda conformar un buen sistema de inteligencia, para las necesidades de nuestra democracia, de conocimiento de las amenazas complejas que hoy existen y de la necesidad de inserción estratégica de Argentina en el mundo. 

-¿Precisamente, qué opina de las dificultades del progresismo para hacer una transformación de la estructura de inteligencia argentina?

-El modelo Stiuso se crea en el menemismo, pero es sostenido firmemente por el kirchnerismo. Con una mano firme como la de Néstor Kirchner, se había armonizado a los intereses del gobierno de entonces, que lo dejó crecer. Cristina, yo creo que en determinado momento, pierde el control. Pero tampoco se anima a destruirlo, no puede cambiarlo. Ahí se dan las reformas del 2015, cuando entra Parrilli, entra Mena, en Inteligencia. Son enmiendas que no se animan a modificar totalmente lo que había. No digo que hacerlo es soplar y hacer botellas pero lo que pretendieron, muy al estilo del kichnerismo, fue generar un mecanismo de control del sistema viejo, que no terminaron de controlar. Se quedaron a mitad de camino, no tuvieron audacia ni intención para un cambio fundamental. 

En el gobierno de Fernández estuvimos insistiendo que había que intervenir y reformatear todo el sistema de inteligencia, y había que cortar los vínculos con la justicia penal y también se quedaron a mitad de camino. Después aparece otro grupo dentro del kirchnerismo, cuyas figuras son Moreau y Tailhade, que otra vez pretenden hacer lo mismo, que es jugar ese juego. 

Históricamente, aunque yo creo que ha ido perdiendo peso, el nosiglismo siempre mantuvo algún sector en los servicios, pero ese sector se está yendo, porque hay gente que se está volviendo vieja. Milani trató de manejar el sistema de inteligencia militar sin éxito. Y Macri tampoco pudo, intentó hacerlo con Angelici y no pudo. Con lo cual, el sistema se fue degradando y desorganizando. 

Hay un problema de fondo: a buena parte de la dirigencia política le interesa manejar este mundo. Y este gobierno, que es mucho más desenfadado, lo que hizo es transparentar ese modelo.

Porque hay un problema de fondo: a buena parte de la dirigencia política le interesa manejar ese mundo.Y este gobierno, que es mucho más desenfadado, lo que hizo es transparentar ese modelo.

-¿Usted cree, como ha dicho Agustín Rossi, que esta reforma también sustituye la inteligencia del Ministerio de Defensa para derivarla directamente a las Fuerzas Armadas?

-Eso fue parte de la modificación de la ley de Defensa. La ley de Defensa de la Democracia estaba basada en la idea de profesionalización de las Fuerzas Armadas, y eso se fue logrando a medias. El nombramiento del actual ministro de Defensa es la modificación de eso, sin hacer mucho bombo y ocultando el problema más grave que nosotros tenemos, que es la obsolescencia profunda de nuestras Fuerzas Armadas. 

Al ver por televisión lo de Venezuela notamos cómo cambió la defensa y los conflictos por esto que se llama la guerra híbrida. Hoy día la guerra es básicamente tecnología, inteligencia, drones y análisis digital. Nosotros estamos desfasados, nuestras Fuerzas Armadas sirven para poco. 

-¿Qué futuro estima tendrá el decreto tras la intervención del Congreso?

-Tengo sospechas de que hay sectores políticos mucho más interesados en tener algún vínculo con esta nueva central de administración de ilegalidades, que con tirarla abajo. Pero la que debería tirar todo esto abajo de un plomazo, y tiene las facultades para hacerlo, es la Corte Suprema. Pero, bueno, sus ministros están callados. 

Hay que empezar a dar una discusión de fondo. Tenemos que discutir el modelo de inteligencia para la nueva etapa de la democracia. Tenemos que discutir el nuevo modelo de defensa y de fuerzas armadas para la nueva democracia, así como tenemos que discutir el modelo policial. Esas son las tres grandes discusiones que tenemos por delante.

 

El Intendente Marcelo Orazi firmó esta mañana el convenio con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro para la provisión de insumos para los establecimientos escolares que se encuentran dentro de la jurisdicción local. El monto es de más de $7 millones. El acto se desarrolló en Cipolletti y contó con la…

 

El peronismo activó los primeros movimientos para voltear el DNU de la SIDE aunque todavía no tenga claro cómo ni cuándo concretarlo. Una diputada meticulosa le dijo a LPO que el Congreso «puede tratar de oficio el DNU», una vez que pasen los 10 días hábiles desde que la Jefatura de Gabinete mande el decreto al parlamento, aunque Martín Menem y Victoria Villarruel no hayan conformado las comisiones correspondientes para emitir dictamen.

El diputado Germán Martínez presentó este viernes, después del mediodía, una nota formal a Menem para que constituya la Comisión Bicameral de Inteligencia y la de Trámite Legislativo, que es la que puede dictaminar a favor o en contra del DNU 941/25, el que convierte al organismo que preside Cristian Aguadra en una «policía secreta» y habilita la persecución y el espionaje total de la ciudadanía. «Ambas comisiones deben abocarse al inmediato tratamiento del decreto», expresó el santafecino.

La jugada del jefe de la bancada peronista es un paso obvio pero crucial para lo que pueda suceder en los próximos días. Si el riojano se niega a conformar las comisiones después de ese reclamo de Martínez, que se suma al del interbloque de Provincias Unidas, podría quedar a tiro de una denuncia por incumplimiento de deberes, explicaron a LPO fuentes de Fuerza Patria.

Por su parte, un grupo de legisladores peronistas presentaron un proyecto de resolución para rechazar el decreto bajo el argumento de que «introduce una alteración sustancial del sistema democrático al otorgar a la SIDE facultades coercitivas incompatibles con el orden constitucional y el principio republicano de división de poderes». La iniciativa fue presentada por la diputada Lorena Pokoik, junto a los diputados Eduardo Valdés, Santiago Cafiero, Roxana Monzón, Nancy Sand, Pablo Todero, Andrea Freites, Hilda Aguirre, Ana María Ianni, Sabrina Selva, Martín Aveiro, Jorge Araujo y Carlos Cisneros, entre otros.

La oposición exige a Menem y Villarruel que conformen la bicameral de Inteligencia por la reforma de la Side

Por lo demás, lo que se conversaba entre peronistas y pichettistas al cierre de esta nota era la posibilidad de colar en recinto el tratamiento del DNU cuando el gobierno retome la agenda legislativa para impulsar la reforma laboral, la iniciativa que Patricia Bullrich debió suspender hasta febrero por falta de apoyo en el Senado. «¿Y si el gobierno no convoca a extraordinarias? Es mejor negocio para Milei dilatar la reforma y espiarnos a todos», dijo a LPO una legisladora incómoda ante la aparente parsimonia peronista.

Más allá del vértigo, el reglamento de la ley 26122, la que impulsó Cristina Kirchner en 2005 y que el Senado no pudo modificar en 2025 después de la media sanción de Diputados, habilita a las dos cámaras a tratar un decreto después de los 10 días de su llegada al Congreso. En este caso, Manuel Adorni debería remitir el DNU al parlamento, como máximo, al cumplirse 10 días de su publicación en Boletín Oficial.

De hecho, el artículo 18 de aquella ley prescribe que la Bicameral trate el DNU de oficio si el Jefe de Gabinete no manda el decreto dentro del plazo estipulado. Los integrantes de la comisión de DNU tendrán, a partir de ese momento, otros 10 días para dictaminar.

Lorena Pokoik, en Diputados.

En tanto, el artículo 20 de esa norma establece que «vencido ese plazo sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto». A eso se refirió el ex ministro de Defensa y ex titular de la AFI, Agustín Rossi, cuando admitió en declaraciones a Radio 10 que «se está conversando con los bloques para poder llevarlo al recinto, pero eso tiene plazos legales».

Un diputado peronista asumió ante LPO que «todavía no está clara la estrategia del bloque». Aunque delegaba esa tarea en las autoridades de la bancada, se quejó de que hubiera «declaraciones pero nada más».

El DNU introduce una alteración sustancial del sistema democrático al otorgar a la SIDE facultades coercitivas incompatibles con el orden constitucional y el principio republicano de división de poderes.

Hasta Sergio Massa había circulado entre los legisladores del Frente Renovador un texto de pomposos bullet para intervenir en el ágora de Twitter, según comentaron en el bloque de Martínez.

Hay, sin embargo, una zona gris para los que están debatiendo el camino a seguir dentro del peronismo. La oposición cree que tiene el número para voltear el decreto pero también presume que Menem puede neutralizar su pelea por abrir el recinto, razón por la cual también existe la chance que alguna organización tramite un amparo ante el Poder Judicial frente a la afectación de garantías constitucionales.