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En una maniobra típica de la casta que dice combatir, Javier Milei nombró como directora del Banco Nación a Carolina Piparo que días atrás terminó su mandato como diputada nacional.

La dirigente platense, que tiene como único antecedente en el sector haber trabajado en el Banco Provincia, recibió el premio por haber integrado el bloque de La Libertad Avanza en el último año de su mandato. Al principio de la gestión Milei, Piparo había roto con los libertarios enojada porque no la designaron al frente de la Anses.

La designación de Piparo en el directorio del Banco Nación tuvo como efecto colateral la ruptura del último puente entre Milei y el «cordobesismo». Es que para hacerle lugar a Piparo, Milei echó al último schiarettista que quedaba la entidad:

Nicolás Carvajal, un hombre de línea directa con el exgobernador Juan Schiaretti. Días atrás, el gobierno ya había echado a Daniel Tillard. 

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«Lo renunciaron», se limitó a decir una fuente con conocimiento del día a día en el Nación respecto a la salida de Carvajal. Con esta decisión, el cordobesismo se quedó sin sillas en el Nación en la semana en la que, desde la provincia mediterránea decidieron endurecer sus críticas a Casa Rosada. 

Primero, con lo sucedido en la Cámara baja en la votación del Presupuesto y los capítulos de financiamiento universitario y discapacidad; luego con el duro mensaje de la senadora Alejandra Vigo en la previa al debate de la ley de leyes en el Senado, y en las últimas horas con el severo reclamo que hizo el gobernador Martín Llaryora por los fondos adeudados a la Caja de Jubilaciones cordobesa.

Carvajal fue históricamente un hombre del riñón de Schiaretti. Incluso, previo a la conformación de Tribuna Peronista, el armado que LPO referenció en su momento como ‘la Cámpora de Schiaretti’ con un nutrido número de cuadros políticos sub-45 que se desparramaron y ramificaron en la última gestión del caudillo cordobés, entre el 2019 y el 2023, y entre los cuales estaban, por ejemplo, el exministro de Salud, Diego Cardozo; y la actual ministra de Desarrollo Social y exesposa de Carvajal, Laura Jure.

La gran mayoría de ellos con nula o escasa sintonía con el actual gobernador Llaryora.

Quien incluso no llegó a poner ningún tipo de reparos cuando Schiaretti enfiló parte de su equipo a la gestión nacional en diciembre del 2023 y entre los que estaban, no sólo Carvajal y Tillard, sino también el extitular de Anses nacional, Osvaldo Giordano. Hombre que, con Schiaretti al frente de la gestión provincial se había desempeñado como titular de la Caja de Jubilaciones y como ministro de Finanzas y con Llaryora nunca tuvo feeling.

En tanto, como parte de los técnicos de Tribuna Peronista, Carvajal se había desempeñado como secretario del ministerio de Educación y previo a su arribo a Buenos Aires en el 2023 estaba a cargo de Apross, la obra social de los estatales cordobeses.

Ahora, con el cordobesismo en ebullición en medio de las tensiones internas y el pase de facturas, la confirmación de la salida de Carvajal del directorio del Nación acentuó la caída en desgracia de la generación más joven del schiarettismo.

 Los últimos días de la política cordobesa desataron un verdadero tembladeral por distintas cuestiones. Porque, pasada la discusión por la reforma previsional, y en medio de las fricciones con Casa Rosada por la sanción del Presupuesto en el Congreso, el llaryorismo empujó en la siesta de este martes un acuerdo para ceder la silla de una fiscalía adjunta de la procuraduría penitenciaria a la UCR que responde a Rodrigo de Loredo.

Cubriendo así una de las vacantes en la polémica Procuraduría del Servicio Penitenciario cuya creación se votó hace unas semanas en la Legislatura provincial.

Todo esto, como uno de los datos sobresalientes de un reacomodamiento que implica el reseteo completo del Ministerio Público Fiscal que aceleró hace dos semanas cuando nombró al ex socio de Juez, Carlos Lezcano, como nuevo jefe de los fiscales y tal cual lo contó LPO.

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Lo sucedido en la siesta del martes se desprendió de la interna radical porque fueron precisamente algunos correligionarios los que alertaron sobre lo que estaba sucediendo puertas adentro de la Legislatura provincial: la postulación de la radical Florencia Degano para una de las fiscalías adjuntas de la polémica procuraduría del servicio penitenciario. Organismo que se sancionó con fuertes cruces de la oposición en la Legislatura a principios de mes y que el oficialismo se vio obligado a quitar dos artículos centrales: cargos vitalicios y jubilaciones de privilegio para los integrantes de la procuraduría.

Lo sucedido en la siesta del martes se desprendió de la interna radical porque fueron precisamente algunos correligionarios los que alertaron sobre lo que estaba sucediendo puertas adentro de la Legislatura provincial: la postulación de la radical Florencia Degano para una de las fiscalías adjuntas.

Sin embargo, el llaryorismo no contó con el aval de la oposición que abandonó el recinto y entre los que, el propio radicalismo se retiró acusando la creación de un organismo ineficiente.

Porción de la UCR de la que sale ahora una de las postulantes para la fiscalía adjunta como Degano, que llega de la mano del exnegrista Julio Ochoa, un hombre afín al presidente del partido, Marcos Ferrer, y quien ayudó para que Degano llegara al directorio del Tribunal de Cuentas, el organismo provincial controlado por el juecismo.

Esto exacerbó los ánimos del juecismo que salió con el jefe del bloque del Frente Cívico, Walter Nostrala, a decir: «repudiamos de manera absoluta el acuerdo entre el gobernador Llaryora y radicales para designar en la nueva y vergonzosa estructura de la Procuración Penitenciaria Provincial». «No se tranza con la corrupción, se la combate. ¿Qué favores se están pagando? Por un lado, les recortan a empleados y jubilados y por el otro Llaryora y radicales plasman este inconfesable, costosísimo y espurio acuerdo para repartirse el poder».

Mismo tono con el que se expresó también el exintendente Ramón Mestre: «la designación de funcionarios judiciales de alto rango entre gallos y medianoche, y la aprobación en general de un presupuesto tramposo para el ciudadano, ambas decisiones, con el supuesto aval de Marcos Ferrer en su carácter de presidente de la UCR, constituyen no sólo una medida inconsulta que nunca fue puesta a consideración en el seno de los organismos partidarios, sino también la pérdida de identidad ideológica».

Repudiamos de manera absoluta el acuerdo entre el gobernador Llaryora y radicales para designar en la nueva y vergonzosa estructura de la Procuración Penitenciaria Provincial.

Cerca de la medianoche, radicales de la Unicameral buscaron despegarse de la maniobra en redes al decir que Llaryora «compró» a la dirigente radical, pero lo cierto es que el vínculo entre Degano y Ochoa, y de éste con Ferrer, existe. Y sobre el acuerdo algunos apuntan a la relación del Secretario General de la Gobernación, el ultrallaryorista David Consalvi, un peronista con domicilio en Río Tercero, la ciudad que gobierna Ferrer y en buena parte una especie de garante para asegurar la continuidad de la UCR en la localidad después del 2027.

En tanto, para la otra fiscalía adjunta fue postulada Guadalupe Trillo, del llaryorismo puro que tambaleó con la purga que hizo en la capital cordobesa el intendente Daniel Passerini en el área de ambiente.

Asimismo, como Procuradora del mencionado organismo, el llaryorismo postuló a Bettina Croppi, la fiscal general adjunta impulsada por el viguismo y quien tendrá ahora el joystick de las cárceles cordobesas.