La Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina llevó adelante reparaciones y actualizaciones en semáforos y señalización vial en la ciudad.
En este sentido, se procedió a cambiar el controlador semafórico en la Avenida Cipolletti, Pioneros y Juan XXIII que había sufrido una rotura producto de un acto vandálico. Además se cambió una torta LED verde nueva de 200 mm.
Por otro lado, se cambiaron dos tortas LED nuevas de 200 mm color verde y una torta LED nueva de 300 mm color rojo en los semáforos de Mitre y Mosconi.
Se colocó un controlador de movimientos semafóricos nuevo, con el correspondiente cableado, dos decrementadores (segunderos) nuevos y dos tortas LED nuevas color verde de 200 mm en los semáforos de Cipolletti y Yapeyú.
Otra de las acciones fue la colocación de cartelería preventiva con dos semáforos intermitentes 100 metros antes de la rotonda ubicada sobre autovía nacional 22, como indicadores de precaución y reducción de velocidad para los conductores que transiten en ambos sentidos de circulación.
Pedro Mairal nació en Buenos Aires en 1970. Cursó la carrera de letras en la Universidad del Salvador. Su primera novela, Una noche con Sabrina Love, ganó el Premio Clarín en el año 1998 y fue llevada al cine en el 2000. En el 2007 fue incluido por el jurado Bogotá 39 entre los mejores…
En virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia del Gobierno Nacional N° 334 que suspende la presencialidad en distintas actividades y en función de garantizar la prestación de los servicios esenciales y necesarios para afrontar la emergencia sanitaria en el marco de las nuevas disposiciones nacionales, la Municipalidad de Villa Regina informa cómo será la…
El copresidente de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana (Eurolat), Jorge Pizarro, dijo este lunes ante la delegación europea de este organismo que América Latina «no será la misma» después de la pandemia de coronavirus, que dejó al continente en una «delicada» situación, y alertó sobre el riesgo de que resurjan «nacionalismos y voces que busquen cerrar…
El escándalo que bordea al legislador del peronismo cordobés Ramón «Cañito» Flores desencadenó un nuevo capítulo en la fricción entre el PJ y la vicegobernadora, la radical Myrian Prunotto. Con cruces por responsabilidades administrativas que se disparan de un lado y del otro, pases de facturas y una oposición agazapada que aguarda la sesión de este miércoles para dar la estocada en el corazón del oficialismo.
Todo arrancó hace un par de semanas con la detención de una persona que, hasta hace poco era asesor de Flores, el legislador del departamento Río Seco. Sin embargo, en ese momento nadie en la Unicameral cordobesa quería pensar que el arresto de José Villarreal derivaría en un escándalo que abrió nuevas heridas similares a las del episodio Bondiola, el capítulo con Guillermo Kraisman, el puntero del peronismo cordobés que terminó detenido por robar bondiola de un supermercado. Liberado y arrestado meses más tarde por pretender cobrar el sueldo con el DNI de una mujer que, después se supo, era parte de la Legislatura y terminó sindicada como la empleada fantasma. Similitudes con el caso Chocolate de la Legislatura bonaerense.
Este episodio es peor. Los detenidos del entorno de Flores están acusados de abuso sexual en perjuicio de cuatro adolescentes, algunas de las cuales les hicieron colocar un chip anticonceptivo y que derivó en una compleja causa que investiga la fiscal Analía Cepede.
Acorralado, el futuro de Flores se definirá en las próximas horas. Porque el pedido de licencia que hizo aun no fue tratado en el recinto y si avanza con esa intención, la discusión se podría dar en la sesión de este miércoles; con una oposición que irá a la carga y donde algunos bloques, como el radicalismo y Encuentro Vecinal no ven otra salida que la expulsión del legislador del PJ.
En el peronismo no descartan una ‘invitación’ a renunciar. De la misma forma que se hizo con el ahora ex concejal Ricardo Moreno, abogado de Claudio Barrelier, el acusado del femicidio de Agostina Vega.
Sin embargo, el lodo no termina únicamente en el caso del legislador Flores. En una situación que salpica incluso a otros intendentes y ex alcaldes del norte cordobés. Sino que el contexto le empantanó la Legislatura al cordobesismo que debía avanzar en el tratamiento del pliego del sucesor de la jueza electoral Marta Vidal.
El lodo no termina únicamente en el caso del legislador Flores. En una situación que salpica incluso a otros intendentes y ex alcaldes del norte cordobés
Donde, cuyo concurso, tuvo como ganador a Guillermo Arias, quien hasta ahora se desempeña como secretario legislativo en la Unicameral y es parte del microclima que vio conmocionado en las últimas semanas. Es decir, en medio de esta tensión debe estar expectante sobre la definición de su futuro, porque la licencia que pidió Vidal vence el domingo próximo y el recinto tiene que debatir el pliego de Arias para convalidar esa sucesión.
A semanas de la elección en Marcos Juárez que tendrá el estreno del nuevo juez electoral.
El problema del uso del espacio aéreo y público en Villa Regina ya es un tema que está sobre la mesa, no solo los vecinos han expresado su preocupación sino que el legislativo lo tomó como un tema relevante a solucionar y presentó un proyecto de ordenanza (en conjunto entre JSRN y SVR) próximo a…
La Cámara Penal de Rosario confirmó por unanimidad de tres jueces la condena al ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, en un caso de corrupción que toca de lleno a un sector activo de la política santafesina. En primera instancia otros tres jueces, también de modo coincidente, ya había encontrado culpable a Serjal de recibir sobornos de un capitalista de juego ilegal para no investigarlo y le impusieron nueve años de prisión. A un empleado de la fiscalía, Nelson Ugolini, lo habían condenado a cinco años, pena que quedó refrendada.
Este caso tiene como principal novedad que implica a un poderoso actor de la política contemporánea de Santa Fe que no fue juzgado pero que está ya imputado de ser jefe de la misma organización en la que Serjal desde este miércoles con su condena confirmada. Se trata del senador Armando Traferri, uno de los hombres fuertes del peronismo santafesino desde hace dos décadas, quien no fue a juicio en este caso porque resistió durante cuatro años amparándose en sus fueros.
En el fallo que condena a Serjal también queda complicado Traferri porque de los tres camaristas hay dos que reconocen el delito de asociación ilícita. Son los jueces Ismael Manfrín y Carolina Hernández. El que entiende que no hay asociación ilícita es Javier Beltramone, presidente del tribunal, que quedó en minoría.
Este caso fue, a lo largo de los seis años que duró el trámite, un muestrario por demolición de cómo una construcción de poder en que está la política institucional, importantes medios de comunicación locales y estudios profesionales hicieron todo lo posible por tumbar un caso que seis jueces consideraron sólido, aunque uno le haya dejado a Traferri de una forma muy minoritaria la idea de que no hay asociación ilícita.
Ese derrotero incluyó haber corrido con acusaciones que nunca prosperaron judicialmente a los dos fiscales que iniciaron la investigación. Dos fiscales colegas de estos los acusaron de haberse valido de una informante de modo ilegal para amañar evidencia. La prueba colectada por esos dos investigadores iniciales, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, fue convalidada ya como legítima y contundente de un delito de corrupción que incluye a políticos, a funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y a abogados en ejercicio de la profesión que están aún en una etapa inicial de imputación. A pesar de una enérgica estrategia para desacreditarlos y, como pedía Traferri en una expectativa lograda, correrlos del caso.
En abril pasado, cuando arrancaron las audiencias de revisión de la condena, se habló de Traferri en cada jornada de audiencia, como pasó durante el juicio de primera instancia que fue en 2025 y duró dos meses. Esto porque se señaló que el histórico senador provincial es según el equipo de fiscales también organizador del mismo delito atribuido a Serjal, como jefe de la «pata política» de la organización criminal, que comprendía funcionarios legislativos y políticos, para garantizarle cobertura al capitalista de juego Leonardo Peiti, a cambio de dinero para campañas políticas y para hacer lobby en favor del empresario. Peiti aspiraba a obtener licencias de juego online en la Legislatura. Esto mismo quedó plasmado en la sentencia que en noviembre pasado por unanimidad condenó al ex fiscal regional.
La condena a Serjal dictada hace nueve meses había sido interpretada como una condena al senador ya que los jueces, en forma coincidente, habían considerado inequívoca la pertenencia del senador a la asociación ilícita que le mereció al conductor de los fiscales una pena por ese delito, por cohecho y prevaricato.
«Vamos a ver cuántos políticos santafesinos salen a hablar de este fallo mañana. La forma en cómo la política se cuida a sí misma se va a ver ahí», dijo un funcionario judicial que habló este miércoles con LPO con la resolución recién difundida.
A lo largo de este caso existió una descarga contínua de acciones para demoler esta imputación ahora convertida en condena ratificada. Se armaron acusaciones contra los fiscales que salían en medios periodísticos de Rosario y Santa Fe antes que tener trámite iniciado en sede penal. La defensa de Serjal organizó como primera y visible estrategia no atacar la prueba por endeble, algo que los jueces no vieron, sino la conducta privada de los fiscales. Una cosa llamativa es que los principales testigos de la defensa fueron fiscales que armaron conjeturas de delito de los acusadores que resultaron pulverizadas por los jueces. Los que acusaron en especial a Edery, sin encontrar validación, fueron los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno, actualmente camarista penal.
Ahora viene el juicio de Traferri con el antecedente de que a Serjal se lo condenó por asociación ilícita. El camarista Beltramone que no vio asociación ilícita no va a poder participar de ese juicio. Era un magistrado que rechazó una recusación por tener una relación con uno de los miembros de la asociación ilícita investigada, algo que luego fue ratificado por un tribunal.
Los análisis sobre este caso se desplegaron de inmediato por una tribuna de funcionarios judiciales que vieron en este trámite un caso testigo de la política santafesina y sus relaciones con el mundo empresarial y de la Justicia. Un importante funcionario de Rosario que no participó de este caso le dijo a este medio que este fallo es un gran problema para Traferri.
«Quemaron el voto de Beltramone ahora, en vez de reservarlo para cuando sea juzgado Traferri. Se veía este voto disidente como algo previsible y en los pasillos estaba anticipado. Ahora el senador no va a tener ningún voto asegurado. Quizá en el juicio que viene contra Traferri se podía construir una mayoría contra la asociación ilícita. Difícil que pase. De seis jueces en este caso por asociación ilícita condenaron cinco. Acá hubo todo el tiempo estrategia para tumbar el caso. Otra vez se equivocaron», analizó.
En la condena a Serjal los jueces de primera instancia lo nombran a Traferri 104 veces en un texto que tiene casi el doble de páginas. Lo hicieron porque no se puede explicar ni entender para ellos el funcionamiento de la organización criminal, dicen, sin aludir al rol predominante del senador. En el juicio el capitalista Peiti admitió al declarar que le había dado 200 mil dólares a Traferri para la campaña política. Y que también le pagaba a Serjal para no ser investigado.
Armando «Pipi» Traferri
La acusación sostuvo la existencia de una asociación ilícita destinada a usufructuar el dinero de una red de juego clandestino y apuestas electrónicas sin autorización, activa al menos entre el 24 de abril de 2017 y el 24 de julio de 2020, con centro de operaciones en Rosario y ramificaciones en Gálvez, Villa Gobernador Gálvez, Reconquista y Rafaela.
Los camaristas Manfrín y Hernández adhirieron a Beltramone en las imputaciones de cohecho y peculado, pero para ellos hubo asociación ilícita. Rechazaron la exigencia de prueba directa del pacto. Como la asociación ilícita se configura en un ámbito privado, íntimo o secreto, dijeron que es «contraintuitivo» reclamar pruebas directas y explícitas, como si se tratara de un contrato formal. Para Manfrín y Hernández, son los elementos indiciarios y periféricos, valorados en conjunto según la sana crítica, los que permiten inferir el acuerdo de voluntades.
Sin embargo, el voto de Beltramone que desconoce la asociación ilícito lo hace en virtud de violación supuesta de garantías para los juzgados y puede ameritar que la disputa del caso prosiga. Este juez se refirió al rol del arrepentido aplicado antes de su regulación procesal expresa en Santa Fe para avanzar en este caso y la depuración de valoraciones sobre terceros ausentes. Estos son los ejes sobre los que probablemente se discuta si el caso sigue escalando.
No obstante estos señalamientos hay planteos que implican cuestiones para que se revisen ocurridas en la fiscalía. Un capítulo relevante del voto de Beltramone son discordancias e interrogantes que a su criterio exigen control. Una es que no se dio una definición procesal sobre una maniobra extorsiva sufrida en 2019 por el capitalista Leo Peiti, con un legajo sin imputados. También la contradicción entre la imputación inicial de Peiti como integrante del plan extorsivo contra el financista Pablo Fortuny y su posterior «desaparición procesal» sin resolución fundada.
«Hay cuestiones donde parece faltarles información a los sentenciantes y si es así serían errores groseros. A Peiti le archivaron la causa de Fortuny. La «discordancia» que mencionan es porque hubo un acuerdo institucional del MPA para que algunos actores se investigaran en otra jurisdicción. Y eso se hizo», comentaron a LPO desde el MPA sobre esas observaciones.
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