La Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina llevó adelante reparaciones y actualizaciones en semáforos y señalización vial en la ciudad.
En este sentido, se procedió a cambiar el controlador semafórico en la Avenida Cipolletti, Pioneros y Juan XXIII que había sufrido una rotura producto de un acto vandálico. Además se cambió una torta LED verde nueva de 200 mm.
Por otro lado, se cambiaron dos tortas LED nuevas de 200 mm color verde y una torta LED nueva de 300 mm color rojo en los semáforos de Mitre y Mosconi.
Se colocó un controlador de movimientos semafóricos nuevo, con el correspondiente cableado, dos decrementadores (segunderos) nuevos y dos tortas LED nuevas color verde de 200 mm en los semáforos de Cipolletti y Yapeyú.
Otra de las acciones fue la colocación de cartelería preventiva con dos semáforos intermitentes 100 metros antes de la rotonda ubicada sobre autovía nacional 22, como indicadores de precaución y reducción de velocidad para los conductores que transiten en ambos sentidos de circulación.
Santiago Viola se juega la confianza de Karina Milei en el destino de los casos Andis y Adorni, ambas investigaciones en manos de Ariel Lijo. Después de una semana traumática para el gobierno, signada por la pelea con Patricia Bullrich y la batalla por el pliego de la cuñada de Alconada Mon, el foco de la secretaria General de la Presidencia podría virar de Juan Bautista Mahiques al apoderado de LLA.
Fuentes del Congreso dijeron a LPO que el joven abogado le había prometido a la hermana presidencial y a Javier Milei su capacidad para administrar las causas que los martirizan. «Viola le vendió a Karina que iba a poder controlar a Lijo porque había trabajado mucho tiempo con él», comentaron.
La jugada del abogado revela una autoestima elevada. En Comodoro Py, la familia judicial no olvida que fue partícipe de la operación con la que instaló, a través de dos testigos falsos, que el juez Sebastián Casanello se había reunido con Cristina Kirchner en la residencia presidencial de Olivos. «Eso se paga, independientemente que Casanello guste más o menos», deslizó un magistrado.
Por eso, parece difícil que Viola cuente con recursos como para persuadir a Lijo de frenar la investigación sobre las coimas de la Andis o el patrimonio del Jefe de Gabinete, cuando las pruebas que sobre sus inconsistencias patrimoniales son de tal magnitud que hunden las mejores intenciones de ayudarlo.
Viola le vendió a Karina que iba a poder controlar a Lijo porque había trabajado mucho tiempo con él.
LPO reveló que ya le pasó a Adorni algo similar: el jefe de Gabinete no tuvo mejor idea que ir al despacho de Mahiques para que lo auxilie con su llegada al fiscal Gerardo Pollicita, quien lleva adelante la causa en su contra.
Mahiques llamó a Pollicita con Adorni presente para pedirle -en tono canchero- que lo ayude. Pero el fiscal cortó la comunicación de forma abrupta, ofendido por la brutalidad del acercamiento. En esa misma época el ministro de Justicia intentó usar el envío del pliego de José Tomás Rodríguez Ponte, un protegido de Lijo, como rehén para condicionar al juez federal. No le fue mejor y tuvo que terminar soltándolo, sin mayores seguridades.
Hasta ahora, Viola ha gozado del beneficio de ser el hijo de Claudia Balbín, una operadora radical de larga trayectoria que cultiva una profunda amistad con la jueza María Servini, quien considera «un sobrino» al viceministro de Justicia. Acaso el afecto de ambas mujeres le haya alcanzado hasta el momento pero en el gobierno siguen esperando los resultados que prometió a Karina en las causas que tiene Lijo.
¿Será necesario llegar a situaciones límite para despertar? Los últimos años trajeron un poco más de conciencia en todos los aspectos, es innegable que la llegada del covid 19 nos sacudió en varias formas y que, de alguna manera, fue un punto de inflexión para que algunos entendamos que la vida es aún más finita…
“Las declaraciones de Gallardo están en línea con lo que queremos hacer nosotros. Estamos definiendo los protocolos necesarios para que vuelvan los entrenamientos” dijo el funcionario en Radio La Red (AM 910). Durante la semana, en declaraciones radiales, el entrenador ‘millonario’ había manifestado la urgente necesidad de reactivar el regreso de los jugadores a las…
El fiscal Franco Picardi citó a declaración indagatoria para el próximo 3 de junio al empresario Alan Pocovi, por sospechas de lavado en la causa Andis, y su testimonio podría complicar a Martín y Lule Menem.
Fuentes de Comodoro Py comentaron a LPO que Pocovi, medio hermano del hijo de Zulemita Menem, formó parte en el entramado de operaciones que coordinaba Miguel Calvete para el presunto desvío de fondos de la Andis. El nombre de Pocovi aparece en los chats de los teléfonos que la Justicia investiga: su rol habría sido el de recibir dinero en una misteriosa oficina de la calle Madero al 900, en el barrio de Catalinas, y concretar las transferencias por millones de pesos que demandaba Calvete.
Desde el gobierno niegan contacto con Pocovi. «Alan Pocovi es hermano de Kevin Pocovi. Kevin Pocovi es medio hermano del hijo de Zulemita. No tiene relación con Martín ni Lule, jamás la tuvieron», aseguran.
La investigación de la causa Andis tramita en el juzgado de Ariel Lijo, que tiene a maltraer al gobierno, y un camarista al tanto del caso admitió que Pocovi también aparece en maniobras sospechosas con contratos de Vialidad Nacional. En los tribunales de Retiro miran de reojo la facilidad del hombre de Calvete para aplicar a distintos rubros.
En efecto, una investigación del portal El Disenso reveló que el titular de Vialidad, Marcelo Campoy, habilitó el otorgamiento de obras por 1292 millones de pesos en mayo de 2025 para la familia Pocovi. Campoy está unido al clan del ex presidente Carlos Menem desde la década del 90 y, de hecho, ocupó el mismo cargo que ahora en 1999, cuando todavía gobernaba el riojano.
El registro de visitas a la Casa Rosada arroja que, en los últimos dos años, Campoy se reunió con Lule Menem en más de 30 ocasiones. «Se reunió en 32 ocasiones en la Casa Rosada; 28 de esas visitas fueron por asuntos privados, ya que estos encuentros no fueron consignados en las actas oficiales de audiencias», dice El Disenso.
Ariel Lijo.
Para colmo, el cuñado de Campoy es Diego Eugenio Cadel, socio comercial del presidente de la Cámara de Diputados en la firma Damg Producciones Deportivas SRL. El emprendimiento de Martín Menem habría surgido en 2008 y está vinculado a la organización y publicidad de eventos deportivos.
Con el arribo de Campoy a Vialidad Nacional, Pocovi logró convertirse en proveedor del Estado para el «Servicio integral de corte de pasto, desmalezado y cortafuego 2025». La empresa que logró la adjudicación se llama He Vras SRL y es una constructora formada entre las PASO de 2023 y el ballotage que Javier Milei le ganó a Sergio Massa.
El nombre de Pocovi aparece en los chats de los teléfonos que la Justicia investiga: su rol habría sido el de recibir dinero en una misteriosa oficina de la calle Madero al 900, en el barrio de Catalinas, y concretar las transferencias por millones de pesos que demandaba Calvete.
La propiedad de la firma está registrada a nombre de Pocovi y Cipriano Arriola Cabrera. Aunque se lo define como «empresario paraguayo», su domicilio fiscal está fijado en un barrio popular de Quilmes y hasta habría cobrado el IFE (ingreso familiar de emergencia) durante la pandemia.
El hallazgo periodístico del portal indica que, lejos de abortar la contratación de esa empresa, por el compromiso de su dueño en la causa Andis, Campoy le extendió en diciembre pasado la exclusividad del contrato hasta junio de este año. Solo habría tenido la astucia de no firmar la prórroga, acción que delegó en Ariel Paz, Jefe de Compras de Vialidad Nacional.
Otro detalle de la jugada es que mientras que el servicio original fue valuado en $1.292 millones, en diciembre se fijó un precio de $2.584 millones para la misma función. Se trata de una suma que duplica el contrato anterior, acaso un acuerdo que mina la confianza en los índices económicos que defiende el gobierno.
La renuncia de Néstor Lamboglia a la presidencia del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad expuso el problema de fondo del organismo: fue creado para controlar a las empresas, pero nació sin poder real para hacerlo. A menos de un mes de haber asumido, Lamboglia dejó el cargo y será reemplazado por su vice, Vicente Serra, en medio de una interna por la puesta en marcha del ente que fusionó al Enre y el Enargas.
La salida se conoció este lunes y tomó por sorpresa al sector energético. Lamboglia había sido designado al frente del nuevo organismo el 12 de mayo. En el directorio quedaron Vicente Serra como vicepresidente y Marcelo Nachón, Griselda Lambertini y Héctor Falzone como vocales. Menos de tres semanas después, el presidente ya estaba afuera.
La explicación formal habla de una interna dentro del directorio. Según publicó el sitio especializado EconoJournal, Lamboglia mantenía una fuerte disputa con Marcelo Nachón, ex interventor del Enargas, por contratos, asesores, oficinas y el armado administrativo del nuevo organismo. La pelea venía desde antes de que el ente terminara de constituirse y se agravó con la convivencia de las dos estructuras.
El punto más sensible fue salarial. El Post Energético reveló que en el organismo se discutía una recomposición de hasta el 30 por ciento para parte del personal, sobre todo para achicar la diferencia entre trabajadores provenientes del ex ENRE y del ex Enargas. La propuesta incluía un concepto «puente» en los recibos de sueldo, remunerativo y bonificable.
Pero en el sector creen que esa pelea no alcanza para explicar la renuncia. «No tenía margen de movimiento», dijo a LPO una fuente que conoce la interna del organismo. La frase resume el problema. El ente debía regular gas y electricidad, pero las decisiones centrales ya estaban tomadas en otro lado. Lamboglia quedó sentado en una oficina con responsabilidad formal y escaso poder político.
La renuncia de Lamboglia deja al descubierto esa contradicción. El Gobierno dice que quiere ordenar el sistema energético, pero al mismo tiempo avanza con condonaciones, recortes de subsidios, cambios tarifarios y reacomodamientos empresarios sin darle al regulador un lugar real en la mesa. El ente queda para firmar, no para decidir.
La muestra más clara fue el proyecto que el Gobierno mandó al Congreso para condonar deudas de Edenor, Edesur y otras distribuidoras con Cammesa. LPO reveló que el monto alcanza los 1.842 millones de dólares. La iniciativa permite que las empresas descuenten de sus deudas los ingresos que dicen haber dejado de percibir por atrasos tarifarios. Diputados le dio media sanción al proyecto junto con el recorte del régimen de Zona Fría.
Según fuentes del sector, Lamboglia se enteró por los medios de los detalles de esa iniciativa. El presidente del organismo encargado de controlar a las distribuidoras eléctricas no participó de la letra fina de una norma que impacta de lleno sobre esas mismas empresas que debe regular. El mensaje interno fue evidente: el ente miraba desde afuera una decisión que debía tenerlo como actor central.
El mecanismo es simple. El Estado reconoce a las distribuidoras un crédito por ingresos supuestamente no percibidos. Luego, ese crédito se usa para compensar deudas con Cammesa. A cambio, las empresas deberían desistir de reclamos judiciales. En los papeles, el Gobierno lo presenta como una normalización del sistema. En los hechos, limpia balances privados con una decisión pública.
Esa discusión dejó a Lamboglia en una posición muy débil. El nuevo ente todavía no había terminado de ordenar oficinas, contratos y escalas salariales, pero el Gobierno ya avanzaba con una medida de alto impacto para las empresas reguladas. El organismo nació para poner reglas, pero el Ejecutivo ya negociaba las reglas por arriba del organismo.
La electricidad tiene además su propia interna. El área quedó bajo la influencia de Damián Sanfilippo, subsecretario de Energía Eléctrica. LPO viene contando su cercanía con los hermanos Neuss, que aceleraron su expansión en el sistema eléctrico desde la llegada de Milei al poder y fueron por activos clave como Transener y Transnoa.
Ese vínculo es decisivo para entender la renuncia. Si el área eléctrica está políticamente intervenida por Sanfilippo y por empresarios con intereses directos en generación transporte y distribución, el margen del regulador queda reducido. No se trata sólo de una interna administrativa. Se trata de quién manda sobre los negocios que el ente debería controlar.
En gas ocurre algo parecido, donde los empresarios del sector tienen fuerte incidencia en las políticas del gobierno.
La fusión del ENRE y el Enargas fue presentada como una reforma de eficiencia. Menos organismos, menos burocracia, más coordinación. Pero el resultado, por ahora, muestra otra cosa: un regulador más grande en el organigrama y más chico en la práctica.
La renuncia de Lamboglia deja al descubierto esa contradicción. El Gobierno dice que quiere ordenar el sistema energético, pero al mismo tiempo avanza con condonaciones, recortes de subsidios, cambios tarifarios y reacomodamientos empresarios sin darle al regulador un lugar real en la mesa. El ente queda para firmar, no para decidir.
Serra asumirá con el mismo problema. Si las decisiones de fondo pasan por los grupos que operan en electricidad y gas, el nuevo ente tendrá una función limitada. Un poder condicionado que se extiende a la Secretaria de Energía, que también perdió capacidad de regulación. No define precios, no ordena inversiones y no arbitra entre jugadores.
«En definitiva, esa es la idea del gobierno de Milei, que el mercado funcione solo», resumió a LPO una fuente del sector.
Por fuera de los movimientos que hace el cordobesismo con los intendentes para despegarlos del Gobierno de Milei con argumentos como la crisis de Pami o la salida de Córdoba del mapa de zonas frías, el último hit del PJ mediterráneo para confrontar con Casa Rosada, la oposición local tiene su propia disputa.
Porque hay una guerra subterránea entre los libertarios y el radicalismo de Rodrigo de Loredo para que los alcaldes de la UCR no terminen en la canasta violeta en las elecciones provinciales del 2027.
Hay una guerra subterránea entre los libertarios y el radicalismo de Rodrigo de Loredo para que los alcaldes de la UCR no terminen en la canasta violeta en las elecciones provinciales del 2027
Cierto es que con más promesas que certezas, y subidos a la ola violeta que en Córdoba sostiene su tendencia de moda, algunos hablan directo con el karinista Gabriel Bornoroni y están los que llegan a través de la exdiputada de la UCR, Soledad Carrizo. Hoy, los dos rivales directos que tiene De Loredo en su operativo contención de alcaldes que son opositores al PJ.
Pero, a esta se suma la presión que hace el llaryorismo con fondos y fotos. Mucho más sobre los intendentes del radicalismo y el PRO que se sumaron el año pasado al esquema de Provincias Unidas y luego terminaron marginados por la peronización que Llaryora decidió imprimirle a la gestión en la primera parte de este 2026.
Peronización que se plasma en el reseteo del gabinete y en lo marginado que se sienten los alcaldes que acompañaron el año pasado y hoy hacen la fila detrás de los del PJ para llegar a la Casa de Gobierno.
Al tanto de esto, De Loredo armó una cena en la que les bajó a los intendentes radicales la opción de fortalecer la tercera vía para salir de la grieta que en Córdoba protagonizan el cordobesismo y los libertarios; y así apostar por un armado que a nivel nacional liderará Mauricio Macri.
De Loredo armó una cena en la que les bajó a los intendentes radicales la opción de fortalecer la tercera vía para salir de la grieta que en Córdoba protagonizan el cordobesismo y los libertarios; y así apostar por un armado que a nivel nacional liderará Mauricio Macri.
Varios intendentes salieron de la comida sin verse seducidos por la opción del esquema de alianza con los amarillos para reconstruir Juntos por el Cambio y les preocupa quedar encorsetados entre el peronismo de Llaryora y la pata libertaria que conduce Bornoroni. Mucho más porque un distanciamiento con el primero condiciona la llegada de fondos para la última parte de la gestión en cada pueblo; y porque, un enfriamiento en el vínculo con los libertarios tiene como consecuencia la amenaza de Bornoroni y Juez de salir a plantar un candidato en cada localidad gobernada por un radical que ose ignorar una alianza violeta.
Toda esta incertidumbre del radicalismo cordobés tiene un ingrediente más que, probablemente, sea la que menos preocupa a los intendentes en sus localidades: la interna partidaria. El mandato de Marcos Ferrer, intendente de Río Tercero y aliado de De Loredo en la conducción de la UCR cordobesa, vence en septiembre.
Y el plazo para convocar a elecciones vence ahora en junio. Por lo que ya se habla de una prórroga que tendrá, casi con seguridad, la furia de los sectores opositores a De Loredo porque admiten que la extensión del mandato sería por un año. De manera tal que esa extensión hasta septiembre del 2027 tendrá el año electoral con un radicalismo conducido por los mismos jugadores que no presentaron listas en las Legislativas del 2025. Principal motivo de rechazo entre los detractores de De Loredo y Ferrer.
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