La Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina llevó adelante reparaciones y actualizaciones en semáforos y señalización vial en la ciudad.
En este sentido, se procedió a cambiar el controlador semafórico en la Avenida Cipolletti, Pioneros y Juan XXIII que había sufrido una rotura producto de un acto vandálico. Además se cambió una torta LED verde nueva de 200 mm.
Por otro lado, se cambiaron dos tortas LED nuevas de 200 mm color verde y una torta LED nueva de 300 mm color rojo en los semáforos de Mitre y Mosconi.
Se colocó un controlador de movimientos semafóricos nuevo, con el correspondiente cableado, dos decrementadores (segunderos) nuevos y dos tortas LED nuevas color verde de 200 mm en los semáforos de Cipolletti y Yapeyú.
Otra de las acciones fue la colocación de cartelería preventiva con dos semáforos intermitentes 100 metros antes de la rotonda ubicada sobre autovía nacional 22, como indicadores de precaución y reducción de velocidad para los conductores que transiten en ambos sentidos de circulación.
El Gobierno nacional reglamentó una nueva modificación en el Impuesto a las Ganancias que, bajo el argumento de incentivar la oferta de viviendas en alquiler, elimina la carga tributaria sobre los ingresos obtenidos por locaciones destinadas a vivienda. La medida fue oficializada este lunes mediante el Decreto 406/2026 y, aunque fue presentada como un estímulo para el mercado inmobiliario, abre un fuerte debate político y económico: la norma no establece límites de patrimonio, cantidad de inmuebles ni niveles de ingresos para acceder al beneficio, por lo que alcanza tanto a pequeños propietarios como a grandes rentistas con decenas de unidades alquiladas.
Por Celina Fraticiangi para NLI
La decisión aparece en un contexto particularmente sensible. Mientras Milei sostiene una política de ajuste sobre el gasto público, con recortes que impactan en universidades, investigación científica, programas sociales y jubilaciones, el Estado renuncia a una porción de la recaudación proveniente de quienes obtienen ingresos por alquileres de vivienda. La contradicción no pasó inadvertida para especialistas y referentes opositores, que ven en la medida una nueva señal de la orientación económica del Gobierno.
Un beneficio sin límites patrimoniales
La reglamentación publicada en el Boletín Oficial establece que las rentas obtenidas por alquileres de inmuebles destinados a vivienda quedarán exentas del Impuesto a las Ganancias. Lo llamativo es que el texto no diferencia entre escalas patrimoniales ni introduce topes que permitan distinguir entre un pequeño ahorrista y un gran propietario inmobiliario.
En términos prácticos, una persona que heredó un departamento y obtiene un ingreso complementario por su alquiler recibirá el mismo tratamiento fiscal que quien posee una cartera de decenas de inmuebles distribuidos en distintos puntos del país. La norma no fija un máximo de propiedades alcanzadas por la exención ni condiciona el beneficio al nivel de ingresos del contribuyente.
Ese aspecto es precisamente el que alimenta las críticas. Si el objetivo oficial era favorecer a pequeños propietarios o ampliar la oferta de viviendas para alquiler permanente, el decreto podría haber establecido mecanismos de segmentación. Sin embargo, la reglamentación optó por una exención amplia que también alcanza a quienes concentran una importante cantidad de activos inmobiliarios.
La promesa oficial y las dudas del mercado
La explicación del Gobierno se apoya en una idea que Milei y sus funcionarios vienen repitiendo desde el inicio de la gestión: reducir impuestos para generar incentivos económicos. Según esa lógica, al disminuir la carga tributaria sobre los propietarios habría más viviendas disponibles en el mercado formal de alquileres.
El problema es que esa relación está lejos de ser automática. Nada obliga a los propietarios a trasladar el beneficio fiscal a una reducción de los precios que pagan los inquilinos. Un dueño puede continuar cobrando exactamente el mismo alquiler y simplemente incrementar su rentabilidad gracias a la eliminación del impuesto.
La experiencia reciente del mercado inmobiliario argentino muestra además que los valores de los alquileres responden principalmente a factores como la inflación, la evolución de los salarios, la escasez de crédito hipotecario y las expectativas económicas generales. Por eso, numerosos analistas consideran que el alivio tributario podría terminar mejorando los ingresos de los propietarios sin generar un impacto significativo sobre el acceso a la vivienda.
Ajuste para unos, alivio para otros
La discusión adquiere una dimensión política inevitable. Desde que asumió, Milei justificó buena parte de sus decisiones más controvertidas en la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal. Esa explicación fue utilizada para defender recortes presupuestarios, paralización de obras públicas, reducción de programas estatales y licuación de ingresos sociales.
Sin embargo, el nuevo decreto avanza en sentido contrario para un sector específico de la economía. Mientras el Gobierno sostiene que no hay margen para aumentar partidas destinadas a educación, ciencia o asistencia social, sí encuentra espacio fiscal para eximir de Ganancias a quienes obtienen rentas inmobiliarias.
La medida también incluye beneficios vinculados a determinadas operaciones de venta y transferencia de inmuebles, reforzando una orientación que distintos economistas identifican como favorable a los sectores patrimonialmente más consolidados.
El debate recién comienza, pero el contenido de la norma deja pocas dudas sobre un aspecto central: lejos de tratarse exclusivamente de una ayuda para pequeños propietarios, la exención alcanza igualmente a quienes concentran una importante cantidad de viviendas y perciben ingresos millonarios por alquileres. En un país donde acceder a una vivienda propia resulta cada vez más difícil y donde millones de inquilinos destinan una porción creciente de sus ingresos al pago del alquiler, la decisión promete convertirse en uno de los nuevos focos de discusión sobre las prioridades económicas de la gestión de Milei.
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En nuestro sistema, la autenticidad personal es a menudo castigada mientras que adaptarse a normas estéticas y emocionales impuestas es recompensado. La infidelidad a uno mismo se manifiesta rechazando aspectos físicos o emocionales propios, o silenciando nuestras verdaderas pasiones bajo la influencia social o por el deseo de aceptación. Sin embargo, ser fiel a uno mismo, aunque desafiante, conduce a la verdadera libertad y realización de sueños sin limitaciones, encontrando así la victoria más significativa.
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El Senado podría darle media sanción este jueves al Acuerdo de Conciliación con Bainbridge LTD y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, dos fondos buitre que no entraron a ninguno de los canjes de deudas que realizaron los gobiernos argentinos desde el default del 2001.
El proyecto llega a recinto con un dictamen de mayoría impulsado por los libertarios Agustín Monteverde, Silvana Schneider, Bartolomé Abdala, Pablo Vervi, Gonzalo Guzmán, Bruno Olivero, Ivana Arrascaeta y Patricia Bullrich, los radicales Eduardo Vischi, Daniel Kroneberger y Eduardo Galaretto, el misionero Martín Göerling y el correntino Carlos «Camau» Espínola, y los aliados Guillermo Andrada y Beatriz Ávila.
El acuerdo contempla un pago de 67 millones de dólares para Bainbridge y otro de 104 millones para Attestor Value Master Fund LP. El entendimiento supone «una suspensión standstill de los litigios y de los bonos objeto de los mismos, o de cualquier participación en cualquier endeudamiento externo público de la República emitido con anterioridad al 1 de enero de 2002, así como no iniciar nuevas acciones respecto de los bonos».
El trámite parlamentario viene demorado desde abril. LPO informó que Patricia Bullrich fue arrinconada por los aliados antes de la sesión del 14 de mayo pasado, cuando sus colegas amagaron con voltear la sesión porque el gobierno había modificado el articulado del proyecto del pago a los holdouts de Attestor y Bainbridge.
Los senadores detectaron la noche anterior que el oficialismo quería imponer reformas y explicarlas a último momento. En efecto, la respuesta del bloque libertario ante la inquietud de los opositores fue casi ofensiva. «La traducción legalizada llegará mañana a la mañana porque se firmó después de las 15 y no se pudo legalizar hoy», se excusaron.
Por eso, el despacho volvió a comisión y se reanudó la discusión para saldar las inquietudes de todas las bancadas. «Ya está, ahora tiene que salir», comentó un radical a LPO, mientras que un aliado de los bloques ligados a los gobernadores confió: «están los votos para aprobarlo».
De concretarse la media sanción, el proyecto deberá girar a la Cámara de Diputados. El objetivo del gobierno es aprobarlo definitivamente antes del 30 de junio.
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