La Dirección de Tránsito y Protección Civil de la Municipalidad de Villa Regina llevó adelante reparaciones y actualizaciones en semáforos y señalización vial en la ciudad.
En este sentido, se procedió a cambiar el controlador semafórico en la Avenida Cipolletti, Pioneros y Juan XXIII que había sufrido una rotura producto de un acto vandálico. Además se cambió una torta LED verde nueva de 200 mm.
Por otro lado, se cambiaron dos tortas LED nuevas de 200 mm color verde y una torta LED nueva de 300 mm color rojo en los semáforos de Mitre y Mosconi.
Se colocó un controlador de movimientos semafóricos nuevo, con el correspondiente cableado, dos decrementadores (segunderos) nuevos y dos tortas LED nuevas color verde de 200 mm en los semáforos de Cipolletti y Yapeyú.
Otra de las acciones fue la colocación de cartelería preventiva con dos semáforos intermitentes 100 metros antes de la rotonda ubicada sobre autovía nacional 22, como indicadores de precaución y reducción de velocidad para los conductores que transiten en ambos sentidos de circulación.
Si alguien quisiera estudiar el rol y la figura del albacea literario, tiene en María Kodama y la familia de Juan Rulfo dos ejemplos que causaron escándalo por decisiones que se juzgan arbitrarias. Más recientemente, muy poco antes de morir, Nicanor Parra nombró a una sola de sus 6 hijos como albacea, causando previsibles desacuerdos…
Extractos de la investigación de la profesora e historiadora reginense Silvia Zanini presentada en las Primeras Jornadas de Historia del Delito en la Patagonia, organizadas por el GEHiSo y las Facultades de Humanidades y de Derecho y Ciencias Sociales (UNCo), General Roca. El escenario En los primeros años de la colonización podemos observar dos paisajes:…
En el día de ayer, se hizo entrega de los certificados a los niños y niñas que asistieron a la capacitación “Sabores del Valle. Bar Kids. 1° Edición”. En las clases, pudieron aprender a realizar distintos cócteles, donde se pusieron en práctica tanto técnicas de bar como de garnish. Con un atardecer maravilloso, los niños…
El gobierno de Axel Kicillof recurrió a la Corte Suprema reclamando anular un fallo que le ordena a la Provincia a pagar USD 3.895.000 a la Nación por una multa que, a la fecha de su liquidación, representa $ 5.511.425.000.
Es a raíz de un extenso proceso judicial derivado del incumplimiento de un contrato efectuado en agosto de 1999 por el que la Nación le cedía en préstamo por un año a la Provincia dos locomotoras General Motors de trocha media.
Al cumplirse el año, en agosto de 2000, el gobierno de Carlos Ruckauf no solo no abonó el canon mensual sino que tampoco devolvió las locomotoras. Por eso, comenzó a correr una multa de USD 1.000 por día.
En diciembre de 2017, cuando el gobierno de María Eugenia Vidal cerró Ferrobaires, esas locomotoras fueron devueltas a Nación. Pero en el reciente fallo de la Cámara, esa restitución no contó a la hora de aplicar el mecanismo de conversión monetaria.
Mientras, el gobierno de Javier Milei ya presentó la intimación para que la Provincia pague lo adeudado «bajo apercibimiento de ejecución».
La Provincia acusa una «contradicción» manifiesta del tribunal, ya que éste reconoció la restitución de las locomotoras en 2017 pero, simultáneamente, mantuvo un mecanismo de conversión monetaria de la multa bajo el supuesto de que nunca fueron restituídas
Es en ese marco que la Provincia se presentó ante la Corte pidiendo que se deje sin efecto lo que definió como una «escandalosa multa» impuesta en etapa liquidataria, en febrero último.
Los abogados del Estado bonaerense cuestionaron que, en el fallo de Cámara, el criterio de conversión monetaria de la multa se haya fijado sobre la base de que las locomotoras nunca se restituyeron, algo que sucedió en 2017.
En la presentación realizada días atrás a la que tuvo acceso LPO (ver abajo), el planteo de la Provincia habla de una «contradicción» manifiesta del tribunal, ya que éste reconoció la restitución de las locomotoras y fijó el corte temporal de la multa al 27 de diciembre de 2017.
«Pero, simultáneamente, mantuvo un mecanismo de conversión monetaria construido sobre el presupuesto fáctico contrario, o sea, la inexistencia de restitución hasta la fecha de liquidación». Es así que el tipo de cambio tomado no fue el de diciembre de 2017, sino el de febrero de 2026, con el dólar a $1.415.
«Tal escisión entre presupuesto fáctico y consecuencia jurídica configuró una solución arbitraria», acusaron los representantes del Estado bonaerense.
Así, la Provincia le pidió a la Corte que haga lugar a la cautelar solicitada, suspenda la ejecución y los plazos procesales ligados al cumplimiento de la sentencia. Además, solicitó que declaren la nulidad parcial de las resoluciones liquidatorias cuestionadas.
Los abogados del Estado bonaerense plantean que la sentencia «desconoce normas federales como la Ley 25.561, que dispuso la pesificación de obligaciones de contratos administrativos a la relación 1 peso = 1 dólar», por lo que advierten que se incurre «en arbitrariedad de sentencia».
En caso de no hacer lugar, pide la «morigeración judicial de la cláusula penal, por resultar manifiestamente exorbitante, irrazonable y contraria a la buena fe».
Desde la primera demanda en 2004, el proceso judicial por estas dos locomotoras tuvo un extenso derrotero.
En 2021, llegó la sentencia de primera instancia del Juzgado Contencioso Administrativo 11, que hizo lugar al planteo de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) pero no fijó monto de condena.
En 2022, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso confirmó la sentencia de primera instancia y ordenó una nueva liquidación. En 2023, con la etapa de liquidación, la Provincia planteó la pesificación de las obligaciones pero el juez lo rechazó.
Es ahí donde los abogados del Estado bonaerense plantean que la sentencia «desconoce normas federales como la Ley 25.561, que dispuso la pesificación de obligaciones de contratos administrativos a la relación 1 peso = 1 dólar», por lo que advierten que se incurre «en arbitrariedad de sentencia».
«Se llega a una condena exorbitante que excede incluso el valor real de las locomotoras que fueron entregadas a la provincia originariamente en locación pero luego afectadas al régimen de concesión de Nación a Provincia», advirtieron.
En caso de no hacer lugar la Corte al planteo, la Provincia pide la «morigeración judicial de la cláusula penal, por resultar manifiestamente exorbitante, irrazonable y contraria a la buena fe».
En ese punto, agregaron: «Mientras la deuda principal e intereses reconocidos ascienden a poco más de 3.3 millones de pesos, la cláusula penal mediante el mecanismo cuestionado supera los 5.500 millones de pesos. La magnitud de la diferencia evidencia por sí sola la pérdida absoluta de razonabilidad».
En un informe de marzo pasado, la subsecretaría de Hacienda provincial advirtió que, en virtud de la magnitud de los montos reclamados en esta causa, «no se cuenta con disponibilidad de recursos en la partida presupuestaria específica para afrontar dicho gasto en lo inmediato».
En el día de la fecha el Concejo Deliberante en sesión online aprobó una moción presentada para la concejal Agustina Fernandez (JSRN) para que la ordenanza sobre semáforos sonoros sea votada si o si la semana que viene. Como el reglamento interno dispone, más allá del trato que le dé la comisión de planificación, comisión…
Horas antes de la marcha en defensa de la Salud Pública, Axel Kicillof reunió en La Plata a más de 60 intendentes de la provincia y trazó un duro diagnóstico de la situación sanitaria. El gobernador calificó a las políticas de Javier Milei como «criminales» y habló de una «catástrofe sanitaria que era absolutamente evitable».
«No es una cuestión opinable o de apreciación: en muy poco tiempo, el ajuste y la eliminación de programas generaron un aumento sin precedentes en la mortalidad infantil», dijo.
El gobernador explicó que debido a la crisis económica, la pérdida de empleos y la desregulación de la medicina prepaga, más de 742 mil personas perdieron su cobertura. Esto, explicó, sobrecargó el sistema público provincial y municipal.
«Mientras alertamos y señalamos al responsable, no nos quedamos de brazos cruzados: junto a los intendentes estamos una vez más haciéndonos cargo de la situación y brindando todas las respuestas que están a nuestro alcance», dijo Kicillof. Pareció una respuesta al planteó que hizo el lunes Mario Ishii a través de un proyecto de ley presentado en la Legislatura.
En la apertura del acto, Kreplak hizo un desarrollo de la situación con cifras y datos. Precisó que como consecuencias del ajuste nacional, aumentaron 35% las internaciones en hospitales públicos, se dispararon las internaciones por causas prevenibles como la influencia y neumonías -60%- diabetes -40%- y cardíacas, 37%. Las obras sociales, señaló, reducen sus coberturas por lo que también sube la cantidad de afiliados que terminan por pedir medicamentos en hospitales.
El ministro repasó una variedad de programas que están siendo recortados e hizo especial énfasis en el Remediar, que entregada medicamentos a 8 mil centros asistenciales. Y apuntó a las consecuencias: amento de las internaciones evitables, de la mortalidad infantil (+6,25%) y la materna (+37%); suba del 71% de los casos de sífilis. Dijo que la saturación hospitalaria es grande -especialmente en las guardias- y que 20 millones de personas tiene la salud en riesgo.
«Vamos a seguir haciendo un esfuerzo inmenso para sostener programas como ‘Medicamentos Bonaerenses’, intentando sustituir en la medida de nuestras posibilidades a un Estado nacional que cortó totalmente el envío de remedios a las provincias», concluyó Kicillof. «Nuestro compromiso se ve en la gestión y en las calles: mañana la Provincia de Buenos Aires estará presente en la marcha federal que se convocó para defender el derecho a la salud», anunció.
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